Resolución 00221-2026

El cinco de noviembre del dos mil veinticinco, el señor [Nombre 001] solicitó que se decretaran medidas de protección a favor suyo y a favor de su madre, la señora [Nombre 006], y para ser cumplidas por el señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 007].  En concreto, solicitó lo siguiente:

“1) Que dicho obligado ([Nombre 002] y su hija [Nombre 007]), no tengan contacto alguno con mi persona, ni con mi familia incluida mi madre [Nombre 006], quien es adulta mayor de 78 años con cirrosis en etapa ya avanzada y no deseo que la misma sea entrevistada dado que esto la afecta y le roba la poca vida que aún le queda dados sus padecimientos crónicos.

Que no me vuelva a agredir, amenazar, o perturbar en forma alguna y que se brinde auxilio policial en caso de esto.

Que el mismo y su hija me respeten, no me agredan de palabra ni mi dignidad como ser humano, no pongan en tela de duda mi decoro, así mismo que limiten su vocabulario al referirse a mi persona.

Que no me amenace como ya lo ha hecho indicando que “no sabemos con quién se está metiendo.

Que dicho señor no trate de tener contacto alguno con mi madre dado que esta es perturbada con los comentarios ofensivos del mismo contra mi persona y mi hermana.

En resolución de las quince horas con diecinueve minutos del seis de noviembre del año dos mil veinticinco, la jueza ALEJANDRA MARIA MONTERO VILLEGAS dictó la sentencia anticipada en la que decretó las siguientes medidas de protección:

Inciso J). Se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 007] que agreda de cualquier forma (física, psicológica, patrimonial o sexual), insulte, amenace o perturbe personalmente o por medio de terceras personas a ([Nombre 001]) [Nombre 010] y a todo su núcleo familiar.- Esto incluye hacerlo vía telefónica, por mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. Inciso K). Se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 007] entrar al domicilio, permanente o temporal y al lugar de trabajo o estudio de [Nombre 006] tampoco se le podrá acercar a ningún lugar donde se encuentre.- Así mismo, se le prohíbe a [Nombre 002], [Nombre 007] acercarse a dichos lugares ni a la parte solicitante a una distancia de 500 metros .- Inciso Q). Se emite una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de Seguridad Pública del vecindario de la parte solicitante, la cual será portada para poder acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión dentro o fuera de su domicilio.- No obstante, se hace ver a la Fuerza de Policía que con dicho oficio o sin él, es parte de sus atribuciones generales, el velar por la integridad personal, los derechos y los bienes de la ciudadanía de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Policía.-"

El trece y el dieciocho de noviembre del dos mil veinticinco, respectivamente, el señor [Nombre 002] y la señora [Nombre 007] solicitaron que se celebrara la comparecencia prevista por el artículo 12 de la Ley contra la violencia doméstica. Esa audiencia se llevó a cabo el veintiuno de enero del dos mil veintiséis bajo la dirección del juez Marco Vinicio Alfaro Rodríguez, quien, al finalizar, dispuso mantener vigentes las medidas de protección. La sentencia integral la emitió a las diecisiete horas con veinte minutos del veintidós de enero del año dos mil veintiséis.-

En la resolución de las 15:07 horas del 12 de febrero del 2026, mediante la cual se admite el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, el Juzgado de primera instancia admitió el recurso de apelación interpuesto, señalando que lo hacía en efecto devolutivo. No obstante, conforme al artículo 96 del Código Procesal de Familia, actualmente no corresponde calificar los recursos de apelación en efecto devolutivo o suspensivo, pues la interposición del recurso, como regla general, no suspende la ejecución de la resolución impugnada.

En consecuencia, una vez admitido el recurso vertical, el juzgado debía conceder audiencia a la otra parte y a eventuales intervinientes, para que en el plazo de tres días se refiriera a la apelación, y remitir posteriormente el expediente al superior, conforme lo dispone el artículo 102 del Código Procesal de Familia, sin que resulte procedente conceder audiencia al apelante, por cuanto sus agravios deben constar en el propio escrito recursivo.

Asimismo, en materia de violencia doméstica, es correcto que el juzgado indique de forma expresa que las medidas de protección se mantendrán vigentes mientras no se resuelva el recurso de apelación, por estar orientadas a proteger de forma inmediata a la persona beneficiaria

Finalmente, la prevención realizada para que las partes señalaran nuevamente medio y lugar para atender notificaciones, así como el apercibimiento efectuado, no resultaban procedentes, toda vez que las partes ya habían señalado correos electrónicos válidos, los cuales surten efecto para todas las instancias, de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Notificaciones Judiciales.

SOBRE LA DECLARACIÓN DE LAS PARTES. Dadas las manifestaciones de la persona juzgadora en la comparecencia oral sobre la declaración de partes, debe señalarse que está sección del Tribunal de Familia ha explicado en numerosos votos la pertinencia y la relevancia de que la declaración de las partes dentro de la comparecencia oral radica en que constituye, en sentido técnico y procesal, un verdadero medio de prueba sometido a las garantías del contradictorio, la inmediación y la oralidad, a diferencia de los relatos iniciales contenidos en la solicitud de medidas o en escritos previos, los cuales carecen de valor probatorio por no haber sido rendidos directamente ante la autoridad judicial, sin juramento y sin posibilidad de interrogación. En efecto, es en la comparecencia donde la persona juzgadora tiene contacto directo con las partes, pudiendo apreciar no solo el contenido de sus manifestaciones, sino también las condiciones en que estas se producen, lo cual resulta esencial para la formación de convicción. Esta naturaleza probatoria encuentra sustento expreso en el artículo 162 del Código Procesal de Familia, que reconoce la declaración de parte como un medio probatorio amplio, sin las restricciones históricas de la confesión, permitiendo que verse tanto sobre hechos propios como ajenos y obligando a su valoración conjunta con el resto del elenco probatorio bajo las reglas de la sana crítica. A ello se suma su fundamento convencional, en tanto el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de toda persona a ser oída por el tribunal competente, lo que se materializa precisamente mediante su intervención directa en la audiencia, asegurando el debido proceso y el derecho de defensa. Si bien lo deseable es que dichas declaraciones se rindan bajo juramento, con la debida advertencia legal, la eventual omisión de este requisito formal -cuando no es objetada oportunamente por las partes- no puede traducirse en la exclusión automática de la prueba, pues ello implicaría sacrificar desproporcionadamente la averiguación de la verdad real por una falencia atribuible al órgano jurisdiccional, debilitando así la función misma del proceso.

En cuanto a los hechos probados, estos se avalan únicamente modificando el tercero de la siguiente manera:

Que los obligados a cumplir con las medidas, [Nombre 002] y [Nombre 007], han incurrido en manifestaciones de perturbación psicológica en perjuicio de la señora [Nombre 006], traducida en presiones para intervenir en los problemas entre sus hijos, involucrarla en problemas familiares, llamarla para darle quejas de los otros parientes, sin respetar su condición emocional ni de salud física (Declaraciones de las testigos [Nombre 004], [Nombre 003], [Nombre 011], el día de la comparecencia realizada en fecha 21 de enero del 2021).

Se agrega un único hecho NO probado que dirá:

ÚNICO: No se acreditaron hechos de agresión en contra del señor [Nombre 001] (ausencia de prueba).

DE LOS AGRAVIOS. El abogado Ernesto Mora López, apoderado especial judicial de [Nombre 002] y [Nombre 007], interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria por supuestos vicios en la aplicación del derecho y en la valoración de la prueba, así como la anulación del proceso y, de manera accesoria, la modificación de las medidas de protección impuestas.

(1) En primer término, plantea una apelación por el fondo directa, alegando una errónea aplicación de la norma, en tanto el juzgador habría utilizado de forma supletoria el artículo 316 del Código Procesal Civil, pese a que dicha norma se encontraba derogada desde el año 2018 por disposición del artículo 183 del mismo cuerpo normativo. Sostiene que este yerro implicó dejar de aplicar la norma correcta para regular la audiencia oral y privada, lo que, a su criterio, afecta el razonamiento jurídico utilizado para resolver el conflicto.

