Resolución 01519-2012

Con base en la

sentencia firme de la

Sala Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia, no. 2011002097 de las 14 horas 52 minutos del 23 de febrero de 2011,

los ejecutantes presentan la respectiva liquidación por costas, daños y

perjuicios para que en sentencia se apruebe el pago de: ¢25.000.000,00 por

concepto de daño moral; ¢300.000,00 por concepto de perjuicios.

Conferida la audiencia

de ley, el representante del

ente demandado contestó negativamente y no opuso excepciones.

El Juez Billy Araya

Olmos, en sentencia no. 2432-2011 de las 15 horas del 18 de noviembre de 2011,

resolvió: "...se declara parcialmente con lugar la presente ejecución

de sentenciam, entendiéndose por rechazada en lo no expresamente concedido. En

consecuencia, se condena al Instituto de Desarrollo Agrario a pagarle a R y A,

ambos R, la suma de Cinco (sic) millones de colones en concepto de daño

moral subjetivo. Son ambas costas de este proceso a

cargo del

vencido."

Los ejecutantes

formulan recurso de casación indicando las razones en que se apoya para

refutar la tesis del Juzgado.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

R y Á, ambos de

apellidos R, interpusieron un recurso de amparo debido a que sus propiedades

pasaron a formar parte de la Reserva Indígena Matambú sin que se les haya

expropiado. La Sala

lo declaró con lugar por considerar que operó una expropiación de hecho “por

el vaciamiento del

contenido esencial del Derecho de propiedad” y condenó al Instituto de

Desarrollo Agrario (en adelante IDA) a iniciar dicho procedimiento y, además,

al pago de las costas y los daños y perjuicios. En virtud de lo anterior, en

esta ejecución solicitan la suma de ¢25.000.000,00 por

concepto de daño moral y de ¢300.000.000,00 a título de perjuicios. La

institución estatal se opuso y adujo que no existe nexo causal entre lo

pretendido y lo resuelto en sede constitucional, por lo que solicitó que se

declare sin lugar la ejecución. El Juzgado acogió parcialmente los extremos

peticionados, condenando al IDA al pago de ¢5.000.000,00

por concepto de daño moral. Acude ante esta instancia extraordinaria la

representación legal de ambas partes.

II.-

Prueba en casación.- Al momento de formular su recurso, los ejecutantes

aportaron como prueba documental el recurso de

amparo interpuesto, la sentencia 2011-2097 que se ejecuta en este proceso, el

escrito mediante el cual se interpuso esta ejecución y una copia del fallo que impugna

mediante este recurso de casación. No obstante lo anterior, en atención a lo

dispuesto en el numeral 145 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en

adelante CPCA), dichas probanzas deben ser rechazadas, no solo por no cumplir

con las formalidades preceptuadas en la norma, sino además por cuanto, a

excepción del primero, que en todo caso no resulta de interés, todos forman

parte de los folios que integran este expediente, por lo que carecen de todo

valor probatorio.

Recurso del Instituto de Desarrollo Agrario

Casación por violación de normas

procesales

En su primer

reproche de esta índole (segundo en el recurso), señala que la audiencia se

celebró el día 11 de noviembre de 2011 y el fallo fue notificado hasta el 16 de

enero del año siguiente. Considera que de conformidad con los artículos 182, 99

y 111 del CPCA, el

incumplimiento del

plazo de 15 días establecido para llevar a cabo la notificación genera la

nulidad de la sentencia.

El recurrente sustenta

la nulidad aducida en el numeral 111 del CPCA,

el cual forma parte del capítulo referido al

juicio oral y público del

proceso de conocimiento, y por lo tanto, a la sentencia dictada dentro de este.

Dicho precepto regula el plazo con el que cuentan los juzgadores para dictar,

válidamente, la sentencia, en atención al principio de inmediación de la

prueba. Si bien el casacionista recurre a esta disposición para ser aplicada en

la especie, en el caso de las ejecuciones de fallos de habeas corpus y amparo

emanados de la

Sala Constitucional, el CPCA contiene disposiciones

especiales relacionadas con este mismo punto, a saber, lo preceptuado en el

artículo 183 de dicho cuerpo normativo, el cual señala: “1) El Juzgado

pronunciará sentencia dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a

la celebración de la audiencia correspondiente. /

Cuando

no haya prueba que evacuar, el Juzgado dictará sentencia en el mismo plazo de

cinco días. En lo pertinente se aplicarán las reglas establecidas en los

artículos 119 y siguientes de este mismo Código. /

3)

[…]” Como se

puede observar, esta norma persigue la misma finalidad

que el numeral 111 citado por el recurrente, cual es fijar el plazo en el que

debe ser dictada la sentencia. Sin embargo, en esta no se sanciona su

incumplimiento con nulidad, como

si se hace en el caso del fallo del proceso de

conocimiento. Esta diferencia lleva a la conclusión de que, al existir una

regulación específica, no es dable aplicar un proceso

de integración ante la ausencia de una laguna normativa que así lo exija.

Asimismo, se puede inferir la voluntad expresa del legislador de considerar este plazo como ordenatorio, al no adoptar la misma solución que en

el ya citado artículo 111 del

CPCA, el cual, en todo caso, no puede ser elevado a la categoría de disposición

de aplicación general. Cabe destacar, finalmente, que ya esta Sala se ha

pronunciado en este sentido en el voto 1360-F-S1-2010 de las 10 horas 25

minutos del 11 de noviembre de 2011, en el cual, refiriéndose a la disposición

recién citada pero en un proceso de puro derecho, indicó: “[…] el precepto a

que se alude resulta aplicable al proceso con etapa de juicio oral, no así

respecto de los de puro derecho, para los cuales la ley no contiene ninguna

disposición sobre el tema.” Por último, conviene aclarar que en el presente

caso, si bien hubo una audiencia de recepción de prueba (lo que diferenciaría

este supuesto a un asunto de puro derecho), lo cierto es que al no existir

norma aplicable que disponga la nulidad de la sentencia por el incumplimiento

del plazo para dictar la sentencia fijada en la norma especial que regula este

tema, no sería posible hacer extensiva la consecuencia dispuesta para los

procesos de conocimiento. Así las cosas, lo procedente es rechazar este agravio.

El segundo

agravio procesal (sexto en el recurso) lo fundamentó el recurrente en el inciso

b) del artículo 137 del Código Procesal Contencioso

Administrativo. Indica que los actores debieron haber argumentado y expuesto en

los hechos de la ejecución cuáles eran los sufrimientos padecidos a partir de

las circunstancias tomadas en cuenta por la Sala Constitucional

al declarar con lugar el recurso de amparo. Agrega, lo

reclamado se debió realizar para que el IDA pudiera pronunciarse y debatir

sobre ellos, lo que le genera indefensión.

En este reclamo, se

recrimina una indefensión debido a que al interponer el proceso no se expuso en

qué consistían los sufrimientos que generaron la lesión moral reclamada, lo que

le impidió al recurrente ejercer una adecuada defensa. No obstante lo anterior,

contrario a lo aducido, lo cierto es que al detallar en qué consistían los

daños y perjuicios, los ejecutantes indicaron: “Pese a que la propiedad nos

ha pertenecido desde hace 38 años, no hemos podido hacer uso de la misma ni

disfrutarla como a derecho nos corresponde, el suscrito R tengo 71 años y desde

hace más de 20 años sufro muchos padecimientos de salud, principalmente por

epilepsia, convulsiones, lumbalgia y sinusitis, los cuales me impidieron de

sobremanera realizar cualquier tipo de actividad laboral; en razón de ello

solicité en diversas ocasiones una pensión a la Caja Costarricense

del Seguro Social pero como soy titular de la propiedad en litigio la misma se

me ha negado siempre, situación que ha desfavorecido la solvencia económica de

mi familia, causando grandes limitaciones a nuestros ingresos e impidiéndonos

disfrutar de una calidad de vida digna ya que somos personas de muy escasos

recursos, situación que además ha causado trastornos emocionales y psicológicos

a mis hijos desde pequeños, a mi esposa y por supuesto a mi persona. En razón de lo anterior, valoramos el daño moral ocasionado en la

suma de VEINTICINCO MILLONES

DE COLONES.”

De la anterior

trascripción, resulta evidente que no es de recibo el alegato formulado, toda

vez que las circunstancias que derivaron en la afectación extrapatrimonial que

se solicitó reparar, fueron expuestas desde el inicio por los ejecutantes. De

esta forma, al tener conocimiento previo de los motivos sobre los cuales se

fundamentó el reclamo del daño moral, resulta claro que

el IDA estuvo en plena posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Así, el vicio procesal aducido no se produjo, y el agravio debe ser

rechazado.

Recurso de los ejecutantes

En su primer

agravio, aduce una violación de la cosa juzgada. Recrimina

que la resolución impugnada contradice el fallo de la Sala Constitucional

en la que se condena al pago de las costas y de los daños y perjuicios

causados. Considera que la suma establecida es muy baja, y reprocha que

el Juzgado no se limitó a la demostración, liquidación y cumplimiento de

indemnizaciones pecuniarias, sino que “emite un criterio contrario al Voto

previamente otorgado por la autoridad competente en esta materia que es la Sala Constitucional

violando el principio de cosa juzgada, y además de esto resuelve dar un monto

inferior al solicitado con base al criterio que ellos mismos se formulan y no

al que emitió el órgano Constitucional”. En la sección titulada “Fundamento

de Derecho”, complementa este aspecto e indica que al

juzgador de instancia le corresponde, únicamente, liquidar los montos

concedidos, pero no analizar su existencia, ya que la Sala Constitucional

ya decidió sobre su procedencia. Con ello, dice, altera

el contenido de la sentencia que se ejecuta.

De una lectura

integral del cargo, y a pesar de que se

refiere tangencialmente al tema del

monto otorgado, lo cierto es que no cabe duda que el reclamo no gira sobre este

punto, sino específicamente en torno a la violación de la cosa juzgada, por lo

que se analizará bajo esta óptica. No obstante, es menester referirse en primer

término a la naturaleza sui generis de los procesos de ejecución de sentencias

dictadas en recursos de amparos o de habeas corpus, tal y como lo ha hecho en

forma reiterada esta Cámara, destacando que estos presentan la particularidad

de que, si bien existe un pronunciamiento en abstracto otorgando los daños y

perjuicios, su reconocimiento se encuentra supeditado a la demostración y

cuantificación de la lesión derivada del actuar antijurídico que originó el

proceso principal. Esto por cuanto en el proceso sumario en sede

constitucional, la condenatoria a que se hace referencia se da por imperio de

ley y no por haber sido objeto de la controversia

judicial. De igual forma, si bien la

Ley de la Jurisdicción

Constitucional dispone que este extremo se liquidará mediante

el trámite de ejecución de sentencia, lo cierto es que este adquiere las

connotaciones de un proceso de conocimiento, en el tanto se hace necesaria la

acreditación de la existencia del daño, y no únicamente su cuantificación, al

punto que resulta factible que, aún y cuando la sentencia constitucional

incluya en su parte dispositiva el otorgamiento de daños y perjuicios, en esta

vía se determine que esta no resulta procedente por cuanto estos no se

generaron o no se demostraron. En virtud de lo dicho, el hecho de que el

juzgador ingresara a valorar la existencia o no de la lesión no supone, en este caso, un quebranto de la cosa juzgada y por ende, debe

rechazarse el reparo.

