Resolución 00033-2013

“II.-Agravios de la apelación.- La actora alega que la sentencia impugnada viola el debido proceso constitucional y su derecho de defensa, ya que no resuelve todos y cada uno de los puntos que fueron objeto del debate, y carece de la debida motivación y fundamentación, invocando la nulidad del fallo. Refiere que el Juez, aludiendo al artículo 117 del Código Notarial, indicó lo siguiente: "que existe una protección especial a los testimonios y en el caso de los ulteriores únicamente pueden ser expedidos de la siguiente forma: Por el notario que suscribió la escritura original, por el Archivo Notarial cuando cualquiera de las partes o una persona con interés legítimo lo solicite y cuando lo ordene algún funcionario autorizado por ley. Si bien el Archivo Notarial está facultado para expedir un ulterior testimonio en el presente caso la señora Zapata Rodríguez no se apersonó directamente al Archivo para solicitar el mismo, sino que se limitó a firmar una solicitud, misma que según criterio del suscrito debe estar autenticada por un Notario, con el fin de demostrar que hay un interés legítimo de quien solicita la gestión." Al respecto, argumenta que las clases de Testimonios no era un punto que haya sido objeto de debate. Acusa que el Juez no tomó en cuenta que el mismo Estado, por medio del Archivo Nacional, la facultaba para solicitar ese ulterior testimonio llenando la fórmula identificada "DG AN", en la que se indicaban los requisitos a cumplir, fórmula de color amarillo que rola al expediente, pero que no fue analizada en esa sentencia y que no contiene exigencia alguna de que debe ser autenticada por un notario. Plantea que el Juez tuvo como probado que ella autenticó como abogada la firma de la señora Rosibel Zapata Rodríguez, representante de la sociedad Empresa Saurios S.A., a fin de que se solicitara un ulterior testimonio al Archivo Nacional, pero no tomó en cuenta que la representante de la citada sociedad tenía un interés legítimo en obtener ese ulterior testimonio, pues se trataba de una escritura pública de su representada. Asevera que tampoco el artículo 117 del Código Notarial que citó el Juzgador, dispone que la autenticación de la solicitud debe ser realizada por un notario. Acusa que el Juez no consideró que el artículo 34 del Código Notarial faculta al notario autenticar firmas, pero no le otorga exclusividad, dado que hay otras normas que otorgan al abogado la potestad de autenticar firmas. Señala que la gestión que realizó solicitando ese ulterior testimonio era y es meramente administrativa, pues es una solicitud a un Despacho de la Administración Pública (Archivo Nacional), solicitando que se le suministre una copia de un documento público, solicitud que de conformidad con el artículo 283 de la Ley General de la Administración Pública, se puede hacer por simple carta autenticada por abogado. Reprocha que el Juzgador no consideró ni valoró la diferencia entre autenticación notarial y autenticación de abogado, como tampoco consideró que los Lineamientos Generales para la Prestación y Control del Ejercicio y Servicio Notarial, citados por el propio Juzgador de instancia, son posteriores a la fecha en que se dieron los hechos de esta demanda. Agrega que el órgano de primera instancia no examinó ni valoró la prueba documental presentada, especialmente, el aviso que el propio Estado, por medio de la Dirección Nacional de Notariado, publicó en la página 27A del periódico La Nación, el día 21 de julio del 2008, en lo referente a la diferencia que existe en nuestra legislación entre autenticación de abogado y la autenticación notarial, lo que corrobora que la autenticación que realizó su persona como abogada es legal e idónea y que no requería que fuera por medio de un notario. Considera que, en consecuencia, la demanda debió haber sido declarada con lugar, incluso en lo que se refiere al daño moral. III.-Sobre la apelación formulada.- Valorados los agravios esbozados, estima el Tribunal que la sentencia de instancia debe ser revocada.- Sin necesidad de mayor comentario, es claro que el acto que se impugna es absolutamente nulo, y así debe ser declarado. La interpretación que hacen el Estado y el Juez de instancia sobre el caso concreto, es abiertamente ilegal y arbitraria, como arbitraria fue la respuesta que le dio la señora Virginia Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional, a la aquí actora por medio del acto impugnado, sea, el oficio DG-541-2007, del 24 de mayo del 2007. En este asunto la accionante autenticó, en su condición de abogada, una solicitud que formuló la señora Rosibel Zapata Rodríguez al Archivo Nacional, para que se le extendiera un ulterior testimonio (reproducción) de la escritura N°28 del protocolo número 32 del notario Juan José Lao Martín. Se trata, como se puede ver, de una simple petición que se hizo a un Departamento público (dependencia administrativa) para que se suministrara una información que, hasta donde se sabe, no es ni secreta ni es de acceso restringido, todo lo contrario, es de interés público, por cuanto las escrituras son instrumentos que tienen pleno valor probatorio dado que están revestidos de fe pública y en ellos el notario se deja constancia de hechos, sucesos, situaciones, actos o contratos de la más diversa índole (artículo 31 del Código Notarial), que incluso producen efecto a nivel registral. El derecho de petición es de carácter fundamental y está garantizado por el artículo 27 de la Constitución Política, al igual que el artículo 30 de la Constitución garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, por consiguiente, tomando