Resolución 01547-2011

Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales

que citó, la sociedad actora estableció proceso de conocimiento, a fin de que

en sentencia se declare: "1.- La declaración de disconformidad absoluta

de la conducta administrativa impugnada, a saber la decisión administrativa

contenida en el Oficio (sic) No. (sic) 081990,

suscrito por el Lic. J., Director General de Aviación Civil, datado 15 de julio

del año 2008, con el ordenamiento jurídico imperante y de todos los actos o las

actuaciones conexas con el anterior.

La declaración de NULIDAD

ABSOLUTA  de la anterior conducta administrativa.

El restablecimiento

de los derechos de nuestra representada a la condición que tenían antes de la

adopción de la conducta administrativa impugnada, o sea el restablecimiento del

Programa de Seguridad de la

Aviación aprobado para nuestra empresa.

Que se condene a

la entidad pública demandada al pago de todos y cada uno de los daños y

perjuicios que nos ha causado con la conducta administrativa nula y disconforme

con el ordenamiento jurídico imperante.

Que se le condene a las cosas

personales y procesales de esta acción.”

El Consejo Técnico de Aviación contestó conforme a folios

116 a

123 sin oponer excepciones. El Estado, por su parte, contestó acorde a folios 134 a 141 e interpuso la

excepción de falta de derecho.

La audiencia preliminar se celebró

inicialmente a las 13 horas 52 minutos del 17 de noviembre de 2009 y se reanudó

a las 14 horas del 27 de noviembre de ese mismo año. En ambas oportunidades,

todas las partes hicieron uso de la palabra.

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

integrada por los jueces Eduardo González Segura, Ana Isabel Vargas Vargas y

Sandra Quesada Vargas, en sentencia n.° 558-2010 de las 15 horas 15 minutos del

17 de febrero de 2010, dispuso: "Se acoge parcialmente la excepción de

falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por

S: (sic) A.  contra el Estado y el Consejo

Técnico de Aviación Civil. Se anula el oficio 018990 del 15 de julio del 2008 (sic),

emitido por el Director General de Aviación Civil. Se rechaza la pretensión de

restablecimiento de la situación jurídica de la empresa actora, así como la

indemnización de daños y perjuicios solicitada. Son ambas costas de esta acción

a cargo de los demandados.”

La

sociedad actora formula recurso de casación indicando expresamente las razones

en que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se han

observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente

Silvia Consuelo Fernández Brenes.

Redacta

la Magistrada

Fernández Brenes

La

empresa actora S. S. A. (en adelante […] S. A.), interpone proceso contencioso

administrativo contra el Consejo Técnico de Aviación Civil (en lo sucesivo

CETAC) y el Estado. En lo medular indicó, desde el año 2001 brindó servicios de

seguridad y protección, así como actividades de chequeo y revisión de carga,

equipajes y pasajeros, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a favor de

las líneas aéreas “G. y sus afiliadas L. Y SA.”. El 18 de agosto de 2005

en el oficio número AVSEC 2005-005, la Dirección General

de Aviación Civil (en adelante DGAC) aprobó el programa de seguridad presentado

por la empresa actora, requerido para su funcionamiento. Entre el 14 de mayo y

el 3 de junio, ambos del 2008, un equipo de auditores de la Unidad de Seguridad de la Aviación, adscrita a la DGAC, inspeccionó el sistema

de seguridad y emitió el Informe Confidencial de Inspección n°. IA-001-2008,

advirtiendo a la empresa accionante sobre faltas graves por incumplimientos en

el programa. El 15 de julio de 2008, el Lic. Jorge Fernández Chacón,

Director General de Aviación Civil, suscribió el oficio n°. 081990, el cual

dispuso dejar sin efecto “la carta de aprobación del programa de seguridad

nº.  AVSEC 2005-005”, en base a las recomendaciones del informe n°.

IA-001-2008. Debido a las gestiones planteadas por el G. ante DGAC, la

ejecución se prorrogó hasta el 31 de julio de 2008. El 21 de julio de 2008, la

empresa de referencia interpuso los recursos de revocatoria y apelación en

subsidio contra la anterior decisión (oficio n°. 081990). La DGAV en resolución nº. 005

las 8 horas del 20 de agosto de ese mismo año, rechazó el recurso de

revocatoria y elevó el asunto ante el CTAC. A la fecha de interposición de la

demanda, manifestó, no se había resuelto el recurso de apelación. En este

proceso, en lo medular, pide que en sentencia se declare la nulidad absoluta

del oficio n°. 081990 del 15 de julio de 2008, la “disconformidad

absoluta” con el ordenamiento jurídico de la decisión administrativa y de

todas las actuaciones conexas. Además, el restablecimiento del Programa de

Seguridad. Asimismo, solicitó daños y perjuicios, y condena en costas. Los

coaccionados contestaron en forma negativa y la representante estatal opuso la

defensa de falta de derecho. El Tribunal acogió parcialmente esa excepción,

declaró parcialmente con lugar la demanda, anuló el oficio n°. “018990” del 15 de julio de 2008, emitido por el Director

General de Aviación Civil. Rechazó la pretensión de restablecimiento de la

situación jurídica así como la solicitud de indemnización de daños y

perjuicios. Impuso ambas costas a los demandados.

II.

Acuden ante esta Sala los representantes de la parte actora. En resolución n°.

001076-A-S1-2011 de las 11 horas 25 minutos del 31 de agosto de 2011, se

rechazaron los agravios desarrollados e identificados como “PRIMERO PRUEBAS

MAL APRECIADAS” (folios 242 a 247) y “SEGUNDO HECHOS TENIDOS

POR DEMOSTRADOS O INDEMOSTRADOS EN CONTRADICCIÓN CON LA PRUEBA APORTADA A

LOS AUTOS” (folios 247 a

248). A partir de lo anterior, se analizarán los restantes reproches.

La

parte recurrente, ofrece prueba “al amparo de lo dispuesto por el Art. 145

del Código” Procesal Contencioso Administrativo que consistente en una

certificación de los ingresos proyectados durante el periodo comprendido entre

octubre de 2009 y setiembre de 2012 expedida por el contador público licenciado

Omar Hidalgo Araya. La eventualidad de incorporar prueba en casación, está

regulada expresamente por el Código Procesal Contencioso Administrativo en dos

supuestos: 1.- documentos que pueden aportar las partes durante el trámite del

recurso “…que jure no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y

posteriores a la sentencia recurrida.” (canon  145, apartado primero);

y, 2.- prueba para mejor resolver, la que resulta facultativa, para la

instancia de casación que corresponda, sea esta Sala o el Tribunal de Casación

de lo Contencioso Administrativo (cardinal 148, inciso 1 ibíd). Sin embargo, en

este último supuesto, su incorporación depende única y exclusivamente del

órgano competente, por tratarse de una facultad que se le otorga con la

finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante,

pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido. Como se ha reiterado, es prueba del juez y no de las partes, es

él quien decide su conveniencia y necesidad; y corresponde a una valoración

discrecional, de la que puede prescindir sin necesidad de que se resuelva

expresamente. Incluso, el omitir pronunciamiento no genera indefensión, ya que

no existe el deber de recabarla o rechazarla, de modo tal que es absolutamente

ajena al control en esta sede. Finalmente, no se puede desconocer que con ésta

“no se trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las

partes en cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar

deficiencias en las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente

lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del

juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en

juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario,

debe ser introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre

o de duda que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los

litigantes.” (Sentencia de

esta Sala n°.  213-F-S1-2008 de las 8 horas 20 minutos del 25 de marzo de

2008). En este caso, es

claro que lo que se ofrece como prueba, no cumple con lo establecido en el

inciso 1) del precepto 145 ídem. Excede los límites de la norma, pues lo que se

certifica es se que realizó una verificación de ingresos de la compañía actora

de los meses de julio, agosto y setiembre, todos del año 2009 y con base en

ellos se hacen proyecciones futuras. Esta información existe desde antes de

interpuesto el proceso e incluso fue expuesta en términos semejantes en el

juicio oral y público, por el mismo contador público Lic. Omar Hidalgo Araya

quien fungió como perito (registro digital de las 9:47:01 a las 10:09:08

horas). No está referida a hechos nuevos al fallo recurrido. Tampoco se cumple

con la formalidad sustancial, de naturaleza imperativa, de jurar no haberla

conocido con anterioridad. Por lo anterior, procede declararla inadmisible.

