Resolución 01258-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, la parte actora estableció proceso de

conocimiento, para que en sentencia se declare: “1.- Con lugar la

presente demanda en todos sus extremos. /

Que el acto emitido

por la Administración,

por medio del cual se pretende no cumplir con la prórroga automática

establecida en el contrato número CD-2401-033-2008, debidamente firmado entre

las partes, así como todas las actuaciones conexas, son violatorias al

ordenamiento jurídico. /

Que los

actos dichos deben ser declaradas (sic) nulas. /

Que se restablezca o se declare mi derecho a la

prórroga en los términos pactados por conducta omisiva por parte de la Administración al

no cumplir con los requisitos exigidos en el contrato para poder negar la

misma: los estudios por parte de los encargados en el término perentorio y la

notificación correspondiente, tanto del estudio como la resolución final de los

mismos. /

Que se condene a la Administración a

abstenerse de adoptar y ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar mis

situaciones jurídicas. /

Que se obligue a la administración

aplicar al caso que nos ocupa, la misma resolución mediante la cual se prorrogó

de forma automática a la empresa Nonoviga S.A. /

Que

sea condenado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con su conducta. / .- Los daños, por haber resuelto el contrato,

los estimo, por ahora, en la suma de ¢100,000,000,oo (Cien millones de colones)

/ .- Los perjuicio (sic) que consisten en las utilidades dejadas

de percibir, las estimo por de pronto en la suma de ¢50,000,000.oo (Cincuenta

millones de colones) /

Que sea condenada la Administración al

pago de ambas costas de esta acción. /

Que se obligue a la Administración a

recobrar plenariamente lo pagado para reparar los daños producidos, de ser

tipificada la conducta de ilegalidad manifiesta en los términos del artículo

199 de la Ley General

de la

Administración Pública. /

Por estar en

presencia de una conducta omisiva, solicito se requiere (sic) a la Institución demandada,

para que en el plazo de quince días adopte la conducta debida, según el

artículo 35 y 118 del Código Procesal Administrativo .”

El demandado contestó negativamente y

opuso la defensa de falta de derecho.

Al ser

las 13 horas 30 minutos del 10 de noviembre de 2010, se efectuó la audiencia

preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de

las partes. En ese acto la demandante prescindió de

las pretensiones numeradas 5 y 10 de la demanda.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrado por los jueces

José Joaquín Villalobos Soto, David Fallas Redondo y Daniel Aguilar Méndez, en

sentencia no. 268-2011 de las 13 horas 10 minutos del 20 de mayo de 2011,

resolvió:“Se acoge la defensa de falta de derecho y se declara SIN LUGAR en

todos sus extremos la presente demanda de FUNDACIÓN HUMANISTA PARA EL

DESARROLLO INDÍGENA contra el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.- Son las

costas procesales y personales a cargo del actor.”

El actor formula recurso de casación

indicando las razones en que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta la magistrada León Feoli

La Comisión Local Regional de Contratación de

Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional

Central Oriental (Comisión en adelante) del Instituto Nacional de Aprendizaje

(INA o Instituto en los sucesivo), según acta no. 10-2008 de 16 de octubre de

2008, contrató con la

Fundación Humanista para el Desarrollo Indígena (FUNDI o la Fundación), mediante la Compra Directa no.

CD-55-2008, y bajo la modalidad de paquete completo, la ejecución de 24

Programas de Operador de Equipo de Cómputo, consistente en 24 módulos de

Introducción a la

Computación, Procesador de Palabras (Word), Hoja Electrónica

(Excel) y Herramientas Computacionales. El 23 de octubre de

2008, FUNDI y el INA firmaron el contrato no. 2401-0033-2008. De

interés, pactaron: a) El plazo de ejecución (entre los meses de octubre 2008 y

junio 2009 -cláusula cuarta-). b) La potestad de resolución y rescisión

contractual del Instituto (cláusula décimo primera).

c) Prórroga automática. “La Administración y el adjudicado suscribirán un

contrato para la prestación de los servicios de capacitación que tendrá una

vigencia de un año (período de ejecución) el cual podrá prorrogarse de manera

automática por un (1) año (o período) para un total de dos (2) años o períodos.

