Resolución 08685-2025

Consideraciones Previas. De previo al dictado de la presente sentencia, se dieron los siguientes actos procesales de relevancia:

a. La demanda fue presentada el 5 de diciembre del 2022, a fin de que se declare con lugar las siguientes pretensiones:

“Se acoja la demanda en todos sus extremos, decretando que el cese de mi nombramiento como profesor interino fue ilegal. Página 17 de 23

Se acoja la excepción de prescripción promovida, declarándose la nulidad de las actuaciones administrativas, incluyendo las resoluciones número 342-2022 de las 10 horas 19 minutos del 08 de febrero de 2022 y número 701-2022 de las 9 horas y 25 minutos del 11 de marzo de 2022, ambas dictadas por el despacho del Ministro de Educación, dejándose sin efecto la orden de césar mi nombramiento interino.

Se ordene la nulidad de resoluciones número 342-2022 de las 10 horas 19 minutos del 08 de febrero de 2022 y número 701-2022 de las 9 horas y 25 minutos del 11 de marzo de 2022, ambas dictadas por el despacho del ministro de educación, dejándose sin efecto la orden de césar mi nombramiento interino.

Se condene al Estado al pago de los salarios caídos.

Se condene al pago de costas personales, procesales, daños, perjuicios e intereses que serán liquidados en ejecución de sentencia.

Se ordene mi inmediata reinstalación al cargo que ejercía al momento del cese ordenado.”

En memorial fechado 23 de julio del 2024, amplió su demanda reclamando el pago del daño moral subjetivo, que estimó en la suma de ¢2.500.000,00, y a título de perjuicios, retomó la petición de salarios caídos.

b. Se realizó la audiencia preliminar el día 27 de febrero del 2025, momento en el cual la jueza tramitadora definió los hechos controvertidos, admitió la totalidad de la prueba y el asunto fue declarado de puro derecho y confirió plazo para que las partes rindieran sus conclusiones por escrito, las cuales atendieron de conformidad dicha audiencia.

Sobre la demanda. El señor Vásquez Bustos interpuso demanda en contra del Estado, debido a que fue despedido de su cargo de docente interino del Ministerio de Educación Pública, actuación que considera ilegal. Expone que ello fue contrario a la progresividad de los derechos humanos, y con base en una errónea fundamentación, sin haber sido amonestado nunca por abandonar su trabajo y sin que el patrono le brindara apoyo médico y psicológico alguno, a sabiendas de su  padecimiento de alcoholismo  y estando en un programa de salud  en el Hospital de La Anexión de Nicoya, Departamento de Psicología Clínica, Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia IAFA-CAID, Hospital Psiquiátrico Nacional y grupos sociales de apoyo y contención como resulta ser Alcohólicos Anónimos de Cartagena y Santa Cruz, Guanacaste. Indica que le dio una recaída de salud por causa del alcoholismo y la depresión, mas el Ministerio de Educación Pública, con ingratitud laboral ordenó la revocatoria de su nombramiento interino mediante resolución número 342-2022, dictada por el despacho del Ministro de Educación a las 10:19 horas del 08 de febrero de 2022 al considerar que incurrió en falta grave por abandono laboral los días que corren del 25 al 28 de octubre del 2022, y rechazó las excepciones de prescripción y falta de derecho interpuestas, resolución que fue confirmada posteriormente con la número 701-2022 de las 9:25 horas minutos del 11 de marzo de 2022. Considera que con lo actuado se violenta su derecho al trabajo y se incumplen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo, dando un trato desigual a su padecimiento de salud. Acusa que el procedimiento administrativo disciplinario incoado en mi contra, a todas luces tuvo un propósito de despido previamente determinado, máxime que nunca fue disciplinado con anterioridad por hechos similares, pues el patrono recomendó su asistencia a programas, terapias institucionales que brindarán atención a mi problema de alcoholismo y depresión. Alude que acudió al departamento de servicios médicos del Ministerio de Educación Pública y ahí no fue atendido, sino más bien se recomendó que asistiera a consulta en el sistema de seguridad social y así lo hizo, por lo que cumplió con lo recomendado por el patrono. Acusa que el empleador sabía que el alcoholismo y la depresión son enfermedades de las que puede sobrevenir crisis inevitables, pues el alcoholismo es un mal incurable. En su caso, las faltas a la jornada laboral de los días 26 a 29 de octubre de 2021, fueron debidas a estos padecimientos, quedando prueba de ellos en el expediente disciplinario. Esto equivale a decir que las ausencias no fueron injustificadas. En el caso, la muerte accidental de varios familiares el 16 de octubre 2021, fue un doloroso acontecimiento que generó el infierno depresivo y etílico, pese a encontrarme bajo tratamiento y cumpliendo las terapias recomendadas, entrando en una situación grave y decisiva que puso en peligro el desarrollo del asunto de su alcoholismo y el quebranto de salud. Ante la crisis acudió a medicación, pero la receta farmacológica que se recomienda como ingesta, imposibilita el desempeño de labores pues sume en un somnolencia grave y peligrosa y esta desaparece con la disminución de la ingesta. En el caso del alcoholismo, las recaídas no son tratadas de igual manera que en otras enfermedades, porque no se otorga nota incapacidad, de modo que cuando el enfermo alcohólico no se encuentra internado en un centro de desintoxicación y es dominado por un episodio crítico, una vez salido de este episodio se integra a sus labores habituales, resultando en ese momento capacitado para ejercerlas, aunque siempre padece la enfermedad. Ese fue su caso. En las resoluciones número 342-2022 y 701-2022 del Ministro de Educación Pública, el despido se ordena por haber faltado a laborar y no haber cumplido con el tratamiento que se recomendó para mi enfermedad dentro del área de salud del Ministerio de Educación Pública. Conforme lo resuelto, el cese de su interinazgo es una decisión dictada sin fundamento alguno y claramente irruptora de sus derechos fundamentales, pues en autos consta que las áreas de salud del Ministerio de Educación nunca lo quisieron atender, remitiéndolo a la seguridad social, mas  estuvo bajo control médico y sigue estándolo, lo cual demostró. Por ello reclama que la decisión de desempleo que adopta el Ministerio de Educación, deviene e improcedente, máxime que se apoya en la transcripción de los votos 2010-001664 y 20818-2018 de 14 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuya lectura es a favor del enfermo de alcoholismo, de conformidad con las recomendaciones dadas por la Organización Internacional de Trabajo que refieren a que el tratamiento laboral de la persona alcohólica es mantener la ocupación y lograr estabilidad social y de salud. Los criterios de tales recomendaciones tutelan el principio de progresividad de los derechos humanos y no recomiendan disciplinar, sino conducir al enfermo alcohólico hacia la aceptación del problema y la verificación del control y atención de su enfermedad. Las recomendaciones del OIT señalan claramente que la sanción puede acordarse en caso de renuencia del enfermo alcohólico de someterse a la atención de padecimiento. En su caso, el patrono desatiende las recomendaciones, pues en la valoración de la prueba se evidencia la existencia de su padecimiento mental, manifestado como enfermedad depresiva, mas el patrono desatiende la humanidad con que debe tutelarse la relación laboral y en su lugar fustiga groseramente en contra de un enfermo mental, declarado médicamente así y que recibe tratamiento por esa enfermedad. Reclama también que los hechos acusados acaecieron entre los días que van del 25 al 28 de octubre de 2021, habiendo sido sancionados mediante resolución 342-2022 de las diez horas 19 minutos del 8 de febrero de 2022, dictada por el despacho del Ministro de Educación, habiéndose rebasado sobradamente el plazo máximo para sancionar, pues el asunto concretó más de 4 meses, excediéndose el mes al que refiere la potestad disciplinaria, de igual manera, si el conteo del plazo fatal se hace a favor del patrono, iniciaremos el plazo a partir del 10 de noviembre del 2022, fecha en que se notificó el traslado de cargos, sancionándose casi tres meses después, razón suficiente para admitir que al patrono le prescribió la facultad de sancionar.

