Resolución 00036-2022

Cesar en su nombramiento interino a [Nombre 001], por haberse acreditado que incurrió en una falta grave en los deberes inherentes a su cargo.

Contra la presente resolución podrá interponerse el recurso de reconsideración dentro del tercer día hábil siguiente a la notificación, ante el Despacho de la señora Ministra, de conformidad con lo que establece el artículo 30 del Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Educación Pública.

Solicitar a la Dirección General del Servicio Civil, se valore la posibilidad de incluir al señor [Nombre 001], en el Registro de inidoneidad para el desempeño de puestos públicos.

Comuníquese los alcances y efectos jurídicos de esta resolución a la Dirección General de Servicio Civil y al Departamento de Gestión de Trámites y Servicios.

Enviar copia de la presente resolución a la Defensoría de los Habitantes para lo que en derecho corresponda.

Rige 16 de diciembre de 2019.” (Ver imágenes 249 a 262 del expediente judicial digital);

A través de la acción de personal número 201909-MP-4868279, del 19 de setiembre del 2019, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, registra el movimiento que corresponde al cese del nombramiento interino del señor [Nombre 001] , del puesto de profesor de Enseñanza General Básica I y II ciclos, con ocasión del despido sin responsabilidad patronal dictado. La fecha de rige es el 16 de setiembre del 2019. (Ver imagen 246 del expediente judicial digital);

En fecha 19 de setiembre del 2019, el señor [Nombre 001], formula recurso de reconsideración en contra de la resolución indicada en el hecho anterior. (Ver imágenes 233 a 240 del expediente judicial digital);

A través de la resolución número 4828-2019, de las 12:31 horas del 1° de octubre del 2019, la Ministra de Educación Pública, declara sin lugar, el recurso de reconsideración interpuesto por el actor, en contra del acto final del procedimiento administrativo. (Ver imágenes 227 a 231 del expediente judicial digital) y

En la audiencia de juicio oral y público, se recibió la declaración de [Nombre 004] , portador de la cédula de identidad número [Valor 001], quien declaró contar con 31 años de edad, desempeñarse como agente de ventas para agencia de viajes, ser vecino de San Francisco de Heredia y soltero. Afirmó que es pareja del actor desde hace ocho años y viven juntos hace aproximadamente un año y tres meses y que le afecta lo que se resuelva en el presente asunto. Ante las preguntas de la representación de la parte actora, manifestó que: en el momento de la notificación del procedimiento administrativo, él no estaba con [Nombre 001], se vieron luego, lo notó nervioso, ansioso, se incrementó su ansiedad, lloraba desconsoladamente, no lo esperaba. Aclaró, que [Nombre 001] siempre ha tenido problema de ansiedad, lo ve la Caja, pero desde el momento que lo notificaron se le incrementó y cree que lo tuvo controlado durante todo el proceso. El tema siempre ha estado presente y se muestra distraído, pensativo, se descontrolaba emocionalmente, se ponía a llorar, lo afectó emocionalmente, no era el mismo. Detalló, que está la mayor parte del tiempo con él, siempre trataron de estar cerca. No obstante, se mostraba distante, distraído y que en el momento menos esperaba se descomponía. Afectó a la mamá y tuvo problemas de ansiedad, emocionales y otras enfermedades que fueron surgiendo por el tema. Problemas estomacales tuvo, producto de la misma situación. Reiteró, que el médico general de la Caja lo tenía en tratamiento de la ansiedad, dosis y tratamiento se aumentó. Actualmente trabaja como agente de ventas en agencia de viajes, la misma agencia en la que trabaja el testigo. Respecto a la afectación de su imagen como docente, afirma que sí fue afectado, hubo muchos comentarios dentro y fuera de la institución, por lo que se vio obligado a vivir fuera de [...]. Le comentó que vio que la gente murmura. Afirmó además, que la gente los veía en el parque de manera no normal y hacían comentarios. (Registro en soporte digital).

De los hechos no probados.- De importancia para la resolución de este asunto, se tiene como no acreditados los siguientes hechos:

Que el actor haya sufrido indefensión en la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio;

Que en el acto final del procedimiento administrativo se violentaran las reglas de la sana crítica al valorar la prueba recabada en el expediente y

Que el señor [Nombre 001], se encuentre incluido en el Registro de inidoneidad para el desempeño de puestos públicos del Ministerio de Educación Pública.

Sobre los argumentos del actor: En resumen, los alegatos giran en torno a lo que estima, la violación al debido proceso y, por ende, generadores de un vicio de nulidad absoluta. En orden a sus argumentos, se enumeran a continuación:

Mediante resolución 2215-2019, de las catorce horas con veintinueve minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la señora Yaxinia Díaz Mendoza, Directora del Área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, considera que existen méritos suficientes para aperturar un procedimiento administrativo en su contra, cuyo auto de apertura no contiene una imputación clara, precisa, circunstanciada y en orden cronológico de los hechos, ya que no se indica la fecha o al menos el día de la semana en que se cometieron los supuestos hechos denunciados. Los hechos únicamente dicen “a mediados del año 2018”, sin precisar si los hechos ocurrieron entre semana o fin de semana al menos a efecto de determinar la cronología de los hechos denunciados. Precisa que, al ser un profesor de educación básica, el horario es alterno y hay días que se trabaja por la mañana y otros días por la tarde. Además, señala que tampoco se indica la hora en que ocurrieron los supuestos hechos denunciados, solamente se dice que fueron “en horas de la tarde”, siendo que no se precisa la hora exacta en la que supuestamente se presentó el estudiante a su casa, de nuevo omitiéndose indicar y valorar posteriormente, el hecho de los horarios alternos y que si los hechos hubieren sido cometidos por la tarde, como se indica en la denuncia, no hubiera podido esos días impartir lecciones ni en forma consecutiva, pues del hecho primero, se precia que los dos actos denunciados ocurrieron en días seguidos y en horas de la tarde, lo cual es absolutamente incompatible con su horario en el Centro Educativo. Estima que esta situación evidencia vicios graves en el auto de apertura que lo colocan en una clara indefensión, ya que, al no poder precisarse a ciencia cierta el día o los días en que supuestamente ocurren los hechos denunciados, no se puede determinar si ese día debía impartir lecciones en la mañana o en la tarde, y le deja imposibilitado de defenderse ante esta denuncia, violándose su derecho de defensa y principio de libertad probatoria.

Que el auto de apertura del procedimiento administrativo no indica expresamente qué tipo de procedimiento es el que instruirá, si es ordinario o sumario de la Ley General de la Administración Pública, o si por el contrario, se trata de algún procedimiento especial establecido en el Reglamento de Acoso Sexual del Ministerio de Educación Pública, ya que únicamente cita los artículos 3, 4 y 34 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y 10, 12 y 13 del Reglamento del Ministerio de Educación Pública, generándose una  indefensión procesal pues, no tiene claro cuál fue el procedimiento administrativo que se le estaba realizando.

En el auto de apertura, no se establece una fecha o lugar para llevar a cabo la comparecencia oral, lo que lo coloca en absoluta indefensión al omitirse este requisito legal, establecido incluso vía jurisprudencia administrativa y judicial por los Tribunales constitucionales y ordinarios, tanto en sede laboral como en sede contenciosa administrativa. Incluso, a folios 48 y 52 del expediente administrativo se comprueba esta afirmación, ya que se hace la convocatoria a la audiencia del procedimiento mediante oficio DGD-UPE-1288-2019, de fecha 15 de julio de 2019 y oficios DGD-UPE-1289-2019, aún y cuando con posterioridad la misma fue reprogramada por solicitud de la madre del menor de edad. Señala que se debe cumplir con esta convocatoria dentro del auto de apertura y no con posterioridad, como lo establece la ley. En resumen, estima que esa omisión en el auto de apertura genera una nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al debido proceso y a su derecho de defensa, al no ser notificado en tiempo y forma del día en que se llevaría cabo la comparecencia conforme lo demanda la ley.

Que el día de la comparecencia, se recibió el testimonio del joven [Nombre 014], quien también fue su estudiante, compañero de [Nombre 006] y quien desmintió categóricamente lo denunciado por éste, pero que, no fue tomado como prueba por parte del Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo a la hora de resolver la denuncia presentada en su contra. Afirma, que esa declaración, pese a ser de un testigo presencial, no fue tomada en consideración en la resolución final del procedimiento, violándose el principio de valoración probatoria, en una clara desventaja probatoria y violándose como consecuencia su derecho de defensa.

Que existe una indebida valoración de la prueba a la hora de tener por probados los hechos denunciados ya que el menor [Nombre 006] se contradice en su declaración inicial y su declaración ante el órgano del procedimiento, según explica:

En la denuncia inicial, [Nombre 006] indica que los hechos que está denunciando ocurrieron a mediados del año 2018, no obstante, en la audiencia, cuando la instructora del procedimiento le pregunta si recuerda cuándo sucedieron los hechos, su respuesta es que no.

Los hechos denunciados por [Nombre 006], no coinciden en algunos aspectos con la declaración rendida posteriormente ante la instructora del órgano. Inicialmente [Nombre 006] indica en su denuncia que fue a la casa del profesor en tres ocasiones: primero fue a la casa para ver pornografía y se arrepintió y luego volvió al día siguiente a hacer un trabajo de inglés. En otra ocasión fue a hacer un trabajo de estudios sociales y por último fue a la casa, a realizar un trabajo de matemática, y posteriormente cuando declara hace referencia sólo a dos encuentros, uniendo en un mismo hecho los encuentros dos y tres, así como las cosas que supuestamente le dijo ese día.

Que estos hechos denunciados inicialmente no coinciden en estos aspectos mencionados con la declaración rendida ante el Ministerio Público y que es prueba dentro del procedimiento administrativo, situación que tampoco fue valorada por el Órgano Decisor.

En la declaración inicialmente rendida por [Nombre 006] , nunca hace alusión a que los hechos ocurrieron en un gimnasio y tampoco que él le preguntara al profesor qué era pornografía, sino que únicamente refiere que él le dijo al profesor que quería ver pornografía y lo invitó a su casa. Posteriormente en su declaración ante el órgano Instructor, cambia la versión de lo declarado en indica que él le preguntó al profesor acerca de qué es pornografía, cuando estaban en el gimnasio de la Escuela, a lo que le responde, según él que: “pornografía es donde un hombre y una mujer hacen sexo”.

Sin embargo, el órgano decisor del procedimiento no valoró estas inconsistencias en la declaración del menor, y sin más fundamento, afectó su condición laboral y personal, al tener por acreditados hechos sin contar con las bases legales para ello, violándose nuevamente el debido proceso a la hora de analizar en forma razonable la declaración de la persona denunciante, al dictarse la resolución 4259-2019 de las siete horas diecisiete minutos del nueve de setiembre de dos mil diecinueve.

Que, en resolución final del procedimiento administrativo, se le impuso una sanción indefinida para poder volver a trabajar como docente dentro del sector público, al indicar en el punto 3 del Por Tanto, lo siguiente:

“Solicitar a la Dirección General del Servicio Civil, se valore la posibilidad de incluir al señor [Nombre 001], en el Registro de inidoneidad para el desempeño de puestos públicos”. Esta sanción fue impuesta sin establecer un plazo para la misma, convirtiéndola en una sanción perpetua, siendo este tipo de sanciones a todas luces inconstitucional y así ha sido desarrollado en múltiples pronunciamientos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, generando como efecto jurídico la nulidad de la sanción impuesta. Al amparo de los seis argumentos expuestos, concluye que todas esas omisiones administrativas y falta de análisis probatorio le han afectado laboral y personalmente, pues, pese a no haber cometido ninguno de estos actos, sin duda alguna el Órgano Decisor del procedimiento decidió aplicarle la sanción más grave y ordenar, sin tener por acreditada la denuncia, su despido sin responsabilidad patronal y el cese de su nombramiento interino. En cuanto al daño moral subjetivo, precisa que éste se traduce en la tensión, angustia, estrés, frustración e impotencia sufridas, producto de la realización de un procedimiento administrativo que no ha cumplido con la protección de los principios procesales del debido proceso y del derecho de defensa, así como el principio de valoración probatoria y razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta. Por el contrario, este procedimiento realizado por el Ministerio de Educación Pública le obligó de la noche a la mañana a perder su trabajo, y a tener que depender económicamente de su pareja mientras conseguía otro trabajo, que por supuesto debía ser en el sector privado, ya que se le vedó de forma indefinida (lo cual es inconstitucional e ilegal) la posibilidad de trabajar en el sector público como funcionario elegible del Servicio Civil. Agrega, que esta situación le generó mucha angustia y tristeza, porque de la noche a la mañana pasó a depender económicamente, luego de que tenía varios años de ser autosuficiente y atender sus necesidades con su trabajo, lo que le generó un grado de estrés alto que en algunas ocasiones le desencadenaba en crisis de ansiedad. El monto que reclama por concepto de daño moral subjetivo es de veinte millones de colones. Por otro lado, en cuanto al daño moral objetivo, el mismo se configura en el presente caso a partir de daño a su imagen como persona y como docente de educación primaria. Precisa que trabaja con personas menores de edad y que por ello debe ser mucho más cuidadoso en el trato con ellos para evitar precisamente esta clase de situaciones. Afirma que nunca en todo el tiempo en el que trabajó, fue sancionado por situaciones irregulares o irrespetuosas hacia sus compañeros docentes, su jefatura o hacia sus estudiantes, y este procedimiento administrativo vino a desacreditar esa imagen de intachabilidad y trato con las personas. Ahora, aún y cuando este proceso termine, para todas las personas: padres de familia, estudiantes, compañeros docentes y jefatura, quedará tachado como un posible acosador, y la confianza que las personas le depositaban se perderá, por lo que solicita que se le indemnice el daño causado a mi imagen como docente en la suma de ?10.000.000 (diez millones de colones).

Sobre los argumentos del Estado: En resumen, indica que la parte accionante aduce una indefensión por violación al debido proceso, pero ha podido ejercer una debida defensa dentro de un proceso de acoso sexual a un menor de edad. Agrega que claramente el auto de apertura le indica de manera expresa al actor que se encuentra dentro de un proceso de acoso sexual y la normativa correspondiente al mismo. De igual manera, la parte en la intimación del proceso posee plena claridad del cuadro fáctico del proceso, logrando realizar una debida defensa en la cual inclusive presenta prueba testimonial que se refiera a los eventos sucedidos en el marco temporal, por lo que el procedimiento se ajusta de manera correcta a lo dispuesto tanto por la Ley General de la Administración Pública como a los principios establecidos por la Sala Constitucional, mismo en el cual se procedió a indicar claramente las razones por las cuales el actor fue sancionado, así como la justificación fáctica y jurídica para dicha sanción despido, precisando que, por parte del Ministerio de Educación Pública nunca se ha impuesto una sanción perpetuo o contraria al ordenamiento jurídico. En cuanto al fondo del asunto, se refiere respecto a la intimación del procedimiento administrativo, precisando que la intimación se hace por medio de una resolución inicial de apertura y traslado de cargos, en la cual debe indicarse una descripción individualizada (particularizada), completa (integral), oportuna (desde un inicio), expresa, precisa, y circunstanciada de los hechos o conductas que originan el procedimiento y las pruebas de cargo que los respaldan, para que eso le permita ejercer su defensa, presentar alegatos y contrapruebas y hacer los cuestionamientos que correspondan, lo cual efectivamente hizo. Suma como argumento, que la imputación fue clara, por cuanto el actor conforme a su actuar procesal a lo largo del procedimiento administrativo, conocía con claridad que se encontraba ante una denuncia por acoso sexual de menor de edad, conocía claramente los hechos de los cuales se hablaba, tanto que presenta la prueba pertinente para refutarlos, conocía la normativa mediante la cual se realizaba el proceso y conocía con claridad el alcance de los efectos de la intimación que se le realizó. En ese sentido, advierte que la nulidad no procede por la nulidad misma, o sea por el mero incumplimiento de la legalidad, sino que: “el vicio que la provoca debe ser no sólo contrario al ordenamiento jurídico sino que también debe impedir la realización del fin del acto, aspectos que deberán motivarse y demostrarse debidamente para declarar la nulidad”. En cuanto al valor probatorio de la declaración del menor de edad, remite al artículo 22 de la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, en materia de análisis y valoración de la prueba, precisando que existe un fuero de protección especial, de manera que en caso de que exista duda, se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada. Afirma, que se trata de un fuero de protección especial con el que cuentan las víctimas de abuso o acoso sexual, máxime cuando se trata de estudiantes menores de edad como ocurrió en el caso que nos ocupa. Reitera que se trata de una garantía que brinda el ordenamiento jurídico, dado que se encuentran en un estado de vulnerabilidad frente a personas que gozan de cierto poder, como en el caso de los docentes de los centros educativos. Precisa además, que el promovente utilizó su cargo de autoridad y confianza como docente del centro educativo para abusar del menor mencionado y lógicamente esta clase de abusos no se hace en presencia de testigos. En orden a su tesis, cita instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), así como el principio conocido como el interés superior del menor, que responden a un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible para los menores. Se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Por último, en cuanto a los daños y perjuicios reclamados, señala que la parte no indica la justificación o el motivo de dicha solicitud, sino que simplemente la enumera dentro de sus pretensiones. Advierte que se aprecia sin mayor esfuerzo, que el daño reclamado resulta ser meramente eventual e hipotético, lo que impide su otorgamiento en sentencia. Además, argumenta que no puede considerarse que se dio un daño ni patrimonial ni moral debido a que la decisión de la Ministra de Educación fue proporcional, legítima y razonable, por cuanto las actuaciones realizadas por el actor son contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo cual el Estado ni la Administración deben ser responsables por los posibles daños que sufra éste (artículo 195 Ley General de la Administración Pública). Al rendir conclusiones, resalta que el actor no demuestra, de ninguna manera, que los actos emanados por el órgano director posean vicios que lo hagan contrarios al ordenamiento jurídico y que dicho vicio provoca un impedimento en la realización del fin del mismo. Reitera que si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño o niña, ya que se trata de una norma de procedimiento, de manera que la evaluación y determinación de su interés superior requerirá las garantías procesales y que, es importante tomar en cuenta, que éste tipo de circunstancias se desarrollan en lugares privados, donde pueda existir cierto grado de intimidad, donde no exista la presencia de terceras personas quienes puedan declarar en contra del acosador y es por esa razón que los testigos no tuvieron la virtud de desacreditar los hechos denunciados. Es por eso que el ordenamiento jurídico equilibra la balanza en materia probatoria, para así no hacer nugatorio el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva. De conformidad con lo expuesto, se determina de manera transparente que en el presente caso el procedimiento administrativo disciplinario, se llevó a cabo en estricta conformidad con el principio de legalidad que rige en materia de empleo público y al actor no se le violentó ningún derecho de defensa, debido proceso y tampoco existió una indebida valoración de la prueba.

Sobre el análisis del caso concreto: El presente proceso judicial gira en torno a la revisión del procedimiento administrativo seguido en contra del señor [Nombre 001] , el cual culminó con una sanción disciplinaria de despido por acoso sexual y por ello, en orden a los argumentos expuestos por el accionante, se pronuncia esta Cámara a continuación:

Inexistente infracción al debido proceso. Ejercicio del derecho de defensa por parte del investigado. Características del procedimiento administrativo reglado de acoso sexual en la docencia: Alega el actor como argumento central de su demanda, una serie de conductas procesales que estima provocan la nulidad absoluta del procedimiento administrativo, al violentar el derecho de defensa, debido proceso y el principio de libertad probatoria, los cuales se resumen a continuación: 1.1) Que la resolución que comunica el traslado de cargos no contiene una imputación clara, precisa, circunstanciada y en orden cronológico de los hechos, ya que no se indica la fecha o al menos el día de la semana en que se cometieron los supuestos hechos denunciados, por cuanto los hechos únicamente dicen “a mediados del año 2018”, sin precisar si ocurrieron entre semana o fin de semana, a efecto de determinar su cronología y poder ser analizados conforme a sus horarios como profesor. 1.2) Que el auto de apertura del procedimiento administrativo no indica expresamente qué tipo de procedimiento es el que instruirá, si es ordinario o sumario de la Ley General de la Administración Pública, o si por el contrario, se trata de algún procedimiento especial establecido en el Reglamento de Acoso Sexual del Ministerio de Educación Pública, ya que únicamente cita los artículos 3, 4 y 34 de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y 10, 12 y 13 del Reglamento del Ministerio de Educación Pública. 1.3) En el auto de apertura, no se establece una fecha ni lugar para llevar a cabo la comparecencia oral. 1.4) Que el día de la comparecencia, se recibió el testimonio del joven [Nombre 014] , quien también fue su estudiante, compañero de [Nombre 006] y quien desmintió categóricamente lo denunciado por éste, pero que, no fue tomado como prueba por parte del Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo a la hora de resolver la denuncia presentada en su contra. Afirma, que esa declaración obedece a un testigo presencial y 1.5) Que existe una indebida valoración de la prueba a la hora de tener por probados los hechos denunciados, ya que el menor [Nombre 006] se contradice en su declaración inicial y su declaración ante el Órgano Director del procedimiento. Con fundamento en lo expuesto, sostiene que se presenta una nulidad absoluta del acto de inicio del procedimiento administrativo y los sucesivos que orientan su despido, por lo que de seguido, analiza este Colegio de Juezas cada uno de los alegatos expuestos. Criterio del Tribunal: Para resolver los argumentos que expone el accionante, debemos realizar una breve exposición en torno a los vicios de los actos administrativos, que tienen la virtud de provocar la nulidad absoluta de lo actuado y los que, por el contrario, al amparo del principio de conservación de los actos administrativos, permiten su convalidación, saneamiento o conversión, de modo que se mantiene su vigencia en el tanto, se cumpla el fin público perseguido. En orden a ello, debemos señalar que los actos administrativos, pueden contener vicios de nulidad absoluta o relativa y que, el accionante expone una serie de argumentos con el objetivo de sustentar su postura de calificar de nulidad absoluta los vicios que apunta, pero olvida, que esas calificaciones deben ser razonadas en función de una indefensión real y no solo argumentativa, desde el punto de vista material y no solamente formal, como en efecto realiza. Por ende, ignora la existencia de los actos que contienen vicios de nulidad relativa, entendidos como aquellos que justamente, permiten el cumplimiento del fin de la norma jurídica, pudiendo ser convalidados o saneados dentro del procedimiento administrativo, de acuerdo con la doctrina que informa los artículos 165 y 168 de la Ley General de la Administración Pública, que en su orden disponen: "La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida", y que "en caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto ". Hacemos tal observación, por cuanto el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, cita los supuestos bajo los cuales la sanción del vicio se estima sustancial dentro del procedimiento administrativo y trae como consecuencia la sanción de nulidad, es decir, no cualquier vicio, provoca tal afectación a la validez de los actos y del procedimiento. El artículo en mención indica: "1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento.

Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión". Nótese entonces que al analizar cada uno de los argumentos, esta Cámara de Juezas valorará si efectivamente la acción u omisión acusada por el actor, provoca indefensión, o tiene la virtud de modificar lo resuelto. En términos generales hemos de advertir, que tal y como se desprende de la lectura pormenorizada de los alegatos del actor, no se expone ni un solo argumento que denote y mucho menos demuestre, que exista infracción sustancial que haya tenido la virtud de provocarle indefensión al señor [Nombre 001] , por el contrario, de la revisión del expediente administrativo se desprende que el actor participó activamente del íter procesal, utilizó sendos mecanismos recursivos en contra de las decisiones administrativas y estuvo acompañado desde un principio de una letrada profesional, lo que permiten concluir que éste tuvo muy claro, cuáles eran los hechos endilgados y que la investigación se cursaba con fundamento en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el Decreto Ejecutivo No. 26.180-MEP, Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Educación Pública, el Estatuto de Servicio Civil, con su respectivo reglamento y la Ley de la Carrera Docente. En otras palabras, no basta con alegar la nulidad por la nulidad misma, adagio que se contiene en el principio de la substanciabilidad de las nulidades, y pretender que su sola alegación es suficiente para su declaratoria, debe demostrarse en qué versa la lesión procesal que provoca la indefensión acusada. Valga aclarar, que tampoco la simple mención de normativa, ayuna del ejercicio intelectivo que denote la infracción alegada, satisface el requerimiento apuntado, en el entendido de que no se trata de un simple formalismo argumentativo, sino que la carga de la acreditación de la existencia de la nulidad, en qué consiste, la gravedad de ésta y el impacto en el ejercicio de defensa de la parte o en el desarrollo del procedimiento, exigen una precisión mínima para que la función jurisdiccional revisora de esta sede, valore si, efectivamente, estamos en presencia de vicios que ameriten la máxima consecuencia, a saber, la supresión de su existencia. Señalado lo anterior, de seguido emitimos pronunciamiento en cuanto a cada uno de los argumentos, pese que advertimos que, en ninguno de ellos, se demostró infracción a las reglas del debido proceso. En orden a lo expuesto tenemos, como primer punto, la alegada falta de precisión en torno a hora, día o fecha exacta en que ocurrieron los hechos endilgados, constituye una apreciación restrictiva de la parte respecto del requerimiento de circunstanciación que se exige en actos de esta naturaleza. Este requisito, que básicamente se resume en la necesidad de abarcar un mínimo de detalle respecto al modo, tiempo y lugar de los eventos imputados o a investigar, lo que busca es suprimir la eventual indeterminación de eventos susceptibles de ser analizados en el procedimiento administrativo y permita, consecuentemente, a la contraparte ejercer el respectivo descargo planteando la litis en la clásica triada de que el hecho endilgado es cierto, no lo es, o lo es en parte. Así, la circunstanciación de la pieza imputativa de hechos contenida en el traslado de cargos, sirve de fundamento para que, sobre tales hechos, el investigado ofrezca su descargo, consecuentemente, la imprecisión en alguno de los componentes referidos (modo, tiempo y lugar) puede llegar a imposibilitar que el investigado tenga una imposibilidad material para ubicarse espacio – temporalmente en los eventos sobre los cuales se le atribuye participación y/o responsabilidad, pero, se insiste, tal situación debe ser no solamente alegada de manera superficial por la parte, sino demostrada la relación causal entre tal imprecisión y el ejercicio de su derecho de defensa. En el caso en marras, en virtud de tratarse de un proceso de investigación de acoso sexual contra un menor de edad que no superaba los doce años al momento de los eventos, es decir, la narrativa base de los hechos a investigar proviene de quien aún se encuentra en etapas de desarrollo cognitivo, meses después de ocurridos éstos cuando llega a comprender la conducta indebida desplegada por su profesor, lo que debe ponderarse por parte de quien recibe noticia de los eventos y es responsable de investigarlos. Ahora bien, como se dijo supra, el tema fundamental no es la excesiva precisión que es lo que clama la parte actora con su argumento, sino determinar si la forma en cómo fueron relatados los hechos, la falta de precisión en la temporalidad de éstos, impidió o no al actor, ejercer su derecho de defensa. Analizado los autos, tanto el descargo del accionante, como de la prueba evacuada en sede gubernativa, estima este Tribunal que no existe el vicio de nulidad alegado, si bien es cierto, el contexto no es preciso y concreto, sí permite conocer los detalles de las conductas al ser el relato del menor, lo suficientemente amplio y descriptivo de los hechos, siendo incluso, el insumo esencial, para la emisión del acto de traslado. Nótese, que pese la falta de precisión y exactitud que exige el actor en su alegato, éste pudo defenderse de los hechos endilgados en los términos expuestos, de suerte que no se generó infracción alguna a las reglas del debido proceso, toda vez que se ubicaron los eventos en el año 2018. Se suma además, que al tratarse de un proceso de acoso sexual en perjuicio de un menor de edad, cuyos eventos ocurrieron meses atrás de la fecha de denuncia, es suficiente la imputación e intimación para conocer y contextualizar los hechos objeto de estudio, no constituyendo un óbice a la luz de la ley especial que aplica en la materia, a saber, la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, para su tramitación. En otro orden, es inadmisible el segundo argumento expuesto, al aducir el justiciable que ignoraba si se trataba de un procedimiento ordinario o no, lo cursado en su contra y la norma base. En primer lugar, el actor contó con patrocinio letrado desde un inicio del procedimiento administrativo, lo que impide acoger tal afirmación. La abogada que lo acompañó desde un principio tuvo conocimiento de la naturaleza del procedimiento administrativo. En segundo lugar, es evidente la norma base de proceso, misma que se cita en el auto de traslado de cargos y el propio actor la expone en su demanda. Tampoco indica el actor en qué versa la indefensión de presuntamente "ignorar" si se trataba de un procedimiento ordinario o no, cuando utilizó los remedios procesales, evacuó prueba y fue escuchado por el Órgano Director y Decisor del procedimiento administrativo, tan es así, que prueba ofrecida en la etapa de conclusiones fue admitida y evacuada. Insistimos nuevamente, no basta con alegar, debe acreditarse en qué consiste la indefensión generada, la gravedad de éste y la forma en cómo impactó el ejercicio de sus facultades y derechos como investigado. Así las cosas, no existe infracción alguna en los términos apuntados. Respecto al tercer alegato, relativo a la audiencia oral y privada, acusa que el auto de traslado no se señaló fecha y lugar de su celebración, lo que estima suficiente para estimarlo un vicio de nulidad absoluta, a la luz de precedentes judiciales y/o jurisprudencia de distintos despachos judiciales. Al respecto hemos de advertir, que no cita ni menciona algún extracto de los criterios que invoca en su sustento, mismos que en todo caso, no son vinculantes para esta Cámara, al tenor del principio de independencia judicial, consagrado en el texto del artículo 154 Constitucional. Tampoco cita algún voto de la Sala Constitucional, para entender que amparado al artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, su resolución es vinculante. Señalado lo anterior, solo resta indicar que, nuevamente, la parte se limita a invocar vicios de nulidad sin explicar en qué consiste la infracción al debido proceso y derecho de defensa, es decir, cómo le afectó tal situación al ejercicio de tutela de sus intereses. Por el contrario, de la revisión del expediente, tenemos que el auto de traslado de cargos fue notificado al actor, en fecha 4 de junio del año 2019 y en fecha 17 de junio del año 2019, éste se apersona al expediente rechazando los cargos, oponiendo la defensa de prescripción e incidente de nulidad. Asimismo, ofrece prueba y concede poder especial a la licenciada Jennifer Carvajal Monge. Es mediante el oficio DGD-UPE-1289-2019, del 15 de julio del 2019, que se le notifica a la Licda. Jennifer Carvajal Monge, apoderada del actor, acerca de la audiencia para evacuar las pruebas de cargo y descargo ofrecidas, siendo señaladas las 09:30 y 10 horas, del día 23 de julio del 2019. No obstante, la diligencia es reprogramada para el día 26 de julio del año 2019, debido que a través del oficio DREP-SCEOS-LDCC-0140-2019, de fecha 15 de julio del 2019, el Msc. [Nombre 028], Director del Liceo [...], se dirige a la funcionaria del Ministerio de Educación, Magaly Molina Rojas, y indica que: "En respuesta a el oficio DGD-UPE-1288-2019, una vez contactada a la señora [Nombre 012] , cédula de identidad [Valor 002] , madre del menor [Nombre 006] , me indica que el joven está citado ese mismo día en la Fiscalía de Pavas a las 10:00 a.m., por tal razón solicito sus buenos oficios con la finalidad de que se pueda reprogramar la audiencia, ya sea, para ese mismo día en horas de la tarde u otro día". En efecto, al tenor de los autos, la reprogramación fue atendida correctamente, toda vez que en fecha 23 de julio del 2019, el menor rindió declaración ante la Fiscalía del PISAV de Pavas. Nótese entonces que la audiencia oral y privada cumplió el plazo de quince días de antelación para su celebración, conforme lo dispone el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública, por lo que no se desprende en esos términos, infracción alguna, máxime que, el actor pudo ejercer su derecho de defensa y es más, en fecha 31 de julio del 2019, la representación del actor, la licenciada Jennifer Carvajal Monge, rinde conclusiones dentro del procedimiento administrativo número 432-2019 y ofrece la declaración de dos testigos, con el carácter de prueba para mejor resolver, mismos que son admitidos para ampliar el elenco probatorio del actor, de toda suerte que más allá de perjudicarlo, se le benefició aún y cuando, ofreció prueba tardía dentro del expediente. En consecuencia, tampoco le asiste la razón en los reproches que formula con relación a la fijación y convocatoria de la audiencia oral y privada. En otro orden y como cuarto argumento, aduce que el día de la comparecencia, se recibió el testimonio del joven [Nombre 014], quien también fue su estudiante, compañero de [Nombre 006] y quien desmintió categóricamente lo denunciado por éste, pero que, no fue tomado como prueba por parte del Órgano Decisor del Procedimiento Administrativo a la hora de resolver la denuncia presentada en su contra. Afirma, que esa declaración obedece a un testigo presencial. Al respecto, hemos de iniciar realizando una necesaria observación. El joven [Nombre 014] no es testigo presencial de los hechos que ameritan el traslado de cargos, toda vez que éstos ocurrieron en la casa del actor y sin la presencia de nadie más que su persona y el entonces niño [Nombre 006] , esto es, el hecho que el joven [Nombre 014] se refiera a la conversación que giró en torno al concepto de pornografía, no significa ni lo convierte en testigo presencial de los hechos que generan el procedimiento administrativo sancionatorio. Tampoco es correcta la afirmación en torno a la falta de valoración de esa prueba al momento de analizar el Órgano Decisor el elenco probatorio, ya que insistimos, éste testigo no es presencial de los hechos endilgados en calidad de acoso sexual, sino que se refiere a otro contexto de conversación acerca de sexualidad. No está de más advertir que, en el acto final, sí se realiza un análisis de la declaración del testigo dicho y para su ilustración, citamos el siguiente extracto: "Si analizamos lo testificado por [Nombre 006] no existe incongruencia por cuanto él siempre se refiere a horas de la tarde y el único elemento que describe de más es al señalar que los hechos se dieron a las seis de la tarde por consiguiente no hay ninguna variación en el horario o en el lapso de tiempo. En relación al lapso de tiempo según imputación de cargos en lo que interesa; los hechos se dieron a mediados del año 2018 a partir de la tarea de inglés lo que es acorde con lo mencionado por [Nombre 014] en la evacuación de prueba "recuerda usted si en la materia de inglés les dejaron un trabajo de buscar imágenes ... Y de ser así para que fecha sí lo recuerda ... sí recuerdo que lo dejaron pero no me acuerdo de la fecha. Cómo a mediados de año tal vez". Así las cosas, al haberse valorado por el Órgano Decisor la declaración rendida por el testigo de descargo en lo que resulta útil, esto es, únicamente respecto a hechos que haya presenciado, se rechaza el argumento. Por último, reprocha el accionante que la prueba relacionada con la declaración de la presunta víctima, el entonces niño [Nombre 006], presenta inconsistencias en los diferentes momentos en que relató los hechos, esto es, ante la orientadora, ante la Fiscalía y ante el Órgano Director, lo que le permite, según su juicio, descalificar la validez de la misma. Este Tribunal no comparte tal conclusión, por las razones que explicamos a continuación. En primer lugar, debemos subrayar que el procedimiento especial reglado en la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley número 7476, del 03 de febrero de 1995, dispone respecto a la valoración de la prueba, lo siguiente: "Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia; ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común, atendiendo los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual. En caso de duda se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona denunciante, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad". La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado respecto a los alcances del numeral de recién cita, que:"...El hecho de que el testigo haya declarado que nunca ha observado al accionado en algún aposento con alguna de las empleadas y que tampoco lo ha escuchado expresar comentarios con trasfondo sexual, no excluyen la posibilidad de valorar como cierta la denuncia. Tampoco significa que se haya realizado una ponderación fraccionada de su testimonio. Como se advirtió, la prueba de hechos de este tipo es muy difícil, en tanto lo normal es que la persona que incurre en estos comportamientos procura realizarlos en un ámbito privado, dada su connotación negativa y reprobación social. Condiciones como las expuestas, que evidencian concordancias entre un elemento de prueba y otro, son las que permiten considerar la veracidad de los hechos relatados por la persona víctima, sin que en el caso se esté sobredimensionando la presunción de veracidad (...) En cualquier caso, las situaciones de duda deben fallarse a favor de la posible víctima, según se colige del artículo 22 transcrito de la Ley 7476". (Sentencia número 2020-1616, de las 12:05 horas del 28 de agosto del 2020). Por último, resulta de relevancia traer a colación lo dispuesto en el Código de Niñez y Adolescencia, en el cual, en materia de interpretación del principio del interés superior del menor , ha de ponderarse, entre otros factores, la edad, el grado de madurez, la capacidad de discernimiento y demás condiciones personales del menor (artículo 5.b), en concordancia con el artículo 125 del mismo cuerpo normativo que regula la forma especial en que debe evacuarse la declaración de un menor de edad. Así, no es dable realizar una valoración ordinaria a la declaración del menor, en términos de consistencia y coherencia que pretende exigir la parte actora. Ahora bien, siguiendo la misma línea que hemos expuesto atrás, veamos el peso de las inconsistencias que alegan las partes, ello frente al ejercicio efectivo del derecho de defensa del accionante. Teniendo claras las reglas de la valoración de la prueba, tenemos que revisados los tres momentos procesales apuntados, encontramos que todos son lineales, coherentes y armónicos, pese que en alguno de éstos no se precisan tres eventos sino que el relato es llevado por el declarante bajo una misma línea temporal. Tal imprecisión no tiene la virtud de provocar la invalidez de la declaración de la víctima, máxime que en lo que atañe a las conductas reprochadas en sí, encontramos que las declaraciones son concordantes. Veamos, las tres declaraciones hacen referencia a la búsqueda de imágenes para tareas, a que los hechos ocurrieron en el año 2018, a mediados de año y después de las vacaciones, que fueron en la casa del docente, también refieren al trabajo de inglés que ameritó la visita del menor, la presentación en bóxer del docente ante el menor, el tocamiento, el pedimiento de un beso, así como el comentario relativo las relaciones sexuales que mantenía con su pareja. No está de más hacer notar, que al declarar ante el Órgano Director, el menor describió el inmueble habitado por su profesor donde ocurrieron los hechos, descripción que no fue desvirtuada. Sin duda, respecto a los comportamientos de acoso sexual, las descripciones son coherentes y solamente en la declaración ante el Órgano Director, se desprenden dos días y no tres en los cuales sucedieron los hechos, pero ello deriva del relato que lleva el menor, no así, que haya sido cuestionado en torno a la temporalidad de éstos ni que se le haya preguntado expresamente, cuántos días presenció conductas de acoso sexual. Desde esta perspectiva, si bien puede haber diferencias en torno a las condiciones de modo y lugar, esta Cámara considera no solo la edad de la presunta víctima, sino también su capacidad de expresión, su desarrollo cognitivo, amén que los puntos centrales presentan congruencia, resultando que no se logran identificar ni en aquella sede ni en ésta, elementos de convicción que revelen eventuales contradicciones o superposiciones con otros eventos que justifiquen, de manera objetiva, la estancia privada entre el actor y el menor de edad, o en general, que demostrasen la inexistencia del comportamiento descrito por la víctima denunciante o la dinámica interpersonal entre ambos que no sea la investigada y acreditada en sede gubernativa. No está de más indicar, que de las declaraciones se obtiene el nivel de convicción suficiente para motivar la falta grave, que en su momento derivó en el despido del actor. Se comprende que hubiera sido idónea una absoluta congruencia en todos los extremos, pero tal requerimiento no resulta posible en las situaciones como las que aquí se analiza, donde la característica probatoria de este tipo de procedimientos es, usualmente, sino que, por definición, indiciaria. Asimismo, tomando en consideración los aspectos señalados líneas atrás, se pondera que las declaraciones distan temporalmente entre una y otra, y no es viable exigir a un menor de tan solo once o doce años, que precise con sumo detalle eventos respecto a los cuales han transcurrido varios meses y que de por sí, resultan reprochables. Por el contrario, las reglas de la experiencia nos permiten concluir, que si exigiéramos mayor detalle en el relato del menor de edad, nos podríamos encontrar en un escenario que revela una mayor afectación para el menor, o se violentaría el requerimiento de no revictimización, el cual forma parte de los derechos del menor de edad. En consecuencia, no observa este Tribunal, ninguna infracción al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de libertad probatoria o valoración de la prueba en los términos aducidos por la parte actora en el presente proceso.

Improcedencia de la declaratoria de nulidad de los actos impugnados, reinstalación y reconocimiento de daños y perjuicios: En virtud de no asistirle la razón en sus argumentos y siendo que este Tribunal concluye que los actos administrativos impugnados son sustancialmente conformes al ordenamiento jurídico, se rechazan en todos sus extremos las pretensiones anulatorias, indemnizatorias y de reinstalación en una plaza interina cuyo plazo de nombramiento ha fenecido, razón por la cual, carece de todo interés, entrar a valorar la prueba documental y testimonial aportada para tales efectos.

Sobre la inexistente prueba de la incorporación del actor en el Registro de inelegibles del Servicio Civil y la aplicación de una sanción perpetua: En el acto final que dispone el despido del actor, a saber, la resolución 4259-2019 de las 07:17 horas del 09 de setiembre del año 2019, dictada por la Ministra de Educación, además de la sanción de despido, se dispone lo siguiente: "...3. Solicitar a la Dirección General del Servicio Civil, se valore la posibilidad de incluir al señor [Nombre 001] , en el Registro de inidoneidad para el desempeño de puestos públicos". El accionante formula como pretensión en su demanda, que: " Se levante de forma inmediata la sanción perpetua interpuesta en mi contra y se me permita estar en el Registro de Elegibles del Servicio Civil y dentro del Ministerio de Educación Pública", no obstante, no se aportó ningún elemento probatorio que permita concluir: 1) que la solicitud  formulada por el Ministerio de Educación al dictar el acto final del procedimiento administrativo, haya sido cursada por la Dirección de Servicio Civil, 2) que la valoración realizada por la Dirección de Servicio Civil, sea la incorporación del actor al registro de inelegibles y 3) que la incorporación del señor [Nombre 001] al registro de ineligibles sea perpetua. Tal escenario, impide que esta Cámara de Juezas analice los alcances de una petición emitida por el Ministerio de Educación Pública, cuyos efectos son ignorados y versa en una simple conjetura del accionante del presente proceso. Ahora bien, no está de más señalar, que la comunicación de la señora Ministra a la Dirección de Servicio Civil acerca de la aplicación de una sanción disciplinaria obedece, al cumplimiento de un deber formal, contenido en el artículo articulo 9 inciso d) del Estatuto del Servicio Civil, pero que, tratándose de la condición de idoneidad de un servidor público, la Administración activa está en la obligación de verificar tal condición, al amparo de lo dispuesto en el artículo 192 Constitucional. Justamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha advertido en la materia que: "La inidoneidad a los funcionarios públicos que fueron despedidos de su puesto sin responsabilidad patronal tiene como fin proteger a la Administración Pública en relación con la aptitud moral de las personas que en algún momento infringieron la normativa del Estatuto de Servicio Civil, por lo que quedan condicionados a determinado plazo los futuros nombramientos en el Poder Ejecutivo bajo ese régimen. Toma en cuenta la Sala que por sentencia número 2001-12005 de las 9:27 horas del 23 de noviembre de 2001, se indicó que: " (…) Tiene efectivamente un claro sentido señalar que la idoneidad de los servidores públicos no solamente debe entenderse en un sentido específico, "académica" o "física" por ejemplo, sino que debe más bien asumirse como una conjunción de elementos o factores de diversa índole que, valorados en su conjunto producen que una persona resulte ser la más idónea para el cargo. Más aún, realmente no concibe la Sala la forma en que pudiera dejarse de considerar la necesaria "aptitud psicológica" no solo en términos generales de "estabilidad" o "normalidad", sino en lo que se refiere a las condiciones o "aptitudes específicas" que ciertos puestos requieran de modo necesario para ser ejercidos con eficiencia. Se trata entonces a juicio de la Sala de un medio adecuado y proporcionado de obtener el fin constitucional fijado en los artículos 191 y 192 Constitucionales, en tanto viene a complementar como se explicó los demás aspectos de la idoneidad; y esta misma razón la que hace que mantenga una primacía –en este caso concreto- frente a los otros derechos constitucionales que el recurrente considera involucrados en esta controversia, a saber, derecho a la igualdad de trato y derecho al trabajo, ello en el tanto que la aptitud psicológica, debe estimarse parte integrante de la idoneidad exigida por la propia Constitución Política, según se explicó. Para concluir sobre este punto cabe señalar que, como en efecto lo señala el Director General del Servicio Civil, el Estatuto sí incorpora dentro de sus reglas la necesidad de la demostración –de forma amplia- de la idoneidad para el cargo y con ella la exigencia de comprobación de la idoneidad psicológica". Ahora bien, el artículo 9 inciso d) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil estatuye, como requisito para ingresar al Servicio Civil, no haber sido destituido por infracción de las disposiciones del Estatuto, del presente Reglamento o de los reglamentos autónomos respectivos en los tres años anteriores a la fecha de ingreso, o en un plazo mayor, si a juicio de la Dirección General, la gravedad de la falta lo amerita. La razón de tal medida contenida radica en la necesidad de que en el ámbito de las instituciones públicas, se resguarde y proteja de una manera más bien estricta tales valores de ética y probidad respecto de quienes están a cargo del manejo de la cosa pública. Como se colige de la jurisprudencia supracitada, cuando se trata de personas que van a servir intereses públicos, es admisible que se endurezcan las exigencias y se exija el cumplimiento de un determinado bagaje de deberes éticos y morales, por lo que resulta correcto fijar como parte de las condiciones para el ejercicio del cargo. Así, la citada norma determina una inidoneidad temporal a los funcionarios públicos que fueron despedidos de su puesto sin responsabilidad patronal y su único fin es proteger a la Administración Pública en relación con la aptitud moral de las personas que en algún momento infringieron la normativa del Estatuto de Servicio Civil, por lo que quedan condicionados a determinado plazo los futuros nombramientos bajo ese régimen". (Sentencia número 2012-8483, de las 11:45 horas del 22 de junio del 2012). De lo transcrito, queda claro que el funcionario público que resulte idóneo para un puesto supone la incorporación de deberes morales y éticos que garanticen transparencia y objetividad en su actuar en nombre y representación de la Administración activa, en resguardo de los intereses del Estado y ello incorpora, los derechos de los administrados, máxime, cuando interviene el interés superior del niño, por lo que la existencia de un registro de inelegibles no es contrario a derecho. Ahora bien, retomando la línea argumentativa del actor, al no existir prueba alguna de la incorporación del actor al registro de inelegibles y la condición de tal declaratoria por parte de la Dirección de Servicio Civil, se rechaza la pretensión formulada.

Sobre la defensa de falta de derecho: En atención al análisis realizado en el considerando anterior, se declara con lugar la defensa interpuesta por el Estado, por no encontrar asidero alguno la demanda del actor y sus pretensiones en el cuadro fáctico, elenco probatorio y argumentativo objeto de análisis.

De la condenatoria en costas: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado que motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, por lo que son las costas procesales y personales a cargo del actor.

Se acoge la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por [Nombre 001] en contra del Estado. Son ambas costas a cargo del actor.-

Claudia Bolaños Salazar

Amy Miranda Alvarado      Carlos José Mejías Rodríguez

*NMB0NPJBBGE61* NMB0NPJBBGE61CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A

*WARIKSJ9JR861* WARIKSJ9JR861CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A

*10M4DAQMHJU61* 10M4DAQMHJU61AMY MIRANDA ALVARADO - JUEZ/A DECISOR/A

EXP: 20-000382-1027-CA

Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 (EXT 01-2707) ó 2545-0099 (EXT 01-2599). Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr