Resolución 00014-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció

proceso de ordinario, cuya cuantía se fijó como inestimable, a fin de que en

sentencia se declare: “1) […] nulas y se anulen las resoluciones de la

Gerencia General Nº G/904-2005 del 24 de octubre del (sic) 2005 y G/

963-2005 del 11 de noviembre del (sic) 2005 por ser contrarias a

derecho;

Que el Banco Central de Costa Rica ha incurrido en un

funcionamiento anormal en el presente caso;

Como consecuencia de lo

anterior, debe reintegrarsele la totalidad de los diez certificados indicados

en el encabezado del escrito de formalización de la demanda, cuyo capital

asciende a la suma de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DóLARES;

Que

igualmente debe reintegrarle los intereses de los certificados dichos desde la

fecha de vencimiento indicada en cada uno de ellos hasta el día del pago

efectivo, según la Tasa Básica Pasiva para préstamos en dólares del Banco

Nacional de Costa Rica;

El Banco Central de Costa Rica debe

pagar la indexacción respectiva sobre el monto total de la condena;

6)

El Banco demandado debe pagar ambas costas de este proceso."

El

demandado contestó conforme a folios 45 a 57 e interpuso las excepciones de

caducidad y prescripción pago, falta de derecho y falta de de legitimación

activa y pasiva.

El

juez Rodrigo Alberto Campos Hidalgo, en sentencia n.° 1548-2008 de las 13 horas

del 14 de noviembre de 2008, resolvió: “Se acoge la defensa de

caducidad. En consecuencia, se declara inadmisible la demanda. Por innecesario,

se omite pronunciamiento sobre las otras excepciones opuestas de prescripción,

pago total, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. Son las

costas a cargo de la parte actora.”

La

accionante apeló y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

Sección Octava, integrada por los jueces Isaac Amador Hernández, Carlos

Espinoza Salas y Francisco Jiménez Villegas, en sentencia n.° 22-2010-VIII de

las 15 horas 15 minutos del 26 de febrero de 2010, dispuso: “Se revoca la sentencia

apelada. Se rechazan las defensas de caducidad de la acción, prescripción, pago

total, legitimación activa y pasiva y falta de derecho, alegadas que han sido

por el demandado. Se declaran nulos de pleno derecho los actos impugnados,

suscritos por la Gerencia del Banco Central de Costa Rica, a saber, las

resoluciones números G/904-2005 del 24 de octubre del 2005, y la G/ 963-2005

del 11 de noviembre del 2005. En consecuencia, se declara con lugar en todos

sus extremos la presente demanda ordinaria civil de hacienda, debiendo así el

Banco Central de Costa Rica, pagarle a la actora la totalidad de los

certificados de inversión a plazo en dólares que han sido objeto de esta

demanda, y los correspondientes cupones de intereses generados por esa

inversión; también debe pagar el Banco Central de Costa Rica a la actora los

intereses correspondientes desde la fecha de vencimiento de cada uno de los

certíficados (sic) hasta su efectivo pago, mismos sobre los que rige la tasa básica

pasiva para préstamos en dólares que pague el Banco Nacional de Costa Rica, los

cuales se deberán liquidar en la fase de ejecución de sentencia. Son ambas

costas a cargo del demandado.”

El

demandado formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se

apoya para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto Fernández, salvo el

considerando IX que lo redacta el magistrado Rivas Loáiciga

El 12 de diciembre de

2007, la señora Flory Madrigal Mora, formalizó demanda contra el Banco Central

de Costa Rica (en adelante BCCR). En lo medular indicó que su esposo, el señor

Carlos Cordero Chaverri, compró el 1 de febrero de 1993, unos certificados de

depósito a plazo en dólares, emitidos por esa entidad. Dado el fallecimiento de

su marido [7 de mayo de 2000], dijo, dichos títulos valores, fueron endosados

[el juez del Juzgado Primero Civil de San José, a nombre de quien para ese

entonces era el cajero del despacho y es este quien los endosa nombre de doña

Flory Madrigal] a su nombre sin indicar fechas. Ese Juzgado, que es donde se

tramitó el sucesorio, expresó, le ordenó al BCCR le cancelara los certificados;

sin embargo, se le denegó el pago de algunos, aduciendo que estaban prescritos.

Señaló, los documentos en estas condiciones son los número: 056-20, 060-20,

056-21, 060-21, 059-23, 059-24, 057-25, 057-26, 058-30 y 058-31 (cada uno por un

monto de $6.250,00, emitidos el 1 de febrero de 1993 y pagaderos el 1 de agosto

de 2000, con un interés anual del 4%). Ante reclamo por escrito, expuso, el 7

de septiembre de 2005, la Gerencia del BCCR mediante oficio G/No. 904-2005, le

manifestó el rechazo a su solicitud, con base en el informe de la Asesoría

Jurídica número AJ-1009-2005. La revocatoria, apuntó, también le fue denegada

al igual que la apelación, así se le indicó en oficio G/No. 963-2005 del 11 de

noviembre de 2005. Con fundamento en esta relación de hechos en lo que interesa

solicitó se declaren nulas las resoluciones G/No. 904-2005 y la G/No. 963-2005;

debiéndosele reintegrar la totalidad de los 10 certificados, cuyo capital

asciende a $62.500,00. Pide se le cancelen los intereses desde la fecha del

vencimiento de cada uno de ellos y hasta su efectivo pago. Requiere la

indexación sobre el monto total de la condena, así como el pago de ambas costas

a cargo del BCCR. Este contestó de manera negativa y opuso las excepciones de

caducidad, prescripción, pago total, falta de: derecho, legitimación activa y

pasiva. En primera instancia, se acogió la defensa de caducidad y se declaró

inadmisible la demanda; con las costas a cargo de la parte actora. El Tribunal

revocó, rechazó todas las excepciones y acogió la demanda, declaró nulos los

actos impugnados. Le ordenó al BCCR pagar la totalidad de los certificados de

inversión y los correspondientes cupones de intereses, así como los generados

desde la fecha de vencimiento de cada uno de los certificados hasta su efectivo

pago. Impuso ambas costas del proceso al demandado. El representante del BCCR

presentó recurso de casación por razones procesales y de fondo.

Casación por razones procesales

Esta Sala en resolución

interlocutoria, admitió un único cargo de esta naturaleza, el cual se

sintetiza a continuación. Dice, los juzgadores no resolvieron una de las

pretensiones, en quebranto del artículo 155 del Código Procesal Civil (en

adelante CPC). Específicamente se refiere a la segunda petitoria. Expresa, la

actora pidió se declare un funcionamiento anormal del BCCR; no obstante lo

anterior, en la sentencia que se recurre, se omite resolver ese punto. El Ad

quem, indica, se limitó a analizar un conflicto referente a la prescripción de

los certificados de depósitos a plazo -lo cual no fue alegado ni fundamentado

por la parte-. Es en virtud de ese análisis, explica, que se declara la

obligación del BCCR de pagar los certificados, sin determinar si existió o no

un funcionamiento anormal de la Administración. Ahora bien, señala, si se

considerara que hay un funcionamiento anormal por la prescripción decretada en

sede administrativa; ha de insistirse en que tal anormalidad no existe, toda

vez que al estar en presencia de una obligación comercial y al haber operado el

plazo de prescripción, el BCCR está legalmente imposibilitado de reconocer esos

créditos. Lo anterior, apunta, en apego a lo que establece el canon 985 del

Código de Comercio (en lo sucesivo CCo). Entonces, menciona, no se da ninguna

actuación anormal generadora de un daño indemnizable; ya que, se debe tomar en

cuenta que los certificados vencieron el 1 de agosto de 2000 y 1 de febrero de

2001; y que su cobro fue presentado hasta en julio de 2005, es decir, cuatro

años después de su vencimiento. Aunado a lo anterior, aduce, no hay suspensión

de la prescripción ni un mal cómputo en los plazos. Así, refiere, la obligación

se extinguió, no existe norma jurídica que autorice al BCCR a cancelar

obligaciones prescritas y por ende extintas. Concluye, al desaparecer el

derecho, no se puede pretender el cobro de los certificados. Cita

jurisprudencia de esta Sala y de la Constitucional a su favor. Se encuentra,

manifiesta, ante un comportamiento amparado a la ley, lo cual significa que no

hubo anormalidad en lo actuado; las acciones que se dieron para no poder hacer

el cambio de los títulos valores, son imputables única y exclusivamente a la

actora, sin que el Banco tuviera injerencia alguna.

En primer término, ha

de aclararse que es el propio demandado quien abre la competencia para conocer

el tema de la prescripción, al interponer la excepción correspondiente. Ahora

bien, en segundo lugar, sobre el vicio de la incongruencia alegado, en esencia,

este Órgano decisor ha estimado que para que esta figura proceda, la disonancia

se debe dar en la parte dispositiva del fallo y se puede presentar cuando se

omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate (mínima petita), se

otorga más de lo rogado (ultra petita), lo resuelto no guarda correspondencia con

lo peticionado (extra petita), o bien, por contener disposiciones

contradictorias. Puede consultarse entre otras la resolución de las 9 horas 20

minutos del 22 de julio de 2007, correspondiente al voto número 872. En el caso

de estudio, el casacionista alega mínima petita, pues desde su punto de vista,

no se resolvió nada respecto de la petitoria segunda de la actora, la cual se

refería a que se decretara una actuación anormal de la Administración. Su

alegato no es de recibo, pues según establece el artículo 598 del CPC en su

párrafo tercero, las causales de casación por razones procesales, solo pueden

alegarse por la parte quien hubiere sido realmente perjudicada con la

inobservancia de la ley procesal que pudiera acarrear una nulidad. En el caso

en particular, véase que la demandada está alegando la incongruencia sobre un

punto que no le afecta, ya que, quien tendría interés para reclamarlo sería la

actora, nunca la recurrente. Adicionalmente, el recurrente no precisa qué

efectos podría tener la calificación de conducta anormal que reclama. No tiene

ningún sentido, que en esta situación, el perdidoso pretenda se le declare su

funcionamiento anormal en la parte dispositiva. Distinto sería si se tratara de

alguna de las defensas opuestas, o bien, si hubiese presentado reconvención y

se le hubiese dejado de resolver alguna de sus pretensiones. De esta forma, la

supuesta omisión que pretende evidenciar el casacionista, no le produce ningún

perjuicio. Aunado a lo expuesto, conforme al párrafo primero de dicha norma y

al canon 561 ídem, las personas a quienes les haya sido desfavorable la

resolución se encuentran legitimadas para recurrir. Cabe mencionar que sobre el

punto de la prescripción, por ser este un tema de fondo, se analizará más

adelante. Es por lo expuesto que el reparo deberá denegarse.

Casación por razones de fondo

De este tipo invoca

los siguientes cinco motivos.

dice, se han trasgredido

los cánones 2 inciso c), 3, 22, 23 y 27 todos de la Ley Reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA), en el tanto: 1- se

declaró este asunto como un ordinario civil de hacienda y 2- se rechazó la

caducidad de la acción. En el primer supuesto, expresa, ha de señalarse que

independientemente de cómo la parte actora califique el proceso, lo importante

es la petitoria y es esta la que va a definirlo. En el caso en estudio, indica,

lo solicitado por doña Flory Madrigal, radica básicamente en la nulidad de los

actos administrativos G/904-2005 y G/963-2005; se decrete el funcionamiento

anormal del Banco; así como que se le pague $62.500,00. De lo anterior,

explica, se colige, que en realidad este asunto es de plena jurisdicción.

Además, explica, tampoco es aceptable la afirmación del Ad quem de que el

fundamento del proceso es la reparación dineraria de los daños y perjuicios; ya

que como se dijo líneas atrás, se pide también la nulidad de ciertos actos, lo

que significa que de acuerdo a los preceptos 22 y 23 LRJCA es un asunto de

plena jurisdicción. Tan es así, apunta, que en la resolución recurrida se hace

un análisis sobre las actuaciones de la Administración, y es el propio Tribunal

el que concluye que estas no estaban apegadas a derecho. Aunado a lo anterior,

refiere: “Tampoco es jurídicamente procedente considerar que dadas las

pretensiones de la demanda, la declaratoria de nulidad peticionada, extremo que

doctrinalmente se identifica en los procesos denominados de plena jurisdicción,

resulte en el presente asunto una formalidad innecesaria, ya que el derecho

alegado proviene de la propiedad sobre el dinero que le transmitió el causante

a la sucesión, y luego de la relación contractual existente entre éste y el

Banco demandado; por lo que las pretensiones de la parte actora como daños y

perjuicios, así como las derivadas de la indexación de dichos montos,

constituyen el objeto procesal sometido al fallo de esta jurisdicción.”. Lo

anterior no es aceptable, menciona, ya que la pretensión, define el objeto del

proceso y de ahí, otros institutos procesales, tales como la jurisdicción,

competencia, instrucción, ordenación, congruencia, sentencia, los recursos

procedentes y los poderes de ejecución del juez. Transcribe una parte de la

sentencia del Juzgado. En virtud de lo anterior, manifiesta, además de los

artículos antes invocados, se conculca el precepto 37 de la citada Ley, debido

a que no se resuelve correctamente la excepción de caducidad, aún y cuando, en

los hechos tenidos por demostrados números 13 y 14, se acreditó que habían

transcurrido más de dos meses desde el momento cuando doña Flory Madrigal fue

debidamente notificada. El acto que aquí impugna, dice, data del 11 de

noviembre de 2005 y la fecha en que interpone el proceso es del 1 de setiembre

de 2006.

advierte, se violentaron los artículos 670, 984 y 985

del CCo, relativo a la declaratoria de la naturaleza jurídica del certificado

de depósito y su prescripción. Asegura, en el fallo se establece de manera

errada, que los certificados de depósito a plazo son obligaciones civiles, y

que el derecho de fondo es el de la propiedad consagrado en el artículo 45 de

la Constitución Política, por ende, le aplica el plazo de 10 años de

prescripción establecido en el artículo 868 del Código Civil (en adelante CC).

Lo cual, afirma, no es correcto, pues los certificados de depósito a plazo como

los que aquí se discuten, cumplen con todos los requisitos del artículo 670 del

CCo, lo que los convierte en títulos valores. En ese sentido, sostiene, es

obligación del BCCR, en apego al principio de legalidad, aplicar esa normativa.

Cita jurisprudencia del Tribunal en esa línea. Alega, le llama la atención que

el Ad quem en este caso en específico cambie de criterio. Dado lo anterior,

arguye, al estarse en presencia de títulos valores, lo cual se rige por la

legislación mercantil, significa que la normativa a aplicar es la del CCo. En

esa misma línea, dice, el plazo de prescripción en esos casos, es la dispuesta

en el precepto 984 de ese cuerpo legal; en donde se establece que salvo

disposición en contrario, todo derecho y su correspondiente acción prescriben

en un plazo de cuatro años. En virtud de ello, expresa, al no tener los

certificados en estudio una norma especial que regule su prescripción, se debe

utilizar el plazo más favorable para el inversionista, que es el de cuatro años

antes citado. Cita doctrina a su favor. Cabe recordar, señala, que en el

depósito bancario intervienen dos personas: 1- el depositante: persona física o

jurídica que tiene el dinero y lo entrega al depositario y que espera su

devolución en las condiciones pactadas.

El depositario: que es el banco,

quien se obliga a devolver lo depositado en el tiempo y condiciones pactadas.

