Resolución 00613-2012

Con base en los hechos que expuso y disposiciones

legales que citó, la parte actora estableció procesos declarados de puro

derecho, a fin de que en sentencia se declare: “1. La nulidad del fallo del

Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Primera, Nº 61-2008-P de las 9:30 horas

del 21 de febrero del 2008, únicamente en cuanto a la sanción por

concepto del ajuste determinado por la Administración Tributaria referente al

Impuesto General sobre las Ventas para el período comprendido de enero del 2001

a diciembre del 2003, misma que se fijó en un monto total de ¢653.361.100,00

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN

COLONES) por ser contrario a Derecho y lesivo a los intereses fiscales,

públicos y económicos del Estado.

Que deben mantenerse y declararse conforme

a Derecho lo resuelto por la Administración Tributaria de Grandes

Contribuyentes en la resolución Nº Infrac. No. DT10R-160-06 de las 15 horas del

05 de diciembre del 2006 que impone una multa de 25% de los montos ajustados

por concepto del Impuesto General sobre las Ventas, monto fijado en la suma

total de ¢653.361.100,00.

Que en caso de oposición a la presente demanda, se

condene a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales, más

los eventuales intereses que de ellos se deriven."  Además, con

fundamento en el artículo 45 inciso primero del Código Procesal Contencioso

Administrativo, por existir conexión con el proceso 10-000950-1027-CA, solicitó

que fueran acumulados. En el mismo sentido anterior, en la otra demanda

presentada por la representación estatal (expediente 10-00950-1027-CA), se

solicitó textualmente lo siguiente: "1. La nulidad del fallo del

Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Primera, Nº551-2007-P de las 10:30 horas

del 20 de diciembre de 2007, únicamente en cuanto al Ajuste por concepto del

Impuesto General sobre las Ventas, por ser contrario a Derecho y Lesivo

a los intereses fiscales, públicos y económicos del Estado.

Que debe

mantenerse y declararse conforme a Derecho lo resuelto por la Administración

Tributaria de Grandes Contribuyentes en la resolución Determinativa Nº

DT10RV-012-06 de las 14 horas del 25 de enero del 2006.

Que en caso de

oposición a la presente demanda, se condene a la parte demandada al pago de las

costas personales y procesales, más los eventuales intereses que de ellos se

deriven."

La parte demandada contestó conforme a su escrito de

folios 207 al 220.

La audiencia

preliminar se efectuó a las 9 horas 30 minutos del 12 de enero de 2011.

El

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrada por los Jueces Otto González Vílchez, Marianella Álvarez Molina y

Judith Reyes Castillo, en sentencia no. 48-2011-VI de las 9 horas 40 minutos

del 28 de febrero de 2011, dispuso: “Se declara sin lugar la excepción de

falta de derecho. Se declara con lugar la demanda de lesividad interpuest

a por El Estado contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), en

el siguiente sentido:

Se declara la nulidad de la resolución

551-2007-P dictada por la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo a las

diez horas con treinta minutos del veinte de diciembre del dos mil siete,

únicamente en cuanto al ajuste por concepto del Impuesto General sobre las

Ventas;

Se declara la nulidad de la resolución 61-2008-P dictada por

la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo a las nueve horas treinta

minutos del veintiuno de febrero del dos mil ocho, únicamente en cuanto

a la sanción por concepto del ajuste determinado por la Administración

Tributaria referente al Impuesto General sobre las Ventas para el período

comprendido de enero del 2001 a diciembre del 2003, misma que se fijó en un

monto total de ¢653.361.100,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS

SESENTA Y UN MIL CIEN COLONES);

S e condena a l Instituto Nacional de

Seguros al pago de las costas procesales y personales de este proceso , así

como a los intereses que dichas sumas generen, a partir de la firmeza de esta

sentencia hasta su efectivo pago. Partidas que se liquidarán en la etapa de

ejecución de sentencia.”

5.

La representación Instituto formula recurso de casación, e indica expresamente

las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Mediante traslado de cargos y observaciones no.

