Resolución 01270-2011

1.-

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la sociedad

actora estableció proceso contencioso administrativo -especial tributario-,

cuya cuantía se fijó en la suma de veintidós millones doscientos cincuenta y

seis mil ochocientos treinta y cinco colones con treinta y tres céntimos, a fin

de que en sentencia se declare: “I. PRINCIPAL: 1. (...) se revoque

totalmente la resolución determinativa de la Dirección General de Tributación,

Administración Tributaria Territorial de San José ATSJ-ASC-C-01-V-1015-4,

así como las resoluciones AU-01-SR-V-087-5 de las 8 horas con 5 minutos

del 3 de octubre del (sic) 2005 de la mencionada Administración, que

rechazó el recurso de revocatoria y 81-2006 de las 8 horas del 28 de

febrero del (sic) 2006 del Tribunal Fiscal Administrativo, que confirmó

en todos sus extremos la resolución determinativa de la Dirección General de la

Tributación.

Solicito se declare con lugar el incidente de

nulidad absoluta que se interpuso oportunamente en sede administrativa, que fue

declarado sin lugar por las resoluciones indicadas y que ahora se

reitera.

En consecuencia, solicito que se confirme que mi

representada hizo buen pago de las declaraciones del impuesto general sobre las

ventas de los períodos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11-2000 y

9-10-2001 al aplicarse los saldos de períodos anteriores resultantes en

declaraciones rectificadas.

Por conexión, solicito se ordene al

Estado que restituya a mi representada las sumas pagadas por mi representada en

virtud del fraccionamiento de pago de fecha 16 de mayo de 2006 suscrito como

consecuencia del fallo del Tribunal Fiscal Administrativo número 81/06 de

las 8 horas del 28 de febrero de 2006.  La restitución deberá adicionarse

con los correspondientes intereses desde la fecha de pago hasta la fecha de la

restitución.

Y solicito que, en caso de que el Estado se oponga

a la presente demanda, se le condene al pago de todas las costas de este

proceso.”

2.-

El Estado contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho, así

como la expresión genérica de “sine actione agit.”

3.-

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena, integrado por los

Jueces Sandra M. Quesada Vargas, Eduardo González Segura y Francisco Jiménez

Villegas, en sentencia  n.° 095-2009 de las 16 horas 7 minutos del 30 de

octubre del 2009, dispuso: “Se rechaza las excepciones de falta de

legitimación ad causam activa y pasiva y falta de interés actual, comprendidas

en la genérica sine actione agit. Se acoge la excepción de falta de derecho y

en consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda

intentada.  Son ambas costas de esta acción a cargo de la actora.”

La sociedad actora

formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya

para refutar la tesis del Tribunal.

5.-

Para efectuar la vista se señalaron  las 8 horas 30 minutos del 1° de

setiembre de 2010, oportunidad en que hizo uso de la palabra el Lic. José María

Oreamuno Linares, en su condición de apoderado especial judicial de la parte

actora.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley. Interviene en la decisión de este asunto el Magistrado Suplente Moisés

Fachler Grunspan.

Redacta la Magistrada Escoto Fernández

En la demanda origen

de este proceso, el señor Guibor Rosenstock Lieberman, representante de Real

Azteca (en adelante; Real Azteca), manifestó, en noviembre de 1998, dicha

empresa se fusionó con El Fogoncito ( en lo sucesivo; El Fogoncito),

prevaleciendo la primera. Explica, por haberse advertido errores en perjuicio

de El Fogoncito, en las declaraciones de impuesto general sobre las ventas de

los períodos 1997 y 1998, presentó gestión a efecto de rectificarlas. Agregó,

erróneamente las presentó a favor de El Fogoncito, a pesar de que a esa fecha

ya había sido absorbida por Real Azteca Aclaró, conforme al criterio que mantenía

la Administración Tributaria en diciembre de 1999, las rectificaciones

relativas a períodos anteriores a la Ley 7900, se encontraban con un régimen de

petición, es decir, que no podían autoliquidarse, sino que debían solicitarselo

a la Administración. Añadió, la Directriz 010-2002, interpretó que la reforma

legal, podía ser aplicada a rectificaciones en trámite, teniéndolas por

rectificadas en forma automática y ordenando el archivo de los expedientes.