Defensa del Estado. La representación estatal rechaza la demanda. Indica al efecto que uno de los alegatos principales del actor para eximirse de la responsabilidad que acarrean las reiteradas ausencias en que incurrió mientras laboró para el Ministerio de Educación Pública, es que es un enfermo alcohólico. Sostiene que esa condición –alcoholismo- no exonera al demandante de la responsabilidad de sus actos, pues como bien lo ha dicho reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda, el alcoholismo es una enfermedad incurable, pero tratable, motivo por el cual, que sea incurable no daba licencia al actor para consumir ni para justificar las faltas. Por ese motivo, se le instauraron dos procedimientos más de manera previa por sus reiteradas ausencias al trabajo, a saber, el expediente 136-2019 donde mediante resolución n°1631-2019 de las 14:51 horas del 23 de abril del 2019, se le absuelve en virtud de sus antecedentes por depresión. Asimismo, mediante expediente 119-2021 con la resolución n°1408-2021 de las 08:40 horas del 15 de junio del 2021, se le vuelve a dar la oportunidad de rehabilitarse por sus problemas de alcoholismo y depresión, donde se le ordena apersonarse a la sección de salud del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo y a pesar de que el Ministerio de Educación Pública le dio múltiples oportunidades para que iniciara su proceso de rehabilitación; no lo aprovechó, pues se refleja la nula colaboración, el escaso compromiso y el desinterés que el señor Vásquez Bustos. Considera que lo actuado es conforme a derecho, pues se respetaron todos los derechos del accionante, de modo que lo actuado es un acto administrativo firme que  no se encuentra viciado de nulidad absoluta, pues se actuó de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Servicio Civil, Ley de Carrera Docente y su reglamento, Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública y la Ley General de la Administración Pública, respetando en todo momento los derechos del accionante, son actuaciones que se encuentran debidamente motivadas, fundamentadas y adecuadamente notificadas, por lo que no existen razones justificadas de hecho ni de derecho para afirmar que la sanción disciplinaria interpuesta al actor mediante las resoluciones 342-2022 de las 1O:19  19 minutos del 08 de febrero de 2022 y número 701-2022 de las 9:25 horas d4el 11 de marzo de 2022, son contrarias a derecho o establecidas sin la debida valoración del elenco de hechos y de la prueba que consta en el expediente administrativo disciplinario. Además, se trata de un funcionario interino, cuyo procedimiento se lleva dentro del Departamento disciplinario y el mismo comienza a correr el plazo a partir de que se pone en conocimiento de dicho departamento de la falta cometida, véase que la Msc Xiomara Rojas Ruiz, puso en conocimiento de las ausencias acaecidas por parte del actor en  fecha 01 de noviembre del 2021, y el procedimiento se ordenó abrir según resolución N°2871-2021 el día 05 de noviembre del mismo año, lo cual le es notificado al accionante el día 10 de noviembre del 2021. Por ende, todo se dio dentro del margen temporal del artículo 414 del Código de Trabajo, y por consiguiente ningún plazo de prescripción ha transcurrido en perjuicio de la potestad sancionatoria del Estado.

HECHOS PROBADOS. Se tiene por demostrados los siguientes hechos de relevancia:

De conformidad con la acción de personal N°202106-MP-004930, el señor Feren Vásquez Bustos actor fue docente interino de los talleres de Agroindustria del Colegio Técnico Profesional 27 de abril, Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, circuito educativo 02, ocupando el puesto y grupo profesional de Profesor de Enseñanza Técnico Profesional (III y IV Ciclos. Enseñanza Especial y Escuela Laboratorio) (G de E) Agroindustria con Tecnología Pecuaria, VT4, Enseñanza técnico profesional titulado 4. (folio 9 del expediente disciplinario 472-2022, hecho no controvertido).

En contra del señor Vásquez Bustos se habían sustanciado dos causas disciplinarias previas, por los siguientes motivos y que finalizaron con los siguientes resultados:

Expediente 136-2019, por ausencias los días 11 a 13 de febrero del 2019, donde mediante resolución n°1631-2019 de las 14:51 horas del 23 de abril del 2019, se le absuelve en virtud de sus antecedentes por depresión y alcoholismo, debiendo apersonarse al Departamento de Servicio de Salud, so pena de aplicar la sanción disciplinaria en caso de reincidir (imágenes 322 a 329).

Expediente 119-2021, por ausencias los días 5 a 9 de abril del 2021, que culminó con la resolución n°1408-2021 de las 08:40 horas del 15 de junio del 2021, en la que el Ministro de Educación Pública le suspende por treinta días, bajo advertencia que, de reincidir, se puede hacer merecedor del cese sin responsabilidad patronal, además, se le vuelve a dar la oportunidad de rehabilitarse por sus problemas de alcoholismo y depresión, donde se le ordena apersonarse a la sección  de salud del Ministerio de Educación Pública  (imagen 332).

Mediante oficio No. DGD-UAG-780 del 27 de mayo del 2019, el actor fue remitido por el Departamento de Gestión Disciplinaria al Departamento de Servicio de Salud del Ministerio de Educación Pública, a efecto de que coordinara la atención respectiva al tratamiento para superar su enfermedad de alcoholismo (imagen 345).

El miércoles 24 de agosto del 2021, la Directora del CTP 27 de Abril, Msc Xiomara Rojas Ruiz, tuvo una reunión de “llamada de atención” con el actor Vázquez Bustos en la que también estuvo presente la Subdirectora del centro educativo, la cual se llevó a cabo debido a que no asistió a trabajar del 16 al 20 de agosto del 2021, informándole al efecto que si necesitaba de varios días para reposar por la enfermedad que padece, debe entregar una incapacidad emitida por la CCSS o por el INS y el correo electrónico al que debía remitirlos, momento en el cual el señor Fermín Vázquez Bustos agradeció e informó que trataría de que no volviera a suceder dicha situación (Imagen 418).

En oficio No. CTP27A-122-2021 del 1 de noviembre del 2021, la Directora del CTP 27 de Abril, Msc. Xiomara Rojas Ruiz, puso en conocimiento del Departamento de Asuntos Disciplinarios, de las ausencias acaecidas por parte del actor durante los días comprendidos entre el lunes 25 y el viernes 29 de octubre del 2021, situación que le preocupaba por la interrupción de las lecciones que recibían los alumnos (imagen 419).

En resolución N°2871-2021 del 05 de noviembre del 2021, notificada al accionante el día 10 de noviembre del 2021, el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, ordenó iniciar procedimiento dentro del expediente administrativo disciplinario número 119-2021 en contra del señor Vásquez Bustos, por las ausencias injustificadas reportadas por la Directora (imagen 427).

El traslado de cargos objeto del procedimiento sancionatorio, fechado 9 de noviembre del 2021 y notificado al día siguiente, tuvo la siguiente imputación de cargos:

"Que Vásquez Bustos Feren Gonzalo, en su condición de Profesor en el Colegio Técnico Profesional 27 de abril, perteneciente a la Dirección Regional de Educación de Santa Cruz, supuestamente no se presentó a laborar los días 25, 26, 27 y 28 de octubre del 2021, lo anterior sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin presentar justificación posterior alguna dentro del término legalmente establecido.”  (imagen 437).

El actor ejerció su defensa mediante documento presentado el 22 de noviembre, indicando –entre otros argumentos- que es enfermo alcohólico, que recayó en una crisis ante la muerte de su padrastro y que recibe atención médica por esa enfermedad en el Hospital de La Anexión de Nicoya, Departamento de Psicología Clínica, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA-CAID desde el 13 de abril de 2021 y Hospital Psiquiátrico Nacional. Además, asiste a los grupos sociales de apoyo y contención de Alcohólicos Anónimos de Cartagena y Santa Cruz, Guanacaste, aportó prueba documental y ofreció prueba testimonial. Opuso también la excepción de prescripción (imágenes 443 a 473).

La audiencia oral y privada se realizó el 14 de diciembre del 2021, acto en el que se evacuó la testimonial ofrecida por el señor Vásquez Bustos. También se aportó prueba documental consistente en incapacidades, constancia AT-ORCH-SC- 412-2021, expedida por el Dr. Alfredo José Catania Acebal Médico- Cirujano/ Farmacodependencia Atención de Pacientes CAID-IAFA, Región Chorotega, sobre la apertura del expediente en esa institución el 13 de abril del 2021,  carné de control de asistencia y tiquetes de cita del IAFA, carné de control de asistencia y tiquetes de citas de especialistas, psicología clínica del Hospital La Anexión de Nicoya, certificado médico JCEHA 5705-2019, de fecha 03 de abril de 2019, expedido por la Dra. Silvia Ruiz Marchena, Jefe a.i. Consulta Externa del Hospital La Anexión de Nicoya  (imágenes 482 a  490).

El órgano director ordenó prueba para mejor proveer, a efecto de que el Departamento de Servicios de Salud informara sobre la atención suministrada al actor, en relación con su enfermedad de alcoholismo y depresión (imagen 492).

El 24 de enero del 2022, fue recibida la prueba para mejor ofrecer ordenada, mediante oficio Nº DRHDSM 006-2022, de fecha 24 de enero del 2022, emitido por el Dr. Manrique García Sáenz según la cual el actor recibió atención en el Servicio de Salud el 03 de mayo del 2021, en donde obtuvo atención psicológica con la Master Cynthia Suarez Baltodano (psicóloga) mas no regresó más a citas. Además, el 24 de agosto de 2021 el señor Vásquez Bustos remitió un correo electrónico, solicitando cita con salud ocupacional y se le indicó que ya esa unidad no pertenecía a esa dependencia; se le orientó e instruyó adonde debía remitir su petitoria (imagen 494).

En resolución del Ministro de Educación Pública, No. 342-2022 de las 10:19 horas del 08 de febrero de 2022, notificada ese mismo día, se tuvieron  por probadas las ausencias injustificadas del señor Vásquez Bustos únicamente de los días 26 a 28 de octubre del 2022, se tuvo por justificada la ausencia del 25 de octubre por haber participado en una actividad sindical, además, fue rechazada la defensa de prescripción que había interpuesto el accionante y se dispuso su cese sin responsabilidad patronal. En el acto se indicó, luego de analizada la prueba recabada, lo siguiente:

“.... El servidor Vásquez Bustos Feren Gonzalo, cuenta con antecedentes disciplinarios, según se demuestra mediante la resolución final dictada dentro del expediente disciplinario número 136-2019, resolución No. 1631-2019 de las catorce horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de abril del dos mil diecinueve, donde en esa oportunidad se le había absuelto justamente por los antecedentes de depresión. Mediante expediente No. 119-2021, resolución 1408- 2021, de las ocho horas con 40 minutos del quince de junio del dos mil veintiuno, se le vuelve a dar la oportunidad de rehabilitarse al denunciado por sus problemas de alcoholismo y depresión, incluso se le había ordenado apersonarse a la sección salud de este Ministerio, por lo que la oportunidad de rehabilitarse que señala la doctrina y la jurisprudencia le fue brindada a cabalidad (...)

Así las cosas, pretender utilizar nuevamente los argumentos de cita, supondría una gran contradicción respecto al mismo bloque de legalidad que regula a los servidores que alegan causales como las descritas en los fragmentos transcritos de los convenios laborales, que suponen oportunidades de superación para aquellos que han padecido adicciones de sustancias psicotrópicas, etílicas o análogas, ya que al reincidir con la falta aquí imputada, las mismas sería causal de su despido, en concordancia con los cuerpos legales que rigen la materia al respecto, artículo 57 incisos a) y h) del Estatuto de Servicio Civil; artículos 8 inciso b); 12 inciso k) del Reglamento de la Carrera Docente; artículos 42 incisos a), o) y q), y 63 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo (...)

En el contexto de la investigación y aunado a lo anterior, es evidente que, por parte del Ministerio de Educación Pública, se le brindó la oportunidad para rehabilitarse al señor Vázquez Bustos Feren, quien no la aprovechó. Por el contrario, continúa incurriendo en las mismas situaciones, afectando el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y su derecho a recibir una educación continua y de calidad; por lo que los argumentos otorgados no justifican el ausentismo acusado de los días 26, 27 y 28 de octubre del 2021. Con base en lo anterior, se computarían 3 ausencias consecutivas, tal y como fue señalado por la directora institucional en su denuncia oficio CTP27A-No.12-2021 y, según se desprende de los mismos argumentos brindados por el accionado en el escrito de descargo, visible a folio 29 a 47 (...).”  (Imágenes 495 a 511)

Inconforme, el señor Vásquez Bustos interpuso recurso de reconsideración, el cual resultó rechazado en resolución No. 701-2022 de las 9:25 horas del 11 de marzo de 2022, del Ministro de Educación Pública, acto en el que se dispuso el agotamiento de la vía administrativa (imágenes 514 a 544).

Hechos no probados: Por ausencia de pruebas, se tiene como no demostrados, siguientes hechos de relevancia:

Que el Ministerio de Educación Pública no brindó atención ni respaldo psicológico o médico alguno a actor, remitiéndolo a buscar consulta médica y psicológica fuera de tales instancias administrativas (los autos).

Que las ausencias al trabajo del señor Vásquez Bustos, ocurridas entre el 26 y 28 de octubre del 2021, fueran producto de una recaída de la depresión profunda y alcoholismo que padece, por muerte de su quien ostentó para él su la figura paterna y que por ello acudiera a tomar lorazepan y fluoxetina.

Que el procedimiento que se sustanció en contra del actor, tuviera como fin decretar su despido (los autos).

Que las resoluciones número 342-2022 de las 10:19 horas del 08 de febrero de 2022 y número 701-2022 de las 9:25 horas del 11 de marzo de 2022, ambas dictadas por el Ministro de Educación Pública, mediante las cuales se dispuso y se confirmó respectivamente el cese del nombramiento interino del actor, violenten el derecho al trabajo e incumplan las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo, dando un trato desigual a mi padecimiento de salud (los autos).

Objeto del proceso. Esta causa tiene por objeto la revisión de la legalidad de las  resoluciones  dictadas por el Ministro de Educación Pública, números 342-2022 de las 10:19 horas del 8 de febrero de 2022 y 701-2022 de las 9:25 horas del 11 de marzo de 2022, en las que se dispuso el cese del nombramiento interino del actor como docente, quien considera que se violenta su derecho al trabajo y se incumplen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo, dando un trato desigual al accionante. Por ello, pide se anule el acto administrativo que decretó su despido y la respectiva reinstalación a sus funciones habituales, con el concomitante pago de salarios caídos durante todo el período que ha permanecido desempleado.

Sobre el fondo. - La estabilidad en el empleo público significa que el trabajador podrá ser removido por el patrono solo si existe una causa justa conforme al ordenamiento jurídico aplicable, despido que únicamente puede ser adoptado válidamente luego de haber agotado las vías y procedimientos establecidos en la Constitución Política (Artículo 192) y en la ley ordinaria. La Sala Constitucional dejó sentadas las bases de los alcances de la “estabilidad” de los servidores del Estado en la sentencia 1990-01119 de las 14:00 horas del 18 de setiembre de 1990, en la que se indica que el artículo 192 de la Constitución Política dispone que los servidores públicos "solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos". Razón por la cual, la estabilidad es una garantía en el empleo público. Ello implica que, generalmente para despedir a un trabajador protegido por el sistema del Servicio Civil, debe haber un debido proceso. La estabilidad así entendida opera como una garantía, que consiste en asegurar al servidor la permanencia en el puesto, hasta tanto no haya causales de despido justificado que, al tratarse de empleo público, van más allá de las del artículo 81 del Código de Trabajo, según lo indica la misma jurisprudencia constitucional mencionada. En el caso de los servidores interinos, dado que su nombramiento no proviene del mecanismo regular de reclutamiento y selección y no se ha demostrado su idoneidad para el puesto con los términos que exige el artículo 196 constitucional, esa estabilidad ha sido denominada relativa, pues existe la posibilidad de cesarles de sus cargos en algunos supuestos específicos que nuestro ordenamiento jurídico permite.

Sobre la prescripción de la potestad sancionadora. Esta Cámara procede a atender primero los reproches relacionados con la prescripción alegada, toda vez que, de acogerse, sería innecesario referirse al fondo del asunto.  El patrono está en capacidad de imponer el régimen disciplinario en caso de faltas cometidas por sus trabajadores, facultad que está habilitada por un tiempo determinado, a través del instituto de la prescripción, regulado por Ley, mediante el cual se dispone ese lapso temporal con que cuenta para sancionar a sus empleados. Se pretende de esa forma brindar seguridad jurídica al trabajador, a efecto de que el ejercicio de esa potestad no quede abierto de manera indeterminada, disponiéndose, en la mayoría de los casos –con las excepciones de ley- que ese poder se ejerza a la mayor brevedad, después de cometida la infracción. Es en sí, la prescripción, una de las causales de la extinción de la responsabilidad disciplinaria declarable no de manera oficiosa sino a instancia de parte, que lleva de manera correlativa, la extinción de esa competencia patronal, por lo que los principios de actualidad, causalidad y proporcionalidad son inherentes a su ejercicio. El artículo 414 del Código de Trabajo dispone que:

“Artículo 414.- Sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las acciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a los trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas, prescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio la causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos los hechos causales.

En caso de que la parte empleadora deba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe notificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes comenzará a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el órgano competente, en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el procedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la parte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la paralización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo.”

Esta norma resulta de aplicación supletoria en el caso concreto -al encontrarnos dentro de una relación de empleo público- por mandato expreso del numeral 51 del Estatuto del Servicio Civil, que remite al Código de Trabajo en todos aquellos aspectos expresamente no contemplados en el citado cuerpo normativo. El plazo de un mes establecido en la norma de cita, comienza a correr desde que se dio una causal para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que darían lugar a la corrección disciplinaria. En los supuestos de despido disciplinario de los trabajadores sometidos al régimen de empleo público, donde la Administración debe agotar, de previo a imponer la sanción, el procedimiento disciplinario, ese plazo de un mes se cuenta a partir del momento en que el resultado de la respectiva investigación es puesto en conocimiento del funcionario u órgano competente para resolver, pues lo que se valora es la posibilidad jurídica para ejercer el poder sancionador, y eso ocurre cuando el jerarca competente de aplicar la medida es puesto en conocimiento de la decisión final. A juicio del actor, acaeció la prescripción por cuanto el acto final contenido en la resolución 342-2022 del 8 e febrero del 2022, se produjo tres meses después de que se le notificó el inicio de la causa administrativa, el 10 de noviembre del 2022.  En esta causa, se le atribuyó al accionante las ausencias al trabajo durante los días 25 a 28 de octubre del 2021, para lo cual se llevó a cabo un procedimiento ordinario dentro del Departamento Disciplinario, por lo que el plazo comenzó a correr a partir de que se puso en conocimiento de dicha dependencia de la falta cometida, lo cual hizo la Directora del centro educativo para el cual laboraba el demandante, el 29 de octubre del 2021. Al efecto, el procedimiento se ordenó abrir según resolución N°2871-2021 el día 05 de noviembre del mismo año, y le fue notificado al señor accionante el día 10 de noviembre del 2021, o sea, a menos de quince días de haberse producido las ausencias al trabajo. Además, las actuaciones del procedimiento se produjeron de manera constante y concatenadas, sin interrupciones, pues de manera responsable el Órgano Director se dio a la tarea de asegurar una fluidez del íter procesal, pues recibida la defensa del señor Vásquez Bustos, el 22 de noviembre siguiente, se convocó a la audiencia oral y privada, en l que se evacuó la prueba testimonial por él ofrecida el día 14 de diciembre del 2021, el 11 de enero del 2022  fue requerida prueba para mejor proveer y, listo el asunto, fue remitido al Ministro de Educación Pública, quien adoptó acto final el 8 de febrero del 2022. De lo actuado, no se aprecia ningún tipo de inercia patronal que evidencie el abandono de su potestad disciplinaria por períodos superiores al mes, por lo que no operó la prescripción ventilada en ese ordinal. El cómputo que hace la parte actora es incorrecto, pues desconoce que con la apertura del procedimiento –que se produjo a menos de quince días de cometida la falta- y las actuaciones concatenadas que se produjeron, se interrumpió el conteo de la prescripción, por lo que su alegato no es de recibo y debe ser rechazado. Ello lleva como consecuencia que la pretensión 2, que pide que “Se acoja la excepción de prescripción promovida, declarándose la nulidad de las actuaciones administrativas, incluyendo las resoluciones número 342-2022 de las 10 horas 19 minutos del 08 de febrero de 2022 y número 701-2022 de las 9 horas y 25 minutos del 11 de marzo de 2022, ambas dictadas por el despacho del Ministro de Educación, dejándose sin efecto la orden de césar mi nombramiento interino”, deba ser declarada improcedente.

