Resolución 00489-2008

1.-

La Jueza

María Auxiliadora Cruz Cruz, en sentencia de las 10 horas 30 minutos del 24 de

julio de 2007, resolvió:“De conformidad con lo expuesto, y en concordancia

con lo estipulado en los artículos 19, 176-180, 968-985 del Código de Comercio,

449 del Código Civil, 221, 222, 298-300, 307 del Código procesal Civil, SE

DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PREVIA DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por la

demanda. CADENA COMERCIAL RAMONENSE SOCIEDAD ANÓNIMA contra THAIS LÓPEZ

VALENCIANO, en consecuencia, sin entrar a considerar si se configura o no

la nulidad alegada, se declara prescrito el derecho de esta última parte a

que se le reconozca y decrete la nulidad del acuerdo número dos, tomado en la

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima Cadena

Comercial Ramonense, celebrada a las catorce horas del día tres de diciembre de

mil novecientos ochenta y nueve. Son ambas costas de este proceso,

entiéndase personales y procesales, a cargo de la parte acto.”

La actora apeló, y el

Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, integrado por los

Jueces Max Baltodano Chamorro, Alicia Salas Torres y Ulysses Calderón González,

en sentencia no. 143-07-CI de las 15 horas 40 minutos del 21 de noviembre de

2007, dispuso: “Se confirma la resolución apelada.”

La actora formula

recurso de casación por razones de fondo. Alega violación de los artículos 176

y 177 en concordancia con el 976 inciso g) del Código de Comercio; así como los

numerales 222 y 223 del Código Procesal Civil.

Para celebrar la vista

se fijaron las 8 horas del 23 de julio de 2008, oportunidad en que hicieron uso

de la palabra los licenciados Ricaute Jiménez Araya y Ericka María Jiménez

Arias, el primero abogado director de la actora y la segunda en calidad de

apoderada especial judicial de la demandada.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

I.-

El 3 de diciembre de 1989, en asamblea general extraordinaria de accionistas de

la Cadena Comercial de Detallistas Ramonenses Sociedad Anónima (hoy Cadena

Comercial Ramonense S.A.), mediante acuerdo segundo se decidió aumentar el

capital social en ¢5.492.000,00, dejándolo establecido en ¢5.580.000,00. El 20

de julio de 1990, lo acordado quedó inscrito en la Sección Mercantil del

Registro Público, al tomo 621, folio 27, asiento

El socio Fernando López

González, suscribió 30 acciones de ¢1.000,00 cada una. Además, se dispuso

modificar el valor nominal de las acciones a ¢30.000,00, cada título. Al

momento del incremento don Fernando tenía canceladas dos acciones de ¢1.000,00,

¢26.935,48 por utilidades acumuladas y ¢1.000,00 en efectivo, sumando

¢29.935,48, monto que se redondeó a ¢30.000,00, para cubrir una acción. Posteriormente,

en razón de las utilidades acumuladas su participación se fue capitalizando,

hasta llegar a tener al 15 de marzo del 2006, 1.345,39 títulos de ¢500,00 cada

uno. El 8 de marzo del 2007, la señora Thais López Valenciano, como heredera de

las acciones de su padre Fernando López González, presentó demanda contra la

Cadena Comercial Ramonense S.A. (en lo sucesivo la Cadena Comercial), la cual

fue notificada el 17 de abril de ese año. La actora pretende, se anule el

acuerdo segundo, tomado en asamblea general extraordinaria de accionistas de la

demandada, el 3 de diciembre de 1989, o en su defecto, se ordene al Registro

Público cancelar dicha inscripción, y, se condene a la accionada al pago de

ambas costas. La Cadena Comercial contestó negativamente, opuso la defensa

previa de prescripción y las excepciones de falta de: derecho, interés actual y

legitimación. El Juzgado al conocer de la primera, declaró prescrito el derecho

de la demandante a que se le reconociera y decretara la nulidad pedida, asimismo

condenó a la vencida al pago de las costas. El Tribunal confirmó la sentencia.

La actora formula recurso de casación por el fondo.

II.-

De

previo a la exposición de los motivos desarrollados por la recurrente, es

menester referirse al documento presentado junto con el recurso de casación. Se

trata de una copia certificada de la protocolización de un acta en el sucesorio

del señor Fernando López González. Pese a que no hace solicitud expresa, se

extrae la presenta a efectos de que sea tenida como prueba para mejor proveer.

Sobre el particular el numeral 609 del Código Procesal Civil dispone que ante

esta Sala no se podrá proponer ni recibir prueba ni se podrá admitir para mejor

resolver, salvo que se trate de documentos públicos de influencia efectiva en

la decisión de la litis. Pese a que el documento que se aporta es una

certificación de un acta judicial, correspondiente a un proceso

sucesorio, lo cierto es que ya había sido aportada, encontrándose visible a

folios 62 a 64 del expediente. De ahí, que no proceda su admisión,

si ya se halla agregada en autos.

III.-

alega violación directa de los artículos 176 y 177 en relación con el 976

inciso g), todos del Código de Comercio. Indica, el fallo recurrido, confirma

la excepción de prescripción dictada por el A quo, con fundamento en el

artículo 177 dicho, que la fija en un año desde que se adoptó el acuerdo

societario. No obstante, asevera, ha argumentado que, en su caso operó la

suspensión, establecida en el inciso g) del artículo 976 recién citado.

Expresa, esa norma estipula que la prescripción no corre entre el deudor y el

acreedor, cuando aquel haya ocultado con dolo la existencia del crédito, caso

en que el término comenzará a computarse al descubrirse aquél. De ahí, afirma,

si el dolo existe al disponerse del crédito, aunque se sobrepase el año en que

se adoptó el acuerdo, el plazo de prescripción empezará a correr hasta que se

conozca de su existencia. Lo cual, asevera, ocurrió cuando fue informada,

mediante nota del 15 de marzo del 2006 (visible a folios 2 y 3), que utilizando

“¢26,935.48 por utilidades acumuladas” pertenecientes a su padre, se

aumentó el capital accionario de la demandada. Afirma, eso implica, al

disponerse de esa suma, la Cadena Comercial se convirtió en deudora de la

sucesión, abierta en aquel momento. De ahí, apunta, con dolo se le ocultó la

existencia del crédito, aprovechando que su progenitor había fallecido, y,

además se dejó de informar a la sucesión la forma en que se utilizó el dinero

propiedad del causante. Contrariamente, manifiesta, con pleno conocimiento y

voluntad, a sabiendas de esa ausencia, permitió o aceptó con su silencio, que

el Notario al protocolizar el acta indicará “... que a la asamblea asistió

la totalidad del capital social de la empresa...”, sin que fuera cierto.

Igualmente, afirma, el acta refiere que sesionaron en “segunda convocatoria por

no haber el quórum requerido en la primera”, sin hacer referencia a la

incorporación de nuevo capital accionario, durante el desarrollo de la

asamblea. Agravándose lo ocurrido, pues se consignó que el señor Fernando

López González, ya fallecido, también lo había suscrito. En su criterio,

lo expuesto, se hizo con el propósito de legitimar su indebido actuar. Señala,

no se detuvo ahí, sino que de inmediato se modificó el valor nominal de las

acciones a ¢30.000,00 cada una. Acto seguido, asientan que su progenitor tenía

pagas dos acciones de ¢1.000,00 cada una, ¢1.000,00 en efectivo y ¢26.935,48

por utilidades acumuladas, sumando apenas ¢29.935,48. Sin embargo, en

aquel momento optaron por redondear ese monto, hasta completar los ¢30.000,00,

con que se registró la participación accionaria a partir de esa asamblea. Sea,

reprocha, pese a haberle pertenecido dos acciones debidamente consolidadas de

las 88 que componían el capital social. Por ende, considera, debió gozar de una

donación de ¢64,52, no se sabe de quién y sin ser aceptada, para alcanzar los

¢30.000,00 que costó la acción. Aduce, el capital accionario debe ser

real, no una invención numérica. En todo caso, razona, de haber surgido la

referida donación, de conformidad con las estipulaciones del artículo 1399 del

Código Civil, nace el problema de no haber sido aceptada, en consecuencia no

tiene el efecto jurídico que la demandada pretende, y de mantenerse el acuerdo

objetado, no sería dueña ni de una acción al no alcanzar su valor.

Segundo:

acusa de nuevo quebranto de los ordinales 176 y 177, en relación con el 976,

todos del Código de Comercio. Manifiesta, erróneamente se confirma la defensa

de prescripción; atendiendo solo lo dispuesto en el precepto 177 ibídem, en

cuanto al plazo anual, sin tomar en cuenta lo establecido en el canon 976

ibídem. Expone, aunque se inscribió en el Registro Público, y tuvo publicidad

registral, al no conocer del dolo que la afectó, el plazo debe empezar a correr

desde que se enteró, o sea, el 15 de marzo del 2006, fecha de la misiva firmada

por el presidente de la accionada, mediante la que se enteró de la irregular

disposición de las utilidades acumuladas pertenecientes primero a su padre,

luego a la sucesión y finalmente a su persona. Reprocha, sirvieron para

aumentar el capital social de la demandada, con el consiguiente y

desproporcionado beneficio de otros accionistas respecto al suyo. No obstante,

agrega, actuando de buena fe, de inmediato acudió ante la sociedad, para que

vía asamblea corrigiera lo actuado, sin lograrlo, por lo que planteó este

proceso. Reitera, ese acuerdo contraviene el artículo 176 incisos a) y b) del

Código de Comercio, ya que algunos de los socios presentes, con un pequeño

aporte económico de ¢13.000,00, a excepción de uno de ellos que pagó ¢52.000,00

(según acta visible a folios 4 al 14), se adjudicaron 150 acciones de mil

colones y otros 300 acciones de mil colones, sin explicar el por qué de esa

diferencia. Arguye, es notoria la similitud de los aportes, lo que contrasta es

la distribución de acciones y la irracional asignación de solo una a su padre.

Hace notar, antes del aumento de capital objetado, solo existían 88 títulos

accionarios y si dicha suscripción la efectuaron 35 socios (folio 11), esto

implicaría que al quedar su progenitor con una acción y los otros socios con 5

y 10 de ¢30.000,00, con su aporte de ¢13.000,00, necesariamente tendrían

que tener antes de la suscripción un mayor número de acciones respecto a las 2

de su padre. Entonces, se pregunta: si tenían una acción más que su padre, de

dónde proviene esa significativa diferencia, en las utilidades acumuladas?

Luego, si se considera que esos restantes, 34 socios contaban con 3 acciones

cada uno, sumarían 102 acciones, más 2 de su progenitor, 104, o sea, 16 más, de

las 88 existentes. Cuestiona: ¿Cómo se justifica, si únicamente existían

88 títulos, antes del aumento? Más grave, señala, es que como resultado del

acuerdo objeto de la demanda, tres socios quedaron con el doble de acciones,

respecto a los otros que también aportaron ¢13.000,00, para presuntamente pagar

el incremento de capital. Aduce, sin duda alguna, se visualiza el actuar doloso

en contra de su padre y de otros socios, aunque estos últimos afectados en una

menor medida.

una vez más arguye conculcados los artículos 176

y 177, en relación con el 976 inciso g), todos del Código de Comercio.

Manifiesta, al momento en que se aprobó el acuerdo objetado, se encontraba en

trámite el proceso sucesorio de su padre y ella no era aun dueña del capital

accionario del causante, como para proceder dentro del año inmediato después al

acuerdo o inscripción registral del acta. Además, indica, se constituyó

propietaria del capital accionario y sus consiguientes derechos a partir del 7

de diciembre de 2002, al adjudicarse las acciones 75 y 76, que tenía su padre

en La Cadena Comercial. Lo anterior, de conformidad con el informe rendido por

Yolanda Orlich Ramírez, representante de dicha empresa, así valoradas por el

perito nombrado por el despacho, presumiéndose que al momento de la

adjudicación, se encontraban como fueron valoradas, según se establecía

en el acta protocolizada (folios 62 a 64), y, cuyas copias del protocolo

debidamente certificadas adjunta como prueba de lo anterior. En consecuencia,

reprocha, le era materialmente imposible promover el reclamo aludido, dentro

del año posterior a su acuerdo o inscripción; primero por ignorarlo y segundo

por no ser todavía la dueña de los títulos. Explica, debido a lo acordado en la

indicada asamblea, tanto el despacho donde se tramitaba el sucesorio de su

padre, como el notario al protocolizar las piezas, incurrieron en el error de

hacerlo con base en dos acciones de mil colones, cuando hoy sabe que para ese

entonces, había una acción de ¢30.000,00, a diferencia de los restantes socios

que se adjudicaron 5 y 10 acciones respectivamente.

reprocha

quebrantados los ordinales 222 y 223 del Código Procesal Civil, ya que el Ad

quem resolvió: “El eximir a la parte vencida en costas, es facultativo para

el Juzgador, y procede siempre y cuando existan suficientes elementos objetivos

para presumir que litigó de buena fe. En la especie, no se evidencian con

claridad dichos elementos. Obsérvese que se pretende la nulidad de acuerdo a

pesar de que el plazo de prescripción había transcurrido sobradamente. En

consecuencia, estima este Tribunal que no procede eximir a la actora del pago

de las costas.” Lo cual dice no compartir, ya que en su criterio, es

injusta e improcedente, razón por la que al amparo del artículo 222 del Código

Procesal Civil, en concordancia con el 223 del mismo Código. Expresa, se le ha

de eximir del pago de ambas costas, aunque se acoja la defensa de prescripción;

ya que ha litigado con evidente buena fe, no solo por limitar la estimación al

capital accionario aumentado objeto de la nulidad, renunciando al cobro de

daños y perjuicios; si no porque accionó convencida de estar amparada a

la suspensión del plazo prescriptivo, establecido en el articulo 976 inciso g)

del Código de Comercio, conforme lo expuesto en los motivos anteriores.

Adiciona, consta en autos ha sido la demandada quien la ha perjudicado

injustamente, al usar de manera indebida las utilidades acumuladas, las cuales

al momento de la asamblea pertenecían a la sucesión de su padre, y no

eran susceptibles de uso en forma alguna, salvo que se contara con autorización

expresa al efecto, máxime, señala, siendo conocedora la demandada de su muerte

y de la existencia de proceso sucesorio, pues tuvo que rendir informe al señor

Fernando Saborio Cruz, perito nombrado al efecto por el despacho en que se

tramitaba dicho sucesorio (ver folio 63). Agrega, por otra parte, aceptó con su

silencio, el Notario indicara que a la Asamblea del 3 de diciembre de 1989,

había asistido la totalidad del capital social de la empresa, cuando como

mínimo, su padre o representante de éste, no asistió, pese a formar parte de

ese capital social.

IV.-

Primero, segundo y

en los tres primeros agravios, la recurrente

aduce quebrantados los ordinales 176, 177 y 976 del Código de Comercio, de ahí,

que se conozcan en conjunto. En estos reparos, en su orden, recrimina, operó la

suspensión de la prescripción prevista en el inciso g) del artículo 976 del

Código de Comercio, porque la demandada ocultó con dolo la existencia del

crédito; que solo se tomó en cuenta el plazo anual sin considerar lo dispuesto

en el precepto recién citado. Indica, pese a la publicidad registral del

acuerdo que se pretende anular, al desconocerse la actuación dolosa, el plazo

empezó a correr hasta que se enteró de ésta última. Finalmente, que el

fenecimiento de la acción no es viable, ya que al momento de las actuaciones de

la asamblea de socios, el sucesorio de su padre se encontraba en trámite, por

lo que no podía proceder. Además, que se constituyó propietaria del capital

accionario hasta el 7 de diciembre de 2002. Estos tres agravios, si bien la

recurrente los plantea como infracción directa de ley, refieren a un quebranto

indirecto, pues apuntan a una errónea valoración de la nota de fecha 15 de

marzo de 2006; el acta notarial donde se protocoliza la asamblea general

extraordinaria de la demandada, celebrada el 3 de diciembre de 1989; la

inscripción en el Registro Público de ese instrumento; así como el hecho de que

para ese momento se encontraba en proceso el sucesorio de su padre, no había

sido declarada adjudicataria de la participación accionaria del causante; y, el

informe rendido por Yolanda Orlich Ramírez, representante de la accionada. En

concreto, alude a errores de derecho, al considerar que de apreciarse esas

pruebas en su correcta dimensión, se debió tener por no operada la

prescripción. Esta Sala, en cuanto este tipo de yerro ha dispuesto que: “Estriba

en otorgar a las pruebas un valor legalmente indebido, o en negarles el propio.

Cuando se alega error de derecho, es necesario indicar las normas infringidas

concernientes al valor de los elementos probatorios apreciados erróneamente, y

en las dos clases de errores, de hecho y de derecho, es indispensable señalar

también las leyes infringidas en cuanto al fondo, como consecuencia de los

errores de apreciación reclamados; asimismo, ha de señalarse con igual rigor,

cuáles fueron las pruebas mal apreciadas y en qué consisten los yerros

cometidos (artículos 595 inciso 3° y 596 del Código Procesal Civil)” (No.

31 de las 14 horas con 45 minutos del 20 de mayo de 1994). En el caso, la

casacionista enumera las normas de fondo eventualmente infringidas, no

obstante, omite hacer referencia a las del valor probatorio de las pruebas cuya

errónea apreciación se endilga al fallo recurrido, lo que torna informal el

recurso. No obstante lo anterior, abundando en razones, se hacen las siguientes

consideraciones. En la especie, se pretende la nulidad del acuerdo segundo de

la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Cadena Comercial

Ramonense S. A., celebrada el 3 de diciembre de 1989. En este se aumentó el

capital social, así como el valor nominal de las acciones. Sobre el particular

es fundamental traer a colación lo establecido en el Ordenamiento Jurídico

nacional al respecto. El ordinal 19 del Código de Comercio, establece: “La

constitución de la sociedad, sus modificaciones, disolución, fusión y

cualesquiera otros actos que en alguna forma modifiquen su estructura, deberán

ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados en extracto en

el periódico oficial e inscritos en el Registro mercantil”. El inciso a)

del precepto 984 ibídem, dispone: “Salvo lo expresamente dispuesto en otros

capítulos de este Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben

en cuatro años, con las siguientes salvedades que prescribirán en un año: a)

Las acciones de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de

accionistas o consejos de administración de sociedad comerciales; las de

reclamaciones por vicios de las cosas vendidas con garantía de buen

funcionamiento; y las de responsabilidad de los administradores, gerentes,

directores y demás miembros de la administración de sociedades”. Y, el

canon 177 del Código que se viene citando, estipula: “La acción de nulidad a

que da derecho el artículo anterior se regirá por las disposiciones del derecho

común, y prescribirá en un año, contado desde la fecha en que se adoptó el

acuerdo o de su inscripción en el Registro Mercantil, si esta inscripción fuere

necesaria”. En consecuencia, conforme lo normado en los artículos recién

trascritos, tratándose de una modificación al pacto constitutivo, era menester

inscribirla en la Sección Mercantil del Registro Público, como se hizo. De ahí,

en este caso, el plazo de prescripción empezó a correr al momento de quedar

debidamente inscrita, sea, el 20 de julio de 1990, y, se cumplió el 20 de julio

de 1991. Por ende, bien hizo el Tribunal en declararlo de esa forma. Por otra

parte, sobre el momento en que se inicia su computo, es claro, es al instante

en que se inscribió en el Registro Público, no a partir de que la actora recibe

la misiva del 15 de marzo de 2006, en la que se le dio respuesta a una

solicitud de su parte, pues, constaba de manera pública en el asiento

correspondiente de la Sección Mercantil del Registro dicho. Por ello, tampoco

puede aceptarse la tesis de la recurrente, en el sentido de que lo acordado se

ocultó de manera dolosa, ya que la demandada actuó conforme a derecho. Además,

respecto al hecho de que el sucesorio de su padre se encontrara en trámite, y,

las acciones se le adjudicaran hasta el 7 de diciembre de 2002, no son

motivos aptos para interrumpir la prescripción. Ha de recordarse, la

sucesión cuenta con el albacea, órgano encargado de administrar los bienes del

difunto, hasta el momento en que se entreguen a los herederos o legatarios. Es

el representante legal, tanto judicial como extrajudicial con facultades de

mandatario con poder general, según las disposiciones de los numerales 544 y

548 del Código Civil. Y algo primordial, está obligado a defender los intereses

de su representada, con la responsabilidad de entablar las acciones judiciales

correspondientes para recuperar los bienes que forman parte del haber sucesorio

(véase la sentencia de esta Sala no. 113 de las 14 horas con 30 minutos del 21

de octubre de 1994). Consecuentemente, el albacea de la sucesión

pudo accionar contra la Cadena Comercial.

V.-

En su cuarto

agravio, la actora aduce el quebranto de los numerales 222 y 223 del Código

Procesal Civil, por no habérsele eximido del pago de ambas costas, invocando a

su favor, el haber litigado con buena fe. La violación directa puede

ocurrir cuando se interpreta mal la ley, se aplica en forma indebida o se deja

de actuar la que corresponde. Salvo el primer supuesto, siempre hay dos normas

conculcadas. Si se alega una indebida aplicación, existe otra irrespetada por

falta de aplicación y viceversa. En razón de ello y a fin de ajustarse a las

exigencias de claridad y precisión propias de este recurso, el casacionista

debe puntualizar ambas disposiciones y la manera en que se produjo el quebranto.

Véase entre muchas otras, la sentencia de esta Sala número 419-F-2005 de las 9

horas del 20 de junio del 2005. En materia de costas rige el principio

general, dispuesto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, según el cual,

se le imponen al vencido por el hecho de serlo y sólo, por vía de excepción, en

los casos previstos expresamente por el legislador, es posible su dispensa. Por

eso, cuando se protesta la condena, es menester ineludible del recurrente,

acusar vulnerado el precepto 221, base de la decisión que combate. En la

especie, se echa de menos la cita de ese numeral, lo que dice de la

informalidad del cargo y su consecuente rechazo.

VI.-

En mérito de lo expuesto, habrá de declararse sin lugar el recurso, con sus

costas a cargo de la promovente (artículo 611 del Código Procesal Civil).