Resolución 01132-2012

Con base en los hechos que

expuso y disposiciones legales que citó, la actora planteó demanda ordinaria,

cuya cuantía se fijó en la suma de siete millones de colones, para en sentencia

se declare: “Primero: Que la venta en vida por mi madre a los

codemandados, según escritura ciento tres otorgada ante el Notario Joaquín

Sánchez Mora, visible a folio 49 frente al tomo 9 del Protocolo de dicho

Notario, citada en el hecho sexto de esta demanda, es absolutamente nula

y debe tenerse como inexistente por SER UN ACTO DOLOSO, de mala fe y por

existir derechos y títulos anteriores debidamente consolidados e inscritos en

el Registro Público.

Que como poseedores de

mala fe, los codemandados no tienen derechos al pago de eventuales mejoras que

quisieran alegar.

Que la única y verdadera poseedora y

propietaria del

inmueble en litigio lo es la actora y no ninguno de los demandados.

Cuarto:

Una vez firme la sentencia se ordene el desalojo de las personas que se hallen

en la propiedad.

Que cese todo acto de perturbación de

los derechos que como

propietaria debe ejercer, so pena de acusación por delito de Desobediencia a la Autoridad.

Sexto:

Como parte perdedora, los codemandados deben pagar los daños y perjuicios

ocasionados desde enero de 1991 fecha desde la cual fui

desalojada de la propiedad con ocasión de la circunstancia explicada en el

hecho quinto y la escritura que se cita en el hecho sexo (sic), razón por

la cual no he disfrutado ni usufructuado de las dos casas de cemento y madera

que se citan en el hecho primero, lo anterior debido a que fueron demolidas en

esa época por los codemandados. Este daño lo valoro en la suma de Tres (sic)

millones de colones y el consecuente perjuicio por el no uso y disfrute de

las dos casas desde ese mes y año hasta la fecha en que cobre firmeza la

sentencia que se dicte en autos, así como los intereses de Ley que se originen

sobre las sumas correspondientes serán liquidadas en ejecución de sentencia por

no ser posible su estimación.

En caso de oposición y como

parte perdedora los codemandados deberán pagar ambas costas de esta acción.

Octavo:

Que a la suscrita se le debe reivindicar en la propiedad en litigio y se le

deberá poner el perfecta posesión del

inmueble una vez firme la sentencia.”

La parte demandada

contestó negativamente. El apoderado de los demandados interpuso las defensas

de falta de competencia en razón de la cuantía (la que fue resuelta interlocutoriamente)

y prescripción, así como

las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés. Por su parte, el representante de la Sucesión no opuso

excepciones.

El Juez Garnier Vargas Barboza,

en sentencia no. 15-2008-CI de las 14 horas 45 minutos del 25 de enero de 2008,

resolvió: “…se rechazan las defensas de falta de legitimación, falta de

interés actual y prescripción, opuestas por los demandados M y B. Se acoge

parcialmente la excepción de falta de derecho que se presenta, únicamente en

cuanto se solicita se declare la nulidad de la venta realizada  por la

señora BA a los demandados M y B mediante escritura pública número ciento tres

otorgada ante el notario Joaquín Sancho Mora a las quince horas del catorce de

enero de mil novecientos noventa y uno, toda vez que la misma resulta ineficaz

e inoponible a la accionante, más no nula. Igualmente se acoge dicha excepción

en lo que se refiere al cobro de daños y perjuicios, extremo que resulta

improcedente. En consecuencia, se declara PARCIALMENTE CON

LUGAR la presente acción, entendiéndose denegada en lo que no se diga

expresamente. Así las cosas, se declara: A) Que la señora S es la

única y legítima propietaria de la finca del partido de Puntarenas matrícula

folio real número […], la cual según registro se describe como terreno para

construir con una casa, ubicada en el distrito primero Quepos, del cantón sexto

Aguirre, de la provincia de San José (sic), con los siguientes linderos:

[…]; teniendo en consecuencia derecho a gozar y ejercer con exclusión de

cualquier otra personas, todos los derechos inherentes al dominio sobre la

misma, de conformidad con los límites y ubicación descrita en el plano

catastrado número P-cero novecientos treinta y cuatro mil quinientos trece- mil

novecientos noventa, del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa. B)

