Resolución 01279-2012

Con base en los hechos

que expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda

ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de quinientos sesenta millones de

colones, para que en sentencia se declare: “PRIMERO. La resolución o

rescisión del contrato suscrito por las sociedades MARCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA y

MOLINOS DE VIENTO DEL ARENAL S.A., suscrito en escritura ochocientos ochenta y

siete mil (sic) iniciada al folio ochenta y seis vuelto del tomo décimo

del protocolo del notario Juan Guillermo Mora Chaves, y la cancelación de dicho

documento en el Registro Público, inscrito al tomo cuatrocientos noventa y uno,

asiento siete mil cuatrocientos cincuenta y siete, consecutivo cero uno. Lo

anterior, por ir en contra de la ley, y por haber incumplido la demanda con el

contrato, y haberse dado la demandada otras propiedades que no estaban dentro

del contrato, en su aprovechamiento.- Y POR SER NULO EL MISMO.- (sic)

SEGUNDO.- Que se restituya a las actoras el pleno goce y dominio de sus

propiedades, a saber, a la sociedad MARCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, en cuanto a sus

fincas inscritas en Propiedad, Partido de Guanacaste, número [...] y la finca

sin inscribir ubicada entre las fincas N […]. Asimismo en cuanto a la sociedad

A SOCIEDAD ANÓNIMA, con respecto A  SUS FINCAS

NúMEROS […].

Que se le ordene a MOLINOS DE

VIENTO DEL ARENAL SOCIEDAD ANÓNIMA, que debe de quitar todas las instalaciones

de postes, anclas e hilos de alambre de todas y cada una de las propiedades de

las actoras MARCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA y A SOCIEDAD ANÓNIMA. Dentro del

improrrogable término que su autoridad determine, el cual no puede superar los

treinta días.- Bajo el apercibimiento de que si no lo

hiciera, dentro de ese término, lo podrán hacer las actoras, con las costas a

su cargo. CUARTO.- Que se condene a la demandada al pago de los daños y

perjuicios liquidados en la presente demanda los que estimo en la suma de SETECIENTOS

QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS COLONES

CON CUARENTA Y DOS CéNTIMOS.

Que se condene al

pago de ambas costas de este proceso.”

La parte demandada

contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho.

La Jueza Ruth Alpízar

Rodríguez, en sentencia no. 15-S-2007 de las 13 horas del 14 de marzo de 2007, resolvió: “Se

declara sin lugar el incidente de hechos nuevos. Se admiten

las preguntas de la confesional contra MARCIAL, y se tienen por contestadas

afirmativamente. SOBRE LA DEMANDA DE ASA CONTRA MOVASA: Se rechaza

parcialmente la excepción de FALTA DE DERECHO. Se ACOGE PARCIALMENTE la

demanda de ASA contra MOVASA, en los términos que se dirá, entendiéndose por

denegado lo que expresamente no se otorgue:

Se ordena a MOVASA

restituir a ASA en el pleno goce y dominio de sus

fincas del

Partido de Guanacaste números […].

Para ello, se ordena a MOVASA

quitar todas las obras e instalaciones relacionadas con el tendido eléctrico, como

postes, anclas, hilos de alambre o cables, montículos -de tierra, escombros,

ramas y piedras-, drenajes y zanjas que existan en dichas fincas. Se le otorga

un plazo de TRES MESES a partir de la firmeza de esta sentencia, bajo

apercibimiento de que si no lo cumple en la forma ordenada y dentro del término

conferido, queda autorizada ASA para hacerlo, con los gastos a cargo de la

demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 696 del Código

Procesal Civil aplicado supletoriamente.

Por daños debe indemnizar

MOVASA a ASA los siguientes rubros, entendiéndose son denegados los que

expresamente no se indiquen: a) La afectación sufrida durante el tiempo en que

ASA tenga que soportar la existencia de anclas, postes, pasos parciales del

cableado, drenajes y zanjas, montículos de tierra, escombros, piedras y ramas

de árboles en las áreas efectivamente afectadas de sus fincas del Partido de

Guanacaste inscritas bajo los folios reales [...] (en el ancho y largo de cada

franja afectada por el tendido dentro de cada una de esas fincas). El periodo a

indemnizar corre desde que empezó la instalación de la línea de

transmisión en marzo de mil novecientos noventa y nueve hasta que se proceda a

restituir la situación de los inmuebles al estado anterior a su instalación. La

fijación del quantum se hará en la etapa de ejecución de sentencia y deberá

tomarse en cuenta que en esos terrenos se desarrolla actividad ganadera, las

distancias frente a calle pública de cada uno y la incidencia de esas obras en

el desarrollo de la actividad comentada; b) La afectación por la corta de

árboles sin su permiso realizada en los terrenos citados, quedando la

determinación concreta de la especie, la cantidad y el grosor de cada uno de

ellos así como su valor para la etapa de ejecución de sentencia;

Se

resuelve esta acción sin especial condenatoria en costas. DEMANDA DE

MARCIAL CONTRA MOVASA: Se rechaza parcialmente la excepción de FALTA DE

DERECHO. Se ACOGE PARCIALMENTE la demanda de MARCIAL contra MOVASA, en

los términos que se dirá, entendiéndose por denegado lo que expresamente no se

otorgue:

Se declara nulo el contrato de imposición de servidumbre suscrito

por las sociedades dichas, en escritura ochocientos ochenta y siete del tomo

décimo del protocolo del notario Juan Guillermo Mora Chaves, de nueve de marzo

de mil novecientos noventa y nueve;

Se ordena la cancelación del

asiento del Registro Público (tomo 491, asiento 7457, consecutivo 01-002, 005 y

006) por medio del cual se registro dicho gravamen sobre las fincas […], todas

del Partido de Guanacaste y a favor de la […]. 3). Debe MOVASA

indemnizar a MARCIAL, entendiéndose son denegados los rubros que expresamente

no se conceden, el valor de dos árboles de cocobolo cortados sin su permiso, de

su finca […], quedando la determinación concreta de su valor para la etapa de

ejecución de sentencia.

Se rechaza expresamente la petitoria de la

actora de que se ordene a MOVASA retirar todas las instalaciones de postes,

anclas e hilos de alambre de sus fincas, a raíz de la nulidad declarada, al

estar amparadas dichas obras en un contrato anterior sucrito (sic) entre

las partes, de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa y ocho.

5)

Se resuelve esta acción sin especial condenatoria en costas. Una vez firme esta

sentencia, emítase la ejecutoria correspondiente para efectos de tramitar la

cancelación de los asientos registrales citados ante el Registro Público de la Propiedad Inmueble".

Los apoderados especiales

judiciales de la parte demandada apelaron, y el Tribunal Agrario del Segundo

Circuito Judicial de San José, integrado por las Juezas Andrea Ruiz Ramírez,

Carolina Hurtado García y el Juez Antonio Darcia Carranza, en sentencia no.

1127-F-10 de las 13 horas 30 minutos del 30 de noviembre de 2010, dispuso:

“Se revoca parcialmente la sentencia, en lo siguiente: respecto a la demanda

de ASA contra MOVASA en cuanto 1) ordena a MOVASA restituir a A. S.A. en el

pleno goce y dominio de sus fincas del Partido de Guanacaste, números […],

ordenando quitar todas las obras e instalaciones relacionadas con el tendido

eléctrico, como postes, anclas, hilos de alambre o cables; 2) se ordena a

MOVASA quitar todas las obras e instalaciones relacionadas con el tendido

eléctrico, como postes, anclas, hilos de alambre o cables.

Se resuelve esta

acción sin especial condenatoria en costas. En su lugar se rechazan dichas

petitorias y se condena MOVASA al pago de ambas costas de la acción, esto

último con fundamento en el (sic) artículos 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria.