RECURSO

POR VIOLACIÓN DE NORMAS PROCESALES

Los

recurrentes plantean un único agravio que califican de esta naturaleza, en el que

es posible deducir tres grandes temas de inconformidad que, se procede a

separar, para luego analizarlos en forma independiente. En lo medular, inician

con un preámbulo de lo sucedido en el proceso y lo resuelto en el fallo.

Posteriormente, alegan, en el primer extremo, falta de motivación de la

sentencia, artículo 137 inciso d) del Código Procesal Contencioso

Administrativo (en lo sucesivo CPCA). A su juicio, existe contradicción y

ausencia de motivación al haberse declarado por una parte la nulidad del acto

administrativo, y por otra valida su aplicación, rechazándose las pretensiones

del restablecimiento de la situación jurídica así como la solicitud de

indemnización de daños y perjuicios. Como consecuencia de ello, estiman, se

quebrantaron los preceptos 121 y 122 ejusdem, ya que ninguna de las peticiones

esgrimidas eran contrarias al ordenamiento jurídico, para que fuesen denegadas.

En el segundo reparo acusan incongruencia, como “inobservancia de las

reglas básicas previstas para el dictado de la sentencia” con fundamento en

el inciso g) del numeral 137 CPCA. Exponen, el fallo impugnado es totalmente

incongruente y contradictorio al declarar la nulidad absoluta de la conducta

administrativa, sin la derivación lógica de tal declaratoria, sea el restablecimiento

de la situación jurídica en el sentido que se otorgue “vigencia y validez de

la carta de aprobación del programa de seguridad”, ni el derecho de

indemnización sobre daños y perjuicios. De lo anterior, aclaran, la empresa

actora nunca solicitó la devolución de la posición de proveedores de servicios

de seguridad para T., L. o SA., como lo interpretó el Tribunal. Lo que además

aseguran como “una evidente violacion (sic) de lo dispuesto” en el

articulo 126 ibídem, ya que “Los hechos probados en la sentencia e incluso

aquellos que se debieron haber tenido como probados, obligaban en forma

irrestricta al reconocimiento de todas las pretensiones de la demanda.”.

Por otra parte, los gestionantes citan y transcriben el precepto 131 inciso 3)

del CPCA, refiriendo que la sentencia dimensiona los efectos de la nulidad del

acto administrativo, al denegar la pretensión de “…dar vigencia y validez a

su CARTA DE APROBACIÓN”, sin estar en juego la seguridad jurídica y el

derecho de buena fe de terceros. El que se le establezca a la actora el derecho

de poder brindar servicios de seguridad en los aeropuertos, afirman, no implica

que las empresas que tenían contratos deban romper relaciones con quienes hoy

brinden el servicio. En el tercer motivo, exponen, en la “FASE ORAL Y

PÚBLICA” se determinó que no había existido un agotamiento previo de la vía

administrativa, al no resolverse por el Consejo Técnico de Aviación Civil el

recurso de apelación que se interpuso en subsidio con el de revocatoria contra

la conducta administrativa impugnada. Afirma, pese a que el CPCA faculta a los

administrados para recurrir a la jurisdicción contenciosa, el numeral 120 inciso 4 ibid, obliga que en la sentencia o en la juicio

oral del proceso se subsane tal defecto y en el sub judice no ocurrió.

Sobre

la falta de motivación de la sentencia esta Sala ha establecido: “VIII.-

La falta de motivación, como agravio susceptible de ser revisado mediante el

recurso extraordinario de casación en los términos del canon 137 inciso d) del

Código Procesal Contencioso Administrativo, no debe entenderse como un

mecanismo para cuestionar los fundamentos jurídicos de la sentencia, como

erróneamente lo hace el recurrente. La causal en comentario surge cuando la

motivación del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente

ausente, o bien, por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) resulta en

extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en

cuanto a los razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte

dispositiva de la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las

partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que

se trata de un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a

eventuales incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el iter

procesal o la sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes

y al juez en el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y

obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con un mecanismo

para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la valoración de la prueba

realizada por el A quo en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual

el Código de rito establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo

contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La falta de

motivación como causal para casar la sentencia, en los términos en que se ha

comentado, se da al conculcarse la norma que dispone el deber del juzgador de

analizar las incidencias y cuestiones de fondo planteadas por las partes

(principio de derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por

demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, inciso m) del

Código Procesal Contencioso Administrativo, así como el 155 del Código Procesal

Civil). No se trata de determinar si el juzgador se pronunció sobre todas las

pretensiones incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que

el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la decisión

correspondiente. Resolución de la Sala Primera n°. 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40

minutos del 5 de febrero de 2009. Pueden consultarse además, entre muchas

otras, la n°. 184-F-S1-2009 de las 13 horas del 23 de febrero de 2009 y la n°. 468-F-S1-2009

de las 15 horas 15 minutos del 7 de mayo de 2009.

