Resolución 01033-2014

1.-

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora

estableció demanda ordinaria cuya cuantía se estimó la suma de doscientos

millones de colones, a fin de que en sentencia se declare: “1- …absolutamente

nulo el acto de venta consignado en la escritura número sesenta y cuatro,

visible al folio cuarenta y siete frente y vuelto del tomo número nueve de

fecha 11 de mayo del año 1995, otorgada ante el notario MARIO ALONSO

CARRILLO CRUZ, en virtud de no haber comparecido personalmente ni a través

de apoderado la Sra. MARTA LEONOR RECINOS GARCÍA DE BUSTO, a realizar dicho

acto.

Que consecuentemente se ordene al Registro Público la cancelación del

Asiento que dio lugar al traspaso del inmueble inscrito actualmente al FOLIO

REAL MATRÍCULA UNO- CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE- CERO

CERO CERO (1-194427-000), restituyéndoselo a su legítima propietaria la

Sra. MARTA LEONOR RECINOS GARCÍA DE BUSTO.

Que de igual forma se

ordene la CANCELACIÓN DE LAS ANOTACIONES que ordenan la inmovilización del

inmueble, provenientes de tan irregular traspaso, y cualquier otra anotación

que afecte dicha propiedad.

Que se condene al demandado al pago de los daños

y perjuicios ocasionados, con motivo del despojo irregular e ilegítimo que se

le hizo a la accionante del referido bien, los cuales se procederán a liquidar

en vía de ejecución de sentencia.

Que en caso de oposición se condene a la

accionada al pago de ambas costas del presente proceso)." (Sic).- Peticionó los daños y

perjuicios de la siguiente manera: "A)

DAÑO MORAL causado a mi representada, ante la imposibilidad de disponer del

bien por más de diez años, lo que ha incidido en su estado emocional, anímico,

físico, y psicológico, debiendo por demás brindar explicaciones y afrontar

situaciones ajenas a su propia voluntad, extremos que se estiman todos en la

suma de CUARENTA MILLONES DE COLONES. B) De igual forma existe un DAÑO

MATERIAL evidente cual es el valor mismo del terreno , siendo por demás que

ha sido objeto de movimientos y cortes no autorizados, y utilizado por terceras

personas para colocar anuncios vallas promocionales que han socavado y

modificado la planimetría original del lote, como oportunamente comprobaremos a

través de la prueba pericial que estaremos solicitando más adelante, y que

estimamos en un monto no menor a los CIEN MILLONES DE COLONES. La prueba

de las aseveraciones se derivan de los documentos aportados en especial de la

escritura que originó el traspaso de la propiedad, y del documento de registro

de entradas y salidas de mi poderdante, en el que se demuestra que a la fecha

de la referida transacción no se encontraba en el país.

Estimación de los PERJUICIOS:

Los perjuicios se estiman en la suma de SESENTA MILLONES DE COLONES, y

se resumen a la disposición ilegítima que se hizo del bien por parte del

causante, lo que provocó la imposibilidad de desarrollar, vender, hipotecar o

en cualquier forma disponer del bien en condiciones normales, y de la imposibilidad

de capitalizar las sumas que pudieran haberse derivado de una eventual

negociación; generando por demás la interposición de diversos procesos

judiciales y administrativos, tendientes a inmovilizar el inmueble como hasta a

la fecha ha ocurrido, con el consiguiente pago de gastos y honorarios, que solo

en lo que corresponde a este rubro, sin contar el proceso actual superan los DIEZ

MILLONES DE COLONES. ”

La sucesión accionada

contestó negativamente y opuso la defensa de prescripción.

El juez Víctor Soto

Córdoba, en sentencia no. 262-12 de las 14 horas 23 minutos del 21 de agosto de

2012, resolvió: "Se acoge parcialmente la excepción de prescripción

negativa, y se declaran prescritos los daños materiales y perjuicios,

anteriores al veintisiete de agosto del dos mil uno. Se declara con lugar la

demanda ordinaria establecida por MARTA LEONOR RECINOS GARCÍA DE BUSTO, contra

del SUCESORIO de quien en vida fuera el LUIS GERARDO GUEVARA BARRANTES. Se

declara absolutamente nulo el acto de venta consignado en la escritura número

sesenta y cuatro, visible al folio cuarenta y siete frente y vuelto del tomo

número nueve de fecha 11 de mayo del año 1995, otorgada ante el notario MARIO

ALONSO CARRILLO CRUZ, en virtud de no haber comparecido personalmente ni a

través de apoderado la Sra. MARTA LEONOR RECINOS GARCÍA DE BUSTO, a realizar

dicho acto.

Consecuentemente se ordena al Registro Público la cancelación

del Asiento que dio lugar al traspaso del inmueble inscrito actualmente al

FOLIO REAL MATRÍCULA: UNO- CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

VEINTISIETE- CERO CERO CERO (1-194427-000), restituyéndose a su legítima

propietaria la Sra. MARTA LEONOR RECINOS GARCÍA DE BUSTO.