Continuó, el 12 de setiembre de 2003, informó a la Administración Tributaria

sobre la fusión de ambas empresas, y que se habían aplicado a las declaraciones

de ventas de Real Azteca, los saldos a favor de El Fogoncito, relativos a los

períodos 1 al 11 del 2000, 9, 10 y 11 del 2001. Expresó, el 6 de noviembre de

2003, aclaró a la Administración, que no solicitaba aplicar saldos a favor,

sino que se trataba de un procedimiento autoliquidativo. Solicitó además que no

se siguiera con el procedimiento y se tuvieran por rectificadas en régimen

autoliquidativo, las declaraciones de 1997 y 1998.  Acusó, por resolución

ATSJ-ASC-C-01-V-1015-04, del 6 de julio de 2004, la Administración rechazó la

solicitud por extemporánea y declaró prescrito el derecho. El 19 de mayo de

2006, el Tribunal Fiscal Administrativo (en adelante TFA) rechazó el recurso de

apelación, agotando la vía administrativa. Con su demanda solicita en

sentencia: a) Se revoquen tanto la resolución determinativa

ATSJ-ASC-C-01-V-1015-04, como la del TFA, no. 81-2006 de las 8 horas del 28 de

febrero de 2006, b) Se declare con lugar el incidente de nulidad que interpuso

en sede administrativa, c) Se confirme que su representada hizo buen pago de

las declaraciones de los períodos del 1 al 11 de 2000, 9, 10 y 11 de 2001, d)

Se ordene al Estado a restituir la sumas canceladas en virtud del

fraccionamiento de pago de fecha 16 de mayo de 2006, suscrito como consecuencia

del fallo del TFA 81-06, que deberán incluir intereses desde la fecha de pago y

hasta la respectiva restitución, d) Se condene al Estado en ambas costas. La

representación estatal contestó negativamente, opuso la excepción de falta de

derecho y la expresión genérica de sine actione agit. El Tribunal rechazó las

excepciones de falta de: legitimación ad causam activa y pasiva y de interés

actual contenidas en la referida expresión, y acogió la de falta de derecho.

Declaró sin lugar la demanda con ambas costas a cargo de la actora. Inconforme

la accionante acude en casación.

Esta Sala considera

oportuno reestructurar el orden de los cargos, a fin de conocer primero el

La parte recurrente plantea dos reclamos. En el primero,

recrimina violación directa de las normas relativas a los principios de los

actos propios y de buena fe de la Administración, así como del precepto 874 del

Código Civil. Expresa, la sentencia determina que el plazo de la prescripción

debía computarse desde el 1° de diciembre de 1999, fecha cuando se presentó la

solicitud de rectificación de las declaraciones de El Fogoncito, relativa a los

periodos 1997 y 1998. Es decir, acepta la tesis de la Administración, en cuanto

a que el crédito relativo al impuesto sobre las ventas, solo podía solicitarse

conforme lo dispone el mandato 45 del CNPT y no mediante el régimen

autoliquidativo que refiere el cardinal 16 LIGSV. No obstante, tal posición en

su entender, contradice la teoría de la Administración Tributaria, según la

cual, debía presentar solicitud de rectificación de declaraciones conforme a la

legislación anterior a 1999. Añade, su solicitud de rectificación se mantuvo sin

resolver hasta el año 2003, y no fue sino hasta mayo de 2002, que la Dirección

General de Tributación, en Directriz 10-02, cambió de criterio, declarando

innecesaria la rectificación para declaraciones anteriores a la Ley 7900, las

cuales deberían tenerse por rectificadas. En consecuencia, estima, resulta

erróneo computar la prescripción desde diciembre de 1999, puesto que conforme a

la Directriz 10-02, la solicitud generaba automáticamente el efecto

rectificativo. De tal forma, no puede aplicarse retroactivamente la Direcriz

10-02, sin que la Administración actúe contra el principio de los actos propios

y de la buena fe. Dice, lo anterior violenta, los ordinales 7 y 10 de la LGAP,

al igual que las normas 11 y 21 del Código Civil, y la norma 13 de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional. Asevera, también se violenta el principio de buena

fe, toda vez que, conforme al criterio que la Administración mantenía en 1999,

resultaba necesario plantear la solicitud de rectificación, razón por la cual,

el plazo prescriptivo no corría sino hasta que la solicitud fuera resuelta

favorablemente. Solo a partir de entonces, expresa, correría la prescripción.

