Resolución 00826-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la ejecutante

estableció proceso de ejecución, a fin de que en sentencia se declare: “1.-

Con lugar el presente Proceso de Ejecución de Sentencia.

Que se

obligue a los accionados ejecutar la Resolución Administrativa Número 734-2003

de las 10:48 Horas del 21 de Octubre (sic) del (sic) 2003,

dictada por el Poder Ejecutivo en sentido estricto Presidente de la República,

de ese entonces, Señor A. y Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de ese

momento, O., debidamente notificada a la suscrita en fecha 13 de Diciembre (sic)

del (sic) 2003 por estar firme y ser favorable al suscrito,

debiéndose en consecuencia pagar a mi favor por concepto de

revalorizaciones mal aplicadas, dejadas de percibir de enero de 1999 a julio del (sic) 2002,

la suma de Cuatro (sic) Millones (sic) Ochocientos

(sic) Cincuenta (sic) y Seis (sic)

Mil (sic) Sesenta (sic) y Dos (sic)

Colones (sic) Con (sic) Treinta

(sic) Céntimos (sic) (¢4.856.062,30), menos

las rebajas de ley, y por concepto de Aguinaldo (sic) Proporcional (sic)

correspondiente a los períodos reconocidos, la suma de Cuatrocientos (sic)

Cuatro (sic) Mil  (sic) Seiscientos (sic)

Setenta (sic) y Un  (sic) Colones

(sic) con Noventa (sic) Céntimos (sic)

(¢404.671,90).

Se condene a los accionados al pago de las

costas personales y procesales de la presente Ejecución de Sentencia,

debiéndose fijar las personales en un veinticinco por ciento del veinte por

ciento del total de los montos aquí reclamados, según lo establece el artículo

18 incido 1 y 20 del Decreto Ejecutivo 32493 del 9 de Marzo (sic)

del  (sic) 2005, por lo que dicho rubro

ascenderá, según la estimación de este asunto a la suma de: Cuatrocientos (sic)

Veintinueve (sic) Mil (sic) Cuatrocientos (sic)

Cincuenta (sic) y Nueve (sic) Colones (sic)

(¢429.459), los cuales pertenecen al Lic. A. J., Cédula […].

4.-

Se condene a los accionados a pagar los intereses legales que corresponden a

las sumas reclamadas desde el 13 de Diciembre del 2003, fecha en que se

notificó la resolución 734-2003, hasta el día de interposición de la

presente demanda 18 de Enero del 2001, lo cual asciende, según el calculador de

intereses del Poder Judicial a la suma de Tres (sic) Millones (sic)

Trescientos (sic) Veintiocho (sic) Mil (sic)

Cuatrocientos (sic) Sesenta (sic) y Cuatro (sic)

Colones (sic) con Noventa (sic) y Tres (sic)

Céntimos (sic) (¢3.328.464,93). Fundamento este cobro en el artículo 123 del

Código Procesal Contencioso Administrativo y artículo 1163 del Código Civil.”

A folio

70, la representación estatal se apersonó al proceso.

La jueza  Lorena Ma. Montes de Oca Monge, en sentencia

n.° 319-2010 de las 13 horas 30 minutos del 3 de febrero de 2010, resolvió: “Se

reconoce el acto como firme y favorable a la actora y en consecuencia la

obligación del Estado a pagarle a doña L. la suma de ¢3.852.476,16 (tres

millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis colones

con dieciséis céntimos) por concepto de principal; intereses a título de

reajuste, por ¢2.448.859,75 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil

ochocientos cincuenta y nueve colones con setenta y cinco céntimos) calculados

desde el 13-12-2003 al 03-02-2010 y costas personales por la cantidad de

¢315.000,00 (trescientos quince mil colones). Se concede al Estado el plazo de

30 días hábiles para que deposite lo adeudado en la cuenta electrónica con el

banco de Costa Rica

número […]. Vencido el plazo, las sumas dichas generarán intereses legales

hasta su efectivo pago.”