En su segundo

reparo, alega una falta de determinación clara y precisa, sin embargo, no

especifíca de qué. Explica que dentro de las pretensiones se incluyó que se

estableciera un plazo claro y determinado para el

inicio de los trámites de expropiación, el Juzgado no se refirió al tema,

aduciendo que la fijación de ese plazo le corresponde a la Sala Constitucional.

Si bien no resulta del todo claro a qué se

refiere su inconformidad, se puede llegar a la conclusión de que reclama una

eventual incongruencia al no pronunciarse sobre el plazo para iniciar el

trámite expropiatorio. Sin embargo, no se produce la disonancia entre lo

peticionado y lo resuelto por el juzgador, ya que este

sí se pronunció específicamente sobre este extremo. Al respecto, indicó en el

considerando V: “En relación con la petición de que se le fije al IDA un

plazo determinado para que inicie los trámites de expropiación, se rechaza por

cuanto ese aspecto, por un lado ha sido declarado por la Sala Constitucional,

por lo que invadiría este Juez funciones que no le son propia y, por el otro

lado, de acuerdo con esto, sería ante dicha instancia donde las partes podrían

acudir, si así lo consideran, al tratarse de una orden jurisdiccional emanada

de ese alto tribunal.” Así, resulta claro que sí se resolvió,

aunque en forma negativa, lo solicitado por la parte. En todo caso, y al

margen de lo anterior, no podría concluirse que existe incongruencia cuando lo

peticionado excede la competencia funcional del órgano jurisdiccional, como

sucede en este caso, en atención a lo dispuesto en los artículos 179 del CPCA y

56 de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, que por su orden, establecen: “Corresponde

al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la ejecución de las sentencias

dictadas por la

Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y

de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la

demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”

y “La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional,

salvo en lo relativo a la liquidación y cumplimiento de indemnizaciones y

responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que la Sala considere del caso, en

que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución

de sentencia previsto en la Ley

reguladora de esa jurisdicción.” En atención a lo indicado en las líneas

precedentes, no se aprecia la existencia del vicio aducido.

Casación por violación de normas

sustantivas

Recurso de los ejecutantes

En su primer

reparo de esta índole, endilga el quebranto del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública

(en adelante LGAP), ya que, según su criterio, el Juzgado confundió el concepto

de daños con el de perjuicios. Reprocha que el precepto cuya vulneración aduce

estable que los primeros deben ser efectivos, evaluables e individualizables,

mas no hace extensivo estos requerimientos a los perjuicios, los cuales define como

una “ganancia lícita que se deja de obtener”. Consecuencia

de lo anterior, cuestiona que se le haya rechazado el extremo solicitado por

tratarse de meras expectativas no concretadas. Identifica los perjuicios

como

“la cantidad de dinero que no se pudo alcanzar con lo que hubiera sido la

venta por parte de los suscritos de la propiedad en litigio, a causa de una

mala gestión de la

Administración”. Considera que es imposible probarlo como

efectivo y real, pero sí se demostró la realidad o efectividad de la ganancia

que esperaban obtener de una venta. En un segundo

agravio, si bien aduce una falta de motivación, el reproche se dirige a

reclamar, nuevamente, el rechazo de los perjuicios. Critica lo indicado por el

Juzgado en el sentido de que no se puede determinar un

perjuicio específico por no ser derechos adquiridos o situaciones jurídicas

consolidadas. En sentido contrario, la representación legal de los

casacionistas aduce que si el inmueble está en una zona protegida, a pesar de

las ofertas comprobadas, no pueden ni vender el

inmueble ni disfrutarlo. Agrega, si esta limitación proviene de la actuación del

IDA, los perjuicios deben ser indemnizados. Afirma que actuaron de buena fe, ya que conociendo la situación litigiosa del inmueble, no

realizaron la venta en el momento correspondiente. En cuanto a la imposibilidad

de disfrutar el inmueble, señala, se trata de un

perjuicio efectivo, evaluable e individualizable que genera responsabilidad de la Administración.