En su caso, arguye, planteada en tiempo, y transcurridos tres años desde la

gestión sin que se emitiera respuesta, la DGT cambió de criterio, y pretendió

que el plazo de la prescripción había iniciado desde la data de la solicitud.

Por esa razón, debe entenderse que el plazo debía correr desde el momento del

cambio de criterio. Añade, la sentencia interpreta erróneamente la Directriz

010-2002, según la cual se tenían por archivados los expedientes de

rectificación y por rectificadas automáticamente las declaraciones a partir del

auto en que así se ordenara. Explica, en el presente asunto la Administración

no ordenó el archivo del expediente, y no fue sino mediante la resolución

ATSJ-ASC-C-01-V-1015-04 del año 2004, que tuvo por rectificadas las

declaraciones, por lo que, solo a partir de ese fecha, empezó a correr el curso

de la prescripción. Expone, con base en la interpretación administrativa

imperante en el año 1999, la Administración entendía improcedente que se

rectificara la declaración sin previo pronunciamiento, por ello, el lapso

prescriptivo corre desde la decisión administrativa. De establecerse lo

contrario, el Estado le habría inducido a error, con la finalidad de hacerle

prescribir su crédito. Esgrime, en el segundo, violación directa de ley

por indebida interpretación del artículo 224 del Código de Comercio, relativo a

los efectos de la fusión de sociedades por absorción, y del canon 16 de la Ley

del Impuesto General Sobre las Ventas (en adelante LIGSV), y de los preceptos

95 y 96 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación

Tributaria (en lo que sigue RGGFRT). Dice, la disposición citada del Código de

Comercio, establece que los derechos y obligaciones de las sociedades

constituyentes de la fusión serán asumidos de pleno derecho por la nueva

sociedad o por la que prevalezca. Aduce, los jueces yerran al interpretar dicho

cardinal como si contuviera una excepción. Entienden que en materia del

impuesto general sobre las ventas, el derecho de crédito fiscal de la sociedad

absorbida no es asumido de pleno derecho por la absorbente, sino que se asimila

como un derecho aminorado, al cual no le es aplicable el régimen del ordinal 16

de la LIGSV, sino el excepcional que dicha norma prevé. De igual manera,

continúa, el Tribunal se equivoca al crear excepciones que no contemplan los

preceptos citados, lo cual, agrega, quebranta también las reglas de interpretación

que disponen los cánones 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios

(en adelante CNPT), y 10 de la Ley General de la Administración Pública (en lo

que sigue LGAP). En su opinión, un crédito fiscal es un derecho que genera una

“situación jurídica activa” a favor del contribuyente, la cual describe como

aquella que surge de la obligación de devolver que crea para la Administración

Tributaria, la circunstancia que se presenta en el derecho a la compensación o

de devolución de créditos fiscales que provienen de un pago debido.

Apunta, la violación de los artículos reseñados conlleva un vicio en la

fundamentación del fallo, por cuanto, según sostienen los juzgadores, cuando la

fusión incluya un crédito fiscal de la empresa absorbida, aquel solo puede ser

compensado por la compañía absorbente, por vía del trámite de compensación

especial. Lo anterior, explica, es incongruente, puesto que, o la empresa

prevaleciente adquiere el derecho de la fusionada, y por ende, el de aplicar la

compensación ordinaria reservando para ciertos casos, la especial, o, no lo

adquiere del todo, en cuyo caso, no podría ejercer una ni otra.

En la segunda censura,

reclama, el fallo cuestionado establece, que el plazo de la prescripción debía

computarse desde el 1° de diciembre de 1999, fecha cuando se presentó la

solicitud de rectificación de las declaraciones, lo cual estima erróneo. Sobre

este aspecto, el Tribunal indicó, el plazo para solicitar la compensación

–ordinaria o excepcional– para los tributos correspondientes a los períodos

fiscales 2000 y 2001, era el de tres años, contabilizado a partir de la fecha

cuando se presentó la declaración rectificativa, (artículo 43 párrafo 5 CNPT),

es decir, a partir de diciembre de 1999. En virtud de ello, al momento en que

se tuvo por solicitada la compensación – 12 de setiembre de 2003- se había

consumado sobradamente la prescripción. Además, señaló, conforme al precepto 53

del CNPT, las declaraciones autoliquidativas presentadas por Real Azteca, para

los períodos de enero a setiembre de 2000 y setiembre de 2001, no tenían la

virtud de interrumpir el plazo prescriptivo, pues resultaba improcedente para

la actora autoliquidar los saldos entonces existentes a favor de El Fogoncito.

