Resolución 00274-2011

Con base en los hechos que

expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora estableció demanda

ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de cuatro millones de colones, a fin

de que en sentencia se declare:“1- Soy indígena y soy poseedora decenal de

un inmueble que se encuentra dentro de los límites de la Reserva Indígena de

Guatuso, terreno para agricultura, situado en el Palenque Margarita, en

Guatuso, con una medida de DOS HECTÁREAS, TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN METROS.

El fundo colinda por el norte con Río Sol, al sur con calle pública, al este

con Rigoberto Lacayo, y al oeste con Isidro Acosta, Aminda Blanco, Ángela

Carmona Martínez, y Estebada Blanco Lara.

Que el demandado se encuentra en

el inmueble por mera tolerancia, de Miguel Vega, y posteriormente la mía, pero

se niega, alegando un mejor Derecho Posesorio que no existe ya que yo soy la

persona que ostento el Derecho Posesorio legítimo y lo he ejercido a través de

mis trasmitentes. He ejercido la posesión en forma pública, pacífica,

ininterrumpida, a título de dueño y de buena fe.

Que se declare que el

demandado se encuentra en posesión por mera tolerancia y se le obligue a

restituirme la posesión inmediatamente.

Que se declare que la Asociación

demandada me cedió este derecho y que acepta que soy la legítima poseedora del inmueble.

Que se le imponga a los demandados la obligación del pago de ambas costas de

esta acción, así como el pago de los daños y perjuicios causados, los cuales se

liquidarán en ejecución de sentencias (sic)”.

Los codemandados

contestaron negativamente. Opusieron las excepciones de falta de derecho y de

legitimación activa y pasiva. Además, el señor Lacayo Elizondo formuló "FALTA

DE AGOTAMIENTO DE DECISIÓN DE LA ENTIDAD PROPIETARIA DE LAS TIERRAS INDÍGENAS”,

la cual fue rechazada interlocutoriamente.

El juez Rodolfo Vásquez

Vásquez, en sentencia 67-2009 de las 15 horas del 29 de junio de 2009,

resolvió: “De conformidad con lo expuesto, jurisprudencia y normativa

citada, se acogen las excepciones de Falta de Derecho y Falta de Legitimación

Activa y Pasiva, opuestas por la asociación demandada y el accionado Marcony

Lacayo Elizondo. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda ordinaria

interpuesta por JACQUELINE LACAYO BLANCO contra MARCONY LACAYO

ELIZONDO, y la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA

DE GUATUSO, representada por su presidente Víctor Francisco Méndez Álvarez,

de calidades citadas. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en

costas”.

El Tribunal Agrario del

Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por las juezas Alexandra

Alvarado Paniagua, Damaris Vargas vásquez y María Rosa Castro García, en

sentencia no. 0633-F-10 de las 15 horas 47 minutos del 29 de junio de 2010,

dispuso: “Se declara sin lugar la nulidad, y se confirma la sentencia en lo

que ha sido objeto de apelación y por los motivos dados en esta instancia”.

El licenciado Ignacio

Rodríguez Sancho, defensor público de la actora, formula recurso de casación.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Anabelle León Feoli

I.-

La señora Jacqueline Lacayo Blanco demanda al señor Marcony Lacayo Elizondo

y a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Guatuso de

Alajuela (la Asociación, en adelante) para que en sentencia se declare:

Que

es indígena y poseedora decenal de un inmueble ubicado dentro de la Reserva

(Territorio) Indígena de Guatuso, con una medida de dos hectáreas 3521 metros

cuadrados. Colinda al norte con el Río Oro, al sur con calle pública, al este

con Rigoberto Lacayo, al oeste con Isidro Acosta, Aminda Blanco, Ángela Carmona

Martínez y Estebada Blanco Lara.

El demandado se encuentra en ese terreno

por mera tolerancia suya y de su transmitente, señor Miguel Vega, pero se niega

a desalojar alegando tener un mejor derecho posesorio, el cual no existe pues

ella lo ostenta y lo ha ejercido a través de sus transmitentes, en forma

pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueña y de buena fe.

Se

obligue al señor Lacayo Elizondo a restituirle de inmediato la posesión.

La

entidad accionada le cedió este derecho a ella, aceptando que es la legítima

poseedora del fundo.

Se imponga a los codemandados el pago de los daños y

perjuicios que se liquiden en ejecución de sentencia, así como ambas costas de

este proceso. El accionado formuló “…incompetencia DE FALTA DE AGOTAMIENTO

DE DECISION DE LA ENTIDAD PROPIETARIA DE LAS TIERRAS INDIGENAS”, que se

denegó interlocutoriamente. Él y la Asociación contestaron en forma negativa y

opusieron las excepciones de falta de derecho y de legitimación en su doble

modalidad, que el Juzgado acogió. Declaró sin lugar la demanda en todos sus

extremos, sin especial condenatoria en costas. El Tribunal Agrario confirmó en

lo apelado.

II.-

Recurre ante esta Sala el defensor público de la actora quien plantea: “…formal

RECURSO DE CASACION POR LA FORMA”.  Como primer motivo alega: “INCORRECTA

FUNDAMENTACION Y VIOLACIÓN A LAS LEYES PROCESALES Y SUSTANTIVAS”.

Aduce quebranto de los artículos 45 de la Constitución Política; 264, 265, 266,

268, 270, 271, 272 “…siguientes y concordantes” del Código Civil; 155,

158, 594, 595 “…siguientes y concordantes” del Código Procesal Civil; 8 “…y

concordantes” del Convenio no. 169 de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Según manifiesta, el Ad quem tuvo como hecho probado no. 19, que mediante

resolución administrativa no. 010501006, la Junta Directiva de la Asociación,

sin precisar fecha, otorgó a la señora Lacayo Blanco la posesión del terreno en

debate. Además, dejó sin efecto cualquier otra disposición emitida con

anterioridad que se opusiera a lo decidido y anuló el certificado oficial de

derecho de posesión, emitido el 29 de abril de 2004 a favor del accionado. A su

juicio, con ese documento del gobierno local indígena, se reconoció el derecho

posesorio de la actora, incluso, los codemandados no lo objetaron. Estima

vulnerado el precepto 8 del relacionado Convenido, cuando estipula que al

aplicarse la legislación nacional a los pueblos indígenas, se deberán tomar en

cuenta sus costumbres o derecho consuetudinario, lo mismo que sus propias

instituciones, siempre que no sean incompatibles con los derechos

fundamentales. De esta forma, agrega, se tiene por establecido que la

comunidad, regida por la Junta Directiva de la Asociación, exteriorizó su

potestad y aprobó que el terreno le pertenecía por derecho a doña Jacqueline

Lacayo, única y legítima poseedora, con fundamento también en el canon 3 de la

Ley Indígena no. 6172, en el Convenio 169 de la OIT, en la jurisprudencia

reiterada de la Sala Constitucional y en el “Derecho (sic) Ejecutivo

número trece mil quinientos sesenta y ocho C-G”, con el argumento de que la

Asociación la reconoció como la persona legitimada para ejercer actos

posesorios en el inmueble. Por todo ello, sostiene, el Tribunal debió revocar

la sentencia de primera instancia y acoger la demanda, dando prevalencia al

derecho consuetudinario y a la solución que, con carácter de cosa juzgada,

emitió el gobierno local. Además, asevera, en el expediente existen documentos

de anteriores poseedores, quienes traspasaron el dominio, siendo la última

adquirente la señora Dehilyn Lisseth Vega Quesada, gozando del derecho

posesorio por indicarse así en la documental que se aportó como prueba. Pero el

A quo lo anuló de oficio en su sentencia, pese a existir como respaldo otro

documento público de quien tenía los derechos posesorios del inmueble, en tanto

el dominio lo traspasó la señora Vega Quesada a don Miguel Ángel Vega Cruz.