Efectivamente, tal y como lo indica el recurrente, los daños y los perjuicios, como categorías en que se

puede clasificar la posible lesión derivada de un hecho dañoso presentan

características propias. Como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala: “El

daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de

la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado),

el cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era

objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso.

[…] En suma, el daño constituye la brecha perjudicial para

la víctima, resultante de confrontar la situación anterior al hecho ilícito con

la posterior al mismo. En muchas ocasiones se

utilizan indiscriminadamente las expresiones "daños" y

"perjuicios". Es menester precisar y

distinguir ambos conceptos. El daño constituye la

pérdida irrogada al damnificado (damnum emergens), en tanto el perjuicio está

conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de percibir (lucro

cesans), la cual era razonable y probablemente esperable si no se hubiese

producido el hecho ilícito.”

Si bien en el antecedente que fue citado en el recurso se indicó que las

características detalladas en el numeral 196 de la LGAP (efectivo, evaluable e

individualizable) no son aplicables a los perjuicios, lo cierto es que de una

revisión del tema, se llega a la conclusión de que dicha norma, al utilizar el

concepto “daño”, lo hace en forma genérica para referirse a la noción más

amplia y técnica de lesión antijurídica, la cual abarca ambas figuras.

Ciertamente, la aplicación de los requerimientos fijados en la disposición

previamente citados debe realizarse en atención a las características de la

lesión reclamada (sea un daño o un perjuicio), pero

esto no supone que estas no sean predicadas de los perjuicios. En atención a lo anterior conviene referirse a qué debe entenderse

cuando se indica que la lesión debe ser efectiva, evaluable e individualizable.

El primero hace referencia a la certeza, aún y cuando la afectación pueda ser

futura, a condición de que se tenga certeza de que se va

a producir y que pueda ser estimada. En el caso de los perjuicios, esta certeza

se debe dar respecto de la previsibilidad del lucro dejado de percibir para que pueda

considerarse como

efectivo. El término evaluable se refiere a la posibilidad de cuantificar la

lesión desde el punto de vista económico mientras que la característica de

individualizable se relaciona con la posibilidad de poder identificar en qué

consiste la perturbación, siendo que ambos pueden ser predicados de los

perjuicios. A partir de lo anterior, la diferencia entre los daños y los

perjuicios desde la perspectiva del artículo 196 de reciente cita

no radica en que lo allí regulado no sea aplicable a los segundos, sino en la

forma en que deben ser valorados según la figura específica. En el caso

concreto, se ejecuta una sentencia de la Sala Constitucional

cuyo objeto fue la falta de expropiación de los inmuebles de los ejecutantes

luego de la constitución de la Reserva Indígena Matambú. A su vez, los

perjuicios reclamados fueron precisados de la siguiente manera: “El

impedimento para construir en la propiedad, vender o trabajar la madera,

incluso para uso propio, y sobre todo la imposibilidad de vender la misma o

hacer uso de su dominio ha causado graves perjuicios a los suscritos y nuestras

familias […] En varias ocasiones hemos recibido ofertas para comprar

nuestra propiedad, la última que recibimos hace aproximadamente 2 meses fue de

$1000000 (un millón de dólares), situación que puedo acreditar con la prueba

testimonial ofrecida, oferta que pudo haber solucionado todos nuestros

problemas pero que en razón del artículo transcrito anteriormente resulta

imposible de aceptar.” De conformidad con lo anterior,

resulta claro que el reconocimiento de lo solicitado resulta improcedente, ya

que el artículo 3 de la Ley

6172 (Ley Indígena) dispone que “las reservas indígenas son inalienables e

imprescriptible, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas

que las habitan. Los no indígenas no podrán

alquilar, arrendar, comprar o de cualquier manera adquirir terrenos o fincas

comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán

negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de

tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no

indígenas, es absolutamente nula, con las consecuencias legales del caso.[…]”

