Resolución 00033-2023

El presente proceso de conocimiento, interpuesto en sede laboral en fecha 06 de mayo del 2019, tiene como pretensiones las que se transcriben a continuación: "Que se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda ordinaria y se condene al Estado a lo siguiente: "1. Que se revoque el despido sin responsabilidad patronal y en su lugar se ordene la reinstalación inmediata de doña [Nombre 001] a su puesto de trabajo, en pleno ejercicio de sus derechos (...) la revocatoria del despido es el acuerdo 148-2018 AC del 09 de octubre del 2018, firmado por el Presidente Carlos Alvarado y el Ministro, Edgar Mora.

Que se condene al Estado a pagarle a nuestra representada los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta su efectivo pago.

Que se condene al Estado a reconocerle intereses legales y moratorios sobre las sumas antes indicadas.

Que se condene al Estado a pagarle los montos antes mencionados debidamente indexados al momento de su efectivo pago.

Se condene al Estado al pago de daño moral subjetivo causado por la acción del Estado en despedirle sin responsabilidad patronal por la suma de un millón de colones.

En caso de oposición se condene al Estado al pago de ambas costas de la presente acción. Pretensiones subsidiarias:

Que se declare sin lugar el despido sin responsabilidad patronal y en su lugar se declare con responsabilidad patronal.

Que se condene al Estado a pagarme sus derechos laborales, es decir los montos por concepto de preaviso y auxilio de cesantía y salario escolar, vacaciones y aguinaldo

Que se condene al Estado a pagarme intereses legales y moratorios sobre las sumas antes indicadas.

Que se condene al Estado a pagarme los montos antes mencionados debidamente indexados al momento de su efectivo pago”. (Ver imágenes 02 a 16 del expediente judicial digital).

La representación del Estado, contesta negativamente la demanda e interpone las defensas de falta de derecho, integración de la litis consorcio pasivo necesaria y la falta de competencia. Además, solicitó la condena en ambas cosas así como sus intereses hasta su efectivo pago. (Ver imágenes 43 a 88 del expediente judicial digital).

El Juzgado Contravencional de Siquirres (Material Laboral), mediante resolución no. 115-2019, de las 13:47 horas del 07 de agosto de 2019, rechazó la excepción de incompetencia en razón de materia, no obstante, al conocer de la inconformidad formulada por la representación del Estado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 001086-C-S1-2021, de las 11:42 horas del 29 de junio del 2021, declara que la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo. (Ver imágenes 622, 623, 654 a 570, 689 a 691 del expediente judicial digital).

Mediante la resolución N° 0363-2022, de las 10:15 horas del 04 de marzo del 2022, el Juez Tramitador declara sin lugar la defensa de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario. (Ver imágenes 732 a 736 del expediente judicial digital).

La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, fue celebrada el día 08 de julio del año 2022. En ésta, se dispone el ajuste de las pretensiones, se fijan los hechos controvertidos y se admite el testimonio de un testigo perito y un testigo simple. (Registro de la audiencia preliminar en formato digital y minuta visible en imágenes 762 a 765 del expediente judicial digital).

La audiencia de juicio oral y público fue celebrada el día 28 de marzo del año en curso, con la participación de todas las partes. En dicha audiencia, se expuso el alegato de apertura, se desistió de la declaración del testigo - perito ofrecido por la parte actora y se recibió la declaración de un testigo. Por último, se rindieron conclusiones. (Ver imágenes 787 a 790 del expediente judicial digital).

En los procedimientos ante este Tribunal se han cumplido las formalidades de ley y no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, -tomando en consideración el cierre colectivo por Semana Santa y el feriado del día 11 de abril- por unanimidad y previa deliberación de las integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado. Redacta la Juez Bolaños Salazar.

De los hechos probados.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente:

Para el año 2018, la señora [Nombre 001], se desempeñaba como profesora en propiedad, de la plaza número 437345 para la enseñanza general básica 1, en la Escuela Bananito Sur, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Limón. (Hecho no controvertido).

En fecha 04 de junio del 2018, la actora es notificada de la apertura del expediente número 219-18, que corresponde a procedimiento disciplinario por la supuesta ausencia a laborar de los días 02, 12, 26 y 30 de abril del 2018. En dicho acto, se le concede un emplazamiento de diez días, se informa de los recursos que puede interponer contra el acto, las sanciones que podrían imponerse si se demostraban los hechos y, por último, el lugar donde se atendería su defensa. (Ver imágenes 268 y 269 del expediente judicial digital);

En la resolución TCD-1739-2018, de las 16:15 horas del 11 de julio del 2018, el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, acoge la solicitud de despido promovida contra [Nombre 001] por no presentarse a laborar los días 02, 12, 26 y 30 de abril del 2018, lo anterior sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normalmente previsto, justificación posterior alguna. Así, autoriza al Ministro de Educación Pública para que proceda a plantear la gestión de despido ante el Tribunal de Servicio Civil. (Ver imágenes 89 a 91 del expediente judicial digital);

En fecha 16 de julio del año 2018, la señora [Nombre 001], es notificada de la apertura del expediente disciplinario número 150-18, abierto por presuntamente no presentarse a laborar los días 07, 09, 10 y 11 de mayo del año 2018. Esto, sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normativamente previsto, justificación posterior alguna. Aunado a lo anterior, se le concede un emplazamiento de diez días, se le informa de los recursos que puede interponer contra el acto, las sanciones que podrían imponerse si se demostraban los hechos y, por último, el lugar donde se atendería su defensa. (Ver imágenes 442 y 443 del expediente judicial digital);

En la resolución TCD-1931-2018, de las 16:10 horas del 16 de agosto del 2018, el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, acoge la solicitud de despido promovida contra [Nombre 001] por no presentarse a laborar los días 07, 09, 10 y 11 de mayo del 2018, lo anterior sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normalmente previsto, justificación posterior alguna. Así, autoriza al Ministro de Educación Pública para que proceda a plantear la gestión de despido ante el Tribunal de Servicio Civil. (Ver imágenes 89 a 94 del expediente judicial digital);

En fecha 19 de agosto del 2018, el Ministro de Educación Pública, Edgar Mora Altamirano, formula ante el Tribunal de Servicio Civil, gestión de despido sin responsabilidad para el Estado en contra de la servidora [Nombre 001], con ocasión de las ausencias laborales de los días 02, 12, 26 y 30 de abril de 2018. (Ver imágenes 194 y 195 del expediente judicial digital);

En fecha 18 de setiembre del 2018, el Ministro de Educación Pública, Edgar Mora Altamirano, presenta ante el Tribunal de Servicio Civil, gestión de despido sin responsabilidad patronal para el Estado, en contra de la servidora [Nombre 001], motivado en ausencias injustificadas de los días 07, 09, 10 y 11 de mayo del 2018, sin aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normativo previsto, justificación posterior alguna. (Ver imágenes 222 a 225 del expediente judicial digital);

En la resolución n°13015, de las 09:55 horas del 20 de setiembre del año 2018, el Tribunal de Servicio Civil, dentro del expediente número GD-127-2018, dispuso el despido sin responsabilidad del Estado de la señora [Nombre 001], al estimar que había incurrido en una falta grave con ocasión de las ausencias laborales de los días 02, 12, 26 y 30 de abril de 2018, sin dar aviso a su superior inmediato ni presentar justificación posterior alguna, amén que el cargo del procedimiento administrativo imputado fue notificado, sin oponerse a la acción ni presentar prueba de descargo alguna en forma oportuna. (Ver imágenes 188 a 193 del expediente judicial digital);

En el Acuerdo Ejecutivo número 148-2018 AC, del 09 de octubre del 2018, el Presidente de la República y el Ministro de Educación, con fundamento en los artículos 140 inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la resolución n°13015-2018 de las 09:55 horas del 20 de setiembre del 2018 del Tribunal de Servicio Civil, acuerda despedir sin con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora [Nombre 001], quien labora como profesora de enseñanza general básica en la Escuela Bananito Sur, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Limón. Dicho acuerdo, rige a partir del día 2 de noviembre del 2018. (Ver imagen 175 del expediente judicial digital);

El Tribunal del Servicio Civil (GD-153-2018) mediante resolución Nº 13039-2019, de las 21:15 horas del 30 de noviembre del año 2018, declara con lugar la gestión de despido sin responsabilidad patronal de la actora en su puesto de docente en propiedad en la Escuela Bananito Sur de Valle la Estrella, por incurrir la servidora [Nombre 001] en ausencias laborales los días 07, 09, 10 y 11 de mayo de 2018, sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normativamente previsto, justificación posterior alguna de mayo de 2018 acerca de las ausencias injustificadas. (Ver imágenes 219 a 223 del expediente judicial digital);

En fecha 14 de febrero del año 2019, la actora es atendida en la especialidad de psiquiatría del Hospital Tony Facio Castro, para celebrara una sesión familiar con hijos. (Ver imagen 12 del expediente judicial digital) y

En el juicio oral y público se recibió el testimonio de la señora Truddy Poyser Johnson, portadora de la cédula de identidad número 7-00100-0087, con 51 años de edad, vecina de Limón y jubilada desde el mes de marzo del 2022. Manifestó, que en el año 2028, fue la Directora de la Escuela Bananito Sur y que laboró para el Ministerio de Educación por 33 años. Declaró, que en el año 2018, era la jefe inmediato de la actora, quien era docente de primer y segundo ciclo, tenía a cargo un segundo grado, la sección 2-1. En la escuela se trabaja de 7 am a 2:10 pm. Agregó, que a todo el personal docente, se les pagaba un plus salarial porque era una escuela de horario ampliado, lo que significa que todo el personal entra a las 7 a.m., cada docente tiene su grupo, aula y malla curricular,  por lo que calza las lecciones en ese horario. En secundaria, los docentes reciben grupos. En el caso del horario ampliado, el grupo es del docente, desde las 7 a.m. a 2:10 p.m. Ese era el horario de doña [Nombre 001]. Recuerda que el año 2018, fue un año difícil, era difícil resolver administrativamente el comportamiento de "niña [Nombre 001]" como se le decía. Precisa, que ésta no se presentó a primera reunión de organización convocada días antes de las lecciones para asignar el aula, pupitres, expedientes, etc. Añade, que el año anterior, al entregar la calificación al personal docente, se les indica qué grupo les tocará el año siguiente par que se preparen. La reunión es para darle la lista de estudiantes y darles tiempo para recibir a los niños en su primer día lectivo. Precisa, que doña [Nombre 001] no se presentó. Además, el aula no estaba decorada, los padres estaban afuera esperando a la profesora. Precisó que atendió a los chicos con otros docentes. Aclaró, que doña [Nombre 001] se presentó el segundo día, le dijo a la testigo que tenía asuntos personales y por respeto, no se inmiscuye. Recuerda que le dio el segundo grado en el año 2018, porque tuvo el primero en el año 2017. Señaló que empezaron unas ausencias y en el MEP. Las ausencias se trabajan administrativamente así: si se ausenta un lunes, el rebajo salarial se hace hasta el miércoles, el docente tiene tiene 48 horas para justificar antes de informar la directora al servicio administrativo de la regional la ausencia y que se rebaje el día. Cuando se ausenta el docente un día lunes y un día martes de marzo, la directora se podía tramitar el rebajo el miércoles, una vez pasados 48 horas, se emite un oficio y que el docente firme porqué no presentó justificación. Precisa que el mes de marzo fue difícil, no venia la actora ni lunes ni martes, pero aparecía miércoles con comprobante médico o aparecía hasta el lunes. Señaló que al personal docente se le pide que informe de forma oportuna su ausencia, ya que para poder atender a los niños de una comunidad rural, la llegada y salida es igual para todos y bajan de la montaña. La gente camina a la escuela, no hay buses ni busetas y por seguridad salen juntos. Además, para que regresen seguros a casa, manifestó que debía su persona, como directora, ingeniarse para que recibieran lecciones, sea por ella o otros docentes, para que salieran juntos, cuando la actora no llegaba a impartir clases. Aclaró, que no hay profesores que entren y salgan, todos están en el mismo turno, no hay personas libres, tiene que hacer que alguien desatienda algo para atender otra cosa. Declaró, que en el mes de abril la situación de las ausencias se agravó, -en semana santa-, ya que comenzó a faltar sin justificar. Entonces habló con el supervisor, era un tema cansado, ya que incluso el personal docente estaba cansado por mayor carga académica y los papás comenzaron a preocuparse. Recuerda que se le pidió reporte de las ausencias, ahora eran injustificadas, por lo que se le pidió que abriera el proceso. La llamó, y le contestó que tenía miedo de ir a hablar con ella, se volvió combativa con su persona y el resto del personal, no los saludaba ni con los buenos días, se comportaba combativa como forma de trato, no de pleito. En otro orden, señaló que la oficina que tenía era más pequeña que la sala del juicio. Por otro lado, primero tenía que hacerle llamada oral, pero la actora no quería ir. Retoma el tema del espacio físico de su oficina, para explicar que entre la secretaria y su persona había muy poco espacio y también se encontraba en el sitio una miscelánea, eran como cubículos. Al inicio de cada lección y a la salida, la testigo señala que esperaba a los niños y observa como salen para que salgan en orden. Por esa razón, estima que no había razón para sentir temor de ir a su oficina, estaba cerca el baño y del cubículo de la orientadora. Como no pudo hacer amonestación verbal, se la escribió y la envió con misceláneo. Luego le pidió justificar las ausencias, pero no lo logró, entonces tuvo que enviar documentos a recursos humanos, eso fue abril, mayo, junio y julio. Después de las vacaciones el proceso estaba abierto y Recursos Humanos le enviaba notificaciones para el traslado de cargos, envió al misceláneo a notificarla a la casa. Ella firmó la notificación, pero cuando la envió a Recursos Humanos, le dijo el abogado que la notificación la tenía que hacer la directora personalmente, entonces hizo caso, fue a su casa, cuando la encontró dijo que no iba a firmar, le explicó que era un traslado de cargos, dijo que llegaba mañana y firmaba. Como la actora dijo que le tenía miedo, fue con el misceláneo. Los padres estaban preocupados por ausencias de abril y mayo, mes en el que se entregan notas, para entonces no habían hecho exámenes, apenas comenzó la testigo a levantar un plan remedial para los niños, hizo tabla de especificaciones, el registro académico, hizo reuniones con padres, en una de éstas estuvo presente la actora, también estuvo el supervisor, pero la actora hacía gestos sarcásticos. Los padres pensaron que era un problema de alcoholismo por la cantidad de ausencias. La reunión era para poner en conocimiento que niña [Nombre 001] ya estaba presente. La testigo afirmó, que engargoló un folleto para cada niño para ponerlos al día. La idea es que las docentes lo asumieran, niña [Nombre 001] no siguió el plan y volvió a ausentarse. Al llegar agosto, habían 2 trimestres sin poder hacer calificaciones de los niños. Antes del día de la madre, recuerda que le dijo a los padres que se tranquilizaran que tendrían sus calificaciones, pidió a maestras ayuda para revisar exámenes, porque había que cubrir ausencias. Una madre hizo nota y la envió a la Dirección de Bienestar Estudiantil, por no tener notas listas e indicando que querían una maestra. No está segura de fechas, afirma que en el expediente debe estar todo. La niña [Nombre 001] tenia conductas extrañas, les decía a los niños que los estaban vigilando, parecía que sentía que la perseguían, padres le dijeron a la directora de ello. Entonces, le dijo a niña [Nombre 001] que buscara ayuda, pero no había relación entre ellas. Afirma que procuró que los niños no sintieran su ausencia, por ejemplo, en los desfiles, día del niño, actos cívicos y días del deporte, lo que hacía era asignar a una docente adicional y no participaba niña [Nombre 001] o había olvidado ésta la actividad, esto, pese que la canchita era el anfiteatro, todos los niños estaban afuera y ella con los niños a su cargo adentro, decía que no sabía que había acto físico. Recuerda que lo más difícil fue llevar la carga por la cantidad de ausencia. A principio de año, reitera, fue comprensiva, pero las otras cantidades de ausencias, distorsionaban el curso normal y no podía seguir cargando a otras maestras ni desatender sus labores. La niña [Nombre 001] una vez se molestó tanto, que maltrató de palabra a otra docente, porque preparó a su grupo para un acto cívico. No había constancia de asistencia y con ocasión de las inasistencias injustificadas, no sabían si iba a volver o no, si estaba incapacitada o no. Reiteró que con 2 días ausente, ya en día miércoles tenía que pensar en un plan b. Por eso, encomendaba tareas a otras docentes, ella misma iban al grupo, tuvieron que asumir sus labores. La inasistencia trajo consecuencias como el incumplimiento de tareas, por ejemplo, como los expedientes, dijo que los había olvidado en su casa, luego dijo que alguien se las habían sacado del aula, en otra ocasión, señaló que no le gustaba que asearan su aula porque decía que le podían sacar algo. Declaró, que en el mes de noviembre del año 2017, fue el día del maestro y premió a todos los docentes por cualquier fortaleza que tuvieran. Eso lo hizo a su costa, todo estuvo bien. El año siguiente, algo pasó desde que empezó el año, ni siquiera habían tenido interacción cuando ésto empezó. Comentó que cuando fueron a visitar en el 2017 un hogar de los niños, vivían éstos a 3 horas de la escuela, se decidió tener la reunión de personal ahí, como visita al hogar, el espíritu era que vieran las maestras que los niños viajan tantas horas caminando y su gratificación es ver a la maestras. Los niños caminaron 6 horas para llevarlas y acompañarlas. Reitera, que el espíritu del viaje es que las maestras vieran el esfuerzo de los niños. La finca bananera regaló las botas al personal para ir, fue un trabajo colaborativo. Insiste que algo pasó y no había forma de mejorarlo, le pasó circular, la llamó, la notificó en su casa, la llamo al teléfono, pero no le contestaba. Niña [Nombre 001], algunas ausencias las justificaba y otras no. Con respecto a las ausencias, cualquiera que sea, tienen los docentes 48 horas para presentar comprobante, pero ante cualquier ausencia tienen la obligación de avisar oportunamente, por llamada telefónica o correo electrónico. Niña [Nombre 001], enviaba comprobante de lunes y martes un día miércoles, pero no llegaba, debía esperar jueves o viernes para ver si iba. Las ausencias de 1 o 2 días deben ir al tercer día a Recursos Humanos del MEP. Las ausencias computan por mes para despidos por causa de ausentismo, para un 29 de marzo, le pregunta el MEP si es cierto que faltó "x" cantidad de días y además debe enviar el registro donde firman la asistencia o la copia del cuaderno de asistencia, ese es el respaldo de la Dirección de Recursos Humanos. Entonces, ellos mandan el traslado de cargos al docente para que éste indique si faltó. Le correspondió muchos meses y días estar tramitando y enviando oficios. Hay consecutivos. Reitera la importancia del aviso oportuno, porque los niños están ahí y tienen el deber de cuido. Unos se quedan en la escuela, hasta que lleguen por ellos o bien se devuelven los padres a recogerlos. Muchos niños dependen mucho del servicio de comedor, generalmente no los dejan irse aunque falte el docente, esto para recibir los tiempos de comida que les corresponde. Retoma el tema de la oficina, señalando que es un espacio pequeño, hay una secretaria y una miscelánea reubicada que podía atender el teléfono. Habían formas de avisar oportunamente, podía ser con alguna compañera que salía en las busetas desde el Colono, el correo electrónico, su teléfono, el cual es el mismo desde que lo compró y desde primera reunión de personal todos lo tienen, personal docente tienen whatsapp donde todos pueden hablar, oficialmente, el teléfono de la institución, el correo de la institución, informalmente con compañeros, con su número de teléfono, lo importante era pasar la información de su no asistencia, pero las ausencias eran injustificadas, nadie sabía de ella, llegaba el bus y los padres pendientes decían que no vino en el bus, que no va a venir. En las reuniones se les indica a los docentes como justificar sus ausencias. En los casos que la ausencia se encontrara justificada por razones de salud, al Estado le cuesta nombrar un sustituto. Explica, que tiene que esperar 48 horas. Está a tiempo si hasta el miércoles la presenta, siendo incapacitada el lunes. Si la incapacidad es de 5 días, el MEP manda un sustituto por 2 días que faltan, se pierden 3 días, y eso cuando el banco de oferentes registra alguien cerca y quiere venir por 2 días. Normalmente, no hay sustitución rápida y efectiva. Pueden sustituir de 3 a 30 días, pero podrían tener la vacante de 2 días circulando porque nadie acepta, se gasta en pasajes lo que va a ganar. En resumen, las ausencias injustificadas son difíciles de sustituir. No hubo reclamo de doña [Nombre 001] por notificación. Después del despido, fue el año de la huelga de los 80 días, no recuerda si fue alguien durante el proceso o después en el año 2019, no recuerda si estaba ahí o en otro centro educativo. Recuerda que conversó con el supervisor la situación de doña [Nombre 001], luego de enviar los documentos al MEP. El supervisor hizo al menos 3 visitas al centro educativo, por sus ausencias y otras situaciones, se abrió expediente para evitar el conflicto con la sociedad, llegó trabajadora social y psicóloga. Ante el contrainterrogatorio, contestó que ningún comprobante explica la razón de ausencia, era un boleta blanca, dice centro médico que brindo atención, el nombre de la persona y un sello, a veces el sello menciona la especialidad. No recuerda si algún sello decía algo, le importaban mucho las fechas. Dichas boletas se pegan sobre hojas, se incorporan a expediente personal. No sabe si doña [Nombre 001] recibió atención siquiátrica, supo de tratamiento odontológico por medio de las compañeras. (Declaración registrada en audio y video).

De los hechos no probados.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como no acreditados los siguientes hechos:

Que la actora se encontrara incapacitada por profesional en medicina o imposibilitada materialmente para dar aviso de su ausencia a laborar a su puesto de trabajo, como docente en la Escuela Bananito Sur, para los días 02, 12, 26 y 30 de abril de 2018. (Los autos);

Que para el año 2018, la actora sufriera algún trastorno psiquiátrico o cuadro depresivo severo, que le impidiera atender sus obligaciones como docente y con su patrono. (Los autos);

Que las autoridades y/o funcionarios del Ministerio de Educación Pública, particularmente, las Autoridades Regionales de la Provincia de Limón y las del propio Centro Educativo en el cual se desempeñaba, tuvieran conocimiento de algún padecimiento psiquiátrico de la actora y que éste, se manifestara previamente al mes de abril del año 2018. (Los autos); y

Que la actora haya sufrido algún impedimento físico, material o psicológico para enfrentar el procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra, que culminó con el decreto ejecutivo que dispone su despido sin responsabilidad patronal. (Los autos).

Sobre los argumentos de la actora: En resumen, los alegatos giran en torno a lo que estima, la violación al debido proceso y, por ende, generadores de un vicio de nulidad absoluta. Inicia su exposición, indicando que fue funcionaria del Ministerio de Educación Pública con una conducta intachable, desempeñándose como profesora de enseñanza general básica en la Escuela Bananito Sur, en un puesto en propiedad y una jornada ordinaria de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Afirma que, de forma sorprendente e infundada, mediante resolución TCD 1739-2018 de las 16:15 horas del 11 de julio del dos mil 2018 del Tribunal de la Carrera Docente, se acogió la solicitud de despido sin responsabilidad patronal en su contra. Añade, que la solicitud de despido se fundamentó en gestión de fecha 3 de julio del 2018, por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública y que se originó con ocasión de una denuncia interpuesta en fecha 15 de mayo del 2018, ante la Dirección Regional de Educación de Limón por supuestamente no presentarse a laborar durante los días 2, 12, 26 y 30 de abril del 2018 y sin dar aviso oportuno a su superior inmediato. Añade, que en fecha previa al mes de abril del 2018 y hasta la fecha, ha estado experimentando una constante depresión, de forma muy severa y sostenida, que la ha obligado a estar incapacitada por psiquiatría y por consiguiente se vio impedida de asistir al Procedimiento Administrativo incoado en su contra y ejercer la correspondiente defensa. No obstante, lo anterior y siendo el Ministerio de Educación, específicamente las Autoridades Regionales de la Provincia de Limón y las del propio Centro Educativo en el cual se desempeñaba, plenos conocedores de la situación de incapacidad y enfermedad, se siguió de forma atropellada y sin miramiento alguno con el procedimiento administrativo. Se realizó la audiencia de ley y dictó el acto final, ordenando su despido sin responsabilidad patronal; violentando así sus derechos al debido proceso y sus derechos laborales. Alega además, que la acción del Ministerio de Educación ha sido violatoria a su condición de vulnerabilidad, toda vez que pese encontrarse con un cuadro depresivo severo que desde el año 2018, el cual ha presentado una rápida evolución, cuya consecuencia es que la aísla y le dificulta el desempeño en su trabajo, teniendo también ideas de corte paranoide, lo cual hizo que estuviese medicada, se ordenó su despido.

Sobre los argumentos del Estado: En resumen, indica que la actora ingresa a laborar como Profesora de Enseñanza General Básica en la Escuela el Quebrada de forma interina el 07 de marzo del año 1988, con nombramientos interrumpidos hasta el 01 de marzo del año 1995, fecha en la cual se le nombra en propiedad en clase de puesto de Profesor de Preescolar en la Escuela Buena Vista. El 02 de noviembre del año 2018, a la actora se le despide sin responsabilidad patronal cuando ostentaba nombramiento en propiedad en la Escuela Bananito Sur de Valle la Estrella, según resolución del Tribunal del Servicio Civil 13039-2019 de las 21:15 horas del treinta de noviembre del año 2018 del Tribunal del Servicio Civil, según acuerdo ejecutivo Nº 148-2018 del 30 de noviembre del año 2018, a partir del 02 de noviembre del año 2018, más no le consta la jornada y el horario. Señala que el Tribunal de Carrera Docente acogió mediante la resolución NºTCD-1739-2018 de las 16 horas 15 minutos del 11 de julio del año 2018, la gestión de despido que interpuso el Ministro de Educación contra la actora por incurrir en faltas graves en su contrato de Trabajo. La gestión de despido incoada por el Ministerio de Educación Pública al Tribunal de Carrera Docente fue remitida en fecha del documento del 03 de julio del año 2018 y recibido el 04 de julio del año 2018 y la gestión de despido una vez autorizada por el Tribunal de Carrera Docente fue remitida al Tribunal del Servicio Civil en fecha del 17 de agosto del año del año 2018. Añade, que el primer proceso ordinario disciplinario de gestión de despido contra la actora se inició por denuncia que se presentó en fecha del 15 de mayo del año por no haberse presentado a laborar los días 2, 12, 26 y 30 de abril del año 2018 en su puesto de trabajo y no haber justificado en tiempo y forma con su jefe inmediato dichas ausencias. Rechaza los hechos quinto y sexto, por no constituir hechos en el sentido técnico-jurídico. Añade, que en el expediente administrativo disciplinario NºGD-127-2018 se demuestra que a la actora se le notificó traslado de cargos en forma personal el 04 de junio del año 2018 y se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y si no lo hizo es su responsabilidad, no del Ministerio de Educación Pública, es por lo anterior que se tramita el despido contra la actora sin oposición, pues declinó ejercer el derecho a la defensa en su gestión de despido, a pesar que fue notificada de dicho proceso ordinario tramitado en su contra. Por último, rechaza el hecho sétimo y precisa que la actora no demostró en los momentos procesales oportunos, tener una justa causa que le impidiera laborar en su trabajo o ejercer su derecho a la defensa en su gestión de despido. Al exponer los argumentos de fondo, inicia refiriéndose al procedimiento administrativo del despido de los funcionarios cubiertos por el régimen del Servicio Civil. Al respecto, señala que la actora fue nombrada en propiedad por el Ministerio de Educación Pública y el 02 de noviembre del año 2018, la actora se le despide sin responsabilidad patronal cuando ostentaba nombramiento en propiedad en la clase de puesto de Profesora de Enseñanza General Básica (I y II Ciclos) en la Escuela Bananito Sur de Valle la Estrella de la Dirección Regional Educativa de Limón, según resolución del Tribunal del Servicio Civil y según acuerdo ejecutivo Nº 148-2018 del 30 de noviembre del año 2018 a partir del 02 de noviembre del año 2018. Así las cosas, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Estatuto del Servicio Civil, la misma se encontraba cubierta por el régimen del Servicio Civil, es decir, éste es el marco jurídico de empleo público que regula todo lo concerniente a la relación de sujeción especial que mantenía la accionante con el MEP y por ende con el Poder Ejecutivo. Alega, que existe un cuerpo normativo que regula los procedimientos disciplinarios de los funcionarios y funcionarias que laboran para dicha Cartera Ministerial, toda vez que, para el caso de la señora actora, el Estatuto del Servicio Civil, así como su Reglamento, son el marco jurídico regulatorio de la relación entre el Poder Ejecutivo y sus servidores. Desde esta perspectiva, aclara que el procedimiento legalmente establecido para el caso concreto es un procedimiento especial, se encuentra regulado en el Título I, Capítulo IX, artículos del 43 al 59 y 76 del Estatuto del Servicio Civil. Asimismo, a partir de la adición de la Carrera Docente al Estatuto de Servicio Civil mediante Ley Nº 4565, se incluye en el Título II, Capítulo IV, artículos del 59 al 82, una serie de disposiciones relacionadas con el régimen disciplinario y el procedimiento que se debe aplicar a los funcionarios docentes del MEP. Tanto las normas consagradas en el primer título del Estatuto del Servicio Civil, como las estipuladas en el segundo título de dicho cuerpo normativo, son aplicables a la actora, más el Reglamento de Carrera Docente (Decreto Ejecutivo Nº2235) tanto en su investidura como docente y como funcionaria estatal y, por lo tanto, dichas normas no pueden ser interpretadas de manera restrictiva, como lo hace la actora, sino de forma integral, sistematizada y armoniosa. En ese orden de ideas, las normas que regulan el procedimiento disciplinario de los funcionarios docentes definen la competencia de cada uno de los órganos que participan en el litigio. En ese sentido, frente a una falta grave como lo son las ausencias injustificadas a su trabajo, la misma no puede ser sancionada por el jefe inmediato de la actora (artículos 66 del Estatuto del Servicio Civil), más bien el asunto debe ser elevado ante el Director de Personal, en éste caso ante el Departamento Disciplinario del MEP (artículo 65), dicho departamento se encarga de sustanciar el procedimiento dando traslado de los cargos al servidor por un plazo de 10 días (artículo 69), se procede a evacuar la prueba (artículo 70), luego se pasa el expediente al Tribunal de Carrera Docente con el fin de verificar que no existan defectos u omisiones de procedimientos (artículos 71, 73) y luego de que dicho tribunal se pronuncia, el asunto se remite como una gestión de despido junto con el expediente confeccionado ante el Tribunal del Servicio Civil (artículo 75). Luego de que se ha llevado a cabo todo este procedimiento, con base en lo que establece el inciso e) del artículo 43 del Estatuto del Servicio Civil, es al Tribunal del Servicio Civil, dicta el fallo del asunto en primera instancia (inciso a] del artículo 190) de este mismo cuerpo normativo). Lo que resuelva dicho tribunal, cuenta con recurso de apelación dentro del plazo de 3 días ante el Tribunal Administrativo del Servicio Civil (artículo 44 Estatuto del Servicio Civil), el cual es el órgano que agota la vía administrativa. Ese es en resumidas cuentas, el procedimiento disciplinario especial que se aplica a los funcionarios públicos cubiertos por el régimen del Servicio Civil, el cual fue cumplido por la Administración. Seguidamente, se refiere al procedimiento administrativo disciplinario incoado contra la actora, advirtiendo, que ala actora se le tramitaron dos procedimientos administrativos disciplinarios: uno es el expediente 219-2019 del Departamento Disciplinario del MEP, que culmina con el expediente administrativo del Tribunal del Servicio Civil GD-127-2018 y el 250-2019 del Departamento Disciplinario que se tramita con el GD-153-2018, ambos por ausencias injustificadas en su trabajo en el año 2018 y el mismo centro educativo. Aclara, que el primer expediente inicia a partir de denuncia que se presentó su jefe inmediato la Directora de la Escuela Bananito Sur, Truddy Poyser Johnson, mediante oficio de fecha del 10 de mayo, por no haberse presentado a laborar los días 2, 12, 26 y 30 de abril del año 2018, en su puesto de trabajo y no haber justificado en tiempo y forma con su jefe inmediato dichas ausencias. Este expediente disciplinario se remitió al Tribunal de Servicio Civil y en la resolución N° 13015 de las 0955 horas del 20 de setiembre del 2018, se dispuso su despido. También, en el segundo proceso disciplinario, el Tribunal del Servicio Civil (GD-153-2018), mediante resolución Nº 13039-2019 de las 21:15 horas del 30 de noviembre del año 2018, acoge la gestión de despido sin responsabilidad patronal, en su puesto de docente en propiedad en la Escuela Bananito Sur de Valle la Estrella. Precisa, que en ambos procesos administrativos se dicta el traslado de cargos en el cual se pone en conocimiento de la actora los hechos que se le imputaban y se le otorga el plazo de 10 días para que ejerza su defensa. En ambos procesos la actora no presentó escrito de oposición a traslado de cargos, no ofreció prueba alguna para desacreditar las faltas graves endilgadas. Además, en ambos procesos se le indicó a la actora que dicha resolución contaba con recurso de apelación de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto del Servicio Civil y no interpuso el recurso de apelación contra dichas resoluciones y finalmente, mediante acuerdo Nº 184-2018 AC, emitido por el Poder Ejecutivo, se ordena proceder con la ejecución del despido sin responsabilidad para el Estado, el cual se ejecuta con acción de personal a partir del 02 de noviembre del año 2018. Señala, que en los dos expedientes administrativos, se describen las diversas actuaciones de la Administración que se llevaron a cabo en todo el procedimiento que culmina con el despido de la actora, pues se acreditó de forma fehaciente y contundente en dos procesos administrativos disciplinarios, que incurrió en faltas graves ausencias injustificadas los períodos 02, 12, 26 y 30 de abril de 2018, y 07, 09, 10 y 11 de mayo de 2018 sin dar aviso a su superior inmediato, ni presentar justificación posterior alguna. De lo anterior, desprende que existió una correcta valoración de la prueba existente en el proceso y la actora no aportó pruebas de descargo y no tuvo la virtud de demostrar que había presentado o que había justificado a tiempo sus ausencias ante sus superiores, que es el elemento fundamental que se toma en cuenta para adoptar la decisión de despido. Es claro entonces que no existió una indebida valoración de la prueba. Lo resuelto se ajusta al elenco probatorio existente en el proceso administrativo sancionatorio del cual se echaba de menos el acervo probatorio necesario mediante el cual se verificase la existencia de una causa justa y comunicada en tiempo al jefe inmediato de la aquí accionante para justificar en tiempo y forma sus ausencias. Sobre el alegato de la promovente que no se tomaron en cuenta su padecimiento de salud (depresión), señala que este punto tampoco es de recibo. Los supuestos padecimientos de la actora en el período que se tramita su gestión de despido no fueron acreditados con acervo probatorio, pues ella a pesar de que se le notificó tanto por jefe inmediato, como por el traslado de cargos las ausencias que incurrió, no se tomó la molestia de justificarlas en tiempo y forma como era su deber como docente. Asimismo, tampoco existe elemento probatorio alguno mediante el cual se demuestre que la actora había justificado en tiempo sus ausencias ante su superior. En vista de lo anterior, dicho argumento tampoco cuenta con la virtud de sostener algún tipo de indefensión que implique la nulidad del acto administrativo de despido y la carga la probatoria le corresponde a ella, según lo que establece numeral 428 y 477 de la Ley 9343 y el artículo 41 del nuevo Código Procesal Civil. Añade, que de las pruebas que aporta en su demanda, se concluye que los padecimientos de la señora, así como el tratamiento médico suministrado para tratar el estado depresivo en el que se encontraba, no se empezaron a manifestar a partir de la fecha que incurrió en las ausencias, sino que se venían presentando desde mucho tiempo atrás. Desde esta perspectiva, la actora tenía conocimiento sobre su estado de salud y se encontraba en la obligación de prever cualquier situación que se pudiera presentar con respecto a su estado de salud para que se comunicara en tiempo sus ausencias cuando se sentía mal y así no afectar el servicio público de la educación a estudiantes que se brindaba en la Escuela Bananito, más aún cuando existían varias quejas de padres de familia de estudiantes contra la actora por incumplimiento de deberes. Precisa la representación estatal, que tampoco consta que su padecimiento fuera de tal gravedad que los médicos tratantes la hayan incapacitado el período que se ausentó y que ésta haya presentado en tiempo y forma la respectiva boleta de incapacidad como procede en estos casos. La actora tenía capacidad volitiva para presentarse a una cita médica tal y como demuestra con los dictámenes médicos que presentó por ausencias en el año 2017 y 2018, en este mismo centro educativo por otros períodos a los que se le despide, pero no la tuvo la voluntad para justificar sus ausencias al trabajo, lo cual resulta sumamente contradictorio y lo único que refleja es una actitud desinteresada en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales, lo cual lamentablemente impedía que la directora del centro educativo pudiera sustituirla con otro funcionario docente, pues ésta no justificó sus ausencias con las boletas de incapacidad requeridas. Con relación a éste punto, cita un extracto de la sentencia número 37-2012, de las 09:10 horas del 18 de enero del 2013, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con relación a la falta en la que incurren aquellas personas que presentan algún tipo de enfermedad y justifican de manera extemporánea sus ausencias con base en la enfermedad. Concluye, que la actora incumplió con su deber de demostrar la justa causa con relación a los días de ausencia que se le reprochaban y su deber de acreditar el motivo que le impidió presentar la justificación a tiempo, aspecto que fue tomado en cuenta por el Tribunal del Servicio Civil a la hora de resolver, lo cual consolida su tesis en cuanto a que el acto administrativo sancionatorio fue emitido en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico y no existe ninguna nulidad en su proceso disciplinario que tuvo como resultado su despido. Aún y cuando no existe prueba en este caso, es innegable que cualquier persona puede sufrir una enfermedad o padecimiento, pero esto no debe afectar la relación laboral y menos aún, cuando se trata de la prestación de un servicio público en un centro educativo en detrimento de los estudiantes, pues la obligación del educador es justificar sus ausencias ante su patrono para poder nombrar un sustituto, lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa tal y como lo establece el 4 y 114 de la Ley General de la Administración Pública. Bajo esa inteligencia, de acuerdo a lo señalado en los acápites anteriores, fue la actora quien mostró una conducta desinteresada en cuanto a cumplir con sus obligaciones laborales mínimas, a pesar de que ella alega que venía padeciendo depresión tiempo atrás a las ausencias que motivaron su despido, primero, al no justificar a tiempo sus ausencias y segundo, al no demostrar la causa por la cual se había ausentado con el documento idóneo (boleta de incapacidad médica). Agrega, que el dictamen médico que aporta por psiquiatría del Hospital de Tony Facio Castro, señala fecha de ingreso 14 de febrero del año 2019 y la actora fue despedida con causa el 02 de noviembre del año 2018, es decir, este documento se emite posterior a su despido, no cuando la promovente incurre en las ausencias injustificadas, ni cuando se tramita el procedimiento disciplinario. Ciertamente, lo que el Tribunal del Servicio Civil analizó, fue que la actora se había ausentado los días 2, 12, 26 y 30 de abril del año 2018 y 07, 09, 10 y 11 de mayo de 2018, en su puesto de trabajo (Escuela Bananito) y no haber justificado en tiempo y forma con su jefe inmediato dichas ausencias y no demostrar con un documento idóneo la justa causa de tales ausencias y que no existía una justificación válida, ni siquiera extemporánea, que comunicara a su jefe o superior inmediato las ausencias y con ello incurrió en las causales de despido que señala el artículo 81 inciso g) del Código de Trabajo. Por lo anterior, señala que el Estado Patrono estaba facultado para dar por terminada la relación con la actora sin responsabilidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 párrafo primero del Código de Trabajo y con fundamento en el artículo 57 incisos a), c), h) del Estatuto del Servicio Civil (Título II de la Carrera Docente) y el Reglamento de la Carrera Docente en el artículo 12 incisos a) y k). y 35 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil. En el caso que nos ocupa, estima que es claro que no consta que la demandante haya justificado con documento idóneo las ausencias en que incurrió y menos aún que las haya presentado en el plazo establecido a las respectivas autoridades de este Ministerio, para efectos de que la Administración pudiese sustituirla con otro funcionario, de allí que los hechos lo que demuestran es una desidia e irresponsabilidad por parte de la demandante, que al final implicó un perjuicio para el funcionamiento del centro educativo donde laboraba. En otro orden, advierte que la parte actora alega la nulidad del procedimiento administrativo disciplinario, pero no precisa en que aspectos radica la nulidad del mismo, pues limita a decir que se le violentó el derecho a la defensa pues estaba con padecimiento de depresión cuando se le tramitó el mismo y que esto le impidió ejercer su defensa. Ahora bien, es claro que dicho alegato no es de recibo, pues la actora tuvo la oportunidad de justificar las ausencias en un primer momento con su jefe inmediato en tiempo y forma y declinó hacerlo. Posteriormente, se le notifica de forma personal el traslado de cargos, donde le indica el plazo para contestar, se le da la oportunidad que ejerza su defensa con los elementos probatorios y con patrocinio legal si lo considera pertinente, se le brinda acceso al expediente administrativo y omite contestar traslado de cargos que le fue notificado el 16 de julio del año 2018. Cita como sustento, un precedente judicial, contenido en la resolución No. 0146-2016-VI a las 11 horas del 07 de octubre del 2016, dictada por la Sección Sexta de este Tribunal. En cuanto a los daños y perjuicios, señala que no fueron acreditados conforme a la carga de la prueba y que constituyen una pretensión accesoria y, por lo tanto, debe correr la misma suerte que la pretensión principal, es decir, debe ser rechazada. Por último, se refiere la representación estatal a la potestad disciplinaria del Estado, señalando en resumen, que al existir una relación de sujeción especial entre la parte actora y la Administración, no resulta posible aceptar el reconocimiento de ningún daño como producto del procedimiento para el eventual ejercicio de la potestad disciplinaria y en este caso, la decisión de iniciar un procedimiento administrativo contra la funcionaria por no justificar en tiempo y forma las ausencias a su trabajo como docente e interponer una investigación, fueron adoptadas por el órgano con capacidad suficiente (artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública), siendo que la Administración manifestó su voluntad de manera libre y consciente (artículo 130 de la Ley General de la Administración Pública) y se denota en el mismo la existencia de contenido y motivo (artículo 132 y 133 de la misma ley). En razón de ello, considera que no se puede generar obligación de reparar las aducidas alteraciones anímicas, a título de daño moral, por lo que solicita se declare la improcedencia de la demanda que nos ocupa.

Sobre el análisis del caso concreto: El presente proceso judicial gira en torno a la revisión del procedimiento administrativo número 219-18, seguido en contra de la señora [Nombre 001], el cual culminó con una sanción disciplinaria de despido por ausencias injustificadas de los días 02, 12, 26 y 30 de abril del 2018 y por ello, en orden a los argumentos expuestos por la accionante, se pronuncia esta Cámara, de toda suerte que se aclara, que el segundo expediente disciplinario contra la actora, número 150-18, no es objeto de pronunciamiento, al tenor del marco de pretensiones expuesto por la parte. Aclarado lo anterior, hemos de indicar, que en esencia, la teoría del caso de la parte actora es muy concreta, aduce violación al debido proceso, por cuanto fue despedida sin responsabilidad patronal, pese que las autoridades del Ministerio de Educación Pública y particularmente, las Autoridades Regionales de la Provincia de Limón y las del propio Centro Educativo en el cual se desempeñaba, conocían de su estado siquiátrico que califica de “depresión severa”, esto, desde fecha previa al mes de abril del año 2018. Aunado a ello, indica que efectivamente su estado de vulnerabilidad le impidió apersonarse al proceso y ejercer su derecho de defensa, por lo que solicita la declaratoria de nulidad del Decreto Ejecutivo que dispone su despido, el número 148-2018 AC, del 09 de octubre del 2018, el cual empezó a regir, a partir del día 2 de noviembre del 2018. Criterio del Tribunal: Para resolver los argumentos que expone la accionante, debemos realizar una breve exposición en torno a los vicios de los actos administrativos, que tienen la virtud de provocar la nulidad absoluta de lo actuado y los que, por el contrario, al amparo del principio de conservación de los actos administrativos, permiten su convalidación, saneamiento o conversión, de modo que se mantiene su vigencia en el tanto, se cumpla el fin público perseguido. En orden a ello, debemos señalar que los actos administrativos, pueden contener vicios de nulidad absoluta o relativa y que, la accionante expone dos argumentos con el objetivo de sustentar su postura de calificar de nulidad absoluta los vicios que apunta, pero olvida, que esas calificaciones deben ser razonadas en función de una indefensión real y no solo argumentativa, desde el punto de vista material y no solamente formal, como en efecto realiza. Es el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, el que enumera los supuestos bajo los cuales la sanción del vicio se estima sustancial dentro del procedimiento administrativo y trae como consecuencia la sanción de nulidad, dicho numeral reza: "1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento.

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión". Nótese entonces que al analizar cada uno de los argumentos, esta Cámara de Jueces valorará, si efectivamente la acción u omisión acusada por la actora a la luz del elenco probatorio traído por las partes, provoca indefensión, o tiene la virtud de modificar lo resuelto. Teniendo claro lo anterior, en términos generales hemos de advertir, que tal y como se desprende de la lectura pormenorizada de la demanda y del elenco probatorio, no existe ningún elemento de juicio que permita a esta Cámara concluir que, en la tramitación del expediente administrativo de estudio, exista infracción sustancial que haya tenido la virtud de provocarle indefensión a la señora [Nombre 001], por el contrario, de la revisión del expediente administrativo se desprende que ésta fue debidamente notificada del procedimiento administrativo, las consecuencias de una demostración de los hechos endilgados, se le indicó dónde debía ejercer su defensa así como los recursos que cabían contra dicho traslado de cargos, empero, la actora no se apersonó al expediente en el cual efectivamente, mediante la resolución TCD-1739-2018, de las 16:15 horas del 11 de julio del 2018, el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, acoge la solicitud de despido promovida contra [Nombre 001] por no presentarse a laborar los días 02, 12, 26 y 30 de abril del 2018, lo anterior sin dar aviso oportuno a su superior inmediato y sin aportar dentro del término normalmente previsto, justificación posterior alguna. Es así, como el Tribunal de Servicio Civil, en la resolución n°13015, de las 09:55 horas del 20 de setiembre del año 2018, dispuso el despido sin responsabilidad del Estado de la señora [Nombre 001] y se motiva la adopción del Acuerdo Ejecutivo número 148-2018 AC, del 09 de octubre del 2018, a través del cual, el Presidente de la República y el Ministro de Educación, con fundamento en los artículos 140 inciso 2) y 146 de la Constitución Política de Costa Rica, 12 inciso a) del Estatuto de Servicio Civil, la resolución n°13015-2018 de las 09:55 horas del 20 de setiembre del 2018 del Tribunal de Servicio Civil, disponen despedir sin con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora [Nombre 001], quien labora como profesora de enseñanza general básica en la Escuela Bananito Sur, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Limón. Dicho acuerdo, entró a regir a partir del día 2 de noviembre del 2018. Ahora bien, revisada la acción así como el cuadro fáctico, se concluye que la actora se limita a realizar afirmaciones en su demanda relacionadas con un supuesto estado de salud que le impedía comprender las consecuencias de sus actos e incluso, la necesidad de apersonarse al procedimiento administrativo, pero de ello no aportó ninguna prueba idónea, es más, solo consta que la actora en fecha 14 de febrero del año 2019, -superando dos meses de ejecutado el despido- fue atendida en la especialidad de psiquiatría del Hospital Tony Facio Castro, para celebrar una sesión familiar con hijos, más nótese que de dicho documento no se extrae que las citas con medicina especializada en psiquiatría, se originen en el padecimiento de una enfermedad discapacitante, tampoco que fuera atendida en servicios médicos y que fuera incapacitada la accionante en los días 02, 12, 26 y 30 de abril del 2018, cuya ausencia provocó el procedimiento disciplinario que nos ocupa. Aunado a lo expresado, tampoco consta qué tipo de patología sufría la actora ni que sus efectos le impidieran comunicarle al patrono oportunamente, los motivos de su ausencia para así justificarla. En palabras más sencillas, no fueron traídos al proceso elementos de juicio que permitan concluir a este Tribunal, que efectivamente las ausencias en que incurrió la señora [Nombre 001] en el mes de abril del año 2018, obedezcan a un estado de salud de tal magnitud, que califique de discapacitante cognitivo o de su conciencia y que puedan dar sustento al alegato de un estado de vulnerabilidad que le impidió apersonarse al procedimiento disciplinario abierto en su contra. No omitimos manifestar, que llama poderosamente la atención a este Colegio de Jueces, que dicha prueba tampoco fue procurada en este proceso judicial, a pesar de tratarse el eje neurálgico de la acción de este proceso y mérito de la solicitud de nulidad del decreto ejecutivo indicado. Otro tema de análisis es el argumento relativo a que las autoridades del Ministerio de Educación Pública, particularmente, las Autoridades Regionales de la Provincia de Limón y las del propio Centro Educativo en el cual se desempeñaba, conocían de su padecimiento psiquiátrico que califica de “depresión severa”, esto desde fecha previa al mes de abril del año 2018. De tal afirmación tampoco existe prueba, es más, la única declaración testimonial recibida en el juicio oral y público, la cual fue fluida, diáfana y coherente, fue brindada por la señora Truddy Poyser Johnson, quien fue la Directora de la Escuela Bananito Sur de Limón y señaló que la actora era evasiva con su persona, que no comunicó por ningún medio formal o informal que se ausentaría a impartir lecciones y ante la pregunta directa de contrainterrogatorio, respecto a si tenía conocimiento de alguna enfermedad de la actora, ésta contestó que: “No sabe si doña [Nombre 001] recibió atención siquiátrica, supo de tratamiento odontológico por medio de las compañeras”. En conclusión, en este proceso judicial, no se aportó ningún elemento de juicio que pueda acreditar la indefensión acusada, bajo la premisa que la actora haya sufrido algún impedimento físico, material o psicológico para enfrentar el procedimiento administrativo disciplinario abierto en su contra, que culminó con el decreto ejecutivo que dispone su despido sin responsabilidad patronal. En consecuencia, no se desprende ninguna violación al debido proceso ni vicio de nulidad alguna, por lo que el Acuerdo Ejecutivo número 148-2018 AC, del 09 de octubre del 2018, dictado el Presidente de la República y el Ministro de Educación, que despedir sin con justa causa y sin responsabilidad para el Estado, a la servidora [Nombre 001], quien labora como profesora de enseñanza general básica en la Escuela Bananito Sur, adscrita a la Dirección Regional de Educación de Limón a partir del día 2 de noviembre del 2018, es sustancialmente conforme a derecho. En mérito de lo expuesto, tanto las pretensiones principales como subsidiarias formuladas son rechazadas en su totalidad, al motivarse en argumentos que como se indicó líneas atrás, no guardan sustento con ningún elemento probatorio y en ese tanto, las pretensiones principales y subsidiarias, son declaradas sin lugar.

Sobre la defensa de falta de derecho: En atención al análisis realizado en el considerando anterior, se declara con lugar la defensa interpuesta por el Estado, por no encontrar asidero alguno la demanda del actor y sus pretensiones en el cuadro fáctico, elenco probatorio y argumentativo objeto de análisis.

De la condenatoria en costas: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado que motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, por lo que son las costas procesales y personales a cargo de la actora, cuyas sumas generarán intereses desde la firmeza de la resolución que las fije y hasta su efectivo pago.