2752000006497 del 6 de junio de 2005, la Administración Tributaria de Grandes

Contribuyentes le informó al Instituto Nacional de Seguros (en lo sucesivo

abreviado por su acrónimo), que como resultado de actuaciones fiscalizadoras,

determinó que para los períodos de enero de 2001 a diciembre de 2003 existía

una diferencia de ¢2.613.444.389,00 entre lo declarado y lo determinado,

correspondiente al impuesto general sobre las ventas. El 22 de julio de 2005 el

INS presentó reclamo administrativo que fue rechazado mediante pronunciamiento

no. DT10RV-012-06 del 25 de enero de 2006. En esta oportunidad se indicó que el

asegurador debió cobrar el impuesto general sobre las ventas respecto de las

primas de seguros pagadas por los asegurados a partir del 1 de agosto de 2001,

aunque la suscripción de los contratos hubiera tenido lugar en fecha anterior,

pues el pago de la prima era el hecho generador. El 22 de febrero siguiente el

INS presentó recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra ese

criterio. El primero fue rechazado mediante pronunciamiento no. AU10RV-055-06

del 12 de mayo de 2006. El Tribunal Fiscal Administrativo, en voto no.

551-2007-P del 20 de diciembre de 2007, estimó que llevaba razón el INS porque

no procedía el cobro del tributo sobre las primas cuyos contratos se

suscribieron antes del 1 de agosto de 2001. Sostuvo el Tribunal que debía

considerarse la estructura jurídica, con características especiales, de las

pólizas emitidas antes de la vigencia de la ley, las que habían dispuesto el

pago fraccionado por mensualidad, trimestre o semestre. En consecuencia, dejó sin

efecto el ajuste. Por oficio no. DGT-756-2008 del 5 de diciembre de 2008, el

Director General de Tributación le recomendó al Ministro de Hacienda que

declarase lesivo ese pronunciamiento. Mediante acto no. 337-2009 del 3 de abril

de 2009, dictado por el Ministerio de Hacienda, Despacho del Ministro, así fue

dispuesto. En consecuencia, el 25 de marzo de 2010 se requirió en sede

jurisdiccional la declaratoria respectiva, para lo cual solicitó se disponga:

La nulidad del pronunciamiento no. 551-2007 del Tribunal Fiscal

Administrativo en cuanto al ajuste por concepto del impuesto general sobre las

ventas, por ser contrario a Derecho y lesivo a los intereses fiscales, públicos

y económicos del Estado;

Conforme a Derecho la resolución determinativa no. DT10RV-12-06

del 25 de enero de 2006 y se impongan ambas costas al demandado. El INS se

opuso, sin invocar, en concreto, ninguna excepción. En forma paralela a lo

señalado, por “Traslado de Cargos por Infracción por Falta de Ingresos por

Inexactitud no. 1931000085393” del 16 de junio del 2005, la Administración

Tributaria de Grandes Contribuyentes le comunicó al INS que le iniciaba un

procedimiento administrativo sancionador por conducta negligente, al no

incorporar el tributo a las primas emitidas antes de agosto de 2001, pero

cobradas a partir de esa fecha, de modo que la sanción correspondía a

¢653.361.100.00. El 17 de febrero de 2006 el INS presentó reclamo

administrativo e incidente de nulidad contra ese último traslado de cargos, que

se denegó por pronunciamiento no. DT10R-160-06 del 5 de diciembre de 2006,

según el cual el INS en algunos casos cobró el tributo sobre primas de seguros,

pero omitió declararlo, y en otros no lo cobró, estando obligado a hacerlo.

Además se estimó que la aseguradora tenía conocimiento de que existían primas

emitidas antes del 1 de agosto de 2001, pero pagadas en fecha posterior a esa

data, respecto de las que no se incorporó el impuesto de ventas, a pesar de que

el hecho generador no es la emisión de la póliza, sino el pago de las primas o

su fracción. La afectada formuló incidente de nulidad y recurso de revocatoria

con apelación en subsidio. Las dos primeras gestiones se rechazaron mediante

pronunciamiento AU10R-036-07 del 10 de abril de 2007. El Tribunal Fiscal

Administrativo en voto no. 61-2008 el 21 de febrero de 2008, en lo de interés,

revocó –entre otros aspectos- el criterio recurrido. Por oficio no.

DGT-076-2009 del 17 de febrero de 2009, el Director General de Tributación le

recomendó al Ministro de Hacienda que declarase lesivo a los intereses del

fisco lo dispuesto por el Tribunal Fiscal Administrativo. Mediante acto no.