(2) En segundo lugar, formula agravio por error de hecho en la valoración de la prueba, indicando dos momentos concretos: (a) la supuesta falta de valoración del expediente penal número 25-000360-0553-PE, el cual fue admitido como prueba, pero que -según afirma- no fue considerado en la sentencia, pese a que el juzgador indicó que no era competente para dilucidar asuntos penales; y (b) la alegada contaminación de la prueba obtenida mediante la diligencia de campo realizada en la vivienda de la beneficiaria [Nombre 006], por la presencia indebida de la testigo [Nombre 004], lo que, según el recurrente, vulnera el principio de incomunicabilidad y genera una prueba “espuria”, además de haberse desarrollado -afirma- en un ambiente de presión emocional sobre la beneficiaria. En este mismo eje, el recurrente cuestiona la valoración probatoria realizada por el juzgador, indicando que no se efectuó un análisis integral, dinámico y conforme a la sana crítica, y que existe una supuesta insuficiencia probatoria para acreditar actos de violencia, sugiriendo incluso la existencia de intereses patrimoniales subyacentes por parte de otros familiares.

(3) En tercer lugar, invoca un error de hecho por falta de valoración de hechos evidentes y notorios, específicamente en relación con la actividad económica y empresarial de sus representados, quienes -según expone- poseen bienes inmuebles, desarrollan actividades comerciales en la zona de Atenas y dependen de la movilidad en las cercanías del domicilio de la beneficiaria. Señala que la imposición de una medida de alejamiento de 500 metros resulta desproporcionada, al afectar su derecho al trabajo, propiedad y libre desarrollo económico, destacando que dichos hechos no requerían prueba por su carácter notorio.

Finalmente, en su petitoria, el recurrente solicita como pretensión principal la nulidad del proceso por los vicios alegados, y como pretensión accesoria, que se modifiquen las medidas de protección impuestas, de manera que resulten menos gravosas para los intereses personales y comerciales de sus representados.

A efectos de comprender con claridad el objeto del presente proceso, resulta necesario delimitar y distinguir los hechos denunciados por el señor [Nombre 001] para solicitar protección judicial a su favor y el de su madre [Nombre 006], identificando cuáles corresponden a situaciones históricas o no actuales y cuáles constituyen hechos recientes o actuales de presunta agresión, así como las personas involucradas y su condición dentro del conflicto.

En primer lugar, se describen hechos no actuales o antecedentes del conflicto familiar, los cuales permiten contextualizar la relación entre las partes, pero no constituyen por sí mismos actos inmediatos de agresión que justifiquen la intervención mediante un proceso de protección urgente. En este sentido, se señala que desde hace aproximadamente seis años existe una relación conflictiva entre los hermanos [Nombre 001] (solicitante), [Nombre 002] (señalado como agresor) y [Nombre 004] (hermana de ambos), originada en disputas familiares previas. Asimismo, se hace referencia a un conflicto más reciente -de aproximadamente un año y tres meses atrás- vinculado a un proceso penal (expediente 25-000360-0553-PE), en el cual el solicitante y su esposa figuran como testigos. Estos elementos, si bien evidencian una dinámica prolongada de conflicto, no corresponden a hechos actuales de violencia directa, sino a antecedentes relacionales.

En segundo término, se identifican hechos de agresión con incidencia actual o reciente, dirigidos principalmente contra el señor [Nombre 001] (solicitante), su hermana [Nombre 004] y su madre adulta mayor [Nombre 006], atribuidos al señor [Nombre 002] y, en algunos episodios, también a su hija [Nombre 007]. Dentro de estos hechos actuales, destacan: (a) Hechos ocurridos antes del fallecimiento del padre (conductas reiteradas de perturbación emocional), se describe que, en múltiples ocasiones previas al fallecimiento del señor [Nombre 001] (aproximadamente dos meses antes de la interposición de la solicitud), el señor [Nombre 002] y su hija [Nombre 007] se presentaban en la vivienda donde residían los padres, manifestando que la Fuerza Pública llegaría a desalojar o detener a [Nombre 004], lo cual generaba temor, angustia y afectación emocional en los adultos mayores, especialmente en la madre, quien reaccionaba con llanto. (b) Hecho puntual del 3 de setiembre de 2025 (agresión verbal y amenaza directa): este constituye un evento claramente individualizado en tiempo, en el cual el señor [Nombre 002], mediante llamada telefónica realizada a la adulta mayor, exigió de forma insistente y prepotente la entrega de llaves, profiriendo expresiones como: “ya van a ver ambos quién soy yo y no saben con quién se están metiendo, me van a conocer”. Este episodio fue presenciado por el solicitante y su hermana, y provocó una reacción física y emocional inmediata en la madre, quien presentó crisis de llanto, temblores y descompensación, debiendo ser trasladada al hospital.

(c) Hechos posteriores y continuados de hostigamiento (finales de 2025): se denuncian conductas reiteradas de acoso telefónico y presencial, dirigidas a la madre adulta mayor, incluyendo manifestaciones relacionadas con la sustracción de bienes (bomba de agua), acompañadas de expresiones intimidatorias como condicionar el funcionamiento del pozo al pago de dinero, o advertir que dañaría el mismo si no se accedía a sus exigencias. Estas manifestaciones fueron percibidas por la cuidadora [Nombre 003].

(d) Hecho reciente de ingreso a la propiedad y sustracción de bienes (fecha posterior, denunciado penalmente), se indica que, en ausencia del grupo familiar, el señor [Nombre 002] ingresó a la propiedad y procedió a retirar componentes del sistema de agua (bomba, tuberías y accesorios), causando daños materiales. Este hecho fue denunciado en el expediente penal 25-000357-1104-PE y constituye un acto concreto, actual y verificable, con impacto directo en la dinámica familiar.

(e) Conductas posteriores de intimidación indirecta, se menciona la intervención de una hija del denunciado, quien habría comunicado a la cuidadora que el señor [Nombre 002] contaba con asesoría legal y que cualquier denuncia no prosperaría, lo cual es percibido por el solicitante como una forma de presión o amedrentamiento indirecto.

(f) Finalmente, el solicitante refiere consecuencias actuales derivadas de estos hechos, tales como temor por su integridad física y la de su familia, afectaciones a su salud mental (ansiedad, insomnio, crisis de pánico) y una percepción de riesgo real ante posibles nuevas conductas del denunciado, especialmente en horarios en que debe ausentarse de su hogar.

Expuesto lo anterior, del examen integral de prueba y la sentencia recurrida en confrontación directa con los agravios planteados por el apoderado especial judicial de las partes prevenidas, este Tribunal estima que la sentencia debe revocarse parcialmente, ordenando el cese de las medidas de protección otorgadas a favor del señor [Nombre 001] y eliminando la restricción de 500 metros impuesta inicialmente. Las razones, a continuación:

Es necesario determinar, en primer término, cuáles fueron los hechos que la persona juzgadora de instancia tuvo por acreditados, para luego verificar si los reproches formulados logran desvirtuar la fundamentación fáctica y jurídica que sostiene la resolución impugnada. En ese sentido, la sentencia establece como hechos probados la existencia de manifestaciones de maltrato y perturbación psicológica ejercidas por los obligados hacia el solicitante y hacia la persona adulta mayor beneficiaria y se advierte que el juzgador no fundamenta su decisión en hechos aislados o meramente subjetivos, sino en un conjunto de elementos probatorios que, valorados de forma conjunta, permiten tener por configurada una situación de perturbación psicológica, especialmente en perjuicio de una persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad, lo que comparte este Tribunal.