Apunta, en el contrato de depósito bancario existe una transmisión de la

propiedad para que el Banco proceda a utilizar los recursos por cuenta y riesgo

propio, pero con el compromiso de devolverlos al depositante cuando éste los

requiera o al cumplirse el plazo establecido en el convenio. Según lo expuesto,

menciona, la resolución impugnada quebranta los artículos 670, 984 y 985 ídem,

al declarar irregularmente que los certificados de depósito a plazo son

obligaciones que se rigen por la normativa civil, ya que en criterio del

Tribunal en realidad el derecho de fondo es el de la propiedad consagrado en el

artículo 45 de la Constitución Política, y por ende le aplica el lapso de 10

años de prescripción establecido en el artículo 868 del Código Civil. Refiere,

olvida el Ad quem, que lo que aquí se discute gira en torno a certificados de

depósito a plazo, y que estos, son títulos valores, lo cual implica que un

sujeto entrega la propiedad de su dinero al banco, en el entendido que esa

institución, en el tiempo y con las condiciones previamente pactadas, devolverá

un monto equivalente al recibido inicialmente, más un rédito (intereses), pues

sólo así puede la entidad financiera utilizar válidamente por cuenta y riesgo

propios ese dinero (artículo 116 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica).

manifiesta, en primera instancia se tuvo por demostrado que los

certificados aquí discutidos, traían al reverso la siguiente leyenda: “páguese

a la orden Dr. Carlos Cordero Chaverri” y “páguese a la orden Flory

Madrigal Mora”. Sin embargo, advierte, el Tribunal imprueba los hechos del

Juzgado; pero, realiza los propios y en ninguno se acredita a favor de quién se

emitieron los certificados. Lo anterior, asegura, es de suma importancia ya que

la base de la resolución recurrida es que en este caso se dispuso lo que existe

es una obligación civil, pues el derecho tutelado es el de propiedad consagrado

en el artículo 45 de la Constitución Política, que según el Tribunal le otorga

al depositante la ineludible recuperación de su dinero, inicialmente entregado

en depósito, y la obligación del depositario para devolverlo al requirente.

Pero, asevera, debe considerarse que si se acreditasen los hechos que tuvo como

ciertos el Juzgado, se determinaría fehacientemente que se está en presencia de

una relación de índole mercantil. Lo anterior, afirma, ya que los certificados

fueron originalmente emitidos a favor de la Corporación Privada de Inversiones

S.A., que en aplicación de una de las características de los títulos valores

-circulación-, en algún momento los transmitió por medio de una cesión a favor

de don Carlos Cordero. Lo que evidencia, sostiene, la naturaleza comercial de

la obligación de los títulos al cobro. Nótese, alega, que ambos contratantes

originales son comerciantes (Corporación Privada de Inversiones SA. y BCCR) y

que los certificados de depósito a plazo son títulos valores. Por lo anterior,

arguye, se conculca el artículo 156 inciso 3) del CPC.

dice, hay

violación al precepto 190 de la Ley General de la Administración Pública (en

adelante LGAP) y 497 del CCo. Expresa, la parte dispositiva del fallo

establece: “...debiendo así el Banco Central de Costa Rica, pagarle a la

actora la totalidad de los certificados de inversión a plazo en dólares que han

sido objeto de esta demanda, y los correspondientes cupones de intereses

generados por esa inversión; también debe pagar el Banco Central de Costa Rica

a la actora los intereses correspondientes desde la fecha de vencimiento de

cada uno de los certificados hasta su efectivo pago, mismos sobre los que rige

la tasa básica pasiva para préstamos en dólares que pague el Banco Nacional de

Costa Rica...”. Señala, en los hechos tenidos por demostrados en la

sentencia recurrida, se tuvo por acreditado que los certificados al cobro

tenían un vencimiento entre agosto de 2000 y febrero de 2001; así como que la

actora presentó el cobro hasta el 19 de septiembre de 2005. Apunta,

durante el período comprendido entre el vencimiento de los certificados y la

fecha en que fue solicitado su pago, la falta de réditos generados por dichos

títulos obedece a una causa imputable única y exclusivamente a doña Flory. De

manera tal, menciona, no resulta jurídicamente procedente condenar al BCCR al

pago de esos intereses, ya que, de acuerdo al canon 190 citado, la culpa de la

víctima es una eximente de responsabilidad para la Administración. Aunado a lo

anterior, refiere, sobre este mismo tema, el Tribunal también consideró: “...rige

la tasa básica pasiva para préstamos en dólares que pague el Banco Nacional de

Costa Rica…”; lo que quebranta el artículo 497 del CCo, pues, ese tipo de

tasa no existe.

advierte, relativo a la condenatoria en costas,

se trasgredieron los artículos 221, 222 del CPC y 98 LRJCA. Esta, asegura, es

improcedente, ya que se encuentra dentro de los supuestos estipulados en estos

artículos. Es decir, asevera, ha litigado con evidente buena fe, con respeto al

ordenamiento jurídico, a los plazos establecidos y con veracidad en sus

argumentaciones, siendo una situación de interpretación y no actos revestidos

de mala fe. Incluso, afirma, como prueba de ello se tiene que la demanda fue

declarada inadmisible en primera instancia. Cita jurisprudencia de esta Sala a

su favor.

El primer agravio,

gira en torno a dos puntos: 1- el caso en estudio no es un proceso civil de

hacienda, como lo afirmó el Tribunal, sino uno de plena jurisdicción.

Sobre

la caducidad de la acción, pues según criterio del recurrente, transcurrieron

más de dos meses entre la notificación del primer acto impugnado y la

presentación de la demanda. En primer lugar, deberá definirse ante qué tipo de

proceso se está. En este sentido, es importante hacer referencia a lo razonado

por el Tribunal: “Sobre la naturaleza jurídica del proceso contencioso

administrativo. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa (RJCA Nº 3667), legislada para desarrollar los alcances del Artículo

49 de la Constitución Política, establece en sus Artículos 22 y 23 una clara

distinción en la naturaleza jurídica de las pretensiones propias de cada uno de

los distintos procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. Acorde con tales

disposiciones, se ha llamado proceso anulatorio aquel en el que la parte

actora formula pretensiones de naturaleza anulatoria, que son las que tienen

por finalidad, la anulación que declara el juzgador mediante sentencia, en

contra del acto o serie de actos administrativos que manifiesten al menos uno

de los vicios o defectos no convalidables que regula el Ordenamiento Jurídico,

haciendo entonces procedente su anulación por infringir el Ordenamiento

Jurídico (doctrina y principios derivados de los Artículos 165 al 167 de la

LGAP y por sí, Artículos 1º y 2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa Nº 3667 del 12 -03-1966 -o LRJCA-). Se ha conocido

como procesos de plena jurisdicción, aquellos en los que la parte actora

pretende que además de la anulación del acto administrativo, se le reconozca

una situación jurídica individualizada, a lo que se suma, la posibilidad de

solicitarle a la autoridad que tramita el proceso, la adopción de las medidas

necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, incluyendo la

posibilidad de indemnización de los daños y perjuicios que sean procedentes de

acuerdo al Derecho aplicable; y finalmente, están los procesos ordinario

civil de hacienda, entendiendo por tal, aquel en el que la pretensión versa

sobre el pago de daños y perjuicios ocacionados por la Administración con su

actividad y funcionamiento, bien sea éste normal o anormal, para lo cual la

propia ley exige que tales extremos sean acreditados en los autos, o cuando

ello no fuere viable, la sentencia se limitaría a señalar su procedencia

dejando para la fase de ejecución de fallo la demostración y cuantificación a

que tal rubro ascendiere (Artículo 62 literal c) LRJCA). La clasificación

descrita resulta útil para la solución del presente asunto, por cuanto ha sido

la utilizada por el juzgador A Quo tal y como lo demuestra el razomiento

descrito en el Considerando V) de la sentencia apelada, en donde el A Quo

expone que la nota definitoria de los procesos ordinarios civiles de hacienda

es la alegación de responsabilidad de la administración sin ir ésta aparejada

como consecuencia de una declaratoria de nulidad de un acto administrativo, sin

haber optado por impugnar el acto administrativo previo; llegando finalmente a

la calificación del presente asunto como un juicio de plena jurisdicción (así

en folios 369-371 del principal). […] y considera que por tratarse éste

de un proceso ordinario civil de hacienda […]”.  Ahora bien, para

dilucidar este asunto, ha de señalarse que los artículos 2 inciso c) y 3 de

LRJCA establecen la denominada unificación de vías. En un voto reciente de esta

Cámara, se consideró: “De este modo, dentro de la clásica calificación del

contencioso administrativo, se ha dicho que existen procesos de plena

jurisdicción, que aparte de impugnar o requerir una conducta administrativa

específica (de hacer, no hacer, o bien la nulidad misma), contienen también

pretensiones en relación al pago de daños y perjuicios; los hay de anulación

pura, en los que la pretensión se limita a lograr la invalidez de una conducta

específica y los denominados civiles de hacienda, cuyo pedimento se

circunscribe a aspectos patrimoniales que conocen en lo medular pretensiones

relacionadas con la responsabilidad civil contractual y extracontractual de la

Administración, el dominio, la posesión, y titularidad de inmuebles, cobro

judicial y expropiaciones […] ha de agregarse que, precisamente porque

no se objeta o requiere una conducta específica de la Administración, los

procesos civiles de hacienda no podrían girar en torno a un acto

administrativo.” (Resolución de las 11 horas 30 minutos del 31 de octubre

de 2008, que responde al número 733). De lo anterior se extrae que en un

proceso civil de hacienda no es relevante lo referente a la nulidad de actos de

la Administración, que por lo general existen pues es la forma ordinaria en que

se pronuncia, pero dentro de una relación jurídico-privada, sin ejercicio de

potestades de imperio proveniente de su funcionamiento. En este sentido

consúltese de esta Sala, la resolución de las 15 horas 45 minutos del 23 de

julio de 1997, correspondiente al voto número

Según lo explicado con

anterioridad, en el caso específico, se puede afirmar, que aún y cuando se

solicita la nulidad de dos actos administrativos, el primero en donde se le

denegó el pago de 10 certificados de depósito en dólares (G/N° 904-2005) y el

segundo en el que se rechaza el recurso de revocatoria (G/N° 963-2005); lo

cierto del caso, es que el conflicto versa sobre la exigencia por parte de la

actora para que se devuelva el dinero que ella considera es propiedad de la

sucesión que representa. Es justamente el cobro de los certificados lo que

pretende. El pedir la nulidad del acto que le denegó la cancelación dineraria,

basado en un tema de prescripción, es una condición accesoria. Así, es claro

para este Órgano decisor, se trata este proceso de un civil de hacienda y no de

plena jurisdicción, como lo alega el recurrente; porque pretende cuestiones

estrictamente patrimoniales de parte de la Administración. Ahora bien, respecto

del tema de la caducidad, en ocasiones anteriores, consúltese el voto 66 antes

citado, esta Sala ha determinado: “ello implicaba a la vez los prolegómenos

de un contencioso administrativo, pasible de caducidad.  Al proceso civil

de hacienda no le afecta ese instituto. Esa distinción era menester hacerla en

aras de la debida dilucidación de la cuestión planteada en el sub-lítem.

Los artículos 2 inciso c) y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa en verdad, establecen la denominada unificación de

vías.  Empero, es cierto, que el proceso civil de hacienda presenta

características propias, diferenciadoras, respecto del contencioso

administrativo puro.  En el civil de hacienda, verbigracia, no se ventila

lo referente a la nulidad de actos de la Administración, lo cual caracteriza a

la jurisdicción contencioso-administrativa.  En aquél se discute lo

relativo a la responsabilidad de la Administración, proveniente de su

funcionamiento (artículo 190 y siguientes de la Ley General de Administración

Pública).  De acuerdo con la doctrina, en el civil de hacienda, no se

puede hablar de caducidad referida a la interposición de la acción.  Ahí

opera la prescripción ordinaria del derecho privado.  Además, al no

debatirse en él la nulidad de actos de la administración, no es necesario el

requisito previo de agotamiento de vía administrativa.  El subjúdice

configura un proceso civil de hacienda.  Así se concluye de los

autos.  De consiguiente no puede operar en la especie el instituto de la caducidad.”.

Del antecedente se desprende que, en un proceso civil de hacienda, no es

posible hablar de plazos de la caducidad referida a la interposición de la

acción contenciosa. En esta línea de pensamiento, resulta claro que dicha

excepción sería improcedente, de manera tal que, solo será posible analizar la

extinción de la obligación. Tal y como se dijo líneas atrás, lo que se debe

valorar en estos casos es la prescripción del derecho de fondo de acuerdo con

la normativa sustancial que resulte aplicable, lo que se analizará más

adelante. Por ende, no es de recibo el alegato formulado.

En el segundo agravio,

en síntesis reclama el casacionista que el Tribunal se equivocó en la normativa

aplicada a este caso. Desde su punto de vista, al momento de analizar el plazo

prescriptivo para hacer efectivo el pago de los certificados de depósito a

plazo, se debió utilizar lo dispuesto en el CCo y no el artículo  868 del

Código Civil. El Tribunal, sostuvo: “[…] indudablemente, el derecho de fondo

que tutela la entrega del dinero mediante el depósito no es en sí mismo el

derecho a tener ese dinero, sino y bajo todo punto de vista, el derecho de

propiedad mismo que tiene el depositante al momento de pactar el negocio

jurídico con la entidad bancaria. […] No puede confundirse el derecho de

fondo inserto en la relación subyacente que está presente en el certificado de

depósito a plazo, con el derecho que sería susceptible de adquirirse por

prescripción o por caducidad de la acción para ejercer la recuperación del mismo.

[…] en efecto, tratándose del derecho de propiedad constitucionalmente

tutelado, en el Artículo 45 de la suprema norma, el término que rige es el de

la prescripción ordinaria del derecho privado dispuesta en el Artículo 867 del

Código Civil, que la fija en los diez años, habida cuenta que el Ordenamiento

Jurídico garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, con las

excepciones dispuestas en el mencionado canón (sic) constitucional,

dentro de cuyos presupuestos no nos encontramos en la especie fáctica

analizada. El Tribunal aprecia que al elevar el Ordenamiento Jurídico el

derecho a la propiedad privada como uno de los derechos fundamentales de toda

persona, habiendo entonces una absoluta reserva de ley en lo que a la

regulación normativa de dicha garantía deba darse, carece de total respaldo

normativo la interpretación hecha por el demandado respecto a aplicar un plazo

de prescripción reducido en evidente transgresión (sic) del plazo máximo

de los diez años con que cuenta el Ordenamiento Jurídico para admitir como

legítima la extinción del derecho de fondo […] En una correcta

aplicación del principio de legalidad que rige los actos de la Administración

Pública, no existe ninguna norma jurídica que le autorice al Banco Central de

Costa Rica para interpretar en beneficio propio, que el derecho de propiedad de

que es titular la sucesión que representa la actora, se ha extinto por el paso

del tiempo establecido para regular la prescripción mercantil, dando al traste

con el derecho de propiedad de la actora y en evidente daño al bloque de

legalidad mismo que asegura estar respetando con su decisión. Carece también el

Banco Central de Costa Rica, de autorización legal, para despojar de contenido

nominal los certificados de depósito a plazo otrora emitidos, estando, al

contrario, plenariamente obligado por principio de legalidad a respetar los

términos de la convención bajo los que fueron emitidos dichos documentos.