Con

apoyo en el antecedente indicado, se procede a desestimar el primer cargo. La

motivación dada en la sentencia impugnada, no es ausente, omisa, ni

contradictoria en sus argumentos. Sobre la pretensión de declarar disconforme

con el ordenamiento jurídico el oficio n°. 081990 del 15 de julio de 2008 por

la supuesta violación al debido proceso y derecho de defensa, al estimar el

actor que el auto impugnado constituía  en una sanción y que no se realizó

un procedimiento administrativo exigido por la Ley General de la Administración Pública,

el Tribunal consideró que el dejar sin efecto “la aprobación del plan”

para poder operar en el Aeropuerto, no constituía una infracción administrativa

y consecuentemente, no se daba la lesión alegada; al no ser una conducta

prevista en la ley, cuya inobservancia tenga por consecuencia un castigo

determinado, en el tanto el acto anulado es “estrictamente técnico” (la

carta de aprobación del programa de seguridad). Razonó que no era necesaria la

verificación de un procedimiento jurídico exigido por la Ley General de la Administración Publica,

para la correcta formación de la actividad formal administrativa, como

requisito de validez para poder emitir el oficio impugnado; pues, al

encontrarse de por medio la seguridad de la Nación y el aeropuerto, que es el puerto de

conexión de Costa Rica con el mundo, prevalece la inmediatez en la toma de

decisiones, por la urgencia y la necesidad que reviste, estimó que se debía

aplicar las Regulaciones Aeronáuticas Costarricense de la Aviación Civil,

Decreto n°.  31802-MOPT (RAC 17) diseñadas para la verificación del

adecuado funcionamiento de la seguridad aeroportuaria, lo anterior en

fundamento con las sentencias de la Sala Constitucional

n°.997-2001 y 14583-2001. Por su parte, en cuanto a lo alegado de solicitar la

nulidad del acto impugnado, en relación al vicio esencial de falta de

motivación del mismo oficio; los Juzgadores dispusieron que todo procedimiento

de auditoria requiere para su validez del registro de elementos materiales y

que el informe n°. IA-001-2008 de la

Unidad de Seguridad de la Aviación, en el que se basó la decisión

administrativa, resultó insuficiente para servir de motivo para el acto

impugnado, por no contar con pruebas y respaldo para su sustento, declarando el

informe inexistente con base a los artículos 133, 158 y 166 de la Ley General de la Administración Pública

y por ende nulo el oficio n°. 081990. Luego, los jueces en el Considerando VI,

pese a la declaratoria de nulidad, denegaron el restablecimiento de la

situación jurídica. Estimaron,“…se hace preciso dimensionar los efectos de

esa declaratoria, en el sentido de que lo es únicamente para la determinación

de los eventuales efectos indemnizatorios, mas no para el restablecimiento de

la situación jurídica de la actora por lo inoportuno e inconveniente que

resultaría ello para el interés público superior que reviste la seguridad en

nuestras instalaciones aeroportuarias y por las eventuales afectaciones que

ello podrían generar sobre los posibles derechos adquiridos por terceros de

buena fe que en este momento podrían estar contratados por las empresas T., LA.

y SA. para brindar servicios de seguridad” (Trascripción de la Sala. Registro de

las 15:40:07 a las 15:40:50) Por último, sobre el rechazo de los daños y

perjuicios, los Juzgadores consideraron que no se trajo ninguna prueba que los

acredite, en tanto no le mereció fe de autenticidad a las copias de los

contratos privados, y a la vez, resaltaron, que tenían como fecha de expiración

hasta el 31 de agosto del 2008, misma data en la que se dejó de brindar el

servicio.  Corolario, en la resolución impugnada no se omitieron las

razones que sustentaron la decisión, ni el desarrollo resultó contradictorio ni

tampoco confuso.  Por ende, no se configura la causal alegada.