De igual forma se

ordena la CANCELACIÓN DE LAS ANOTACIONES que ordenan la inmovilización del

inmueble, provenientes del traspaso.

Se condena a la sucesión demandada al

pago de diez millones de colones, por concepto del daño moral causado a la

señora actora. Los daños materiales y perjuicios producidos con Ia ocupación

ilegítima, posterior, al veintisiete de agosto del dos mil uno, serán

liquidados en la fase de ejecución de sentencia. Son ambas costas de este

proceso a cargo de la parte demandada.”

4.-

El

Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, integrado por las juezas Deyanira

Martínez Olivar, Patricia Molina Escobar y el juez Jorge Olaso Álvarez, con

redacción de este último, en sentencia no. 007 de las 10 horas del 15 de enero

del 2013, resolvió: “Se deniega la nulidad concomitante. En lo que es objeto

de recurso, se REVOCA el fallo, por lo que se declara sin lugar la demanda en

todos sus extremos y se condena a la actora al pago de las costas. En cuanto al

memorial de folios 556 a 559 presentado por la actora, estése a lo indicado en

el considerando IX”.

El apoderado de la accionante

formula recurso de casación.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones del ley. Interviene en la

decisión de este asunto la magistrada suplente Vargas Vásquez.

Redacta la magistrada Rojas Morales

La señora Marta Leonor

Reginos García de Busto demandó a la sucesión de Luis Gerardo Guevara

Barrantes, para que en sentencia se declare la nulidad absoluta del acto de

venta consignado en la escritura 64 del 11 de mayo de 1995, visible al folio

47, tomo 9 del protocolo del notario público Mario Alonso Carrillo Ruiz, en

virtud de no haber comparecido personalmente ni a través de apoderado a

realizar ese acto. Además, se ordene al Registro Público cancelar el asiento

que dio lugar al traspaso del inmueble inscrito actualmente al folio real

1-194427-000, restituyéndoselo como su legítima propietaria. También la

cancelación de las anotaciones que disponen la inmovilización del bien,

provenientes del irregular traspaso, y cualquier otra que lo afecte. Se condene

al demandado a indemnizar los daños y perjuicios, ocasionados con el despojo

irregular e ilegítimo que se le hizo de ese inmueble, a liquidarse en ejecución

de sentencia. En caso de oposición se le impondrá el pago de ambas costas del

proceso. De lesión moral reclama ¢40.000.000,00. Por daño material

¢100.000.000,00. Los perjuicios ascienden a ¢60.000.000,00. De honorarios de

abogado, en virtud de diversos procesos que ha tenido que promover, sin incluir

el presente, la suma ¢10.000.000,00. La sucesión accionada contestó en forma

negativa y opuso la defensa de prescripción. El Juzgado la acogió en forma

parcial. Declaró prescritos los daños materiales y los perjuicios, anteriores

al 27 de agosto de 2001. Acogió la demanda y declaró absolutamente nulo el acto

de venta consignado en la citada escritura por no haber comparecido la actora a

formalizarlo. Ordenó la cancelación registral del asiento que dio lugar al

traspaso, restituyendo el bien a la demandante. También dispuso cancelar las

anotaciones que lo inmovilizan. Condenó a la sucesión accionada al pago de

¢10.000.000,00 de daño moral. Asimismo, a indemnizar los detrimentos materiales

y los perjuicios producidos con la ocupación ilegítima, posterior al 27 de

agosto de 2001, a liquidarse en ejecución de sentencia. Le impuso el pago de

ambas costas. El Tribunal revocó el fallo de primera instancia. Declaró sin

lugar la demanda en todos sus extremos, con las costas a cargo de la actora.

El apoderado de la

accionante presenta recurso de casación. Ofrece prueba documental para mejor

proveer que, a juicio de esta Sala, es innecesaria, ante lo cual dispone su

rechazo.

El casacionista

transcribe parte de la sentencia impugnada, de donde destaca, el Tribunal no le

confirió valor al documento público consistente en la certificación de entradas

y salidas del país de su poderdante, pero otorgó plena validez al acto de

venta, por estimar que concurrieron los requisitos esenciales del

contrato, pese a las probanzas que establecen lo contrario. Con esas

consideraciones, expone tres motivos de casación.

violación

indirecta de los numerales 330, 370, 379 y 417 del Código Procesal Civil (CPC);

627, 1007, 1008 del Código Civil y 101 del Código Notarial. Señala, las dos

primeras normas las conculcó el Tribunal, al partir de presunciones humanas

para desvirtuar la documental constante en autos, violentando el carácter de

prueba plena que tienen los documentos públicos. Expone, actuando como notario

certificó una documentación emitida por el Centro de Cómputo del Ministerio de

Seguridad Pública, el 5 de junio de 1995, folios 17 y 18 del expediente

principal, y la certificación notarial expedida con ese mismo carácter visible

a folio 501. Añade, son documentos públicos, conforme al numeral 110 del Código

Notarial, y prueban las entradas y salidas de su mandante, es decir, que no

estuvo presente en el momento que se otorgó la escritura de traspaso que se

pretende anular. Estima, con ese solo hecho se debió acoger la demanda.