en cuenta la naturaleza pública de las escrituras y la innumerable cantidad de situaciones que éstas documentan, el acceso a estos documentos debe ser amplio, abierto y permisivo en lugar de restrictivo. La limitación que impuso el Archivo Nacional en este caso para que se pudiese obtener una reproducción o testimonio de la escritura N°28 del protocolo número 32 del notario Juan José Lao Martín, es ilegítima, incomprensible y desproporcionada, en razón de que el interés público de accesar a la información debe estar por encima de un simple formalismo como el que fue exigido en la especie. Valga mencionar que el requisito que entendió aplicable el Archivo, ni siquiera está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, la petición de expedir ulterior testimonio no requiere autenticación de un notario para que la Administración Pública la suministre. El Código Notarial no dice tal cosa, mucho menos se puede interpretar, como lo hizo el Archivo, que la simple petición de reproducciones de escrituras constituye una actuación notarial, a efecto de justificar la exigencia de una autenticación notarial. Tal aberración dice de su arbitrariedad, en tanto lo exigido carece de fundamento jurídico. El artículo 117 del Código referido, que fue citado por la representación del Estado y por el Juez de primera instancia, lo que establece es la diferencia entre primeros y ulteriores testimonios, indicando que los testimonios los expide el notario cuando el protocolo aún lo tenga en su uso, caso contrario, le corresponde al Archivo Notarial (que pertenece al Archivo Nacional) expedir los ulteriores testimonios. En ningún momento la norma aludida exige que para que pedir un testimonio, el interesado deba pedirlo con una autenticación de firma por parte de un notario. Luego, más sorprendente aún es que, como bien dice la accionante, la solicitud de ulterior testimonio fue realizada el 16 de mayo del 2007 (folio 4), y los “Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial”, emitidos por la Dirección Nacional de Notariado, fueron publicados hasta el 24 de mayo del 2007, es decir, el Archivo Nacional invocó normativa infralegal y le dio carácter retroactivo; pero aún más increíble es el hecho de que las normas concretas de los Lineamientos que ese órgano citó en el oficio DG-541-2007 impugnado, no tienen ninguna relación, ni por asomo, a la petición de información pública que se hizo en este caso. Véase que los artículos 81, 119 y 124 de los Lineamientos notariales que fueron citados en el acto impugnado, como es obvio y no puede ser de otra forma so pena de incurrir en un vicio de competencia, están estrictamente direccionados a regular la actividad de los notarios públicos, no más, y en ellos se hace mención a cuestiones que son propias de esa actividad, como en el artículo 81 que habla de la autenticación de firmas y huellas que es una actuación de las tantas que hace un notario, el 119 hace alusión a los medios de seguridad del notario y el numeral 124 señala cuáles deben ser las características del sello blanco del notario. En ninguno de esos artículos se dice que la solicitud de un testimonio ante el Archivo Nacional requiera la autenticación de un notario. Por lo tanto, el contenido integral del oficio DG-541-2007 es extraordinariamente ilegal en todo su motivo y contenido. No puede dejar de señalarse que la autenticación de firmas en nuestro ordenamiento jurídico no es una facultad exclusivamente notarial, dado que multiplicidad de normas de rango legal, como el Código Procesal Civil (artículos 114, 116 y 118) y la Ley General de la Administración Pública (artículo 283), entre otras, establecen con claridad que la autenticación de firmas la realiza el abogado, cuestión que solo por esta razón hacía innecesaria toda esta litis. Producto de todo lo expuesto, procede revocar la sentencia apelada en los términos que se dirán. IV.-Sobre las pretensiones. Las pretensiones que formuló la actora en este proceso rolan de folios 193 a 198, y fueron indicadas por el Juez en la resolución que viene en alzada. Por estimarse innecesario citarlas de nuevo, se emite pronunciamiento sobre ellas de la siguiente manera: En función de lo explicado en el considerando anterior, se debe declarar absolutamente nulo el oficio DG-541-2007, del 24 de mayo del 2007, emitido por la Dirección General del Archivo Nacional, y por conexidad y consecuencia, el oficio DG-588-2007 del 5 de junio del 2007, emitido por la misma dependencia. Asimismo, se debe declarar que el Archivo Nacional actuó arbitrariamente al negarle a la actora la solicitud de ulterior testimonio de la escritura N°28 del protocolo número 32 del notario Juan José Lao Martín , exigiéndole como requisito la autenticación de firma por parte de notario público. El daño moral se debe conceder, toda vez que ciertamente la negativa por parte del Archivo Nacional de negar una información pública sobre la base de un requisito inexistente en el ordenamiento jurídico, debió generar en la actora, como conocedora del Derecho, una afectación en sus condiciones anímicas, ya que la arbitrariedad de la que fue objeto no puede más que producir enojo, frustración, insatisfacción y toda una serie de perturbaciones de la psique, que no tenía por qué soportar y menos de la manera en que le fue respondida su gestión, con un contenido groseramente ilegal. Por consiguiente, se estima que el daño moral debe ser fijado en la suma pedida de ¢850.000. A título de perjuicios, se conceden intereses legales (artículo 1163 del Código Civil) que correrán desde la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.”