346-2009 del 15 de abril de 2009, dictado por el Ministerio de Hacienda, se

dispuso el carácter lesivo de lo resuelto en torno a la sanción por concepto

del ajuste referente al impuesto general sobre las ventas, para el período de

enero del 2001 a diciembre del 2003, por un monto de ¢653.361.100,00. La

demanda de lesividad fue planteada el 25 de marzo del 2010. El Estado solicitó

se declare:

La nulidad del pronunciamiento no. 61-2008 del 21 de febrero de

2008 del Tribunal Fiscal Administrativo, en cuanto a la sanción por concepto de

ajuste determinado por el tributo en análisis para el periodo de enero de 2001

a diciembre de 2003, por ser contrario a Derecho y lesivo a los intereses

fiscales;

Conforme a Derecho el acto no. DT10R-160-06 del 5 de diciembre de

2006 que impuso la multa y se condene a la demandada al pago de las costas e

intereses. El INS se opuso, de nuevo, sin invocar, en concreto, ninguna

excepción. Ambos procesos fueron acumulados mediante pronunciamiento no.

1907-2010 del 19 de mayo de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo y

Civil de Hacienda. En la audiencia preliminar los procesos acumulados fueron

declarados de puro derecho. Al resolver el fondo del asunto, el Tribunal acogió

las demandas de lesividad, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas

del Tribunal Fiscal Administrativo en los aspectos estimados lesivos, y condenó

al INS al pago de las costas y los intereses generados a partir de la firmeza

de la sentencia. Disconforme con lo decidido, el perdidoso acudió a la Sala.

Formula cinco

motivos de casación por razones de fondo.

Estima quebrantado el

artículo 137 incisos b) y f) del Código Procesal Contencioso Administrativo

(CPCA), pues ninguno de los jueces que dictó sentencia estuvo presente al

momento en que rindió sus conclusiones. Si conforme al numeral 97 inciso 1) del

CPCA las reglas del juicio oral y público han de aplicarse para la audiencia

preliminar,  dice, debió garantizarse al menos la presencia de uno de los

juzgadores que iban a fallar, de acuerdo al principio de inmediatez, que no se

subsana a través de la existencia de medios telemáticos. En ningún acápite del

fallo, indica, se hace referencia a sus conclusiones, sino sólo a sus alegatos

escritos, por lo que se le dejó indefenso.

Reclama inaplicado el

precepto 32 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT),

indebidamente actuada la regla 1 inciso o) de la Ley del Impuesto General sobre

Ventas, e interpretado de manera errónea el artículo 3 inciso c) ibídem. El

debate se circunscribe a determinar, comenta, si el hecho generador del tributo

de ventas se configuró respecto de los pagos cancelados por los clientes del

INS, luego del 1 de agosto de 2001, fecha en que la Ley de Simplificación y

Eficiencia Tributaria estableció que las primas de seguros estaban sujetas a

ese tributo. En el contrato de seguros el hecho generador se produce con la

firma del negocio, que establece una prima única convenida, que puede ser

pagada a tractos. Si el hecho generador se produjo de previo a la vigencia de

la ley que estableció el impuesto, dice, la situación concreta no podría

entenderse gravada. Dado que el tributo entró en vigencia el 1 de agosto de

2001, las situaciones jurídicas que hubieran sido perfeccionadas conforme al

artículo 32 inciso b) del CNPT, considera, no podrían entenderse sometidas a

él. No es el pago de la prima el presupuesto para que se configure, asegura,

sino la firma del contrato de seguro.

Estima  inaplicado el

numeral 34 de la Constitución Política, e indebidamente actuado el precepto 1

inciso o) de la Ley del Impuesto General sobre Ventas, pues se le otorga efecto

retroactivo al tributo creado por la Ley de Simplificación y Eficiencia

Tributaria, en tanto no procede aplicarlo para las primas canceladas luego del

1 de agosto de 2001, de ahí que al hacerlo se cobró respecto de situaciones

consolidadas de previo a su vigencia. La firma del contrato configura el hecho

generador, concluye, no así el pago de la prima respectiva.

Recrimina

interpretada de manera errónea la regla 81 del CNPT. En forma paralela al

procedimiento determinativo, explica, se desarrolló otro sancionador,  en

el que se le impuso una sanción anulada por el Tribunal Fiscal Administrativo,

pero el Tribunal Contencioso le volvió a dar efecto.  No siendo procedente

el pago del tributo, refiere, tampoco aquella consecuencia. El Tribunal Fiscal,

contrario a lo que dice el Tribunal Contencioso, critica, sí refiere las

razones por las que la anuló. La sentencia atacada olvida que lo accesorio

sigue a lo principal, objeta, y siendo improcedente el tributo cobrado,

lo mismo ocurre con la sanción. Aduce haber desarrollado una interpretación en

torno al pago de esta deuda fiscal amparada en la normativa, lo que la exime de

responsabilidad por haber actuado de buena fe y dentro del marco legal, todo lo

cual acredita la improcedencia de la sanción, que además no resulta aplicable,

pues aquella norma se refiere a omisión de ingresos, lo que dista de lo

acontecido.

Reclama inaplicado el numeral 193 inciso b) del CPCA. Por

la naturaleza del asunto debatido y existiendo motivo suficiente para litigar,

explica, debió exonerársele de las costas, porque sus argumentos son razonables

en vista de que el Tribunal Fiscal Administrativo le había concedido la razón,

por lo que debió ser el Estado quien procurase la nulidad de esos

pronunciamientos. En el supuesto de ser rechazado el recurso, sostiene, las

costas sólo puede liquidarlas quien lo interpuso, pero no la contraparte, ante

lo que debería exonerársele de sus costas.

III.

Contrario a lo que afirma el recurrente al calificar sus motivos de agravio como

quebrantos de normas sustantivas, su primer reparo obedece  a un aparente

defecto por inobservancia de normas procesales, pues los yerros que critica,

según la propia cita del interesado, están normados en el precepto 137 CPCA,

que explicita los motivos de casación por violaciones de naturaleza adjetiva.

Reclama, al respecto, que ninguno de los juzgadores que dictó sentencia estuvo

presente en la etapa de conclusiones de este proceso. El principio de

inmediación funciona como un derrotero de determinados sistemas procesales, y

en cuenta el contencioso, que en su materialización se traduce en normas de

procedimiento orientadas a permitir al juzgador constatar -por sí y ante sí-

los elementos de prueba que se extraen de cada uno de los medios probatorios que

debe apreciar, todo esto con el objeto ulterior de procurar aproximarse,

gracias a la interacción con los medios de prueba, y hasta donde la

reconstrucción posterior de los hechos lo permita, a un cuadro fáctico lo más

cercano posible a lo sucedido. Por ello es que resulta vital, dentro de estos

sistemas, que los medios probatorios, y particularmente aquellos que se evacuan

de manera oral, o bien, en los que se procura la constatación del estado de

cosas o personas, sean recabados por el juez sentenciador, para que pueda

formarse un criterio de los hechos probados, de la forma más directa posible.

Es, en suma, un instrumento dispuesto para la averiguación de la “verdad

procesal”. Tratándose del proceso contencioso, constituye presupuesto de

validez de las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales, sólo en aquellos

casos en que así se encuentra normado. Respecto del proceso declarado de puro

derecho, o del litigio en que no exista prueba que evacuar, la fase del juicio

oral pierde utilidad porque ya se cuenta en el expediente con todos los

elementos fácticos y  jurídicos  con base en los cuáles deberá

fallarse la controversia. Por ello, en un afán de celeridad acorde con el

mandato constitucional de justicia pronta, se dispuso que una vez terminada la

audiencia preliminar, las partes deban rendir sus conclusiones, luego de lo

cual el asunto será remitido al órgano jurisdiccional para su resolución

(artículo 98 inciso 2) del CPCA. Ergo, no existe norma que requiera la

presencia de los jueces sentenciadores en esa etapa del procedimiento pues, se

reitera, el principio de inmediación está concebido, en lo fundamental, para la

valoración de las pruebas. En lo que corresponde a las conclusiones, a fin de

tenerlas en cuenta, es suficiente con que puedan tener acceso a ellas a través

de cualquiera de los medios tecnológicos conocidos, siempre que aseguren la

integralidad y fidelidad de los argumentos explicitados por los litigantes.

Ello radica, además, en que a diferencia de los medios de prueba, respecto de

los cuales se realiza un juicio de verdad, en torno a las conclusiones se

efectúa un análisis de corrección jurídica, de ahí que la presencia física del

juez sentenciador no resulte indispensable. Por estas razones, aún cuando el

numeral 97 inciso 1 ibídem señala que las normas del juicio oral y público

serán aplicables a la audiencia preliminar,  de forma literal aclara que

esto será: “en lo conducente”, por lo que en su siguiente precepto

dispone: “1) Cumplido el trámite de la audiencia preliminar,

cuando sea procedente, el juez tramitador citará de inmediato a las partes para

la realización del juicio oral y público, previa coordinación con el Tribunal

para fijar la hora y fecha.

Si el asunto es de puro derecho o no

existe prueba que evacuar, el juez tramitador, antes de dar por finalizada la

audiencia preliminar, dará a las partes oportunidad para que formulen las

conclusiones, las cuales serán consignadas literalmente por los medios técnicos

o telemáticos que el juzgador estime pertinentes; acto seguido, remitirá el

expediente al Tribunal para que dicte la sentencia.” En esta misma línea,

la regla 75 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa refiere: “En los asuntos de puro

derecho y en los que se prescinda de la audiencia oral, una vez listos para

fallo, el juez tramitador los remitirá, sin más trámite, a la sección encargada

de su conocimiento.” Así las cosas, la presencia física de los jueces que

dictaron el fallo recurrido no es presupuesto de validez de la sentencia. En

último lugar, si bien el recurrente recrimina que sus razones expresadas en el

alegato de conclusiones no se encuentran en ningún acápite de la sentencia,

omite indicar cuáles de sus argumentos fueron desatendidos. Por el contrario, el

acápite VII del fallo hace referencia a lo alegado por el recurrente en esa

etapa, de modo que su reclamo carece de sustento. Con todo, el reparo debe

denegarse.

IV.

Ahora bien, respecto de sus censuras por razones de fondo, es necesario precisar

que la normativa que da origen a la controversia fue introducida a la Ley del

Impuesto General sobre Ventas mediante reforma contenida en la Ley de

Simplificación y Eficiencia Tributaria (artículo 15), que supuso la creación

del tributo para las primas de seguro. Así, el primer precepto de aquella

normativa, aplicable, por mandato legal (precepto 32 del segundo texto citado),

desde el 1 de agosto de 2001, dispone: “Objeto del Impuesto. Se establece un

impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación

de los servicios siguientes: (…) o) Primas de seguro, excepto las referidas a

los seguros personales, los riesgos de trabajo, las cosechas y las viviendas de

interés social.” La tesis de la aseguradora sostiene que el hecho generador

es la firma del contrato de seguro, por lo que si éste se suscribió en fecha

anterior al 1 de agosto, las primas fraccionadas cubiertas en forma posterior,

no devengarán el tributo, de ahí que tampoco sea procedente la sanción que se

le impuso por la omisión de cobrarlo. Esta tesis fue prohijada en sede

administrativa por el Tribunal Fiscal, criterio que originó el presente proceso

de lesividad. Al resolver la controversia en sede jurisdiccional, el Tribunal

estimó que el tributo grava el pago del seguro, pues el artículo 3 de la Ley

del Impuesto General sobre Ventas dispone que el hecho generador es la

facturación, de modo que el tributo debe cobrarse cuando se paga la prima, no

así cuando se suscribe el seguro. Por eso consideró que los contratos cuyas

primas habían sido cubiertas antes del 1 de agosto no estaban sujetas a la

deuda fiscal, pero las pagadas en fecha posterior sí debían satisfacerla. Luego

concluyó señalando que ello no suponía una aplicación retroactiva de la norma,

porque su vigencia es del 1 de agosto, de ahí que deban ser las primas

posteriores a esa data –no las anteriores- las que deban cubrirla. Por ello,

entre otras razones, consideró que los pronunciamientos del Tribunal Fiscal

eran lesivos y contrarios al ordenamiento, por lo que correspondía su nulidad.

Ante esta instancia, la aseguradora insiste en que el hecho generador del

tributo es la firma del contrato, pero no el pago de la prima, por lo que los

seguros suscritos después del 1 de agosto debían pagar el tributo de ventas, pero

aquellos concertados en fecha anterior no, aún cuando las primas fraccionadas

fueran cubiertas luego del 1 de agosto.

Conforme a lo señalado, debe determinarse entonces cuál

es el hecho generador. Según fue indicado, el tributo en análisis recae sobre

las primas de seguro. El artículo 3 de la Ley de Impuesto General sobre las

Ventas dispone: “Hecho generador. El hecho generador del impuesto ocurre: a)

En la venta de mercancías, en el momento de la facturación o entrega de ellas,

en el acto que se realice primero. / b) En las importaciones o internaciones de

mercancías en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario

aduanero, según corresponda. / c) En la prestación de servicios, en el momento

de la facturación o de la prestación del servicio, en el acto que se realice

/ ch) En el uso o consumo de mercancías por parte de los

contribuyentes, en la fecha en que aquellas se retiren de la empresa. / d) En

las ventas en consignación y los apartados de mercaderías, en el momento en que

la mercadería queda apartada, según sea el caso.” La prima corresponde al

pago que cubre el adquirente del seguro a cambio de la traslación del riesgo a

la entidad aseguradora. Ello supone que no hay transmisión de bienes o

mercaderías, sino de servicios, pues eso es lo que brinda el INS; el servicio

de indemnizar en caso de acaecimiento del riesgo asegurado. Conforme a la norma

descrita, para ese caso el hecho generador es la facturación o la prestación

del servicio. El servicio al que se compromete el INS por regla general tiene

lugar en forma posterior al pago de la prima, porque primero se paga por el

servicio y luego se adquiere el derecho a ser indemnizado en el evento de que

ocurra el siniestro. Luego, en el contrato de seguro, el hecho generador se

ocasiona con la facturación. No hay norma de la que pueda derivarse que el

impuesto surge con la suscripción del contrato, porque el precepto en análisis

es prístino al respecto. Así las cosas, lo relevante no es, en este asunto, el

momento en que el asegurado y la aseguradora concertaron el contrato, sino la

fecha en que se hace el pago, -total o fraccionado-, ya que si la facturación

se hizo antes del 1 de agosto de 2001, no debía cobrarse el tributo, pero si se

facturó luego de esa fecha, necesariamente debía incluirse. Esto no supone la

aplicación retroactiva de la norma que lo crea, que sólo tendría lugar si a las

primas honradas antes de esa fecha se les impusiera el adeudo tributario,

aspecto que no aconteció en el sub-lite. La figura de prima única pagadera a

tractos no varía lo señalado, pues cada tracto requiere de su propia factura,

de modo que en las emitidas a partir de esa fecha, debía incorporarse el

tributo. Más aún, debe añadirse que los convenios entre particulares no son

oponibles al fisco (artículo 12 del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios) por  lo que la condición de pago fraccionado no demerita el

dato de la facturación, que, según se dijo, es el hecho generador. Así las

cosas, por las razones señaladas, no se observa en el pronunciamiento atacado

los yerros enunciados en su segundo y tercer agravio, por lo que deben

desestimarse.

VI.

Respecto a la sanción, extremo que controvierte en su cuarta disconformidad, el

Tribunal consideró que en el traslado de cargos se le  hicieron dos

imputaciones concretas: en unos casos haber cobrado el impuesto sobre primas de

seguros pero omitir declararlo, y en otros no cobrarlo a pesar de tener la

obligación de hacerlo, todo lo cual había sido probado. Luego afirmó que eso

hacía aplicable la sanción del numeral 81 del Código de Normas y Procedimientos

Tributarios. Además puntualizó que el Tribunal Fiscal no había indicado las

razones por las cuales se apartaba del criterio administrativo rendido en el

procedimiento sancionador, que imponía la multa, defecto que generaba falta de

fundamentación. En torno al punto el primer aspecto que reclama es que en vista

de que no correspondía cubrir el tributo, lo mismo, por accesoriedad, sucedía

con la sanción. A la luz de lo señalado en los considerandos precedentes, es

claro que tal consecuencia no puede derivarse en este asunto, pues siendo

desacertada la premisa –improcedencia del impuesto- no se sigue su conclusión

–improcedencia de la sanción accesoria-. También plantea, como argumentos

periféricos, que el Tribunal Fiscal Administrativo sí refirió las razones por

las que anuló la sanción,  que actuó de buena fe, con interpretaciones

razonables y que la norma con base en la cual se le sanciona, se refiere a la

omisión de ingresos, lo que dista de lo acontecido en su caso. En torno al

fundamento del Tribunal Fiscal Administrativo para separarse del criterio

previo de la sede administrativa, conviene precisar que su recurso no se ocupó

de  acreditar, de manera concreta, cuáles argumentos fueron los señalados.

En todo caso, ha de señalarse que esa instancia se limitó a indicar que no era

procedente el tributo, por lo que tampoco la sanción. Finalmente, en lo que se

refiere a determinar si su conducta es sancionable o no, la norma 81 supra

relacionada indica, en lo de relevancia: “Serán sancionables los sujetos

pasivos que, mediante la omisión de la declaración o la presentación de

declaraciones inexactas, dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente

establecidos, los impuestos que correspondan. (…)”. Esto supone que la

presentación de declaraciones inexactas, como aconteció en el caso del INS,

quien no declaró el tributo correspondiente a las primas cubiertas luego del 1

de agosto de 2001, es una conducta sancionable. Además, la buena fe y las

interpretaciones razonables no son criterios, que, aún en el escenario

hipotético de existir, atenúen o eliminen la sanción. En último lugar,

habiéndose demostrado que omitió ingresos porque cobró el tributo pero no lo

declaró, su conducta encaja dentro del supuesto de hecho regulador de la

sanción. Así las cosas, por las razones señaladas, el reparo debe desestimarse.

Desde

vieja data, -otrora de forma unánime, actualmente por voto de mayoría-, una

robusta cantidad de precedentes de la Sala han señalado, respecto a las costas,

que su imposición al vencido deviene por imperativo legal, lo que en modo

alguno equivale a ser consecuencia de calificar a quien debe cubrirlas como

litigante temerario, o de mala fe, pues no obedece a una especie de sanción por

las conductas guardadas durante el proceso, sino a que el Derecho asiste las

pretensiones del victorioso. Esto implica, entonces, que al hacerlas recaer

sobre la parte perdidosa, el juzgador no puede infringir el precepto que conmina

a que aquél las cubra, en tanto actúa en apego a un mandato legal. Por otro

lado, dado que exonerar de costas al vencido es una facultad, que debe

ejercitarse con base en determinados presupuestos, al eximir de su importe sí

podría producirse algún vicio, de no haber sido dispuesto con base en las

condiciones habilitadas por la ley para otorgar el beneficio. Así las cosas, en

el sub-lite, no se cometió yerro alguno al imponerlas a la perdidosa. En todo

caso, debe añadirse, a mayor abundamiento, que las circunstancias que llevaron

al Estado a la formulación de los procesos de lesividad, fueron consecuencia

del propio accionar indebido de la aseguradora, quien a contrapelo de

disposiciones expresas, omitió el cobro del tributo, arguyendo una

interpretación del hecho generador que carece de cualquier sustento legal. Si

bien el Estado inició las actividades fiscalizadoras a fin de revertir el yerro

del recaudador, este se opuso, alegando una serie de argumentos que fueron

acogidos por el Tribunal Fiscal Administrativo. Este desenlace obligó al Estado

a promover los procesos de lesividad, con los consecuentes gastos económicos

aparejados, de modo que, siendo la conducta de la aseguradora lo que propició

la necesidad de los litigios, corresponde imponerle las costas del proceso.

Finalmente, la imposición de las costas del recurso a la parte promovente, en

caso de que éste no prospere, también tiene lugar por mandato legal, esto es,

el numeral 150 inciso 3) del CPCA. Ahora, si por el ejercicio infructuoso de

esta instancia tiene derecho, o no, la contraparte, al devengo de las costas,

es un reclamo prematuro que debe dilucidarse en etapa de ejecución. Así las

cosas, no existiendo en el fallo ninguno de los quebrantos acusados, el recurso

debe rechazarse, imponiendo sus costas a la parte que la promovió.