Evidentemente, el consentimiento y la manifestación de voluntad, elementos

esenciales de todo negocio jurídico, según los artículos 627, 1007 y 1008 del

Código Civil, no podían darse en el contrato que se dice fue otorgado por la

actora, pues no estaba en el país al momento de otorgarse la escritura de

traspaso. No obstante, para el Ad quem existen medios para entrar y salir del

país sin pasar por el control de las autoridades migratorias. Por ello,

sostiene, vulneró los preceptos 330, 370 del CPC y 110 del Código Notarial,

pues recurrió a presunciones humanas para desvirtuar un documento que tiene

carácter de prueba plena y demuestra que la actora nunca pudo consentir. Se

quebrantaron las aludidas normas, agrega, al no apreciarse bien las certificaciones

de folios 389 y 390, expedidas por el Ministerio de Seguridad Pública, que son

documentos públicos con pleno valor probatorio. Considerados en unión con la

documental de folios 24, 25, 26, que también obran a folios 391, 392 y 393,

corresponden a la escritura otorgada por su mandante ante los cartularios

Germán Serrano García y Óscar Eduardo Chinchilla Núñez, y acreditan que la

actora tenía otro número de pasaporte a la fecha en que supuestamente se otorgó

la escritura de traspaso cuestionada. Explica, el número correcto era 1259688,

como consignan los citados notarios, lo cual contradice lo establecido en el

encabezado del testimonio de escritura pública otorgada por el notario

Carrillo, cuando indica que ella tiene el pasaporte número “D trescientos

nueve mil setecientos veintiuno”. Con el agravante de que el referido

cartulario, mediante nota del 22 de mayo de 1995, visible a folio 7, indica dar

fe de que la señora Recinos García es la misma persona que aparece como dueña

del inmueble en el Registro, y que adquirió el bien, solicitando al Registro

corregir el número de pasaporte, consignando el aquí indicado y no el que

aparece en el Registro. Lo anterior con vista del pasaporte de ella que dijo

tener a la vista. En su criterio, la contradicción demuestra la falsedad de la

escritura, pues se indicó un número de pasaporte que no corresponde al de su

representada, como se consignara a folios 387 a 388. Acusa, esa prueba no la

apreció el Tribunal e incurrió en quebranto de los artículos 317, 370 y 379 del

CPC y el debido proceso, al acudir a presunciones humanas de que una persona

puede entrar o salir al país sin control de las autoridades, para rebatir el

hecho claro de que la actora no pudo otorgar su consentimiento ni plasmar su

firma en la escritura de traspaso del inmueble, pues quedó acreditado que no

estuvo en Costa Rica y que el pasaporte citado en la escritura no corresponde

al utilizado por ella en otros negocios. Por eso, insiste, existe un vicio

esencial en la compraventa y por tanto, es absolutamente nula. Señala, el Ad

quem reprochó que por desistimiento no se pudo llegar a determinar la falsedad

de la firma. Pero esa afirmación se contradice con el informe elaborado por la

Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, de folio

90 a 124. Agrega, el Tribunal desatendió lo dispuesto en el artículo 318,

inciso c), del CPC, volviendo a quebrantar el canon 330 Ibid., al no apreciar

la prueba en conjunto, minimizar y sesgar el referido informe, al indicar que

el A quo: “ (…) omite valorar que esa documental de la sumaria penal no es

un informe técnico que acredite la falsedad de la escritura pública, sino que

en el informe se plasman una serie de manifestaciones brindadas por la propia

actora a los investigadores de la Sección de Delitos Económicos (ver folios

1053, 106), y es por esto que esta prueba no puede ser contundente (…) ”.

Censura, este criterio contradice lo externado por la Sala Tercera al señalar:

“(…) El análisis, valoración y ponderación del informe policial, lo realiza

el Juez concatenando todos y cada uno de las restantes pruebas para determinar

así, si lo plasmado se ajusta a la verdad que se pretende (…)“ (sentencia

44 de las 9 horas 10 minutos del 4 de febrero de 2005). Estima, se infringió el

numeral 417 del CPC, pues se habla de presunción humana como medio de prueba,

en el tanto sea consecuencia deducida de un hecho comprobado en forma directa,

precisa y lógica; aspectos que se concatenan en el referido informe, y que el

Ad quem erró al apreciar, por no concederle el valor legal. Ese informe,

arguye, establece en forma concreta la participación delictiva del notario

Mario Alonso Carrillo Cruz y su asistente, el causante Luis Gerardo Guevara

Barrantes, en el acto impugnado por su representada, al señalar, entre otros

textos: “Analizando propiamente el documento que da origen a la fraudulenta

transacción, realizada ante la notaría del Licenciado Mario Alonso Carrillo

Cruz, hemos podido comprobar que quien adquiere el inmueble de la ciudadana

guatemalteca, señora Marta Leonor Recinos García de Busto es Asistente de dicho

notario por lo que una vez más se hace evidente, la relación que existe entre

ambos sujetos Carrillo Cruz y Guevara Barrantes, y como hacen mal uso de la Fe

Publica Registral y de la Fe Pública Notarial”. Acusa el recurrente, el

Tribunal no valoró la totalidad del informe por considerarlo que no es técnico,

minando su fuerza probatoria, lo cual quebrantó el canon 330 del CPC.