No obstante, esta Cámara, aun reconociendo y respetando el criterio sostenido por la persona juzgadora de primera instancia, se aparta del mismo en cuanto a la conclusión relativa a la existencia de violencia psicológica ejercida en perjuicio del señor [Nombre 001]. Del análisis integral de la prueba evacuada en autos, se logra establecer, con claridad, la existencia de un conflicto familiar prolongado entre los hermanos hijos de la señora [Nombre 006], particularmente entre los señores [Nombre 001] y [Nombre 002]; sin embargo, dicho conflicto, por sí solo, no resulta suficiente para configurar actos de agresión psicológica en los términos exigidos por la Ley contra la Violencia Doméstica. En efecto, no se acreditaron hechos concretos, directos y actuales que permitan concluir que el señor [Nombre 002] o la señora [Nombre 007] hayan desplegado conductas de agresión psicológica en contra del señor [Nombre 001]. Por el contrario, incluso de la prueba testimonial de cargo, particularmente de la declaración de la señora [Nombre 004], se desprende expresamente que no ha presenciado actos de agresión verbal, psicológica o física dirigidos contra su hermano [Nombre 001], lo cual resulta un elemento de especial relevancia valorativa.

De manera contraria, sí se encuentra debidamente acreditado que la dinámica conflictiva entre los hermanos impacta de manera directa y significativa en la salud emocional de la señora [Nombre 006], persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, de las declaraciones de las testigos [Nombre 003] y [Nombre 004], se desprende de forma consistente que el señor [Nombre 002], así como su hija [Nombre 007], involucran a la adulta mayor en los conflictos que mantienen con el señor [Nombre 001], generándole perturbación, estrés, tristeza y episodios de descompensación emocional. La testigo [Nombre 003] fue clara al señalar que la señora [Nombre 006] quedaba estresada y temblando tras las visitas del señor [Nombre 002], que lloraba todo el día y que su estado emocional se deterioraba cuando tanto este como su hija le hablaban de los conflictos familiares, asimismo, indicó que la propia adulta mayor manifestaba que estas situaciones le hacen mucho daño. En igual sentido, la testigo [Nombre 004] relató episodios en los que su madre presentó crisis emocionales intensas, asociadas a presiones ejercidas por el señor [Nombre 002], quien le exigía intervenir en conflictos familiares, reclamar bienes o resolver disputas, incluso mediante expresiones altisonantes en llamadas telefónicas, lo que provocó en la adulta mayor estados de angustia, llanto y afectación física.

Así las cosas, la prueba de cargo permite tener por acreditado no un escenario de agresión directa contra el señor [Nombre 001], sino una situación en la cual la adulta mayor es indebidamente involucrada en conflictos familiares de sus hijos, lo que incide negativamente en su estabilidad emocional y configura un supuesto de perturbación psicológica en su perjuicio. En consecuencia, el sustento fáctico que legitima la adopción de medidas de protección debe entenderse circunscrito a la necesidad de salvaguardar a la señora [Nombre 006], y no a la acreditación de actos de violencia psicológica en contra del señor [Nombre 001].

Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a la supuesta aplicación errónea de la norma, específicamente por la referencia al artículo 316 del Código Procesal Civil derogado, no se constata que dicho señalamiento tenga la entidad suficiente para invalidar el proceso. Ello por cuanto la mención de una norma derogada en un acto de trámite -como lo es el señalamiento de audiencia- no implica, por sí misma, una afectación sustancial al debido proceso, en tanto no se evidencia que dicha referencia haya incidido materialmente en la recepción de la prueba, en el ejercicio del contradictorio o en la formación de la convicción judicial. La sentencia, en su fundamentación de fondo, se sustenta en normas vigentes y en principios propios de la materia de violencia doméstica, por lo que no se configura el vicio alegado. En todo caso, el reclamo es notoriamente tardío.

En relación con el alegado error de hecho en la valoración de la prueba, particularmente por la supuesta omisión de análisis del expediente penal y la pretendida “contaminación” de la prueba obtenida mediante la visita de campo, tampoco se acoge el agravio. La propia sentencia es clara al delimitar el objeto del proceso, indicando expresamente que la sede de violencia doméstica no es competente para dilucidar responsabilidades penales, razón por la cual el expediente penal, aun cuando fue admitido, no resulta determinante para resolver sobre la existencia de riesgo o perturbación psicológica. Esta exclusión no constituye una contradicción, sino una correcta aplicación del principio de pertinencia probatoria.

Finalmente, en cuanto a la visita de campo, se observa que la entrevista a la beneficiaria se realizó sin presencia de familiares ni terceros, lo cual desvirtúa la alegación de contaminación directa. Al ser la señora [Nombre 006] la persona adulta mayor beneficiaria directa de las medidas de protección, su entrevista personal por parte de la autoridad judicial resultaba no solo pertinente, sino obligatoria, en tanto era indispensable conocer de forma directa su voluntad, percepción de los hechos y criterio respecto a la continuidad o no de dichas medidas de protección. Ello responde a los principios de tutela efectiva, inmediación y protección reforzada que rigen en materia de violencia doméstica, particularmente cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. En consecuencia, omitir dicha diligencia habría implicado una afectación sustancial al debido proceso, al privar al juzgador de un elemento esencial para resolver, lo que incluso podría acarrear la nulidad de lo actuado, al no garantizarse que la decisión adoptada reflejara la situación real y la voluntad de la persona protegida. Más aún, las manifestaciones de la señora [Nombre 006] tienen un peso significativo, no solo por su contenido, sino por su coherencia interna y por su coincidencia con otros elementos de prueba, particularmente los testimonios que refieren presión, afectación emocional y dinámicas familiares conflictivas. Las afirmaciones del recurrente sobre un supuesto entorno de caos o manipulación no encuentran respaldo objetivo en el expediente, ni logran desacreditar la valoración realizada bajo las reglas de la sana crítica.

Respecto al agravio vinculado con la restricción de acercamiento impuesta, estima este Tribunal que, si bien el a-quo actuó correctamente al delimitar que el proceso de violencia doméstica no constituye la vía idónea para dirimir conflictos de índole patrimonial o comercial, lo cierto es que, a la luz de los hechos concretos que se tuvieron por acreditados, la medida de prohibición de acercamiento en un radio de quinientos metros resulta desproporcionada. En efecto, aun cuando se configura una situación de perturbación psicológica que justifica la adopción de medidas de protección, no se desprende del cuadro fáctico acreditado la existencia de un riesgo de tal intensidad o cercanía que amerite una restricción de esa magnitud. En ese sentido, la medida debe guardar una relación razonable con la naturaleza y gravedad de los hechos comprobados, conforme a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Por consiguiente, se acoge el agravio y se opta por eliminar dicha restricción.

Debe explicarse que la decisión de este Tribunal se orienta de manera prioritaria a garantizar la protección efectiva de la persona adulta mayor [Nombre 006], quien, conforme se desprende del acervo probatorio, se encuentra inmersa en los conflictos de sus hijos, situación que incide negativamente en su estabilidad emocional y se agrava en razón de sus padecimientos físicos de consideración, lo que la coloca en una condición de especial vulnerabilidad que exige el resguardo de un entorno de paz, tranquilidad y libre de perturbaciones.

NOTA DEL JUEZ CHACÓN JIMÉNEZ. Consigno esta nota para indicar que coincido plenamente con el razonamiento expresado por la jueza redactora en el sentido de que las declaraciones que rinden las partes en la comparecencia constituyen prueba y, como tal, debe ser valorada por la autoridad judicial. Exigir que la declaración de parte sea ofrecida como prueba y luego admitida por la autoridad jurisdiccional la estimo como un exceso de formalidad, tanto -y sobre todo- para la que rinde la víctima -por ser este un proceso donde lo que se pretende es que se le brinde protección, debiendo aplicarse la debida diligencia reforzada, según mandatos girados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no tratarse de un proceso ser declarativo, constitutivo, modificativo y extintivo de derechos-, como para la que rinde la persona que es señalada como agresora -pues también debe cumplirse con el mandato convencional y constitucional de garantizar el derecho de defensa-. Habiendo expresado lo anterior, debo señalar que, en mi criterio, para que las manifestaciones de las víctimas, aun cuando sean orales y se rindan ante una persona juzgadora, puedan ser valoradas como prueba, sí resulta indispensable que se garantice el derecho de defensa. En este sentido, el artículo 12, in fine, de la Ley contra la violencia doméstica permite que la víctima rinda su declaración sin que esté presente la persona que fue señalada como agresora, pero nada obsta que esté presente su representante legal, y, en todo caso, esas manifestaciones deben ser puestas en conocimiento de la persona señalada como agresora para que pueda ejercer su derecho de defensa, lo que, podría hacer, por ejemplo, mediante la formulación de preguntas, derecho que garantiza el artículo 164 del Código Procesal de Familia. En este caso, mi criterio es que las manifestaciones que la señora [Nombre 006] brindó el 21 de enero de 2025 cuando fue entrevistada por el juez Marco Vinicio Alfaro Rodríguez eran necesarias para conocer su voluntad sobre el mantenimiento, o no, de las medidas de protección que se habían decretado a su favor, pero no constituye prueba. Me explico:

La Ley integral para la persona adulta mayor expresamente otorga una legitimación activa vicaria, pues cualquier persona puede solicitar medidas de protección a favor de una persona mayor de sesenta y cinco años -o de cuarenta años si esta persona padece Síndrome de Down-. Sin embargo, por encima de esta Ley se encuentra la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en donde se encuentra expresamente reconocido el derecho fundamental a un igual reconocimiento como persona ante la ley, y con este, al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida, y, con ello, los correspondientes deberes de los Estados no solo a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, sino también a que se respete su voluntad, garantizando que esta sea manifestada sin intereses ni influencia indebida.

Por esta razón es que este Tribunal ha explicado que, cuando una tercera persona solicita medidas de protección a favor de una persona adulta mayor (lo que permite la Ley integral para la persona adulta mayor), salvo que se trate de un asunto de extrema urgencia, ANTES de decretarlas o de denegarlas, es indispensable que la autoridad judicial conozca su voluntad (lo que exige la Convención interamericana recién indicada). Ha sucedido, en no pocas ocasiones, que la persona adulta mayor NO desea que se decreten medidas de protección a su favor, y esto conlleva que, por regla general, la solicitud formulada por la tercera persona deba denegarse. La excepción sería únicamente en caso de que la persona adulta mayor no tenga conciencia de la agresión que se le inflige, situación en la que, mediante resolución debidamente fundada, la autoridad judicial sí podría decretar medidas de protección a su favor y aun en contra de su manifestación de voluntad.

Por esta razón, como en este proceso no se había contado con esa manifestación de voluntad, era obligación del juez recabarla por ser algo indispensable para el mantenimiento de las medidas de protección que ya se habían decretado a su favor, pues de no haberlo hecho, la sentencia integral habría presentado un vicio de nulidad. Sin embargo, estimo que esas manifestaciones no pueden ser utilizadas como prueba, y por consiguiente, que no pueden valorarse para tomar la decisión final, porque la parte contraria no tuvo participación en su práctica. Haciendo una supresión hipotética de esas manifestaciones como prueba, la sentencia se sostiene porque la prueba que sí se practicó con garantía del derecho de defensa permite concluir que doña [Nombre 006] sí recibió agresiones por parte de don [Nombre 002] y de doña [Nombre 007].

NOTA DEL JUEZ FONSECA VINDAS: Con absoluto respeto para el criterio de mayoría en esta sección del tribunal en particular, considero -sobre el considerando tercero de este fallo- que las manifestaciones -puras y simples- de ambas partes durante la comparecencia del numeral 12 de la Ley de Ritual, no son en estricto sensu un medio de prueba, a menos de que éstas vayan en contra de sus propios intereses procesales.- Considero que el medio de prueba de la declaración de parte -que establece el inciso 1) del numeral 158 del Código Procesal de Familia- requiere para su examen, ser ofrecido, admitido y producido de acuerdo con el ritual procesal.-

Es decir, primero una de las partes o ambas -excepcionalmente de oficio inclusive por parte de la persona juzgadora- OFRECEN dicho medio de prueba, justificando su pertinencia, utilidad y conexión con el caso concreto; segundo, la persona juzgadora debe resolver sobre su admisibilidad, entendiendo que la puede denegar lo cual tendrá recursos de revocatoria y apelación; y tercero, se debe producir en audiencia -inmediación y concentración- realizando la debida juramentación (perjurio por hechos propios y falso testimonio por hechos ajenos), dando paso al interrogatorio respectivo, pero además, con el contrainterrogatorio correspondiente.- De esta forma se respeta el debido proceso y contradictorio de prueba.-

Cuando en audiencia una de las partes manifiesta en contra de sus propios intereses; por ejemplo, cuando la parte prevenida acepta las medidas de protección dictadas en su contra, o bien, acepta alguno de los hechos configurativos de violencia, tenemos entonces una manifestación espontánea que gira en contra de sus intereses procesales y por ende, esa pura y simple manifestación SÍ DEBE ser analizada y valorada en sentencia.-

Aunado a todo lo expuesto y para reforzar mi posición, debe dejarse claro que la ADMISIBILIDAD de la declaración de parte en esta materia -VIOLENCIA DOMÉSTICA y PROTECCIÓN CAUTELAR- según aplicación supletoria del artículo 164 del Código Procesal de Familia, está limitada "ÚNICAMENTE cuando se considere que haya probabilidad que se esté en presencia de un fraude procesal o en los supuestos del artículo 1 de la Ley contra la Violencia Doméstica" (La mayúscula total se suple).-

Otra razón que considero pertinente enunciar, es que la escucha de las partes en audiencia, SÍ es un derecho humano con base constitucional y de alcance convencional; tanto así que el propio numeral 12 de la Ley de Ritual establece que la comparecencia sirve para que la autoridad judicial escuche a las partes.- No obstante, esa escucha por sí sola, no es un medio de prueba a menos de que -y se reitera- sea ofrecida, admitida y producida como declaración de parte, o bien, gire en contra de los intereses procesales de quién manifiesta.-

En efecto -y contrario al criterio particular de esta sección- considero que exigir valorar las manifestaciones de las personas usuarias -muchas sin patrocinio letrado como lo es en esta materia- como medio de prueba resulta perjudicial, dado que se provocaría indefensión al no contar con la dirección profesional o la información suficiente de que sus manifestaciones van a ser tomadas como prueba del asunto.-

El Código Procesal de Familia en el numeral 6 establece como principio rector que la persona humana es el centro del proceso; esto aplica tanto para la persona que pidió las medidas como de quién le fueron impuestas; por ende, considero que SÍ se requiere la formalidad de aplicar el ritual procesal del ofrecimiento, admisibilidad y producción de la prueba como tal.- No hacerlo podría exponer a una persona usuaria de la administración de justicia a un estado de evidente indefensión.-

Tómese en cuenta, que si bien es cierto en este tipo de asunto se persigue el acceso a la justicia para brindar tutela judicial efectiva de protección, la vigencia de las medidas por sí sola, podría tener otros efectos, como por ejemplo hago mención de la causal de indignidad e ingratitud ambas del Código Civil arts. 523 y 1405 respectivamente, según se establece en el artículo 65.c) de la Ley 7935; así mismo, la pérdida y la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental, según inciso h) del numeral 158 bis e inciso c) del artículo 159 ambos del Código de Familia, respecto de la violencia vicaria, doméstica o intrafamiliar.-

Es por ello que a partir de la existencia del debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, para ambas partes, es que considero que NO ES un exceso de formalidad requerir los alcances del numeral 164 párrafo segundo del Código Procesal de Familia, aplicable a esta materia por resorte de Ley en el numeral 19 de la Ley 7586.