La finca que la señora BA traspasó a los demandados M y B mediante escritura

pública número ciento tres otorgada ante el notario Joaquín Sancho Mora a las

quince horas del catorce de enero de mil novecientos noventa y uno, y sobre la

cual aquellos han ejercido actos posesorios, corresponde a la inscrita en el

registro (sic) público (sic) Partido de Puntarenas matrícula

folio real número […], propiedad de la señora S, debiendo en consecuencia

restituir a la actora en la totalidad de los atributos que comprenden la

propiedad del inmueble, para lo cual emítase la orden de lanzamiento

correspondiente contra los accionados a efecto de poner en perfecta posesión a

la actora de ese bien, una vez firma (sic) la presente sentencia,

trámite que se verificará  en la etapa de ejecución de sentencia. Previa

puesta en posesión, deberá procederse al derribo de toda construcción que se

ubique sobre dicho inmueble, toda vez que al momento en que la actora adquirió

dicho bien, el mismo se describía como terreno para construir, sin casa por

haber sido destruida la que existía, de manera que resulta legalmente

improcedente ponerla en posesión de edificación alguna, ya que esto

constituiría un enriquecimiento sin causa, lo cual violentaría la legislación

vigente. Igualmente, los demandados no accionaron oportunamente a fin de que se

reconozca su eventual derecho sobre dichas edificaciones, de manera, que al no

haberse ejercido ese derecho de acción, las mismas no forman parte de la

pretensión material de las partes, por lo cual lo procedente es proceder al

derribo de ellas, lo cual se hará en etapa de ejecución de sentencia. Queda a

cargo de los demandados M y B, el pago de ambas costas de esta

acción. En relación con la sucesión de BA, por considerar el suscrito que la

misma ha litigado con evidente buena fe, se resuelve

sin especial condenatoria en costas.”

El apoderado de los

demandados apeló, y adhesivamente la actora, y el Tribunal Segundo Civil,

Sección Segunda, integrada por la Jueza Laura León Orozco y los Jueces Juan Ramón

Coronado Huertas y José Rodolfo León Díaz, en voto no. 011 de las 10 horas 5

minutos del 28 de enero de 2011, dispuso: “Se rechaza la nulidad alegada por

los demandados M y B, y en cuanto fue objeto de agravios por parte de ellos, se

confirma la sentencia de primera instancia. En virtud de la apelación

interpuesta por la parte actora, se anula el siguiente pronunciamiento del

fallo apelado: “Previa puesta en posesión deberá procederse al derribo de toda

construcción que se ubique sobre dicho inmueble, toda vez que al momento en que

la actora adquirió dicho bien, el mismo se describía como terreno para

construir, sin casa por haber sido destruida la que existía, de manera que

resulta legalmente improcedente ponerla en posesión de edificación alguna, ya

que esto constituiría un enriquecimiento sin causa, lo cual violentaría la

legislación vigente. Igualmente, los demandados no accionaron oportunamente a

fin de que se reconozca su eventual derecho sobre dichas edificaciones, de

manera, que al no haberse ejercido ese derecho de acción, las mismas no forman

parte de la pretensión material de las partes, por lo cual lo procedente es

proceder al derribo de ellas, lo cual se hará en etapa de ejecución de

sentencia.” En todo lo demás, se mantiene incólume lo

decidido en primera instancia.”

