Resolución 00223-2012

De conformidad con lo

dispuesto en los artículos 134, 139, 140 y 142 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA), únicamente resulta admisible el recurso planteado por la

representación estatal, no así el esbozado por la empresa actora que deberá

rechazarse de plano, por las razones que de  seguido se expondrán.

En cuanto a su resolución por

el fondo, la nueva legislación procesal contenciosa prevé en el mandato 140, la

posibilidad de rechazar de plano el recurso de casación cuando: “a) Del

escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación

/ b) Se haya presentado extemporáneamente / c) Carezca de total fundamentación

jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de Casación deduzcan con

claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones procesales o de

fondo”. En este último supuesto, el legislador propuso una alternativa que

en esta materia resulta innovadora y expedita, de tal modo, en aras de resolver

en forma pronta y cumplida los procesos judiciales permite, a quienes conocen

este recurso extraordinario, determinar desde el inicio si el planteamiento es

a todas luces improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente

formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto de la

técnica misma de la casación conforme al canon 139 íbid. Lo anterior en virtud

de que a nada conduce postergar la resolución de un recurso de esta naturaleza,

si de su contenido se determina, con absoluta claridad, que el reproche

planteado será desestimado.

De conformidad con lo expuesto

por el Tribunal,  el motivo que tuvo para acoger parcialmente la defensa

de caducidad planteada por el Estado y declarar la inadmisibilidad de la

demanda, en lo que respecta a la pretensión anulatoria formulada contra la

resolución no. INFRAC.DT10R-078-07 de la Administración de Grandes

Contribuyentes de la Dirección General de Tributación, de las 9 horas del 24 de

agosto de 2007, en cuanto impuso sanciones de falta de ingresos por omisión o

inexactitud correspondientes al período de renta 1999, lo fue que la demanda se

planteó dos años y cinco meses después de que adquirieron firmeza los actos

impugnados. En esa dirección, estableció que el plazo aplicable en la especie

para ejercitar la pretensión anulatoria era el dispuesto en el canon 37.1 de la

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (LRJCA) y no el

del precepto 175 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), por no

tratarse de una nulidad de grado absoluto. Precisamente en este asunto, los

alegatos que se formulen en contra de lo resuelto en ese sentido, deben

necesariamente atacar dicha razón de inadmisibilidad. Sin embargo, del análisis

del primer agravio del recurso del IT Servicios de Infocomunicación S.A., se

desprende que el recurrente omite la formulación clara y precisa de argumentos

que ataquen las bases jurídicas de la inadmisibilidad decretada. Su reclamo se

limita a indicar, por un lado, que el plazo de caducidad aplicable en la

especie es el de 4 años del artículo 175 la LGAP y no el de dos meses del

precepto 37.1 de la LRJCA, indicando no más que se trata de una nulidad

absoluta la reclamada. Y, por otro, a combatir la interpretación hace el

Tribunal del artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios

(CNPT), respecto de cuándo se produce la sanción que establece dicho numeral,

exégesis que estima contraria a derecho, tema que reconoce ha sido ya resuelto

por esta Sala en voto no. 390-F-S1-2010, de las 9 horas 45 minutos del 18 de

marzo de 2010. Estima “…que hay NUEVOS ARGUMENTOS DE FONDO QUE merecen

una reconsideración del asunto, es especial tratándose del Impuesto Sobre la

Renta, aspecto que no fue analizado previamente por la Sala en los precedentes

anteriores y hoy son fundamento de este Recurso de Casación. Estos NUEVOS

argumentos son los siguientes (…)”. Expone luego, ampliamente, acudiendo a

la doctrina, su posición respecto al tema de fondo sobre el cual pretende abrir

discusión. Tales aspectos resultan insuficientes para quebrar la resolución

impugnada, pues no combaten de manera sistemática y específica los fundamentos

de la resolución recurrida. Por lo anterior, ante su evidente improcedencia,

resulta obligado el rechazo de plano del cargo.

Igual suerte deberá correr el

segundo reproche. En este, acusa violación directa de los artículos 43 y 47 del

CNPT en relación con los numerales 40 y 58 ibídem, quebranto que estima se da por

una incorrecta aplicación de estos, al denegar el Tribunal la pretensión de

condena en daños y perjuicio a cargo del Estado pedida por su representada.

Pese a la informalidad

que propugna la nueva legislación procesal, se requiere que el recurso cuente

con una fundamentación jurídica mínima, según se desprende de los artículos 139

inciso c) y 140 del CPCA. Esto es, deben explicarse las razones en las cuales

sustenta su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia

recurrida y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le de

sustento. En el caso de estudio, el recurrente olvida que esta instancia

procesal no corresponde a un recurso ordinario, ni resulta suficiente

manifestar una serie de disconformidades generales y meramente argumentativas,

en tanto es menester, según se ha dicho, el contraste de lo decidido con la

infracción general que, en su criterio, tuvo lugar. En el agravio en estudio,

si bien es cierto, el casacionista hace mención de normas, no se trata de

normas sustantivas sino de índole procesal que se limita a citar refiriéndose

únicamente de forma breve a su contenido. Al no combatir de manera sistemática

y específica los fundamentos de la resolución recurrida, conforme exige la correcta

técnica del recurso, no puede este Órgano realizar el  estudio del fallo

que pretende la sociedad actora. Así las

cosas, deberá ser rechazado de plano el reproche.

Acorde con lo dispuesto

en el ordinal 142 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se pone en

conocimiento de la admisión del  recurso del Estado a la parte actora, por

el plazo de 10 días.