Sostiene que en la susodicha resolución administrativa no. 010501006, se

aceptan esas transmisiones a su representada. Asimismo, todos los documentos

anteriores a ese pronunciamiento, en los que se habían reconocido derechos a

favor de don Marcony Lacayo, lo anuló la Junta Directiva. Censura que el Ad

quem, para fundamentar la denegatoria de la apelación, se basó en el voto no. 268-10

de las 14 horas 30 minutos del 22 de marzo de 2010, lo cual objeta, “…ya que

es posterior a la sentencia del a-quo y la apelación que esta representación

formulo (sic), por cuanto ese criterio es muy reciente, siendo que este proceso

es anterior y a (sic) estado en espera de ser resuelto por más de un año en el

Tribunal Agrario”. Como segundo agravio acusa violación a las reglas

de la sana crítica, específicamente, al principio de derivación lógica, lo cual

quebranta “…los artículos 54 de la Ley de Jurisdicció (sic) Agraria,

10 del Código Civil, artículo 41 de la Constitución Política, etc.”.

Expresa que la correcta fundamentación, como parte del debido proceso, exige

una labor intelectiva del juzgador, para que como garantía a las partes exprese

el íter lógico que lo llevó a concluir de determinada forma. En el caso

concreto, manifiesta, el Superior considera injustificable que la Asociación,

como gobierno local, cambiara de criterio respecto a la posesión del terreno,

sin que a su juicio mediaran razones fundadas como para levantar el

reconocimiento posesorio que se hizo al demandado. Además, apunta, para el

Tribunal existe incerteza pues las decisiones de la Asociación son cambiantes,

según sea la integración o grupos de poder en cada comunidad. El Juzgado,

considera, yerra en la aplicación de la sana crítica y la libre valoración de

la prueba, al dejar de lado los criterios objetivos, cuestionando documentos

públicos para anular la resolución administrativa ya citada. También el Ad quem

hace un uso indebido de la sana crítica, aduce, apartándose del fundamento “…del

artículo 230 del Código Procesal Civil”, ya que cuestiona la documental que

no fue argüida de falsa ni cuestionada por los codemandados. Antes bien,

manifiesta, los juzgadores de ambas instancias lo hicieron de oficio, adoptando

procedimientos en contra de la correcta valoración, para llegar a conclusiones

en perjuicio de los usuarios de la administración de justicia. Además, la

censura a las reglas de la sana crítica se orientan en que el fallo impugnado

no se fundamenta bien, como para no tener por válida la resolución

administrativa, ni razona sobre la base de alguna otra prueba. Incluso,

asevera, los testigos de la actora, Dahilyn Lisseth Vega, Miguel Ángel Vega y

Antonio Blanco, fueron contestes al indicar la secuencia del inmueble, hasta

llegar documentalmente a manos de la señora Lacayo, sucesión de traspasos que

nunca fue cuestionada en este proceso; sin embargo, no se apreciaron para

confirmar o desvirtuar los hechos de la demanda. El órgano sentenciador,

estima, debió referirse a todas las pruebas e indicar, de manera clara y

expresa, por qué les dio credibilidad o no, para garantizar el derecho de

defensa. Concluye: “Así las cosas, los razonamientos expuestos por el

Tribunal para desvirtuar el documento denominado resolución administrativa

número 010501006, contravienen las reglas de la lógica, privándosele de sus

derechos a la actora, del debido proceso y de defensa ya que si se hubieran

hecho una mejor valoración de las probanzas, conforme al numeral 54 de la Ley

de Jurisdicción Agraria, a la accionante se le hubiera tenido que reconocer su

derecho a la propiedad”.

III.-

A modo de preámbulo, conviene aclarar lo siguiente. El abogado de la actora

presenta “…formal RECURSO DE CASACIÓN POR LA FORMA”; sin embargo, en el

proceso agrario no existe medio impugnativo con esa denominación ni con todas

las características propias del recurso de casación regulado por el Código

Procesal Civil. El artículo 61 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, contempla

la posibilidad de objetar las sentencias definitivas dictadas por los

Tribunales Agrarios, en la vía ordinaria, mediante “…el recurso ante la Sala

de Casación”, rigiéndose, en todo lo aplicable, por las disposiciones del

Capítulo V, Título VII, del Código de Trabajo. Este cuerpo normativo, en la

norma 557, indica que no estará sujeto a formalidades técnicas especiales, pero

necesariamente contendrá: “… b) Las razones, claras y precisas, que ameritan

la procedencia…”. La Ley Orgánica del Poder Judicial, canon 54, inciso 5,

señala que a la Sala Primera le corresponderá conocer: “De la tercera

instancia rogada en asuntos de jurisdicción agraria, cuando el recurso tenga

cabida de conformidad con la ley”.  Con todo, al margen de la

denominación, se han analizado algunas situaciones que generan defectos

procesales como, por ejemplo, motivos de incongruencia del fallo impugnado, que

esta Sala ha admitido, visto desde el ángulo de la sentencia como acto; para lo

cual se deberá externar un ruego específico en ese particular y, en general,

cumplir con la exigencia de una formulación clara y precisa de los respectivos

agravios.