Dicha prorroga (sic) se realizará siempre y cuando la prestación del

servicio sea recibido por el INA a entera satisfacción y valorado y aprobado

por la Comisión Local

de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.” En

oficio URCO-785-09 de 22 de setiembre de 2009, la Presidenta de la Comisión comunicó a FUNDI

la decisión de no prorrogar el contrato, en acatamiento del oficio GG-0699-2009

de 11 de ese mes, emitido por el Gerente General del INA. El

28 de octubre de 2009, la

Fundación interpuso recurso de revocatoria con apelación en

subsidio y nulidad concomitante contra dicho acto. En resolución de las

10 horas del

9 de diciembre siguiente, la

Comisión rechazó la revocatoria y la nulidad formuladas. El

Presidente Ejecutivo del INA, mediante acto de las 8 horas 30 minutos del 26 de

marzo de 2010, confirmó en todos sus extremos lo resuelto por la Comisión. En este asunto, FUNDI demanda al INA. En lo medular, luego de

los ajustes en la audiencia preliminar, peticiona:

La nulidad del

oficio URCO-785-09 de 22 de setiembre de 2009 y de las actuaciones conexas.

2)

Se restablezca su derecho a la prórroga automática del contrato no.

2401-0033-2008 “…por conducta omisiva por parte de la Administración al

no cumplir con los requisitos exigidos en el contrato para poder negar la

misma: los estudios por parte de los encargados en el término perentorio y la

notificación correspondiente, tanto del estudio como la resolución final de los

mismos.”

La

Administración aplique la misma resolución mediante la cual

prorrogó de forma automática a la empresa Nonoviga S.A.

El pago de los daños (¢100.000.000,00) y perjuicios

(¢50.000.000,00), así como

de las costas.

Que la

Administración recobre plenariamente lo pagado para reparar

los daños producidos, de ser tipificada la conducta de ilegalidad manifiesta en

los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública

(LGAP). El apoderado general judicial del INA contestó negativamente,

opuso la defensa de falta de derecho, y solicitó se impusieran las costas a la

demandante. El Tribunal acogió la excepción invocada y

declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. Condenó a la actora

al pago de ambas costas del proceso. Acude ante esta Sala

el apoderado general sin límite de suma de la fundación demandante. Alega tres

cargos, uno por violación de normas procesales y dos

de normas sustantivas. El escrito es extenso y en algunas

partes resulta confuso y reiterativo, por lo que se rescatarán las objeciones

puntuales, evitando en lo posible repeticiones innecesarias.

Casación por violación de normas

procesales

II.-

Como único

motivo de esta naturaleza, acusa que la sentencia es omisa en pronunciarse

sobre la pretensión novena, por lo que violenta el canon 119 del Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA). Reprocha, en el fallo, “so pretexto” que era

confusa, se reformuló de la siguiente manera: “Que la Administración

cancele todos los daños que la actora considere le causaron.” Dice, ni en la audiencia preliminar ni en el juicio oral y

público, se le invitó a realizar alguna aclaración, por lo que, al no guardar

relación con el mérito de lo pretendido, estima que dicha modificación lesiona

sus “…derechos procesales y de debido proceso”. Finaliza

refiriendo lo establecido en el numeral 200 de la LGAP.

En la demanda, la

pretensión no. 9 literalmente dice: “Que se obligue a la Administración a

recobrar plenariamente lo pagado para reparar los daños producidos, de ser

tipificada la conducta de ilegalidad manifiesta en los términos del artículo

199 de la Ley General

de la

Administración Pública.”