En

lo que respecta al segundo agravio procesal. Cabe recordar que la

incongruencia, conforme lo ha reiterado esta Sala, se produce cuando existe una

evidente contradicción entre las pretensiones de los litigantes y lo resuelto

en la parte dispositiva de la sentencia. Para la determinación o no del vicio,

hay que tomar en cuenta que “a las partes les asiste un poder absoluto

dimanante de la exposición de los hechos, el cual marca el radio de acción

dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver sobre la procedencia o

improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su consideración”

(Resolución n°.  000105-F-S1-2009 de las 9 horas 50 minutos del 4 de

febrero de 2009). Con la legislación procesal contencioso administrativa debe

tenerse presente, al analizar dicho yerro, que las pretensiones aducidas en la

demanda pueden sufrir variaciones tanto en la audiencia preliminar, cuanto en

el juicio (artículos 90 inciso 1 apartado b y 95 ibídem); además, de

conformidad con el canon 122 ejúsdem, se dan una serie de pronunciamientos de

carácter oficioso, cuando se declare procedente la pretensión en forma parcial

o total. (Al respecto, puede consultarse el fallo de esta Sala n°. 900 de las

10 horas 50 minutos del 27 de agosto de 2009.) La sociedad casacionista, en

esencia, alega que los Juzgadores declararon la nulidad absoluta de la conducta

administrativa, pero rechazaron el restablecimiento de la situación jurídica al

hacer una errónea interpretación de la petitoria denegada, en que aseguran

solicitaron “…dar vigencia y validez a su CARTA DE APROBACIÓN” y nunca

solicitó la devolución de la posición de proveedores de servicios de seguridad

para T., L. o SA.. Pese a lo anterior, recriminan que

ni siquiera se le concedió el derecho de indemnización sobre daños y

perjuicios. En el sub júdice, en la pretensión recriminada se peticionó: “3-

El restablecimiento de los derechos de nuestra representada a la condición

que tenían antes de la adopción de la conducta administrativa impugnada, o

sea el restablecimiento del Programa de Seguridad de la Aviación aprobado para

nuestra empresa.” (Folio 9 del expediente judicial). En lo conducente el

Tribunal denegó el restablecimiento de la situación jurídica al estimar que

resultaría inoportuno e inconveniente  para el interés público superior

que reviste la seguridad en las instalaciones aeroportuarias y por las

eventuales afectaciones que ello podrían generar sobre los posibles derechos

adquiridos por terceros de buena fe que en este momento podrían estar

contratados por las empresas T., LA. y SA., para brindar servicios de seguridad

(Registro de las 15:39:45 a las 15:40:50). En ese sentido los hechos de la

demanda n°. 12 y 19 expresan “…como consecuencia de la decisión asumida por la Dirección General

de Aviación Civil (…) tanto T., como SA. Y L., dan por resueltos los contratos

de prestación de servicios de seguridad privada (…) Para el momento en que todo

esto ocurrió nosotros estábamos brindándole servicios de seguridad a las

empresas aéreas.”  Esta Cámara concluye de lo anterior que no se

configura dicha causal, tomando en consideración que la empresa demandante al

peticionar el restablecimiento del programa de seguridad solicitó la condición

que tenían antes de la adopción de la conducta administrativa impugnada y ello,

presuponía, sin lugar a duda la restitución de proveedores del servicio de

seguridad. Y en los hechos aducidos en la demanda que son sustento de la

petición, expresó que como consecuencia de la decisión asumida por la DGAC, las empresas T., SA. y

L., terminaron con los contratos de prestación de servicios de seguridad

privada que venían prestando. En relación a la denegatoria de daños y

perjuicios, tampoco se da el vicio de incongruencia, ya que lo resuelto por el

Tribunal, fue propuesto y debatido a lo largo del litigio, en concreto: en la

demanda, contestación de las partes, audiencia preliminar, etapa de juicio, a

mayor abundamiento en el libelo del Estado, a folio 159; y la inconformidad que

ahora manifiesta el recurrente es por cuanto fue denegada y a su juicio no eran

contrarias al ordenamiento jurídico; lo que, de darse, comportaría un violación

directa o indirecta de ley por un error de hecho o derecho y en ese sentido, no

debe confundirse las causales procesales como mecanismo para entrar a discutir

la aplicación del derecho o la valoración de la prueba realizada por el A quo

en la parte considerativa de la sentencia, para lo cual el CPCA establece

causales autónomas (artículo 138), y para conocerlas como tales pese a su

calificación se debe precisar las normas sustantivas y la forma en que habrían

sido conculcados con el proceder del Tribunal. Al tenor de lo expuesto, la

resolución recurrida no padece el vicio de incongruencia, ya que todos los

extremos presentados por la parte actora en su demanda, fueron resueltos por el

Tribunal, propuestos y debatidos a lo largo del litigio.