Tampoco puede atribuirse a tales gestiones, indica, los efectos suspensivos de

la prescripción. Así las cosas, expresan los juzgadores, es claro que al

momento de presentarse la solicitud de compensación, el derecho se encontraba

prescrito en perjuicio de Real Azteca Refieren asimismo, por ello, se equivoca

la actora al señalar que no podía computarse el inicio del plazo prescriptivo,

desde la fecha de las solicitudes de compensación, sino hasta tanto la

Administración Tributaria resolviera sus declaraciones rectificativas. Lo

anterior, aduce el Tribunal, no está legalmente previsto en la normativa, ni

poseen tales gestiones efecto suspensivo respecto del plazo fatal. En segundo

término, expresa, en el caso concreto, la compensación no podía ser motivo de

autoliquidación, puesto que, para que aquella operara, resultaba imperioso

solicitarla a la Administración Tributaria, lo que no realizó oportunamente la

accionante, sino hasta septiembre de 2003, cuando esa posibilidad había ya

prescrito. Al respecto, advierte esta Sala, la fusión entre las empresas El

Fogoncito y Real Azteca, quedó inscrita en la Sección Mercantil del Registro

Público, el día 2 de noviembre de 1998. Asimismo, en fechas 6 y 7 de diciembre

de 1999, la compañía El Fogoncito, presentó ante la Administración Tributaria,

declaraciones de impuesto sobre las ventas mediante las cuales corrigió

declaraciones anteriores. El día 12 de setiembre de 2003, la actora informó a

la Administración que había procedido a autoliquidar dicho impuesto,

aplicándose la compensación referente a saldos existentes a favor de El

Fogoncito, correspondientes a los períodos 01-11 2000, y períodos 9 y 10-2001,

que había presentado en diciembre de 1999. Conforme a lo anterior, la

Administración previno a la accionante presentar los documentos necesarios para

dar trámite a su solicitud, a lo que la demandante respondió, solicitando el

archivo del expediente, y tener por rectificadas en régimen de autoliquidación

las declaraciones hechas en la solicitud original. La Administración

Tributaria, mediante oficio ATSJ-ASC-C-01-V-1015-4, rechazó la solicitud

presentada por considerarla extemporánea, declarando prescrito el derecho de

compensación de saldos acreedores de los períodos citados, resolución que fue

confirmada por la no. 81-2006, emitida por el TFA. De lo anterior resulta

evidente, que la solicitud de compensación de saldos presentada por El

Fogoncito, ante la Administración Tributaria, data del 6 de diciembre de 1999.

A pesar de que a esa fecha, como bien lo ha reiterado el Tribunal, la gestión

planteada requería de una resolución favorable por parte de la Administración,

ninguna de esta especie fue dictada, sino con posterioridad a la gestión de

Real Azteca, del 12 de setiembre de 2003, con el dictado de la resolución

ATSJ-ASC-C-01-V-1015-04 del 6 de julio de 2004. Es decir, que es solo cuando

Real Azteca informa a esa Administración que había autoliquidado el impuesto

sobre la ventas, aplicándose la compensación de saldos que existía a favor de

El Fogoncito, que la Administración emite resolución referente a la solicitud

planteada en 1999. No podía en consecuencia interpretar la Administración

Tributaria,  que dicho plazo extintivo había iniciado en la fecha de

presentación de la gestión no resuelta, de diciembre de 1999. Es lógico

deducir, que en ausencia de tal resolución, el cómputo del lapso prescriptivo

no había empezado aún. De tal forma, no es de recibo la tesis del Tribunal en

cuanto a que al 12 de setiembre de 2003, había corrido ya sobradamente el plazo

de tres años, a que se refiere el numeral 43 párrafo 5 del CNPT, por cuanto,

este solo podía contabilizarse, una vez que fuese resuelta la gestión del año

1999. A esa fecha, diciembre de 1999, se encontraba vigente un régimen de

petición, que obligaba a la Administración Tributaria, resolver la gestión

planteada por la empresa contribuyente. Cualquier interpretación en contrario,

permitiría a la Administración, dejar correr los plazos prescriptivos en contra

del contribuyente, a pesar de haber faltado a su deber de resolver la solicitud

esbozada en ese sentido, en quebranto del debido proceso y del principio de

buena fe que debe sustentar toda actuación administrativa. De tal forma, estima

esta Cámara, al 12 de setiembre de 2003, no había dado inicio el plazo de la

prescripción que el Tribunal tiene por cumplido en perjuicio de la compañía

solicitante. A lo anterior no son oponibles los argumentos de los juzgadores,

en cuanto a que las gestiones rectificativas no poseen un efecto suspensivo

respecto del plazo fatal, ni han sido previstas en la normativa con esa finalidad,