Ello implica que, a partir de la creación de la denominada reserva indígena,

los inmuebles objeto de este conflicto no podían generarle ningún beneficio a

los ejecutantes, de lo que se sigue que los perjuicios que se reclaman (en

particular la utilidad derivada de una posible venta del inmueble, aspecto

sobre el cual se centra el recurso) serían ilícitos en atención a la misma

circunstancia detallada por los ejecutantes en el escrito inicial, lo que

impide su reconocimiento (doctrina del numeral 195 de la LGAP). Lo anterior, al margen

de lo resuelto en primera instancia, torna en innecesario referirse a los

alegatos específicos contenidos en el recurso, ya que carece de relevancia el

referirse al tema de si se puede considerar que los perjuicios cumplen con los

requerimientos del artículo 196 de la

LGAP, o sobre la existencia o no de derechos adquiridos o

situaciones jurídicas consolidadas. Así, lo procedente es

rechazar los cargos analizados.

Recurso del Instituto de Desarrollo Agrario

En el único

agravio de esta índole, cuestiona la suma otorgada por concepto de daño moral subjetivo

por considerarlo contrario a los principios de proporcionalidad y

razonabilidad. Opina, el monto concedido no es acorde con el

cuadro fáctico, ya que es evidente que los actores fueron propietarios de los

bienes inmuebles mucho después de que se declarara la Reserva Indígena

de Matambú, por lo que ya conocían de esta situación al adquirir las heredades.

El recurrente

cuestiona la suma de ¢5.000.000,00 otorgada a los ejecutantes. Al momento de

justificar el monto concedido, el juzgador indicó en su sentencia: “La Sala Constitucional

determinó que el IDA tiene más de treinta y cuatro años sin llevar a cabo el

proceso expropiatorio correspondiente, lo cual arroja la única conclusión

posible: que tiene más de treinta y cuatro años de abstraerse del mandato

constitucional y que, con respecto a los aquí actores, procedió a despojarlos

del contenido esencial de su derecho, dejándolos sin su medio normal de

sustento sostenible. Con respecto a este escenario, que en criterio de este

Juez es una verdad incuestionable y que no encuentra justificación alguna o

excusa legal plausible en los argumentos de los representantes del IDA, es de

toda lógica que sí ha tenido lugar un evidente daño moral subjetivo en los

actores, que ha sido producido al verse de pronto y en forma abiertamente

ilegal, desarraigados de su medio natural , de su sustento normal, haya sido

éste lucrativo o no; y que les obligó a emigrar a otra zona. Toda esta

conjunción de indicios necesarios […] le permiten a

esta Autoridad tener por determinado que se ha provocado una afectación grave

en el ánimo y el fuero interno de los ejecutantes. […] En vista de todo

lo dicho, considera este Juez que, en una sana valoración de las pruebas

traídas a los autos y evacuadas igualmente en juicio oral y público, procede

como prudente en concepto de indemnización por daño moral subjetivo, aprobar la

suma de Cinco millones de colones en favor de los ejecutantes.” Ahora bien,

al margen del tiempo a partir del cual los ejecutantes adquirieron la

propiedad, sean los 34 años determinados en el fallo constitucional o 16 y 19

años según las fechas que indica las certificaciones de propiedad, lo cierto es

que la inacción en el inicio del trámite expropiatorio ha generado una lesión

en el fuero interno de los reclamantes toda vez que su derecho de propiedad se

tornó nugatorio como consecuencia de su inclusión en la reserva indígena. Desde esta perspectiva, aún en el supuesto de que no se consideren

los 34 años de titularidad, lo cierto es que, en el menor de los plazos la

desapropiación indebida se extendió por 16 años, por lo que no se aprecia que

el monto otorgado sea desproporcionado o irrazonable. Esto lleva al

rechazo del

agravio.

De conformidad con lo

expuesto en los considerandos precedentes, se deberán rechazar ambos recursos

formulados, cuyas costas se deben imponer, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 150.3 del CPCA a quien lo incoó.