El licenciado Picado Fernández, en su

expresado carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se

apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado

las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

I.-

En

noviembre de 1990, el señor J tituló al amparo de la Ley de Vivienda Campesina el

inmueble que en la actualidad se encuentra inscrito bajo el número de folio

real […] del Partido de Puntarenas y que en ese entonces poseía la señora BA,

madre de su compañera sentimental, S. Luego de una serie de traspasos, la aquí

actora S, quien adquirió del señor L presenta esta acción reinvindicatoria

contra B y M, quienes se encuentran en posesión del inmueble debido a que la

señora BA (madre de la actora) les traspasó mediante escritura pública la

posesión de la heredad en enero de 1991, por lo que aducen que son los legítimos

poseedores. En virtud de lo anterior, en la demanda se solicitó la

nulidad del traspaso realizado por su madre a los accionados, se declare que no

existe derecho al cobro de mejoras, que ella es la única y verdadera poseedora,

se ordene el desalojo y se le concedan los daños y perjuicios (cuya liquidación

remitió a ejecución de sentencia), los intereses sobre dicha suma y las costas,

mientras que los demandados B y M se opusieron y formularon las excepciones de

falta de derecho, legitimación, interés actual y prescripcion. Posteriormente,

se integró la litis con la sucesión de la señora A, cuyo albacea se allanó a la

demanda. El Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda declarando que S

es la única y legítima propietaria del

inmueble por lo que se le debe restituir la totalidad de los atributos del dominio, ordenó su

desalojo y posterior puesta en posesión. Dispuso que las construcciones

existentes debían destruirse por cuanto al momento en que la actora adquirió el

bien, este se describía como terreno para construir, sin casa.

Asimismo, impuso las costas a los demandados M y B y exoneró de este rubro a la sucesión de BA. Las partes

impugnaron y el Tribunal revocó, únicamente, lo dispuesto en cuanto a la

destrucción de las edificaciones.

Inconforme, acude ante esta instancia extraordinaria el

representante legal de M y B. No obstante, esta Sala únicamente admitió los

agravios de fondo identificados con las letras a) y d), los cuales versan sobre

el pronunciamiento en cuanto al fraude procesal y sobre el tiempo de posesión

que habían ejercido, respectivamente.

En su primer

reparo, endilga quebranto de los artículos 98.3, 100, 304 y 315 del Código

Procesal Civil, así como los numerales 20, 316, 320 y 321 del Código Civil.

Señala que al contestar la demanda sí fue planteado el tema del fraude

procesal, lo cual reiteró en el alegato de conclusiones. Por ello, califica como

un error afirmar que este no fue aducido en tiempo. Reclama, el tema en

cuestión no fue analizado ni en primera ni en segunda

instancia. Cuestiona el criterio del Tribunal en

cuanto a que, para declarar un fraude procesal, es necesario accionar mediante

una demanda o contrademanda. Ello por cuanto, manifiesta, las normas cuya vulneración alega, establecen el deber del juez de sancionarlo

de oficio. El fraude, dice, se puede colegir de los siguientes actos: a) La

señora BA vendió a los demandados la posesión de más de 10 años que ostentaba,

transacción que era conocida por la aquí actora según lo reconoció en el

proceso ordinario que promovió y fue declarado desierto. b) En dicha oportunidad,

agrega, tanto S como el señor L reconocieron que la

titulación del

inmueble se dio a sabiendas de la venta y de su falsa posesión. c) En este juicio, apunta, la actora cambia su versión, intentando

hacer valer el traspaso que le hizo el señor L, siendo que tampoco admite que

esa titulación se dio en forma irregular. d) Alega que en el sumario de

titulación se presentaron testigos complacientes y falsos. e) La señora BA,

destaca, se opuso a la inscripción del inmueble, aclarando en dicha oportunidad

que había sido la única poseedora del inmueble, el cual acaba de vender,

situación que conocía la aquí actora. f) Una vez inscrito, el terreno es

traspasado a S por “la ridícula suma” de ¢10.000,00,

quien a su vez lo transfirió a la sociedad G Limitada para intentar, en forma

infructuosa, un desalojo administrativo, por lo que se revirtió a la actora. g)