IV.-

Por otra parte, según la regla 54 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, al

resolverse el fondo del asunto, “…el juez apreciará la prueba a conciencia y

sin sujeción estricta a las normas del derecho común, pero, en todo caso, al

analizar el resultado de la prueba recogida en el proceso, deberá expresar los

principios de equidad o de derecho en que basa su criterio”. Ciertamente,

no se trata de una apreciación “a conciencia”, pues el sistema que rige

es el de libre valoración, cuya libertad del juzgador se relativiza, en el

tanto deberá examinar el resultado que desprendan las probanzas, con la debida

motivación del criterio al cual arribe como corolario de ese examen,

equivalente a la sana crítica, a tono con antecedentes de esta Cámara, de la

Sala Constitucional y con base en el ordenamiento jurídico que rija.

V.-

En cuanto al primer cargo, el impugnante acusa incorrecta fundamentación;

además, violaciones a normas procesales y sustantivas. Pero, no es claro ni

preciso al calificar sus censuras, explicando cuándo y por qué se está ante un

supuesto u otro. De cualquier manera, el Tribunal fue prolijo en detallar los

aspectos de hecho y de derecho para motivar su criterio, con lo que no ha

faltado a su justificación ni esta es defectuosa. Por lo demás, en el recurso

se citan disposiciones de la Constitución Política, Código Civil, Código

Procesal Civil y Convenio 169 de la OIT, sin exponer en qué consiste la

infracción de esas normas ni de las que puedan ser preceptos “siguientes y

concordantes”. Aún con las inconsistencias señaladas, es palpable la

objeción al rechazo de la demanda, en esencia, por no haberse dado el valor que

se pretende a lo establecido por la Asociación en el pronunciamiento

administrativo no. 010501006 que, en criterio de la representación de la

actora, funda el derecho posesorio de la señora Lacayo Blanco, dejando sin

efecto el certificado oficial hecho al demandado. En este particular, no hay

duda, esa resolución es un hecho incontrovertible, incluso, la parte accionada

así lo reconoció. Sin embargo, precisamente, en la discusión medular de este

asunto, se ha cuestionado la licitud de ese criterio, arribando el Ad quem al

convencimiento de que viola disposiciones legales e internacionales, lo cual

impide la consolidación del derecho que la señora Jacqueline Lacayo aduce

ostentar con esa base que, de todos modos, no reviste autoridad de cosa juzgada

material, contrario a como lo sugiere el recurrente.

VI.-

También se han apreciado como corresponde, los documentos traslativos de

anteriores poseedores y la cadena de traspasos del fundo objeto de la litis,

que culminó con la adquisición a favor de la demandante. A ese efecto, en orden

al principio de valoración probatoria, el Tribunal tomó en cuenta el contenido

de los documentos que explican esas transmisiones, lo mismo que los testimonios

que se orientaron en esa vertiente. No obstante, en función del análisis

jurídico que verificó, llegó a determinar la impertinencia e ineficacia de las

enajenaciones, a los fines de consolidar un derecho a favor de la actora,

preferente respecto a la situación jurídica en que se encuentra el señor

Marcony Lacayo, por cuanto el supuesto derecho que ella aduce tener, contraría

las disposiciones normativas que prohíben los traspasos entre personas no

indígenas, como así ocurrió con algunas en esa sucesión de enajenaciones.

Destaca, en esta inteligencia, el examen que realizó el Ad quem del conjunto de

probanzas, los testimonios, principalmente, las declaraciones de Eliécer Velas

Álvarez, Santos Domingo Marín Blanco, Augusto Blanco Blanco, Dehilyn Lisseth

Vega Quesada, Antonio Blanco Rodríguez, Miguel Ángel Vega Cruz. También la

prueba documental, como las piezas que incorporan resoluciones administrativas

emitidas por la Asociación y los traspasos efectuados sobre el bien en litigio.

Además, resalta la justificación que rindió para escoger aquellas que le

merecieron fe y así apoyar su decisión, lo que ha permitido seguir el rastro

del razonamiento lógico que lo llevó a concluir con el rechazo de la demanda,

avalando la sentencia de primera instancia. Por eso, no se evidencia quebranto

alguno en su labor de apreciación probatoria y, como corolario, el segundo

reproche deviene improcedente.

VII.-

Aún y cuando en el recurso se emiten manifestaciones de inconformidad, lo

cierto es que no se combate la base de la decisión del Tribunal. En efecto, nótese

la referencia inicial que ese órgano hizo de los apartados 8 y 9 del Convenio

no. 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes,

destacando cómo la aplicación del derecho interno a esos pueblos deberá

considerar sus costumbres, institucionalidad y medios de solución de

conflictos, salvo que contravengan derechos fundamentales de la legislación

nacional o de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es claro que la

exégesis de esas disposiciones, que se hace en el fallo impugnado, no coincide

con la que formula el recurrente. Para este, ese fundamento jurídico determina

la prioridad que hay que darle al criterio del gobierno local a favor de su

representada, por sobre el anterior reconocimiento que se hizo al demandado, en

vista de los traspasos que culminaron con la adquisición de la señora Lacayo

Blanco. Sin embargo, el Superior consideró que no es factible darle validez al

último pronunciamiento de la Asociación otorgándole la posesión a la actora.

Interpretar en el sentido que esta establece, afirma el Ad quem, implicaría

desconocer la normativa citada, cuyo fin es tutelar la identidad de los grupos

sociales indígenas, manifestada en usos, normas y costumbres propios. También

conllevaría la violación de los derechos fundamentales del señor Marcony

Lacayo, persona indígena quien ha estado en el ejercicio, real y efectivo, de

actos posesorios sobre el terreno, privándosele, como se informa en el fallo

recurrido, del “…acceso a la tierra o a la propiedad, el acceso al trabajo,

a la vivienda digna, al derecho para desarrollarse según su cultura arraigado a

la tierra… Expulsar de su posesión al demandado, y extraerlo de ese entorno y

actividad en la cual se ha venido desempeñando, es violatorio de tales derechos

fundamentales”. Esta disertación la acompaña de la cita y explicación de

los preceptos 1, 2, 5, 13 al 19, 21, 23, 27, 28 del relacionado Convenio que,

en definitiva, priman sobre la normativa del Código Civil a que hace referencia

el recurrente sin explicación alguna. Este tampoco reprocha esas motivaciones

ni la justificación normativa que le sirve de apoyo. Incluso, se limita a

cuestionar la aplicación que el Ad quem hace de un precedente, pero no el

fundamento mismo de ese pronunciamiento. De todas maneras, resulta inadmisible

el razonamiento de la censura, cuando se dice que el voto que se cita es

inaplicable por ser posterior a la sentencia del  A quo y a la fecha de la

apelación. Nada impide que el órgano jurisdiccional se haya fundamentado en las

consideraciones a las que arribó en el caso reciente que al efecto citó.

VIII.-

Destaca, por otra parte, cómo el Superior expone que en modo alguno la posesión

del demandado ha frustrado cualquier intento de la accionante para posesionarse

del inmueble, pues esa posesión derivada de sus transmitentes, que aduce tener

y que indebidamente le reconoció la Asociación, “… no es legítima, pues

quedó demostrado que tales personas no son indígenas, así reconocido por ellos

mismos en los casos de Dehilyn Lisseth Vega Quesada… y Miguel Ángel Vega Cruz,

igual ocurre con los transmitentes de éstos que tampoco son indígenas, por lo

que la ocupación de ellos dentro del territorio indígena no genera derecho

alguno, al ser ilícita por contravenirse lo dispuesto en el Artículo 3

de la Ley Indígena de Costa Rica”. Según este canon: “Las reservas

indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas

para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrían

alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o

fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán

negociar con otros indios. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de

éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es

absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso...”. Esta

disposición constituyó un pilar sobre el cual se asentó el criterio del

Superior, quien agregó que al basarse la actora en una posesión derivada de no

indígenas, viola el derecho fundamental sobre el acceso a la propiedad

indígena, como igual acontece al privársele al demandado de continuar

trabajando la tierra a la cual está arraigado, donde vive y obtiene sus medios

de subsistencia, lo que también encuentra reconocimiento internacional, “…como

derecho a la propiedad de la tierra aplicado a este sector de población, (que)

no se encuentra limitado al ejercicio individual de un derecho, sino que

trasciende al ejercicio colectivo del mismo con implicaciones culturales

particulares”.  Estas consideraciones no han sido revertidas, por

cuanto el representante de la actora no las ha cuestionado de modo contundente.

Aunado a ello, en el fallo en examen se citan los preceptos 14 y 15 del

Convenio no. 169 de la OIT, la sentencia del 31 de agosto de 2001 de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y doctrina especializada, para razonar que

la posesión de la tierra basta para que las personas en territorios indígenas,

quienes carezcan de un título real de propiedad, obtengan el reconocimiento oficial

y el consiguiente registro, lo que también permite la adecuación del derecho a

la normativa y principios que rigen para esa comunidad, según quedara expuesto.

En la realidad indígena, el territorio se maneja en forma colectiva y de

acuerdo a sus propios parámetros culturales se transmite, con base en sus

estructuras sociales. Se enfatiza cómo en el demandado se cumple el derecho a

la propiedad indígena, tanto a nivel colectivo, pues el terreno forma parte de

la totalidad del territorio Maleku, como también mediante el ejercicio

posesorio que ha desplegado en esa porción de la colectividad, contrario a los

pretendidos derechos de la actora, los cuales, lejos de ser una manifestación

material, los deriva de un pronunciamiento meramente formal emitido por la

Asociación, contrariando las disposiciones que prohíben y determinan la nulidad

de enajenaciones de personas no indígenas. Lo anterior pone de relieve la

manera cómo el Tribunal ha dimensionado la eficacia de la normativa interna,

poniéndola en consonancia con el Convenio de la OIT al que se ha hecho

referencia. En este sentido, es claro que la facultad de enajenación consagrada

en el Código Civil, ha de ceder ante la especialidad de las disposiciones

aplicables a estas poblaciones, de modo que, como también lo dice el Tribunal, “…se

sigue violando los derechos fundamentes al introducirse sistemas de transmisión

de la tierra ajenos a su propia cultura o tradiciones… El otorgamiento de

escrituras públicas para traspaso de inmuebles es ajeno al sistema del derecho

consuetudinario indígena, desconocido por tradiciones, por lo que la

cuestionada decisión de la Asociación de resolver con elementos ajenos a su

cultura es violatorio de su propio derecho indígena y del derecho fundamental

de auto identificación como pueblo indígena contemplado en el artículo 1 del

Convenio 169”. El recurrente busca asegurar la eficacia de la adquisición

que dice haber logrado su representada a partir de la cadena de traspasos, pero

no repara en toda la estructura normativa que, como bien se analiza en la

sentencia impugnada, impide la pretendida consolidación de los derechos

posesorios a favor de la señora Lacayo Blanco, a partir de la resolución

administrativa que también anuló el reconocimiento hecho al demandado. Esas

inconsistencias jurídicas que provocó la Asociación fueron puestas de relieve

por los juzgadores de segunda instancia, quienes al lado de las manifestaciones

que emitieron sobre la incerteza e inseguridad jurídica que generan esas

decisiones de Junta Directiva, también ofrecieron las justificaciones

pertinentes para apoyar su criterio de fondo. En síntesis, producto de una

correcta valoración probatoria, enfocaron bien los hechos y la aplicación del

Derecho al caso concreto no se ha combatido de modo eficaz en el recurso,

debiendo mantenerse incólume lo resuelto. Cabe destacar, la Declaración de

Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 3 de

setiembre de 2007, precisamente refuerza aún más esta visión de tutela del

derecho de esos pueblos a su territorio, como un espacio colectivo vital para

el mantenimiento de su cultura y, por ende, de sus habitantes indígenas, según

esta normativa lo contiene en los preceptos 10, 25, 26, 27 y

28.