por cuanto, en la especie, la solicitud de rectificación requería ser aprobada

por la Administración a fin de surtir efectos. Por tal razón, procede acoger el

agravio.

Como segundo motivo de

disconformidad, aduce, el Tribunal interpreta indebidamente el precepto 224 del

Código de Comercio, el cual establece que los derechos y obligaciones de la

sociedad absorbida serán asumidos por aquella que prevalezca. Expresa, los

jueces yerran al interpretar que existe una excepción a la norma 16 de la LIGSV,

conforme a la cual, el crédito fiscal de la sociedad absorbida no se asume en

el acto por la absorbente. Menciona, lo anterior quebranta los preceptos 6 CNPT

y 10 de la LGAP, y conlleva un vicio de fundamentación en el fallo. Por su

parte, el Tribunal indicó, conforme a la figura de la fusión que regulan los

artículos 220 y siguientes del Código de Comercio, los derechos y obligaciones

de las sociedades son asumidos por la sociedad que prevalezca, la cual, se

entiende, podrá beneficiarse de las situaciones jurídicas consolidadas que

existan a favor de la empresa fusionada. Ahora bien, apunta el Tribunal, en el

caso concreto, no puede alegarse la violación del canon 224 del Código de

Comercio, puesto que la Administración no ha denegado a Real Azteca, el derecho

de aplicar para sí, como consecuencia de la fusión, los saldos que existían a

favor de El Fogoncito. Por el contrario, refiere, la razón de tal denegatoria,

radica en que las respectivas solicitudes fueron implementadas a través de

procedimientos incorrectos, dejando transcurrir el plazo prescriptivo que

establece el cardinal 43 CNPT. Explica, el accionante no cumplió con lo

preceptuado en la disposición 45 de ese cuerpo normativo, pues, si bien se

estaba ante deudas tributarias de igual naturaleza, y a pesar de encontrarse

impagas, y ser a su vez administradas por el mismo órgano, en el caso de

estudio, no existe un único régimen normativo. Conciben los juzgadores, del

numeral 16 citado, derivan dos regímenes, uno para la transferencia del saldo existente

a favor del contribuyente como compensación por los débitos generados en

concepto de pago del impuesto en los meses siguientes y otro aplicable cuando

el contribuyente considere, que no se generarán débitos en su contra en los

meses sucesivos, a los cuales aplicar el crédito. Este último, enfatiza el

Tribunal, constituye un “régimen especial”, el cual resulta aplicable por vía

de excepción. De lo anterior, concluye, efectivamente existían saldos a favor

de El Fogoncito, no obstante, para que pudieran aplicarse a favor de Real

Azteca, esta debió plantear la solicitud ante la Administración, pues no se

estaba en presencia de una compensación ordinaria. De tal manera, argumentan

los jueces, no podía invocarse el sistema de autoliquidación, sino el “especial”,

ya que aún y cuando los saldos existían, no serían aplicados al mismo

contribuyente en las declaraciones sobre las ventas generadas por éste en los

siguientes meses, pues, al haber ocurrido la fusión, El Fogoncito, no generó

crédito fiscal alguno en los meses posteriores. Por esta razón, señala, los

saldos serían aprovechados para los periodos 2000 y 2001, por un contribuyente

distinto del que los generó, a saber Real Azteca. De consiguiente, aseveran los

juzgadores, para la Administración Tributaria, desde el punto de vista formal,

ambas empresas constituían sujetos pasivos distintos, toda vez que no se le

había informado sobre la fusión. Por este motivo, consideran los jueces, en

tanto se había omitido informar a la Administración Tributaria sobre la

referida fusión, no resultaba procedente autoliquidar los saldos, sino que

debía la actora aplicar el procedimiento especial previsto en el párrafo

segundo del cardinal 16 de la LIGSV  y de conformidad con el artículo 45

citado, solicitar la compensación de saldos ante la Administración Tributaria,

quedando sujeta a la verificación fiscal correspondiente. Sobre este último

aspecto, consideró además el Tribunal, la accionante estaba obligada a

informar, aunque por tal omisión correspondía aplicar la penalidad dispuesta en

el canon 78 CNPT, no podía la Administración, sin norma legal que le facultara,

conferir a la falta indicada efectos extensivos en perjuicio del administrado.

Al respecto, observa esta Sala, el análisis del presente agravio reviste especial

importancia, puesto que de su definición pende determinar, si en realidad

corrió o no el plazo prescriptivo al cual hace referencia el cardinal 43 del

CNPT, circunstancia que se analiza en el segundo reproche. En lo medular,

estima esta Cámara, de las normas citadas por el Tribunal, no surge ninguna

disposición que impidiera a la sociedad absorbente, aplicar para sí, los

créditos fiscales existentes a favor de la absorbida.  Según establece el

artículo 224 del Código de Comercio: “...Los derechos y obligaciones de las

sociedades constituyentes serán asumidos de pleno derecho por la nueva sociedad

o por la que prevalezca. (…) En los procedimientos judiciales o administrativos

en que hubiere sido parte cualquiera de las sociedades constituyentes, lo seguirá

siendo, la nueva sociedad o la que prevalezca”. Es decir, acrecen a la

sociedad prevaleciente en la fusión, los derechos relativos a los mencionados

saldos, sin que pueda objetarse su aplicación bajo el argumento de que se

trataba de persona jurídica distinta. Si bien, tal situación no había sido

reportada al fisco, mas allá de la sanción que por ello correspondía, (norma 78

CNPT), según lo establecido por los preceptos 220 y siguientes del referido

Código, y en aplicación del principio de realidad económica, inscrita la fusión

en el Registro Público, y transcurrido un mes desde la fecha de publicación del

edicto respectivo, alcanzó plena eficacia. Según ha reiterado esta Sala, del

principio de realidad económica surge la posibilidad de interpretar situaciones

jurídicas reales sujetas a la normativa tributaria. En esencia, conforme a sus

postulados, el operador del derecho puede apartarse de las formas o apariencias

jurídicas a efecto de desentrañar la materialidad subyacente y que sirve de

presupuesto al tributo. Debe determinar, conforme a lo anterior, determinar los

hechos verdaderos que resulten de relevancia tributaria, los cuales pueden

aplicarse a favor o en contra del administrado. En efecto, ello se encuentra

previsto en los numerales 8 y 12 del CNPT, sobre los cuales esta Cámara ha

indicado:  “el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en sus

numerales 8 y 12 implementa el principio de realidad económica, como mecanismo

que permite a la Administración prescindir de las verdades formales y adentrarse

en la relación privada a fin de tratar de desentrañar la realidad material

subyacente en el negocio y de esa manera, definir si la forma utilizada es un

escudo para minimizar las cargas impositivas, caso en el cual, se deberá

ajustar ese deber a su correcto cauce, o si por el contrario, es un acto lícito

y legítimo.” (Voto no. 825-F-2006 de las 8 horas 45 minutos del 27 de

octubre de 2006). Así las cosas, de la integración de ambas disposiciones, se

ha estimado que en caso de duda, la Administración Tributaria podrá prescindir

de las formas adoptadas por el contribuyente, a fin de esclarecer la realidad

material de las situaciones jurídicas relacionadas con el pago de tributos y el

alcance que en la esfera tributaria aquellas puedan albergar, respecto de la

obligación impositiva. Tal principio resulta aplicable en el presente asunto,

toda vez, que de las dos empresas, había prevalecido una, la cual aplicó para

sí, los créditos fiscales existentes a favor de la absorbida, requerimiento al

cual no podía negarse la Administración Tributaria. De conformidad, Real Azteca

estaba en condición de solicitar la compensación de saldos por cualquiera de

las vías dispuestas por el mandato 16 de la LIGSV. Dicha regulación establece

dos mecanismos diversos a fin de aplicar saldos por créditos fiscales, al

referir: “Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscales sea a

favor del contribuyente, el saldo existente se transferirá al mes o meses

siguientes  y se sumará al crédito fiscal originado por las adquisiciones

efectuadas en esos meses. Si por circunstancias especiales, el contribuyente

prevé que no ha de originar, en los tres meses siguientes, un débito fiscal

suficiente para absorber la totalidad del saldo de su crédito fiscal, tendrá

derecho a utilizarlo en la forma prevista en el artículo 45 del Código de

Normas y Procedimientos Tributarios”. Es indiscutible que el crédito podía

ser transferido al mes o meses siguientes, o bien, de haberse presentado los

supuestos que de manera especial refiere la norma 16 de la LIGSV, podía

tramitarse conforme al ordinal 45 CNPT. Al respecto, dicho canon 45 dispone:

“El contribuyente o responsable que tenga  a su favor créditos líquidos

y exigibles por concepto de tributos y sus accesorios, podrá solicitar que se

le compensen con deudas tributarias de igual naturaleza y sus accesorios,

determinadas por él y no pagadas, o con determinaciones de oficio, referentes a

períodos no prescritos, siempre que sean administrados por el mismo órgano

administrativo. (…) ”. De esta manera, Real Azteca, podía utilizar

cualquiera de las vías que a ese fin le permitían los ordinales 16 de la LIGSV,

o 45 CNPT, puesto que había asumido de pleno derecho, todas las obligaciones y

derechos existentes a favor de El Fogoncito. Por consiguiente, no es de recibo

la tesis del Tribunal, en cuanto a que no podía aplicarse el sistema de

autoliquidación, sino el “especial”, ya que en cualquiera de los escenarios,

serían invocados por el mismo contribuyente. Tampoco en cuanto a que ocurrida

la fusión, El Fogoncito, no pudo generar crédito fiscal alguno, pues, si bien

es cierto, dicha sociedad desapareció al fusionarse, también lo es que mantuvo

su carácter de contribuyente, atributos que fueron asumidos de pleno derecho

por Real Azteca. Como corolario, la Administración Tributaria debió tener por

hecho demostrado que se trataba de un mismo sujeto pasivo, y en consecuencia,

Real Azteca estaba en condición de autoliquidar los saldos pertenecientes al

Fogoncito. Sobre este mismo punto, la recurrente endilga, el Tribunal violenta

las reglas de la interpretación, al considerar que de la norma 16 LIGSV, y

artículos 95 y 96 del RGGFRT, se desprende un régimen inexistente, aplicable

por excepción. Al respecto, estima esta Cámara, la norma 16 LIGSV hace expresa

relación a dos supuestos. En el primero, el contribuyente aplica inmediatamente

los saldos a los débitos fiscales que se generen en los meses subsiguientes. En

el segundo, a falta de un débito fiscal en los tres meses siguientes, el

contribuyente utiliza la forma prevista en el cardinal 45 CNPT. Ahora bien,

debe refutarse el argumento de la casacionista, respecto a que el Tribunal

habría creado un régimen de excepción inexistente, en tanto es la normativa de

cita la que lo crea.

En mérito de

lo expuesto, procederá declarar con lugar el recurso, casar la sentencia

recurrida; en su lugar fallando por el fondo, se rechazarán las excepciones

opuestas por el Estado, pues es claro que la accionante ha actuado conforme a

derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, se

anula la resolución determinativa no. ATSJ-ASC-C-01-V-1015-04, así como la no.

AU-01-SR-V-087-5, ambas de la Administración Tributaria de San José; y la no.

81-2006 del TFA. Se ordena remitir el presente asunto a la Administración

Tributaria de San José, a efecto de que determine el monto que correspondiente

al impuesto sobre las ventas que debe cancelar la actora, de los períodos 01 al

2000 y 9 -10 -2001, aplicando en su caso los saldos de períodos anteriores

resultantes en declaraciones rectificadas. Asimismo, determinar cualquier

excedente que exista a su favor por sumas efectivamente canceladas por concepto

de fraccionamiento de pago suscrito como consecuencia del fallo del TFA no.

81-2006, los que en su caso, deberá restituir junto con los intereses

correspondientes desde la fecha de pago y hasta la de su efectiva restitución.

Se rechaza el punto tercero de las pretensiones, en el cual se solicita indicar

que la accionante hizo buen pago de las declaraciones de impuestos sobre las

ventas, por cuanto el único aspecto cuestionado en este proceso, lo es el

relativo a la compensación y autoliquidación del crédito, y no otros extremos.

Se acuerda establecer las costas a cargo del Estado conforme al canon 611 del

Código Procesal Civil.