Señala, una vez fallecida doña BA, se inició el proceso sucesorio por su hija,

nombrándose como albacea a su hermano, quien se allana en todo a la presente

demanda, omitiendo presentar “una prescripción a todas luces procedente, con

el fin de favorecer los intereses de su familia.” El “plan orquestrado

por la actora”, agrega, se comprende a partir del análisis en conjunto de

los anteriores elementos, y comprueban el fraude de ley, generando incluso

quebrantos de la Ley

de Titulación de Vivienda Campesina (hoy declarada inconstitucional), a saber,

por la declaración de falsedades en el escrito del promovente y en los

testimonios ofrecidos. Así, endilga la vulneración de los artículos 3 y 5 del

citado cuerpo normativo. Concluye, al no valorar esta circunstancia, la cual,

insiste, fue debidamente alegada al contestar la demanda y que debió ser

analizada de oficio, generó el quebranto de las normas mencionadas al inicio de

este considerando, “pues no podía considerarse propietaria legítima a quien

obtuvo un bien mediante esta cadena de fraude, en detrimento de quienes

legítimamente habían comprado en escritura pública, CON ANTERIORIDAD.” En

cuanto al numeral 20 del Código Civil, plantea, su

vulneración se da debido a que no se consideró que los actos de la actora

perseguían un resultado contrario al ordenamiento jurídico, y en ese tanto, “no

podían sustentar jamás un derecho de propiedad a su favor.” Critica como

indebido el que no se haya declarado el “fraude” por formalidades no previstas

en la ley.

En lo esencial, el

casacionista cuestiona lo resuelto por el Tribunal en torno al presunto fraude

procesal cometido por la actora y, dice, no es necesario plantearlo mediante

una demanda o contrademanda para que este se pueda declarar. Señala, además,

las circunstancias que en su criterio evidencia dicha conducta antijurídica,

reiterando las que fueron planteadas con ocasión del recurso

vertical. Ahora bien, analizada la sentencia del Ad

quem, es preciso destacar que no es cierto, como lo aduce el recurrente, que se omitió

analizar los supuestos indicios de fraude o que se exigiera una acción específica

para declarar un fraude procesal. En primer lugar, a la mayoría de hechos sobre

los cuales se pretende fundar la ilegitimidad del actuar de la señora S fueron

valorados puntualmente por los juzgadores de segunda instancia, quienes consideraron

que no generaban la conducta reprochada por el apelante, o bien, que no

constituían indicios contundentes en tal sentido. Al respecto, se indicó: “La

falta de oposición efectiva de la señora BA a la titulación, por cuanto no

estableció demanda ordinaria en su momento, su allanamiento en otros proceso

absolutamente ineficaz por haberse declarado desierto, o el allanamiento del

albacea de su sucesión en este proceso, no son elementos caracterizantes de un

fraude procesal, pues los codemandados M y B tuvieron toda la posibilidad de

debatir los argumentos por los cuales ellos estiman ser los legítimos

adquirientes y poseedores de la finca reclamada. Que se haya inscrito la finca

a nombre de JN, luego se lo traspasara a S, quien luego lo transmitió a G, SRL,

y este a su vez lo haya reintegrado a S, no corresponde a indicios claros y

precisos de eventuales fraudes procesales, sobre todo cuando G, SRL, no es

siquiera parte en este proceso. Por ende, no hay nulidad

alguna que decretar, ni tampoco son acertadas las alegaciones de fondo que

pueden derivarse del

agravio transcrito.” Resulta claro que, a diferencia de lo indicado por el recurrente,

el punto en cuestión sí fue analizado y, por ende, objeto de pronunciamiento.

Ahora bien, la exigencia de plantear una demanda o contrademanda se estableció,

no en forma genérica respecto del

fraude procesal, sino en lo que atañe a la validez del título registral con base en el cual la

actora formula su petitoria. Ciertamente, tratándose de una

acción reinvidicatoria, la condición de propietario acreditada mediante la

información contenida en el Registro Público no puede ser desconocida por los

juzgadores salvo que esta sea debidamente cuestionada mediante una pretensión anulatoria.

En esta línea, el Tribunal destacó: “[…] no es posible introducir al proceso

puntos a debatir si no fueron alegados oportunamente por las partes. Las

alegaciones de los demandados debieron efectuarse al momento de contestar la

demanda y, si estimaba que eventualmente existió un fraude procesal al

momento de titularse mediante el trámite de la Ley de Titulación de Vivienda Campesina el

inmueble reclamado por la actora, debió formular la contrademanda respectiva y

pedir que así se declarara. […] No queda claro, en todo caso, si el

alegado fraude procesal lo refiere la parte apelante a lo actuado en el proceso

de titulación de vivienda campesina referido, a un

fraude procesal en este asunto, o a ambos. […] Cabe

recordar, además, que no se pidió por parte de los demandados apelantes la

nulidad del título registral de S, pues no contrademandaron; […]” (el

subrayado es suplido). De lo recién trascrito, no cabe duda que la

exigencia que cuestiona en su inconformidad el recurrente fue mencionada, únicamente,

respecto de la validez del título registral, lo que

además se confirma por el hecho ya explicado de que en la sentencia se

analizaron las distintas circunstancias en que se pretendió justificar el

fraude procesal. En este sentido, lo así indicado por

el Tribunal encuentra asidero en el hecho de que la competencia de los órganos

jurisdiccionales se encuentra definida de conformidad con el ejercicio del derecho de acción

que le asiste a los particulares. Es a partir de las pretensiones y la causa

petendi esbozadas en la demanda o contrademanda que se define el ámbito dentro del

cual el juzgador puede resolver sin incurrir en el vicio de incongruencia.

Dentro de esta lógica, la contestación constituye la oposición al ruego de la

parte actora, sin embargo, y salvo el supuesto de una reconvención, no implica

el ejercicio de un derecho de acción en virtud del cual se pretenda el

reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica específica a favor del

demandado. Se limita, en consecuencia, a la solicitud de no

ser condenado. Así las cosas, siendo que el casacionista procuró el

desconocimiento del título registral otorgado a favor del señor L por

considerar que existieron yerros en la tramitación de aquel proceso, tal y como

se indica en el fallo cuestionado, resultaba indispensable la inclusión de este

elemento dentro del objeto del presente asunto, lo cual ciertamente no se hizo,

ya que no se formuló una pretensión concreta en tal sentido. Lo anterior

impedía a los juzgadores de instancia entrar a valorar la procedencia o no de

dicho punto. A partir de lo expuesto, y en particular, en función del recuento

realizado sobre el fundamento de la decisión respecto de la cual se planteó la

presente inconformidad, resulta claro que no es de recibo el reclamo planteado,

no solo por cuanto lleva razón el Tribunal sobre la exigencia de la

contrademanda en lo que atañe a la nulidad del título registral, sino también

en la medida en que la premisa de la que parte el recurrente no se comprueba de

una lectura detenida de la sentencia, ya que los argumentos sobre el fraude

procesal fueron valorados y rechazados por el Ad quem. Todo

lo anterior hace que el agravio tenga que ser rechazado.

En su segundo

agravio, endilga una violación indirecta, por error de derecho en la

apreciación de la prueba testimonial, quebrantándose, en su criterio, los

numerales 853, 854, 860, 865, 866 y 868 del Código Civil. Cuestiona que en la

sentencia del Juzgado, se tuvo por probado que los demandados compraron

mediante escritura pública la propiedad en cuestión desde el 14 de enero de

1991 y que desde ese momento, han ejercido la posesión sobre el inmueble. Agrega, lo anterior se mantuvo incólume por el Tribunal. Dice, ello se sustentó en los testimonios de JS, SL y JA.

Sin embargo, destaca, a dichas deposiciones no se les otorgó valor en cuanto al

tiempo de posesión previa que tenía la vendedora original. Con ello, dice, se ha vulnerado la sana

crítica y el artículo 330 del

Código Procesal Civil. Reclama, el primer testigo indicó que para el momento

cuando la señora BA vendió a los demandados B y M ya tenía tiempo de vivir ahí;

el segundo, que refirió que ella había vivido bastante

tiempo allí, mientras que el tercero manifestó que su ocupación databa de 1984

cuando inició el pueblo. Critica que el juzgador desestimara ese

testimonio aduciendo que los restantes declarantes habían sido imprecisos. Por

el contrario, sostiene, con uno solo bastaba y que, en todo caso, no es

contradictorio con los otros, siendo que más bien deben verse como

complementarios. Señala, debe considerarse además esa prueba

en conjunto con la escritura de venta, la cual hace referencia al traspaso de

una posesión de 10 años. En cuanto al quebranto de las normas de fondo,

considera que esta se produce debido a que se completó, con amplitud, el

“término” de la prescripción positiva, además de que cualquier derecho que le

pudo corresponder a la actora se habría extinguido.