Sobre el caso concreto. La demanda no hace un análisis de los elementos materiales ni formales del acto administrativo cuya nulidad se pretende, ni siquiera invoca vicios en su contenido o en la valoración de la prueba, pues simplemente  retoma los mismos alegatos de defensa que planteó en sede administrativa. Por ello, entiende esta Cámara que la parte actora pretende que en esta sentencia se revise el análisis probatorio realizado por el Ministro de Educación Pública, a efecto de que su tesis sea nuevamente valorada a efecto de que, desde otra perspectiva, se anule su despido, debido al padecimiento del alcoholismo y depresión que le aqueja. Sobre dicho particular, debe advertirse que esta Cámara tiene competencias revisoras de la legalidad objetiva del acto administrativo y no se puede constituir en otra instancia en sede judicial, donde se reabre la causa administrativa.  Por ello, el análisis que de seguido se desarrolla, se hace bajo el entendido de que se ha de estudiar los elementos materiales del acto administrativo, entendidos como contenido, motivo y fin, bajo la advertencia de que no hay transgresiones formales acusadas en la demanda, a fin de arribar a la solución del conflicto. En primer lugar, debe tenerse claro que no se cuestiona el elenco de hechos probados de la resolución de cita, por lo que es necesario entender cuáles fueron los motivos para que el Ministro de Educación Pública dispusiera el cese del interinazgo del actor, en la resolución 342-2022 de las 10:19 horas del 8 de febrero del 2022. Al efecto, en la parte considerativa de ese acto, el Ministro atendió íntegramente la defensa planteada por el señor Vásquez Bustos y no desconoció, por el contrario, consideró a plenitud, el padecimiento de alcoholismo y depresión que sufre, máxime que el señor Vásquez Bustos reconoció expresamente que ese fue el motivo de su ausentismo, alegando que la falta se produjo debido a que sufrió una crisis y recaída. Además, luego de atender todas las pruebas aportadas por él, el Ministro reconoce que el actor procuró ayuda en Salud Ocupacional durante el mes de agosto del 2021 y acudió a una única consulta en el servicio de Psicología del Ministerio de Educación Pública, el día 3 de mayo del 2019 y no regresó a más citas, lo que llevó al jerarca a rechazarle el alegato en el sentido de que a nivel del Ministerio no se le brindó ayuda necesaria para rehabilitarse. Además, el jerarca transcribió parte de las sentencias 126 de las 9:50 horas del 3 de marzo del 2004 de la Sala Segunda y 2010-001664 de la Sala Constitucional, en donde se desarrolla el deber patronal para con los trabajadores que padecen de estas dolencias, en el sentido que no es posible aplicar directamente el régimen disciplinario si antes no se les ha dado la oportunidad de tratarse y rehabilitarse. Por ello, el Ministro no desconoció el padecimiento del actor, el cual es un hecho incontrovertido, mas tomó en consideración los antecedentes disciplinarios del actor, pues dentro de los expedientes disciplinarios 136-2019 y 119-2021, los cuales se sustanciaron también por ausencias injustificadas en los años 2019 y 2021, se había dispuesto no aplicar la sanción correspondiente al despido, dándole la oportunidad de rehabilitarse y ordenándole apersonarse a la Sección de Salud de dicha cartera ministerial. Sin embargo, el demandante volvió a incurrir en ausentismo, por lo que se le abrió esta tercera causa en su contra, en la que el Ministro no admitió otra vez el mismo alegato de defensa, tendiente a aplicar los mismos convenios laborales que les dan oportunidades de superación ante las adicciones a sustancias psicotrópicas, etílicas o análogas, así como problemas de depresión. Fue en razón de la reincidencia del actor, que finalmente se dispuso su cese sin responsabilidad patronal, ante el acaecimiento de las ausencias injustificadas del 26 al 28 de octubre, teniéndole por justificada únicamente la falta del 25 de octubre, por haber asistido a una actividad sindical. En esta demanda, el accionante nuevamente es del criterio que no tuvo apoyo institucional ante su problema de salud, mas no logra exponer las razones por las cuales el Ministro yerra en su argumentación al denegarle su defensa.  Esta Cámara no puede hacer una suposición de los alegatos que no se plantearon en la demanda, máxime que, al revisar el expediente administrativo, se verifica que, desde las resoluciones n°1631-2019 de las 14:51 horas del 23 de abril del 2019 y n°1408-2021 de las 08:40 horas del 15 de junio del 2021, que resolvieron las dos causas disciplinarias anteriores, el Ministerio de Educación Pública tuvo por ciertas las ausencias injustificadas del actor, mas en atención a su dolencia, en la primera lo absolvió y le dio orden de apersonarse al Departamento de Servicio de Salud, so pena de aplicar la sanción disciplinaria en caso de reincidir, mientras que en la segunda, le suspendió por treinta días, bajo advertencia que, de reincidir, se haría merecedor del cese sin responsabilidad patronal, además, le volvió a dar la oportunidad de rehabilitarse por sus problemas de alcoholismo y depresión  y le ordenó apersonarse a la sección de salud del Ministerio. Asimismo, consta en autos que en oficio No. DGD-UAG-780 del 27 de mayo del 2019, el actor fue remitido por el Departamento de Gestión Disciplinaria al Departamento de Servicio de Salud del Ministerio. Aunado a lo anterior, el miércoles 24 de agosto del 2021, la Directora del CTP 27 de Abril, sostuvo con él una reunión de “llamada de atención” porque no había asistido a trabajar del 16 al 20 de agosto del 2021, informándole al efecto que si necesitaba de varios días para reposar por la enfermedad que padece, debía entregar una incapacidad emitida por la CCSS o por el INS, momento en el cual el señor Fermín Vázquez Bustos agradeció e informó que trataría de que no volviera a suceder dicha situación. Nótese que, en esa ocasión, la Directora bien pudo haber remitido el reporte de sus ausencias, mas tuvo la consideración de conversar previamente con el señor Vásquez Bustos y volver a explicarle cómo debía proceder para que sus ausencias fueran justificadas. Ese mismo día, el señor Vásquez procuró ayuda en Salud Ocupacional, pero como no existe dicha dependencia en el Ministerio, los funcionarios le dieron orientación al respecto.  Entonces, el alegato de la demanda en el sentido de que no recibió apoyo institucional y que no recibió atención en los departamentos de servicios médicos es falso, los elementos de cognición abordados son claros en las múltiples oportunidades que se le dieron, hasta su directora le trató con paciencia y también le abordó en aras de que direccionara su actuar de la manera más conveniente, en casos de crisis que le impidieran asistir a trabajar.  Por ello, ante ese elenco probatorio, no se entiende ni explica el actor, cómo es que, a pesar de todos esos esfuerzos, aún considera que no tuvo apoyo institucional.  Dadas las probanzas que obran en autos, su alegato es claramente impertinente y alejado de la verdad.

Acusa el demandante que el procedimiento administrativo tuvo un propósito de despido previamente determinado. Al efecto debe advertirse que, ante la comisión de las faltas, se le inició un procedimiento en respeto del debido proceso, en aras de que planteara su defensa. La intención del procedimiento entonces no estaba dirigida a su despido, sino a averiguar la verdad real, garantizarle su derecho de defensa a fin de dotar al órgano decisor de todos los elementos de cognición necesarios para adoptar la medida que correspondiera, lo cual podía oscilar entre la absolutoria o la aplicación del régimen sancionatorio. Por ello, la aseveración que acusa de una transgresión del fin del procedimiento en sí mismo es una apreciación subjetiva, carente de sustento probatorio, por lo que no hay mérito para acogerla.

Reclama el accionante que por recomendación del Ministerio de Educación Pública, tomó la decisión de tratar su alcoholismo y solicitó la apertura del expediente médico ante el CAID del Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA) el día 13 de abril de 2021, según demuestra mediante constancia número AT-ORCH-SC-412-2021, expedida por el Dr. Alfredo José Catanial, mediante el cual pretende justificar que se ausentó de su trabajo por causa de una recaída en su enfermedad alcohólica, dentro del período de esos cuatro años que señala el IAFA, adonde asiste con normalidad sin falta, de modo que, ante la crisis era inevitable de un mal incurable, lo que lleva a que las ausencias sean justificadas. Se sustenta también en el dictamen médico privado de fecha 29 de octubre de 2021, No. 3.880.320 expedido por el médico Dr Alfredo José Catania Acébal, del Instituto Sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia, quien le diagnosticó “trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, estado de abstinencia, recomendando 10 días de reposo” y en los medicamentos que le suministran. Se advierte que ese dictamen no fue convalidado en la CCSS para efecto de que se emitiera la respectiva incapacidad médica y no se desprende de él que mediara una crisis o recaída, tampoco las causas depresivas de ese incidente ni que se hubiere medicado con psicotrópicos que le alteraban su conciencia o estado de alerta. Por ello, la prueba es insuficiente para demostrar en sede administrativa que para los días que van del 26 a 28 de octubre del 2021, hubiera sufrido una crisis con recaída. Aún y cuando el actor retoma este argumento planteado en sede administrativa y lo reitera en la demanda, ha de advertirse que la prueba por sí misma no es útil para dar por cierto su alegato. Desarrolla una tesis en el sentido de que las ausencias por alcoholismo son producto del comportamiento normal de un enfermo alcohólico en tratamiento, por lo que no puede ser fustigado por el empleador, negándole su derecho al trabajo. En el acto traído a revisión de legalidad, el Ministro es consciente de la situación de salud del actor y de los tratamientos que ha procurado para su recuperación, mas a sabiendas de ello, el problema que le acecha fue abarcado desde la reincidencia en las faltas acaecidas, a la luz de las causas disciplinarias que le precedieron, en las cuales se le había realizado claras advertencias para que se rehabilitara y no siguiera faltando a su trabajo, pues su situación laboral podría agravarse. Al efecto, invocó el jerarca ministerial la sentencia 126 de las 9:50 horas del 3 de marzo del 2004 de la Sala Segunda de la que que, para los efectos de esta causa, resulta interesante el siguiente extracto:

“IV-.ACERCA DEL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO EN EL DERECHO LABORAL: Sostiene el accionante que los juzgadores de instancia omitieron valorar adecuadamente su situación, ya que durante el período en que se ausentó del trabajo se vio afectado por una crisis alcohólica que le afectó sus capacidades mentales, impidiéndole justificar oportunamente su ausencia. Se queja, además, porque la institución para la cual labora no le brindó la oportunidad de rehabilitarse, sino que optó por imponerle la sanción más drástica. Por la importancia que tiene para la correcta resolución de este asunto, conviene transcribir una cita del voto N. 182 dictado a las 10:20 horas del 23 de marzo del 2001, de este mismo redactor, en el que se desarrolló el tema del alcoholismo y su tratamiento por parte del Derecho Laboral:

“La Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado sobre el tema en estudio, recalcando que la estabilidad que ofrece un empleo es, a menudo, un factor importante para facilitar la superación de las dificultades que le ocasiona el consumo de alcohol, o de drogas, al trabajador, por lo que los copartícipes sociales deberían reconocer el papel especial que el lugar de trabajo puede desempeñar para ayudar a las personas que enfrentan esa situación.  En virtud de lo anterior, en su 259ª reunión, celebrada en marzo de 1994, el Consejo de Administración de dicho organismo internacional convocó una Reunión de Expertos en Ginebra, Suiza, del 23 al 31 de enero de 1995, para examinar un repertorio de recomendaciones prácticas sobre el tratamiento de los problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo.  Entre otras, se incluyeron las siguientes: “8.1.1: Los trabajadores que experimenten problemas relacionados con el alcohol o las drogas deberían recibir el mismo trato que los trabajadores que tienen otros problemas de salud; por ejemplo, en términos de beneficios, licencia remunerada por enfermedad, vacaciones anuales pagadas, licencia sin goce de sueldo y prestaciones del seguro por enfermedad. 9.1: El empleador debería considerar los problemas de alcohol o de drogas como un problema de salud.  En tales casos, el empleador debería normalmente ofrecer servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación a los trabajadores, antes de considerar la aplicación de medidas disciplinarias. 9.2.1: Debería reconocerse que el empleador tiene autoridad para sancionar a los trabajadores cuya conducta profesional sea impropia como consecuencia de problemas relacionados con el consumo de alcohol o de drogas. Sin embargo, es preferible que los remitan a los servicios de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación en vez de aplicarles sanciones disciplinarias.  Si un trabajador no colabora plenamente con el tratamiento, el empleador podrá tomar las medidas disciplinarias que considere oportunas” (O.I.T., TRATAMIENTO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS EN EL LUGAR DE TRABAJO, REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE LA O.I.T., Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1996).  En el ámbito de la legislación nacional, consideramos que se encuentran previstas dos situaciones distintas, cada una con un tratamiento disciplinario también diferente: el consumo alcohólico ocasional, por un lado, y la dependencia del alcohol, por el otro.  El numeral 72 inciso c) del Código de Trabajo contempla el primer supuesto, cuando dispone: “Queda absolutamente prohibido a los trabajadores (…) c)Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga”.  Por su parte, el inciso i) del artículo 81 ídem contempla como justa causa de despido: “Cuando el trabajador después de que el patrono lo aperciba una vez, incurra en las causales previstas por los incisos a, b, c, d y e del artículo 72”.  Tales normas se refieren, claramente, a la embriaguez ocasional, la cual, al afectar negativamente la capacidad laboral, es considerada por nuestro ordenamiento como una falta a las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo, pero sin que se le estime de una gravedad tal como para justificar, por sí sola, el despido, sino que se exige, para su procedencia, el apercibimiento previo y la reiteración de la falta. Ello se distingue de la embriaguez-enfermedad -segundo supuesto a considerar-, que sí configura una falta grave, en los términos del inciso l) del artículo 81 del Código de Trabajo, debido a las consecuencias negativas que el consumo de alcohol genera en el lugar de trabajo, tales como el deterioro de la salud y de las relaciones interpersonales, incremento del ausentismo, disminución del rendimiento del trabajo, merma de la productividad, aumento de accidentes y problemas disciplinarios, así como de la frecuencia de cambio de personal y de los costos de formación y de contratación, y, por último, daños a la reputación de la empresa (según se citan en la obra TRATAMIENTO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS EN EL LUGAR DE TRABAJO, REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE LA O.I.T., op.cit., p. 42) (ver, en igual sentido, CARRO ZÚÑIGA, Las justas causas de despido en el Código de Trabajo y jurisprudencia de Costa Rica, Editorial Juritexto, San José, 1992, p.57).  De los lineamientos que, sobre esta materia, ha dictado la O.I.T., se extrae que debe dársele un trato distinto a la enfermedad del alcoholismo respecto de los demás padecimientos que puedan afectar al trabajador.  Su especialidad consiste en que, tratándose de un enfermo alcohólico, sería recomendable que el empleador le brindase una oportunidad para que intente rehabilitarse, antes de proceder a despedirlo por ese motivo. Así lo ha considerado UBALDO SERE al indicar que: “(...)cabe afirmar que debe revertirse el enfoque puramente economicista que ve en el trabajador adicto un factor de distorsión en el proceso productivo y compatibilizar el mismo con un enfoque más humano que procure la rehabilitación del trabajador. El trabajo o mejor dicho el mantenimiento de la fuente de trabajo en el caso del trabajador adicto debe ser visto como una de las más firmes posibilidades de rehabilitación. La pérdida del mismo -a través de una política puramente sancionatoria- lo único que consigue es aumentar el grado de marginalización. Deberá reconocerse asimismo que el empleador tiene la potestad de sancionar a los trabajadores que incurran en faltas derivadas del consumo de alcohol y drogas, luego que se le haya dado al trabajador la posibilidad de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación y no haya colaborado plenamente en los mismos.” (UBALDO SERE (Jorge), “Aspectos laborales referidos al consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo”, en Revista Derecho Laboral, N° 190, abril-junio 1998, Montevideo, p. 687). La política patronal, entonces, no debería ser sancionatoria, sino más bien dirigida a presionar al trabajador para que busque y obtenga ayuda.  El artículo 29 de la Ley General de Salud, Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 dispone: “Las personas con trastornos emocionales severos así como las personas con dependencia del uso de drogas u otras sustancias, incluidos los alcohólicos, podrán someterse voluntariamente a tratamiento especializado ambulatorio o de internamiento en los servicios de salud y deberán hacerlo cuando lo ordene la autoridad competente, por estimarlo necesario, según los requisitos que los reglamentos pertinentes determinen” (no subrayado en el original).  De ello se desprende que, en nuestro país, el empleador no puede obligar al trabajador a someterse a tratamiento alguno, pero sí puede informarlo, asesorarlo o remitirlo para que lo reciba.  Si el empleado se niega a colaborar, procede su despido sin mayores miramientos. Las consideraciones expuestas, por su enorme trascendencia social y económica, sólo deben tenerse para aquellos trabajadores que acrediten, por medios idóneos, ser dependientes del alcohol, y así se concluya luego de analizar su comportamiento general en el desarrollo de la relación laboral.  Como última observación, cabe destacar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, pero tratable. Por ello, el que sea incurable no da licencia para consumir ni para justificar las faltas en que, por ese motivo, incurran los trabajadores.  Al empleador no se le puede imponer una carga de tal magnitud, sino tan sólo la de brindarle una oportunidad al afectado, quien, si no la aprovecha y continúa dando problemas, puede perfectamente ser despedido (aunque, por ejemplo, presente un dictamen médico que haga constar sus problemas de salud provocados por el alcoholismo, con el fin de tratar de justificar sus ausencias).  Es, entonces, dentro de estos lineamientos, que cabe considerar al alcoholismo-enfermedad como una falta grave, en los términos del artículo 81 inciso l) del Código de Trabajo.”