Segundo:

acusa violación directa de los numerales 1007, 1008, 1049 del Código Civil;

318, 330, 370, 371 del CPC. Expone, el contrato objeto de debate no se

perfeccionó porque la actora no compareció por estar fuera de Costa Rica el día

del otorgamiento; por ende, no existe acuerdo en cosa y precio. Reprocha la

consideración del Tribunal respecto a que no se demostró la falsedad de la

firma. Reitera las inconformidades que planteó en el primer agravio en cuanto a

la valoración de los documentos públicos que acreditan las entradas y salidas

del país; también la escritura pública de la supuesta compraventa. En un

apartado que denomina “ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA”, objeta la

apreciación del informe elaborado por la Sección de Delitos Económicos del

Organismo de Investigación Judicial. Censura, el órgano de alzada no valoró la

prueba en su conjunto, reiterando el quebranto del numeral 417 Ibid. Retoma el

susodicho informe, aludiendo a las diligencias que le dieron origen, a lo que

indica constituye la participación delictiva del notario Mario Alonso Carrillo

Cruz y de sus asistentes en diversos actos denunciados, incluyendo a quien

aparece como comprador en el negocio objeto de litis, Luis Gerardo Guevara

Barrantes. También da cuenta de la importancia que revisten las entrevistas

agregadas en ese informe, el análisis del testimonio de la escritura pública,

supuestamente otorgada por su mandante, en relación con los índices de

cartulación del notario Carrillo Cruz, el acta de decomiso donde se detalla la

escritura, la entrevista a la madre de Guevara Barrantes sobre la investigación

a su hijo. Añade, el Tribunal echó de menos el estudio grafoscópico de la firma

de la actora; sin percatarse que no pudo realizarse, ya que, como lo indica el

mismo informe “…se trató de localizar el protocolo noveno de dicho notario

con el fin de corroborar todas las escrituras que aquí se mencionan para

verificar sus matrices sin embargo, éste manifestó haberlo depositado en el

Archivo Nacional, sin ser esto cierto según información de dicha institución”.

Además, señala, como era de suponer, el protocolo nunca apareció; razón

fundamental por la que no se realizó ese estudio. En conclusión, afirma, el

informe es pieza fundamental para la valoración de los hechos, y así lo

entendió el A quo, de donde se desprende que el Superior incurrió en error al

apreciarlo, extrayendo hechos aislados para desvirtuar sus verdaderos alcances,

contraviniendo la conclusión que desprende al expresar: “Con todo lo

anterior, dejamos rendido el presente informe para lo que a su autoridad a

derecho tipifique, no sin antes hacer de su conocimiento de que el mencionado

notario Carrillo Cruz, además de los casos aquí expuestos, presenta gran

cantidad de instrumentos públicos sometidos a inscripción en el registro (sic)

Público de la Propiedad Inmueble, con vicios de nulidad idénticos a los que

aquí se han expuesto, y que por eso se le han presentado gran cantidad de

denuncias ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia”. En el mismo

cargo en referencia, el casacionista agrega el apartado: “ERROR EN LOS

MOTIVOS DE LA REVOCATORIA”, donde luego de transcribir un extracto del

fallo impugnado, resalta los principales temas con los que el Ad quem revocó la

sentencia de primera instancia y declaró sin lugar la demanda, los cuales

objeta de la siguiente manera:

Del conjunto de pruebas (certificaciones,

informe de la Sección de Delitos Económicos del Organismo de Investigación

Judicial, declaración testigos, inspección ocular, aceptación de hechos de la

demandada, prueba para mejor resolver) valoradas con las reglas de la sana

crítica, se infiere que las afirmaciones contenidas en la demanda son claras,

precisas y contestes con la relación de hechos.

De los aspectos señalados en

el citado informe, se puede arribar a dudas razonables que permiten derivar la

nulidad del acto de venta consignado en la escritura pública, lo que evidencia

la inaplicabilidad de la lógica que refiere el Tribunal, conteste con lo

dispuesto en el artículo 417 del CPC.

La experticia para establecer la

falsedad de la firma era de imposible cumplimiento, ya que el protocolo donde

se confeccionó la matriz nunca apareció; el mismo informe así lo expresa.

En

cuanto a la afirmación del Tribunal, en punto a que no se ofreció como testigo

al notario que otorgó la escritura, expresa el casacionista, aunque no es de

conocimiento de ese órgano, el notario Carrillo Cruz se encuentra en estado de

rebeldía con motivo de las diversas causas penales que continúa afrontando; no

obstante, considera difícil que en otras circunstancias se hubiera presentado

en el carácter que sugiere el Ad quem, por lo que tal criterio no es más que

una valoración subjetiva.

Por lo demás, refuta la afirmación respecto a que

toda la hipótesis para declarar la nulidad del acto se basó en la prueba de

entradas y salidas de la actora del país que, para ese despacho, no es un

indicio de peso que acredite la inexistencia del consentimiento. Sin embargo,

señala el recurrente, no es cierto que tal hipótesis se basara únicamente en

esa probanza, pues las diferencias de número de pasaporte, las

conclusiones del informe del Organismo de Investigación Judicial que establecen

la actividad delictiva del cartulante y de su asistente, son también hechos que

permiten arribar al mismo criterio del A quo, aspectos que no son analizados ni

mucho menos valorados por el Tribunal, en quebranto de los artículos 317, 318,

330, 369, 370 y 417 del CPC.

alega indebida aplicación canon

221 e inaplicación del 222, ambos del citado Código, por no eximirse a su

representada del pago de ambas costas, en virtud de haber litigado de buena fe,

al ejercer un derecho y estar legitimada a través de los actos procesales

llevados a cabo.

A criterio del

Tribunal, el análisis en torno a la carga de la prueba en el presente caso,

apunta a que la actora es la llamada a demostrar fehacientemente la nulidad de

la escritura pública. Sin embargo, la pretensión fundamental de la demanda se

dirige a que se anule “el acto de venta consignado en la escritura”.

Ello, en virtud de no haber comparecido, personalmente ni mediante apoderado, a

realizar dicho acto. Además, estima el Ad quem, según el canon 317, inciso 1,

del CPC, la demandante debió acreditar su no comparecencia a brindar el consentimiento

en esa venta. Pero más adelante, estima, los indicios que consideró el A quo,

básicamente, el informe elaborado por la Sección de Delitos Económicos del

Organismo de Investigación Judicial, el irrisorio precio por el que se realizó

el negocio (¢100.000,00) y la circunstancia de que la señora Reginos García de

Busto no se encontraba en el país al momento de la venta, no son suficientes

para acreditar “(…) la falsedad de la escritura de compraventa”. Debe

precisarse que para esa Sala no se está pretendiendo se anule la escritura en

sí misma, sino el negocio jurídico que el notario Mario Alonso Carrillo Cruz

consignó en la escritura, en virtud del cual, indicó en ese documento, la

señora Reginos le vendió un inmueble de su propiedad al señor Luis Gerardo

Guevara Barrantes, cuya sucesión figura como demandada. En síntesis, la nulidad

peticionada lo es respecto al contrato traslativo de dominio, a partir de lo

cual se desgranan el resto de extremos petitorios que quedaron establecidos en

el considerando I de esta sentencia. Sobre este extremo el Tribunal considera: “…ello

implica que a raíz de la invalidez pretendida, las pruebas ofrecidas debían

demostrar de forma precisa las aseveraciones contenidas en la demanda”.

Luego agrega: “Reiteramos que ante un supuesto de tanta trascendencia como

lo es la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, se deben ofrecer

pruebas claras y precisas de las que se pueden inferir la veracidad de las

afirmaciones contenidas en la demanda. Incluso, a través de deducciones

lógicas, se puede llegar (sic) presunciones que permitan establecer

estas afirmaciones. No obstante, en el sub-júdice, no existen estas pruebas…”.

Conviene aclarar, a propósito de esas afirmaciones, es lo usual que en los

asuntos donde se debate sobre la nulidad de actos jurídicos, con base en la

comisión de fraudes u otras ilicitudes, no exista prueba directa o en alto

grado precisa, que permita acreditar, de ese modo, las afirmaciones que hace la

parte actora, respecto a los hechos acaecidos en que fundamenta el vicio o la

irregularidad. Por lo general, se trata de conductas que aparentan no solo el

apego a las formas jurídicas propias del correspondiente acto o negocio, sino

también la concurrencia de los elementos sustanciales de la respectiva contratación.

Por eso el legislador, frente a situaciones como la descrita, confiere al

órgano encargado de resolver el conflicto, amplias facultades de apreciación

probatoria, a fin de que considere, mediante su prudente criterio, las

circunstancias que rodean el caso concreto. A partir de allí determinará,

incluso mediante indicios claros, precisos y concordantes, si los hechos en que

se apoya la nulidad reclamada, dan base para tenerla por establecida. En esto

radica, por ejemplo, la doctrina del canon 978 del Código Civil al disponer: “En

los juicios sobre rescisión y nulidad de actos y contratos del insolvente, y en

los que versen sobre fraudes para obtener el arreglo con los acreedores, es

admisible toda clase de pruebas. La convicción legal del Juez para decidir

dichos juicios, no está sujeta a las reglas positivas de la prueba común. La

calificación de la que obra en autos y el completarla en caso de insuficiencia,

con el juramento necesario, queda al prudente arbitrio del Juez, quien así para

ello como para pronunciar su sentencia, debe atender a la totalidad de las

circunstancias y probanzas que los autos del concurso suministren”. Al

contener esta norma semejante supuesto de hecho al que subyace en asuntos como

el presente, es clara su aplicación al tenor de lo establecido en el numeral 12

Ibid. De todas maneras, las reglas de la sana crítica resultan ser de

indiscutible pertinencia en estos casos, en cuya virtud, el juzgador debe

afinar su criterio valorativo, con respaldo en lo indicado en el canon 330 del

CPC, estimando, además, la incorporación de los indicios como fuentes de

convicción admisibles en el proceso civil, al tenor de lo establecido en el

numeral 318, inciso 7), del mismo Código. En virtud de lo expuesto, esta Sala

procede al análisis de las circunstancias que han rodeado a esta litis, en

orden al pronunciamiento en examen y a los cargos que lo combaten.

V.-

Los indicios, por sí solos, no son suficientes para ser considerados elementos

fidedignos a estimar en el sub lite. Pero la técnica estriba en establecer

vínculos con los demás elementos de convicción, para derivar circunstancias que

revelen la veracidad de las afirmaciones que hace la actora como apoyo de sus

pretensiones. A juicio del Tribunal, la base probatoria de la demandante se

asienta, sobre todo, en la prueba que establece las entradas y salidas del

país. Sin embargo, es lo cierto que al lado de esa probanza existen otros

elementos, los cuales, en su análisis en conjunto, como lo exige el canon 330

del CPC, determinan aspectos de relevancia. Con todo, respecto a la referida

probanza, como bien lo apunta el recurrente, se trata de documentos públicos,

cuya fuerza probatoria, que consagra el canon 370 Ibid., se ha de mantener

incólume, pues nada permite contrariar la veracidad y existencia material de

los hechos que en ellos se afirman. El Ad quem estima que esa documental no es

prueba contundente, pues de acuerdo a la experiencia, las personas pueden

ingresar y salir del país burlando el control de las autoridades migratorias.

No obstante, esta afirmación se fundamenta en los supuestos anómalos que en

ocasiones acontecen, no así en las circunstancias lícitas y normales a las que

se refiere la susodicha prueba. Es decir, aunque es lo cierto que una persona

puede sortear los registros migratorios de ingreso y salida del país, no es

dable concebir que siempre ocurre de esa manera, ni generalizar que por algunos

casos hay que partir de la ineficiencia de los servicios y controles que

brindan de las autoridades de migración. Tampoco que en todos los casos los

informes rendidos por las correspondientes autoridades resultan ser infundados

o contrarios a la realidad. Al fin y al cabo, constituyen el medio oficial para

patentizar las entradas y salidas del país. Además, en el caso concreto no hay

base alguna que permita siquiera presumir que actora se ha valido de medios

ilícitos para inducir a error a las autoridades migratorias y jurisdiccionales,

haciendo creer, contrario a la realidad, que no estuvo en el país cuando se

suscribió la escritura, o que es ella quien intenta, ilícitamente, anular un

contrato válido. Más bien, es un hecho incontroversial e indiscutible, que es

nativa de Guatemala y que su lugar de residencia es en ese país. Por ello, no

existe fundamento alguno para estimar que haya actuado de un modo irregular.

Antes bien, por su iniciativa se han gestado diversas acciones, ante distintas

entidades, para que se descubra la verdad real de los hechos que afirma, en

cuenta la presente demanda. En esta virtud, esta Sala estima que se le debe

mantener el valor de plena prueba que la ley le asigna a esa documental (de

folios 16, 17, 389, 390, 501), como el A quo lo reconoció en el fallo de

primera instancia. No es necesario entrar a debatir sobre los diversos

pasaportes de la actora ni en torno a cuestiones referentes a los números que

presentan. En todo caso, la documental alude a ella con sus nombres y

apellidos, de modo que para esta Cámara no existe duda alguna de su identidad.

Así las cosas, el Tribunal incurre en el quebranto de los numerales 370 del CPC

y 110 del Código Notarial, en relación con las normas 627, 1007 y 1008 del

Código Civil, en tanto, determinado que la actora no se encontraba en el país

al momento del susodicho negocio, no puede tenerse por establecido su consentimiento

para celebrarlo.

Tómese en cuenta, como

corolario de las aludidas gestiones de la actora, se tramitaron las diligencias

administrativas ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble, para la

anotación de una advertencia en el asiento regitral del inmueble implicado en

este asunto (folios 19 y 22), que tiene por base, en esencia, los mismos hechos

que han servido de fundamento en el presente asunto. En igual sentido sirvieron

de apoyo para la elaboración del informe de investigación de la causa penal, a

cargo del Organismo de Investigación Judicial (folios 90 a 113). Es decir,

concurren los mismos datos referenciales, vitales en los diferentes

requerimientos que ha hecho la señora Reginos, para el resguardo de su derecho

de propiedad, sin que ellos determinen siquiera la menor duda de que se trata

de un ardid de su parte para anular un negocio lícito; todo lo contrario.

El Tribunal le resta

mérito al indicado informe que asienta la investigación realizada en torno a la

denuncia 7359-95 contra el notario Mario Alonso Carrillo Cruz y el causante

Luis Gerardo Guevara Barrantes por no tratarse, en su criterio, de un informe

técnico que acredite la falsedad de la escritura pública, sino, según estima,

por plasmar una serie de manifestaciones brindadas por la propia actora a los

investigadores. Contrario a esa tesis, para esta Cámara la documentación sí

reviste gran importancia. Por supuesto, debe contener manifestaciones de la

señora Reginos, pues precisamente ha sido ella quien ha realizado las diversas

gestiones como afectada directa. Pero también esa investigación tuvo por base,

referencias suministradas por una funcionaria del Registro Público. Es notoria

la coincidencia de elementos que se tomaron en cuenta en esas pesquisas respecto

a los hechos fundamentales de la demanda en este ordinario, cuando se considera

la denuncia de la señora Reginos sobre la negociación en la que dijo no asistir

ni brindar su consentimiento por encontrarse fuera del país. También del

referido informe se desprende la multiplicidad de denuncias que se dirigieron

contra el notario Carrillo Cruz, a cargo de la celebración del contrato de

compraventa y de la escritura pública que lo plasmó, sobre el que la actora

dirige su pretensión de nulidad. Es decir, el cartulante ha sido investigado

por hechos similares a los que la actora ha manifestado y reiterado, incluso,

el informe menciona que otros ofendidos son extranjeros, como también lo es la

señora Reginos. De igual manera, las diligencias útiles de la investigación

establecen, según se indica en el informe, que algunos de los denunciados que

se investigaron como adquirentes de inmuebles, fueron asistentes del notario.

Expresamente se menciona esa característica en la investigación del señor Luis

Gerardo Guevara Barrantes, causante de la sucesión demandada. Por lo demás,

resulta palpable la circunstancia de que ese individuo, supuesto comprador,

pese a una cita que se le dejó para que se presentara en la oficina del

Organismo de Investigación Judicial, no asistió; incluso, no fue posible

localizarlo para la entrevista. A folio 105, punto 3, se expresa que la señora

Reginos fue enviada a la Sección de Grafoscopía para que se le tomara el cuerpo

de escritura a fin de establecer la falsedad de su firma en la escritura y en

el testimonio. No pudo llevarse a cabo, no por negligencia de la denunciante y

aquí actora, sino, como lo dice el informe a folio 107, punto 7: “…no

pudimos confrontar el testimonio cuestionado con la matriz de protocolo, por

cuanto éste lo mantiene en uso y no será hasta cuando logremos el decomiso del

mismo que se puedan realizar, todas las comparaciones de las diferentes firmas

que en las escrituras mencionadas en las otras denuncias y en ésta, presentan

vicios de nulidad al haber sido otorgadas”. Se agrega a folio 111: “Es

de hacer de su conocimiento que se trató de localizar el protocolo noveno de

dicho notario, con el fin de corroborar todas las escrituras que aquí se

mencionan para verificar sus matrices, sin embargo, éste manifestó haberlo depositado

en el Archivo Nacional, sin ser esto cierto según información de dicha

institución”. En síntesis, el notario que celebró el supuesto

contrato, al que la actora niega haber concurrido a brindar su consentimiento,

ha sido parte de investigaciones en las que aparece implicado en negocios

irregulares del mismo tipo que ella ha descrito sufrir en su perjuicio, como

también lo han sido otros extranjeros. Al igual que como se indica en el

informe investigación, también figuran como investigados sujetos que fungieron

como asistentes de ese profesional, en cuenta el señor Luis Gerardo Guevara

Barrantes, a la postre, quien aparece como adquirente del bien, pero sin que

fuera entrevistado en esas diligencias por no concurrir a la cita ni lograr

ubicarse. Estos elementos son determinantes para ir completando el cuadro

fáctico de la ilicitud que la actora describe, para sostener la veracidad del

reclamo de nulidad e indemnizatorio. Se reitera, deben valorarse en conjunto

con los demás aspectos que han girado en torno al presente asunto, en cuenta,

la accionante presenta documentos que reportan no haberse encontrado en el país

el día en que se dice celebró el contrato, como también el detalle sobre el

monto que se consignó como precio de venta.

Según se indicó en el

testimonio de la escritura en cuestión (folios 5 a 8), el precio del inmueble

que se dijo negociado, ascendió a ¢100.000,00. Desde luego, es una suma a todas

luces irrisoria. Pero el Tribunal descalifica esa circunstancia como indicio de

la ilicitud del contrato, manifestando que es usual que se establezcan montos

bajos con el propósito de reducir el pago de impuestos. Sin embargo, en el

presente asunto ninguna circunstancia ha evidenciado o al menos permitido

sugerir, que la señora Reginos esté pretendiendo evadir obligaciones fiscales;

ni siquiera quien figuró como el supuesto adquirente. Tampoco hay base para

suponer que ella es una persona que ha participado de conductas de ese tipo. Al

contrario, el centro del debate ha girado en torno a la acusación y al reclamo

de fraudes perpetrados en su contra, como así lo ha denunciado y demandado. Por

consiguiente, el Tribunal ha aplicado con error una presunción que desmerece un

indicio de relevancia, el cual se suma a las demás circunstancias analizadas,

esto es, el irrisorio monto que se consignó como precio de venta. Ello

quebranta el numeral 417 del CPC como así lo acusa el casacionista, también al

objetar que no se haya rendido valor al documento de entradas y salidas, según

se examinó. De este modo, existe base probatoria suficiente para tener por

establecido que el contrato de compraventa que consigna la indicada escritura

pública, no se celebró en realidad, pues quien aparece como compradora no

asistió a la celebración de ese acto, ni siquiera estaba presente en Costa

Rica, a lo que se agregan los demás elementos que desprenden la ilicitud del

negocio; por ende, al no brindarse el consentimiento no puede concebirse

perfecto el contrato, que por lo mismo deviene nulo.

El Tribunal echa de

menos el estudio grafoscópico de la firma; pero como se analizó en el

considerando VIII, no fue posible realizarlo porque, según se indica en el

informe examinado, el notario no facilitó el protocolo y manifestó haberlo

depositado, lo cual no fue cierto porque los investigadores pretendieron

recabarlo, pero la dependencia administrativa encargada expresó que no estaba

en depósito. Entonces, el que no estuviese disponible el protocolo y con ello

no pudiese realizarse la prueba grafoscópica, constituye otro indicio de que

esa desaparición forma parte de toda la cadena de hechos que generaron y

aseguraron la ilicitud en el negocio jurídico.

Finalmente, el Ad quem

censura que la actora no haya ofrecido como testigo al notario que otorgó la

escritura. El recurrente explica, a modo de información, que esa persona es

rebelde en las causas penales que enfrenta. Pero también expone sobre lo

difícil que hubiese sido presentarlo en la calidad de testigo, como lo sugiere

ese órgano. Sin mayor comentario al respecto, es claro para esta Sala, de

ninguna manera se hubiese esperado que la demandante ofreciera como testigo a

quien fuera el cartulante que celebró el negocio irregular.

En consecuencia, en el

fallo impugnado se desconoce la importancia de las pruebas e indicios

descritos; vulnerándose los artículos 330, 370, 417 del CPC; 110 del Código

Notarial; 627, 1007 y 1008 del Código Civil, preceptos, estos últimos, que el

Tribunal considera como la normativa pertinente a considerar cuando se trata de

la declaratoria de una nulidad fundamentada en que quien aparece como

enajenante no se encontraba en el país al tiempo de celebrarse la compraventa.

En definitiva, al abrigo de la valoración en conjunto de los elementos de

convicción analizados, es claro que se verificó un contrato irregular, en los

términos demandados, lo que conlleva anular el fallo recurrido y, resolviendo

por el fondo, acoger la demanda como lo hizo el A quo. En este particular,

considerando la oposición que en su momento hizo la demandada al fallo de

primera instancia, debe resaltarse, el A quo justificó la condenatoria del daño

moral y la cuantificación la hizo sobre la base de la naturaleza in re ipsa, en

cuya virtud esa autoridad la determinó según su prudente arbitrio, sin que por

ello se conciba violación jurídica alguna; por supuesto, condenó en el

entendido de que el señor Luis Gerardo Guevara Barrantes participó directamente

en la negociación fraudulenta, incluso, figurando como adquirente del inmueble.

En vista de su deceso, corresponde asumir esa deuda a la sucesión,

independientemente de que resultara ajena o no a la materialización de los

hechos y antecedentes de este asunto, pues como lo dispone el canon 521 del

Código Civil, la sucesión no solo comprenderá los bienes y derechos del

causante, sino también las obligaciones. Por lo demás, la temática de quién

ostenta la posesión actual del inmueble en conflicto y la calidad en que se

ejerce, es ajena a lo que se ha debatido en este proceso. Tampoco compete aquí

determinar responsabilidades penales de los implicados en el negocio irregular,

ni resulta indispensable que haya recaído alguna sentencia u otro

pronunciamiento en sede penal para juzgarse civilmente en los términos en que

en este proceso se ha dispuesto.