(El subrayado no es del original). En la audiencia

preliminar no se realizó ningún ajuste (minuta a folios 140 y 141 del

expediente judicial). Según pudo apreciar esta Sala en el registro de audio y

video de la lectura del fallo, en un primer resultando, el Tribunal estableció

que como objeto del proceso, en esencia, era lo pretendido por la actora. De

interés, luego de referirse a la no. 9 en los términos casi idénticos a lo

transcrito, indicó: “…respecto de este último extremo, que tiene una

redacción un poco confusa, y pareciera referirse a que la Administración

tiene el derecho de pagar algo que no, que estuvo mal pagado, el Tribunal

entiende respecto de este punto, que hay un error de redacción, y que la

pretensión se dirige a que la

Administración cancele todos los daños que la actora

considera se le causaron.”  (Transcripción de esta

Sala. Registro de las 13:16:23 horas a las

13:16:45 horas). Para el recurrente su pedimento se orientaba a que el Tribunal

se pronunciara sobre la ilegalidad del acto o actos acusados “…y si las

mismas son manifiestas en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración, en

el ánimo de que de oficio se inicie el procedimiento para establecer las

responsabilidad del caso.”  Sin embargo, estima esta

Sala, aún y cuando lleva razón el recurrente en su reproche, no habría casación

útil. Por una parte, al acogerse la defensa de falta

de derecho, por ende, declararse sin lugar en todos sus extremos la demanda, el

pronunciamiento respecto de esa y las demás pretensiones, deviene en

innecesario, al no determinar el fallo alguna ilegalidad en lo actuado por la Administración. Por

otra, nótese que ese extremo estaba supeditado a una condición que no

acaeció; la declaratoria de ilegalidad del

acto cuestionado. En consecuencia, el reproche debe

desestimarse. Finalmente, es oportuno señalar al Tribunal, que el fallo

no era el acto ni el momento procesal pertinente para

interpretar, más aún, realizar oficiosamente una modificación o ajuste a una de

las pretensiones. Ante la duda, en los términos de la sentencia, por una

redacción confusa, entonces, en el juicio oral y público debió solicitarse a la

actora las aclaraciones necesarias, garantizando los derechos de defensa y

debido proceso a las partes.

Casación por violación de normas

sustantivas

En el primer

motivo, inicia con una referencia de lo considerado en la sentencia respecto de

la fecha en que se cumplió el contrato; que al recibirse el objeto y devolverse

la garantía de cumplimiento, se daba por terminada la relación contractual y la

posible prórroga, qué debe entenderse por esta, y que no se dio; la existencia

de una falta de interés actual porque con los actos impugnados no se le causó

perjuicio, su nulidad no le puede beneficiar y no hay falta de fundamentación

ni violación alguna que amerite revisar de oficio, la validez de los actos

impugnados. Señala, en la cláusula décima sétima del contrato se

estableció la prórroga automática por un año más, bajo condición de que el servicio

fuera recibido por el INA a entera satisfacción, valorado y aprobado por la Comisión. En tal

sentido, señala, el 15 de abril de 2009 diligentemente solicitó la prórroga, lo

que generó dos oficios suscritos por la licenciada Yamileth Cerda Ramírez (CEPA-253-2009

y CEPA-258-2009 de 28 de mayo de 2009), solicitandola. Sin

embargo, esos oficios y su solicitud no lograron que la Administración

cumpliera con lo que se había obligado. Indica, tales gestiones se

dieron antes de que el contrato feneciera, por lo que el fallo resulta

desacertado al declarar que al haberse devuelto la garantía de cumplimiento, ya

la relación contractual no existía y en tal virtud, la

prórroga no tenía ninguna razón jurídica. Se refiere al principio de legalidad,

al contrato y las condiciones que se requieren para que éste último se de

(contenido, objeto y fin), y su distinción con un acto

administrativo. Alude al contenido de los cardinales 21, 1022 y 1023 del Código

Civil (CC), disposiciones que estima aplicables a los contratos administrativos,

así como a los cánones 10, 15 y 32 de la

Ley de la Contratación

Administrativa (LCA) y 190 de su Reglamento. Todos estos,

explica, están impregnados de una idea esencialmente finalista, que preside de forma necesaria todo su desarrollo, satisfacer de

la mejor manera el interés público, en las condiciones que cada momento exija.

Acusa, el precepto 16 de la LCA

en relación con el 193 de su Reglamento, establecen la obligación de la Administración de

tramitar cualquier gestión que le formule el contratista, cuando sea necesario

para ejecutar el contrato. Afirma, era evidente que la solicitud de prórroga se

hizo antes del vencimiento del plazo original, y existiendo el interés público

objeto del contrato, como se prueba con los dos oficios de la licenciada Cerda

Ramírez, encargada de contrataciones del INA, en su criterio, obligaba a la Administración

resolver de forma fundada si se daba o no la prórroga de conformidad con la

norma 136 de la LGAP.

Finaliza, existía un interés público que era necesario

satisfacer, el que, en su criterio, el Tribunal subestimó al acudir al uso de

una prerrogativa mal entendida, pues si bien se constituía en una potestad, no

podía usarse a ultranza, pues se trataba de un poder discrecional, no absoluto.

El segundo cargo, lo inicia con una referencia del fallo, en cuanto establece que no existe

norma en la LCA y

su Reglamento, o en el reglamento institucional, que dispongan el derecho de un

contratista a la prórroga automática del

contrato. Asimismo, que de existir, no sería prórroga sino fijación de un plazo

doble, indica, con sustento en las disposiciones 31 de la LCA, y 12 del Reglamento que

de forma indirecta regula las posibles prórrogas afirmando que son facultativas

y 198 sin indicar de cuál cuerpo normativo. Aclara, no está en discusión la

facultad de la

Administración, incluso, de modificar el objeto del contrato,

pero se trata de una cláusula que la obligaba a motivar la no prórroga, afirma,

lo que también se infiere de los artículos que indica el fallo. Se refiere a

que la motivación de las actuaciones tiene raigambre constitucional, el

encontrar sustento en los principios de legalidad y derecho de defensa

(mandatos 11 y 39 de la Constitución Política). Aquélla es responsable,

afirma, cuando suprime o limita derechos subjetivos usando ilegalmente sus

potestades, principio que recogen las normas 191 y 192

de la LGAP. Arguye,

había un interés legítimo de esa parte para la

prórroga del contrato que cumplía un fin

público, pues de no haber existido, entonces la licenciada Cerda no hubiese

solicitado la prórroga en su carácter de responsable del área de contrataciones. Por ello, afirma, era indispensable que la Administración

fundara su decisión de no prorrogar, para que el co-contratante estuviera en

posibilidad de ejercer válidamente su defensa. Desde ese

punto de vista, considera, el acto administrativo cuestionado resulta ilegal

por suprimir un derecho adquirido de buena fe. Advierte, suponer que no existía

interés público cuando el INA ha guardado silencio al respecto, es violatorio del

ordenamiento. Reprocha, de la demanda se infiere que su representada nunca

conoció los motivos en que la

Administración fundó la decisión de no cumplir con la

prórroga conforme a lo pactado, contraviniendo la buena fe

de las partes contratantes (artículos 12 y 1023 del

CC), así como

el derecho de defensa constitucional. Recrimina, la sentencia

deja por establecido el derecho de la Administración a no prorrogar el contrato, en

atención a que la cláusula que se discute, simplemente establece una potestad y

no una obligación, lo que aduce, es contrario a derecho, por cuanto las

cláusulas contractuales obligan a las partes. Estimó conveniente hacer

una exposición referente a lo que en doctrina se

entiende por acto administrativo, lo cual desarrolla ampliamente. Centrándose

en el análisis del objeto y las prerrogativas del contrato, alega, de

conformidad con la regulación 15 de la

LCA, la

Administración está obligada a cumplir con todos los

compromisos, adquiridos validamente, y prestar colaboración al contratista para

ejecutar el objeto pactado. Es claro, sostiene, que la cláusula “décima

quinta” (sic) del

contrato conlleva un compromiso, una obligación que el INA adquirió de buena fe

con la contratista. Tratar de restarle fuerza obligacional,

en cuanto a la prórroga “so pretexto” de ser una facultad administrativa,

aduce, es violatorio a los principios que informan la actividad administrativa.

Considera, el actuar administrativo requiere de la colaboración voluntaria de

particular, por lo que quien contrata con la Administración no

es un contratista ordinario, sino su colaborador y,

agrega, sus intereses no son necesariamente opuestos al interés del Estado. Los

contratos administrativos deben cumplirse, afirma, pues obligan a lo que se

expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley

hacen nacer de la obligación, según su naturaleza conforme los numerales 21 y

1023 CC. Respecto del principio de la buena fe señala: a) la contractual; para

la doctrina y la jurisprudencia es un criterio normativo para el ejercicio de

los derechos y potestades, y el cumplimiento de las obligaciones. b) Las reglas

del ordenamiento jurídico administrativo condicionan toda la actividad de la Administración a

los principios de legalidad, jerarquía normativa, razonabilidad,

proporcionalidad, igualdad, transparencia, buena fe y equidad, que se

constituyen en las bases jurídicas comunes, dice, al procedimiento

administrativo, tanto de preparación de la voluntad unilateral como

contractual. En ese sentido, la buena fue “…es por

tanto, norma jurídica de carácter dispositivo, que modifica el contenido de la

relación jurídica, ya sea ampliando o reduciendo los derechos y las

obligaciones que incumben a las partes, o bien atenuando una norma legal o contractual

demasiado rígida o completando otra bastante escueta.”  c) Constituye un límite al ejercicio de las potestades públicas de la Administración.

Transcribe dos extractos doctrinales. Luego,

cuestiona el que la sentencia indicara que se acordó una mera posibilidad de

prórroga. Se refiere a las prerrogativas de la Administración. Agrega,

en materia de contrataciones y en toda actuación administrativa prima el fin

público que se extrae de los cardinales 3, 4 y 11 de la LCA, 11, 12 y 13 de la LGAP. Prosigue, el interés institucional debe estar subordinado al público

(superior). Se refiere a la ejecutoriedad administrativa, y que aquella

tiene la potestad para interpretar y declarar el derecho en sus conflictos con

el administrado y llevarlo a ejecución, forzosa si es necesario, sin recurrir a

la vía judicial, pero esa potestad no es ilimitada y no significa la de alterar

el contenido del contrato ni el derecho aplicable, sino una mera facultad de

interpretarlo y aplicarlo. Es una prerrogativa en el ejercicio de los derechos

que el contrato concede, aduce, pero no para la transformación de su contenido

y alcance. La declaración unilateral contraria a ese

contenido, afirma, sería ilegal y anulable en la vía contenciosa. Cita un extracto de doctrina respecto de la prerrogativa de la Administración de

interpretar unilateralmente los contratos administrativos. Hace una referencia

a lo dicho por la

Sala Constitucional sobre los principios esenciales de ese tipo de contratación. Por ello, continúa, para entender

o deducir vía interpretación si la prórroga establecida en el contrato es

potestativa u obligatoria, es necesario analizarlo a la luz

de los principios que informan la materia y supletoriamente de las

disposiciones del CC “…Para

esto se debe echar mano a la teoría de las obligaciones.”  Expone

sobre las condiciones suspensivas y resolutivas, y del por qué

considera que en el caso no se está ante una de las primeras. Con error de

cita, se refiere a la cláusula “décima quinta contractual” que

transcribe parcialmente, relativa a la prórroga automática (En realidad

corresponde a la décima sétima), la que, según dice, establece

una condición prohibida por ley porque hace depender de su única voluntad la

prórroga contractual. Ello no aplica, recrimina, porque la doctrina descarta la

aplicación de la condición suspensiva en materia contractual administrativa, al

considerar que las circunstancias para la emisión del acto deben

darse en el momento en que se adopta y no en un futuro incierto que puede

llegar o no. El INA no probó, acusa, que el fin público se cumplió o que este imponía la no prórroga. Cita un

fallo de esta Sala, dice, que se refiere a la interpretación contractual.

Arguye, no hay duda que la intención de las partes era prorrogar el contrato;

el Departamento de Contrataciones estaba urgido de que se diera, para

satisfacer el interés público; que esa prórroga difiere de lo establecido en el

canon 198 del Reglamento a la LCA

y; tampoco puede asimilarse a lo preceptuado en el precepto 201 ibidem. Estima, el fallo es violatorio de la ley al considerar que la

cláusula contractual no es obligatoria, por ser una mera potestad de la Administración. La

cláusula obliga a las partes, principio que recogen, dice, las disposiciones

15, 17 y 29 de LCA. En otro orden, reprocha que el Tribunal concluyera que no

se le ha causado ningún perjuicio. Aduce un

sistema objetivo de responsabilidad civil, cuyo elemento central es el daño.

Cita y transcribe el inciso primero del mandato 190 de la LGAP. La no prórroga del

contrato dispuesta por la

Administración, sin fundamento alguno, reprocha, violentó su

“garantía patrimonial” que su representada no está obligada a soportar. Afirmar

que el contrato administrativo debe tener un plazo concreto, concluye, carece

de fundamento jurídico, porque el plazo es un elemento accesorio de la mayoría

de los contratos administrativos, por oposición a los elementos esenciales, que

sí no pueden faltar “so pena” de nulidad.

El eje central de las

amplias alegaciones que el casacionista estructura en ambos cargos, en lo

medular, radican en determinar si: a) La prórroga automática del contrato es una expectativa de derecho o

un derecho consolidado para la actora. b) La cláusula contractual respectiva,

obligaba a motivar la no prórroga dispuesta, con mayor razón si se había

solicitado antes del

vencimiento del

contrato, y existía el interés público para ello. El Tribunal consideró que no

existe ninguna norma en la LCA, en su Reglamento o en el

Reglamento de Contratación de Servicios y Formación Profesional del INA, que

dispongan el derecho de un contratista a la prórroga de su contrato de manera

automática (Registro de las 13:36:03 a las 13:36:28 horas). También, que esta

se constituye en una decisión facultativa de la Administración, lo

que reafirma con el análisis de lo establecido en las normas

31 de LCA y 12, 131, inciso a) y 198 de su Reglamento. (Registro

de las 13:36:29 a las 13:38:31 horas). Prosigue, “…En consecuencia,

la lectura de las normas citadas deja claro, para los efectos que interesan al

caso, que la prórroga es una decisión facultativa de la Administración, […]

pero de ninguna manera se puede interpretar que estas leyes establezcan un

derecho subjetivo a la misma. En consecuencia, la única disposición que regula

el reclamo del

actor, es el propio contrato. De hecho sus principales argumentos y fundamentos

normativos se refieren al rigor del acuerdo entre partes, como lo son los

artículos 1022 y 1023 del Código Civil y el 5 y 32 de la Ley de Contratación

Administrativa.”  (Transcripción de la Sala. Registro de las 13:38:04 a las 13:38:51 horas). Luego de repasar el

texto de la cláusula décimo sétima del contrato, consideró “…hacer

varias deducciones lógicas y necesarias. La primera es que la expresión “podrá

prorrogarse”, hace relación a un hecho futuro y

posible, pero no cierto. De hecho, es claro que se trata de

una situación de decisión potestativa, en la que una persona tiene el poder de

decidir si esa posibilidad se realiza o no. La palabra “automática” no

lleva a entender que sea una situación obligatoria, sino más bien consecutiva,

o sea, la prórroga debe llegar a darse, la prórroga, perdón, de llegar a darse,

debe ser de inmediata al cumplimiento del contrato, tal y como ya se razonó por

este Tribunal en el comentario precedente. Acto continuo el

texto impone dos condiciones. Una es que el servicio se reciba de manera

satisfactoria, y la otra es que la decisión sea valorada y aprobada por la Comisión Local de

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. Lo que nos

dice cuál es el órgano de la

Administración que tiene la decisión final de requerir o no

la prórroga. Que al observar que tal interpretación es la única que cabe dentro

del marco de normas citado atrás, en este punto es fundamental señalar que la

expresión “valorar” supone de manera evidente que estamos ante una decisión

discrecional, en la cual la

Administración debe analizar factores extrajurídicos, como

necesidad, oportunidad y conveniencia, o sea, tal y como se ha alegado, se

trata de una potestad facultativa de la Administración y no

establece ningún derecho subjetivo del actor que obligue a conceder la

prórroga.” (Transcripción de la Sala. Registro de las 13:39:27 a las 13:41:01 horas).

Concuerda esta Sala

con el fundamento de los jueces. Como ya se ha señalado en dos casos similares

(Votos nos. 029-F-S1-2012 de las 9 horas del 29 de enero y 354-F-S1-2012 de las

9 horas 40 minutos del 15 de marzo, ambos meses del año en curso), no se está frente

a una actuación contraria a derecho por parte de la Administración, que

produjera un acto ablativo, violador de derechos subjetivos al contratista, sino,

frente al ejercicio puro y simple de la terminación normal del contrato por el

vencimiento del plazo, conforme a la regulación 203 del Reglamento a la LCA. Ello, a partir del pacto preestablecido por las

partes, en el que se convino la posibilidad de ampliar, mediante

prórroga automática, el plazo de vigencia del acuerdo. Asimismo, el que se establezca

en el contrato (incluso en el cartel del concurso respectivo), la posibilidad

de una ampliación de ese plazo a través de la prórroga automática, únicamente

constituye una mera expectativa que solo genera un derecho cuando se hace

efectiva, lo que no ocurrió en este asunto. Debe precisarse que tanto la Administración como

el contratista, en virtud de lo pactado, conservan la facultad para no ampliar

el contrato con cada prórroga. En tal sentido, resulta oportuno retomar el

texto de la cláusula en cuestión: “La Administración y el

adjudicado suscribirán un contrato para la prestación de los servicios de

capacitación que tendrá una vigencia de un año (período de ejecución) el cual

podrá prorrogarse de manera automática por un (1) año (o período) para un total

de dos (2) años o períodos. Dicha prorroga (sic) se realizará siempre y

cuando la prestación del servicio sea recibido por el

INA a entera satisfacción y valorado y aprobado por la Comisión Local de

Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.”  Por lo anterior, es claro que el recurrente yerra cuando aduce que

aquella obliga a los contratantes a la prórroga automática. Nótese que

es facultativa, tan es así, que se determina a futuro, al depender incluso de

la recepción a entera satisfacción del servicio por parte del INA, y a la

valoración y aprobación de la

Comisión, por ello es que, en efecto, el contratista se

encuentra frente a una expectativa de derecho y no un derecho consolidado, tal

y como lo estimó de manera correcta el Tribunal. Aunado a lo anterior, de la

lectura de la cláusula, en sentido contrario, la prórroga del contrato no podía realizarse si no

acaecían, como

lo indica el fallo, las “dos condiciones” impuestas en la cláusula.

En relación a que la

cláusula obliga a razonar la no prórroga, el Tribunal tuvo por establecido que

el contrato se cumplió a satisfacción de la actora el 14 de junio de 2009, y

que al 6 de julio siguiente el INA emitió las órdenes de pago finales y por

esas mismas fechas le hizo entrega de la garantía de cumplimiento. A partir de

lo anterior, estimó que “…Estas referencias obligan a señalar que el

contrato suscrito entre las partes, se cumplió en todos sus extremos, y se dio

por terminado a principios de julio de 2009, de esta manera, con la devolución

de la garantía de cumplimiento, la relación contractual entre las partes,

técnicamente se daba por terminada, y en consecuencia la cuestión de la posible

prórroga también. Cabe recordar que prórroga en sentido jurídico se entiende como la concesión de un plazo mayor antes de que expire, o

la prosecución de un estado de cosas. Por ende, la del contrato, implica que

antes de su expiración se hubiese acordado que se continuara dando el servicio

por un período más. Si tal cosa no

se dio, es evidente que hubo un pleno cumplimiento de lo acordado y que,

lo que era una mera expectativa, se resolvió de manera tácita, pero con plenos

efectos jurídicos, según la cual el contrato no tuvo prórroga. En consecuencia,

cuando se emiten los actos administrativos impugnados, empezando con el oficio

GG 699-2009 del 11 de setiembre del 2009, dos meses más tarde no podían afectar

una relación que ya no existía, y por ende, era técnicamente imposible, evitar

la prórroga de un contrato ya terminado y sin existencia en ese momento. Lo

anterior conduce a dos apreciaciones del Tribunal. Una

es que hay una falta de interés actual de parte del actor, por

cuanto los actos impugnados no le causan perjuicio, y por ende su nulidad

tampoco lo puede beneficiar. La segunda, es que revisados por este despacho, no se observa falta de debida fundamentación,

ni violación alguna al ordenamiento que ameritare revisar de oficio su validez.

Por ende, en cuanto a estos extremos, se debe desestimar la

acción. En particular, con relación a la mención del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública,

cabe señalar que el oficio URCO-785 de hecho, no está imponiendo obligaciones,

ni limitando, suprimiendo o denegando derechos subjetivos al actor, como de

seguido se aclara.” (Transcripción de la Sala. Registro de las 13:33:55 a las 13:36:03 horas).

Esta Sala ha indicado

que “…la motivación se debe entender como el fundamento, de hecho y

de derecho, sobre el que se estructura el contenido de cualquier acto administrativo;

es su razón fáctica o jurídica, la cual se plasma, ciertamente, en la

motivación (con la cual no siempre es coincidente), a fin de que el

administrado conozca los motivos por los cuales el órgano competente toma la

decisión que tiene efectos sobre su esfera jurídica, ya sean favorables o

ablatorios. En este último supuesto, la motivación

adquiere una mayor importancia, en la medida en que constituye la vía de

entrada para que el afectado pueda ejercer el derecho de defensa –y como tal, forma parte del debido proceso-, si así lo considera, en

contra de una determinación que, desde su perspectiva, le resulta negativa…” (Voto

no. 371-F-S1-2009 de las 11 horas del 16 de abril de 2009). Con la comunicación

realizada mediante el oficio URCO-0785-09 de 22 de setiembre de 2009, aún y

cuando no se plasmaron los motivos por los cuales se consideró procedente

adoptar la decisión de no prorrogar el contrato, habida cuenta de que la simple

remisión a una directriz no es suficiente motivación del acto, a juicio de esta

Sala, lo acusado no conlleva a ningún resultado positivo para la casacionista,

por cuanto, como se indicó, estaba ante una expectativa de derecho y no frente

a uno consolidado que resultara trasgredido con dicha actuación. Asimismo, ha

de agregarse, tal decisión se basó en el oficio

GG-0699-2009, que le da fundamento, y no incumple con lo pactado en la cláusula

décimo sétima. La no prórroga no era necesario justificarla, más aún, cualquier

manifestación de voluntad en sentido contrario de alguna de las partes,

resultaba suficiente para que tal posibilidad no se

diera. Si bien, la prórroga depende en primera instancia de la Administración,

ante la necesidad de la continuidad del servicio, también lo es que el

contratista puede rechazar la propuesta y con ello liberarse del contrato. En

razón de lo anterior, al comunicar la Administración oportunamente la no prórroga del contrato, la cual se

reitera, en definitiva era facultativa, tal y como fue fundamentado por los jueces del

Tribunal, los cargos deben desestimarse.

IX.-

Al no

incurrir el fallo en los yerros alegados, procede declarar sin lugar el recurso

con sus costas a cargo de quien lo interpuso (artículo 150 inciso 3) del CPCA).