Como se aprecia, de los lineamientos que, sobre esta materia ha dictado la OIT, ciertamente debe dársele un trato distinto a la enfermedad de alcoholismo respecto de los demás padecimientos que puedan afectar al trabajador, dándole una oportunidad para su rehabilitación. En esta causa, se demostró que el accionante padece de alcoholismo y depresión, que su reincidencia a faltar a su trabajo se volvió una conducta cíclica y quizá hasta normalizada para él. Nótese que previamente se le habían abierto dos causas disciplinarias porque presentaba el mismo problema al dejar de asistir a impartir lecciones; también su superior en grado, la Directora del colegio en el que laboraba, le había dado una oportunidad e instrucciones claras durante el mes de agosto porque también se había ausentado por varios días, sin que en esa ocasión pasara el reporte y se le abriera causa disciplinaria. Muy a pesar de que el señor Vásquez Bustos demostró su dolencia y la atención que recibe en el Hospital de Nicoya, en el IAFA y participa en grupos de los alcohólicos anónimos, y aún y cuando eventualmente hubiere sido cierto que había recaído en una crisis, de los hechos acaecidos se demuestra que, aún con esos esfuerzos, no logró enmendar su conducta pues no regularizó su asistencia al trabajo, pues continuaba presentando su problema de ausentismo. O sea, no había rehabilitación efectiva. La tesis de la demanda desconoce esta realidad, y reclama que se le despidió por no haber cumplido con el tratamiento que se le recomendó para su enfermedad dentro del área de salud del Ministerio, lo cual no es correcto. De la lectura del acto impugnado, el cese de vino en razón de que la terapia de rehabilitación va destinada a que, aunque el mal sea incurable, la persona llegue a controlar su adicción y retome con normalidad su vida familiar y social y, en especial, pueda hacer frente a sus obligaciones laborales de manera responsable. Sin embargo, el accionante no corrigió su comportamiento, a pesar de que estuviera en tratamiento, pues ya habían transcurrido más de 2 años desde primera causa disciplinaria y de vez en cuando faltaba al trabajo por varios días consecutivos. La finalidad de no sancionar desarrollada por la jurisprudencia de cita, va dirigida a darle esa oportunidad para que las personas con la adicción puedan estabilizarse, sin desconocer que puedan enfrentar momentos de crisis, mas dándoles las herramientas para que puedan atender todo el elenco de responsabilidades que la vida depara, lo que incluye responder efectivamente con el trabajo, que es la fuente de su sustento. El tema de la depresión asociada al alcoholismo al que apela el actor, también fue abordado con la sentencia 20818-2018 de la Sala Constitucional de las 9:20 horas del 14 de diciembre de 2018, de manera similar al enfoque con el que se debe atender el alcoholismo, que literalmente dicta:

“III.- Sobre la depresión como enfermedad y la necesidad de otorgarle especial protección al trabajador que la sufre. La depresión ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de trescientos millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de doscientos sesenta millones tienen trastornos de ansiedad. De acuerdo con un estudio reciente de la OMS, se estima que los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial US$ 1 billón en pérdida de productividad (ver página web: http://www.who.int/topics/depression/es/). Del mismo modo, la OMS indica que es bien conocido que el desempleo es un factor de riesgo de problemas mentales, mientras que la obtención de un empleo o la reincorporación al trabajo ejercen efectos protectores. Según la OMS, la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo y el apoyo a las personas que sufren trastornos psiquiátricos hace más probable la reducción del absentismo laboral, el aumento de la productividad y la obtención de beneficios económicos que conllevan estos efectos. Justamente, en este tema de apoyo en el trabajo a las personas con trastornos mentales, la OMS ha señalado que las organizaciones tienen la obligación de prestar apoyo a las personas con trastornos mentales para realizar su trabajo o reincorporarse al mismo. Según la OMS, los estudios demuestran que el desempleo, en particular si es de larga duración, es perjudicial para la salud mental; debido al estigma asociado con estos trastornos, los patronos deben asegurarse de que las personas que los padecen cuentan con su apoyo, pueden pedir ayuda para continuar realizando o reanudar sus actividades y disponen de los recursos necesarios para hacer su trabajo. Asimismo, según nos recuerda la OMS, el artículo 27, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, proporciona un marco mundial jurídicamente vinculante para promover los derechos de las personas afectadas, entre ellas las que presentan discapacidades psicosociales. En el texto se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás y sin sufrir ningún tipo de discriminación, así como a recibir apoyo en su lugar de trabajo. En el ámbito laboral, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido instrumentos normativos de protección al trabajador cuando su salud corre riesgo. En efecto, el Convenio N° 155, Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (aún no ratificado por Costa Rica), destaca en su artículo 13, que:

“De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud”.