Deberá modificarse la sentencia en lo siguiente:

Se declara la constitución

de una servidumbre de tendido eléctrico, del Proyecto Eólico Tierras Morenas,

en contra de las fincas del partido de Guanacaste, matrículas […], y en favor

del inmueble ubicada en el cantón sexto de la provincia de Guanacaste, inscrita

a folio real […], por lo que se ordena su inscripción en el Registro Público,

por medio de ejecutoria una vez firme este fallo.

Deberá MOVASA indemnizar a

A.S.A. por la constitución de las servidumbres, cuyo valor será determinado en

ejecución de sentencia. En lo demás se confirma el fallo

impugnado. Respecto de la demanda de Marcial contra MOVASA, se

revoca: 1) en cuanto declara nulo el contrato de imposición de servidumbre

suscrito por las sociedades dichas, en escritura ochocientos ochenta y siete

del tomo décimo del protocolo del notario Juan Guillermo Mora Chaves, de nueve

de marzo de mil novecientos noventa y nueve; 2) en cuanto ordena la cancelación

del asiento del Registro Público (tomo 491, asiento 7457, consecutivo 01-002,

005 y 006) por medio del cual se registro dicho gravamen sobre las fincas once

mil cuatrocientos noventa y dos-cero cero cero, dieciocho mil cuatrocientos

noventa y seis-cero cero cero y veintiséis mil trescientos cincuenta y uno-cero

cero cero, todas del Partido de Guanacaste y a favor de la […].

En cuanto

resuelve sin especial condenatoria en costas. En su lugar se rechazan dichas

petitorias y se condena MOVASA al pago de ambas costas de la acción, esto

último con fundamento en el (sic) artículos 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria.

Deberá modificarse la sentencia en lo siguiente:

Se declara la constitución

de una servidumbre de tendido eléctrico, del Proyecto Eólico Tierras Morenas,

en contra de las fincas del partido de Guanacaste, matrículas […] y la finca

sin inscribir con plano catastrado […], en favor del inmueble ubicada en el

cantón sexto de la provincia de Guanacaste, inscrita a folio real ciento un mil

setecientos cuarenta y cinco-cero-cero- cero, por lo que se ordena su

inscripción en el Registro Público respecto de las fincas inscritas, por medio

de ejecutoria una vez firme este fallo.

Deberá MOVASA indemnizar a MARCIAL

S.A. por la constitución de las servidumbres, cuyo valor será determinado en

ejecución de sentencia.

Deberá MOVASA S.A. dotar de corriente eléctrica a

las propiedades de MARCIAL S.A. denominadas finca La Caja y finca Coyolar, dentro

del plazo de seis meses a partir de la firmeza de este fallo. En lo demás se confirma el fallo impugnado.”

El Tribunal Agrario

del Segundo Circuito Judicial de San José, procede de oficio, adicionar el voto

n° 0043-A-11 de las 15 horas del 27 de enero de 2011, indicando: “Se

adiciona el voto número mil ciento veintisiete de las trece horas treinta

minutos del treinta de noviembre del dos mil diez, indicando que la servidumbre

para el paso de líneas eléctricas áreas, requería de un claro de cuatro metros

a los hilos más bajos, un ancho de cinco metros, por toda la sección de la

línea y situado debajo de la misma. En la misma postería se

instalará una línea de distribución eléctrica o monofásica. La

servidumbre atraviesa los fundos propiedad de A S.A. de la siguiente manera:

fundo matrícula ocho mil quinientos veintitrés-cero cero cero, con rumbo de

suroeste a noreste, una longitud de dos mil ciento cincuenta y tres metros, un

ancho de cinco metros, para una superficie de diez mil setecientos sesenta y

cinco metros cuadrados. El fundo matrícula seis mil quinientos ochenta y

seis-cero cero cero, con rumbo de suroeste a noreste, una longitud de mil

trescientos treinta y un metros, un ancho de cinco metros, para una superficie

de seis mil seiscientos cincuenta y cinco metros cuadrados. El fundo matrícula

cinco mil ciento veintidós-cero cero cero, con rumbo de suroeste a noreste, una

longitud de mil novecientos noventa y cuatro metros, un ancho de cinco metros,

para una superficie de nueve mil novecientos setenta metros cuadrados. El fundo

matrícula […], con un rumbo de suroeste a noreste, una

longitud de mil ochocientos veintitrés metros, un ancho de cinco metros, para

una superficie de nueve mil ciento quince metros cuadrados. El fundo matrícula […],

con un rumbo de suroeste a noroeste, una longitud de

mil cuatrocientos diez metros, un ancho de cinco metros, para una superficie de

siete mil cincuenta metros cuadrados. La servidumbre atraviesa los fundos

propiedad de MARCIAL S.A. de la siguiente manera: El fundo matrícula […],

con un rumbo de suroeste a noreste, con una longitud

de mil quinientos veintinueve metros, un ancho de cinco metros, para una

superficie de siete mil seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados. El fundo

matrícula trece mil trescientos once-cero cero cero, con un

rumbo de suroeste a noreste, un ancho de cinco metros, con una longitud y

superficie que deberá determinarse, en ejecución de sentencia. Se corrige error

material contenido en el Voto mil ciento veintisiete, de las trece horas

treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil diez, en el sentido que se

consigna erróneamente: Respecto de la demanda de Marcial contra MOVASA,

en su lugar se lea correctamente Respecto de la demanda de MARCIAL contra

MOVASA. Así mismo en cuanto se ordeno por error material en el parte dispositiva

de este voto, se constituyera servidumbre en contra de

la finca matrícula […], siendo lo procedente omitir la constitución de la

servidumbre en dicha finca, dado que se encuentra debidamente constituida según

informe registral.”

Los licenciados Odio

Rohmoser y Pacheco Flores, en sus expresados caracteres, solicitaron adición y

aclaración y el Tribunal en sentencia no. 0414-A-11 de las 14 horas del 27 de

abril de 2011, resolvió: “Se rechaza las adición de aclaración y adición (sic)

que realiza la parte actora. Se acoge la adición y aclaración solicitada por

la parte demandada en cuanto, se aclara que el número de folio real de la finca

correcto, sobre la cual se da la declaratoria de constitución de la servidumbre

de tendido eléctrico en contra de la propiedad de A S.A. es la […]; y en

relación a la declaratoria de constitución de la servidumbre de tendido

eléctrico sobre de la finca sin inscribir con plano catastrado […], dictado por

este Tribunal de las trece horas treinta minutos del treinta de noviembre de

dos mil diez en el sentido de que dicha servidumbre, requerirá de un claro de

cuatro metros a los hilos más bajos, un ancho de cinco metros, por toda la

sección de la línea y situado debajo de la misma; con un rumbo de suroeste a

noreste, una longitud de seiscientos cuarenta y cuatro metros con doce decímetros,

para un superficie de tres mil doscientos veinte metros con seis centímetros

cuadrados. En cuanto a los drenajes y zanjas, se aclara de que deberán ser

removidos aquellos drenajes y zanjas que no se requieran para evacuar aguas de

escorrentía y evitar el deterioro del camino, y que dificulten el

acceso a las fincas.”

Los licenciados

Elizondo Ruíz, representante de las sociedades actoras, Odio Rohmoser y Pacheco

Flores, de la parte demandada, formulan recurso de casación indicando las

razones en que se apoyan para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado Rivas Loáiciga

El 27 de marzo de 1995,

el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) otorgó concesión de fuerza eólica

por 15 años a la empresa Molinos del Viento del Arenal Sociedad Anónima (en lo

sucesivo MOVASA), mediante la cual podía generar una potencia teórica de 20 mw.

Como parte del desarrollo del

proyecto dicha compañía gestionó la constitución de servidumbres en fincas a lo

largo del

tendido eléctrico. En julio y agosto de 1996, las Municipalidades de Tilarán y

Cañas, respectivamente, le concedieron permiso para pasar la línea de

transmisión y monofásica por el camino público que va del Cerro Bambú a la

subestación Corobicí en Cañas, esto porque el ICE compraría la energía

producida. El 20 de junio de 1998, Marcial Elizondo Zumbado, en representación

de Marcial Sociedad Anónima (MARCIAL S.A. en adelante), suscribió con MOVASA un acuerdo para la colocación de anclajes de sostén de

postería, -que se ubicaría en la vía pública y a una distancia aproximada de un

metro de las cercas de los fundos de la primera-. Por su parte, MOVASA se

comprometió a llevar electricidad a dos inmuebles elegidos por don Marcial (La Caja y Coyolar) y entregar la

suma de ¢100.000,00 para la instalación interior de

cada casa. Todo daño que se cometiera en la colocación de las anclas o postes

se pagaría conforme al sano juicio de las partes o mediante peritaje de un experto, si así lo estimaran las contratantes. El 9 de

marzo de 1999, en escritura pública no. 887 del protocolo décimo del notario

Juan Guillermo Mora Chaves, MARCIAL S.A. y MOVASA suscribieron contrato en el

que dispusieron:  la primera es propietaria de las fincas del Partido de

Guanacaste, matrículas de folios reales […], y la segunda del inmueble de dicha

provincia, folio real no. […]. Acordaron imponer servidumbre de paso de líneas

aéreas (con un claro de cuatro metros y un ancho de

cinco metros, por toda la sección del cableado

y situado debajo de este), contra las citadas propiedades de MARCIAL S.A. a

favor del

fundo de MOVASA. La servidumbre atravesaría los terrenos de la siguiente

manera: el […] con rumbo suroeste a noreste, con una distancia de 1.531,00 metros,

para una superficie de 7.655,00 metros cuadrados;

el 11.492-000 con dirección de sureste a noroeste, con una longitud de 1.168,00 metros, y

un área de 5.890,00

metros cuadrados; y el 18.496-000 correría de noreste a

suroeste, con una extensión de 5.075 metros y un espacio superficial de 25.375,00 metros cuadrados.

Marcial S.A. no cobró suma alguna por el derecho de paso.

Tales servidumbres quedaron inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble

en las citas […]. La instalación efectiva de las líneas de transmisión se

inició en los primeros meses de 1999 y empezó a operar en julio

de ese año, y, en febrero del

año siguiente se concluyeron las labores. A Sociedad Anónima (A.S.A. en lo

sucesivo) es una compañía representada por la señora A, cónyuge de don M. Las

fincas de Guanacaste, folios reales números […] pertenecen a dicha empresa y se

encuentran ubicadas a la orilla del camino donde se levantaron las líneas de

transmisión, razón por la cual resultaron afectadas con la instalación de

anclas para postes dentro de sus terrenos. También, sufrieron acumulación de

tierra y piedras, afectación de secciones de cerca, bloqueo de un portón de

acceso, construcción de drenajes o zanjas para evacuar el agua de escorrentía y

la corta de árboles en el área ubicada bajo las líneas de conducción. En julio de 2000, la representante de A.S.A., en virtud de lo

expuesto, interpuso denuncia en la SETENA. En resolución del 22 de agosto de 2002,

esta última, ordenó a MOVASA la remoción de los escombros, igualmente que,

reparara los tramos de cerca afectados, revisara los drenajes para su

rectificación o eliminación, según atañera y se hiciera un inventario de los

árboles derribados. Además, dispuso que no se constató

impacto ambiental severo e irreversible. No obstante, A.S.A. no permitió

el ingreso a sus propiedades para que se cumpliera con lo

establecido por la

SETENA. Marcial S.A. y A.S.A. son empresas independientes,

conformadas por miembros de la familia E, el total del capital accionario de la

primera, en un principio fue propiedad de M y el de A.S.A. perteneció a  A,

y posteriormente, el de ambas compañías pasó a pertenecerle a sus hijos R y L

ambos E. Dichas sociedades formulan demanda contra MOVASA, pretenden: la resolución

o rescisión del contrato suscrito entre Marcial S.A. y MOVASA, en escritura no.

887 del tomo décimo del protocolo del notario Juan Guillermo Mora Chaves y su

cancelación en el registro, citas tomo 491, asiento 7457, consecutivo 001;

también piden su nulidad; se les restituya en el pleno goce y dominio de sus

inmuebles. A MARCIAL S.A. de las fincas del Partido de Guanacaste números […]

y el fundo sin inscribir ubicado entre los fundos […]. En cuanto A.S.A. de las

propiedades del

mismo Partido números [...]. Se ordene a MOVASA quitar las instalaciones de

postes, anclas e hilos de alambre de todas y cada una de sus heredades, en el

término improrrogable que determine la autoridad judicial, que no supere los 30

días, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciera, ellas lo podrán hacer con

los costos a cargo de la demandada. Se le condene al pago de daños y perjuicios

que estiman en ¢715.177.936,42 y al pago de las

costas. La demandada contestó negativamente y opuso la excepción de falta de

derecho. El Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda de A.S.A. Ordenó

a MOVASA restituirla en el pleno goce y dominio de sus fincas de Guanacaste […];

quitar todas las obras e instalaciones relacionadas con el tendido eléctrico,

como postes, anclas, alambres, cables, escombros, drenajes y zanjas, en un

plazo de tres meses a partir de la firmeza de esta sentencia, con el

apercibimiento de que si no cumple A.S.A. queda autorizada a hacerlo con los

gastos a cargo de la demandada (artículo 696 del Código Procesal Civil).

Cancelar por daños los siguientes extremos: a) la afectación sufrida durante el

tiempo en que soportó la existencia de anclas, postes, paso de cableado,

drenajes, zanjas, escombros en las áreas afectadas de los inmuebles de

Guanacaste números […], período que corre desde su instalación en marzo de 1999

hasta su restitución al estado anterior de las propiedades. Asimismo,

dispuso que la estimación se hiciera en la etapa de ejecución de sentencia.

También que se consideraría que la actividad en dichos

terrenos es la ganadera, la distancia frente a calle pública y la incidencia de

las obras en su desarrollo. b) la afectación

por la corta de árboles sin su permiso, de acuerdo a su especie, cantidad y

grosor a fijar en vía de ejecución del

fallo, sin especial condenatoria en costas. En lo tocante a Marcial S.A., la

declaró parcialmente con lugar. Anuló el contrato de imposición de servidumbre

suscrito con MOVASA, mediante escritura 887 del tomo 10 del notario Juan

Guillermo Mora Chaves, de 9 de marzo de 1999. Ordenó la cancelación del asiento

del Registro Público, visible al tomo 491, asiento 7457, consecutivo 01-002,

005 y 006, que pesa sobre los fundos del Partido de Guanacaste, matrículas de

folios reales […]. Además, indemnizarle el valor de dos árboles de cocobolo

cortados sin su permiso, remitiendo la valoración a la vía de ejecución de

sentencia. Rechazó lo solicitado respecto a que se retiraran de sus fincas las

obras levantadas en razón de la nulidad decretada, al estar amparadas en un contrato anterior y sin especial condenatoria en costas.

El Tribunal revocó parcialmente lo resuelto, en cuanto se había ordenado a

MOVASA restituir a A.S.A. en el pleno goce y dominio de sus fincas del Partido

de Guanacaste, números […], se había ordenado quitar todas las obras e

instalaciones relacionadas con el tendido eléctrico, como postes, anclas, hilos

de alambre o cables y resuelto sin especial condenatoria en costas. En su lugar

rechazó dichas petitorias y condenó a MOVASA al pago de ambas costas con

fundamento en el artículo 55 de la

Ley de Jurisdicción Agraria (LJA). Asimismo,  modificó

la sentencia, de manera que constituyó una servidumbre de tendido eléctrico,

del Proyecto Eólico Tierras Morenas, con un claro de cuatro metros respecto a

los hilos más bajos, con un ancho de cinco metros en toda la sección de la

línea, al igual que la instalación en la postería de una línea de distribución

eléctrica monofásica, contra las fincas del Partido de Guanacaste, matrículas

de folios reales […] (de suroeste a noreste, con 1.331,00 de largo, cinco

metros de ancho y un área de 6.655,00 metros cuadrados);

5.122-000 (de suroeste a noreste, con una longitud de 1.994,00 metros, un

ancho de cinco metros y una superficie de 9,970,00 metros cuadrados);

38.204-000 (de suroeste a noreste con 1.823,00 de largo, cinco metros de ancho

y 9.115,00

metros cuadrados de área); 8.523-000 (de suroeste a

noreste con una longitud de 2.153,00 metros, con un ancho de cinco metros y

una superficie de 10.765,00 metros cuadrados); y, […] (de

suroeste a noroeste, con una extensión de 1.410,00 metros,

cinco metros de ancho y 7.050,00 metros cuadrados),

todas en favor del inmueble de Guanacaste, número […], en razón de lo que

ordenó su inscripción en el Registro Público. También que MOVASA deberá

indemnizar a A.S.A. por la constitución de las

servidumbres, cuyo valor será determinado en ejecución de sentencia. En lo restante confirmó el fallo impugnado. Respecto de la

demanda de Marcial S.A. contra MOVASA, revocó lo relativo a la nulidad del

contrato de imposición de servidumbre suscrito por las citadas sociedades, en

escritura 887 del tomo 10° del protocolo del notario Juan Guillermo Mora

Chaves, del 9 de marzo de 1999; en cuanto ordenó la cancelación del asiento del

Registro Público (tomo 491, asiento 7457, consecutivo 01-002, 005 y 006) que

pesaba sobre las fincas […], ambas del Partido de Guanacaste y a favor de la

no. […]. De igual modo, en lo referente a que resolvió sin especial

condenatoria en costas. En su lugar, rechazó dichas

petitorias y condenó a MOVASA al pago de ambas costas de la acción.

Asimismo, modificó lo resuelto de la siguiente manera: declaró la constitución

de una servidumbre de tendido eléctrico, del Proyecto Eólico Tierras Morenas,

en contra de las fincas del partido de Guanacaste, matrículas […] de suroeste a

noreste, cinco metros de ancho, y con una longitud y área que deberá

determinarse en ejecución de sentencia); […] (de suroeste a noreste, con una

longitud de 1.529,00

metros, cinco metros de ancho, para una superficie de 7.645,00 metros cuadrados);

y, el inmueble sin inscribir con plano catastrado […] con un claro de cuatro

metros respecto los hilos más bajos, un ancho de cinco metros en toda la

sección de la línea con rumbo suroeste a noreste, un largo de 644,12 metros y una

área de 3.220,06

metros cuadrados, en favor de la propiedad situada en

Guanacaste, a folio real no. […]. En lo tocante a drenajes y zanjas se

removerán aquellos que no se requieran para evacuar aguas de escorrentía y

evitar el deterioro del camino y dificulten el acceso

a las fincas. Por consiguiente, ordenó su inscripción en el Registro Público

respecto de las fincas inscritas, por medio de ejecutoria una vez firme este fallo. Por otro lado, dispuso que

MOVASA debe indemnizar a MARCIAL S.A. por la constitución de las servidumbres,

cuyo valor será determinado en ejecución de sentencia. También que

dotará de corriente eléctrica a las heredades de MARCIAL S.A., denominadas

finca La Caja y

finca Coyolar, dentro del plazo de seis meses a partir de la firmeza de este

fallo. En lo demás confirmó el fallo impugnado, excepto según

se señaló, en lo relativo a las costas que las impuso a la demandada.

Ambas partes formulan recurso para ante esta Sala.

Recurso de la parte actora

II.-

el representante de la coactora MARCIAL S.A.,

alega, el Tribunal “no se pronuncia en cuanto al pago de los perjuicios

ocasionados por MOVASA… derivados de la acometida de la electricidad”. Enumera

como infringidos los cardinales 41 de la Constitución Política,

1045 del Código Civil y 54 de la

Ley de la Jurisdicción Agraria. La sentencia

impugnada, indica, quebranta la última de las normas

al no pronunciarse sobre lo pedido en la demanda, lo cual apunta, se debatió y

fue objeto de peritaje. Insiste, en el punto cuarto solicitó

se condenara a la accionada a cancelar los daños y perjuicios (folios 269, 270

y 271 de los autos).

Múltiples fallos de esta Sala han dispuesto que la

congruencia de la sentencia está referida a la necesaria relación entre

lo solicitado por las partes,  en los escritos de demanda o contrademanda,

como en sus

respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo. Además,

que no se incurre en incongruencia si alguna, algunas o todas las pretensiones

son rechazadas, pues, lo que procura es asegurar que los juzgadores resuelvan

sobre lo debatido, sea que la acojan o lo rechacen parcial o totalmente.

Lo atacado en este reparo es que según criterio de la coactora se le debía

otorgar los perjuicios derivados del incumplimiento de construcción de la

acometida de electricidad en dos de sus fincas, aspecto que fue denegado, así,

es evidente, ello no corresponde al yerro de incongruencia. Lo recriminado más

bien atiende a un motivo sustancial indirecto, ya que

estima, existe una experticia que los acredita, aunque cita la normativa de

fondo que considera conculcada, el cargo no resulta procedente. Nótese, en primera instancia el elemento de convicción que se aduce

preterido, no se consideró útil para los efectos requeridos. En los considerandos XXI y XXII de manera amplia se vertieron las

razones que se tuvo para descartarla, los cuales no fueron refutados en su

oportunidad y tampoco ahora en el recurso.

En lo tocante a MARCIAL S.A., esboza un segundo

reproche, señalando que, lo dispuesto en la sentencia “podría hacer ilusorio

el cumplimiento de la acometida de la

línea monofásica a las fincas La Caja y el Coyolar”.

Explica, esto es así ya que: “El ICE en  oficio

0012.32802.2001 expuso las dificultades técnicas que presenta la postería

instalada por MOVASA para la implementación de dicha línea…precisamente el

problema radica en que dicha postería no permite los claros técnicamente

recomendados entre la línea monofásica y la trifásica, por lo que no se puede

instalar el hilo neutro, sin que genere peligro”. Por ende, apunta como

vulnerado el canon 41 de la CP

por que se “…ordena una acción ilusoria”.

Obsérvese, lo desarrollado no va dirigido

a combatir lo dispuesto por el Tribunal, sino que parte de un aspecto

hipotético, pues, apunta, lo relativo a la acometida de la línea monofásica podría ser ilusorio, así,

el agravio resulta improcedente. A lo anterior ha de agregarse, en la adición y

aclaración de modo concreto se resolvió que la servidumbre necesita de un claro

de cuatro metros en cuanto a los hilos más bajos y un ancho de cinco metros, y

que en esa postería se instalaría la línea de distribución o monofásica, sea,

que se falló de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas. En todo caso, de presentarse algún inconveniente lo sería al

momento de la ejecución de la sentencia, por ende, será ahí cuando deberá de resolverse.

En cuanto a A.S.A. acusa indebida valoración

probatoria con quebranto del

precepto 54 de la Ley

de la

Jurisdicción Agraria. Recrimina, el testimonio del licenciado Juan Guillermo

Mora Chaves debió analizarse considerando su relación con alguna de las partes;

si tenía interés en el resultado del

juicio; o bien uno directo. Manifiesta, en el asunto de

examen dicho deponente tiene una relación profesional con la demandada MOVASA.

Enuncia, la cuestión medular que se discute, es la nulidad de los instrumentos

confeccionados con la asesoría de dicho testigo, lo que en su opinión, de ser

declarada, le acarrearía responsabilidades disciplinarias, civiles y

patrimoniales. De ahí, recalca, es evidente su interés a fin de consolidar

aquel “adefesio jurídico”, donde solo hizo comparecer a la sociedad de M y no

la de doña A. Argumenta, tal proceder condujo a inscribir el contrato en el

Registro Público y aunque no sucedió igual con las fincas de A.S.A., ahora,

dice se pretende las afecte, así como

los derechos de su representante y única accionista, pese a que nunca lo

otorgó. Aduce, esto resulta ilegal porque se le da un

alcance tal que afecta inmuebles que no le pertenecen al suscriptor del acto notarial. Increpa, era obvio que el deponente, en razón de su interés

expresara que los convenios cumplieron con todas las formalidades y que fue

conocido por las partes, aunque no haya prueba documental que lo acredite.

Invoca quebranto de la sana

crítica racional, ya que si se aceptara que A, estuvo presente en la firma del contrato, ello no lo

exime de haberla hecho comparecer y que aprobara lo acordado con su firma. Del testimonio, indica,

lo lógico es que si ella estuvo presente y no otorgó

el documento ni lo firmó, fue porque no estaba de acuerdo con la negociación, o

bien, no fue parte interviniente, lo que en su criterio, hace indudable su

falta de consentimiento. Así, lo procedente es lo resuelto

por el Juzgado, respecto a que si la representante de A.S.A. no lo rubricó,

demuestra su negativa y desconocimiento de sus alcances. Por otra parte,

en cuanto a la deposición del señor M, asevera, se trataba de una prueba

testimonial, no de una confesional como por error lo consideró el Tribunal.

Reitera, dicho señor no es parte del proceso, por lo que la fallida

probanza es tan solo un testimonio no evacuado. Por ende, refuta, la supuesta

anuencia de doña A para ser suplantada quedaría

sostenida únicamente en la deposición torcida del licenciado Juan Guillermo Mora Chaves. En consecuencia, alega, es claro, el yerro probatorio de los

juzgadores de segunda instancia. Por otro lado, expone, no existe ni se demostró consentimiento tácito de A.S.A. ni de su

representante. Hace patente los reclamos por los daños sufridos con la

imposición de las servidumbres, por lo que en su criterio, no puede sustentarse

la tolerancia de la usurpación de sus propiedades. Entre los hechos probados,

señala, se tiene que instó el resarcimiento a MOVASA, SETENA e ICE y ante su

negativa, tuvo que acudir a estrados. Subraya, también sufrió un daño ya que se cortaron 64 árboles más de los

autorizados. Explica, en su denuncia ante SETENA objetó la

colocación de postes de tendido eléctrico, construcción de drenajes y la

acumulación de tierra y piedras, entre otros. Relata,

igual hizo en el ICE, y además, reclamó la indemnización por las servidumbres

constituidas en sus fundos. En la sentencia recurrida, indica, el

Tribunal acepta que no existió formalización alguna de servidumbres que pesaran

contra A.S.A. y que tampoco hubo resarcimiento por ese

rubro. En su opinión, de manera implícita se reconoce que no medió acuerdo

verbal, ni escrito de su parte. Luego, hace una

síntesis del

pensamiento de Kelsen sobre la norma fundamental y la jerarquía de las leyes.

Finalmente, expresa que el asunto de análisis “…da la oportunidad a la Honorable Sala

Primera de la Corte

Suprema de Justicia para enmendar el aberrante concepto del

Derecho Agrario aplicado por el Tribunal de Segunda Instancia. Este es el

escenario oportuno, el momento político, social, económico y legal del Estado Costarricense de enderezar la discriminación que

durante el oscurantismo agrario situó a la mujer subordinada y subyugada a la

voluntad del

hombre gamonal”.

alega, el Tribunal modificó lo resuelto

por el Juzgado respecto a los extremos 1) y 2), donde se ordenaba a Movasa

restituir a A.S.A. en el pleno goce y disfrute de sus inmuebles, así como

quitar las obras e instalaciones atinentes al tendido eléctrico, y en su lugar,

reprocha, declaró válido y eficaz el contrato de anclas y el no. 887 de

constitución de servidumbre de tendido eléctrico, con fundamento en dos

aspectos: a) que el Proyecto Eólico de Tierras Morenas es de interés público y

b) M obligó a la empresa de su cónyuge, mediante instrumento notarial, pese a

que esta última nunca compareció, para lo cual, objeta, utilizó la figura del

“gamonal”. Asevera, se conculca su capacidad jurídica y derechos al hacer

prevalecer el interés común, como si justificara, expresa, la trasgresión del

debido proceso, formas legales, derechos de los accionistas y representante de

la compañía actora. Arguye, la Administración Pública

debe adecuar su proceder al bloque de legalidad de consuno con lo dispuesto en

los preceptos 11 de la CP

y 11 de la Ley General

de la

Administración Pública (LGAP). En tal

sentido, apunta, la norma 45 constitucional “…establece el principio de

inviolabilidad de la propiedad privada, salvo por interés público legalmente

comprobado y previa indemnización conforme a la Ley”. Asimismo,

manifiesta, la Ley

no. 6313 del 4 de enero de 1979 –Ley de Adquisiciones, Expropiaciones y

Servidumbres del ICE-, en su cardinal 1°, estipula que, se declaran de interés

publico los bienes inmuebles que sean necesarios para el cumplimiento de sus

fines, los que para tales efectos deben expropiarse. También, que el canon 22

ibídem, establece que se aplica a las servidumbres, pero que en caso de

oposición del

propietario se ha de seguir el procedimiento expropiatorio. Y, de conformidad

con lo que regula el artículo 23 de la

Ley de cita, en relación con los preceptos 455 y 621 del CC,

para efectos de terceros, debe anotarse la inscripción del fundo sirviente, lo

cual, señala, en el caso de estudio no se hizo. Reprocha, los jueces para

revocar lo resuelto por el A quo se fundamentaron en el concepto del

“Gamonal”, al estimar que corresponde al derecho realidad agrario, pese,

indica, que se trata de una figura feudal. Acusa tal interpretación de

“ignominiosa” y de aplicación 50 años atrás, con la que, afirma, se reducen los

derechos y capacidades de la mujer. Expone, en la especie se conculcan los

derechos de la representante de A.S.A. solo por ser esposa del señor M, no

conformándose con reconocerle poderes plenipotenciarios, de modo que ignora los

derechos, no solo de su esposa si no que también de la citada compañía.

Insiste, el argumento del Ad quem es errado, ya que acepta “…que un hombre

puede per se, disponer sobre los bienes no solo de su esposa, sino inclusive

sobre los que ésta posea dentro de una sociedad anónima…”.

Critica, con tal planteamiento pone en peligro años de

reivindicación social de la mujer en el país. En cuanto al

segundo aspecto, a saber, que el Proyecto Eólico de Tierras Morenas es de

interés público, alega, no concuerda con la realidad. Arguye, la Secretaría del

Consejo Directivo del ICE en el oficio 0012.32802.2001 dispuso no había interés

económico en el citado proyecto, porque el área de atracción cuenta con escasa

población y actividad económica. Agregó, que además MOVASA no cumplió con los

requisitos técnicos y legales para construir la línea y

constituir las servidumbres necesarias, razón por la cual se rehusaba a adquirir

dichas líneas de transmisión de energía. Por consiguiente, argumenta, no se

apreció debidamente ese documento. De acuerdo con la

teoría del derecho realidad esbozada por el Tribunal, formula, así como

justificó que como don M por ser el gamonal podía disponer de lo que pertenece

a su esposa; entonces, debió aplicarla para determinar que tal proyecto no es

de interés público. En ese documento, asimismo, increpa, se dejó de apreciar

que reconoce los yerros jurídicos y técnicos en los que incurrió MOVASA razón

por la cual el ICE no recibió las líneas de conducción de electricidad al

significar una carga económica y un riesgo legal. Este aspecto, afirma, socava

lo fundamentado en las potestades de imperio del Estado, sobre los derechos de

A.S.A., representada y perteneciente a una mujer, a quien, reprocha, por ese

solo hecho, se le despojó de su voluntad, derecho de propiedad y a ser

considerada una persona con iguales derechos a los hombres.  Acota, de

idéntico modo, se desdeñó que las sociedades actoras son personas jurídicas

independientes, con distintos representantes y accionistas. La recurrente en un aparte que denomina: “enunciación de las normas

infringidas por el Tribunal, de acuerdo al artículo 595 del Código Procesal Civil (CPC)”,

transcribe una serie de artículos que, en su criterio, resultan transgredidos.

La norma 11 de la CP,

en asocio con la 11 de la LGAP,

afirma, se vulneran puesto que el ICE debió cumplir con el procedimiento de

expropiación e igualmente exigirle al Proyecto Eólico de Tierras Morenas la

legalidad y adecuación técnica, nunca seguir comprándole energía como lo hizo.

El canon 33 de la CP,

manifiesta, se quebranta al colocarse al hombre “gamonal” en una supremacía,

casi imperial sobre la mujer y sus derechos con lo que se le discrimina por esa

sola condición al hacerse extensivo lo pactado por su esposo a la sociedad a la

que representa y de la que es la propietaria de la totalidad de acciones. La

disposición 45 ibídem porque se presumió que dicho proyecto es de interés

público, pese a que el ICE puso en duda tal

circunstancia y se le aplicaron gravosas limitaciones a su propiedad. Arguye,

la resolución impugnada contraviene el artículo 7 de la CP en asocio de los preceptos

1, 2, 3 y 21 de la

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en razón de

que se discrimina a la representante de A.S.A. por ser mujer y se le sustituye

su voluntad y derechos puesto que el Ad quem, estimó que, su esposo tenía esa

facultad. De ahí, que sea evidente su discriminación por su género.

Asimismo, los cardinales 36, 41, 49, 53 del Código Civil (CC), que aduce

infringidos al disponerse que la demandada disfruta de un derecho espurio

derivado de la usurpación de la capacidad jurídica y de la autonomía de la

voluntad de doña A, por su condición de mujer, representante y única accionista

de A.S.A. Los cardinales 264, 266, 290, 292, 293 y 295 del CC, los estima

conculcados por el irrespeto al derecho de propiedad y de exclusión de la

citada empresa, por que no existe prueba de que A haya convenido o autorizado

actos sobre las fincas propiedad de su representada. Explica, el señor M otorgó

el contrato  de constitución de servidumbres solo en nombre de la compañía

Marcial S.A., pero el Tribunal incluyó a A.S.A. porque la esposa del otorgante

era quien ostentaba su representación legal. En todo caso, arguye, no se

cumplió con los requisitos que exige el canon 370 del CC.

En razón de que tanto las inconformidades indirectas como las directas, se dirigen a hacer patente la falta de

consentimiento en lo que a la imposición de las servidumbres sobre los

inmuebles propiedad de A.S.A. se refiere; entonces, para un mejor análisis del recurso, se

procederá a conocer los agravios de manera conjunta. En primer lugar, en

lo concerniente a que la deposición del señor M, es una prueba

testimonial y no una confesional, ha de manifestarse que fue el Juzgado quien

resolvió al respecto, sin que la recurrente manifestara su inconformidad. Así,

el cargo resulta improcedente ya que en esta instancia la que puede ser

impugnada es la sentencia del Tribunal. La propia

actuación de la recurrente permite confirmar lo expresado ya que en torno a este extremo no concreta motivo alguno de inconformidad

respecto al fallo de los juzgadores de segunda instancia.

VIII.-

En

otro orden de ideas, alega una indebida valoración probatoria del testimonio

del licenciado Juan Guillermo Mora Chaves, pues, en opinión de la impugnante,

el testimonio del profesional está sesgado por su marcado interés en que se

consoliden los acuerdos celebrados ante su presencia. Al respecto, es necesario

indicar que, para esta Sala ese único aspecto no demerita dicha probanza, ya

que el profesional se limitó a dar fe de una serie de circunstancias que

acaecieron en su presencia, a saber, que los representantes de A.S.A.

estuvieron presentes al suscribirse los documentos del 20 de junio de 1998 y

del 9 de marzo de 1999 y que no mostraron ninguna oposición. Más adelante se

analizará la apreciación que hizo el Ad quem de tal

elemento de convicción. Por otro lado, lo relativo a la nulidad de los

instrumentos confeccionados por el licenciado Juan Guillermo Mora Chaves, es un

aspecto que distinto a lo señalado por la impugnante, ya no está en discusión,

pues, es un extremo de incumbencia exclusiva de la coactora MARCIAL S.A. De

ahí, que la sentencia del Tribunal ha de permanecer incólume en lo que a este

punto corresponde.

En lo relativo a lo

que se acusa en torno a la figura del “gamonal”, y trato desigual hacia doña A,

por su condición de mujer, es menester expresar que, contrario a lo argumentado

por la impugnante, esas aseveraciones provinieron de la demandada, y aunque los

juzgadores, en algún momento mencionaron que, M era reconocido en la zona como

dueño de todas las fincas, más adelante aclararon: “…no es por esta razón

que se tiene como constituída la servidumbre sobre las fincas de A.S.A., sino

porque existió tolerancia, una aceptación y aprobación tácita por parte de la

señora A…”. Consecuentemente, distinto a lo que parece entender la

recurrente, dicho aspecto no se utilizó como

fundamento del

fallo, por lo que no resulta pertinente entrar a su análisis.

Para este Órgano

Colegiado lleva razón la impugnante, en cuanto a que, la sola presencia de la

señora A al momento de otorgarse los negocios jurídicos los días 20 de junio de

1998 y 9 de marzo de 1999, sin que los rubricara, no significa que diera su

consentimiento, y, por ende, la obligaran a lo en ellos consignado. Recuérdese,

el artículo 1025 del

CC recoge el principio de relatividad de los contratos al estipular: “Los contratos

no producen efecto sino entre las partes contratantes, no perjudican a

terceros, así como

no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes”. Por

ende, en la especie no es posible arribar a la conclusión del Ad quem; todo lo

contrario, si en tales contratos doña A, no compareció de modo alguno, ni en su

contenido se citan las fincas propiedad de A.S.A., sobre las cuales los

juzgadores aceptaron la imposición de la servidumbre, entonces no es posible

estimar que consintió o toleró su constitución.  Es

claro, no otorgó su asentimiento, ya que no participó de modo alguno en el

contrato. Por otra parte, no es dable deducir que como estuvo presente y

no se opuso, lo toleró, razón por la cual la servidumbre acordada entre el

representante de MARCIAL S.A. y MOVASA también afecta las fincas de la compañía

representada por doña A. Ha de hacerse notar, tales documentos los otorgaron

los representantes de MOVASA y MARCIAL S.A., y de manera concreta se aludió a

inmuebles propiedad de esta última, de los que se brindaron sus datos de

inscripción registral, y no se hizo referencia a ninguno de los terrenos de

A.S.A. De ahí, sería posible inferir que, la señora A al no percibir que las

heredades de su representada se veían afectadas, entonces no tenía por qué

oponerse. Y, se reitera, su presencia en la suscripción de dichos convenios no

es razón para tener por constituidas las servidumbres sobre los fundos de

A.S.A. Por consiguiente, acierta la impugnante en cuanto a que no se acreditó

consentimiento, ni aún tácito de la compañía actora, por medio de su

representante, por lo que no es posible sustentar la supuesta tolerancia en la

que el Ad quem fundamenta su fallo. Por otra parte, atina en

lo concerniente a que se tuvo por probado que reclamó a MOVASA, SETENA (hecho

probado 29) y el ICE (oficios no. E-05848 CD/340-2000 de la Secretaría del Consejo

Directivo y no. 9132-23951-2001 de la Directora de la Asesoría Legal del

Instituto), lo concerniente al menoscabo soportado en virtud de las obras que

afectaron sus fincas, lo que sin duda es un punto más, que contribuye a rebatir

lo dispuesto por el Tribunal respecto a la tolerancia. En el asunto de estudio,

en lo que este extremo concierne, se reitera, esta Sala disiente con lo

resuelto por los Juzgadores de segunda instancia, en el sentido de que basta

con la presencia de los representantes de A.S.A. y la no oposición a lo

convenido por el representante de Marcial S.A., porque ello no puede ser

aceptado en detrimento del bloque de legalidad vigente. Se

insiste, en los documentos en cuestión, es evidente, doña Ana no compareció a

constituir ninguna servidumbre contra las fincas de su representada. Por

otro lado, según lo establecen los preceptos 21 y 22 del CC, los

derechos deberán ejercitarse atendiendo a la buena fe.  Además, la ley no

ampara el abuso del

derecho o su ejercicio. Por ende, no resulta procedente la imposición de una

restricción a la propiedad, únicamente porque la representante de una empresa

estuvo presente cuando se firmaron documentos en los que otra compañía la

imponía sobre fincas que pertenecen a esta última. De ahí, yerran los

juzgadores al indicar: “… se comprobó que tanto la señora A como su

hijo R, estuvieron presentes, durante la firma de la escritura del nueve

de marzo de mil novecientos noventa y nueve y el finiquito de octubre de ese

mismo año la primera y del último el segundo, además el conocimiento que tuvo

éste de la forma y lugar por donde se levantó el tendido del proyecto eólico en

relación con las fincas de las actoras… existiendo en este sentido por parte de

la familia E de un reconocimiento, aceptación y autorización tácita, al estar

presentes en las negociaciones, sin que se comprobara hubiere existido por

parte de ellos oposición alguna en cuanto a la afectación que pudieran

sobrevenir sobre los inmuebles de su representada, en este caso de A.S.A.. Que

a pesar de que en ninguno de los dos acuerdos se consignó en forma expresa que

esa autorización comprendía todas las fincas, que se encontraran en el camino

donde se ubicaría el proyecto y que fueran propiedad de la familia; el señor M

era reconocido en la zona como dueño de todas las fincas de las actoras que se

verían afectadas con el tendido…” Aunque los jueces aceptan “…que esa

condición no lo facultaba para autorizar e imponer gravámenes sobre el derecho

de propiedad tan restrictivos e importantes como es una

servidumbre de tendido eléctrico, sobre las fincas pertenecientes a A.S.A”. De

seguido, erróneamente, expresan: “…esas fincas si formaban parte de su grupo

de interés económico y familiar, existiendo una autorización tácita de los

demás miembros de su familia, integrantes del grupo de interés, en relación a

la construcción de la servidumbre eléctrica, que afectaría sus fincas…”.  No se puede entender que en este asunto, las

servidumbres impuestas sobre fincas de la empresa MARCIAL S.A. afecten los

inmuebles de A.S.A. en razón de que sus representantes acudieron cuando se

firmaron los documentos en los que se constituyeron tales gravámenes. Lo

expuesto, porque no fueron parte de dichos contratos, ni

los firmaron, y tampoco abarcó las propiedades de A.S.A. De tales negocios

jurídicos no se pueden derivar derechos a favor de la demandada, porque sería

ir en contra del

principio de buena fe y la normativa atinente. En lo tocante a que el Ad quem,

tuvo por constituida la servidumbre de tendido eléctrico en virtud de que el

Proyecto Eólico de Tierras Morenas es de interés público y porque M obligó a la

compañía de su cónyuge, ha de manifestarse, pese a que en el fallo recurrido se

hace un desarrollo sobre la importancia de los proyectos de generación de

energía eléctrica y su interés público, lo cierto es que al dilucidar el caso

de análisis dispuso: “Por la importancia que entraña la servidumbre de

tendido eléctrico en litigio y al estar de por medio un servicio público de

conformidad con el artículo 5 de la

Ley 7593, y al existir un interés público de conformidad con

el artículo 3 de la Ley

7200, el cual prevalece sobre el interés particular, al ser esta una

servidumbre continua y aparente y existir un consentimiento tácito por parte de

la representante (sic) A.S.A, a pesar de que no se puede considerar que

don M.E.Z, actuó en nombre de las dos sociedades actoras por lo expuesto

supra, o haya existido un consentimiento expreso por parte de los

representantes de A.S.A.; si hubo por parte de los representantes de A.S.A.

consentimiento tácito, por lo cual se constituyó la servidumbre por tolerancia

(artículo 378 Código Civil)”. Según se aprecia, el Tribunal, insiste en la

imposición de las servidumbres en virtud del supuesto consentimiento tácito

por la tolerancia de los representantes de A.S.A. No obstante, olvida, se está

ante un gravamen real sobre un inmueble y por lo mismo

una limitación muy grave del

dominio, que solo puede constituirse por escritura pública de modo claro y

expreso. En la especie, con mayor razón, ya que los jueces infieren el

consentimiento de actos o conductas de contenido ambiguo por haber

estado presentes y no haberse opuesto. Además, ha de considerarse, la norma 45

de la CP dispone:

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la

ley…”. En

dicha inteligencia el canon 30 del Reglamento de Concesiones para el Servicio

Público de Suministro de Energía Eléctrica (RCSPSEE), dispone: “La

definición de sitios, rutas y la obtención de servidumbres o permisos para

hacer uso de propiedades públicas o privadas, para la instalación de cualquier

equipo y líneas de distribución necesarias para la operación del proyecto, será

responsabilidad del interesado”. (El subrayado es

suplido). Por ello, pese a que el Proyecto Eólico Tierras Morenas

se estime de interés público, MOVASA debió constituir las servidumbres de

tendido eléctrico que afectan las fincas de A.S.A., mediante escritura pública

(cardinal 461 del

CC). De otro modo, significaría tutelar su constitución mediante vías de hecho,

lo cual no es posible de conformidad con el ordenamiento jurídico patrio (normas 45 de la

CP, 30 del RCSPSEE y 461 del CC). Por consiguiente,

se concluye, no se puede invocar, como

título adquisitivo de los terrenos donde se ubique un gravamen de este tipo, la

supuesta tolerancia, como lo hace el Ad quem, ya

que se conculcan los cardinales 45 de la

CP y 461 del

CC.  Por otro lado, contrario a lo expuesto por el Tribunal, y según se

indicó supra, de la prueba que consta en autos, no puede derivarse el

consentimiento tácito de los representantes de la demandante.  Así, MOVASA

tenía la obligación, de inscribir el gravamen al margen de los inmuebles

afectados, lo cual no hizo con los de A.S.A. Luego, en lo referente a que en el

oficio 0012.32802.2001, el ICE expresó que no había interés en el Proyecto

Eólico de Tierras Morenas lo que debió llevar al Ad quem a determinar que no es

de interés público, tal declaratoria, como se mencionó, no resultó trascendente

en lo relativo a los fundamentos de lo dispuesto por los juzgadores. Además, su

no viabilidad económica no es lo primordial al momento de su establecimiento,

sino por tratarse de un proyecto de generación de

energía de fuentes no tradicionales y que permitía llevar electricidad a zonas

que no contaban con ella. En este sentido, según se aprecia a folio 816 del

expediente, el apoderado general del ICE hace patente, no la falta de interés

público del proyecto, si no los problemas presentados con la constitución de

las servidumbres. Razón por la que expone, el Consejo Directivo, en sesión

5.342 del 23 de octubre de 2001, dispuso no recibir la línea de interconexión,

pero si continuar con el contrato de compraventa de energía.

Según

las razones expuestas, lo procedente será  revocar la sentencia recurrida

y al resolver por el fondo se anulará lo dispuesto por el Tribunal únicamente

en cuanto constituyó una servidumbre, -de tendido eléctrico, del Proyecto

Eólico Tierras Morenas, con un claro de cuatro metros respecto a los hilos más

bajos, con un ancho de cinco metros en toda la sección de la línea, al igual

que la instalación en la postería de una línea de distribución eléctrica

monofásica-, sobre las fincas del Partido de Guanacaste, matrículas de folios

reales: […] (de suroeste a noreste, con 1.331,00 de largo, cinco metros de

ancho y un área de 6.655,00 metros cuadrados); 5.122-000 (de

suroeste a noreste, con una longitud de 1.994,00 metros, un

ancho de cinco metros y una superficie de 9,970,00 metros cuadrados); […] (de

suroeste a noreste con 1.823,00 de largo, cinco metros de ancho y 9.115,00 metros cuadrados

de área); 8.523-000 (de suroeste a noreste con una longitud de 2.153,00 metros,

con un ancho de cinco metros y una superficie de 10.765,00 metros cuadrados);

y, […] (de suroeste a noroeste, con una extensión de 1.410,00 metros,

cinco metros de ancho y 7.050,00 metros cuadrados),

todas en favor del inmueble de Guanacaste, número […], en razón de lo que

ordenó su inscripción en el Registro Público mediante ejecutoria una vez firme

el fallo. Y, respecto a que MOVASA debía indemnizar a

A.S.A. por la constitución de las servidumbres, cuyo valor sería determinado en

ejecución de sentencia. En su lugar se confirmará la sentencia del Juzgado solo en lo resuelto con respecto a A.S.A. En lo

restante se mantiene lo dispuesto por el Ad quem.

Recurso de la parte demandada

XII.-

Los

apoderados especiales judiciales de la accionada acusan quebranto del cardinal

55 de la Ley de la LJA. Externan, las accionantes desarrollaron varias pretensiones, pero, en su

gran mayoría le fueron denegadas. Además, que los

pedimentos acogidos, lo fueron únicamente en forma parcial. Enumeran, cada una de las pretensiones, si se rechazaron o se

acogieron, no se explica en cual proporción lo fueron. De ahí, increpan:

“…las pretensiones de la parte actora resultaron abultadamente

desproporcionadas, razón por la cual se debió haber eximido a nuestra

representada del pago de las costas, tal como lo establece el

artículo 55 de la Ley

de la

Jurisdicción Agraria…”. Apuntan, en lo tocante a Marcial

S.A. los daños denegados ascienden a ¢286.866.257,49 y

respecto a A.S.A. ¢3.871.928,40. Agregan, la falta de aplicación de las

regulaciones que permiten la exoneración en costas infringe el ordenamiento

jurídico, por lo que debe ser analizado por el fondo. Dicen no desconocer el

criterio de mayoría de este Órgano decisor en torno a

las costas, pero que participan del

de minoría. Arguyen, en materia agraria ha de abonarse a la tesis minoritaria

que, no existe una norma general como

la del Código

Procesal Civil (CPC), que establezca que las costas se imponen al vencido, por

el hecho de serlo. Alegan, el canon 55 de la LJA difiere del 221 del CPC, ya que el primero

únicamente dispone que las sentencias deben hacer pronunciamiento relativo a

costas, sin hacer alusión alguna al perdidoso, lo que, indica, si sucede en el

CPC. En su opinión, ello implica que en materia agraria los

juzgadores no están obligados a la imposición de costas al vencido. Así,

acotan: “…si las pretensiones de la parte vencedora no son desproporcionadas

o el vencido no ha litigado de buena fe, procede la

condenatoria a éste último, por el contrario si se da alguna de las causas

eximentes, entonces no habrá tal condenatoria”.

Según lo refieren los

propios impugnantes, la mayoría de esta Sala en lo que al tema de costas

concierne, reiteradamente ha señalado que: “…en los procesos civiles, como en los agrarios, la

condenatoria en costas se impone al vencido por el solo hecho de serlo.

Lo anterior, sin que dicha condenatoria implique una calificación de temeridad

o mala fe  (numerales 221 del Código Procesal Civil y 55 de la Ley de la Jurisdicción Agraria).

Por ello, no se produce quebranto de esos artículos si se condena al

vencido.  Contrariamente, cuando se exonera de ese

pago, los juzgadores deben justificar su proceder, por ser la excepción a la

regla.  En este supuesto, el pronunciamiento

respectivo es pasible del

recurso de casación, ante la presencia de eventuales errores derivados de una

mala aplicación de los casos de exención y un uso indebido de la facultad de

exonerar”. No. 504 de las 8 horas 40 minutos del 14 de abril de

2011. El precepto 55 de la LJA,

que se acusa infringido, estipula: “Las sentencias, así como las resoluciones que pongan fin al

proceso, contendrán pronunciamiento sobre costas. La parte vencida podrá

ser exonerada del pago de las costas personales, y aun de las procesales,

cuando sea evidente que ha litigado de buena fe, por existir, a juicio del

tribunal, motivo suficiente para litigar, o porque las pretensiones de la

parte vencedora, en definitiva, resultaron desproporcionadas”. (La  negrita es suplida). En el asunto de examen, según se

expuso en el considerando II de esta Sentencia, el Tribunal revocó parcialmente

la sentencia del Juzgado e impuso el pago de las

costas del

proceso a la demandada. Ha de manifestarse, la exoneración, aún en la hipótesis

regulada por el canon, no es imperativa sino discrecional. En esta

circunstancia, si el juzgador no está obligado a

exonerar, no incurre en infracción de la referida disposición legal, si no

exime. No hay quebranto normativo cuando las costas se imponen al vencido,

porque el juez se limita a aplicarla en los términos por ella

dispuestos. Así, es indudable, que su imposición no significa que se tenga al

perdidoso como

litigante temerario o de mala fe. Por otra parte, aunque el canon 55 de la LJA reproducido, no señale de

modo expreso que las costas se imponen al vencido, lo cierto, es que ello se

deduce con claridad de su lectura integral, al establecer en su segunda parte

que, a juicio de los juzgadores la parte perdidosa puede ser exonerada de

cancelar las costas, en los supuestos que la norma dispone. Es indudable se

está frente un extremo en el cual los jueces gozan de

discrecionalidad, si estiman que quien perdió el proceso puede ser eximido de

cancelarlas, caso contrario, lo conducente es condenarlo a su pago. Consecuentemente, el Ad quem no incurrió en la vulneración acusada

al imponer el pago de costas a la parte perdidosa, por lo que debe rechazarse

el reproche.