En este cargo, el

recurrente cuestiona la valoración de la prueba en lo que atañe al transcurso del plazo de

prescripción positiva a su favor, empero, su reclamo resulta improcedente. Con

ocasión del recurso

vertical interpuesto contra la sentencia de primera instancia, el Ad quem no

analizó dicho punto por considerarlo “innecesario”, ya que los

planteamientos del

apelante “resultan insuficientes e inútiles para revertir la denegatoria de

la excepción de prescripción positiva […]”. Parafraseando al Tribunal, ello

se debe a que únicamente se cuestionó el criterio del juzgador en

cuanto a que la extensión temporal de la posesión no superaba los 10 años

requeridos, omitiendo combatir los restantes fundamentos de la resolución. Al

respecto se indicó: “Al no atacarse la tesis del a quo según la cual existiría mala fe, lo

analizado al respecto se mantiene incólume, pues no está dentro de la

competencia de este Tribunal modificarlo (artículo 565 del Código Procesal Civil). Ello hace que lo

resuelto sobre la denegatoria de la usucapión no pueda revocarse, aunque fueran

hipotéticamente procedentes los reproches en cuanto al tiempo de posesión, lo

cual, se repite, no cabe analizar pues a nada conduciría. También se deja

entrever en el fallo apelado que la usucapión invocada sería improcedente por

cuanto el título inscrito mediante Titulación de Vivienda Campesina sería

inatacable al haber transcurrido más de 3 años desde

su inscripción sin que fuera impugnado, lo cual lo habría consolidado. Esta posición tampoco fue atacada en los agravios ya citados, lo

cual también impide cualquier análisis sobre el punto y que lo resuelto sea

revocado. En conclusión, el recurso, por sus carencias en cuanto a atacar todos los fundamentos del fallo, resulta inatendible en cuanto a

la denegatoria de la usucapión.”  A partir de lo anterior, resulta

claro que el Tribunal, como

consecuencia de la forma en que la parte planteó la apelación, no valoró el

fondo del

asunto. En el presente cargo, lejos de combatir ese criterio del Ad quem, el

recurrente plantea nuevamente su inconformidad en cuanto a la duración de la

posesión que se le debe imputar (igual que en la apelación), pretendiendo

discutir en esta sede la sentencia del Juzgado, obviando el hecho de que no

existió un pronunciamiento sobre el punto por parte de los juzgadores de

segunda instancia. En este sentido, en aplicación del numeral 608 del

Código Procesal Civil, y en atención a lo ya expuesto, esta Sala tendría vedado

el conocer los cuestionamientos realizados. Dicha norma dispone que “no

podrán ser objeto del recurso de casación cuestiones que no hayan sido

propuestas ni debatidas oportunamente por los litigantes”, de lo cual se

sigue que, si deficiencias propias del recurso de apelación impiden que en

segunda instancia se conozca el punto en discusión y, en consecuencia, que el

superior se pronuncie al respecto, igual limitante afectaría su revisión, por

el fondo, en esta sede. Lo anterior sin perjuicio de que la inconformidad se

dirija a combatir, precisamente, el criterio procesal de admisibilidad de la

apelación que enervó el que se vertiera el pronunciamiento sobre los agravios

del apelante (lo que no hizo el casacionista). Todo ello torna

en inatendible el reparo formulado. En todo caso, aún

obviando lo recién indicado, lo cierto es que el mismo yerro detectado por el

Tribunal subsiste, ya que el recurrente no cuestiona los restantes argumentos

por los cuales el Juzgado rechazó la excepción de prescripción positiva.

Por las razones

expuestas en los anteriores considerandos, lo procedente es rechazar los cargos

formulados. De conformidad con el artículo 611 del Código Procesal

Civil, las costas deberán ser impuestas a quien planteó este medio

extraordinario de impugnación.