Como en otro tipo de enfermedades (v.gr., el alcoholismo), esta Sala ha dicho que la estabilidad que ofrece un empleo se constituye, frecuentemente, en un factor importante para facilitar la superación de los problemas relacionados con alguna enfermedad. Así, en atención al principio pro homine, este tipo de pautas y criterios emitidos por organismos internacionales como la OIT y la OMS, sirven para integrar e interpretar el Derecho de la Constitución (artículos 7, de la Carta Magna y 15, del Código de Trabajo), en el tanto otorgan mayor protección a los derechos fundamentales de las personas. De lo expuesto se deduce que el patrono debe brindarle u ofrecerle al trabajador en condición de vulnerabilidad (entiéndase, en este caso, con algún trastorno mental como la depresión), la posibilidad de tratarse y rehabilitarse antes de interrumpir o cesar su relación laboral, incluso, como en este caso, cuando la propia persona afectada así lo solicita.”

En la tesis planteada en la demanda, pareciera que el accionante entiende que tales dolencias son una patente de corso para faltar al trabajo sin consecuencias, razonamiento que no es correcto. El poder sancionatorio del empleador sigue existiendo y sus afecciones de salud no lo suprimen, el trabajador con estas enfermedades no es inmune al sistema disciplinario. A pesar del alcoholismo y la depresión, las obligaciones del trabajador persisten y por ello, el trabajador debe hacer un esfuerzo personal aún mayor por salir adelante a fin de no verse perjudicado en el trabajo. La responsabilidad de su empleador se limita a asesorar y guiarlo, sin darle la atención especializada que amerita pues en la mayoría de los casos carece de tales herramientas para que se rehabilite –pues obviamente para ello están las entidades especializadas competentes-, de modo que, antes de aplicar el régimen disciplinario, le da una oportunidad para tratarse y enmendar su comportamiento. Ante la reincidencia, no queda más remedio que aplicar el régimen sancionatorio, pues no se obliga al patrono a soportar de manera indefinida las recaídas y abandonos de sus trabajadores. Por ende, lo resuelto por el Ministro de Educación sí es conforme con las sentencias que se han citado, se le dio oportunidad al actor para que se atendiera en búsqueda de rehabilitación y así corrigiera su conducta irregular, mas aún con los esfuerzos que él ha hecho, no lo consiguió. Las resoluciones cuestionadas que ordenaron el despido sin responsabilidad del accionante no tienen vicios de ilegalidad, no fueron dictadas al margen de la prueba, de la ciencia y de los motivos que informan la posición jurisprudencial y doctrinaria patria, en cuanto la relación laboral con enfermos alcohólicos.  Es claro que el señor Vásquez Bustos, a pesar de su intención de atender su alcoholismo y depresión, continuó con sus conductas reiterativas de ausentismo por varios días, a pesar de que se encontraba advertido de las consecuencias que ello le acarrearía, mas no se percató de la seriedad y trascendencia de ello y continúo en un claro abandono de sus deberes como docente, al no asistir a dar clases a sus estudiantes, menores de edad, quienes también sufrieron las consecuencias nocivas de su comportamiento. La defensa que plantea la representación estatal es de recibo al indicar que en este asunto se configuró la causal de despido sin responsabilidad por ausencias dispuesta por la Administración, lo cual, lejos de ser arbitrario, injusto y cruel, resulta conforme al ordenamiento jurídico, pues el demandante incurrió en una conducta contraria a sus funciones como docente y funcionario público, constituyéndose la causal de despido por tres ausencias injustificadas durante el mes de octubre del 2021, a la luz del artículo 57 incisos a) y h) del Estatuto de Servicio Civil; artículos 8 inciso b); 12 inciso k) del Reglamento de la Carrera Docente; artículos 42 incisos a), o) y q), y 63 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo, quedando acreditada la gravedad de la falta. Por lo expuesto, no existe motivo alguno para anular todas las actuaciones sometidas a revisión de legalidad por parte de este Tribunal, evidenciándose que tanto las formalidades como el análisis de los hechos y sus probanzas, fueron correctos. Las pretensiones anulatorias de los actos administrativos sometidos a examen de regularidad jurídica se han de declarar improcedentes en todos sus extremos.

La pretensión de reinstalación planteada en la demanda, depende de que se decrete la nulidad de las actuaciones del procedimiento administrativo sancionatorio. Sin embargo, tal y como se ha venido desarrollando, no existen motivos para disponer la nulidad del acto administrativo, pues no ha habido transgresión del bloque de legalidad ni de los derechos de la accionante. Siendo entonces esta pretensión accesoria de la pretensión anulatoria y, habiéndose declarado improcedentes las peticiones de nulidad, debe declararse como consecuencia lógica improcedente también la reinstalación.

En cuanto al daño moral subjetivo y los perjuicios reclamados que sintetiza en el pago de los salarios caídos, dado que no hay ningún tipo de anormalidad en el funcionamiento de la Administración y, por el contrario, habiéndose apreciado que sus actuaciones estuvieron apegadas a derecho, no existe un nexo de causalidad que a la luz del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, permita concluir que ha mediado una conducta ilegítima o funcionamiento anormal de la Administración, generador del daño alegado. Por el contrario, es el actor quien, producto de su propia falta a sus deberes laborales, debe asumir la responsabilidad de los efectos de su infracción, lo cual no puede ser considerado como un daño provocado por el Estado, no habiendo entonces lesión patrimonial infringida ni nexo de causalidad atribuible al Estado, por lo que no procede ninguno de esos dos rubros peticionados.

Corolario. Por las razones expuestas, no hay mérito para declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico del procedimiento administrativo incoado en contra del actor,  así como tampoco se aprecian vicios de nulidad de las resoluciones 342-2022 de las 10:19 horas del 8 de febrero de 2022 y 701-2022 de las 9:25 horas del 11 de marzo de 2022, ambas dictadas por el Ministro de Educación Pública, en el tanto las actuaciones se aprecian a derecho, no recayó la prescripción alegada, ni se transgredió el derecho al trabajo, pues el cese decretado no resulta ilegítimo, grosero ni injusto, tampoco ha sido víctima de trato desigual ni trato contrario a la dignidad humana. No es procedente la reinstalación peticionada, así como tampoco el pago de salarios caídos, reinstalación y la indemnización por concepto de daños y perjuicios, junto con intereses, todo lo cual se rechaza. La demanda deberá ser declarada si lugar en todos sus extremos.

Excepciones. En cuanto a la defensa de falta de derecho planteada por el Estado, tomando en consideración que los alegatos de hecho y de derecho de la demanda no son de recibo por las razones expuestas en los considerandos previos, se ha de acoger dicha defensa, ante el correcto actuar conforme al bloque de legalidad por parte de las autoridades dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, cuya legalidad se ha sometido a revisión.

Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales se impone a la parte vencida al pago por el hecho de serlo, salvo que, a juicio del Tribunal, mediare motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En esta causa, no se aprecia razón alguna para aplicar tales excepciones, de modo que se condena a la demandante al pago de ambas costas del proceso, más los intereses legales calculados desde su fijación líquida hasta su efectivo pago, extremos que se determinarán y liquidarán en fase de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento.