Resolución 00002-2013

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció

proceso de puro derecho, a fin de que en sentencia se declare: “1. La suma

de ¢50.000.000,00 (CINCUENTA MILLONES DE COLONES) por el daño moral causado.

2.

Los intereses legales sobre las sumas dejadas de pagar, desde la fecha en que

debieron haber sido pagadas y la fecha efectiva de pago. Se adjunta un cuadro

que incluye el cálculo aproximado de esta suma, que alcanza a ¢5.975.552,69

(CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

COLONES CON 69/100).

Los honorarios pagados al Lic. Ronald Avalos Monge, que

según los recibos adjuntos suman ¢1.640.000,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA

MIL COLONES).

Todo lo anterior suma ¢57.615.552,69 y sobre esta suma se debe

calcular los honorarios del presente juicio, que tiene una cuota litis del 25%

o sea la suma adicional de ¢14.403.888,17 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO COLONES CON 17/100).” En audiencia preliminar

de las 8 horas 40 minutos del 16 de junio de 2011, el señor Juez aclara los

montos de la pretensión de la siguiente manera: “Por daño material el monto

de ¢1.640.000. Por contrato cuota litis el monto de ¢14.403.888,17. Por daño

moral objetivo el monto de ¢25.000.000. Por daño moral subjetivo de

¢25.000.000. A título de perjuicios el monto de ¢5.975.552,69 (intereses no

pagados sobre los salarios caídos reconocidos).”

El Estado

contestó negativamente y opuso la defensa previa de falta de incompetencia, la

que fue rechazada mediante resolución no. 4469-2010 de las 15 horas 50 minutos

del 29 de noviembre de 2010; así como la excepción de falta de derecho.

La parte

demandada, expresó su negativa para conciliar, por lo que se prescindió de

dicho trámite procesal.

Para la

audiencia preliminar se señalaron las 8 horas 30 minutos del 16 de junio de

2011, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes.

5.-

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrado por la Jueza Cynthia Abarca Gómez, los Jueces Christian Hess Araya y

José Roberto Garita Navarro, en sentencia no. 183-2011 de las 15 horas 26

minutos del 29 de agosto de 2011, resolvió: “Se acoge parcialmente la

excepción de falta de derecho opuesta por el demandado. Se declara PARCIALMENTE

PROCEDENTE la demanda interpuesta por María Eugenia París Muñoz, conocida

como María Eugenia Muñoz Arias, contra el Estado. Sobre las pretensiones, entiéndase

rechazadas en lo que no se admite o se declara. Se condena al accionado a pagar

a la actora: a) por concepto de daño moral subjetivo sufrido a consecuencia del

despido injustificado de que aquélla fue víctima, la suma de cinco millones de

colones; y, b) a título de perjuicios –por atraso en el pago de los salarios

caídos, salario escolar y aguinaldo proporcionales debidos a la demandante-

intereses legales sobre la suma de veintitrés millones ochocientos cuarenta y

ocho mil ochocientos noventa y dos colones con treinta y seis céntimos;

contados desde el primero de julio del dos mil cuatro al veintiocho de junio

del dos mil siete, lo cual se liquidará en la fase de ejecución de sentencia.

Sin especial condenatoria en costas.”

6.-

La licenciada Sánchez Hernández, en su expresado carácter, formula recurso de

casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del

Tribunal.

7.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

Mediante escrito

presentado el 30 de mayo de 2000, la señora María Eugenia París Muñoz cc. María

Eugenia Muñoz Arias, interpuso demanda contra el Estado. Solicitó se le condene

a pagarle como consecuencia del despido ilegítimo –posteriormente

revocado-,  a título de daño material ¢1.640.000,00, atinentes a los

honorarios pagados al profesional en derecho que atendió su defensa en sede

administrativa; ¢14.403.888,17 por concepto de estipendios del presente proceso;

por daño moral objetivo ¢25.000.000,00, y ¢25.000.000,00 correspondientes al

daño subjetivo; así como intereses sobre los salarios caídos que recibió, desde

la fecha cuando debieron pagarse y hasta su efectivo pago, que estima en

¢5.975.552,69. El Estado contestó negativamente y opuso la defensa previa de

incompetencia y la excepción de falta de derecho. El Tribunal acogió

parcialmente esta última, de igual forma la demanda, y tuvo por rechazados los

extremos no admitidos. Condenó al accionado a pagar ¢5.000.000,00 por concepto

de daño moral subjetivo e intereses legales sobre el monto de ¢23.848.892,36

desde el primero de julio de 2004 hasta el 28 de junio de 2007, a liquidar en

la vía de ejecución de sentencia, y sin especial condenatoria en costas. Inconforme

la representación estatal interpuso recurso de casación por motivos

sustanciales.

II.-

acusa indebidamente

aplicados los artículos 190 y 197 de la Ley General de la Administración

Pública (LGAP) y dejados de actuar los preceptos 82 del Código de Trabajo (CT)

y 44 del Estatuto de Servicio Civil (ESC). Expone, mediante acto no. 10431 de

las 12 horas 30 minutos del 3 de junio de 2004, el Tribunal de Servicio Civil

atendió la gestión de despido de la señora María Eugenia París Muñoz, quien

inconforme apeló, de modo que el Tribunal de Trabajo actuando como jerarca

impropio, en resolución no. 664 de las 18 horas 10 minutos del 13 de octubre de

2006, acogió la excepción de prescripción y revocó lo resuelto. En virtud de lo

anterior, manifiesta, el Ministerio de Hacienda mediante resolución 312-2007 de

las 14 horas 45 minutos del 18 de abril de 2007, acordó cancelar a la servidora

pública la suma de ¢23.848.892,36 por concepto de salarios caídos, aguinaldo, y

salario escolar, del período comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 30

de noviembre de 2006. Agrega, dicho pago se hizo como indemnización por los

daños y perjuicios soportados en razón del despido. De ahí, arguye, resulta

improcedente el reconocimiento del daño moral. Expone, tal resarcimiento, en

asuntos como el de estudio no constituye, por su naturaleza, salario. Afirma,

esto es así, puesto que la señora París Muñoz no laboró en el lapso que va

desde el 1° de julio de 2004 al 30 de noviembre de 2006. En su apoyo cita un

fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se refiere que ese tipo de

indemnización se cancela a título de daños y perjuicios. De ahí, señala, los

“salarios caídos” son el resarcimiento tasado que dispone el cardinal 82 del CT

en relación con el canon 44 del ESC, y, hace inadmisible cualquier otra

indemnización, en cuenta, dice, el daño moral.

recrimina se le

condenara al pago de intereses sobre la cantidad de ¢23.848.892,36 a partir del

1° de julio de 2004  al 28 de junio de 2007, expresa: “fecha del despido

y hasta la cancelación de los extremos laborales caídos”. Alega, tal

reconocimiento de réditos se hizo de consuno con los artículos 702, 706 y 1163

del Código Civil (CC). No obstante, reprocha, se le otorgaron en tal período

sin haberlo solicitado. Apunta, el Tribunal confunde el concepto de salario con

la indemnización prevista en las normas 82 del CT y 44 del ESC. Insiste, en

cuanto a que la suma cancelada por salarios caídos, es tan solo un

resarcimiento, no un sueldo, ya que la señora París Muñoz no laboró durante

dicho lapso. En consecuencia, argumenta, resulta improcedente conceder el pago

de intereses, ya que no hubo prestación efectiva del servicio, y se canceló

como indemnización por lo que acceder a su reconocimiento conlleva una doble

compensación. Por otra parte, aduce, aún de llevar razón, se produce otra

inconsistencia, porque otorgó los réditos sobre el monto total pagado por la

Administración, desde que se materializó el despido y hasta el efectivo pago,

cuando lo correcto era haberlos fijado mes a mes, conforme debió devengarlos y

no sobre la suma total. Finalmente, manifiesta, los únicos intereses a

reconocer son los moratorios entre el momento cuando se hizo la fijación en

sede administrativa hasta cuando se canceló.

La representación

estatal en el primero de los cargos, recrimina el otorgamiento de daño moral

subjetivo, de ahí que acuse vulnerados los cánones 190 y 197 de la LGAP, y

dejados de aplicar las regulaciones 82 del CT y 44 del ESC. Contrario a lo

argüido en el agravio, las primeras normas permiten confirmar lo dispuesto en

el fallo impugnado. Esta Cámara ha expresado: “De conformidad con la norma

190 de la LGAP …la Administración es responsable cuando su funcionamiento

normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño, el cual la víctima no

tenga el deber de soportar, sea este patrimonial o extrapatrimonial, y siempre

que entre el funcionamiento y el daño exista un nexo causal. La responsabilidad

dicha, se enmarca, dentro de un régimen objetivo, que procura la reparación indemnizatoria

a quien ha experimentado una lesión atribuible a la Administración Pública”.

(No. 1151 de las 9 horas 20 minutos del 13 de setiembre de 2011). Por su parte,

el precepto 197 ibídem, estipula la posibilidad del resarcimiento de índole

moral. Además, en este punto es menester recordar, cuando se haya sufrido una

lesión originada en una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que la

víctima no tenga la obligación de soportar, se impone el deber de resarcir el

menoscabo, en virtud del postulado de reparación integral que establece el

numeral 41 de la Constitución Política (CP). Por su parte, en lo de interés el

artículo 82 del CT estipula: “El patrono que despida a un trabajador por

alguna o algunas de las causas enumeradas en el artículo anterior no incurrirá

en responsabilidad. Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se

comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen

el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder

y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la

terminación del contrato hasta la fecha en que de acuerdo con los términos

legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia

condenatoria en contra del patrono”.  Según se aprecia, tal

disposición regula la hipótesis de un cese definitivo de la relación laboral,

pese a que no se acreditara la causa del despido. Esto es así ya que media el

pago de preaviso y auxilio de cesantía. Igualmente, es evidente no se trata de

salarios caídos sino del reconocimiento de daños y perjuicios a modo de

indemnización, o sea, operan como un parámetro a modo de equivalencia.

Asimismo, ha de observarse, norma un extremo distinto a la hipótesis de un

funcionario público cubierto por el principio constitucional de estabilidad

laboral, pues, en el caso de un trabajador privado, aunque no exista causa para

el despido, este se mantiene; mientras que el servidor público de no ser

procedente su cese, entonces tiene la posibilidad de solicitar su

reinstalación. En dicho presupuesto, como se indicó, se reconocen los salarios

caídos a título de daños y perjuicios (como parámetro de equivalencia), aunque

según se expondrá, resultan atinentes al detrimento material. Esto último, pese

a que la regulación no lo diga de modo expreso, y en la inteligencia de que los

salarios dejados de percibir por su propia naturaleza (retributiva), refieren a

un extremo netamente material, muy distinto al detrimento que el servidor

despedido injustamente pudo experimentar en su esfera íntima. Ha de recordarse,

el daño material por su parte y el menoscabo moral por la otra propenden a

indemnizaciones de muy diversa índole, donde lo concedido por una no cubre de

modo alguno la otra. Por consiguiente, de conformidad con lo estipulado en los

cánones 41 de la CP, 190 y 197 de la LGAP, nada obsta para que también se

reconozca el daño moral subjetivo en razón del menoscabo íntimo que pudiere

experimentar el trabajador en razón del despido sin causa sufrido.  Así,

resulta factible el resarcimiento de dicho daño en conjunto con el pago de la

indemnización por el cese ilegítimo. En este sentido, en la jurisprudencia de

la Sala Segunda desde larga data, se superó lo que con anterioridad se había

resuelto en cuanto al régimen tarifario de los artículos 28, 29 y 82 del Código

de Trabajo. Entre otros aspectos, se estimó que dichas normas regulan

circunstancias muy concretas y específicas, así como que, ni la Constitución

Política ni el Código de Trabajo niegan la reparación integral por concepto de

daño moral, por lo que no se encontraba razón para restringir lo estipulado en

el precepto 41 de la CP. Asimismo, por cuanto la amplitud de la responsabilidad

de la parte patronal debe depender de las consecuencias de su conducta. Y agregó,

la interpretación restrictiva y presuntiva que se había mantenido, vulneraba

también el principio de igualdad y no discriminación, al no conceder al

servidor el daño moral independientemente del patrimonial, ya que mientras en

el derecho común se reconocían a toda persona con fundamento en criterios de

equidad  y razonabilidad (cardinal 1045 del CC), por el contrario en la

jurisdicción laboral se demeritaban (sobre el particular puede consultarse la

sentencia de la Sala Segunda no. 481 de las 10 horas 40 minutos del 11 de junio

de 2004). Finalmente, es indudable, que el período durante el cual la señora

París no laboró, lo fue en razón de que la Administración la había despedido

ilegitimamente, acto con el que en todo momento se mostró inconforme; al punto

que en la última instancia administrativa logró se dejara sin efecto, y por

ello se le reinstaló en su plaza. De ahí, lo pertinente es el rechazo del

reproche.

En el segundo motivo se

objeta el otorgamiento de réditos sobre la suma total de “salarios caídos”

desde el 1° de julio de 2004, -data del despido- y hasta la fecha de su

reinstalación (en realidad el Tribunal lo otorgó hasta el momento del efectivo

pago). En su opinión, lo expuesto no resulta posible, ya que lo cancelado fue a

título de indemnización y además no hubo prestación del servicio, por lo que

concederlos significaría una doble compensación. Sobre el tema este Órgano

Colegiado, ha expresado: “Respecto a la condena por intereses, a manera de

preámbulo, resulta de importancia mencionar que el cuerpo de jueces ejecutores

concebido en el CPCA (norma 155), son las personas encargadas de darle plena

efectividad y eficacia a las sentencias y demás resoluciones firmes. Para lo

cual se les ha dotado de poderes y deberes suficientes que les permitan

desempeñar a cabalidad sus competencias, lo cual les faculta a realizar todas

aquellas conductas necesarias con el objeto de lograr la ejecución pretendida e

incluso podrán adoptar, por su cuenta, aquellas necesarias y equivalentes para

su pleno cumplimiento. Además, por mandato constitucional, deben velar que se

cumpla con la tutela judicial efectiva, lo cual implica que las personas

encuentren reparación plena ante los daños y perjuicios que se hayan sufrido y

desglosen su pago (numeral 41 Constitución Política). Deben garantizar a la

vez, la legalidad de la actuación del Estado, sus instituciones y toda otra

entidad de derecho público (artículo 49 ibídem). Dicho lo anterior, procede

ahora analizar si la jueza ejecutora actuó correctamente al conceder el extremo

de intereses. Esta Sala es del criterio, que ellos compensan el costo de

oportunidad que tuvo que soportar el acreedor, quien no recibió el dinero

debido oportunamente durante el plazo del incumplimiento, y su otorgamiento

está sujeto al principio dispositivo, es decir depende de la solicitud expresa

del interesado, lo cual restringe el actuar del órgano jurisdiccional”. No.

689 de las 8 horas 55 minutos del 6 de junio de 2012. Consecuentemente, en la

especie, en virtud de que a la señora París Muñoz se le reconocieron a modo de

resarcimiento los salarios dejados de percibir, resulta procedente el pago de

réditos como compensación a la indisponibilidad del dinero en su momento. Ha de

manifestarse, según lo aduce la parte recurrente, la suma reconocida por la

Administración mediante acto 312-2007 de las 14 horas 45 minutos del 18 de

abril de 2007, lo fue por concepto de daños y perjuicios, para compensar el

período que corrió a partir del primero de julio de 2004, fecha cuando se le

despidió. Asimismo, el Tribunal otorgó los réditos desde dicha data y hasta el

28 de junio de 2007, momento cuando se hizo efectivo pago, de acuerdo con lo

pedido por la actora. En consecuencia, se concedieron en tal lapso, debido al

propio reconocimiento realizado por la Administración. De ahí, los juzgadores

no incurrieron en conculcación alguna al otorgar los réditos desde el 1° de

julio de 2004 y hasta el instante de cancelación, -de la cantidad fijada en

aquella resolución-, acaecida el 28 de junio de 2007. Recuérdese, según la

propia representación estatal lo ha argüido, no se está ante salarios caídos

sino que se trata de una indemnización, así que los intereses no pueden ser

reconocidos desde el momento cuando debió pagarse cada salario. Por otro lado,

contrario a lo afirmado por la representante estatal, la actora en su demanda

(pretensión 2.) solicitó el pago de réditos sobre las sumas reclamadas. Así, no

lleva razón, por lo que habrá de rechazarse el agravio.

En mérito de las

razones expuestas, se impone desestimar el recurso planteado, con las costas a

su cargo [inciso 3) del cardinal 150 del CPCA].