Tampoco tiene el Banco Central de Costa Rica autorización normativa para

negarse a pagar el principal proveniente de dicho negocio jurídico, así como

tampoco puede negarse a pagar los intereses correspondientes generados por el

principal a la fecha de consumación del plazo convenido que consignan dichos

certificados. […]”. Tal y como consta en autos, hecho no controvertido, el

1 de febrero de 1993, el BCCR emitió varios certificados de depósito a plazo,

para que fueran pagados a la orden del señor Carlos Cordero Chaverri, quien en

vida fue el esposo de la actora y causante del sucesorio donde ella funge como

su albacea, por un valor nominal de $6.250,00 cada uno. Específicamente los que

aquí se discuten son los de números: 56-20, 59-23, 57-23, 58-30, todos estos

con fecha de vencimiento del 1 de agosto de 2000; 60-20 venció el 8 de agosto

de 2000; 56-21, 60-21, 59-24, 57-26 y 58-31, con fecha de vencimiento del 1 de

febrero de 2001. Sin embargo, previamente a que dichos certificados vencieran,

el 7 de mayo de 2000, don Carlos Cordero falleció. No es sino, hasta el 4 de

febrero de 2005, que la señora Flory Madrigal y sus hijos, se presentan ante un

juzgado a abrir la sucesión, es declarada albacea el 4 de mayo de ese mismo

año. El 19 de setiembre de 2005, la actora, hace el reclamo respectivo ante la

gerencia del BCCR y exige el pago de los certificados. Coincide en parte esta

Sala con lo dispuesto por el Tribunal en el sentido de que lo que se está

discutiendo aquí es un derecho de propiedad. No obstante lo anterior, distinto

sucede con el tema de la titularidad del dinero, el cual era de don Carlos Cordero

y que ahora el Banco acudiendo a la figura de la prescripción pretende dejarse,

lo que a todas luces evidencia un enriquecimiento ilegítimo de su parte. Es

importante señalar, pues no sería posible afirmar, que el derecho de propiedad

sobre ese dinero, se pueda perder por prescripción negativa. Entonces, lo que

se discute aquí es el derecho de propiedad sobre un dinero depositado en el

Banco. Los certificados constituyen los títulos legitimantes del dominio de la

parte actora. Tratándose del derecho de propiedad, esta Sala ha venido

reiterando que no está sujeto a un plazo de prescripción negativa: “el

principio de la propiedad como derecho imprescriptible o perpetuo, es decir, el

derecho de propiedad jamás se pierde por la falta de uso. En otras palabras, el

derecho de propiedad no se extingue, en caso de falta de ejercicio, como efecto

de la prescripción negativa.” Sentencia de las 10 horas 45 minutos del 3 de

enero de 2008, que responde al voto número

En ese sentido, tal derecho no

puede estar sujeto a esa forma de extinción porque lo que se extinguen son las

obligaciones contra el patrimonio del obligado no del custodio. La razón es

clara, la prescripción negativa está prevista para brindar seguridad jurídica

ante la posibilidad de una demanda de reclamación. Si el derecho sobre el

dinero le pertenece a la actora es extraño que este prescriba en beneficio del

Banco que es el custodio. La prescripción dejará de cumplir su finalidad, para

constituirse en benefactora quién no es obligado, sino custodio del derecho de

propiedad. De tal manera que no es viable aplicar una prescripción al dinero

que es propiedad de la sucesión del señor Cordero Chaverri, pues se estaría

permitiendo que el BCCR se apropiara indebidamente de algo que no le

corresponde y lo cual sabía con exactitud a partir de la muerte de don Carlos

Cordero (unos tres meses antes de que fuese exigible el pago de los

certificados), la única legitimada para exigirlos, era su sucesión. En esa

línea de pensamiento, no lleva razón el recurrente, de tal manera que el

agravio deberá denegarse.

Relativo al tercer

agravio, insiste el casacionista en que la naturaleza jurídica de la relación

que nace de esos títulos valores, es mercantil. No obstante, este punto ya fue

dilucidado en el considerando anterior, razón por la cual se remite a lo allí

expuesto. Sin embargo, considera importante evidenciar esta Sala, un error

sobre el cual se basa el casacionista para fundamentar su alegato.

Efectivamente, según consta en autos, al reverso de los certificados de

depósito a plazo, aparecen las siguientes leyendas: “Páguese a la orden de

Dr. Carlos Cordero Chaverri” y “Páguese a la orden de Flory Madrigal

Mora”; pero de la cadena de endosos, es claro que el señor Cordero Chaverri

recibió los certificados de Corporación Privada de Inversiones S.A., no

obstante, en el caso de la señora Madrigal Mora no es así. A ella, le fue

transmitido el título por medio de Álvaro Aguilar Rodríguez, quien a su vez, lo

recibió del Juez del Juzgado Primero Civil (en esos endosos no se establecieron

fechas), que es donde se tramitó el proceso sucesorio. Lo anterior

demuestra,  que no es cierta la afirmación que hace el recurrente de que

ese título desde vieja data, había sido trasladado a la señora Madrigal, y que

a partir de allí, se creó una relación entre ella y el BCCR. En virtud de lo

anterior, no se comete la infracción a la norma que aduce conculcada.