La representación

estatal formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que

se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

5.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado

las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada Escoto

Fernández

El 19 de enero de 2010,

la señora L. solicitó la ejecución de la resolución número 734-2003 de las 10

horas 48 minutos del 21 de octubre de 2003, dictada por el Poder Ejecutivo. En

lo medular indicó, que allí se le reconocieron diferencias económicas por

revalorización de pensión, que dejó de percibir desde enero de 1999 y hasta

julio de 2002, por la suma de ¢4.856.062,30 menos las

rebajas de ley. Así mismo, expuso, por aguinaldos se le reconoció ¢404.671,90. Con la presente ejecución, peticiona además de los

montos supra citados, el reconocimiento de los intereses legales desde el 13 de

diciembre de 2003 y hasta el 18 de enero de 2010, los que calcula en

¢3.328.464,93 y las costas que cuantifica en ¢429.459,00. La representación

estatal, se opuso, pero no interpuso excepciones. La Jueza Ejecutora en la

audiencia celebrada el 3 de febrero de 2010 declaró con lugar la ejecución.

Concedió un mes para que el Estado procediera a pagar ¢3.852.476,16 por

diferencias de pensión y aguinaldos proporcionales; ¢2.448.859,75 de intereses

legales calculados desde el 13 de diciembre de 2003 y hasta el 3 de febrero de

2010; y las costas personales que fijó en ¢315.000,00.

La representación

estatal interpone recurso de casación por razones de fondo. Alega

tres motivos.

acusa indebida aplicación del artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en

adelante CPCA) y consecuente falta de aplicación del precepto 176 ídem. Considera, en este caso se está ante un proceso de ejecución de un acto

firme y favorable, cuya finalidad se circunscribe a dar fiel cumplimiento de lo

que expresamente en este se pretende ejecutar. En consecuencia, dice, el juez

solo puede conceder u obligar a la Administración a cumplir lo otorgado en la

parte dispositiva del

acto administrativo que se pretende ejecutar. Cita doctrina a

su favor. En este caso, indica, se concedió a la ejecutante los montos

correspondientes por concepto de diferencias de pensión por ¢3.447.804,26 y en calidad de aguinaldos la suma de ¢404.671,90, pero

en ningún momento dispuso el pago de intereses a su favor, razón por la cual no

podían ser concedidos. Es por lo anterior, explica, si se

hubiese utilizado el canon 176 CPCA estos habrían sido rechazados. La

jueza, señala, se extralimitó al utilizar el mandato 123 ibídem, pues este no forma parte de las normas dispuestas para el proceso

de ejecución de actos firmes y favorables; ello porque esa norma se refiere a

la indexación, lo cual no aplica al caso concreto. Dado lo anterior, apunta, no

se debe condenar al Estado del pago de los intereses.

menciona,

se ha conculcado el precepto 146 del Código Procesal Civil (en lo sucesivo CPC)

por indebida aplicación, asimismo, los artículos 155, 157 y 166 del CPCA, de

igual manera el 10 del Reglamento sobre Visado de Gastos con cargo al

presupuesto de la República (en adelante Reglamento) por falta de aplicación.

Refiere, el fallo cuestionado concede al Estado el plazo de un

mes para cancelar los montos y a partir del

17 de marzo de 2010 generarían intereses legales hasta su efectivo pago. Ante

esta situación, manifiesta, solicitó adición y aclaración para que se

dispusiera que el plazo correría desde la firmeza de la sentencia; gestión que

fue rechazada, advirtiéndosele que debía tomar nota de lo estipulado en el

canon 146 de cita. Alega, lo correcto es esperar hasta que la

sentencia esté firme, respetándose los plazos que establece el ordenamiento

jurídico para recurrir a fin de que los lapsos inicien su cuenta. En ese

sentido, advierte, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 155, 157, 166 y

10 de cita, la firmeza del fallo es un requisito indispensable para que la

Administración pueda cumplir con lo ordenado en la sentencia judicial.

Tercero:

asevera, violación directa por indebida aplicación del mandato 123 CPCA y falta de aplicación del 505 del Código de

Comercio (en los sucesivo Co.Co). Afirma, la resolución impugnada concedió por

concepto de intereses la suma de ¢2.448.859,75, pero

además estipuló que debían cancelarse en un mes, sino generarían intereses

legales hasta su efectivo pago. Ello, sostiene, conculca lo estipulado en aquel

último precepto, pues no se podía disponer la cancelación de intereses sobre

intereses, ya que no es permitido capitalizarlos; mantener tal

postura produciría un enriquecimiento indebido a favor de la ejecutante.

El primer agravio,

atañe a la concesión de intereses legales, los cuales desde su punto de vista

comportan una incongruencia, por haberse otorgado algo que no estaba

contemplado en el acto administrativo que se ejecuta. En ocasiones anteriores

esta Sala ha manifestado que en este tipo de

situaciones, el pago de los interese legales son procedentes, no con base en el

precepto 123 CPCA, ya que la situación de estudio no se enmarca dentro de la

figura de la indexación. Al amparo del

artículo 41 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a la

reparación del

daño que ha sufrido. En igual sentido el numeral 45 ídem establece: “La

propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley…”. Desde otro ángulo, el cardinal 124 inciso 2) del CPCA

prevé: “Una vez convertida en dineraria la obligación de valor, el juez

ejecutor la actualizará hasta su pago efectivo.”.

En esa misma línea, el canon 706 del Código

Civil, impone: “Si la obligación es de pagar una suma de dinero, los daños y

perjuicios consisten siempre y únicamente en el pago de intereses sobre la suma

debida, contados desde el vencimiento del

plazo.”.

Así mismo, el mandato 1164 ídem, establece: “En caso de falta de pago, los

intereses moratorios se computarán al mismo tipo que los devengados al cumplimiento

del plazo,

salvo los que estableciere un convenio sobre el particular.”. Pueden consultarse en este

sentido las resoluciones de las 10 horas 10 minutos del 6 de mayo de 2006,

correspondiente al voto número 557; así como las de las 8 horas 50 minutos del

9 de setiembre de 2010, que responde al fallo número 1073. Es claro que el

ordenamiento jurídico, establece un principio general

de reparación integral, todo lo cual quiere decir, que tratándose de un

menoscabo ocasionado por una deuda dineraria, resulta factible reconocer, ante

solicitud expresa, los intereses cuando existe demora por parte de la

Administración en cancelar de sus obligaciones. En este asunto, desde el año

2003, el Estado debió honrar la deuda que se generó desde de enero de 1999 y

hasta julio de 2002, que tenía con la ejecutante, pues en resolución firme

número 734-2003, reconoció la existencia de diferencias por pensión y

aguinaldo. Al no hacerlo, obligó a doña L. a presentar este

proceso. Tal y como

se expuso, esta Sala comparte lo dispuesto en la resolución recurrida sobre

dicho extremo, razón por la cual el ejecutado, está en la obligación de

cancelarlo. En virtud de lo expuesto, no lleva razón el recurrente en este aspecto por lo cual el agravio deberá denegarse.

Referente al segundo

reproche, se señala que el plazo para pagar los montos adeudados, debe correr a

partir de la firmeza de la sentencia y no un mes

después de emitido el fallo que aquí se combate. En ese sentido, ha de tenerse

presente que en la parte dispositiva de la resolución impugnada se estableció: “POR

TANTO (…) Para el período comprendido del 13 de diciembre del 2003 y al día de

hoy 3 de febrero de 2003, se fijan intereses a título de reajuste en la

cantidad de ¢2 448 859, 75 (…) A partir de mañana, empieza a correr para el

Estado el término de 30 días hábiles a fin de que proceda a depositar los motos

debidos…”.  Ante solicitud de adición y aclaración la jueza

manifestó (14:22:50): “… En cuanto al plazo, efectivamente los plazos

corren, licenciada, de acuerdo con el artículo 146 del Código Procesal Civil, a

partir de la notificación, un día siguiente a partir de la notificación, sin

perjuicio de los recursos que esta resolución contempla; le recuerdo que si es

una resolución que no adquiere cosa juzgada material, no tiene recurso de

casación y que, habría de valorarse entonces, si cabe dentro de los cinco

supuestos únicos que contempla el Código Procesal Contencioso Administrativo

para presentar recurso de apelación, si no fuera así, el término comienza a

partir del día de mañana.”. En virtud de lo anterior, se concluye, que la

juzgadora estima, según se evidencia de sus consideraciones, en lo referente al

tema, de que el plazo debe computarse desde la firmeza del fallo.

Consideró innecesario explicarlo en la parte dispositiva, pues desde su punto

de vista es un asunto de amplio conocimiento, ya que

es un principio procesal que rige la materia. Con base en lo anterior, no se

está causando un perjuicio y por tanto el agravio

carece de interés. Sin embargo, a mayor abundamiento de razones, cabe señalar,

que el precepto 145 del Código Procesal Civil, impone:

“Punto de partida. Salvo que este Código determine otro punto de

partida, los plazos comenzarán a correr a partir del día inmediato siguiente a

aquel en el que hubiere quedado notificada la resolución respectiva a todas las

partes.”. Efectivamente el artículo 146 ídem, en lo que interesa al caso,

establece: “Los plazos por años o meses se contarán según el calendario, o

sea, de fecha a fecha…”,

principio del derecho procesal aplicable al

proceso de estudio por así disponerlo el artículo 220 del CPCA. Es decir, se debe entender, que el

plazo comienza a correr a partir de la firmeza de la resolución, en otras

palabras, cuando esta ya no tenga ulterior recurso. En este

asunto, el plazo de 30 días establecido por la juzgadora correrá a partir de la

firmeza del

fallo impugnado. En este sentido puede consultarse la resolución de esta Sala

de las 9 horas 45 minutos del 2 de septiembre de 2010, correspondiente al voto

número 1039. Por lo expuesto, no lleva razón el casacionista

en su alegato, el cual debe ser rechazado.

El último reproche, se

relaciona con el quebranto al precepto 505 del Co Co. La juzgadora reconoció la

existencia de una obligación por parte del Estado a favor de doña L. e impuso

el pago de: reajuste de pensión y aguinaldos, costas y además otorgó la suma de

¢2.448.859,75 correspondientes a los intereses legales

que corren desde el 13 de diciembre de 2003 al 3 de febrero de 2010. No

obstante lo anterior, también dispuso: “a partir de mañana empieza a correr

para el Estado el término de 30 días hábiles a fin de que proceda a depositar

los montos debidos (…) de manera que cumplido este plazo no se vea el Estado,

ahora sí por incumplimiento, no solo en responsabilidad, sino además en un

reconocimiento ya a título de mora por el incumplimiento…”. Ante esta

situación, se hace conveniente hacer las siguientes acotaciones. El numeral 505

de cita regula la figura que en doctrina se conoce como anatocismo,

conforme a la cual, la obligación accesoria de intereses (vencidos y no

satisfechos) que genera el capital originario se integre a este, produciendo

nuevos réditos calculados sobre el monto resultante (capital e intereses

antiguos). En esencia, se trata de la capitalización de

intereses para constituir, junto al principal, una nueva unidad productora de

intereses, lo que se encuentra vedado por el ordenamiento jurídico, al grado de

que se constituye en una limitación de orden público en las relaciones entre

acreedor y deudor. Así, dispone la norma

citada: “Es prohibido capitalizar intereses. Sin embargo, si hecha la

liquidación de una deuda se estuviera debiendo intereses, se podrán sumar al

capital para formar un solo total. Al otorgar nuevo

documento o prorrogar el anterior, pueden estipularse intereses sobre la

totalidad de la deuda.”.

Ciertamente, esta disposición forma parte del régimen

jurídico que regula aquellos contratos (o actos) cuyo objeto implica un

mecanismo de financiamiento, lo que no excluye su aplicación respecto de

prestaciones de índole dineraria en las que se reconozcan intereses, sean estos

convencionales o legales. Resulta importante destacar que esta prohibición no

es absoluta sino relativa, en la medida en que admite ciertas excepciones, como

las contenidas en el artículo recién trascrito. Tal es el caso del

refinanciamiento de la deuda (en donde existe un acuerdo posterior entre

prestamista y prestatario) o cuando, hecha su liquidación, existiera un saldo

pendiente de intereses. La prohibición resulta inaplicable, también, cuando

interviene un tercero pagando el capital más los

intereses adeudados, siempre y cuando opere una subrogación legal. Debe

observarse que en estos supuestos, los réditos que se generen después de que se

han dado estos actos jurídicos, son el producto de una

variación en las circunstancias que originaron el crédito y justificaron los

intereses capitalizados. La obligación primigenia ha variado a partir del

acaecimiento de tales actuaciones, sea porque se trata de una negociación entre

partes, por la actuación de un tercero respecto de quien surge una acción

cobratoria de regreso, o bien, por el reclamo pecuniario reconocido por una

autoridad competente. Lo anterior sin perjuicio de otros supuestos específicos

avalados en forma expresa mediante una norma legal.

Ahora bien, en la especie, la jueza ejecutora reconoció que, debido al

incumplimiento en que incurrió la Administración, se deben reconocer intereses

legales sobre la suma otorgada en el acto firme y favorable cuya ejecución se

pretende. Adicionalmente, dispuso que respecto de los montos

reconocidos, es decir, lo otorgado expresamente en la resolución administrativa

(que correspondería al capital) más los intereses legales, se calcularían

intereses moratorios en caso de que, vencido el plazo otorgado al efecto, no se

realice el pago correspondiente. Es precisamente respecto de estos

segundos réditos que se muestra inconforme la representación estatal por

considerar que implica la capitalización de los primeros, y en ese tanto, se vulnera la prohibición contenida en el

artículo 505 del

Código de Comercio. Si bien el principio establecido en dicha norma, tal y como

se indicó, resulta de aplicación en obligaciones dinerarias productoras de

intereses, en la especie no se trata de un supuesto de anatocismo que encuadre

dentro de la proscripción en comentario. En primer término, debe señalarse que

el anatocismo, como conducta contraria al

ordenamiento jurídico, procura evitar que el deudor se vea afectado por una

decisión del

acreedor mediante la cual pueda alterar el saldo adeudado, al incrementar

artificialmente la obligación principal con la accesoria. Al igual que sucede

con las excepciones apuntadas supra, lo dispuesto en el fallo recurrido no

tiene ese efecto. Tratándose de pronunciamientos

jurisdiccionales, una vez que se concede la pretensión cobratoria, capital e

intereses constituyen una única masa dineraria, la cual se torna en la prestación

debida por el deudor. Por ello, cuando se reconocen en abstracto intereses

moratorios cuya causa generadora sea la omisión de pago en tiempo de lo

dispuesto por sentencia firme, no se desconoce el artículo mencionado, toda vez

que estos no procuran compensar al acreedor por la tenencia o atraso (según se

trate de interés corriente o moratorio) del capital, sino indemnizar el

incumplimiento de una orden judicial (impago), dotada por el ordenamiento de

coactividad. En la especie, el extremo impugnado no vulnera la norma cuyo

quebranto se recrimina, en el tanto en que se trata de una medida dirigida a

garantizar la plena efectividad de las sentencias, adecuando en el tiempo la

obligación frente a los atrasos en el cumplimiento de la obligación fijada, ahora,

judicialmente. Así las cosas, el agravio debe ser

desestimado.

Con base en lo

razonado anteriormente, se declarará sin lugar el recurso. Serán

las costas a cargo de quien lo interpuso. (Artículo 150 inciso 3 del

Código Procesal Contencioso Administrativo).