En

el tercer extremo procesal, se alega que se debió subsanar el agotamiento de la

vía administrativa, porque a juicio de los recurrentes, no se resolvió la

apelación contra la conducta impugnada (oficio n°.  081990), por parte del

Consejo Técnico de Aviación Civil, quebrantando con esa omisión, el precepto

120 inciso 4 del CPCA. Sobre el particular, se deben hacer las siguientes

consideraciones. Este Órgano Colegiado observa que el reproche planteado

resulta a todas luces improcedente.

el apartado 4 del canon 120 ibíd,

es una norma de disposición automática que subsana el defecto aducido, para los

casos en que no se declaró la inadmisión de la demanda conforme a los incisos

precedentes de ese mismo numeral.

el cardinal 31 del CPCA faculta al

administrado a interponer un proceso en sede jurisdiccional sin el previo

agotamiento de la vía administrativa, con la salvedad echa de lo dispuesto en

los numerales 173 y 182 de la Constitución Política, en lo concerniente a los acuerdos municipales y procedimientos de formulación de

los contratos administrativos, que tengan apelación ante la Contraloría General

de la República. Es

claro entonces, que el agotamiento no era necesario, y que aún si lo hubiera

sido, debe tenerse por subsanado.

los motivos de índole procesal

contenidos en el precepto 137 ibíd para que procedan en el recurso de casación,

solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la inobservancia, es

necesario que se haya pedido la corrección del vicio en el momento procesal

oportuno y además que sea posible su rectificación en el Tribunal (apartado segundo

de esa misma norma), lo que en la especie, se colige con diáfana claridad, no

sucede.

Finalmente, se debe advertir que la falta de agotamiento de la

vía administrativa, para los casos excepcionales señalados, es un requisito de

admisibilidad para que se de curso a la demanda. En ese sentido a quienes les

afecta su inobservancia sería a los demandados, vía defensa previa (ordinal 66

inciso 1 apartado c ibíd.), o en la ampliación que de ella sea efectuada antes

de concluir la audiencia preliminar. Aceptar la posición de que es al actor,

implicaría permitirle sacar provecho de su propio dolo, lo cual no prohíja el

derecho (artículo 21 del Código Civil). A mayor abundamiento de razones, en el

expediente administrativo consta la resolución n°. 005, de las 08 horas del 20

de agosto de 2008, del Consejo Técnico de Aviación Civil en la cual resuelve el

alegado recurso de apelación (folios 114 a 115).

RECURSO

POR VIOLACIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS

En

la primera violación de normas sustantivas (tercera en el orden del

recurso), alegan los recurrentes la causal prevista en el inciso c) del canon

138 del CPCA. Indican que la sentencia recurrida justifica la actuación de la Administración Pública

en la aplicación del Decreto Ejecutivo RAC 17 sobre Regulaciones Aeronáuticas

Costarricenses. Esa norma, señalan, no contempla averiguación sobre

irregularidades ni eventuales sanciones, por lo que la normativa indicada fue

indebidamente aplicada, y lo procedente era aplicar el capitulo de Previsión de

Faltas, Delitos o Hechos de la

Ley General de la Aviación Civil. Además, afirman, esta Norma es de

rango superior al Decreto Ejecutivo. Aseveran, aplicando los principios de

razonabilidad y proporcionalidad, no era necesaria la intervención del Estado

en forma inminente con un poder de policía, porque a su juicio la situación

planteada no requería ni se justificaba de esa actuación. En ese sentido,

arguyen, no se encontraban sustento en el “Rac 17” y se debió aplicar la Ley General de la Aviación Civil y

que a su vez remite al procedimiento administrativo establecido en la Ley General de la Administración Pública.

En esa forma, exponen, el Tribunal opta por la aplicación de una norma de rango

inferior, sin sustento alguno. En el segundo agravio (cuarto en del

libelo de casación), por quebranto de normas sustanciales, señalan los

casacionistas la causal prevista en el inciso d) el ordinal 138 del CPCA.

Acusan violaciones de los principios constitucionales de proporcionalidad y

razonabilidad. Respecto del primero, hacen un preámbulo de lo demostrado en

autos, en ese sentido, refieren, que la sentencia tuvo por demostrado que el

informe N° AI-001-2008 elaborado por la

DGAC, estuvo carente de sustento probatorio. También,

afirman, que el Director General de Aviación Civil permitió la permanecía de

los oficiales de seguridad de la empresa actora en el Aeropuerto Juan

Santamaría, por un mes y medio después que se revocó la Carta de Aprobación de

Programa de Seguridad en la

Aviación. En consecuencia, alegan, no había la situación de

“inminente emergencia” que expone el informe, no existiendo

razonabilidad alguna en la decisión de la Administración. Acusan,

el fallo impugnado solo recoge y justifica esa ausencia, sin analizar si la

conducta administrativa en si, fue o no razonable. En lo que atañe al principio

de proporcionalidad, argumenta que la sentencia recurrida justifica un acto

administrativo con supuestos de inminente peligro, emergencia y riesgo sin que

tales situaciones quedaran probadas en los autos. Añaden, la proporcionalidad

de la medida implica la aplicación de una conducta administrativa razonable,

equilibrada y directamente relacionada con la irregularidad que se detecte, y

que tales irregularidades no quedaron acreditadas. En ese sentido, afirman, la

medida administrativa adoptada no guarda proporción con supuestas

irregularidades que no fueron acreditadas.

Las

anteriores censuras, tienen como común denominador el combate a los fundamentos

esgrimidos por el Tribunal, al no declarar disconforme con el ordenamiento

jurídico la conducta administrativa contenida en el oficio n°.  081990 del

15 de julio de 2008, suscrito por el Director General de Aviación Civil por

estimar que no había lesión del debido proceso y derecho de defensa, al no

requerirse de un procedimiento ordinario para anular el auto impugnado. Es

criterio de esta Sala, conforme se analizará de seguido, que ambos reproches a

nada conducirían, no existiendo, por ende, casación útil. Si bien, el

considerando tercero de la sentencia impugnada, no acoge el argumento de que el

oficio n°. 081990 era una sanción y que no se le realizó un procedimiento

administrativo exigido por la

Ley General de la Administración Publica

(en adelante LGAP) con el debido proceso, derecho de defensa y demás extremos

argüidos. Donde los Juzgadores resolvieron que el dejar sin efecto “la

aprobación del plan” para poder operar en el Aeropuerto, no constituía una

infracción administrativa, al no ser una conducta prevista en la ley, cuya

inobservancia tenga por consecuencia un castigo determinado, en el tanto el

acto anulado es “estrictamente técnico”. Y, razonó que no era necesaria

la verificación de un procedimiento jurídico exigido por la Ley General de la Administración Publica,

para la correcta formación de la actividad formal administrativa, como

requisito de validez para poder emitir el oficio impugnado; pues, al

encontrarse de por medio la seguridad de la Nación y el aeropuerto, que es el puerto de

conexión de Costa Rica con el mundo, prevalece la inmediatez en la toma de

decisiones, por la urgencia y la necesidad que reviste, estimando que se debía

aplicar las Regulaciones Aeronáuticas Costarricense de la Aviación Civil,

Decreto n°. 31802-MOPT (RAC 17) diseñadas para la verificación del adecuado

funcionamiento de la seguridad aeroportuaria. Con posterioridad, en el

considerando quinto, el Tribunal Contencioso anula el oficio n°.  081990

declarando que el informe n°.  IA-001-2008 estaba viciado de nulidad, por

lo que resultó insuficiente para servir de motivo para el acto administrativo,

acogiendo la pretensión de que el informe de la Unidad de Seguridad de la Aviación en que se basó

la decisión administrativa carecía del respaldo de pruebas. Por ello, a nada se

llegaría declarar el acto disconforme con el ordenamiento jurídico si ya éste

fue anulado.

En

mérito de las razones expuestas, se impone el rechazo del recurso interpuesto,

con sus costas a cargo de quien lo formuló (artículo 150 inciso 3) del CPCA).