El cuarto agravio, se

refiere a los intereses dejados de percibir desde el vencimiento de cada uno de

los certificados y hasta su efectivo pago. En este punto, la posición del

Tribunal es: “Tampoco tiene el Banco Central de Costa Rica autorización

normativa para negarse a pagar el principal proveniente de dicho negocio

jurídico, así como tampoco puede negarse a pagar los intereses correspondientes

generados por el principal a la fecha de consumación del plazo convenido que

consignan dichos certificados. Si bien los autos reflejan la falta de una

gestión célere en la actora desde el deceso del causante, para hacer cobro de

los títulos que forman parte del haber sucesorio, es lo cierto que no existe

norma autorizante alguna que permita al Banco para que por el solo transcurso

del tiempo se apropie del dinero que le fue confiado en inversión mediante la

aplicación de criterios jurídicos carentes de respaldo normativo”. Tal y

como se explicó en considerandos anteriores, no es posible determinar una culpa

imputable a la actora por el no cobro de los certificados, pues la sucesión aún

no había sido abierta. Lo que significa que es inaceptable la eximente, que

reclama el casacionista, de culpa de la víctima; puesto que no se configura el

supuesto. Ante esta situación, es evidente que los dineros depositados mediante

certificado, y que al momento de su vencimiento resultaban exigibles, a partir

de ese momento generan intereses. En ocasiones anteriores esta Sala al respecto

ha manifestado: “deberá contarse a partir del vencimiento del plazo

estipulado y, en defecto de convención, a partir del momento en que la

obligación resulta legalmente exigible.” (Fallo no. 68 de las 15 horas

20 minutos del 28 de junio de 1996). De ahí que los réditos deban computarse

desde la fecha en que cada pago era exigible y no desde la firmeza del fallo,

pues esto último implicaría una desatención a la naturaleza misma de la

obligación, así como de los numerales 704 y 706 del Código Civil, que

establecen el deber del deudor de compensar por los daños y perjuicios que

deriven del desaire de un deber pecuniario. Con todo, ante el desajuste

económico que supone la presente deuda dineraria, el otorgamiento de intereses

desde el incumplimiento compone una medida que busca compensar la

indisponibilidad del dinero en el momento oportuno, y que permite reconocer al

acreedor de la obligación el factor deflacionario a fin de que la deuda se

cancele a valor presente (siempre que no se hubieren indexado, pues en tal

caso, el interés a reconocer no sería el legal, sino un interés neto o puro,

derivado de la diferencia entre el interés legal y el índice de inflación), más

un margen de utilidad que hubiera tenido de haber contado con el monetario

cuando correspondía. Se trata del reconocimiento de los perjuicios económicos

que se han provocado [...]” Resolución de las 8 horas 55 minutos del 10 de

marzo de 2011, correspondiente al voto número 248. En este sentido, no lleva

razón el casacionista y coincide esta Sala con lo dispuesto por el Tribunal, en

el sentido de que sí procede el pago de los intereses que se generaron a partir

del momento en que el capital fue  exigible. En esa línea de pensamiento,

no se producen las violaciones alegadas y por ende el reproche deberá

denegarse.

El quinto agravio gira

en torno al tema de las costas.  Este órgano colegiado ha resuelto en

reiterados pronunciamientos que de conformidad con el precepto 221 del CPC y el

numeral 98 de la LRJCA, se imponen al vencido por el simple hecho de serlo, de

forma que la condenatoria es el principio y la exoneración la salvedad. Dicha

regla deriva de la necesidad de que se reconozcan, a la parte gananciosa, los

costos en que incurrió para ejercer la defensa de un derecho o interés que

debió tutelar ante la perturbación que de ellos hizo un tercero, o bien, de la

defensa de pretensiones ejercidas en su contra; costos que, de no haberse

planteado el proceso, no  hubiese tenido que afrontar. A partir de dichos

argumentos, en criterio de mayoría, se ha establecido que, cuando el juez se ha

limitado a aplicar la regla general y condena al vencido al pago de las costas

del proceso, no existe quebranto normativo, en tanto se trata de la aplicación

de las normas jurídicas que imponen, como regla primaria, esa condena. (Sobre

el particular consúltese sentencia de las 10 horas 45 minutos del 10 de

diciembre del 2009, correspondiente al voto número 1258). La excepción a la

regla de condena al vencido está prevista por el ordenamiento jurídico para

supuestos específicos. Se trata de causas taxativas previamente fijadas por el

legislador, que en cada caso, otorga al juzgador la facultad de acordar la

dispensa en esta carga con base en la conducta o comportamiento de las partes

en el curso de la relación jurídica que se analiza, o bien, por la forma en que

se resuelve el conflicto. En consecuencia, el recurso de casación resulta

procedente, en forma exclusiva, cuando se ha hecho una indebida aplicación de

la excepción de la condenatoria al vencido, en donde es factible revisar el

ejercicio valorativo del juez al ejercer la facultad que le otorga el

ordenamiento jurídico de exonerar el pago correspondiente, siempre que

concurran, en el asunto concreto, las excepciones contenidas en la norma. Así

las cosas, este reparo debe ser rechazado.

En virtud de lo

anterior, por las razones expuetas, se deberá declarar sin lugar el recurso de

casación interpuesto. Serán las costas a cargo de quien lo interpuso. (Artículo

611 del Código Procesal Civil).