Resolución 00036-2021

Que la parte actora compareció ante esta jurisdicción a solicitar según se desprende del escrito de demanda interpuesta el 5 de noviembre del 2015 y de acuerdo con las pretensiones fijadas en audiencia preliminar, lo siguiente: “PRETENSION PRINCIPAL:

Se declare la invalidez (nulidad) de la resolución DDC-001-2014, emitida por la Dirección de Defensa Comercial (DDC), en su calidad de Autoridad Investigadora (Al), a las 10:00 horas del 06 de febrero del 2014 (acto de inicio del procedimiento y ordena la apertura de la investigación).

Se declare la invalidez (nulidad) de la resolución DDC-OF-044-14, de 03 de noviembre de 2014, confirmada por la resolución del señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, N° DM-058-2014, de las 14 horas del 21 de noviembre del 2014, mediante la cual se rechazó o denegó prueba pertinente y relevante ofrecida por la parte actora.

Se declare la invalidez (nulidad) de la resolución N° DM-001-2015, emitida por el Ministro de Economía, Industria y Comercio, a las 14:00 horas del 05 de enero del 2015 (resolución final del Ministro del Ramo que resuelve e impone la medida definitiva de salvaguardia sobre las importaciones de "Arroz Pilado").

Se declare la invalidez (nulidad) de la resolución N° DM-0006-2015 emitida por el señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, a las 9 horas del día 18 de febrero del 2015.

Se declare la invalidez (nulidad) de cualquier conducta de implementación o ejecución de todas y cualquiera de las aquí impugnadas, y cuya invalidez haya lesionado o lesione los derechos subjetivos o intereses legítimos de la empresa actora.

Se declare la invalidez (nulidad) de cualquier conducta conexa a las impugnadas y cuya invalidez haya lesionado o lesione los derechos subjetivos o intereses legítimos de la empresa actora.

Se ordene al Estado, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar los derechos subjetivos, los intereses legítimos, o cualquier situación jurídica actual o potencial de la empresa actora, a causa o consecuencia de las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, dentro del procedimiento incoado para establecer e impugnar la salvaguardia, cuya disconformidad con el ordenamiento jurídico, o en su caso, la invalidez o nulidad ha sido pedido en los extremos anteriores.

Se restablezcan y reconozcan todas las situaciones jurídicas lesionadas a la empresa actora, con la o las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a causa o consecuencia del procedimiento administrativo incoado y de las resoluciones administrativas adoptadas, cuya disconformidad con el ordenamiento jurídico, invalidez (nulidad) se solicita.

Se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios producidos, que se detallan y cuantifican prudencial y provisionalmente a la fecha de hoy de la siguiente manera: a. - Se originan tales hechos con motivo de la solicitud, trámite de la imposición de la salvaguardia impugnada. b. Consisten en la lesión patrimonial y empresarial causada por una obligada restricción o impedimento fáctico-comercial para continuar importando arroz pilado de diversos países. c. Se estiman de manera prudencial y provisional a esta fecha en las sumas siguientes: c-1-Daño: Se estima en la suma de ciento setenta y siete (177) millones de colones. c-2-Daño emergente: Se estiman en la suma de setenta y dos (72) millones de colones. c-3.-Por concepto de los perjuicios, ganancias dejadas de percibir, se estima la suma de ciento veinte (120) millones de colones. C-4.-Por la pérdida de oportunidad en lo que respecta al crecimiento de nuestro negocio y de las contrataciones eventualmente realizadas, la suma de doscientos cincuenta (250) millones de colones. c-5.-Por Daño Moral Objetivo ocasionado a la empresa, para el cual solicitó la suma de ciento cincuenta (150) millones de colones.

Que todas las sumas pagadas de más por mi representada como consecuencia de las conductas administrativas aquí impugnadas le sean devueltas, junto con los intereses de ley que corresponden.

Que dichas indemnizaciones, se cancelen a valor presente hasta el día de su pago efectivo y que, en su caso, se indexen a partir de su definición en forma líquida y hasta su pago efectivo.

Que dichas sumas indexadas, devengarán intereses netos en calidad de perjuicios financieros, desde el acaecimiento del hecho dañoso y hasta su efectivo pago.

Se condene a la parte demandada al pago de ambas costas y sus intereses hasta su efectivo pago”. Además, se presentaron las siguientes pretensiones subsidiarias: “En el remoto caso de que la pretensión principal no fuese acogida, solicito que:

Se recalcule el monto de la salvaguardia con el tipo de cambio correcto y se establezca en el 2,54 % como corresponde para el arroz de 95%.

Se establezca la medida de salvaguardia que corresponde a cada uno de los distintos tipos de arroz, como por ejemplo 90%, 85%, 80% grano entero, etc. de conformidad con la metodología de equiparación de costos utilizada y con el precio regulado de cada uno de ellos y no con base en el precio regulado del arroz de 95%.

En virtud de que no se justificó por parte de la Al el periodo durante el cual se debía establecer la salvaguardia, siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se solicita modificar la medida de salvaguardia tomada, de modo que rija durante un periodo siempre inferior a 4 años, que es el periodo máximo posible para una salvaguardia.

Que se condene al Estado al pago de todos los daños y perjuicios ocasionados, conforme se desglosan y estiman en la pretensión principal.

Que todas las sumas pagadas de más por mi representada como consecuencia de las conductas administrativas aquí impugnadas le sean devueltas, junto con los intereses de ley que corresponden.

Que dichas indemnizaciones, se cancelen a valor presente hasta el día de su pago efectivo y que, en su caso, se indexen a partir de su definición en forma líquida y hasta su pago efectivo.

Que dichas sumas indexadas, devengarán intereses netos en calidad de perjuicios financieros, desde el acaecimiento del hecho dañoso y hasta su efectivo pago.

Se condene a la parte demandada al pago de ambas costas y sus intereses hasta su efectivo pago". (Imágenes 96 a 98 del expediente judicial, así como audio de la audiencia preliminar).

Por medio de resolución 267-2016-I de las 10:49 horas del 5 de julio de 2016, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ordenó la integración de la asociación ANINSA y de las empresas CACSA y Coopeliberia RL. (Imágenes 408 y 409 del expediente judicial).

El Estado contestó negativamente la demanda y oponiendo las defensas de falta de derecho. (Imagen 410 a del expediente electrónico).

Por medio de escrito de fecha 8 de junio 2016, la Asociación de Consumidores de Costa Rica, presenta tercería con pretensiones propias, siendo éstas confirmadas en audiencia preliminar: “a) Se declare con lugar la tercería en todos sus extremos. b) Que se declare que la salvaguarda perjudica a los consumidores y sobre todo a los de menor ingreso económico y por lo tanto debe eliminarse. c) Que se anulen o se invaliden todas las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Dirección de Defensa Comercial previas o preparatorias a la adopción de la salvaguardia al arroz pilado que se impugna. Entre otras la siguiente: - DDC-001-2014, emitida por la Dirección de Defensa Comercial (DDC), en su calidad de Autoridad Investigadora (Al), a las 10:00 horas del 06 de febrero del 2014 (acto de inicio del procedimiento u ordena la apertura de la investigación). d) Que se declare la invalidez y nulidad de las resoluciones número DM-001-2015 y DM-006-2015 dictadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que dieron lugar a la imposición de la medida de salvaguardia. e) Que se declare la invalidez y nulidad del Decreto Ejecutivo 38884-MEIC que fijó los precios mínimos y máximos en todas las calidades de arroz y en todas las etapas de comercialización y a su vez considero contraria a la regulación de precios cualquier practica comercial que pretenda desvirtuar la intención del legislador en tal materia; algunas de esas prácticas son: bandeo, sorteos, promociones, ofertas y otras similares. f) Se declare la invalidez o nulidad de cualquier conducta de implementación o ejecución de todas y cualquiera de las resoluciones o conductas impugnadas, y cuya invalidez haya lesionado o lesione los derechos subjetivos o intereses legítimos de los consumidores. g) Se declare la invalidez o nulidad de cualquier conducta conexa, derivada o consecuente a las impugnadas y cuya invalidez haya lesionado o lesione los derechos subjetivos o intereses legítimos de los consumidores. h) Se ordene al Estado, abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta que pueda lesionar los derechos subjetivos, los intereses legítimos, o cualquier situación jurídica actual o potencial de los consumidores, a causa o consecuencia de las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, dentro del procedimiento incoado para establecer e impugnar la salvaguardia, cuya disconformidad con el ordenamiento jurídico, o en su caso, la invalidez o nulidad ha sido pedido en los extremos anteriores. i) Se restablezcan y reconozcan todas las situaciones jurídicas lesionadas a los consumidores, con la o las conductas administrativas adoptadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a causa o consecuencia del procedimiento administrativo incoado y de las resoluciones administrativas adoptadas, cuya disconformidad con el ordenamiento jurídico, invalidez (nulidad) se solicita. j) Que se devuelva el sobreprecio establecido por esta salvaguardia a los consumidores y que se establezca en ejecución de sentencia la forma en que se haga dicha devolución”. Acompañando con las siguientes pretensiones subsidiarias: “En el caso de que la pretensión principal no fuese acogida, solicito que:

Se recalcule el monto de la salvaguardia con el tipo de cambio correcto y se establezca en el 2,54 % como corresponde para el arroz de 95%.

Se establezca la medida de salvaguardia que corresponde a cada uno de los distintos tipos de arroz, como por ejemplo 90%, 85%, 80% grano entero, etc. de conformidad con la metodología de equiparación de costos utilizada y con el precio regulado de cada uno de ellos y no con base en el precio regulado del arroz de 95%.

En virtud de que no se justificó por parte de la Autoridad Investigadora el periodo durante el cual se debía establecer la salvaguardia, siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se solicita modificar la medida de salvaguardia tomada, de modo que rija durante un periodo siempre inferior a 4 años, que es el periodo máximo posible para una salvaguardia.

Solicito se elimine del Decreto mencionado de fijación de precios del arroz pilado la regulación del precio mínimo del arroz y se apliquen únicamente los precios máximos.

Se solicita que se elimine del Decreto 38884-MEIC la prohibición que impide hacer promociones de cualquier tipo en favor de los consumidores y que se permitan todas ellas sin restricción.

En caso que no se concedan la pretensiones anteriores, se solicita que se suspenda la aplicación de la medida de salvaguardia para el arroz de calidades de 80% e inferiores que es el que consumen los costarricenses más pobres.

Que en el caso que no se concedan las pretensiones principales anteriores, se fije en sentencia con auxilio pericial la metodología y límites de la discrecionalidad técnica para el ejercicio y realización de los estudios económicos que calcularan los valores de los parámetros que deben ser establecidos a la hora de implementar las pretensiones, en particular los porcentajes para cada tipo de arroz y el plazo de vigencia de la medida de salvaguardia.

Solicito se condene a la parte demandada al pago de ambas costas y sus intereses hasta su efectivo pago”. (Imágenes 3583 del expediente judicial, así como audio de la audiencia preliminar).

Que por medio de escrito de fecha 24 de abril de 2017, la asociación ANINSA y las empresas codemandadas CACSA y Coopeliberia RL, bajo una sola representación legal y un único escrito de contestación, rechazan la demanda y alegan las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa en relación con la alegada indefensión de sujetos no llamados al procedimiento. (Imagen 3847 a 3908 del expediente judicial).

Que por medio de la resolución 17-2018-I de la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de los Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se ordenó la suspensión de la medida de salvaguarda establecida en la resolución DM-001-2015 y reajustada por resolución DM-006-2015, a partir de la publicación de lo resuelto en el diario oficial La Gaceta. (Imágenes 4100 y 4101 del expediente judicial digital).

Se realizó una primera parte de audiencia preliminar en fecha 30 de noviembre de 2018, en el cual se resolvió sobre la admisibilidad de la tercería con pretensiones propias, aceptando ésta y emplazando a las partes demandadas para que se pronunciaran sobre ésta y suspendiendo la tramitación de la audiencia para cumplir con dicho emplazamiento. (Imágenes 4271 a 4272 del expediente judicial digital).

El Estado y las empresas codemandadas por medio de escrito de fecha 19 de diciembre de 2018, contesta negativamente la tercería con pretensiones propias y alegan la excepción de falta de derecho, agregando las empresas codemandadas la excepción de falta de legitimación pasiva (Imágenes 4275 a 4287 del expediente judicial).

En fecha 22 de febrero de 2019, se reanuda la audiencia preliminar, se establecieron las pretensiones de la demanda y tercería, se establecieron los hechos controvertidos, se admitió la prueba y se remitió el asunto a juicio. (Imágenes 4354 a 4365 del expediente judicial digital).

Que en fecha 3 de marzo de 2021, la representación de las empresas codemandadas plantean un hecho nuevo y ofrece prueba documental. (Imágenes 4475 a 4479 del expediente judicial digital).

El juicio oral y público se realizó los días 4, 5, 9 y 22 de marzo 2021, con la presencia de todas las partes bajo la modalidad virtual mixta de la actora y tercerista. Se realizaron aspectos de saneamiento, se recibió prueba para mejor resolver de la representación de las empresas codemandadas que corresponde al escrito de fecha 3 de marzo 2021, y la parte actora ofreció contraprueba que presentó vía gestión en línea durante la propia audiencia el día 4 de marzo 2021, aceptándose ambas pruebas y además, se declaró inevacuable la declaración de Alberto Trejos Zúñiga. Durante el resto de la sesión y los dos días posteriores se recibió la prueba de interés, debiéndose habilitar la sesión del 22 de marzo dada la existencia de complicaciones de salud de la testigo funcionaria Melisa Amador Rojas. Finalizada la última declaración de la testigo funcionaria común, Odalys Vega, se concedió plazo de cinco días para emitir conclusiones por escrito, resolución que fue dada de manera oral en audiencia y notificada ahí mismo a las partes conforme el 88 del CPCA, y fundamentándose en atención a los protocolos de salud, se declaró el expediente como muy complejo de conformidad con el canon ciento once del Código Procesal Contencioso Administrativo. El plazo de conclusiones fue suspendido en ocasión del cierre colectivo de semana santa, finalizando efectivamente el día 5 de abril 2021. (Imágenes 4480 a 4962 del expediente judicial digital, así como audio y video de las sesiones de juicio oral y público en el sistema SIGAO).

En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia dentro del plazo legal. Se dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación.

Redacta el juez Mejías Rodríguez, con el voto positivo de las juezas Bolaños Salazar y Gómez Chacón, y

ACLARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Y DE LA PRUEBA QUE OBRA EN AUTOS: En la sesión de juicio oral y público realizada el día 4 de marzo 2021, el Tribunal hizo la acotación de varias situaciones relacionadas con la conformación tanto del expediente judicial digital, como de la prueba física y respaldada en CD. Al respecto y con la finalidad de que las partes tengan coherencia en la identidad del señalamiento de folios de lo señalado en esta sentencia, se aclara que dentro del conglomerado de datos que descarga el visor de expediente virtual, el marcador identificado como 29 bajo la configuración de carátula al final del documento y sin orden descendiente, señalado como “Incorporar Escrito - 17 FOL, 1 COP C/ CD, COP SIMP DOCUM VAR PRUEB,. NOT SE EXTR 22 ARCHIV ADJ 1CD, 1 INFORME DE IMPACTO /Agregar documento - 19 May 2016 10:06AM” y que corresponde a un archivo en formato PDF de 113 páginas denominado “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica”, posee un formato incompatible con el visor, por lo que genera un error a la hora de descargar de manera completa el expediente, por lo que es omitido y tramitado de manera separada, con lo que la numeración del expediente judicial no cuenta con dichos folios, aclarando además de que este archivo está contenido en el CD de prueba identificado como N°

Referente a los expedientes administrativos, correspondientes a 16 tomos, se verificó que en realidad se trata del expediente administrativo DDC-002-2013 repetido en dos tantos iguales (8 por cada versión) y que se encuentra además escaneado en el CD identificado como prueba N° 4, aunque se advierte que dicho escaneo presenta la omisión de varios folios. Asimismo, con verificación de las partes, se encontró que el CD identificado como prueba N° 8, se encuentra en vacío, mas éste conforma una copia, junto con los CDs marcados como 9, 10 y 11 y que contienen las grabaciones de audiencia oral y pública dentro del expediente administrativo DDC-002-2013, y que está, de manera completa, visible en los CD’s marcados como prueba N° 1, 2 y 3, información que fue confirmada por las partes a viva voz.

SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La representación del Estado y de las empresas codemandadas presentaron un documento denominado DM-CER-001-21 que corresponde a oficio de la Ministra del MEIC Victoria Hernández Mora, mientras que la parte actora presentó en réplica a este documento el oficio DM-OF-078-20, elaborado por la misma Ministra, ambas relacionadas con pronunciamientos de la funcionaria sobre el mantenimiento o no de los efectos de la medida de salvaguarda, una vez finalizado el presente asunto. Al respecto, valorado los autos, estima esta Cámara que ambas pruebas ofrecidas resultan pertinentes para la resolución del presente caso, y en ese sentido, se aceptan las mismas como prueba para mejor resolver de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 del Código Contencioso Administrativo.

III.-

Se tienen como hechos probados para el presente proceso los siguientes:

Que en diciembre del 2013, la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA) en representación de la “rama de producción nacional” (RPN de ahora en adelante), concretamente de las empresas, en aquél momento asociadas Cooperativa de Productores Independientes de Liberia, R.L. (Coopeliberia) y Corporación Arrocera Costa Rica, S.A. (CACSA) presenta ante la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), una solicitud de investigación para establecer una medida de salvaguardia para la agroindustria de arroz pilado. (Folios 23 a 57 del expediente administrativo).

Que en fecha 7 de enero de 2014, se emite el informe DDC-INF-001-14 denominado “Informe sobre cumplimiento de requisitos: Rama de Producción Nacional incisos a-e, k-o y ultimo párrafo del artículo 10 del RC” elaborado por Laura Villalobos Sánchez y revisado por Odalys Vega Calvo, en el cual se concluye que “i. De acuerdo con los artículos 1, 5 y 9 del RC, no es posible determinar con la información aportada que la solicitud efectivamente haya sido hecha en representación de la RPN. Por lo tanto, se requiere que ANINSA presente la información y documentación mencionada en el presente informe. ii. En cuanto a los requisitos del artículo 10 del RC objeto de este informe, la solicitud cumple adecuadamente lo establecido en los incisos a, c, e, k, m, n, ñ, o. Sin embargo, se debe prevenir al solicitante completar o aclarar, de conformidad con lo señalado en el presente informe, lo requerido en los incisos b, d,

Asimismo, se requiere que ANINSA aporte las copias de la solicitud indicadas en el último párrafo del artículo 10 del RC”. (Folios 6 a 14 del expediente administrativo).

Que en fecha 8 de enero de 2014, se realiza el informe económico identificado como DDC-INF-002-14, requiriendo información adicional. (Folios 1 a 5 del expediente administrativo).

Que en fecha 9 de enero de 2014, se realiza prevención de saneamiento de la solicitud planteada, la cual fue aportada por la solicitante en escrito de fecha 13 de enero de 2014. (Folios 17 a 21 y 58 a 218 del expediente administrativo).

En fecha 4 de febrero de 2014, se emite el informe DDC-INF-003-14 elaborado por Laura Villalobos Sánchez y revisado por Odalys Vega Calvo, denominado “Informe sobre cumplimiento de los puntos I-IV, XI-XII del auto de prevención” el cual concluye que “i. De acuerdo con los artículos 1, 5 y 9 del RC, se determina que la solicitud ha sido presentada en representación de la RPN. ii. ANINSA cumplió satisfactoriamente los requisitos del artículo 10 del RC objeto de este informe”, declarando parte de la información aportada como confidencial. (Folios 220 a 226 del expediente administrativo).

El mismo día se emite el informe DDC-INF-004-14 denominado “Informe Económico cumplimiento de los incisos f, g, h, i, j del artículo 10 del Reglamento Centroamericano sobre medidas de salvaguardia, Decreto Ejecutivo N° 33810-COMEX-MEIC”, elaborado por Marcela Rojas Gómez, Marlon Cruz Matamoros, Erick Jara Tenorio y revisado por Odalys Vega Calvo. (Folios 227 a 252 del expediente administrativo).

En fecha 6 de enero de 2014 se emite a las diez horas la resolución N° 01-2014 por parte de Odalys Vega Calvo en calidad de Autoridad Investigadora de la Dirección de Defensa Comercial (DDC de ahora en adelante) del MEIC “aceptar la solicitud y los documentos que la acompañan y declarar la apertura de la investigación para determinar, con base en información objetiva la necesidad y conveniencia de recomendar o no la aplicación de medidas de salvaguardia general sobre las importaciones de "arroz piado", que de conformidad con el SAC ingresen a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99. Para la investigación se debe incluir en el análisis, otros factores que expliquen un posible incremento sos tenido en el nivel de importaciones hacia Costa Rica, por ejemplo: el desplazamiento de la oferta exportable de los países analizados, entre otros”, resolución publicada en la prensa Libre del sábado 8 de febrero de 2014, así como la Gaceta de fecha 17 de febrero de 2014. (Folios 292 a 296 y 322 a 326 del expediente administrativo).

En fecha 24 de enero de 2014, se le requiere vía auto por parte de la Autoridad Investigadora (AI de ahora en adelante) a la solicitante para que se aportase poder de CACSA y Coopeliberia a favor de ANINSA. (Folios 301 y 302 del expediente administrativo).

En fechas que van del 11 a 13 de febrero de 2014, se realizaron notificaciones a los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica (DDC-OF-004-14), Argentina (DDC-OF-003-14), Comercios del Barreal S.A., Distribuidora el Armenio S.A., Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., Corporación de compañías agroindustriales CCA S.A., La Maquila Lama S.A., Importadora de Granos y Semillas GRASEMI S.A. y Comercializadora Internacional de Granos Básicos. (Folios 303 a 313 del expediente administrativo).

En fecha 19 de febrero de 2014, el Gobierno de Argentina manifestó su interés de participar en el procedimiento y así fue acreditada por oficio ODC-OF-007-14. (Folios 346 y 356 del expediente administrativo).

En fecha 20 de febrero de 2014 se hace constar en el expediente administrativo que se notificó a todas las partes la resolución 01-2014, la copia de la solicitud de la medida así como los cuestionarios del caso, y por parte de CONARROZ se apersona y solicita una medida provisional arancelaria. (Folio 392 a 401 y 426 del expediente administrativo).

En fecha 21 de febrero de 2014, se apersona la Asociación de Consumidores de Costa Rica y la Asociación Nacional de Consumidores Libres, así como Juan Agustín Navarro Jiménez, Servicios Naco S.A., Luis Emilio Zeledón Morales, Agrícola Paso Lajas de Cañas S.A., Erick Gerardo Bastos González, Finca el Nilo S.A., Oscar Vargas Sánchez, Chauser Global S.A., Agrocomercial Upala F y O S.A., Jorge Luis Alvarez Salguera, Juana Rufina Cerdas Espinoza, y se presenta por parte de La Maquila Lama S.A. recurso de apelación en contra de la resolución 01-2014. (Folios 358 a 425 del expediente administrativo).13.- En fecha 21 de febrero de 2014, por medio de oficio ODC-OF-007-14 se tiene por apersonado al gobierno de Argentina como parte interesada en el procedimiento y en fecha 24 de febrero, la empresa La Maquila Lama S.A., solicita prórroga del plazo para presentar alegatos. (Folios 462, 468 y 469 del expediente administrativo).

En fecha 27 de febrero de 2014, se realiza prevención de acreditación a CONARROZ por oficio ODC-OF-008-14. (Folios 471 y 472 del expediente administrativo).

En fecha 3 de marzo de 2014 por medio de oficios ODC-OF-010-14, ODC-OF-011-14, ODC-OF-012-14 y ODC-OF-013-14, se tiene por acreditada la condición de parte a título personal y como representantes de las empresas Servicios Naco S.A., Agrícola Paso Lajas de Canas S.A. y Finca El Nilo S.A, las empresas Chauser Global S.A. y Agrocomercial Upala F y 0 S.A., el gobierno de Uruguay, la Asociación Consumidores de Consumidores de Costa Rica y la Asociación Nacional de Consumidores Libres (Folios 474 a 486 del expediente administrativo).

En fecha 3 de marzo de 2014, el gobierno de Argentina presenta sus alegatos de oposición a la medida de salvaguardia solicitada. (Folios 488 a 514 del expediente administrativo).

En fecha 6 de marzo de 2014 la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A. (MERCASA de ahora en adelante) presenta sus alegatos de oposición a la medida de salvaguardia solicitada. (Folios 522 a 567 del expediente administrativo).

Igualmente, en fecha 6 de marzo, se presentan los alegatos de oposición del gobierno de Uruguay a la medida de salvaguarda solicitada. (Folios 568 a 579 del expediente administrativo).

Ese mismo día ingresan al expediente administrativo los argumentos de oposición de la empresa Maquila Lama S.A. a la medida de salvaguarda. (Folios 592 a 790 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DDC-RES-003-2014 de las 15 horas del 11 de marzo 2014, aunque firmado digitalmente en fecha 14 de marzo de 2014, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por La Maquila Lama S.A. en contra de la resolución 01-2014. (Folios 807 a 817 del expediente administrativo).

En fecha 22 de marzo de 2014, ANINSA, Coopeliberia y CACSA presentan argumentos en contra del recurso de apelación planteado por La Maquila Lama SA contra la resolución 01-2014. (Folios 797 a 806 del expediente administrativo).

En fecha 26 de marzo de 2014, La Maquila Lama SA solicita prórroga para presentar prueba de descargo dentro del expediente administrativo y al día siguiente, solicita lo mismo la empresa Corporación de Compañías Agroindustriales CCA S.A., las cuales son resueltas por resolución DC-RES-04-2014 de las 16:30 horas del 28 de marzo de 2014, otorgando un adicional de 5 días naturales adicionales a los 45 días que, por defecto, tienen las partes. (Folios 820 a 826 del expediente administrativo).

En fecha 31 de marzo de 2014, ANINSA solicita prórroga para remitir la información, la cual es resuelta por resolución DDC-RES-05-2014 de las 16 horas del 31 de marzo de 2014, otorgando un adicional de 5 días naturales adicionales a los 45 días que, por defecto, tienen las partes. (Folios 830 a 832 del expediente administrativo).

Ese mismo día, 31 de marzo de 2014, la empresa MERCASA remite el cuestionario resuelto de empresas importadoras. (Folios 834 a 916 del expediente administrativo).

En fecha 2 de abril de 2014, se apersona y remite la documentación solicitada la empresa exportadora uruguaya Ganadera Sur S.R.L. al procedimiento. (Folios 920 a 999 del expediente administrativo).

En fecha 4 de abril de 2014, se apersona y remite la documentación solicitada la empresa exportadora uruguaya Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales SAMAN. (Folios 1000 a 1026 del expediente administrativo).

En fecha 7 de abril de 2014, se recibe por parte de La Maquila Lama el formulario con la información solicitada como empresa importadora. (Folios 1027 a 1236 del expediente administrativo).

Ese mismo día, 7 de abril de 2014, ANINSA presenta el formulario solicitado como productor nacional de Coopeliberia y CACSA. (Folios 1238 a 1798 del expediente administrativo).

En fecha 8 de abril ANINSA presenta un incidente de nulidad en contra de la resolución DDC-RES-003-14. (Folios 1816 a 1819 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-020-14 de fecha 24 de abril de 2014, la AI solicita a ANINSA completar la información de los cuestionarios aportados. (Folios 1799 y 1800 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-021-14 del 9 de mayo de 2014, la AI solicita a CONARROZ información estadística sobre la cantidad anual (2011-2013) de sacos de 73.6 KG de arroz granza seca y limpia comprados al productor nacional CACSA y Coopeliberia y por medio de oficio DDC-OF-022-14 le solicita a la Departamento de Investigaciones Económicas y de Mercados del MEIC la base de datos del informe de ventas de arroz pilado DIEM-INF-009-14 “Valoración de la regulación de precios en todas las calidades de arroz pilado, publicada mediante decreto ejecutivo 37699-MEIC del 20 de mayo de 2013”, la cual es remitida ese mismo día a la AI vía CD con carácter confidencial, mientras que CONARROZ lo remite en fecha 14 de mayo y el 25 de junio, ambos del 2014. (Folios 1803 a 1807 y 1850 del expediente administrativo).

Por medio de la resolución DM-031-2014 de las 15 horas del 27 de mayo de 2014, el Ministro de Economía declara sin lugar el incidente de nulidad planteado por ANINSA contra la resolución DDC-RES-003-14, pero ordena la convalidación de éste en ocasión del vicio de competencia detectado. (Folios 1809 a 1814 del expediente administrativo).

En fecha 1 de julio de 2014, la AI conformada por Odalys Vega Calvo y Marcela Rojas Gómez, emiten el informe técnico DDC-INF-005-14 denominado “Informe técnico de determinación preliminar”, en el cual recomiendan la no aplicación de medidas provisionales tal y como lo solicitó ANINSA, así como continuar con la investigación. (Folios 1853 a 1938 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-038-2014 de las 14 horas del 8 de agosto de 2014, el Ministro de Economía acoge el informe técnico DDC-INF-005-14 y prorroga el plazo de la investigación por cuatro meses adicionales, resolución que se publica en Gaceta 162 del 25 de agosto de 2014. (Folios 1939 a 1952 y 2141 del expediente administrativo).

En fecha 14 de agosto de 2014, ANINSA y CONARROZ presentan recurso de revocatoria contra la resolución DM-038-2014 del Ministro de Economía, emitiéndose auto de emplazamiento a las partes y traslado al Ministro del expediente por oficio del 18 de agosto de 2014. (Folios 2000 a 2059 del expediente administrativo).

En fecha 21 de agosto de 2014, la Asociación de Consumidores de Costa Rica y MERCASA presentan agravios respecto del recurso presentado. (Folios 2100 a 2140 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-044-2014 de las 14 horas del 26 de agosto de 2014, el Ministro de Economía resuelve el recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución DM-038-2014 y declara parcialmente con lugar revocando los puntos 50, 51, 52, 53 y 54 de la resolución recurrida referente al “análisis de relación causal” con la finalidad de que se emita nuevo criterio técnico considerando los aspectos aportados por las partes en la tramitación del recurso. (Folios 2142 a 2154 del expediente administrativo).

Por medio de escrito de fecha 12 de setiembre de 2014, la empresa La Maquila Lama presenta recurso de revocatoria contra la resolución DM-044-2014 (Folios 2184 a 2546 del expediente administrativo).

Por medio de escrito recibido de fecha 22 de setiembre de 2014, MERCASA presenta argumentos para cuestionar el argumento de causalidad del alegado daño grave. (Folios 2548 a 2550 del expediente administrativo).

Por medio de oficios DDC-034-2014, DDC-035-2014, DDC-036-2014, DDC-037-2014 y DDC-038-2014, se programan las visitas de verificación a CACSA, Coopeliberia, La Maquila Lama S.A. (Folios 2553 a 2573 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DDC-006-2014, la AI convoca a audiencia oral y pública para el día 6 de noviembre de 2014 de las 9 y hasta las 16 horas en el auditorio del MEIC, indicando que es para evacuar y ofrecer prueba documental, pericial, testimonial o científica, la cual debía ofrecerse antes del 3 de noviembre de 2014 para calificar su admisibilidad, además, en la audiencia se otorgaría oportunidad para que las partes rindan testimonio espontáneo y ofrecer conclusiones dando un “plazo igual a todas y que determinará la AI propiamente en la audiencia. En relación con los testigos que se lleguen a ofrecer podrá preguntar o repreguntar a éstos así como a sus peritos, aclarar, ampliar o reformar la argumentación inicial, proponer alternativas y sus pruebas y formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la comparecencia…”. (Folios 2575 a 2578 del expediente administrativo).

Por medio de oficio del 16 y 24 de octubre de 2014, se documenta el acta e informe de verificación in situ de Coopeliberia y La Maquila Lama S.A. respectivamente. (Folios 2596 a 2601 del expediente administrativo).

En fecha 18 de setiembre de 2014, la AI conformada por Odalys Vega Calvo, Marcela Rojas Gómez y Daniela Castro emiten el criterio técnico de relación causal DDC-INF-006-14, recomendando que “Teniendo en cuenta las conclusiones preliminares relativas al aumento de las importaciones en los términos del artículo 2.1. del ASS, a la amenaza de daño grave conforme el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, a la causalidad y a la posición crítica en la cual se encuentra la RPN, esta Al recomienda al señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, ordenar imponer medidas provisionales de salvaguardia (en forma de incremento arancelario) bajo el principio de NMF, considerando las exclusiones señaladas en el ANEXO III del presente informe, sobre las importaciones de arroz pilado que de conformidad con el SAC ingresen a Costa Rica bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99”. (Folios 2602 a 2633 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-051-2014 de las 14 horas del 24 de octubre de 2014, el Ministro de Economía resuelve la solicitud de medida provisional de salvaguardia solicitada por ANINSA, resolviendo no aplicar la medida provisional debido a la no acreditación, conforme el informe DDC-INF-006-14, de circunstancias críticas que permitan, conforme el artículo 6 del ASS, una medida de esta naturaleza. (Folios 2634 a 2654 del expediente administrativo).

Que en fecha 30 de octubre de 2014, se realiza acta e informe de verificación In Situ de CACSA. (Folios 2938 a 2940 del expediente administrativo).

Por medio de memorial del 31 de octubre de 2014, MERCASA solicita información respecto de las series temporales desarrolladas para hacer el test de Granger, el software econométrico utilizado y la versión del mismo, si se utilizó un script para realizar las pruebas o si se realizó manualmente, ello con la finalidad de poder replicar los resultados, aclarando además si se realizó “pruebas de raíz unitaria” a las series temporales, cuál es la utilizada y los resultados de éstos en caso de existir, la indicación de si se realizaron pruebas alternativas para verificar la robustez de los resultados y el señalamiento específico de la prueba de causalidad Granger que se utilizó y si corresponde a la “Pairwise Granger Causality”, ecuaciones de prueba estimadas y los coeficientes de cada una de las variables incluidas en la prueba, el número de rezagos de cada variable utilizada y la justificación de escogencia del valor y en caso de no existir, las razones del por qué no se hizo. Se solicitó además, copia de los resultados de las pruebas mismas (archivos WF1) y una explicación detallada de cuáles son las hipótesis nulas en cada uno de los casos, y cuáles son los niveles de confianza que se utilizaron para aceptar o rechazar cada una de las hipótesis nulas, detalle cuidadoso del razonamiento que se sigue en cada una de las pruebas de cada hipótesis, con el fin de poder seguir el razonamiento lógico de inferencia en forma detallada y completa, para identificar cuál es el proceso de inferencia que se está siguiendo a cada hipótesis nula, y cuáles son las argumentos y las conclusiones en cada una, y cuál es la conclusión de la prueba en cada uno de los 4 casos de causalidad de Granger, así como la definición usada por la AI de “daño grave” con la finalidad de vincular ésta con las variables sometidas a análisis, señalando cuál es el rango exacto en que las utilidades deben disminuirse para constituir daño o amenaza de daño grave. (Folios 2686 a 2688 del expediente administrativo).

Ese mismo día, 31 de octubre de 2014, por medio de oficio DDC-OF-042-14 la AI responde al requerimiento de información de la empresa MERCASA que remitirá parte de la información solicitada en tanto “nos permita el Ordenamiento Jurídico que regula la materia” y señalando que “Cabe agregar que la herramienta econométrica utilizada por la Al tuvo como finalidad comprobar la causalidad de la amenazada de daño sobre la RPN y el incremento de las importaciones que se demostró y desarrolló en los párrafos 9 y hasta el 32 y se concluyó en el párrafo 39 de la resolución DM-051-2014. Lo cual se aclaró en el párrafo 33 de la misma. Conforme a lo anterior, se considera infundada el argumento de que las partes se encuentran en indefensión porque no se les facilitó y aclaró la forma de implementación de la herramienta de trabajo por parte de los profesionales de esta Al...”. (Folios 2690 y 2691 del expediente administrativo).

Mediante oficio DDC-OF-043-14 del 3 de noviembre de 2014, la AI remite contestación a MERCASA respecto de su solicitud de información, indicando lo siguiente: “Sobre las series temporales que se utilizaron para hacer el test de causalidad de Granger; me permito indicarle que esta Al esta jurídicamente impedida a otorgar dichos datos; lo anterior dado que se les otorgó el carácter confidencial; tal y como lo establece el artículo 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardia (ASS). Los dates agregados se encuentran disponibles en el expediente 02-2013, en la versión pública… El software econométrico utilizado para realizar el análisis fue el E -views versión 8, por lo que con esta herramienta realizamos a los datos confidenciales de la Rama de Producción Nacional… se utilizaron dos pruebas diferentes, a saber: La prueba de estacionalidad por medio de análisis de raíz unitaria Dickey—Fuller. La prueba de causalidad por medio del test Pairwise Granger… Análisis de Estacionalidad: Tal y como se desarrolló en los párrafos 33 y 34 de la resolución anteriormente indicada, los datos de la RPN se sometieron a una prueba de estacionalidad con el fin de determinar las propiedades de cointegración entre las variables, para lo cual se utilizó el test de raíz unitaria de Dickey- Fuller. El procedimiento conlleva a identificar coma hipótesis nula la presencia de raíz unitaria en las variables, de tal manera que si el valor probabilístico es menor al 5% en términos absolutos, y el test statistic es mayor que los valores del 1%, 5% y 10% , se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, al realizar dicho análisis se llega a la conclusión que las variables de la RPN presentan estacionalidad. Según los anexos de la resolución, las pruebas de raíz unitaria realizadas a las variables comprueban la estacionalidad de las mismas, lo que permite efectuar un análisis de causalidad… Para este análisis se aplicó el test Pairwise Granger, con el fin de comprobar si los resultados del comportamiento de una serie temporal A rezagada predice la conducta futura de una serie temporal B. Para el caso que nos compete, el valor del estadístico de referencia "F" supera el valor tabulado, por lo que se concluye que se presenta causalidad entre las variables, tal y como se mencionó en el párrafo 35 de la resolución en mención. De igual manera, en el anexo I de la resolución se presentan las pruebas de causalidad realizadas a las variables, en donde se puede observar la cantidad de rezagos utilizados según el comportamiento de las variables de la RPN dentro del sector arrocero... La definición de "daño grave" utilizada por la Autoridad Investigadora (Al) es la establecida en el artículo 4.1. a) del Acuerdo Sobre Salvaguardia (ASS). (Ver folio 1887 y 1888 del expediente de marras). Para la determinación de daño grave se realiza el examen objetivo que indica dicho artículo; sin embargo es pertinente recordar que esta Al concluye que no existe daño grave en la industria nacional de arroz pilado; (párrafos del 201 al 202 del informe DDC - INF-005-14); razón por la cual procede con el análisis de amenaza de daño. Por otro lado, la existencia de la amenaza de daño grave se determina tal y como se describe en los párrafos del 203 al 234 del Informe indicado supra”. (Folios 2703 a 2705 del expediente administrativo).

Por medio de escrito de fecha 3 de noviembre de 2014, la empresa MERCASA ofrece 3 peritos, a saber: Carlos Eduardo Umaña Alvarado, para referirse a los efectos de la salvaguardia sobre el bienestar de los consumidores, Ricardo Monge González, para opinar sobre la eficiencia de la política de apoyo de la producción de arroz en Costa Rica y Adolfo Rodríguez Vargas, para referirse a las pruebas econométricas del test de Granger. (Folios 2718 a 2729 del expediente administrativo).

Por medio de escrito fechado recibido ese mismo día, 3 de noviembre de 2014, Consumidores de Costa Rica ofrece igualmente la declaración de Carlos Eduardo Umaña Alvarado, Ricardo Monge González y Adolfo Rodríguez Vargas en los mismos términos que MERCASA. (Folios 2730 a 2736 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-044-14 del 3 de noviembre de 2014, la AI responde a MERCASA y a Consumidores de Costa Rica, admitiendo las declaraciones de los señores Umaña Alvarado y Monge González pero rechazando el ofrecimiento del señor Rodríguez Vargas indicando que “Respecto a la prueba pericial 3, la cual se propone para referirse a "las Pruebas Econométricas del Test de Granger", la misma se rechaza por impertinente, ya que no tiene relación directa con los hechos y el objeto de la pretensión en el expediente 02-2013. Es simplemente una herramienta que se utilizó para corroborar el análisis realizado par los profesionales de la Dirección en los términos del ASS”. (Folios 2738 y 2739 del expediente administrativo).

En fecha 4 de noviembre de 2014, MERCASA presenta requerimiento para que se complete la información remitida por la AI referente a la anterior petición de información del 31 de octubre del 2014, señalando que “las series temporales que constan en los documentos no están completas, afirmando que conforme el anexo de la resolución DM-051-2014 existen 33 o 34 observaciones, por lo que solicitan la información de cada observación, señalan además que los datos completos de la RPN no se logran identificar en el expediente y que justamente por eso es que lo solicitan y señalan que no están pidiendo acceso a los datos confidenciales de cada parte, sino a la información global de RPN que a su criterio no son confidenciales, tampoco se indicó si el programa utilizado se ejecutó algún script para realizar las pruebas o si se hicieron manualmente y reiteran la solicitud del archivo en formato WF1 con los resultados y las series para repetir el ejercicio; de igual forma se omitió indicar si se demostró la robustez de los resultados con pruebas alternativas de raíz unitaria, ecuaciones de prueba estimadas y coeficientes de cada una de las variables usadas en las pruebas, el número de rezagos de cada variable y la justificación de escogencia del valor y en caso de no hacerse, las razones del por qué; falta la explicación detallada de cuáles son las hipótesis nulas en cada uno de los casos y cuáles los niveles de confianza que se utilizaron para aceptar o rechazar cada una de las hipótesis nulas; ni tampoco se señaló respecto de la definición de daño o amenaza de daño grave los valores objetivos, numéricos, medibles y cuantificables con los cuales comparó los resultados de las pruebas econométricas utilizadas, y determinó la existencia de una amenaza de daño grave…”. (Folios 2750 a 2752 del expediente administrativo).

Que por medio de escrito de fecha 4 de noviembre de 2014, MERCASA presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio DDC-OF-044-14. (Folios 2753 a 2755 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-045-14 de fecha 4 de noviembre de 2014, la AI responde a MERCASA respecto de su solicitud de información respondiendo que los datos de la RPN utilizados son los de folios 1889 a 1905 del expediente administrativo, que las pruebas se hicieron manualmente y no se remite el archivo WF1 dado que contiene información confidencial de la RPN, no se hicieron pruebas alternativas, que respecto del número de rezagos de cada variable y la justificación se había previamente contestado, que los resultados están en el anexo 1 de la resolución DM-051 de folios 2649 a 2654 del expediente y que “Los valores objetivos, numéricos, medibles y cuantificables de la condición de la rama se analizaron en los folios 1889 al 1905. Y la metodología para determinar la amenaza de daño se desarrolló en las numerales 203 al 234 ya indicada en el oficio DDC-OFl-044-2014. Se reitera que no se considera que las partes se encuentran en indefensión; ya que la información en la cual se basa la Al para determinar la existencia de una relación causal entre el aumento de las importaciones de arroz pilado y la amenaza de daño grave sabre la RPN se encuentra disponible en el expediente 02-2013, y la prueba econométrica se utilizó para comprobar los resultados del razonamiento lógico basados en las pruebas aportadas por las partes”. (Folios 2757 y 2758 del expediente administrativo).

Que en fecha 5 de noviembre de 2014, se remite a todas las partes un “Programa de la audiencia” el cual señalaba además del recibimiento y acreditación de las partes, una introducción a la audiencia, una primera parte para la evacuación de la prueba nueva de (15 minutos), preguntas a los peritos (1 minuto) y tiempo de respuesta pericial (5 minutos), un receso de 20 minutos, una segunda parte de interrogatorio donde cada parte puede preguntar a las otras, con 1 minuto de tiempo de pregunta, 5 de respuesta y 2 minutos de refutación a favor del interrogador, 1 hora de almuerzo, una tercera parte de opiniones, alegatos y conclusiones finales de 15 minutos por parte y el cierre de la audiencia, señalando el orden de participación: ANINSA, CONARROZ, Agrícola Paso Cañas, El Nido S.A., Chauser Global S.A., Agrocomercial Upala, Asociación de Consumidores de Costa Rica, Consumidores Libres, Cooperativa de Arroceros Villa Elisa, Ganadería del Sur, SAMAN, La Maquila Lama, MERCASA; Servicios Naco S.A., Agroindustriales de Costa Rica, Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, Gobierno de Argentina y Gobierno de Uruguay, señalando además que “…la audiencia tiene como objetivo conceder a las partes la oportunidad de interrogar o refutar a sus contrapartes en relación a la información y pruebas presentadas frente a la Autoridad Investigadora, permitiendo a esta y a las otras partes solicitar explicaciones adicionales o aclaraciones específicas. Al respecto se debe dejar claro que la AI no podrá ser interrogada por las partes; esta no responderá preguntas. Por lo que se les recuerda que en caso de requerir cuestionar la actuación de la AI, se deberá recurrir a los mecanismos establecidos para ello en el ordenamiento jurídico costarricense, por ejemplo, a través de la fase recursiva. Se les comunica que en caso de que no fuera posible concluir la audiencia el día 02 de octubre, esta continuara al día siguiente a las 9:00 a.m.”. (Folios 2770 a 2772 del expediente administrativo).

En fecha 5 de noviembre de 2014, la empresa La Maquila Lama ofrece el peritaje privado de Adolfo Rodríguez Vargas criticando el análisis de causalidad realizado y se ofrece su declaración para analizar la relación de causalidad y efecto de la salvaguarda en el bienestar de los consumidores. (Folios 2784 a 2820 del expediente administrativo).

En fecha 5 de noviembre de 2014, MERCASA acredita a sus peritos y además ofrece a Luis Carlos Rivera Valerio para referirse a la relación de causalidad entre importaciones y la supuesta amenaza de daño grave. Además, remite misiva para solicitar por tercera vez información referente a los estudios técnicos, basándose en la anterior respuesta de la AI, señalando que aún falta información de las series y observaciones de éstas, que la información solicitada (datos) es de la RPN como un todo, no las individuales de cada parte, y reitera la necesidad de contar con el archivo WF1, y señala que las remisiones a otros documentos no contestan las dudas previamente planteadas. (Folios 2821 a 2871 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DDC-RES-007-2014 de las 14 horas del 5 de noviembre, la AI rechaza el recurso de revocatoria presentado contra el informe DDC-OF-044-14. (Folios 2873 a 2878 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-046-14, la AI admite la declaración pericial de Adolfo Rodríguez Vargas a La Maquila Lama S.A. para que se refiera al peritaje por él realizado. (Folio 2880 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-047-14, la AI admite la declaración pericial de Luis Carlos Rivera Valerio a MERCASA para que se refiera a la relación de causalidad entre importaciones y la supuesta amenaza de daño grave. (Folio 2882 del expediente administrativo).

En fecha 6 de noviembre de 2014, se realizó la audiencia oral y pública, se dio oportunidad de revisar prueba documental, se evacuó la prueba pericial admitida, otorgando un plazo de 15 minutos al perito, luego un interrogatorio de las partes con una duración máxima de 1 minuto por pregunta, máximo 3 preguntas por parte y 5 minutos para que el perito responda, recibiéndose a Ricardo Monge, Luis Rivera, Carlos Eduardo Umaña por MERCASA, Adolfo Rodríguez Vargas por La Maquila Lama S.A.; posteriormente, se otorgó plazo para que las partes se preguntasen entre ellas, 1 minuto la pregunta, 2 preguntas máximo por contraparte, 5 minutos de respuesta; y luego un plazo de conclusiones orales, argumentos sobre lo actuado y si la medida de salvaguarda tiene o no interés público con 20 minutos por parte. (Véase respaldo en CD de prueba, archivos “Audiencia Arroceros 01 2014_11_10_08_15_41”, “Audiencia Arroceros 02 2014_11_10_11_22_10”, “Audiencia Arroceros 03 2014_11_10_13_22_33” y “Audiencia Arroceros 04 2014_11_10_15_22_05”, así como folios 2898 a 2937 y 2942 a 3014 del expediente administrativo).

Por medio de memorial del 21 de noviembre de 2014, el Gobierno de Uruguay, Gobierno de Argentina, La Maquila Lama, ANINSA, MERCASA y CONARROZ remiten conclusiones por escrito. (Folios 3015 a 3410 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-058-2014 de las 14 horas del 21 de noviembre de 2014, el Ministro rechaza el recurso de apelación en subsidio planteado en contra del oficio DDC-OF-044-14. (Folios 3412 a 3416 del expediente administrativo).

En fecha 9 de diciembre de 2014, se emite el informe técnico de determinación definitiva identificado como DDC-INF-007-14 elaborado por Odalys Vega Calvo, Marcela Rojas Gómez y Daniela Castro Murillo. (Folios 3422 a 3645 del expediente administrativo).

Por medio de la resolución del Ministro del MEIC DM-001-2015, se resuelve con lugar el trámite de Salvaguarda, publicada en diario de circulación nacional en fecha 9 de enero de 2015. (Folios 3647 a 3694, 3707 del expediente administrativo).

Por medio de oficio de fecha 8 de enero de 2015, la empresa La Maquila Lama solicita información referente al modelo de costos de producción agrícola e industrial mencionado en el anexo 1 de la resolución DM-001-2015. (Folio 3697 del expediente administrativo).

Por medio de escrito de fecha 9 de enero, la empresa MERCASA solicita la nulidad de lo resuelto; en memorial de fecha 13 de enero, ambos de 2015, presentan recurso de revocatoria la empresa Maquila Lama, Consumidores de Costa Rica, MERCASA con medida cautelar suspensiva, mientras que ANINSA plantea recurso de reconsideración. (Folios 3697 a 3789 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-004-2015 de las 11:26 horas del 19 de enero de 2015, se declara sin lugar el incidente de nulidad presentado por MERCASA en contra de la resolución DM-001-2015. (Folios 3822 a 3825 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-007-2015 del 20 de enero de 2015, la AI le indica a La Maquila Lama que en fecha 22 de enero se realizaría visita para verificar la información relacionada con el tema de costos de importación. (Folio 3820 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-014-2015 de fecha 21 de enero de 2015, se solicita información a MERCASA referente a la estructura de costos de importación. (Folio 3821 del expediente administrativo).

Por medio de oficio DDC-OF-015-2015 de fecha 23 de enero de 2015, se solicita información a La Maquila Lama sobre la estructura de costos mensual. (Folio 3831 del expediente administrativo).

En fecha 23 de enero de 2015, la empresa MERCASA remite la información sobre costos de importación, mientras que La Maquila Lama remite la información en fecha 29 de enero de 2015. (Folios 3834 y 3859 a 3861 del expediente administrativo).

En fecha 29 de enero de 2019, la empresa La Maquila Lama presenta incidente de nulidad contra la resolución DM-001-2015. (Folios 3862 a 3869 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-006-2015 de las 9 horas del 18 de febrero de 2018, se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por La Maquila Lama, ANINSA, Consumidores de Costa Rica y Gobierno de Argentina, ordenando se evacúen las dudas respecto a la metodología establecida en la resolución impugnada y estableciendo la salvaguarda a arroz pilado, publicándose en la Gaceta del 23 de marzo de 2015. (Folios 3877 a 3928, 3969 y 3970 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-007-2015 de las 10:26 horas del 18 de febrero de 2015, se rechaza el incidente de nulidad interpuesto por La Maquila Lama contra la resolución DM-001-2015. (Folios 3929 a 3934 del expediente administrativo).

Por medio de resolución DM-008-2015 de las 10:26 horas del 23 de febrero de 2015, el Ministro del MEIC realiza una corrección a la resolución DM-006-2015. (Folios 3937 y 3938 del expediente administrativo).

Por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 2015, MERCASA plantea aclaración y adición con recurso de reposición contra la resolución DM-006-2015. (Folios 3942 a 3949 del expediente administrativo).

Por resolución DM-009-2015 de las 10:07 horas del 10 de marzo de 2015, el Ministro del MEIC declara sin lugar la solicitud de aclaración y adición con recurso de reposición de MERCASA. (Folios 3950 a 3954 del expediente administrativo). 79-. Por medio de decreto ejecutivo 38953-MAG-MEIC-COMEX se establecieron, colateralmente a la medida de salvaguarda de arroz pilado, medidas de compensación otorgadas a las Repúblicas de Argentina y Uruguay y por medio de la resolución DMR-00027-15 del Ministerio de Comercio Exterior, se realizó la asignación de contingentes de arroz pilado indicados en el anterior decreto, asignándole a la aquí actora bajo el código arancelario 1006.30.90 de arroz pilado proveniente de Uruguay 618,66 toneladas métricas. (Folios 3959 a 3968 del expediente administrativo e imágenes 3898 a 3907 del expediente judicial digital).

En fecha 26 de mayo de 2015, la empresa MERCASA solicita nulidad de todo lo resuelto y actuado. (Folios 3971 a 3977 del expediente administrativo).

Por resolución DM-049-2015 de las 10:35 horas del 16 de junio de 2015, se rechaza la solicitud de nulidad planteada por MERCASA. (Folios 3978 a 3984 del expediente administrativo).

En audiencia oral y pública celebrada el día 4 de abril de 2021, se recibió la declaración de Daniela Castro Murillo, portadora de la cédula de identidad 1-1324-0599, licenciada en economía y máster en economía empresarial, quien trabajó para la Dirección de Investigaciones Económicas del MEIC y actualmente trabaja en la Dirección de Defensa Comercial, siendo testigo funcionaria de la parte actora y tercerista. Afirmó en juicio que, para la época de los hechos bajo estudio, como parte de las funciones de la Dirección de Investigaciones Económicas era la de apoyar a Defensa Comercial en temas de salvaguardia, por lo que ella fue asignada en ese rol, realizando labores asistenciales como hacer gráficos y tablas y buscar fuentes de información de internet, revisar datos que estaban utilizando y cotejarlos con la fuente, revisando información sobre el mercado arrocero y comportamientos de precios, señalando que esta labor la realizó sola, pero a orden o con dirección de la economista principal y la directora del departamento, Marcela Rojas y Odalys Vega, respectivamente. Hizo indicación de que su primera intervención fue llevando el micrófono en la audiencia oral y pública, y que ella no tomaba decisiones, no pudiendo asegurar incluso que su trabajo haya sido usado en los informes dentro del expediente administrativo. Ante preguntas de las partes, señaló que no se hicieron, como parte de sus tareas, gráficos relacionados con los consumidores y aclaró de que, pese a que su nombre se encuentra en la carátula de dos informes del expediente administrativo, sea el informe técnico de relación causal y el informe técnico de determinación definitiva, ella no tuvo participación de fondo, en la prueba de Granger, evaluación de datos, interpretación y conclusiones en éstos, sino haciendo gráficos y tablas, afirmando de que otras personas también hicieron gráficos y tablas además de ella, señalando que las fuentes de información son las que expresamente constan en los informes  y su selección fue por parte de la señora Rojas y Vega.

En audiencia oral y pública celebrada el día 4 de abril de 2021 se recibió la declaración de Marcela Rojas Gómez, 1-1091-0557, economista, máster en gestión macroeconómica y políticas públicas, laborando para la Dirección de Defensa Comercial para la época del procedimiento de salvaguarda, en su condición de economista de la Autoridad Investigadora, testigo funcionaria de la actora y tercerista. Con su declaración afirmó que fue la que tuvo a cargo el análisis económico conforme las normas de la OMC en sus tres componentes: incremento en las importaciones, la amenaza de daño y el nexo causal entre ambas. En cuanto al componente de incremento de las importaciones se hizo un estudio del incremento a través de los años objeto de investigación. Manifestó que las fuentes de información son las señaladas en el informe técnico. Respecto del análisis de relación causal, se tomó en cuenta variables cualitativas y cuantitativas que refiere el acuerdo de Salvaguardia, conforme constan en el expediente, se realizaron tendencias gráficas en donde se visibiliza el comportamiento de las importaciones y su efecto inverso en el comportamiento de las variables de la Rama de Producción Nacional (RPN), siendo de este último grupo: productividad, capacidad instalada, producción, empleo conforme la información aportada por los solicitantes, información verificada en campo, en las mismas empresas en conjunto con los funcionarios financiero-contables de éstos para verificar los datos mes a mes que habían sido proporcionados y que son los que constituían las “series” o bloques de datos que representaban numéricamente cada variable de manera mensual durante el periodo de investigación. Aclaró que estas empresas cumplían con el porcentaje representativo de toda la RPN, habiéndose hecho el análisis de representatividad previo al inicio del procedimiento. En cuanto al método de análisis causal, comentó que en etapas preliminares de investigación se realizó el método de análisis de tendencias gráficas, y se le adjuntó, a manera ilustrativa y complementaria un test de Granger, ambos realizados por la declarante. El test econométrico de Granger para comprobar los resultados obtenidos, ello dado de que el Acuerdo de Salvaguarda no establece un método específico de análisis, sino que lo que exige es que sean pruebas objetivas. Ante preguntas aclaratorias de la parte actora y el Tribunal, indicó que no se realizó una prueba metodológica o modelo metodológico específico para los análisis técnicos realizados, más allá del análisis de tendencias gráficas en la etapa preliminar de la investigación y el test de Granger que posteriormente de la resolución preliminar fue eliminado, dado que no daba un valor agregado y se calificó como un test subjetivo, en el entendido de que se señaló de esa forma dado que para las partes daban diferentes interpretaciones-criterios, además de que su supresión no alteraba el análisis causal realizado. Detallando en qué se entendió como análisis de tendencias gráficas, la deponente expuso que lo que se hizo fue colocar las series de datos (bloques de información) de importaciones, frente a las series de RPN (producción, empleo, capacidad instalada) y lo que se hacía eran bloques gráficos mensuales, los cuales se contrastaban las primeras frente a una, varias o todas las variables de la RPN, y con ello se analizaba y medía el comportamiento, identificar coincidencia inversa, es decir, frente al incremento las importaciones, si las variables de la RPN bajaban, o se mantenían estables o si por el contrario, crecían de igual forma. El análisis de la información se limitó a la que constaba en el expediente y que, como se dijo, fue verificado, aclarando que el análisis incluyó un acápite donde se valoraron “otras circunstancias” para excluir otros factores que podían influir en los resultados expuestos. Comentó que la parte actora a lo largo de todo el procedimiento se encaminó a discutir sobre la prueba econométrica, mas no a debatir o discutir los factores cualitativos y cuantitativos utilizados para fundamentar el análisis de la relación causal. En cuanto al tema del análisis de circunstancias imprevistas, comentó que este acápite fue realizado por ella como economista y los abogados y que dentro del análisis de las importaciones, se consideró el impacto de los compromisos GATT de importaciones en el incremento de éstas, así como el análisis de importaciones de otros orígenes, diferentes a Uruguay y Argentina que fueron los orígenes que la RPN señaló como las provocadoras del daño reclamado, constatándose que las importaciones de otros orígenes (países) no eran significativas frente a los países de Uruguay y Argentina, explicando que el incremento se analizó frente a la variación del volumen de éstas, no el comportamiento del precio. Con respecto al tema de amenaza de daño, lo que se realizó fue, justamente, analizar el comportamiento de las variables de la RPN frente a las importaciones, en una franja de tiempo. Señaló que durante los análisis técnicos no recuerda si se realizó un análisis sobre el efecto de la medida en el público consumidor, ello por cuanto el acuerdo de la OMC no lo establece como requisito, ni tampoco sobre la injerencia de la medida en los precios del producto objeto de investigación. Ante preguntas de la tercerista, la testigo señaló de que, pese a que existen diferentes presentaciones de arroz pilado y consecuentemente, variaciones en el precio de éstos, durante el procedimiento de investigación no se hizo esta diferencia, sino que se agrupan en la descripción dada en el expediente como “objeto de la investigación”, no haciendo discriminación alguna. A su vez, señaló que no se acuerda que se haya hecho un análisis respecto de los consumidores y la identificación de si éstos, eran población de escasos recursos económicos. Ante preguntas del representante de las empresas codemandadas, la testigo aclaró que la verificación de datos se dio tanto frente a los datos presentados por la RPN como de los importadores que fueron parte del procedimiento administrativo.

Posteriormente, durante la misma sesión de juicio oral y público del 4 de abril de 2021, se recibió la declaración del señor Adolfo Francisco Rodríguez Vargas, portador de la cédula de identidad 2-0528-0965, quien es economista con grado de máster en economía y labora para el Banco Central de Costa Rica en el Departamento de Investigaciones Económicas, además es profesor de econometría de la Universidad de Costa Rica, testigo perito de la parte actora y tercerista. Declaró que, en julio de 2016, realizó un análisis pericial sobre la “forma correcta” de aplicar una salvaguarda y que comentaba la forma en cómo se aplicó en los informes DM-001-2015 y DM-006-2015 del MEIC, a petición de la empresa MERCASA, utilizando como base de información DDC-INF-004-2014, DDC-INF-006-2014 y DDC-INF-007-2014. Realizó una exposición sobre su concepción técnica sobre qué se entiende por salvaguarda, resumiendo que se trata de un arancel de emergencia que se impone ante el incremento de importaciones y que daña o amenaza dañar gravemente a la RPN, existiendo fundamentalmente una causalidad entre ambas. Comentó frente al trabajo por él realizado que, de la información analizada, no se logró determinar que las importaciones hayan incrementado por una evolución imprevista o súbita de circunstancias ni que en los informes haya sido demostrado esto, en el periodo de tiempo analizado en dichos informes, entendiendo a su parecer, que una evolución imprevista corresponde a algo que no se puede prever y cuyo desenvolvimiento no se puede inferirse a partir de la historia reciente o pasada, sino que es algo difícil de extraer frente a la historia reciente. Este aspecto resulta medible a través de serie de datos en bloques de tiempo lo suficientemente largos para permitir el estudio o la evaluación del comportamiento de las variables, en el entendido de que, por tratarse de variables económicas, las cuales por su naturaleza se entrelazan, debe compararse con las demás variables de la economía a través de algún modelo funcional de la economía, o simplificación metódica y comprobada o teoría económica razonable con resultados confiables que permitan, al introducir los datos, estudiar proyecciones “esperables” del comportamiento de las variables, por ende, frente a este modelo, se consideraría algo imprevisto si el comportamiento que se presenta en la realidad, no se ajusta a las proyecciones del modelo teórico económico utilizado. Afirma que, en su criterio, las variables en el caso de la salvaguardia a estudiar debe ser el comportamiento de las importaciones en el periodo de estudio y si éste calza o no, con el histórico reciente del comportamiento de ésta y cotejado con variables macroeconómicas más importantes que pueden afectar ésta como: la evolución del ingreso disponible, tasas de interés, exportaciones del bien, tipo de cambio, la historia arancelaria, tratados internacionales y en general, las variables que ayudan a explicar el comportamiento de las importaciones del bien (variables útiles y razonables), además, una definición operativa, funcional y medible de daño grave o amenaza de daño grave. Para el caso en estudio resulta particularmente importante, el tipo de cambio, así como la historia arancelaria por la modificación que produjo el GATT, y los contingentes en él contenido que provienen de Estados Unidos de Norteamérica. Señaló que para su estudio pericial utilizó datos sobre precios nacionales e internacionales para calcular la salvaguardia, extrayendo el precio nacional del fijado por el MEIC (por ser un precio regulado). En otro orden de ideas, frente a preguntas de la parte actora, señaló que en su estudio, el perito trató de analizar de manera crítica los criterios técnicos realizados por el MEIC, específicamente, en cuanto al análisis de causalidad, concluyó que se hizo un uso incorrecto del instrumental (causalidad de Granger), dado que la finalidad de esta prueba no es, teóricamente hablando y utilizando los parámetros del propio autor del modelo (Clive W. J. Granger), para determinar causalidad propiamente dicha, sino para determinar la relación entre dos variables (si una provoca a la otra, causalidad Granger unilateral, o si ambas se provocan entre sí, causalidad Granger recíproca). Expuso que en economía existen varios métodos para medir causalidad, específicamente, de naturaleza econométrica y utilizando la estadística como base; sobre todo por tratarse, como se dijo, del estudio de variables económicas que son interrelacionadas, por lo que se hace necesario tener la forma en cómo descartar factores que influyen o afectan las variables en estudio y así aislar la causa determinante del comportamiento de ésta. Comenta que, para el caso de las importaciones, es posible utilizar modelos macroeconométricos estimados o modelos de equilibro general computable, y para la causalidad, métodos como el de regresión lineal la cual, a través de una ecuación, se estudian cómo varias variables afectan una sola, denominada variable dependiente; o el método de regresión discontinua. Resalta que es sumamente importante tener presente que no se trata de utilizar un simple programa econométrico, sino que la utilización de éste debe ir aparejado de un estudio crítico de datos, deseable por alguien que entienda de estadística para determinar si los resultados son significativos y confiables. De lo encontrado en los informes del MEIC, no se logró identificar un método utilizado en la relación causal y, como se indicó, se utilizó de manera incorrecta la prueba de Granger, ya que es una prueba para analizar relación entre variables y no de causalidad propiamente dicha, sirve para ver si los datos o la serie de datos de una variable sirve o es útil para pronosticar o analizar otra variable, es decir, se trata de una prueba preliminar, para descartar variables inútiles y quedarse sólo con aquellas que sirvan para utilizar en un modelo económico específico y así obtener resultados confiables. Consecuentemente, los resultados que se obtienen de la aplicación de una prueba de Granger no son confiables para realizar una prueba de causalidad, ya que no se usa para eso, sino para preseleccionar variables (insumos) para una prueba técnica de causalidad. Además, afirma que en su estudio se detectó que existen dos grandes errores en la interpretación de la prueba Granger usada por el MEIC: el primero de ello, tiene que ver con el tratamiento de las series de datos a utilizar en la prueba pues deben validarse o testearse a través de la acreditación de que se cumple con el requisito de estacionariedad, lo que se obtiene a través de la prueba de las series que se conoce como pruebas de raíz unitaria. Así, en el informe DDC-INF-006-2014, página 23, eliminando el error conceptual de confundir “estacionalidad” y “estacionariedad”, encontró el perito que no se utilizaron variables correctas, sino que se utilizaron “cambios en las variables” y además en “niveles” (que son valores diferentes). Por otra parte, como segundo error, se encontró en la interpretación de las conclusiones de la prueba más bien indica lo contrario a lo afirmado en el informe citando, por ejemplo, que la interpretación de los resultados correcto ha de ser que las importaciones no causa a la Granger la capacidad instalada, dado que existe una probabilidad muy alta de que esta relación sea al azar, cosa que se repite para producción, productividad y todas las variables que se utilizan. Es por lo anterior que, en criterio del perito, los datos y análisis que contiene los informes técnicos del MEIC no son suficientes para sustentar una causalidad natural entre las importaciones de arroz pilado y el daño o amenaza de daño grave a las empresas parte del procedimiento administrativo. Retomando lo afirmado anteriormente, respecto al tema de daño o amenaza de daño grave, el perito considera que en los informes técnicos nunca se llega a una definición operativa, funcional y medible de daño grave o amenaza de daño grave, sino que se utilizan expresiones vagas no medibles, concretamente “menoscabo general significativo”, ni tampoco por qué se utilizaron las variables de la RPN. Ante la consulta de si el método de análisis de gráficos es útil para analizar causalidad, el deponente indicó categórica que ése no es un método útil, ya que puede provocar relaciones “espurias”, es decir, que la razón por la que las variables se comporten de una forma específica, responda a causas no visibles en el gráfico, sirven, en el mejor de los casos, para darse una idea de cómo se comportan los datos, pero no sustituyen un método estadístico serio para el análisis de las series de datos. Para el caso en concreto de los informes del MEIC, no se logró identificar una técnica, estudio o inferencia válida para establecer causalidad desde la perspectiva econométrica. Relacionado con la crítica de los informes DM-001-2015 y DM-006-2015 del MEIC, indica que, en la primera resolución existen dos errores, el primero, que no se incluyeron costos relevantes para el cálculo de los costos del importador como almacenamiento, gastos administrativos y financieros, lo que genera que se subestime el costo total para el importador. Como segundo error, se calculó propiamente en el cálculo de la Salvaguarda contenida en dicha resolución que era de 27%, dado que, si uno suma ese porcentaje, más el precio CIF, costos y utilidad, el precio que se obtiene no es igual al precio nacional, sino que resulta mayor. En cuanto a la segunda resolución, la DM-006-2015 se corrigen los errores de la primera, pero se cometen otros, dado que se incluyen varios de los costos reclamados a la primera resolución, pero se excluyen otros como los costos de empaque, además de que se realizó, sin justificación evidenciable, una variación de tipo de cambio frente a la primera resolución, que además es un tipo de cambio muy bajo en relación al promedio dentro del periodo de diferencia, ya que para el año 2014 estaba en 544 colones, mientras que en la resolución se da cercano a los 505 colones, con lo que no se utiliza un tipo de cambio relevante, lo que provoca que, al utilizarse un tipo de cambio más bajo, se baja o subestima el costo CIF, provocando que el porcentaje a implementar de la Salvaguardia sea mayor. Finalizando su declaración, explicó los resultados a los que él arribó sobre su análisis propio de la salvaguardia si, hipotéticamente, a él le hubiese correspondido realizarla, encontrando que, además de corregir los problemas señalados utilizando el método correcto, incluyendo una división entre los diferentes tipos de arroz, dado que, a nivel de local, sí existen diferencias en precios nacionales según el tipo de calidad de arroz, con lo que considera que deben hacerse cálculos por separado, determinando que, para el caso en estudio, el MEIC utilizó datos de arroz 95-5 en la segunda resolución del MEIC estableciendo un porcentaje de salvaguarda de 24,88%; mientras que, con el cálculo por él realizado, concluye que para el arroz 95-5 se debió haber impuesto un porcentaje de salvaguardia de 2.5% con el tipo de cambio de 544,69 redondeado y para el arroz 80-20 encontró que la salvaguarda no aplicaba, dado que los costos CIF y comercialización hace que el precio importado sea mayor al del precio nacional. De igual manera, considera que la aplicación de la salvaguarda impactó en el precio que pagan los consumidores, sobre todo si se considera que el arroz 80-20 es el de mayor consumo en el país conforme los datos de CONARROZ 2020. Ante preguntas de la tercerista, el perito afirma que, conforme lo señala el INEC (2015), en la canasta básica para el estrato de ingreso bajo, se cita como el tercer ítem de mayor peso o importancia es el arroz 80-20, con lo cual es razonable concluir que aplicar una salvaguarda que no debía aplicarse, perjudicó a este estrato. Ante preguntas del Tribunal, respecto de las variables utilizadas por el MEIC, pese a las críticas realizadas en la declaración, el perito considera que el problema no está en las variables en sí y que estas sí podrían utilizarse para determinar un daño a la RPN, sino que el problema está en la forma en cómo se utilizaron esos datos y el tratamiento que se les dio.

En juicio oral y público realizado el día 5 de marzo de 2021, se recibió la declaración de José Ricardo Monge González, portador de la cédula de identidad 3-0267-0245, doctor en economía y máster en economía agrícola, consultor internacional y profesor de la Universidad Lead, testigo perito de la parte actora y tercerista. Realizó una exposición sobre el mercado del arroz en Costa Rica, quiénes son los productores (pequeños, medianos, grandes), así como los industriales del arroz, tendiendo, a su criterio, a concentrarse en grandes productores y en los industriales, desacreditando la justificación de que la salvaguarda viene a proteger al pequeño productor, señalando de igual forma, de que los industriales sí poseen los mecanismos adecuados para competir, sin la necesidad de la protección de la salvaguarda. Además, comentó que, siendo que en Costa Rica el precio es regulado, se puede calcular los porcentajes de destino / distribución de ese precio del arroz, permitiendo calcular cómo se concentra la distribución de este, con una tendencia a beneficiarse principalmente el sector industrial y los grandes productores. Expuso que, efectivamente, durante el periodo de investigación 2010-2013 existieron variaciones en las importaciones, siendo tal variación – a su criterio – que, desde 1994 hasta 2009, la diferencia entre el precio nacional e internacional se mantuvieron muy estables, pero a partir de marzo de 2009, los precios internacionales bajaron y un incremento significativo de los precios al consumidor (precio nacional), por lo que se genera una brecha entre ambos que, pese a la barrera arancelaria establecida, hacía atractiva la adquisición del producto internacional, aún pagando el arancel, considerando que no se trata de algo imprevisible o evolución imprevista de las circunstancias, sino, todo lo contrario, el hecho de que se interesase en esa franja temporal la adquisición de ese producto ante la realidad internacional frente a la nacional. Respecto al caso concreto, el declarante indicó que las bases de información por él utilizada son los informes técnicos DDC-INF-005-14, DDC-INF-006-14 y DDC-INF-007-14. Frente a estas fuentes y en comparativo con el artículo XIX GATT 1994, el perito afirma que los requisitos para la implementación de una salvaguardia, a saber: daño o amenaza de daño grave a la RPN producto del aumento de importaciones, debe completarse con las definiciones de daño grave a la RPN, el cual corresponde a un “menoscabo general significativo” y en el caso de amenaza a la “clara inminencia de daño grave”, ambos basados en “hechos, y no en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas”, conceptos que extrae del artículo 4 del acuerdo de salvaguarda. Afirma que, desde tales definiciones, todo examen que se realice para la aplicación de este tipo de medidas, obliga a que se consideren todos los factores posibles (variables) que pueden afectar a la RPN y no a uno solo, lo que se complementa con el subinciso a) del inciso 2 del mismo artículo, el cual exige que los factores (variables) a analizar deben ser de carácter objetivo y cuantificable, citando como mínimo las variables: importaciones, y respecto de la RPN: cambios en el nivel de ventas, producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, ganancias y pérdidas, así como empleo, obligando el subinciso b) del mismo numeral, la exigencia de pruebas objetivas, con la tarea o finalidad de que se descarten otros factores o variables que provoquen el daño a la RPN distintos de las importaciones, para así lograr determinar causalidad, considerando que, pese a que existe un periodo fijado de investigación, un estudio como el exigido por la normativa, puede obligar a revisar periodos más largos de tiempo para estudiar a profundidad el comportamiento de las variables y cómo se han comportado en el tiempo. Referente a los vicios del procedimiento, comentó que, en la audiencia oral y pública dentro del procedimiento administrativo no le permitieron exponer con libertad y que incluso, le cercenaron la posibilidad de dar su posición libremente tanto sobre la salvaguarda en sí como su análisis de la presencia de interés público en la medida, responder preguntas y uso de su presentación, reclamándole que no hiciera conjeturas cuando lo que él pretendía era dar su criterio técnico. Ahora bien, atinente al análisis concreto del componente de las importaciones dentro del mercado nacional (penetración de las importaciones dentro del mercado local) para el periodo en estudio 2010-2013, el perito afirma que existen inconsistencias para afirmar que las importaciones tienen un impacto significativo, ello por cuanto, pese a que sí existieron incrementos en las importaciones (incremento relativo de un 86%), en términos de participación relativa (peso de las importaciones en la producción nacional), presentan oscilaciones (3,92%, 2,52% y 7,73%) y las tendencias absolutas, muestran también altos y bajos (3,61%, 2,35% y 6,7%), con lo que, a su criterio, no se trata de algo constante, permitiendo de manera razonable afirmar que estamos en presencia de otros factores que estén afectando a la RPN. Por otra parte, si se analiza el cambio de las ventas de la RPN, que bajaron en total un 7,9%, pero si se analiza por subperiodo, para el 2011 a 2012 efectivamente hubo una caída de 12,76%, pero a partir del 2012-2013, más bien reporta un incremento de 5,51% en las ventas nacionales, antes de que se estableciera la salvaguardas, es decir, mientras que en un año caen, para el año siguiente se recuperan, no existiendo esa tendencia permanente de deterioro; y refiriéndose al componente producción nacional, se da un general de una disminución de 8%, pero encontrando de igual forma para los subperiodos 2011-2012 que la disminución fue de 7,45% mientras que para el subperiodo siguiente 2012-2013 es de apenas un 0,7%, lo que permite señalar que no se trata de una tendencia estable, remarcando que, en su experiencia y utilizando cifras oficiales de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), por la naturaleza de la actividad arrocera en Costa Rica, este componente, de manera histórica, ha tenido un comportamiento de decrecimiento sostenido, por lo que no puede ser usado para afirmar categóricamente que esta disminución es producto de la causalidad con el incremento de las importaciones. En resumen, con los datos usados por el propio MEIC, la productividad no disminuye significativamente ni de manera sostenida, no hay aumento de inventarios por lo que la utilización de capacidad, se identifica un aumento en el empleo en el periodo de estudio, así como el de salario y no se identifica un aumento o disminución en la capacidad instalada y la productividad disminuye de manera previsible conforme a la historia en Costa Rica de la actividad, culminando con el hecho de que no se analizaron otros factores posibles que afectasen las mismas variables, con lo que concluye que no es posible hablar de la existencia de un menoscabo general significativo, ergo de daño grave a la RPN. En otra línea de exposición, analizando ya no el daño grave, sino la amenaza de daño, considera que lo afirmado por el MEIC es sumamente débil, ya que lo único que realizan los estudios es utilizar lo ya expuesto en el análisis de daño grave y lo compara con la capacidad de los exportadores extranjeros, ello sin ponderar de que tales países siempre tendrán ventajas competitivas y es justamente por ello que son exportadores. Mientras que, al referirse al análisis de causalidad realizado por el MEIC, afirma que la prueba de Granger usada no es suficiente para afirmar la existencia de una causalidad, es una prueba útil, pero no es suficiente, sino que lo único que hace es da una primera aproximación para analizar a profundidad si hay causalidad o no, pero lo más problemático, es que no se logró determinar el modelo estimado y variables y al limitarse sólo al periodo trianual, ello invisibiliza las tendencias históricas que explican razones del comportamiento de las variables como en el caso de la productividad, es decir, dificulta la solidez de resultado del análisis. Sigue su exposición comentando que no logró encontrar, dentro de los anexos de la prueba de Granger, las estadísticas mes a mes o año a año que se utilizaron en la prueba, indicando la especificación del modelo que se usó para que, cualquier otro analista, pueda intentar reproducir el ejercicio, ya sea para confirmarlo o para criticarlo, haciendo imposible la repetición del ejercicio y por ende, la validación de los resultados, con lo que no es factible garantizar que se usaron las variables correctas, en los periodos correctos con el modelo correcto. Indica además, que no se logró identificar un modelo econométrico para el análisis utilizado en el MEIC, aunque advierte que hoy en día existen muchos modelos multivariables que permiten hacer esa tarea, permitiendo por ejemplo considerar no sólo las importaciones y su crecimiento, el comportamiento de la producción, aspectos climatológicos, acceso a crédito y otros factores que afectan o se relacionan con la producción, no sólo la presencia de competencia internacional, por lo que ello le lleva a afirmar, justamente, que no se cumple con los parámetros normativos inicialmente señalados de hacer el ejercicio de exclusión de otras causalidades. Reforzando esta situación problemática, el perito afirmó que, pese a que existe muchísima información teórica y académica disponible sobre el mercado de arroz en Costa Rica, desde la época de los setentas, extraña que ninguna haya sido usada en los informes técnicos del MEIC, aunque, ante preguntas del Tribunal, aclaró, la información usada por el MEIC no tiene problemas, sino es la forma o el análisis en sí de esa información la que, a su criterio, no es rigurosa ni suficiente para afirmar conclusiones como la existencia de un daño grave o una amenaza de daño grave a la RPN producto causal del incremento de las importaciones. Finalizando su exposición punteando que en el análisis del MEIC no se hizo una aproximación sobre el interés público, ello por cuanto no se consideró quién sería el que se beneficiaría de la salvaguarda, siendo claramente los grandes productores e industriales como se indicó anteriormente (política regresiva proteccionista), así como siendo más perjudicados los consumidores de ese tipo de arroz, que son los quintiles más bajos de la población nacional, con lo que considera que no se ponderó el interés público en ese sentido.

Continuando con la audiencia de juicio oral y público en fecha 9 de marzo de 2021, se recibió la declaración de Alonso Alfaro Ureña, portador de la cédula de identidad 1-1192-0653, economista, con maestría y doctorado en economista y profesor de economía de la Universidad de Costa Rica e investigador del Banco Central de Costa Rica, testigo perito de la parte actora y tercerista. Señala que, a petición de la empresa MERCASA realizó un estudio económico respecto tres aspectos concretos: Qué pasó después de que se implementó la salvaguarda respecto de las ventas, el comportamiento de la empresa posterior a dicho evento y el cálculo del costo para la empresa proyectando cuánto tendría que pagar de más mientras duraba la salvaguardia, tomando la información contable de la empresa MERCASA, certificada por un contador público, concretamente la información histórica de la cantidad de productos vendidos y sus precios de manera semanal por el periodo de tiempo que constan en el informe por él realizado, así como los comprobantes de cuánto se estaba pagando en aranceles hasta ese momento. Como resultado del trabajo realizado, el perito encontró que, para el caso de la actora, se encontraron caídas en las ventas del producto, estudio que utilizó cuatro presentaciones de arroz pilado, analizado desde el momento en que se implementó la salvaguarda, mientras que, referente al comportamiento de la empresa actora, indicó que ésta estaba presentando un incremento en su actividad, ello en aprovechamiento de la oportunidad que la actividad de importación del arroz conllevaba dadas las razones del mercado, presentada como una oportunidad de ganancia, la cual desaparece al implementarse la salvaguardia. El análisis incluyó 4 grandes categorías, tanto de importación como de venta, a saber, presentación venta en kilos 80-20, 95-5, y en sacos individuales y sacos grandes, identificándose que, solamente una de las presentaciones estudiadas se mantuvo después de la salvaguarda, existiendo una caída de las demás presentaciones, desapareciendo los kilos de 80-20, mientras que las demás no lograron despegar, manteniéndose así, solamente una sola presentación, perdiéndose así la oportunidad de esas presentaciones, realizando una estimación lineal proyectada de los productos presentados si la salvaguarda no se hubiese impuesto, demostrando que el comportamiento hubiese sido sostenido y en crecimiento. Afirmó que el comportamiento descrito se debe a que, al momento de sumarle la salvaguardia a cada una de esas presentaciones, produce un encarecimiento que, para tres de las cuatro líneas analizadas de tipos de arroz produzca que, o no sean competitivas, o el resultado sea más caro que el precio de mercado, haciendo que la venta genere pérdidas. Ante preguntas de la parte, el perito expuso su concepción de salvaguarda, pero haciendo énfasis de que el objetivo de la salvaguarda, dada su naturaleza temporal, lo que hace es obligar a la RPN para que se aliste o ajuste para competir con el producto internacional, o para que, de manera ordenada, el país se salga de la producción del bien o servicio estudiado. Para el caso en estudio, considera que, al analizar el histórico de precios internacionales y los locales, para el momento en que comienza la actividad de importación de la empresa, considera que era previsible que, ante el margen de diferencia entre ambos, era evidente que resultaba rentable la importación del arroz, aún con el arancel impuesto. Ahora bien, también señaló que, identificó como parte de los factores que afectaron al momento, fue que se prohibieron ciertas actividades como el bandeo y promociones, que también afectaron el tema de las ventas del arroz. Expuso a viva voz cómo, a su criterio, en ocasión de la salvaguarda afecta el bienestar general, entendido éste como la afectación que sufre el salario real (capacidad de pago) de las personas, al tener que pagar en el precio del arroz el arancel, pudiendo comprar menos con la misma cantidad de dinero. Complementa esta afirmación que, si no se hubiese implementado la salvaguardia, a su consideración, pese a que el precio es regulado, se hubiese presionado para que bajara el precio regulado dado que los componentes de cálculo y eventualmente transmitir el beneficio del precio internacional al consumidor, ya que hace más difícil que el precio baje, perdiéndose de igual forma esta oportunidad ante la implementación de la salvaguarda. Ante las preguntas de la tercerista, el perito afirmó que, en la presentación de 80, que fue la que desapareció su comercialización para la actora, debido a que, el costo de éste a nivel internacional, más el costo de traerlo, el arancel y la salvaguardia, hacía que ya no fuera rentable traer ese producto, al menos en esa franja de tiempo. Ante preguntas de la representación estatal, el perito aclaró que, posteriormente a la implementación de la salvaguarda, la actora sí pudo continuar importando, pero sin crecimiento en dos de las presentaciones, perdiendo básicamente la presentación de 80, con lo que, se vendió el remanente que se conservaba en inventario, y posterior, durante el tiempo de la salvaguarda, la empresa siguió importando la variedad que, conforme a su estructura de costos, sí era rentable, pese a la implementación de la salvaguardia. Se indagó por parte de la representación estatal, a efectos de que detallase si parte del estudio de bienestar que realizó el perito si, efectivamente, ante la salvaguarda, incrementaron precios al consumidor, con lo que el declarante aclaró que, a su consideración, su apreciación no tiene que ver directamente con aumento de precios, sino que, como podía ocurrir, de acuerdo con las ventas que estaba teniendo la empresa es que, el consumidor nacional, de consumo 80-20, por lo que, al prohibirse la práctica del bandeo, que es la forma de trasladar beneficio de la diferencia de precio internacional de manera indirecta al consumidor y, pese a que la variación de precios es poca, dada la regulación que existe, había una potencial ganancia en términos de una caída efectiva, real, en los precios del consumidor que se ve truncada por la imposición de la salvaguardia y la prohibición del bandeo. Ante preguntas del Tribunal, se indagó sobre la existencia de otras variables que pudiesen afectar las ventas de la empresa, a lo que el perito contestó que, dado el comportamiento económico histórico previo y posterior a la imposición de la salvaguarda, considera muy difícil pensar otras explicaciones alternativas a que ese evento ocurra, sobre todo por el hecho del comportamiento posterior a ese evento, donde la empresa adecuó su comportamiento de adquisición de producto en la presentación que aún era rentable, pese a la salvaguarda, es decir, su énfasis en el trabajo, lo da por la coincidencia temporal de los eventos, señalando que, a su parecer, solamente existiría un curso causal hipotético que fuese que, en ese mismo momento, se haya tomado la decisión – inconexa – de dejar de comercializar o que pasara algo que destruyera su capacidad de comercializar ese producto, pero de lo que él revisó y en apariencia, no encontró indicios de ellos, señalando además de que la actora se trata de una empresa importadora no sólo de arroz, sino de otros bienes de consumo. Por otra parte, referente al tema de la compra del arroz, el perito aclaró que su análisis se centró exclusivamente de producto importado, y que, pese a que no hizo un estudio desagregado por proveedor, el precio internacional lo considera homogéneo, por lo que el origen del país y el productor no varía significativamente.

Posteriormente, en la audiencia oral y pública celebrada el día 9 de marzo de 2021, se recibió la declaración de José Antonio Martínez Fonseca, portador de la cédula de identidad 1-1060-0574, economista agrícola, testigo perito de las empresas codemandadas. En su declaración indicó que, al momento de los hechos que se conocen en este proceso, era parte de ANINSA, exponiendo su posición respecto del instrumento de salvaguarda, haciendo énfasis de que la finalidad de ésta, además de ser transitoria, es para darle oportunidad a la RPN para que se prepare para la competencia, y permitiendo, además, por la naturaleza escalonada de la medida, que paulatinamente va en disminución, que se realicen estudios de la producción local para verificar si la medida, en caso de otorgarse ha sido eficiente o no. Expuso que, al momento de presentar la salvaguardia, él fue uno de los encargados de buscar la información para sustentar la declaración, a saber: información de ventas de las empresas, compras, información financiera auditada, productividad de cada uno, empleo, utilidades, entre otros, en conjunto con visitas de campo, donde se confirmó la documentación presentada y la capacidad instalada, permitiendo demostrar el daño y amenaza de daño grave a las empresas, acompañándose también información sobre el entorno de arroz en el mundo, entre ello precios internacionales, información de los exportadores, sobre todo de los Uruguayos, Brasil y Argentina, demostrándose que estos países podían abastecer completamente el mercado de Costa Rica, así como las políticas de esos países de beneficios agropecuarios, subsidios y otros, que provocan que los mercados del arroz son tan volátiles, existiendo correlación de esos beneficios con la variación de los precios internacionales, considerando sobre todo que el arroz es uno de los productos que más se consumen en el mundo, concentrándose más del 90% de consumo/producción en Asia: China, Vietnam, Indonesia, India, Paquistán, haciendo que el arroz globalmente sea susceptible de intervención política, lo que hace que los precios sean muy volátiles, distribuyéndose en el resto del mundo el restante 10%, con presencia de países como Estados Unidos de Norteamérica y Brasil que buscan colocarse como países exportadores. Afirmó de que toda la información señalada le fue facilitada a la AI del MEIC, señalando en la petición de investigación que se trataba de amenaza de daño, aportando las variables que pide la “jurisprudencia de la OMC”, sabiendo que la normativa expresamente no establece una metodología específica, por lo que, según lo consultado, esos datos fueron: precios y cómo se iban a mover éstos, capacidad de los exportadores para abastecer un mercado y cómo hacer que tales exportaciones pudiesen afectar el precio de los países locales a tal punto de que los productores locales no pudiesen sobrevivir, y además de cómo el incremento en las importaciones impactaron en la fuerza de ventas, productividad, empleo, estados financieros y capacidad instalada, considerando que sí existía causalidad, dado que existía correlación entre ambos, sin que existieran elementos que desacreditaran tal afirmación y, según su experiencia, ello se confirmó con lo ocurrido en periodos posteriores a la presentación de la salvaguarda. Ante preguntas de la parte proponente, el perito afirmó que a su criterio sí existió un incremento imprevisible en las importaciones, ello dado que, históricamente, Costa Rica tenía un balance entre la producción nacional, complementada por la importación de producto para el correcto abastecimiento y adecuado del mercado nacional, pero a partir del 2010-2011, ese balance se rompe ante un incremento en las importaciones, ya para el 2014 se encontró que el comportamiento de las importaciones iba a seguir en crecimiento aún mayor a lo esperado. Aclaró que, pese a que, producto de compromisos GATT con Estados Unidos de Norteamérica, se había esperado que fuese, desde la época de los 90, las importaciones de arroz de ese país los que impactaran el mercado nacional, lo curioso fue que el consumidor costarricense no le gusta el arroz de dicha procedencia y, desde la perspectiva culinaria, quedó rezagado, pero al introducirse en los años señalados posteriormente al 2010 de otros países, el aumento de importaciones fue significativo. Ante preguntas del Tribunal del origen de esas importaciones, señaló que fue producto de una sobreproducción del cono sur que no pudieron colocarse y que por eso, se colocó y se coloca parte en Costa Rica. Afirmó que, a su parecer, conforme la Ley del CONARROZ, considera que el interés público se confirmaba por el propio hecho de que la RPN afectada era la arrocera, lo que implícitamente, al ser las solicitantes parte de esta rama, se confirma que sí existía un interés público. Frente a la pregunta de si había que analizarse o calcularse de manera separada varias presentaciones de arroz, el perito respondió que, a nivel arancelario, no se da diferencia en ese aspecto, sino que las clasificaciones arancelarias responden a otros factores, como por ejemplo, si el arroz viene fortificado, insuflado o no, o si pertenece a algún contingente como el de Estados Unidos de Norteamérica (GATT), explicando que, a su parecer, a nivel internacional la comercialización que se da es el 95-5, como por ejemplo la bolsa de Chicago o de Brasil, siendo inexistente o muy pequeño la comercialización de arroz 80-20, recordando que, durante la investigación, la mayor cantidad de información era de 95-5, por lo que, pese a que existen variaciones de precios, a razón de la variación del precio frente al arancel, los arroces de menor calidad iban a tener un impacto menor frente al del 95-5, por eso esa división no era relevante, insistiendo de igual manera que se trata de una única categoría arancelaria y que, además, la diferencia de precios se da tanto a nivel local como internacional, con diferencias muy similares, es decir, no es que las presentaciones de precios en estructura de costos se mezclasen, a saber, si se trata de arroz 80-20, los costos de importación, flete, aranceles se comparan con el precio de arroz 80-20 local, igual con el arroz 95-5, no siendo posible mezclar estructuras de costos o precios. Señaló frente a la suspensión de la aplicación de la salvaguarda, tuvo gran importancia dado que, en el año que se suspende (tercer año de la aplicación de la medida), se suponía que el MEIC tenía que realizar el estudio de utilidad de la medida, o si necesitaba mantener, ajustar o eliminar, así como el comportamiento del ajuste de la RPN, mas este estudio nunca se realizó, afirmando que, a su criterio, si este se hubiese dado, se hubiese visibilizado cómo la afectación había pasado a consolidarse como un daño y que las importaciones siguieron creciendo y que, pese a los esfuerzos de la industria nacional, la conducta es en decrecimiento. Frente consultas del Tribunal, el declarante hizo ver que, de su conocimiento, no se hizo un estudio de este tipo desde que se impuso la salvaguarda, pero que ellos como RPN sí lo han hecho, mas no se les había facilitado al MEIC tales estudios. Ante preguntas de la parte actora, el declarante indica que, salvaguarda de arroz, basado en artículo XIX GATT solamente se ha hecho esta, aunque en el 2004 se tramitó otra, pero fundamentado en otra normativa. Ante la pregunta de cuáles son las acciones que han tomado las empresas demandadas, concretamente CACSA y Coopeliberia, el perito expuso que, de parte de esas empresas, se realizaron varios esquemas de capacidades instaladas, cómo optar por mejores insumos para ser más competitivos, mejora en la compra de materia prima, compra de nueva maquinaria, para mejorar la eficiencia de la relación arroz entero-quebrado, mejora en las relaciones financieras, entre otros, que se iba a presentar en el expediente administrativo para el examen, pero, como se señaló, éste no se hizo ante la suspensión de la salvaguardia. Frente a la consulta de la accionante sobre si el objetivo de la salvaguarda es hacer un ajuste de la RPN o el mantenimiento de las ventas, éste respondió que el objetivo es el ajuste, aclarando que, conforme a lo declarado, es la protección a la RPN para que ésta pueda adaptarse y que esta relación se mide, a través de las ventas y el examen del MEIC vuelve a medir todos y cada uno de los factores previamente medidos. Referente al tema de las importaciones, amplió su declaración señalando que, Costa Rica, previo a la implementación de la Salvaguardia, importaba arroz pilado de Argentina y Uruguay, la cual ya soportaba el arancel, del 35%, porcentaje que se había establecido desde hace más de 20 años. Ante la interrogante sobre el método utilizado para los análisis por él realizado, afirmó que se trató de una tarea que había realizado él en conjunto con su equipo de trabajo, mas no detalló si se utilizó un modelo económico para tales análisis, sino la interpretación que él y su equipo da de la relación de las importaciones con los factores o variables de las empresas que él representaba. Se aclaró además de que las empresas sobre las cuales se hizo estudio de RPN, éstas también recibían un contingente de importación de arroz pilado, concretamente una de las empresas locales, mas ello no se especificó en la solicitud por dos razones, a saber, la importancia o peso de éstas, y que además, pertenecían a otras categorías arancelarias, además de que los contingentes no se contabilizan en el análisis, remarcando que, en todo caso, los datos de las importaciones que se contabilizan no son los que ellos presentaron, sino que se extraen de la Dirección General de Aduanas y que, al final, es la AI la que termina seleccionando qué información es útil y qué no. Respecto al tema de la amenaza de daño grave, indica que sí se documentó y fue remitido al MEIC en diferentes momentos, no solamente con la solicitud.

En audiencia oral y pública celebrada el día 22 de abril de 2021, se recibió la declaración de Melisa Marcela Amador Rojas, portadora de la cédula de identidad número 1-0965-0054, abogada, funcionaria del MEIC en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Defensa Comercial para la época en que se tramitó el procedimiento de salvaguardia de arroz. Declaró ante el Tribunal de que su participación se limitó a estar presente en la audiencia oral y pública del procedimiento únicamente, acompañando a la directora Odalys Vega y a la economista Marcela Rojas. Ante preguntas a la testigo, indicó no acordarse si antes se fijó tiempos para la audiencia, ni antes ni durante ésta, limitándose a estar presente mas no a tomar decisiones, y no le consta que le hayan preguntado algo durante la audiencia, señalando que su presencia fue por orden de su jefatura, mas no le indicaron las razones del por qué o para qué se ocupaba su presencia.

En audiencia oral y pública celebrada el día 22 de abril de 2021 se recibió la declaración de Odalys Vega Calvo, cédula de identidad 1-0825-0949, abogada, máster en comercio internacional y experta en derecho comercial, directora de defensa comercial del MEIC en la época del procedimiento administrativo, testigo común de todas las partes. Comenzando con preguntas de la parte actora, la deponente señaló que el Departamento de Defensa Comercial del MEIC es la que, a efectos de la normativa internacional, es la que se configura como Autoridad Investigadora (AI) en Costa Rica en materia de dumping y salvaguardia, por lo que le corresponde instruir, investigar y valorar prueba de la admisibilidad de una solicitud de salvaguardia y posteriormente, se encarga de dirigir un procedimiento administrativo de investigación; es decir, en materia procedimental, existen dos etapas, una primera que es de análisis de admisibilidad y otra de la investigación como tal. Su composición es multidisciplinaria, hay abogados, economistas, administradores de empresas, etc, como directora, recibe la solicitud y la asigna a un técnico para su evaluación. Narró que para el momento de los hechos, la oficina se componía de una abogada, que posteriormente salió de la oficina, por lo que fue sustituida por Melisa Amador Rojas, encargándose ambas de la parte legal, mientras que la parte económica de análisis de importaciones, daño o amenaza de daño y causalidad la asumió Marcela Rojas Gómez, teniendo además un asistente administrativo, aclarando que ella daba la perspectiva de comercio internacional, pero que, en general, participó activamente en todas las etapas y gestiones tanto del análisis de admisibilidad como del procedimiento de investigación en sí. Explicó que, después de realizar una valoración de la solicitud respecto del cumplimiento de requisitos del artículo 10 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia, se emite una resolución donde se determina que existen los elementos necesarios para la apertura del procedimiento formal de investigación, mas no por daño grave a la RPN, sino por amenaza de daño grave. En esta etapa se verificó conforme el artículo 4 del acuerdo de salvaguardia, en relación con el reglamento centroamericano sobre medidas de salvaguardia, que los solicitantes cumplían con la representatividad para ser considerados RPN, ello por cuanto la normativa exige un mínimo de 25%, determinándose en el caso concreto que los solicitantes superaban ese porcentaje, cotejado con datos aportados que indicaban la totalidad de la producción nacional de arroz pilado, con fuente oficial de CONARROZ. Abierta la investigación, se determina, conforme el artículo 1° quiénes son o pueden ser las partes que deben formar parte de la investigación: productores nacionales (RPN), los exportadores y los países de éstos y a los importadores, a los que se le notifica, además de pedirles a la RPN, importadores y exportadores para que llenen un formulario con la información necesaria de la investigación, otorgando un plazo de 45 días para que remitan lo solicitado y se pronuncien al respecto, conforme el artículo 15 del reglamento centroamericano de salvaguarda, otorgando de igual forma prórrogas a todas las partes para presentar la información necesaria. Además, frente a la petición de las empresas solicitantes, se realizó una determinación preliminar con la finalidad de implementar una medida cautelar, y en este caso, ese análisis preliminar resultó negativo, dado que, pese a comprobarse el aumento de importaciones, la amenaza de daño a la RPN, pero la causalidad no estaba tan contundente, además de que no se acreditó la situación crítica del sector nacional, que son los requisitos de una medida cautelar conforme los parámetros del reglamento centroamericano, por lo que se emitió el informe técnico recomendativo negativo al Ministro, quien es el que posee la potestad decisora, y acogió nuestra recomendación. Posteriormente, se procesó y se verificaron en el campo toda la información de los solicitantes en representación de la RPN y de los importadores, entre ellos la empresa actora y se realizó una audiencia oral y pública para evacuar prueba, otorgándosele en este caso, 15 días, conforme la normativa citada para que plantearan argumentos que no lograron desarrollar en la audiencia, se emitió el informe de determinación final y se remitió al ministro para su decisión final. Ante la interrogante de si la AI conocía que la RPN importa arroz, la respuesta fue positiva, sin embargo, en los análisis que se hicieron, dentro del acápite denominado “otros factores que podrían causar daño” se analizó si estas compras de la RPN las podrían estar afectando (si ellos mismos tenían una competencia que se afectaba), y se concluyó, en base a análisis de volumen de compra que, frente al volumen de las empresas importadoras, resultaban adquisiciones no relevantes, por lo que se excluyó como razón causal de afectación. En cuanto al comportamiento de las importaciones, se detectó que las compras de la RPN no era la que estaba causando el incremento de las importaciones, sino la actuación de los importadores y los otros orígenes, ello basado en un análisis de volumen de importaciones. Ante el tema del análisis temporal, la declarante afirmó que el estudio se circunscribió, específicamente, en los periodos 2011, 2012 y 2013, conforme el reglamento centroamericano que exige un periodo de investigación de 3 años, ya que esta normativa afirma que, si se quiere ampliar el periodo de investigación se tiene que justificar, cosa que no ocurrió y no fue necesario en este caso. Ante consultas sobre la dinámica del departamento como multidisciplinario que es, se señaló que no existió un mecanismo de solución de desavenencias por criterios encontrados pero que, en todo caso, de lo que recuerda no existieron criterios contrapuestos a lo interno de la AI, en cuanto al resguardo de la información, existían dos legajos, claramente identificados, uno confidencial o privado que contenía toda la información económica sensible de las partes, que solamente tenía acceso los integrantes AI ya citados y se mantenía bajo llave en el despacho de ella como directora y otro legajo público, que es el que tenía acceso cualquier interesado. El legajo privado a su vez estaba divido por cada uno de los participantes, el cual tenía acceso la AI y cada uno de los interesados, sin que éstos pudiesen acceder a la de los otros partícipes, pero sí a la versión pública unificada. Los criterios de categorización de confidencialidad básicamente son los que pueden provocarle daño a la parte si se difunden o si les puede dar una ventaja indebida a la contraparte, conforme la jurisprudencia de la OMC, o cuando la propia parte lo solicita, pero debe venir justificado, por lo que tal justificación se analiza y se resuelve; en todo caso, de la información privada debe llenarse un formulario de resumen que se incorpora a la parte pública para tener un acervo común probatorio a todas las partes. En el caso concreto, todos pidieron confidencialidad sobre precios, clientes, procesos productivos y porcentajes de participación. La información confidencial se verifica en campo, con acceso a la AI a los sistemas contables, presencia de un representante de la parte de esa materia, uno de toma decisiones, uno de toma de decisiones, otra de proceso productivo, logística y el abogado, así como el consultor, emitiéndose el informe de la visita, solicitándose información adicional o modificaciones si se detectan inconsistencias. En el caso concreto, las visitas fueron realizadas por ella misma y la economista Roja Gómez como parte de la AI. Cuando se solicita información sobre pérdidas y ganancias, se solicitan datos auditados, respecto de ventas se verifican facturas, empleo se verifica con planillas, entre otros, aunque aclara que la verificación no es asimilable a un proceso de auditoría por lo que no se coteja con terceras fuentes, sino que se realiza un cotejo de la información presentada contra los originales en sitio, en todo caso, esta información igual se analiza de manera conjunta con el resto de fuentes de información, como por ejemplo, CONARROZ y aduanas que son fuentes oficiales de información. Frente a la indagación referente a amenaza de daño, la funcionaria señala que la definición es la que está contenida en el artículo 4 del acuerdo de salvaguarda, que es la inminencia o cercanía de daño, visible en las variables: ritmo y cuantía de las importaciones, la participación en el mercado o la absorción de éstas en el marcado, cambio en las ventas, en la producción, productividad, capacidad instalada, pérdidas y ganancias y empleo. En el caso en concreto, se analizaron esas variables y, pese a que el daño no era crítico, se ponderó el comportamiento de las importaciones, en especial su crecimiento, por lo que consideramos amenaza, ese factor de crecimiento, lo que genera la inminencia para fundamentar la existencia de amenaza afirmando, además, que debe utilizarse conforme la jurisprudencia OMC, debe aplicarse el artículo 3.7 del acuerdo antidumping que considera: tasa y crecimiento de las importaciones basadas en volumen de importaciones y sus tendencias, la capacidad productiva o exportadora de los orígenes de las importaciones sustanciales (Uruguay y Argentina) con datos de los países y de los exportadores, capacidad de que las importaciones puedan hacer bajar o subir los precios locales y las existencias de inventarios del exportador e importador, la competencia en el mercado local de producto nacional vs el extranjero, se hizo un análisis de subvaloración de precios entre precio internacional y nacional y la determinación del tamaño de la brecha entre ambos, ello de manera estadística, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos. Se expuso que, respecto de la brecha de precio, se identificó que la caída del precio se debió a un comportamiento en el mercado asiático, concretamente Tailandia y Vietnam con sus políticas de promoción agraria y precios competitivos, que desplazó los mercados a Uruguay y Argentina, con lo que, ante ello, el cono sur vio oportunidad en el mercado costarricense para colocar esas exportaciones, señalando que la brecha entre el precio nacional e internacional al consumidor era de un 30% y sí se contabilizó la regulación del precio nacional, además de que existe ante el tratado CAFTA con Estados Unidos de Norteamérica, un contingente fijo asignado de 5000 toneladas métricas por año, a partir del año 2006. Sin embargo, es a partir del año 2010-2011 que se ve el crecimiento de importaciones, provenientes de Uruguay y Argentina, por lo que la regulación nacional del precio que data desde la época de los 45 no se consideró como factor influyente, identificando de que, hasta el año 2013 se establecía un único precio que era para la presentación 80-20, siendo que a partir del segundo semestre de 2013 se establece por tipo de arroz las demás fijaciones de precio, por lo que ello sí fue considerado en la metodología de análisis. Posterior a la implementación de la medida, se inició el análisis de medio periodo, se pidió información a todas las partes, aduanas y CONARROZ, contando, pese a que algunas partes no remitieron toda la información, sí se contaba con lo suficiente para hacer el examen y el informe se realizó y lo tiene el despacho ministerial. Respecto del componente denominado “interés público”, la posición de la AI fue utilizar lo que indica el artículo 3 del Acuerdo de Salvaguarda, ya que lo que obliga ese numeral es a darle audiencia a todos los interesados para que expongan su postura sobre si la medida tiene o no interés público, oportunidad que, conforme al expediente, se le dio a todos y se analizaron los argumentos en los informes, aunque la mayoría se trataban de alegatos sin prueba, como por ejemplo, la afectación al consumidor, pero no se realiza un estudio independiente, dado que la normativa internacional no la exige. Frente a la indagación respecto del tipo de cambio para la reconstrucción del precio internacional cuando se calculó el porcentaje de la salvaguarda, efectivamente se realizó una modificación en el uso del tipo de cambio dado que, basado en un modelo de costos, se estableció la estructura de precios del año 2014, pero en la impugnación del acto final, ANINSA señaló que la base de información utilizada, corresponde a una estructura de precios que estaba en consulta pública (propuesta de CONARROZ al MEIC), por lo que no era usable, por lo que se utilizó con fundamento la regulación normativa vigente, a saber, la del año 2013, información estadística de importaciones del año 2013 y el tipo de cambio de ese año, no recordándose si para el año 2013 se promedió el tipo de cambio. Aclaró que toda la información que consta en autos, se refiere a calidades de arroz de presentación superior a 90, ya que el sector productivo, desde la presentación de la solicitud, indicó que el producto que estaba afectándoles, giraban en torno a las presentaciones superiores a 90 y que fue la reconstrucción de estructura de precios ya mencionado, se hizo a esa presentación. No obstante, cuando se emitió la resolución, su aplicación corresponde a Aduanas, por lo que, éstos solicitaron información de la forma en cómo aplicar de manera correcta la salvaguarda acordada, insistiendo que la resolución que impone la medida definía claramente el objeto de aplicación, por lo que, en tesis de principio, no debía afectar otras presentaciones e insistiendo que, conforme lo que se estudió, las importaciones de 80-20 no eran significativas, sino que las problemáticas eran las presentaciones de 90 o superior. Señaló que, si hubo una mala aplicación de la medida a otros productos (como el de 80-20), la competencia de justificar tal acción le corresponde a Aduanas, no al MEIC ni a la AI, no obstante, si Aduanas realizaba una consulta, siempre se le daba respuesta, siendo las consultas principales, respecto a los orígenes excluidos de la medida (países en desarrollo que no superen el 3% Brasil y Paraguay, Centroamérica, por tratado de libre comercio vía contingentes como CAFTA, en general excepciones del 9.1 del Acuerdo de Salvaguarda). En cuanto a lo referente a los planes de reajuste de la RPN, la deponente aclaró que éstos no se solicitan o no son requisitos, dado que son propios no de la imposición, sino de las solicitudes de prórroga. Aclaró que, en el informe final de recomendación, cuando se utiliza el término “concesión arancelaria”, se refiere al análisis del comportamiento de las importaciones, lo que obliga, necesariamente, a tener que estudiar si existen presencias de concesiones arancelarias o compromisos de Costa Rica a nivel de importación, ello para valorar las circunstancias imprevistas, que no tienen que demostrarse, sino simplemente citarse a dónde es que tales están señaladas, como por ejemplo, la concesión de 5000 toneladas producto del CAFTA o las enlistadas en el anexo del GATT de 1994. Ante la consulta sobre si recibió de parte del MEIC o alguien fuera de la AI instrucciones o presiones para encaminar la investigación, la testigo funcionaria afirmó categóricamente que no, dado que la oficina, cuando funciona como AI posee independencia funcional y técnica del resto de la Administración, además de que su trabajo es eminentemente técnico. Respecto del comportamiento de los precios del arroz posteriormente a la implementación de la Salvaguarda, se señaló que, conforme el decreto de fijación de precios, en lo referente al precio de 80-20 (que era el único regulado hasta 2013) tuvo un comportamiento hacia la baja, aclarando que dicho comportamiento no necesariamente puede vincularse a la salvaguarda dado que el sistema de fijación de precios se basa en un modelo de costos agroindustrial, lo que excluiría, necesariamente, la consideración de si existe o no salvaguardia, ya que no se considera como un costo. Ante preguntas de la representación del Estado, la declarante indicó que, junto con la Salvaguarda, se incluyó una medida de compensación, la cual puede ser sobre el mismo producto o sobre otros. En este caso, Argentina y Uruguay solicitaron que fuera parte sobre el mismo producto y sobre otras presentaciones de arroz (pilado y granza), lo cual se maneja como si fuese un contingente, constándole que MERCASA participó de las cuotas de importación que permite la compensación (conforme el decreto ejecutivo COMEX), siendo el COMEX el administrador de esta medida. Frente a preguntas de las empresas codemandadas, cuando la declarante se habla de jurisprudencia, se refiere a los órganos de solución de diferencias y paneles de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ante preguntas del Tribunal, se aclaró que las decisiones de las reglas de la audiencia oral y pública del procedimiento se analizaron a lo interno de la AI, avisando con antelación a todos los interesados y sin recibir oposición alguna, aplicándose los límites de tiempo literalmente al momento de realizar la audiencia, en respeto de esas reglas previamente establecidas. En cuanto a la relación del Departamento de Defensa Comercial como AI frente a otros departamentos, exponiendo que el Departamento de Estudios Económicos en ocasión de la relación orgánica del MEIC, están obligados a darles ayuda técnica, sin embargo, el análisis fue solo de parte de Defensa Comercial como AI, aclarando nuevamente que, a diferencia del órgano director, la oficina de Defensa Comercial tiene como única tarea fungir de Autoridad Investigadora (AI), y ello es independientemente de la cantidad de funcionarios que laboren dentro de la oficia, comentando que inicialmente eran 1 profesional más un asistente y actualmente son siete.

HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados para este proceso los siguientes:

Que dentro del procedimiento administrativo DDC-02-2013, el análisis o estudio de causalidad realizado por la Autoridad Investigadora pueda ser verificado o validado, con clara identificación en cuanto al análisis lógico – técnico – metodológico utilizado en los informes DDC-INF-004-14, DDC-INF-005-14, DDC-INF-006-14 y DDC-INF-007-14 y que es utilizado como sustento para los actos administrativos DM-001-2015 y DM-006-2015 (Los autos).

Que se haya demostrado con prueba idónea la forma exacta y concreta de cómo la imposición y vigencia de la salvaguarda objeto del proceso impactó en la determinación del precio del arroz a nivel nacional o perjudicó los intereses legítimos y derechos subjetivos de los consumidores. (Los autos).

Que se haya demostrado con prueba idónea la forma exacta y concreta de cómo la imposición y vigencia de la salvaguarda objeto del proceso impactó en las finanzas de la aquí actora y concretamente, la pérdida de oportunidad o de chance en lo que respecta al crecimiento de nuestro negocio y de las contrataciones eventualmente realizadas. (Los autos).

Que se haya demostrado con prueba idónea la forma exacta y concreta de cómo la imposición y vigencia de la salvaguarda objeto del proceso impactó en las finanzas de la aquí actora y concretamente, a través del sufrimiento de un daño moral objetivo. (Los autos).

Que se haya demostrado con prueba idónea que la medida de salvaguarda adoptada se haya ejecutado o aplicado para los administrados e importadores antes del vencimiento de los 30 días concedidos en la resolución final del procedimiento. (Los autos).

Que se haya demostrado la invalidez y nulidad del Decreto Ejecutivo 38884-MEIC. (Los autos).

SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO: El presente proceso contiene dos grupos de acciones, una encabezada por la empresa actora, sumándosele por otra parte la tercerista, pero desarrollando pretensiones propias, con lo que, a efectos del abordaje en sentencia, se separan ambos argumentos tal cual se exponen a continuación. Se advierte que los argumentos refieren a aquellos que se conocieron en los escritos iniciales y en los momentos procesales oportunos, así como las alegaciones en conclusiones referentes a la evacuación probatoria, no obstante, se omiten argumentos novedosos o innovativos contenidos en los escritos de conclusiones de las partes, ante la improcedencia de tal práctica y como control de la igualdad de armas ante la consolidación de la teoría del caso de las partes en los momentos procesales correspondientes. V.I De la demanda: De manera sintética la parte actora, en su condición de importadora de arroz pilado y que fue objeto de la salvaguarda dada dentro del procedimiento DDC-002-2013 del MEIC, en la cual la Dirección de Defensa Comercial fungió como Autoridad Investigadora (AI), en aplicación del Acuerdo de Salvaguarda y el Reglamento Centroamericano para aplicación de medidas de salvaguarda, reclama que por ningún medio la AI demostró objetiva y cuantitativamente por ningún medio el procedimiento la existencia de daño grave a la Rama de Producción Nacional (RPN), ni tampoco la existencia de una causalidad entre el aumento de las importaciones y la amenaza de daño grave a la RPN, o que el incremento de la importaciones fuese consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias o que éstas son producto de obligaciones contraídas por Costa Rica ante la OMC en el momento de suscribir el GATT. A nivel procedimental alega que, durante la audiencia oral y pública, se limitó de manera irrazonable el ejercicio de participación, defensa y evacuación de la prueba por parte de la AI, lo que provoca vicios en el procedimiento como tal. Ataca que la resolución final DM-001-2015 y DM-006-2015 por varios motivos, resaltando el problema con la variación en el uso del tipo de cambio y además, el esquema de costos utilizado para el cálculo de la salvaguarda, así como realizar los cálculos con la estructura de arroz 95% grano entero, sin desagregar para el resto de calidades a importar, afectando el arroz de presentación 80% grano entero que es el que más consume el costarricense y, particularmente, la población económicamente más vulnerable. Afirma que la medida de salvaguarda adoptada fue ejecutada y aplicada para los administrados e importadores antes del vencimiento de los 30 días concedidos en la propia resolución final del procedimiento, así como su modificación, constituyéndose en una vía de hecho. Reclama que la medida de salvaguarda implementada, le ha perjudicado patrimonialmente de manera severa. De manera concreta, la parte alega violaciones en el debido proceso, entre ellas: limitación de acceso a información relevante y necesaria, por cuanto se realizó una prueba econométrica de Granger con datos que no permitieron ser verificados, declarando confidenciales las series de datos utilizados en las pruebas, pese a que no relevaban información individual, sensible y confidencial de la RPN, siendo varias veces negada pese las solicitudes de la accionante “La Al se negó a entregar información fundamental y necesaria para la corroboración del análisis que había realizado, esto, bajo una falsa premisa de privacidad, pues los datos "privados o confidenciales" nunca le fueron solicitados, sino, los agregados que ya la misma Al había publicado parcialmente según se puede corroborar a folio 2608, 2611, 2612, 2614 y 2616 del expediente. La Al no podía alegar que la información que utilizó para el análisis realizado en el informe DDC-INF-006-14 visible de folio 2602 a folio 2633 del expediente era "confidencial o privada", pues, esta correspondía a información agregada de la RPN como lo indica de forma expresa la misma Al en el texto de su oficio número DDC-OF-045-14 visible a folio 2757 del expediente administrativo. Se evidencia según lo expuesto que, la Al empleó complacientemente el argumento de confidencialidad para indicar que la información no podía facilitársele a las partes, especialmente a MERCASA en su condición de solicitante de la misma, con lo cual violó de forma flagrante el debido proceso en dicho procedimiento… A pesar de la relevancia que tienen las pruebas de Granger realizadas por la Al (pues fueron la única herramienta técnica y objetiva que usó para determinar la relación de causalidad), la Al se limitó a poner en su Informe Técnico DDC-INF-006-14, los resultados resumidos de las mismas en idioma ingles y no en castellano como debía, sin sustento teórico, o justificación relativa a la elección y desarrollo del procedimiento técnico seguido, sin detallar las ecuaciones utilizadas, ni las series temporales utilizadas, ni la totalidad de las variables consideradas y los valores de cada una de ellas para cada mes, como correspondía en virtud de que la información global de la RPN -a diferencia de la particular de cada empresa individual-, era y es de carácter público”, señalando que varios peritos afirmaron que la prueba Granger utilizada sirven para un fin diverso al usado por la AI e incorrectamente aplicada e interpretada por dicha autoridad, considerando que hubo un ejercicio arbitrario de la discrecionalidad técnica, cosa que se demuestra con el cambio de criterio entre los informe DDC-INF-005-14 y DDC-INF-006-14 sin que se logre identificar la justificación para el cambio de criterio. Señala, como otro vicio en el procedimiento, el rechazo ilegal de pruebas, concretamente, en la resolución DDC-OF-044-14, bajo el argumento de que era prueba "irrelevante e innecesaria", ello sin que se fundamentara cómo es que se llega a tal conclusión, pese a que se trataba de una contraprueba de peso para enfrentar los alegatos de la solicitante de la medida y atacar la prueba econométrica de Granger utilizada. Plantea como otro argumento, la indefensión en la audiencia oral y pública, dado que “…la Administración activa no siguió las normas elementales requeridas para la adecuada celebración de una audiencia ni resguardó el debido proceso durante su desarrollo. Sin fundamento jurídico y en forma arbitraria, la Al limitó los tiempos a niveles irrazonables y absurdos. Estableció un periodo de exposición de pericias y expertos importantes de tan solo 15 minutos. Las repreguntas se hicieron imposibles o limitadísimas. Las objeciones de las partes y de los propios peritos fueron vedadas”, prohibiendo la presienta que se realizaran preguntas a la AI sobre el propio informe de la cual era autora. Además, considera que hubo un hostigamiento a los testigos peritos por las censuras tanto temporales como las interrupciones en la fluidez de la declaración de éstos, así como por la forma en cómo se refería a éstos. Y en cuanto a los participantes, indica que se limitó la participación de los presentes al permitir a sólo una persona por parte que pudiese hablar, independientemente de si se trataba del representante, abogado o el consultor, dificultando innecesariamente el correcto ejercicio del derecho de defensa. Como otro argumento, plantea la incompetencia subjetiva de la AI, dada la presencia de funcionarios que no formaban parte, formal, del órgano de investigación, refiriéndose a la integración y separación de sujetos, concretamente a Melissa Amador, que sólo participó de la audiencia y luego no vuelve a aparecer en lo que resta del procedimiento, sobre todo, porque ello evidencia, frente a los informes técnicos subsecuentes, que sujetos que no participaron de la audiencia, o no al menos en calidad de AI, conocieron y emitieron criterio sin haber participado de dicha etapa oral y sin que se le haya dado oportunidad previa a las partes, haciendo imposible la oposición a tal actuación. Otro agravio señalado, refiere a la infrapetita en la resolución que rechazó la revocatoria al oficio la resolución DM-001-2015, a saber, la resolución DM-006-2015, ante la omisión de pronunciamiento expreso de los alegatos planteados, referentes a la indefensión por falta de ampliación del plazo para efectuar la audiencia oral y pública, la falta de consideración a la desigualdad, inversión de la prueba respecto del tema del interés público, problemas en la estructura de costos utilizado por la AI que estaban incompletos e infundamentados, la aplicación de la salvaguarda a otro tipo de presentaciones de arroz diferentes al 95% grano entero. “… nunca respondieron lo relativo al precio nacional, tipo de cambio, gastos de empaque, otros gastos y utilidad, expuestos según consta de folio 3942 a 34947, vicios y argumentos que sin duda llevaban a una sola conclusión: la nulidad absoluta de lo actuado y resuelto”, conociendo además, hasta ese momento, una apelación de la empresa importadora La Maquila Lama S.A., pese a que tal era necesaria de previo y especial pronunciamiento por cuanto se refería a un rechazo de prueba que era para evacuarse en la audiencia de manera oral y pública. En otro orden de ideas, alega una incorrecta integración de las partes al omitirse integrar a la Compañía Nacional de Granos S.A. que es importadora de arroz y llamar o poner en conocimiento a múltiples afectados, como productores de arroz en granza y arroz pilado. Cuestionando el fondo la parte promovente de la acción afirma que no se cumplen con los requisitos para la imposición de la salvaguarda, no hay existencia de amenaza de daño grave a la RPN, nunca se demostró la causalidad entre el aumento de las importaciones y la amenaza de daño grave, no se analizaron las distintas o posibles causas de amenaza de daño grave o daño grave de la RPN como lo son: disminución del área de siembra, disminución histórica de la producción, disminución en el consumo nacional de arroz, incremento de participación de mercado de otras empresas industriales, importaciones realizadas por la propia RPN, el estudio a profundidad de las importaciones que demuestra que el incremento en las importaciones no son consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias ni de las obligaciones contraídas ante la OMC. Adicionalmente, apuntan que la imposición de la salvaguarda implica una transferencia de fondos de todos los costarricenses a unos pocos, con perjuicio mayor a los consumidores, en especial a los más pobres del país, sin que ello implique un beneficio a los agricultores. En cuanto al porcentaje impuesto en la salvaguarda en sí, se alega que es desproporcionada e irrazonable, tanto al excluir costos reales y propios de la actividad de importación, como de la modificación del tipo de cambio como se indicó supra, manejo de la información y evidencias de la investigación, configurándose una desviación en el fin por una clara desviación de poder, todo en perjuicio del interés público, sobre todo de la población consumidora más pobre del país, enriqueciendo a algunos pocos. Concluye afirmando que todo lo anterior genera una responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En conclusiones, la parte ataca la alegación de falta de interés actual señalan que las partes demandadas no aportaron un hecho nuevo, sino un documento que contiene la posición de la Ministra actual y que se contradice con lo manifestado por la misma en el 2020, cuando emitió el oficio DM-OF-078-20, pero ello no afecta el análisis necesario de las pretensiones, sobre todo las patrimoniales, las cuales exigen el análisis de validez de las actuaciones administrativas como presupuesto de las primeras, manteniéndose así el interés de todo el conjunto de pretensiones en este asunto. En cuanto a la valoración probatoria evacuada en juicio, respecto de la composición de la AI, afirma que “a pesar de que formalmente y con la finalidad de proyectar la idea de solvencia técnica, el expediente administrativo y la testigo Odalys Vega- entonces Directora de Competencia Comercial- arrojan la supuesta participación de todas estas profesionales, lo cierto es que la economista Daniela Castro y la abogada Melissa Amador no tuvieron participación real ni en la investigación, ni en la audiencia, ni en los procesos de toma de decisión. Lo anterior reviste importancia medular si se toma en consideración que la señora Daniela Castro, suscribió los informes económicos que dieron sustento a la imposición de una salvaguardia al arroz pilado, pero, al ser interrogada en juicio, alegó no haber realizado ningún trabajo sustantivo. Desconocía, esta testigo, el contenido de los documentos, el contenido de los análisis, el contenido de las afirmaciones y el contenido de las conclusiones que, a pesar de desconocer, suscribió con su firma y avaló como profesional en economía… Por su lado, la testigo Melisa Amador, abogada, quien dirigió la audiencia pública, declaró en juicio que no realizó acción alguna antes de la audiencia, ni después de la audiencia. Sus acciones se limitaron a cumplir el pedido de su superior -Odalys Vega- de hacer acto de presencia en una audiencia pública a la cual se presentó, pero, en su declaración no pudo precisar, siquiera, haber estudiado los documentos del proceso ni haberse preparado de ninguna forma para la labor que le fue encomendada”. Frente a la declaración de la señora Vega Calvo, se logró identificar que la AI tenía claro que no existía daño grave, pero reveló que el único factor a considerar en el concepto amenaza de daño grave fue únicamente el comportamiento de las importaciones, sin valorar ningún otro factor, demostrando la realización de una investigación simplista y antitécnica cuyos resultados están viciados de nulidad. Según explicó de forma detallada el testigo-perito Ricardo Monge, el análisis correcto para determinar la relación de causalidad que se requiere para afirmar que el aumento de las importaciones origina un peligro o amenaza de daño grave a la producción nacional, es necesario tomar en cuenta una serie de variables y, estudiar el comportamiento de esas variables en un período amplio de tiempo. El comportamiento de las variables en el tiempo permite determinar si, en efecto, el aumento de las importaciones era imprevisible o no. La declaración de don Ricardo Monge fue totalmente clara en afirmar que, analizada una por una las variables con base en la información que tenía disponible el MEIC al momento de la tramitación de la investigación y de la imposición de la salvaguardia, se observa que las mismas muestran un comportamiento contrario a lo que se puede denominar amenaza de daño grave. Según confirmó don Ricardo la información que utilizó para hacer su análisis es exactamente la misma que consta en el expediente administrativo y que tuvo a la vista el MEIC a la hora de realizar su propio análisis, insistiendo ante preguntas del Tribunal que el problema no era la información, sino el análisis que se hizo con ésta. En concreto, remarca que no se trata, como erróneamente interpreta -e interpretó en el momento en que integró la Autoridad Investigadora - de una simple graficación de importaciones. La norma exige un estudio mucho más detenido y técnico que no se realizó en lo absoluto. La testigo Marcela Rojas fue incapaz, a lo largo de su declaración, de precisar qué tipo de método, metodología o prueba fue aplicada para determinar de manera científica que existió, en el caso concreto, una relación de causalidad entre el comportamiento de las importaciones y la supuesta amenaza de daño grave de la rama de producción nacional, más allá de realizar un análisis de tendencias gráficas que los otros peritos afirmaron que no se tratan de pruebas científicas, y la única realizada, a saber, la de Granger de naturaleza econométrica, la señora Rojas afirmó que posteriormente fue eliminada por subjetiva, dejando ayuno de instrumentos técnicos el análisis por ella y otros integrantes de la AI, insistiendo que la ausencia de prueba metodológica científica hace imposible objetivar el análisis, sobre todo si del expediente no se extrae la realización de otra prueba que no haya sido la de Granger y la ya citada tendencia gráfica que, como se señaló, no sirve para los fines buscado de la administración de demostrar causalidad tal y como lo expuso el perito Adolfo Rodríguez y Ricardo Monge González, los cuales afirmaron que, en la ciencia económica, sí existen modelos y métodos de análisis de variables para los fines buscados por la AI, mas no se encontraron dentro de los informes técnicos alguno en tal sentido, además de señalar que el análisis hecho por la AI es incorrecto, tanto en la prueba de Granger (perito Rodríguez), como en los datos de comportamiento gráfico una vez que se desagregan datos (perito Monge). En cuanto a la existencia de concesiones arancelarias realizadas por Costa Rica al suscribir el GATT que hayan incidido causalmente en el comportamiento de las importaciones de arroz pilado afirma que existe una contradicción entre Marcela Rojas – Economista y Odalys Vega – directora, en cuanto a la forma en cómo se contabilizaron en los informes técnicos los contingentes negociados por Costa Rica en el análisis económicos realizados por la AI, señalando esta última que no existían mecanismos de solución de desavenencias técnicas. Por otra parte, referente al cálculo en sí de la salvaguarda, con la declaración y prueba documental del perito Adolfo Rodríguez quedó más que claro que la metodología de cálculo utilizada por el MEIC para arribar al porcentaje del 24.8% es errada, siendo, en los cálculos por él realizado, de apenas un 2,5% para el arroz 95-5, no siendo aplicable para los casos 80-20, ya que más bien los precios son deficitarios sin salvaguarda. Asimismo, La parte actora, demostró a través de la declaración de perito Ricardo Monge, que la medida en sí misma es más contraria al interés público, por ser lesiva al interés de los consumidores de arroz, en general, y a los consumidores de menores ingresos, en particular, mientras que el testigo perito Alonso Alfaro declaró en juicio y desarrolló en sendos documentos periciales que constan en autos las razones por las cuales una medida como la salvaguardia impuesta al arroz pilado, afecta de manera negativa el bienestar de las personas. En cuanto a las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa durante el procedimiento, se constató directamente con la declaración del señor Monge las afectaciones en cuanto al uso de la palabra y limitación irracional del tiempo. Respecto de la afectación patrimonial, señala que, con la prueba obrante en autos, específicamente la declaración e informe del experto Alfaro Ureña, se identifica que, utilizando el método de supresión hipotética, la actora habría continuado normalmente con su actividad comercial de importación y distribución de arroz que venía desarrollando desde 2012. Para establecer los daños y perjuicios irrogados a la actora, es preciso proyectar cuál habría sido la evolución probable de la actividad de la actora, conforme al curso ordinario de los acontecimientos, suprimiendo hipotéticamente el hecho dañoso provocado por el Estado en la emisión de una salvaguarda sin sustento, “…A raíz de la imposición de la salvaguardia, la actividad de comercialización de arroz de la actora tuvo una merma estrepitosa, al punto que la importación de arroz de calidad 80% cesó por completo durante varios años, al haberse tornado antieconómica. El nuevo costo de la salvaguardia implicó para la actora, como agente económico racional, una disminución significativa de su negocio de importación y venta de arroz, tal como consta en el Informe del experto. Se produjo un descenso drástico en las ventas, lo cual es la manifestación de los daños y perjuicios causados por la imposición de la salvaguardia.  En clave de daños y perjuicios, la salvaguardia originó tres clases de daños indemnizables: (1) Lucro cesante, consistente en las ganancias netas dejadas de percibir por la actora durante el período de aplicación de la salvaguardia. (2) Pérdida de oportunidad de crecimiento hacia niveles superiores de ganancia (por encima de los que ya se venían produciendo durante el período anterior a la imposición de la medida de salvaguardia). (3) Daños emergentes, consistentes en los pagos efectuados por concepto de salvaguardia, durante el período dañoso. V.II. De la tercería con pretensiones propias: Además de compartir todos los hechos y alegaciones de la actora, agrega que mediante el decreto 3884-MEIC se estableció precios máximos y mínimos para la venta de todos los tipos de arroz, con el consecuente detrimento para los consumidores al establecer un precio piso, el cual no ha sido eficaz para preservar el área sembrada, aumentar la producción, los rindes o equilibrar los costos de la transformación post Ronda Uruguay. Afirma que el citado decreto prohibió cualquier práctica comercial que pretendiera reducir el costo efectivo del arroz para el consumidor, como lo eran el bandeo, sorteos, promociones, ofertas y similares, afectando aún más el nivel de bienestar de los consumidores al no poder trasladar a éstos los beneficios de la comercialización, perjudicando al sector más pobre de la población. Señala que la imposición de la salvaguarda aumentó el costo de la importación del arroz de todos los tipos a los potenciales importadores, sin realizar un análisis de interés de los consumidores, omitiéndose por ello un análisis del interés público. Indica que por medio de la sentencia 145-2015-VI este Tribunal de lo Contencioso se pronunció sobre los límites de la fijación de precios, encontrándose cómo las distorsiones proteccionistas afectan el precio del efectivo del arroz, siendo uno de ellos, la salvaguarda, con lo que, en caso de anularse ésta, deberá devolverse a los consumidores cualquier sobreprecio que surja. En conclusiones, afirma que, con la prueba documental presentada, llámese investigaciones y libros académicos, así como la declaración de los testigos-peritos por ellos presentados en conjunto con la actora, que queda demostrada la postura expuesta en la tercería. Con la aplicación de la salvaguarda se afecta considerablemente al sector más vulnerable de la población, tal y como queda demostrado con todos los informes periciales de los economistas Carlos Umaña y Ricardo Monge, así como el presentado por la Asociación de Consumidores de Costa Rica, así como en los estudios del señor Diego Petrecolla y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR, todos los cuales se encuentran en autos. No es posible desconocer que el hecho de aplicar distorsiones arancelarias al arroz pilado, como es la salvaguardia que aquí se conoce, incide directamente en forma negativa en el precio final que llega a los consumidores. Extrayendo de la declaración de Odalys Vega Calvo, queda claro que la AI no tomó en cuenta que la salvaguarda podía afectar diferentes tipos de arroz, concretamente, la presentación 80-20, descalificando que se trataba de una importación “mínima” y afirmando desconocer si se aplicó o no a dicha presentación de arroz, lo que coincide con la declaración del testigo perito Alfaro Ureña, quien dijo que, después de la salvaguarda, sólo una de las líneas de importación se mantuvo, desapareciendo la importación de arroz 80-20, ya que la salvaguarda hacía que el precio final de este producto ya no era atractivo. Por otra parte, de la declaración de la señora Vega Calvo también se confirma que la AI y el MEIC dentro del procedimiento administrativo no consideraron el interés público y, en consecuencia, el de los consumidores, argumento que reitera la declaración de Daniela Castro Murillo y Marcela Rojas Gómez. Además, rechaza categóricamente las alegaciones de falta de derecho y falta de legitimación afirmadas por el Estado y las empresas codemandadas, indicando que a lo largo del proceso se demostró la razón de sus argumentos y la existencia de una clara legitimación a favor de los consumidores de participar en el trámite de esta acción.

DE LA POSICIÓN DEL ESTADO: Se advierte que los argumentos refieren a aquellos que se conocieron en los escritos iniciales y en los momentos procesales oportunos, así como las alegaciones en conclusiones referentes a la evacuación probatoria, no obstante, se omiten argumentos novedosos o innovativos contenidos en los escritos de conclusiones de las partes, ante la improcedencia de tal práctica y como control de la igualdad de armas ante la consolidación de la teoría del caso de las partes en los momentos procesales correspondientes. VI.I Respecto de la demanda: La representación estatal señala que la parte actora confunde el análisis que realiza la AI, dado que, si bien existe un informe técnico respecto de la inexistencia de daño grave, lo cierto es que se acredita la amenaza o riesgo de daño grave, que es diferente, por lo que no existe tal contradicción de parte del análisis que realizó la AI. Señala que las alegaciones referentes al acceso de información fueron respondidas por la AI e indicándose en qué parte del expediente administrativo constaba ésta, no llevando razón el accionante. En cuanto a las alegaciones de que no se consideraron argumentos, afirma que “…en ningún momento demuestra o indica de forma clara cuales son las observaciones que echa de menos. Por otra parte se aclara que el informe final emitido por la autoridad investigadora se encuentra conforme a derecho, tomando en cuenta todos los criterios técnicos y la información que consta en el expediente, y fundamentándose en el Reglamento Centroamericano, en la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y en el Acuerdo sobre Salvaguardias”. Respecto del cuestionamiento metodológico, señala que “…si bien el acuerdo de salvaguardias no contiene específicamente una metodología para determinar la amenaza de daño grave, se hizo uso de los parámetros contenidos en el Acuerdo Antidumping y en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias tal y como lo recomendó el Grupo Especial en el caso Estados Unidos/Carne de Cordero Fresca, por tratarse de dos instrumentos que sí contienen normas concretas para la determinación de una amenaza de daño grave. De esta manera no es cierto lo que manifiesta la parte actora, de que no se logró demostrar la existencia de una amenaza de daño grave a la rama de producción nacional, pues de la lectura de la resolución N° DM-001-2015, se evidencia claramente que sí se realizó un análisis de los factores relevantes para su determinación”, incluyendo el respectivo análisis de causalidad entre importaciones y la amenaza de daño a la RPN, ello a través del estudio de los componentes de ésta. Frente a las alegaciones de la demanda, afirma que no existió la limitación de acceso a la información relevante necesaria pues toda consta en el expediente administrativo, separándose -como debe ser – la información confidencial de las partes, cumpliendo con el 3.2 del Acuerdo sobre Salvaguardia, cosa que se respalda con el voto 2015-000918 de la Sala Constitucional que ante recurso de amparo promovido por la aquí actora por ese motivo, dicho Tribunal de lo Constitucional declaró que no había existido violación alguna a los derechos fundamentales de la accionante. Respecto del rechazo ilegal de pruebas alegada, rechaza el argumento dado que en la resolución DDC-OF-044-2014 sí se admitió prueba de la parte, rechazándose la que en derecho correspondía, señalando que el rechazo de la prueba no significa, automáticamente, que estemos en presencia de un vicio como lo alega la parte, potestad que está contenida en el 220 de la LGAP. Rechaza de igual forma la alegación respecto de la presunta indefensión en la audiencia oral y pública, por cuanto la propia LGAP en su numeral 225 permite establecer reglas para el control de la audiencia, evitando que el manejo de ésta se vuelva insostenible en concordancia con el 16 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia, haciendo ver además que “Tampoco es cierto que se haya hostigado a los testigos, de los alegatos que se desprenden de la demanda, se evidencian que se trata de apreciaciones subjetivas de la parte. El hecho de señalarle a un perito o testigo que debe concretar la respuesta, o bien si se les indica a los participantes que solo una persona puede intervenir por cada representación; no puede considerarse hostigamiento limitación de la participación, por el contrario, se trata del ejercicio de la potestad de ordenamiento de la audiencia que tienen los órganos directores dentro del procedimiento administrativo. De no ser así, se generaría caos en la audiencia y en una dilación innecesaria del proceso”. En cuanto al alegato de incompetencia subjetiva de la AI, a diferencia de un órgano director ordinario, la AI es el resultado de la aplicación de normativa internacional por lo que, conforme al Decreto Ejecutivo 33810, recae en un Departamento, no en una persona o personas, por lo que no resulta aplicable el argumento esbozado. Por otra parte, alega que no existe la infrapetita en la resolución que rechazó la revocatoria, ya que cada uno de los elementos argumentativos fueron contestados. Remarcando sobre el argumento de indefensión a sujetos no llamados al procedimiento, contesta la representación estatal que tal argumento carece de legitimación activa, ante la falta de representación e identidad subjetiva con las partes supuestamente faltantes y presuntamente afectadas. En cuanto a los supuestos vicios de fondo, contrario a lo alegado por la parte, tanto en la resolución final DM-001-2015 y su modificación DM-006-2015, basadas en el informe técnico DDC-INF-006-2014 demuestran con detalle que sí se cumplen con los requisitos para la implementación de una salvaguardia demostrando por los medios respectivos, que existió una evolución imprevista en el incremento de las importaciones que causalmente afectó a nivel de amenaza de daño grave a la RPN, excluyendo conforme dicho informe, la existencia de otros factores que pudiesen intervenir como compromisos del país ante la OMC para la importación del bien objeto de investigación. Mientras que, respecto del argumento de que la medida va en perjuicio de los consumidores y la inexistencia de beneficio para los agricultores, el Estado manifiesta que el objetivo de la Salvaguarda es la protección de la RPN, la cual, en este caso, cumplió tanto con el trámite como en los presupuestos de fondo para su implementación. Señala que la actora no hace, como corresponde un señalamiento puntual de qué parte y por qué la salvaguarda es calificable de irrazonable y desproporcional, calificando con ello de un mero argumento carente de sustento, mostrando la coincidencia entre lo solicitado y lo resuelto (partidas arancelarias números 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99 corresponden a arroz pilado), así como el manejo adecuado de la evidencia. Consecuentemente, no es posible hablar de vicios en el motivo ni del fin, tampoco de una desviación de poder como lo alega la parte. Alega la excepción de falta de derecho. VI.II. Respecto de la tercería con pretensiones propias: La representación estatal rechaza la postura de la tercerista pues el énfasis dado, a saber, de la supuesta afectación a los consumidores, aclara que ello no es cierto por estar en presencia de un precio regulado y sometido a un régimen jurídico especial. Añade que, existe una falta de legitimación activa cuando referencia a alegatos referentes al sector productivo, dado que éste se encuentra fuera de su ámbito de representación. Reitera que la medida se emitió con los respaldos técnicos necesarios para mantener o sustentar ésta, por lo que se trata en el fondo, de meras especulaciones de la tercerista, finaliza alegando la excepción de falta de derecho. En conclusiones la representación del Estado alegó una falta de interés actual respecto de las pretensiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la actora y secundadas por la tercerista, que atacan los actos DM-001-2015 y DM-006-2015, ello por cuanto el documento DM-CER-001-21 de fecha 3 de marzo de 2021 en el cual indicó, en consideración de la ministra del ramo, que la salvaguarda había finalizado el 19 de febrero de 2019, señalando además que “mediante la resolución N° 017-2018-I del 18 de enero del 2018 emitida por el Tribunal de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda, ordenó “únicamente la suspensión de los efectos de la medida de salvaguardia establecida en la Resolución N° DM-0012015, dictada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a las 14 horas del 5 de enero del 2015, reajustada en Resolución N° DM-006-2015, dictada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a las 9 horas del 18 de febrero del 2015, en lo que dispuso “...Autorizar a la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica la imposición de una medida de salvaguardia definitiva de un 24,88 % adicional sobre el nivel de arancel existente de 35% del DAI para un total de 59,88% sobre el valor CIF, de todas las importaciones de arroz pilado que ingresen a Costa Rica, bajo las fracciones arancelarias número 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99, sin importar el origen (principio NMF)”. Es claro que el Tribunal de Apelaciones únicamente suspendió la aplicación de la medida de salvaguarda decretada, o sea, la aplicación del calendario desgravatorio en Aduanas, siendo que para el Comercio Internacional (OMC) y para los efectos jurídicos que importan en este proceso judicial, la Salvaguarda estaba vigente desde el 19 de febrero del 2015 sin ser aplicada en Aduanas desde el 18 de enero del 2018”. Respecto de la prueba evacuada en juicio, el Procurador señala como aspectos relevantes a valorar: “- Dos de las testigos funcionarias que se presentaron por parte de la actora, fueron personas que sirvieron de apoyo en procedimiento de determinación en la salvaguardia. - Los peritos de la parte actora, señalaron expresamente (los tres) que solamente contaron UNICAMENTE con las resoluciones de la Autoridad Investigadora, no así con la totalidad de la información que se cuenta en el expediente levantado al efecto, lo cual, claramente hace que sus criterios sean sesgados a la información que tuvieron a su mano. - Los peritos de la parte actora no cuentan –NINGUNO- con experiencia en materia de aplicación de medidas de Salvaguardia. - Los peritos de la parte actora emitieron un criterio a solicitud de la empresa actora desde un punto de vista teórico, en los cuales, dos de estos peritos (economistas) no coincidieron entre sí. - Dos testigos funcionarias establecieron la existencia de análisis econométricos y jurídicos sobre los elementos para la aplicación de la mediada de salvaguardia. - Existe una normativa internacional y una serie de jurisprudencia emanada por las autoridades de la OMC en que se basó el procedimiento de la autoridad investigadora y que en ningún momento fue tan siquiera mencionada por los peritos de la parte actora. - La persona que estuvo a cargo de la Autoridad Investigadora -tanto por la forma como por el fondo-, es una persona capacitada y con el conocimiento basto y necesario para la adecuada aplicación de la medida de salvaguardia impuesta”. Además, considera que con la prueba obrante en autos, queda acreditada la falta de fundamento de los alegatos de forma y fondo presentados por la parte demandante. En cuanto al daño a la empresa, remarca la inexistencia de éste conforme la declaración del señor Alfaro Ureña, el cual afirmó que, después de la salvaguarda, la empresa siguió importando e incluso aumentó el volumen de importación, no existiendo la afectación reclamada y además, de haberse demostrado que la actora participó de las medidas de compensación producto de la propia salvaguarda cuestionada. Concretamente en cuanto al papel de los consumidores y las pretensiones de la tercerista, manifiesta que, conforme la normativa y prueba evacuada vía testimonial, el consumidor final es una parte que puede participar, pero que no es, obligatoriamente, un elemento a considerar, remarcando que las pretensiones propias de la tercerista se separan del objeto del proceso, ya que la fijación del arroz no era el fondo del asunto, sin mencionar el hecho de que los precios, como se afirmó en juicio, tuvieron una tendencia a la baja.

DE LA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS ANINSA, CACSA y COOPELIBERIA: Se advierte que los argumentos refieren a aquellos que se conocieron en los escritos iniciales y en los momentos procesales oportunos, así como las alegaciones en conclusiones referentes a la evacuación probatoria, no obstante, se omiten argumentos novedosos o innovativos contenidos en los escritos de conclusiones de las partes, ante la improcedencia de tal práctica y como control de la igualdad de armas ante la consolidación de la teoría del caso de las partes en los momentos procesales correspondientes. VII.I Respecto de la demanda: Contestan negativamente la demanda indicando que no es cierto que la actora estuviese pidiendo información pública, sino confidencial, bajo los términos establecidos en el artículo N° 2 de la Ley de Información No Divulgada y lo dispuesto en el artículo N° 3 del Acuerdo Sobre Salvaguardia. Y que fue entregada bajo dicha condición, tal y como lo puede observar en el expediente administrativo. Respecto del rechazo de prueba, hace ver que “… de una simple lectura del mencionado en Oficio N° DDC-OF-044-2014 se desprende de una forma clara que la Administración ejerció de una forma debida a la hora de admitir y rechazar la prueba pericial propuesta por lo hoy actora”, además de que no concurren los elementos para que exista una indefensión en la audiencia oral y pública, incluyendo el hecho de que sus representadas estuvieron presentes en la audiencia sin que se presentasen manifestaciones de hostigamiento como lo alega la parte actora, calificando de apreciación subjetiva la afirmación, cosa que ocurre igualmente con el alegato de lo no resuelto en la resolución que rechazó la revocatoria y que basta con la lectura de la resolución DM-006-2015 para confirmar que todo fue atendido. Concuerda con la representación estatal de que existe una falta de legitimación activa respecto del alegato de los sujetos no llamados al procedimiento y que tampoco existen los elementos necesarios para acreditar que existiese una vía de hecho en lo resuelto y actuado por la Administración, resultando de igual forma inaplicables los argumentos que cuestionan la competencia subjetiva de la AI. Referente a los vicios de fondo, afirman que ellos presentaron la información suficiente que, posteriormente, fue analizada por la AI determinando que sí se cumplían con todos los supuestos para el otorgamiento de la medida, por lo que se cumplen con los elementos del acto administrativo motivo, contenido y fin, resultando inaplicables las afirmaciones de la parte actora, además de señalar que la parte actora se benefició de los contingentes asignados como compensación producto de la salvaguarda al asignársele 618,66 TM de cuota otorgada de Uruguay libre de la aplicación de la medida discutida. Finaliza su exposición en el argumento de la responsabilidad de sus representadas en el sentido de que ellas forman parte del proceso en tanto destinatarias de derechos subjetivos provenientes del otorgamiento de la salvaguardia, siendo ANINSA la simple apoderada de las primeras, por lo que no son responsables de los vicios ni del resultado del procedimiento administrativo de salvaguarda que acá se discute y por ende, de los daños y perjuicios que se reclaman tanto a la actora como a la tercerista. Interpuso la excepción de falta de legitimación activa respecto de la alegada indefensión de sujetos no llamados al procedimiento y pasiva y falta de derecho. VII.II. Respecto de la tercería con pretensiones propias: De manera puntual, se oponen en todos los extremos a la tercerista pues existe un error al invocar el interés público de los consumidores pues, en este caso, la normativa internacional lo que protege es el interés público de los productores “…entiende esta la necesidad de potenciar la competencia en los mercados internacionales en lugar de limitarlos, por lo cual la decisión de aplicar una salvaguardia no atenta contra el interés público de las consumidores, más bien esto potencia la competencia de mercados y los consumidores podrán apoyar el consumo del arroz producido en Costa Rica. No se afecta al consumidor, en todo caso siempre tendrá la posibilidad de acceder al arroz nacional con los precios nacionales”. Interpuso la excepción de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. En conclusiones la parte realizó una alegación de falta de interés actual, fundamentado en el documento DM-CER-001-21 de fecha 3 de marzo de 2021 en el cual indicó, en consideración de la ministra del ramo, que la salvaguarda había finalizado el 19 de febrero de 2019, desapareciendo en consecuencia la causa del litigio, explicando que no existe contradicción con el oficio DM-OF-078-20 ya que éste lo que hace reflejar era una situación para el año 2018 frente al informe DDC-INF-003-18, en la que aún estaba dentro del periodo proyectado por el MEIC para los efectos de la medida, desapareciendo con ello el interés en las pretensiones principales y subsidiarias tanto de la actora como de la tercerista. En cuanto al proceso en sí, afirma que la parte accionante no logró demostrar la existencia del daño a la empresa accionante o a los consumidores, sobre todo si se considera la declaración de la testigo Odalys Vega la cual afirmó que, durante la vigencia de la salvaguarda, más bien los precios tendieron a la baja conforme el decreto de precio de referencia del arroz en granza. En otro orden de ideas afirma que queda demostrada la necesidad de declarar con lugar la excepción de falta de legitimación pasiva dado que la litis consorte pasiva necesaria fue mal establecida, no sólo por el hecho de que ANINSA no fue, directamente, parte del procedimiento administrativo, sino que actuó en representación de CACSA y Coopeliberia (teoría del mandato representativo), además de que sus representadas no son las generadoras de las actuaciones cuya nulidad se solicita, y por ende, resulta irresponsable de los eventuales daños y perjuicios derivados de éstos, tampoco siendo aplicable algún tipo de solidaridad con el Estado. Respecto a la legalidad de los actos cuestionados, afirma que los elementos del acto administrativo que otorgó la medida de salvaguardia eran discrecionales, sobre todo en ocasión de la selección de la metodología a utilizar en las pruebas y análisis de la AI y no existió ningún vicio en dichos elementos, desapareciendo la base antijurídica necesaria para la reclamación patrimonial tanto de la actora como de la tercerista.

SOBRE LA SALVAGUARDA EN GENERAL: Con el advenimiento a nivel internacional de parámetros de carácter arancelarios y creación de mecanismos regionales y mundiales de control respecto del comercio internacional, encontrándose, conforme la Ronda de Uruguay de manera dominante y de obligada referencia, el papel de la Organización Mundial del Comercio y, para nuestro caso, el denominado El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o GATT por su siglas en inglés y que data del año 1994, llevando consigo una serie de limitaciones y compromisos de los países miembros de tales sistemas y que conforman el actual panorama de comercio internacional. Con ello, lo que otrora correspondía a un ejercicio irrestricto en cuanto a políticas de gobierno exterior en materia de aranceles, subsidios y control de importaciones y exportaciones (a los cuales en su momento les fue aplicable la doctrina de actos de gobierno), en la actualidad pasaron a someterse a controles y límites que pueden ser controlables tanto a nivel local – nacional como a través de los sistemas regionales o internacionales, es decir, se extrae con ello que la actividad pasó a se susceptible de control, en una concurrencia de competencias, tanto a nivel nacional, en nuestro caso, por parte de los tribunales de lo contencioso administrativo, como internacional, encontrando como ejemplo por excelencia, los Órganos de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ahora bien, dentro del marco regulatorio existen excepciones, destinadas a situaciones fuera de lo común y que producen afectación a nivel de importaciones y exportaciones, con nociones sobre los presupuestos fácticos en los cuales tales situaciones son de aplicación, concretamente, nos referimos a los supuestos de dumping y de salvaguarda. Enfatizándonos exclusivamente en este último, el artículo XIX del GATT 1994, el anexo 1A “Acuerdo Sobre Salvaguarda” y “Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia” (Resolución Nº 194-2007 - COMIECO-XLIV), todos vigentes en nuestro país, permitan la adopción de medidas arancelarias y no arancelarias en los supuestos que de inmediato se dirá. Recurriendo a la doctrina, CABANELLAS DE LAS CUEVAS y SARAVIA exponen que “…Las estructuras arancelarias están construidas sobre la base de un determinado contexto económico. Si ese contexto económico -micro o macroeconómico- se altera en forma rápida y sustancial, puede producirse un aumento importante en el ingreso de mercaderías de uno o más orígenes, que no podrá ser neutralizado mediante las estructuras arancelarias existentes. A veces esos cambios pueden ser enfrentados mediante alzas en los derechos de importación; pero muchas veces ello será imposible debido a los límites que surgen de los compromisos acordados en el marco del GATT. En tales supuestos, el régimen del GATT permite imponer restricciones arancelarias o cuantitativas a la importación, con el fin de neutralizar el incremento súbito producido en las importaciones, que no podría ser neutralizado de otra forma... Existen sectores donde un alza en las importaciones responde a modificaciones definitivas e irreversibles en las relaciones económicas internacionales y en los costos comparativos… Pero existen otros sectores donde el aumento rápido de las importaciones no responde a desventajas competitivas definitivas, sino a situaciones coyunturales, tal como excedentes en el país exportador, devaluaciones o cambios tecnológicos que aún no han llegado al país importador. En estos casos, puede ser conveniente para el país importador otorgar por un cierto periodo un grado especial de protección para el sector afectado, dándole tiempo para que se readapte a las nuevas condiciones. En otros términos, se busca mediante una protección temporal permitir la viabilidad de sectores productivos que deberían serlo en el largo plazo, pero que enfrentan dificultades temporales graves que podrían, en ausencia de esa especial protección, determinar la destrucción de tales sectores” (Cabanelas de las Cuevas, Guillermo & Saravia, Bernardo. Dumping, Subsidios y Salvaguardias. Editorial Heliasta. Buenos Aires. Argentina. Primera edición 2006. Pág. 411-412). No obstante, puede ser que la salvaguarda no sea para la protección del sector de producción nacional, sino que sirva, ante la irremediable diferencia de competitividad con las importaciones, para que se desplace ordenadamente, se diversifique o mute de manera ordenada, señalando los mismos autores que las cláusulas de salvaguardia “…permiten la contracción ordenada de los sectores afectados por falta de competitividad internacional. Enfrentados con importaciones en condiciones más económicas, esos sectores deberán reducir su capacidad de absorción de trabajo, con el consiguiente desempleo originado en las dificultades implícitas en toda reinserción laboral masiva. Una reducción más lenta de la capacidad productiva del sector afectado permitiría reducir las costos económicos y sociales de la falta de competitividad antes mencionada, y las cláusulas de salvaguardia serian un instrumento para esa reducción gradual” (Ibidem, pág. 414). Su regulación la encontramos en el artículo XIX del GATT 1994, aplicable a nuestro país por imperio de la ley 7207 que dispone: “Medidas de urgencia sobre la importación de productos en casos particulares. 1º. -a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, se importa un producto en el territorio de esta parte contratante en cantidades tan mayores y en condiciones tales que cause o amenace causar un perjuicio grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese perjuicio, suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión. b) Si una parte contratante ha otorgado una concesión relativa a una preferencia y el producto al cual se aplica es importado en el territorio de dicha parte contratante en las circunstancias enunciadas en el apartado a) de este párrafo, en forma tal que cause o amenace causar un perjuicio grave a los productores de productos similares o directamente competidores, establecidos en el territorio de la parte contratante que se beneficie o se haya beneficiado de dicha preferencia, esta parte contratante podrá presentar una petición a la parte contratante importadora, la cual podrá suspender entonces total o parcialmente la obligación contraída o retirar o modificar la concesión relativa a dicho producto, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese perjuicio. 2. -Antes de que una parte contratante adopte medidas de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, lo notificará por escrito a las Partes Contratantes con la mayor anticipación posible. Les facilitará además, así como a las partes contratantes que tengan un interés sustancial como exportadoras del producto de que se trate, la oportunidad de examinar con ella las medidas que se proponga adoptar. Cuando se efectúe dicha notificación previa con respecto a una concesión relativa a una preferencia, se mencionará a la parte contratante que haya solicitado la adopción de dicha medida. En circunstancias críticas, en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable, las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo podrán ser adoptadas provisionalmente sin consulta previa, a condición de que ésta se efectúe inmediatamente después de que se hayan adoptado las medidas citadas. 3º. -a) Si las partes contratantes interesadas no logran ponerse de acuerdo en lo concerniente a dichas medidas, la parte contratante que tenga el propósito de adoptarlas o de mantener su aplicación estará facultada, no obstante, para hacerlo así. En este caso, las partes contratantes a quienes perjudiquen esas medidas podrán, no más tarde de noventa días después de la fecha de su aplicación, suspender, cuando expire un plazo de treinta días a contar de la fecha en que las Partes Contratantes reciban el aviso escrito de la suspensión, la aplicación, al comercio de la parte contratante que haya tomado estas medidas o, en el caso previsto en el apartado b) del párrafo 1 de este artículo, al comercio de la parte contratante que haya pedido su adopción, de concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes que resulten del presente Acuerdo y cuya suspensión no motive ninguna objeción de las Partes Contratantes. b) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado a) de este párrafo sin medidas adoptadas sin consulta previa en virtud del párrafo 2 de este artículo causan o amenazan causar perjuicio grave a los productores nacionales de productos afectados por tales medidas, dentro del territorio de una parte contratante, ésta podrá, cuando toda demora al respecto pueda causar un perjuicio difícilmente reparable, suspender, tan pronto como se apliquen dichas medidas y durante todo el período de las consultas, concesiones u otras obligaciones en la medida necesaria para prevenir o reparar ese perjuicio”. Para poder utilizar la medida, como se indicará infra, se tendrá que realizar una investigación por el órgano competente y que deberá abarcar un periodo de 3 años de estudio. Ahora bien, dicho artículo lo desarrollan y complementan dos instrumentos, el denominado “Anexo 1A: Acuerdo sobre Salvaguardias”, aprobado por nuestro país mediante Ley 7475 y que forma parte del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y Crea Organización Mundial del Comercio (Marrakech 1994), y el denominado Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia (Resolución Nº 194-2007 - COMIECO-XLIV) puesto en vigencia por decreto ejecutivo 33810.

DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE “INTERÉS PÚBLICO” EN EL MECANISMO DE SALVAGUARDA. LA EXISTENCIA DE LESIONES JURÍDICAMENTE NO INDEMNIZABLES Y LA INDEPENDENCIA CON TEMA REGULATORIO DEL ARROZ, POLÍTICAS PÚBLICAS Y BIENESTAR: Siguiendo la exposición doctrinal ya citada de CABANELLAS DE LAS CUEVAS y SARAVIA, es claro que la salvaguarda implica “…una decisión estatal de proteger a ciertas industrias a costa del resto del sistema económico, que deberá pagar más por los productos ofrecidos por esas industrias” (Ibidem, pág. 414). En otras palabras, efectivamente la salvaguarda implica una eventual afectación patrimonial a la cadena de comercialización y/o producción hasta el consumidor final de determinado bien sujeto a la salvaguarda, ello dependiendo de muchos factores como la sensibilidad de los precios ante tal variación, o la importancia del bien afecto frente a la cadena económica bajo análisis, si el precio se encuentra intervenido o regulado, entre otros, mas, como se ha expuesto en el acápite anterior, se trata justamente de una medida de excepción jurídicamente válida, es decir, se trata de una lesión jurídicamente no indemnizable ante la inaplicabilidad de los numerales 191 y 192 de la Ley General de Administración Pública (LGAP), que posee correlativamente un deber de soportar el daño, ante el presupuesto jurídico – fáctico que permite tal afectación, la cual, como se dijo, siempre posee una naturaleza temporal. Nótese que, aún bajo la doctrina de la responsabilidad por daño lícito, en los términos que dispone el numeral 194 de la LGAP, la salvaguarda posee mecanismos de contrapeso para apalear la afectación que éstas provocan, justamente como un medio resarcitorio en los términos del instrumento de la compensación, referida en el artículo 8.1 del Acuerdo de Salvaguarda (ASS) y numeral 30 del Reglamento Centroamericano sobre medidas de Salvaguarda. Frente a ello, es necesario tener claro cuál es el bien o valor jurídicamente tutelado con la medida de salvaguarda y, sobre ello, determinar o delimitar cuál es el interés público en los términos del 113 de la Ley General de la Administración Pública, sobre todo por el evento, como se dijo, de que la imposición de la salvaguarda va a generar – grosso modo – dos grandes tipos de colectividad: aquellos que se benefician y aquellos que se perjudican con la imposición de la medida, resultado que, como se dijo, es ineludible. Conforme se expuso supra, la seguridad jurídica económica nacional, tanto a nivel de microeconomía como de macroeconomía es el bien máximo a tutelar, mas este se centra, o identifica su afectación en dos ejes, a saber, lo que es definido como la Rama de Producción Nacional (RPN) frente a aquel sector que realiza importaciones, siendo, para el supuesto que nos compete, la actuación del segundo como causal de la afectación del

Sobre estas dos colectividades, de intereses usualmente contrapuestos, es que el Estado debe ponderar intereses y finalmente definir, cuál de éstos termina dominando y concretizar el interés público en juego, siendo que ambos son, a los efectos del análisis de un Procedimiento Ordinario de Investigación de Salvaguarda (POI), jurídicamente relevantes. Ello se va consolidando ante la determinación de la legitimación de ambos grupos que, al final participar activamente del procedimiento tal y como lo define el artículo 1 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia al decir: “PARTES INTERESADAS: a) los (sic) exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto; b) el (sic) gobierno del país o de los países de origen o procedencia de los productos que son objeto de investigación; c) los (sic) productores del producto similar o directamente competidor en el Estado Parte Importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar o directamente competidor en el territorio del Estado Parte; y d) otras (sic) que la Autoridad Investigadora determine como posibles partes interesadas”. Con lo dicho hasta el momento, nótese que en el fondo no se trata de un solo interés en juego, sino que se trata de varios, los cuales, en ejercicio de defensa de los intereses de cada uno, puede intervenir en el procedimiento de salvaguarda, determinándose al final, frente la verificación de los presupuestos fácticos expuestos en el considerando anterior, si la medida sería o no aplicable, y la determinación de cuál grupo de intereses domina al final. Así, a diferencia de la forma en cómo la parte actora y tercerista presentan como un reclamo de la ausencia de un análisis de interés público, en realidad el abordaje debe ser, si el interés finalmente tutelado por la Administración, en este caso de la RPN, era o no, jurídicamente válido, para que prevaleciera sobre los demás. De igual forma, nótese que, por la forma, planteamiento y variables en juego del procedimiento de imposición de salvaguarda, la visualización de impacto sobre otras ramas, diferentes a la RPN del objeto productor de bien afecto, o los vinculados productivamente o en calidad de consumidores de éste, no son aspectos que deben analizarse como parte de la estructura de presupuestos fácticos y jurídicos del procedimiento. En tal sentido, este Tribunal entiende que los intereses en juego dentro del expediente administrativo lo encarnan, por un lado, en calidad de RPN, las empresas CACSA y Coopeliberia, ambas representadas en sede gubernativa por ANINSA y los cuales encarnan la participación representativa mínima de la RPN al tener un peso de más del 25% (definición que da el artículo 1 del Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguarda), frente a: Los países exportadores Uruguay y Argentina, empresas exportadoras apersonadas y empresas importadoras, dentro de las cuales se encuentra la acá actora, con apoyo de este último bloque, de dos asociaciones de consumidores, una de las cuales, participa acá como tercerista. Corolario, es claro que sí existió un análisis de interés público dentro del expediente DDC-002-2013, el cual se vertió a favor de la RPN, siendo entonces consecuente, que se determine si esta decisión, soporta la fiscalización jurisdiccional, en los términos que se dirán infra. Así, se entenderá que tal ejercicio de control judicial determinará si la decisión administrativa realizó de manera correcta la ponderación de intereses en tres aspectos: si existían o no los presupuestos fácticos de aplicación de la figura, si el procedimiento de aplicación es el correcto y la decisión, como tal, cumple con los parámetros establecidos, en el entendido de que, de superarse estos tres controles, se verificaría que el fin buscado por la norma se logró, caso contrario, estaríamos en presencia de vicio en el contenido sustancial del acto, a saber, la desviación en el fin público buscado. Este Tribunal comprende y respeta las posiciones tanto de las partes, como de los peritos, así como de la doctrina por ellos aportados, en tanto cuestionan la eficacia, conveniencia y efectividad de la salvaguarda como mecanismo económico, así como la percepción que se tiene de los agentes del mercado partícipes en el arroz pilado, su distribución, composición, y las políticas públicas que se han generado en ese tema; empero, este proceso no tiene por finalidad el análisis de estos factores, sino si la aplicación de un instrumento como la salvaguarda, que es válido conforme nuestra normativa vigente, fue aplicado, o no, de manera correcta dentro del expediente DDC-002-2013. Ahora bien, resulta de extrema relevancia, analizar si, la imposición de la salvaguarda afecta el precio final del bien, concretamente, a través del precio. Al respecto, pudiese pensarse la existencia de una causalidad natural al ser la salvaguarda de tipo arancelario un componente que encarece el producto importado, sin embargo, si consideramos que la finalidad del mecanismo es igualar el precio internacional al precio nacional, no encarecerlo por encima de éste, no es posible afirmar que la existencia de una medida como la estudiada, aumenta automáticamente el promedio de precio nacional, en especial, si existen distorsiones de mercado como lo son los precios regulados, que concretamente, estamos en presencia de uno de ellos al ser el arroz objeto de este proceso perteneciente a esta categoría. Así, resulta independiente y separado el análisis que debe hacerse de si una salvaguarda afecta o no, un precio en libre competencia o uno regulado, debiendo aportarse para ello las pruebas técnicas que, causalmente, demuestren tal relación. En este caso, no se logra colegir de la prueba documental aportada la forma exacta (quantum) o la existencia de una causalidad relevante entre la imposición de la salvaguarda objeto del proceso y variaciones del precio de arroz pilado. De la verificación incluso de declaraciones periciales como la de Don Ricardo Monge González o de Alonso Alfaro Ureña, quienes señalan que el precio internacional se contabiliza para la fijación de la propuesta de precio que hace CONARROZ al MEIC para la fijación de precio, pero, ambos son contundentes en indicar la existencia de otros factores en tal fijación y, sobre todo, la afirmación del señor Alfaro Ureña cuando señala que lo que la salvaguarda produce es “hacer más difícil” que los precios varíen, mas no una variación automática entre ambos. Con ello, tal y como se dirá infra, al analizar las pretensiones de la tercerista, debe tenerse claro esta situación, dado que el objeto de este proceso es la salvaguarda que recayó sobre el arroz pilado importado bajo las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99 dispuesta en el expediente DDC-002-2013 y no la vigencia de la regulación de arroz en Costa Rica. Igual ocurre con el caso de las exposiciones tanto del testigo-perito Monge González y el señor Alonso Alfaro Ureña, en cuanto encaminaron parte de su exposición y análisis a criticar las políticas públicas económicas, específicamente de manejo agrario del arroz, así como el estudio de factores de distorsión del mercado como la salvaguarda y su impacto en el bienestar general, los cuales, como se ha indicado, no son directamente el objeto de este proceso.

SOBRE EL ANÁLISIS DE INTERÉS ACTUAL: Sin demérito del estudio concreto de las pretensiones tanto de la actora como de la tercerista que se realizará infra, es menester hacer consideración a lo afirmado por las partes referentes a la supuesta falta de interés actual que originó la aportación a los autos la mal llamada “certificación” DM-CER-001-21 emitida por la Ministra Victoria Hernández Mora en fecha 3 de marzo de 2021 y que la representación de las empresas codemandadas calificó como un “hecho nuevo”, lo cual fue cuestionado con contraprueba por la representación actora por el oficio DM-OF-078-20 de la misma Ministra de fecha 4 de febrero de 2020, ambos documentos admitidos a los autos como prueba para mejor resolver según se señaló supra. Primero, considera esta Cámara de Jueces que el documento DM-CER-001-21 no corresponde a una certificación por cuanto no contiene un simple acto de replicar y dar fe de ello (acción de certificar), sino que expone valoraciones propias de una decisión administrativa o, al menos, opiniones o apreciaciones de la Ministra respecto de la validez y vigencia de la salvaguarda impuesta al arroz pilado objeto de este proceso, en una línea básicamente contraria a la señalada en el citado oficio del 4 de febrero de 2020. Nótese que en ninguna parte de ese documento se ordena dejar sin efecto, revocar o modificar de forma alguna las actuaciones DM-001-2015 y DM-006-2015, con lo que no es dable darle el contenido valorativo que las empresas codemandadas y el Estado plantean en sus alegatos. Segundo, en todo caso, debe valorarse que existen reclamaciones de tipo patrimonial por parte de la actora, así como de la tercerista, reclamaciones que tiene como pre requisito, que se declare la nulidad de las actuaciones que causan u originan el daño reclamado, con lo que, en cualquiera de las dos vertientes expuestas, se mantiene el interés actual de que exista pronunciamiento en todos los extremos discutidos en los autos, por lo que tal alegación de los demandados en conjunto, debe ser rechazada.

ASPECTOS RELEVANTES RESPECTO A CRITERIOS TÉCNICOS. BASE Y LIMITE DE LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA. FALACIA DE AUTORIDAD Y RAZONABILIDAD COMO PARÁMETROS DE LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA: Como parte de la motivación de todo acto administrativo, la Ley General de Administración Pública indica, conforme el numeral 16, 160 y 216 la aplicabilidad de reglas de la ciencia y de la técnica, ellas de aplicación obligatoria cuando son en sentido unívoco, entendiendo que, cuando no sea de tal forma, los parámetros a aplicar deben ser los de la lógica, racionalidad y razonabilidad, encontrándonos así en el campo de lo que se conoce como discrecionalidad técnica, ello en tanto existan, técnicamente, más de una opción a utilizar por parte de la Administración en la creación, modificación, extinción, ejecución, suspensión o revocación de determinada conducta administrativa. Ahora bien, el mismo cuerpo normativo, conforme el artículo 15 y el ya citado numeral 16, le otorgan prerrogativas al juez de lo contencioso administrativo (49 Constitucional, 1, 2, 36, 42 y 122 del CPCA) para que controle tal discrecionalidad, con la finalidad de verificar que estamos dentro de los parámetros legalmente permitidos para declarar la conducta administrativa como ajustada a derecho. Con ello, a consideración de esta Cámara de Juzgadores es que se debe plantear un mecanismo objetivo para que el juez cumpla con tal tarea, sobre todo si se pone especial cuidado en la redacción que se desprende del párrafo segundo del ya citado 16 que afirma: “El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad”, lo cual se une a la máxima iudex peritus peritorum (el juez es perito de peritos), junto con el adagio iura novic curia (el juez conoce el derecho). Así, podemos crear un tipo de baremo con componentes básicos que permita al juzgador realizar la aplicación de la fiscalización administrativa, aún en escenarios de discrecionalidad técnica, a lo cual podemos pensar en ciertos mínimos y máximos aplicables a casos concretos para darle un contenido concreto al llamado Principio de Interdicción de la Arbitrariedad. Por una parte, encontramos un mínimo de verificación técnica (presupuesto para la aplicación del escenario jurídico), es decir, la existencia de, efectivamente, un mecanismo técnico de aplicación por parte de la Administración y no una simple ocurrencia, los cuales van a ser definidos por la rama de la ciencia de que se trate, y ello se verifica ante la identificación del método (elemento objetivo, 16 LGAP) y del técnico (elemento subjetivo, 302 LGAP) que participan de la conducta administrativa, ello con la finalidad de evitar una eventual falacia de autoridad. Por otra parte, es posible fiscalizar si, en el caso concreto, dicho método fue utilizado correctamente en la conducta administrativa (o si no se utilizó del todo) y si éste fue realizado por quien posee la pericia para ello. Ahora bien, aun superando estos análisis es posible entonces que encontremos más de una solución técnica, ya sea por la existencia de varios métodos, o por la posibilidad de que varios técnicos sean los que puedan hacer la tarea, y es justamente en este ámbito, en la que entra el componente discrecional de la Administración. Es claro que, si se hablan de métodos, las diferentes ramas de la ciencia nos dan desde los más generales, hasta los más específicos y detallados, ocurriendo lo mismo con los técnicos y profesionales, encontrando desde profesiones y oficios compatibles, hasta grados académicos y profesionales de especialización. Por ello, de verificar que la Administración, en parámetros de racionalidad y razonabilidad, así como de lógica, utilizó un método y un funcionario apto para el fin que se buscaba, aún pese a la existencia de otras alternativas y otro tipo de técnicos, entra en aplicación el principio de conservación del acto administrativo, no pudiendo el juez sustituir a la Administración. Hablamos de lógica, razonabilidad y racionalidad aplicaba de manera práctica, cuando se verifica que la acción administrativa no es, abiertamente incompatible para la tarea o fin que se requiere y que sirve de fundamento al actuar administrativo, culminando afirmando que dicho análisis es posible, particularmente, echando mano a prueba pericial de verificación, en tanto a través de este mecanismo probatorio se puede identificar las carencias, defectos, irregularidades y cualquier otro elemento que le permita al juzgador, de manera objetiva, llegar al convencimiento de la existencia de una conducta arbitraria o por el contrario, afirmar que se actuó bajo los parámetros de discrecionalidad técnica permitida.

LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA EN EL CASO CONCRETO. IMPOSIBILIDAD DE VALIDACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y SU PESO EN LA VALIDEZ DEL ACTO FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDA OBJETO DE ESTE PROCESO: Para el caso de la salvaguarda, las partes hicieron referencia a la relevancia que poseen los antecedentes de los diferentes paneles OMC que conocen de estos temas, tanto el órgano de solución de controversias, como los paneles de apelación. De igual forma, todos los declarantes fueron coincidentes de que, una de las piezas fundamentales del trámite de la salvaguarda, es la existencia de análisis objetivos de los diferentes componentes que permiten determinar o no, la procedencia de la medida. Así, citando y haciendo propia la valoración del órgano de apelaciones de la OMC en su informe WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R del 1° de mayo de 2001 del caso de Estados Unidos respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia, específicamente en sus parágrafos 103 a 105 cuando afirmó: “103. Así pues, una "evaluación objetiva" de una alegación formulada al amparo del párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias consta, en principio, de dos elementos. Un grupo especial tiene que examinar, primero, si las autoridades competentes han evaluado todos los factores pertinentes, y, segundo, si las autoridades han facilitado una explicación razonada y adecuada del modo en que los factores corroboran su determinación. Por consiguiente, la evaluación objetiva del grupo especial presenta dos aspectos, uno formal y otro sustantivo. El aspecto formal consiste en determinar si las autoridades competentes han evaluado "todos los factores pertinentes"; el sustantivo, en establecer si las autoridades competentes han facilitado una explicación razonada y adecuada de su determinación”, “104. Este carácter dual del examen de un grupo especial se desprende de la naturaleza de las obligaciones que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias impone a las autoridades competentes. El apartado a) de este párrafo dispone que las autoridades competentes evaluarán, con carácter formal, "todos los factores pertinentes". Sin embargo, esta evaluación no es una cuestión meramente formal, y la lista de los factores pertinentes que deben evaluarse no es simplemente una "lista recapitulativa". El párrafo 2 a) del artículo 4 establece que las autoridades competentes deben llevar a cabo una evaluación sustantiva de la "relación" -o la "influencia", "efecto" "impacto"- que tienen los factores pertinentes en la "situación de la rama de producción nacional" (sin cursivas en el original). Esta evaluación sustantiva de los factores pertinentes permite a las autoridades competentes efectuar una determinación general propiamente dicha, estableciendo, entre otras cosas, si la rama de producción nacional ha resultado gravemente dañada o está amenazada de un daño grave, según la definición del Acuerdo”, “105. De ello se sigue que la naturaleza exacta del examen que debe realizar un grupo especial, respecto de una alegación presentada al amparo del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, se deriva en parte de su obligación de hacer una "evaluación objetiva del asunto" de conformidad con el artículo 11 del ESD, y en parte también de las obligaciones derivadas del párrafo 2 del artículo 4, en la medida en que formen parte de la reclamación. Así pues, como ocurre con cualquier alegación presentada en virtud de las disposiciones de un acuerdo de la OMC, los grupos especiales tienen que examinar, de conformidad con el artículo 11 del ESD, si el Miembro ha cumplido las obligaciones impuestas por las disposiciones que se indican expresamente en la alegación. Al considerar si la explicación dada por las autoridades competentes en su informe es razonada y adecuada, los grupos especiales pueden determinar si estas autoridades han actuado de manera acorde con las obligaciones que les impone el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias” (véase páginas 44 y 45 del citado informe, visible en la dirección web https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/178ABR.pdf&Open=True). Como puede verse, tal exposición no es incompatible con la expuesta por esta Cámara en el considerando anterior y que permite, en uso de ambos criterios, analizar lo alegado en este asunto. La parte actora de manera puntual afirma que existen problemas en la competencia subjetiva de la AI, así como problemas metodológicos en la emisión de los informes técnicos preparatorios al acto de decisión de la salvaguarda, así como en los elementos metodológicos en la decisión en sí, a lo cual respalda con las declaraciones de los peritos Ricardo Monge González y Adolfo Rodríguez Vargas, ello frente a los propios informes técnicos, la decisión administrativa DM-001-2015 y DM-006-2015 junto con las declaraciones de las funcionarias Marcela Rojas Gómez, Daniela Castro Murillo y Odalys Vega Calvo. Criterio del Tribunal: Tal y como se expuso en el considerando anterior, cuando se analizan criterios técnicos, el elemento subjetivo corresponde a la caracterización de los sujetos que realizan tal tarea técnica, los cuales, a criterio de la parte accionante, presentan problemas en lo que plantea como falta de competencia subjetiva del órgano director. Ahora bien, lo primero que tenemos que aclarar, no solamente ante la palabra de la directora de defensa comercial Odalys Vega, sino de la revisión de la normativa aplicable, concretamente, la definición de Autoridad Investigadora, que difiere del concepto de órgano director tradicional que se desprende del libro segundo de la Ley General de Administración Pública, así, encontramos en el artículo 1° del Reglamento Centroamericano Sobre Medidas de Salvaguardia la referencia de que se entiende por tal “La Dirección o Dirección General de Integración del Ministerio o Secretaría de Economía o, en su caso, la Dirección que tenga bajo su competencia los asuntos de la integración económica centroamericana en cada Estado Parte, o la Unidad Técnica que tenga bajo su competencia la investigación de situaciones tendientes a la aplicación de las medidas de salvaguardia previstas en este Reglamento”, lo cual concuerda con lo que establecía el otrora decreto 32475 en sus artículos 4 y 13 vigente hasta el año 2013, que señalaba al Departamento de Defensa Comercial como el encargado en materia de comercio desleal, medidas de salvaguarda y transparencia comercial, observándose que la designación no recae en personas, sino sobre la ficción jurídica de un órgano ministerial, el cual fue calificado, según la declaración de la funcionaria Vega Calvo, como multidisciplinario en el entendido de que participaron abogadas, economistas y ella, aportando en el tema de defensa comercial. Con esto, la alegación de la parte que cuestiona directamente la participación de funcionarios no es de recibo, en tanto se identifica, como se señaló, que el trámite fue realizado por el órgano competente, no siendo de aplicación la identidad subjetiva que es propia de un órgano director, mas no a un Autoridad Investigadora (AI) en materia de trámite de salvaguarda. Asimismo, la parte no logra concretizar qué relevancia posee, el hecho de la variación de funcionarios de la AI a lo largo del procedimiento, es decir, que existiese alguna consecuencia de que esta situación se haya presentado. Cosa diferente ocurre con el elemento objetivo de los informes técnicos que, como se indicó, tienen que cumplir con dos requisitos: por un lado, que se trate de un método objetivo y que este haya sido, correctamente utilizado, siguiendo, como se señaló en el antecedente OMC supra citado y lo expuesto en el considerando anterior. Para ello, debemos realizar una modulación de la prueba recibida, concretamente, la declaración de Daniela Castro Murillo y de Melissa Amador Rojas, en tanto ambas no permiten extraer información relevante a nivel probatorio, siendo que la primera señaló que su única labor fue la de realizar gráficos, no analizarlos, con información suministrada por terceros y afirmando no tener certeza de que tales gráficos hayan sido utilizados o no, en los informes técnicos, mientras que la segunda, afirmó que se limitó a estar presente en la audiencia oral y pública en sede administrativa, señalando que no tuvo participación en ninguna otra gestión, ello pese a que la testigo Vega Calvo, superiora de ambos, afirmó lo contrario, por lo que lo dicho por ésta, no pudo ser verificado de manera directa. Así, nos focalizaremos en las declaraciones de la señora Vega Calvo y de la economista Marcela Rojas Gómez, las cuales sí afirmaron haber participado activamente en la emisión de los criterios técnicos determinantes y que sirven de base al acto final del procedimiento de salvaguarda que acá se conoce, ello frente a la declaración de los diferentes testigos-peritos ofrecidos por la parte actora y por las empresas codemandadas. Al respecto, tenemos que comenzar el análisis realizando una precisión terminológica y que, a lo largo de las posiciones de las partes, así como de los declarantes en juicio utilizaron. De manera general, se indicó que, dentro del expediente administrativo, se realizaron diferentes estudios técnicos, los cuales utilizaron un método analítico y considerando aspectos cualitativos y cuantitativos, por ello, es que debemos precisar qué comprendemos por tal. Este Tribunal entiende que, al referirse a la existencia de un método analítico, ha de referirse a un sistema de procesamiento de información fenomenológica, extraída de la observación y estudio de determinado evento y en cierto contexto, el cual le permite al analista, extraer algún tipo de conclusión, entendiéndose de que tal forma de procesamiento responde a un método y, por lo tanto, verificable o repetible por cual otro sujeto que posea la habilidad de comprender dicho método. Ahora bien, recurriendo a la doctrina, encontramos qué ha de comprenderse por un estudio cuantitativo, comprendiendo “la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”, mientras que el cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos & BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. Metodología de la Investigación. Editorial McGraw Hill. Sexta edición. 2014. Págs 4 y 7), interpretación que esta Cámara le da a la expresión contenida en el Acuerdo de Salvaguarda cuando indica que la tarea de investigación debe contener “pruebas objetivas” y no meras alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. En el caso bajo estudio, los objetos básicos de investigación que se utilizaron son las variables que enumera el artículo XIX del GATT 1994: Evolución imprevista de circunstancias, efecto de obligaciones contraídas (incluyendo concesiones arancelarias), incremento de importaciones, daño grave o amenaza de daño grave a la RPN, nexo causal entre los dos anteriores, producto similar o directamente competidor. Ahora bien, el Acuerdo de Salvaguarda en su numeral 2.1 y 4.2.a, indica que debe medirse el ritmo y cuantía del incremento de las importaciones en términos absolutos o relativos, mientras que el 4.1 define daño grave como “menoscabo general significativo de la situación de una rama de producción nacional” y amenaza de daño grave como “la clara inminencia del daño”. El numeral 4.2.a señala que como parte de las variables de afectación a la RPN, deben medirse la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el empleo, entendiendo, consecuentemente, que el análisis realizado por la AI, ha de responder, cualitativa y cuantitativamente, a tales variables. Así, encontramos del expediente administrativo los siguientes informes técnicos de relevancia: DDC-INF-004-14: Informe económico (folios 227 a 252 del expediente administrativo), DDC-INF-005-14: Informe técnico de determinación preliminar (folios 1853 a 1938 del expediente administrativo), DDC-INF-006-14: Informe técnico de relación causal (folios 2602 a 2633 del expediente administrativo) y DDC-INF-007-14: Informe técnico de determinación definitiva (folios 3422 a 3645 del expediente administrativo). De manera general, consideramos de primero dos afirmaciones hechas por la economista funcionaria de la AI Marcela Rojas que señaló que se utilizó en los estudios el método de interpretación de tendencias gráficas y la prueba de Granger, pero solamente a nivel demostrativo y que posteriormente esta última fue eliminada, sin que declarase la existencia de algún otro método en los análisis citados. Recurriendo una vez más a la doctrina, el primer mecanismo metódico consiste en “analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones… Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo… y se examina su evolución a lo largo de este periodo” (HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et all. Ibidem. Pág. 106) y que se representa, de manera visual, a través de un gráfico; mientras que el segundo cuyo nombre técnico es Causalidad de Wiener-Granger o Test de Wiener-Granger es “un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. Para ello se tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal A predice la conducta de una serie temporal B. Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger “el resultado B”; el comportamiento es unidireccional. Si sucede lo explicado e igualmente “el resultado B” predice “el resultado A”, el comportamiento es bidireccional, entonces “el resultado A” causa “el resultado B”, y “el resultado B” causa “el resultado A” (GRANGER, C. W. J. (1969): Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37, 424-438). Ahora bien, partiendo del análisis específico del informe DDC-INF-004-14: Informe económico, este Tribunal no logra identificar dentro de éste, el señalamiento del método utilizado de análisis, para llegar a la conclusión de que “De conformidad con lo analizado, se determina que el incremento de las importaciones en el año 2013 (de 10.599,64 TM), provino en un 52% de Argentina y el restante 48% de Uruguay; esto aunado al diferencial de precios nacionales con respecto a los precios del producto importado, además de la capacidad exportadora de estos países así como la búsqueda de nuevos mercados, hace prever que el ritmo en el aumento del producto importado mantendrá su tendencia creciente” (resaltado es nuestro). Aún cuando supliéramos la ausencia del señalamiento metodológico con lo dicho por la señora Rojas Gómez, es decir, con que lo que se empleó el método de análisis de tendencias gráficas y que con la información descriptiva de las fuentes se haya realizado un análisis cualitativo del comportamiento de las importaciones encontramos una limitación, dado que, como se expuso, éste es un método descriptivo temporal, mas no sirve para realizar proyecciones, que es, justamente, lo que se concluye en dicho informe, dado que no logramos identificar cómo es que, con la información dada del exterior, que la colocación de arroz pilado proveniente de Argentina y Uruguay siguiese, posteriormente al tiempo señalado, teniendo a Costa Rica como mercado meta, ni tampoco en qué magnitud o velocidad, con lo que no se permite apreciar si se trataba de un evento aislado, constante o por el contrario variable en el tiempo. Por otra parte, el informe DDC-INF-005-14, que realiza la determinación preliminar, encaminada a la determinación de la procedencia de una medida provisional de salvaguarda, llega a la conclusión, después de resumir las posiciones de las partes y de realizar un análisis sobre “evolución imprevista de importaciones” y que no existe daño grave, pero sí amenaza de daño grave utilizando como valores la tasa de crecimiento de las importaciones, capacidad sustancial del exportador, inventarios del país de origen, precios de los importadores y subvaloración de precios manifestando que “hace prever que Uruguay y Argentina aumentaran sustancialmente sus exportaciones de arroz pilado hacia Costa Rica en un futuro cercado” (sic) (parágrafo 234 folio 1925 del expediente administrativo), no obstante, igual que ocurre con el informe anterior, no se indica por ninguna parte el método de análisis de datos utilizado, siendo aplicable el mismo razonamiento supra expuesto, en tanto, la forma expositiva gráfica no permite determinar ni la relación entre variables, ni la causalidad de ésta, sus antecedentes ni proyecciones, sino, simplemente, cómo es que se ven juntas en un lapso de tiempo, a ello, véase lo que se indica los parágrafos 259 y 260 cuando afirman: “259. Que se determinó preliminarmente a través de un análisis cuantitativo que las tendencias de las importaciones en el periodo intermedio del POI (2012) no coinciden con el menoscabo sufrido por la RPN en ese mismo año; ya que el volumen de las importaciones disminuye en forma importante al igual que los indicadores cuantificables de la RPN. Para el año 2013, año en el cual se experimenta un incremento significativo en el volumen de las importaciones consideradas, la tendencia de algunos factores cuantitativos de la RPN continúan con un comportamiento debilitado. En el caso de las ventas se observa que para el año 2013 logra recuperación leve (5.51 %, respecto al año 2012), sin alcanzar los niveles del año 2011” (folio 1937 del expediente administrativo), lo que permite deducir que las importaciones no fueron constantes en crecimiento, lo que por ende implica que serían variables, lo que socaba la credibilidad en la afirmación previa dicha en parágrafo 234, o, al menos, no se logra explicar cómo resulta compatible el comportamiento variable con la proyección de incremento de colocación de producto en el país. Por otra parte, se manifiesta que existe un comportamiento debilitado de la RPN, pese a la baja en importaciones 2012, y el elemento contradictorio de que se afirma el incremento “sustancial” de importaciones para el 2013, pero recuperación de la RPN en ventas. Inconsistencia que la propia AI reconoce en el parágrafo siguiente al señalar: “260. Que no existen en el expediente de marras datos claros de factores cualitativos de la situación de la RPN que estén relacionados con los cuantitativos supra, que permita realizar un análisis más completo y definitivo respecto a la relación causal. En virtud de lo anterior no se puede determinar con claridad la existencia de una relación causal entre el aumento en el volumen de las importaciones y la amenaza de daño en la RPN. En consecuencia, esta Al considera pertinente que se recabe y verifique los datos aportados por las partes en las visitas in situ; así como pedir aclaraciones; con la finalidad de determinar la verdad real de los hechos”. Respecto del informe DDC-INF-006-14, de relación causal, encontramos que éste se realizó casi dos meses antes de la audiencia oral y pública y, siguiendo con la misma dinámica de los anteriores criterios, se omite la indicación de la metodología de análisis utilizada, aunque aparenta que se utiliza la tendencial gráfica, además de que en esta oportunidad adjunta la prueba de Granger con las variables que se dirán. En cuanto a la variable de las importaciones, con los mismos datos utilizados de previo se afirma que “la disminución en el volumen de las importaciones consideradas de arroz pilado en el año 2012 fue temporal”, señalando como motivo para el cambio de criterio respecto del informe anterior porque “la disminución en el volumen de las importaciones consideradas en el año 2012 fue temporal por efecto de la implementación del Decreto Ejecutivo que exige a los importadores fortalecer el arroz para su nacionalización; una vez cumplido dicho trámite (mes del incremento de las importaciones) se logra observar nuevamente el incremento de las importaciones consideradas en el mercado costarricense, y por ende el aumento de su participación en el mercado para dicho año; colocando el producto a precios inferiores a los regulados por el Gobierno” (parágrafo 22 folio 2613 del expediente administrativo), señalando que se analizaron simultáneamente las variables de la RPN producción en TM, ventas en millones, capacidad instalada y productividad y el volumen de las importaciones, nuevamente, sin señalar el tipo de análisis utilizado, aunque pareciese, por lo mostrado en el folio 2614, que se trata del ya acostumbrado análisis gráfico, que cuenta con las limitaciones ya mencionadas. Tal afirmación posee un problema probatorio y es que no se extrae, pese a aparentar ser un análisis cualitativo, el fundamento de tal afirmación, dado que la referencia probatoria que se utiliza es la visible a folio 2018 y 2019 del expediente administrativo, que corresponde a una minuta de tareas que levantó la Ministra de Salud en ocasión del decreto ejecutivo 30031-S (oficio DM-5723-2011) y no detalla que, efectivamente, se hayan afectado las importaciones en la magnitud que señala la afirmación de la AI. Nótese que este dato pudo haber sido verificado – de manera veraz y concreta – con la investigación in situ que la AI realizó, tanto a los solicitantes (dado que uno de ellos también era a su vez importador), como de los importadores escudriñando el comportamiento de las importaciones en 2012 o pidiendo información a los exportadores y representaciones gubernamentales de Argentina y Uruguay apersonados a los autos; en otras palabras, se trata de una inferencia que no posee respaldo probatorio directo, lo que lo hace calificar de conjetura, aclarándose por supuesto, de que no es que se esté afirmando la falsedad de la afirmación, sino que tal no puede ser verificada de manera objetiva e idónea. Ahora bien, a partir del parágrafo 31, se hace referencia a la prueba econométrica de Granger cuando se afirma: “31. Con el fin de comprobar la causalidad de las variables de la RPN con las importaciones de terceros países, se precede a utilizar algunas pruebas estadísticas que nos ayuden a explicar el efecto de relaciones de causalidad entre variables, en específico se utiliza el test de causalidad de Granger que servirá para determinar si la variable importaciones causa el comportamiento en otra variable (capacidad instalada, producción, ventas, productividad)” (resaltado es nuestro, folio 2617 del expediente administrativo) concluyendo en el parágrafo 37 “De conformidad con lo analizado, esta Al llega a determinar que la disminución en el volumen de las importaciones consideradas en el año 2012 es temporal, así mismo se demuestra que a pesar de dicha disminución los importadores mantuvieron participación en el mercado costarricense de arroz pilado. Que se demuestra que en todo el POI existe una relación de competencia entre el arroz pilado importado de fuentes consideradas y el arroz pilado nacional. Asimismo, se comprueba coincidencia entre la tendencia del alza de las importaciones con la tendencia de disminución de los factores económicos de la RPN en el periodo más reciente (2013). Todo lo anterior demuestra que existe una relación de causalidad entre las importaciones consideradas y la amenaza de daño…” (Ibidem, folio 2018). Lo dicho hasta el momento presenta varios problemas: el primero, existe una contradicción entre lo dicho por la economista Rojas Gómez y el informe DDC-INF-007-14 referente a la prueba de Granger, ya que no fue, como lo señaló, un complemento, sino que se trató de una prueba fundamental en los términos de lo indicado en el parágrafo 31 de recién cita, cuya finalidad era, justamente, acreditar la causalidad, y que intenta dar sustento a las conclusiones del parágrafo

Nótese que, si se suprime el parágrafo 31, no se logra extraer del resto del documento, método alguno para sustentar la afirmación de las conclusiones, por lo que dista de ser un mero accesorio, opcional o alternativo, como se intentó hacer ver por la citada testigo y en informes posteriores. Ahora, entrando en un segundo problema, la forma de verificación judicial que se ha expuesto en esta sentencia exige que se revise, en los términos ya indicados, si el método de tendencias gráficas y la prueba de Granger sirven en términos técnicos, para acreditar causalidad y si además, estos fueros correctamente realizados, ello ante la ausencia de señalamiento de otro tipo de prueba técnica en el informe bajo estudio. Al respecto, tenemos que recurrir a los tres especialistas en la rama de la economía y estadística que participaron en el procedimiento administrativo, el primero, el señor Luis Carlos Rivera Valerio, bachiller en economía y máster en estadística, (currículo visible a folios 2826 a 2844 del expediente administrativo), cuya declaración se logra observar a partir del minuto 57 del video Audiencia Arroceros 01 2014_11_10_08_15_41 (CD 1 de prueba), así como las declaraciones de los testigos – peritos Ricardo Monge Gómez y Adolfo Rodríguez Vargas que participaron tanto en la sede gubernativa como en declaración ante este Tribunal. Al respecto, esta Cámara hace ver que no concuerda con las afirmaciones de la representación del Estado tendientes a desacreditar la credibilidad de los testigos-peritos señalando que ninguno había participado en procedimientos de salvaguardia previamente, elemento que no tiene el peso de demeritar las afirmaciones dados por éstos, por cuanto el tema en discusión no es propio de la salvaguarda en sí, sino del método econométrico Granger, así como de análisis económicos causales que, justamente, son propios de la rama de la economía y estadística en la que los citados sujetos son especialistas. Pártase de la idea base de que los declarantes en sede judicial Monge Gómez y Rodríguez Vargas expusieron a viva voz que el problema no era la información y las variables estudiadas como tal que constan en el expediente, sino de la forma en cómo se utilizaron éstas, así como los vacíos de información que se presentaron para facilitar o permitir la repetición o validación del análisis realizado por la Administración (véase la transcripción de las declaraciones de ambos en el acápite de hechos probados de esta sentencia). Así, los tres testigos-peritos fueron enfáticos en tres elementos fundamentales: No se tuvo claridad si la información que contiene la serie de datos utilizada tanto en los gráficos como en la prueba de Granger, fue validada de alguna forma antes de realizar el análisis de causalidad (declaración del señor Rivera Valerio y Rodríguez Vargas, en concreto sobre este último y la exposición de la necesidad de contar con un análisis de raíz unitaria), coincidiendo con el hecho de que, al momento de la emisión de este análisis, aún estaba pendiente la validación in situ de participantes importadores; además de este tema, se señaló el problema metodológico de que la prueba de Granger no es determinante o eficiente para la determinación de causalidad pura, sino que es básicamente una prueba relacional (declaración de los tres sujetos recién citados); y por último, el hecho de que, aún superando los dos anteriores, los resultados brindan información contraria a la señalada por la Administración, es decir, que se realizó un análisis o interpretación incorrecta de los resultados de esta prueba (declaración del señor Rodríguez Vargas), lo cual lo tenemos que cotejar con otros elementos conexos que resultan de relevancia para determinar el impacto de tales afirmaciones, frente a la actuación de la Administración. Comenzando con el tema de la información, encontramos que, desde que se emitió este informe técnico, la parte actora realizó varios requerimientos de información (hechos probados 46 y 52) que estaban encaminados a lograr obtener lo datos que se usaron para la prueba de Granger (series temporales), así como detalles técnicos de la prueba en sí, y que fueron parcialmente contestados por la AI, señalando que no iba a remitir las series por cuanto se trataba de información confidencial, a lo cual la parte insistió que no le interesaba la acreditación individualizada o concreta de los datos por participante de la RPN, que efectivamente es confidencial, sino de los datos consolidados, que son, en principio, los que se tienen que usar agrupados en la prueba y que incluso, tal y como lo manifiesta la parte actora en conclusiones, ya se habían incorporado parcialmente al expediente administrativo, aspecto que rescata el Estado al afirmar que sobre este punto incluso se interpuso un recurso de amparo que verificó la improcedencia de la petición y declaró la ausencia de una infracción en perjuicio de la recurrente. Esta tesis no resulta de recibo, justamente por los parámetros que se han expuesto en esta sentencia, encontramos que tres especialistas señalan que no pudieron repetir el ejercicio ante la falta de insumos para ello, y que no es posible realizar un simulacro de reconstrucción del método de análisis, justamente por la data que nunca fue suministrada y que, de la información que sí constaba resulta insuficiente y no era posible verificar su confiabilidad, la falta de detalle de la forma en cómo se realizaron las pruebas de raíz unitaria, que son las que validan la confiabilidad de los datos utilizados, y que, ante la variedad de posibilidades que existen – técnicamente – para realizar el ejercicio resultando imposible inferir el método utilizado, aspecto que no logra sanearse, ni con la declaración de la economista Rojas Gómez, ni con las aclaraciones dadas por Odalys Vega de que, supuestamente, existía la información completa en la versión pública del expediente administrativo. Nótese que el Estado procura atacar la parcialidad del análisis que realizan los testigos peritos ofrecidos por la parte actora, alegando de que solo tuvieron acceso al informe, no a todo el expediente, tratando de inferir de que se tratan de estudios parciales; lo que, en lugar de acreditar el punto alegado, demuestra exactamente el problema de fondo: El informe no es autosuficiente, ni tampoco replicable, ante las falencias señaladas por tres especialistas en la materia. Rescátese de que tanto el señor Rodríguez Vargas como el perito-testigo Monge González, afirmaron a viva voz la existencia de múltiples formas de análisis económicos y econométricos que existen en la rama a la cual pertenece la funcionaria Rojas Gómez, que no son exclusivos del trámite de salvaguarda, sino de las citadas ramas de la ciencia, hecho que no fue demeritado por ninguna de las demás partes, por lo que no es posible inferir el método usado por la Administración, ni tampoco la repetición o validación de éste. Esta situación posee un agravante y es la crítica que realizan los tres testigos – peritos al señalar la no idoneidad para acreditar causalidad pura utilizando el método Granger, lo cual, conforme coinciden en la deposición los sujetos mencionados, tiene más un carácter relacional, que de causalidad pura, es decir, que estadísticamente permite afirmar que una cosa tiene relación otra (causalidad a la Granger unidireccional) o que ambas se relacionan entre sí (causalidad a la Granger bidireccional) y no de que una provoca u origina (causalidad pura o natural) la otra. Ahora bien, la afirmación realizada por el perito Rodríguez Vargas de que los resultados de la prueba fueron mal interpretados por la AI, así como los problemas de imposibilidad de verificación de las pruebas de raíz unitaria, constituyen un elemento indiciario del uso de la prueba, y que se encamina a acreditar la no idoneidad del medio metodológico utilizado. Esta situación que no se sanea con la declaración de la funcionaria economista Rojas Gómez que se limitó a señalar que las partes, en lugar de dedicarse a desacreditar la causalidad por ellos señalados, se centraron a discutir la prueba econométrica que después fue eliminada, lo cual resulta llamativo por cuanto, como se indicó, la prueba resultaba ser la justificante técnica para alegar la causalidad entre las variables estudiadas, ello ante la señalización de otro medio de valoración técnica registrada en el expediente administrativo. Recurriendo de nuevo al antecedente OMC ya utilizado, el panel de apelaciones en su informe WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R del 1° de mayo de 2001 del caso de Estados Unidos respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia que en su parágrafo 130 afirmó: “Reconocemos que la expresión "de carácter objetivo y cuantificable" se refiere expresamente a los "factores", pero no a los datos. No obstante, estamos convencidos de que los factores sólo pueden ser "de carácter objetivo y cuantificable" si se permiten que se efectúe una determinación como exige el párrafo 2 b) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, sobre la base de "pruebas objetivas".  Esas pruebas son, en principio, datos objetivos. Las palabras "factores [...] de carácter objetivo y cuantificable" suponen, por tanto, una evaluación de datos objetivos que haga posible la medición y la cuantificación de esos factores” (resaltado es nuestro, informe OMC señalado, pág. 54), agregando en consonancia a lo ya expuesto, de que tal medición, cuantificación y valoración (en caso de aspectos cualitativos), deben ser posibles de verificación. Culmina este Tribunal entonces, en un análisis global de la prueba obrante en autos, de que las falencias de estas pruebas técnicas, en específico los informes DDC-INF-005-14 y DDC-INF-006-14, no cumplen con los parámetros mínimos de razonabilidad y racionalidad para ser considerada como una “evaluación objetiva” en el sentido dado al párrafo 2 a) del artículo 4 del acuerdo sobre salvaguardas. Por último, el criterio técnico DDC-INF-007-14 de determinación definitiva, además de brindar los antecedentes, realiza una valoración de la prueba pericial ofrecida, al respecto, desacredita la deposición del señor Ricardo Monge indicando que hay inconsistencias en: “i) utiliza fundamentos que combinan año calendario con periodo arrocero, ii) utiliza el supuesto que se consume arroz de calidad 95% grano entero sin considerar los demás tipos de calidad según el grano entero, iii) no consideró los gastos y márgenes de comercialización de todos los actores de la cadena en el cálculo del costo total anual, iv) no realiza distinción entre el arroz pilado y el granza en el análisis; siendo que en el marco del expediente de marras el PrOI es definido únicamente "arroz pilado" y la RPN la conforma la industria de arroz pilado, no los productores de arroz en granza, principalmente”; mientras que del señor Luis Rivera lo descalificó afirmando “…el experto se dedica a analizar el diseño de la prueba de Granger y los resultados de la misma, la cual fue utilizada por esta Al como elemento adicional al análisis de la información cuantitativa y cualitativa; lo cual se ha reiterado a las partes. El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos dieron como base la determinación de la existencia de una relación causal entre el volumen de las importaciones de arroz pilado de los orígenes considerados y la amenaza de daño en la industria de arroz pilado costarricense. No obstante lo anterior, la prueba pericial no se refiere al análisis desarrollado por esta Al en los puntos 138/202 "análisis de cada uno de las variables económicas de la RPN"; 203/234 "determinación de una amenaza de daño sobre la RPN; 255/260 "análisis de relación causal/elementos cuantitativos", todos estos elementos del informe DDC-INF-005-2014 y del punto 5 al 38 del informe DDC-INF- 006-2014" se completa el análisis de relación causal, con datos cualitativos aportados por la RPN". Razón por la cual considera esta Al que no se evacuó la prueba indicada por la parte; y el razonamiento del perito no presenta elementos que permitan desvirtuar el razonamiento de la AI en los informes supra”; por último, y de relevancia, se desacredita la posición del señor Rodríguez Vargas “el experto se dedica a analizar el diseño de la prueba de Granger y los resultados de la misma, la cual fue utilizada por esta AI como elemento adicional al análisis de la información cuantitativa y cualitativa; lo cual se ha reiterado a la partes…” reiterando los argumentos para descalificar al señor Rivera. Así, después de resumir los argumentos de las partes, la AI concluye que sí existe causalidad entre el incremento de las importaciones y la afectación bajo la figura de amenaza de daño grave a la RPN en sus diferentes variables. Acá acotamos que, para este informe, es cuando se elimina del todo la referencia a la prueba econométrica de Granger y no se hace indicación de la realización de ninguna otra prueba, más allá de la remisión a la información ya contenida en los expuestos informes DDC-INF-005-2014 y DDC-INF- 006-2014, con lo que revela que dicho informe técnico no es otra cosa que un acto derivado de los dos anteriores y que no cuenta con el sustento técnico propio, en tanto utiliza como base, los dos criterios anteriores, sea, el informe de determinación preliminar y el informe de relación causal. De igual forma, haciendo constancia del ofrecimiento de prueba y doctrina sobre el efecto de salvaguarda en los consumidores (declaración del testigo-perito Carlos Eduardo Ureña, a partir del minuto 1:21:33 del respaldo audio-video de la audiencia oral y pública Audiencia Arroceros 01 2014_11_10_08_15_41 en CD de prueba 1, argumentos de la Asociación de Consumidores de Costa Rica y Asociación de Consumidores Libres a partir del minuto 00:00:00 del respaldo de audio-video de la misma audiencia en Audiencia Arroceros 03 2014_11_10_13_22_33 en CD de prueba 3 y argumentos por escrito en los folios 358 a 364, 485, 486, 2915 a 2928 del expediente administrativo), descalificando en el caso de Consumidores de Costa Rica, afirmando que el análisis presentado refiere a arroz en granza, diferente del objeto del proceso, además de señalar, respecto a la regulación del precio, que esta es una actividad desde 1945, mientras que la variación de importaciones se da a partir del año 2010 y respondiendo a factores externos al país concluyendo que “una posible imposición de una medida de salvaguardia no elevará el monto del precio que debe pagar el consumidor por un kilo de arroz; dicho incremento lo deberán soportar los importadores de arroz y no podrán trasladarlo al consumidor, mientras subsista la política de regulación de precios en Costa Rica” (parágrafos 198 a 200 del informe bajo estudio, folios 3501 y 3502 del expediente administrativo), mientras que desacredita los argumentos de Consumidores Libres señalando en el parágrafo 214 “Relacionado con el objeto del proceso, señala dicha representación que el impacto sobre la canasta básica, la alimentación nacional y el constante aumento en la demanda tanto en zona urbana como rural, hacen que revisar la efectividad de la salvaguardia sea de interés nacional. No obstante, no desarrolla porque considera que la posible aplicación de la medida afectarla el interés público” (folios 3506 del expediente administrativo). Con ello, se demuestra que, efectivamente, sí existió pronunciamiento de la postura de las asociaciones de consumidores, con lo que la tesis de la tercerista y de la actora de que no se realizó abordaje al respecto, no resulta acreditado. Ahora bien, resulta relevante identificar si, la postura de la tercerista y la actora, respecto de la necesidad de realizar un estudio técnico de la variable consumidor, resultase un elemento de peso para cuestionar la actuación de la AI. Al respecto, tenemos que señalar que, directamente, tal y como se dijo en considerandos anteriores, la denominación del interés público sobre los consumidores, en realidad forma parte del balance de intereses, no como una variable propiamente dicha, así como del abordaje sobre las políticas públicas del arroz y el análisis del precio del arroz en el bienestar de los consumidores, por lo que reiteramos lo ya referido sobre el tema. No obstante, sí señalamos que encontramos abordaje de la variable de precios, tanto nacional como internacional, aunque con los señalamientos problemáticos metodológicos ya mencionados, siendo especialmente relevante, que en dicho acápite se muestra un modelo de costos (cuadro 12) que, supuestamente, se extrajo del Ministerio de Hacienda, sin señalarse de manera concreta, la fuente de dicho modelo económico, ello con la finalidad de realizar una reconstrucción del precio, así como una estructura de costos aportada por ANINSA (cuadro 13) y un cuadro sin identificación que en el parágrafo 431 se identifica como “modelo de costos que emplea el MEIC” para la reconstrucción del precio nacional, sin que se indique la fuente exacta y, posteriormente, en el parágrafo 434, cuadro 16 se advierte que “El cálculo del precio nacional del arroz pilado está basado en la metodología internacional para la comercialización de arroz calidad 95/5”, nuevamente, sin señalarse la fuente exacta ni se lográndose identificar a lo largo del documento, algún anexo o acápite destino a enunciar las fuentes (folios 3587 a 3599 del expediente administrativo). Al respecto, llama nuevamente la atención, de que, pese a haber realizado visitas in situ a las empresas importadoras, los modelos económicos de costo, no solamente no se logran identificar la fuente exacta de donde fue extraído, sino que además, no se verificó si estos modelos coincidían con las estructuras reales y concretas de las partes del procedimiento, información que perfectamente era viable de adquirir por la AI, y que, de hecho, fue parte de los argumentos que vía recursiva plantearon las partes importadoras, y posteriormente aceptadas por la representación ministerial. Acá es que resulta relevante la deposición del perito Rodríguez Vargas que señala, como crítica a este informe, así como de las resoluciones DM-001-2015 y DM-006-2015, problemas en la selección de la composición de costos de importación, así como la escogencia y utilización del tipo de cambio. Al respecto, siguiendo la línea de razonamiento indicado en los considerandos anteriores, si el presente escenario fuese de una discusión sobre la selección del método de costos, podría entrarse en una valoración de una discrecionalidad técnica, no obstante, como se ha señalado, la selección de las variables de cálculo de los precios, no se logra verificar su fuente, ni si éstos fueron cotejados con las estructuras reales de costos de las partes, y los motivos que fundamentan la selección de un método y no de otro. Misma conclusión se le puede dar al cálculo e interpretación que realiza el testigo-perito Monge González, el cual, ante la desagregación de las variables en subperiodos, demuestra que se pueden extraer otras conclusiones, como lo es, la justificación de la baja de la productividad de la RPN por motivos de carácter histórico, conforme datos de la RPN, así como la reacción o comportamiento de variables, en el mismo lapso temporal que se da el incremento en las importaciones ello cuando señaló que existen inconsistencias para afirmar que las importaciones tienen un impacto significativo, ello por cuanto, pese a que sí existieron incrementos en las importaciones (incremento relativo de un 86%), en términos de participación relativa (peso de las importaciones en la producción nacional), presentan oscilaciones (3,92%, 2,52% y 7,73%) y las tendencias absolutas, muestran también altos y bajos (3,61%, 2,35% y 6,7%), con lo que, a su criterio, no se trata de algo constante, permitiendo de manera razonable afirmar que estamos en presencia de otros factores que estén afectando a la RPN. Por otra parte, si se analiza el cambio de las ventas de la RPN, que bajaron en total un 7,9%, pero si se analiza por subperiodo, para el 2011 a 2012 efectivamente hubo una caída de 12,76%, pero a partir del 2012-2013, más bien reporta un incremento de 5,51% en las ventas nacionales, antes de que se estableciera la salvaguardas, es decir, mientras que en un año caen, para el año siguiente se recuperan, no existiendo esa tendencia permanente de deterioro; y refiriéndose al componente producción nacional, se da un general de una disminución de 8%, pero encontrando de igual forma para los subperiodos 2011-2012 que la disminución fue de 7,45% mientras que para el subperiodo siguiente 2012-2013 es de apenas un 0,7%, lo que permite señalar que no se trata de una tendencia estable, remarcando que, en su experiencia y utilizando cifras oficiales de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), por la naturaleza de la actividad arrocera en Costa Rica, este componente, de manera histórica, ha tenido un comportamiento de decrecimiento sostenido, por lo que no puede ser usado para afirmar categóricamente que esta disminución es producto de la causalidad con el incremento de las importaciones. Por su parte, aunado a lo ya dicho anteriormente respecto de las dificultades para encontrar la fuente de dónde se extrajo el modelo de costos para calcular los valores de importación, el informe pericial de Adolfo Rodríguez Vargas (imágenes 353 a 379 del expediente judicial) señala las razones que el especialista considera que existen problemas en la selección del modelo de costos, el tipo de cambio, así como el cálculo de la salvaguarda en sí si se aplica a presentaciones 80-20 o 95-5, señalando que incluso, en el primer supuesto, no era necesario aplicar la medida, elemento que, frente a la declaración de la funcionaria Odalys Vega y Marcela Rojas, cuando afirmaron que la investigación de la salvaguarda se encaminó al arroz pilado 95-5 y que los cálculos se realizaron fueron con éstos datos, lo cierto es que no se logró acreditar que la estimación de la AI no afectase otras presentaciones, limitándose a afirmar la funcionaria Vega Calvo de que, en todo caso, el volumen de importaciones 80-20 era mínimo, insignificante o poco relevante. Esta postura no es de recibo por el Tribunal por cuanto, de la revisión tanto del artículo XIX del GATT 1994, el Acuerdo Sobre Salvaguarda y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguarda, se establece que el objeto de la salvaguarda es un producto directamente competidor o similar (véase artículo 1 del reglamento citado), no de una fracción arancelaria, con lo que nada impedía modular o especificar que los alcances de la investigación se referían, exclusivamente, a la presentación de arroz 95-5 que era la estudiada y que ingresaba al país por las ya referidas fracciones arancelarias, provocando de manera consecuente, que los efectos de la resolución alcanzasen productos que estaban fuera del estudio de la AI, constituyéndose así en un defecto grave de la actuación administrativa. Así, la declaración de ambos testigos-peritos lo que acreditan es la imposibilidad de verificación del sustento del criterio técnico, lo cual considera esta Cámara como parte del vicio de falta de una correcta y suficiente fundamentación de las actuaciones administrativas. Por último, encontramos que los peritos fueron enfáticos en que la AI se limitó a examinar las variables, sin verificar otras causas, a lo cual, las funcionarias de la AI Marcela Rojas y Odalys Vega respondieron que, a su criterio, no encontraron ninguna relevante y que, en todo caso, las partes no demeritaron con argumentos sólidos lo concluido por su análisis. Al respecto, recurrimos una vez más al antecedente OMC de insistente cita WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R cuando señaló “Para realizar esta investigación, las autoridades competentes están obligadas a "evaluar" todos los factores pertinentes de carácter "objetivo y cuantificable". Además, el párrafo 2 a) del artículo 4 requiere que, al llevar a cabo esta evaluación, las autoridades competentes evalúen la "relación" que tengan los factores pertinentes con la "situación de [la] rama de producción [nacional]". Sobre esa base, las autoridades competentes deben formular una determinación "global" de si la "rama de producción nacional" está gravemente dañada o amenazada por ese daño” (párrafo 139, página 54 íbídem). Esta tarea, conforme lo indicaron los testigos-peritos Monge González y Rodríguez Vargas, puede calcularse a través del uso de modelos econométricos, sin embargo, como se indicó supra, no se logró determinar la existencia de alguno utilizado en la implementación de la salvaguarda analizada. Téngase presente que no es tarea de las partes suplir la ausencia de fundamentación de la Administración como es lo que pretenden hacer ver las funcionarias que declararon frente a este Tribunal, reiterando una vez más que los estudios técnicos deben de ser explicativos en sí mismos y que permitan a cualquier administrado conocer las razones y sustento de lo afirmado por la Administración.

EFECTOS DE LOS VICIOS TÉCNICOS EN EL ACTO FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE SALVAGUARDA. NO NECESIDAD DE ABORDAJE DE OTROS AGRAVIOS EXPUESTOS POR LAS PARTES: Consecuencia de lo expuesto hasta el momento, encontramos un problema cuya génesis irradia desde los informes técnicos realizados y que constituyen un vicio en el elemento motivo del acto administrativo final, tanto en la resolución DM-001-2015 como la DM-006-2015 que modifica parcialmente ésta, dado que, al basarse en informes técnicos no susceptibles de validación, provocan que tales actuaciones posean como base una falacia de autoridad, ya que, como se desarrolló a profundidad en el considerando anterior, la imposibilidad de validación de las afirmaciones de la AI por terceros, hacen que no pueda considerarse un ejercicio correcto de la discrecionalidad administrativa, en tanto no permiten confirmar o negar lo expuesto por la AI, generando con ello que la información es determinante por el hecho de que es la AI la que así lo declara, y no como resultado de pruebas objetivas en los términos ya expuestos. De ahí que este Tribunal no hace propia la posición de la actora que en conclusiones solicita que se ordene el testimonio de piezas a las funcionarias públicas que integraron la AI, por cuanto no se ha demostrado el actuar palmario y manifiesto incorrecto de éstas (supuesto del 200 de la LGAP), sino que tal actuar no es consistente o verificable, ello sin perjuicio de que el Estado, en valoración propia, considere lo contrario. Este escenario tiene como consecuencia un perjuicio en la fundamentación y motivación de las actuaciones, impidiendo de manera consecuente que el motivo pueda ser fiscalizado por esta Cámara de Juzgadores en los términos de los numerales 16 de la Ley General de Administración Pública, por lo que, en ejercicio del principio de interdicción de la arbitrariedad, no es dable imputar las actuaciones técnicas realizadas por la AI como un ejercicio dentro de los límites de una discrecionalidad técnica. Al respecto, aclárese que no se está afirmando la falsedad o invalidez de lo afirmado por la AI en sus informes técnicos, sino que éstos no son susceptibles de verificación, con lo que, ante esta situación que no fue corregida a lo largo del procedimiento administrativo, ni tampoco aclarado por la funcionaria - técnica economista a lo largo de la audiencia de juicio oral y público, lo correspondiente es declarar un vicio de nulidad absoluta que recae sobre los citados actos administrativos. Considérese que incluso, si aplicásemos los parámetros que utilizó la funcionaria economista Rojas Gómez, en su definición de prueba “subjetiva” para eliminar el uso de la prueba Granger posterior al informe DDC-INF-006-14, indicando que es cuando “una prueba genera más de una interpretación”, encontraríamos que los señalados informes de la Administración DDC-INF-005-14, DDC-INF-006-14 y DDC-INF-007-14, le sería aplicable tal parámetro y ser considerados como pruebas subjetivas y no objetivas que es lo que exige la normativa internacional de salvaguarda, así como los criterios OMC citados en esta sentencia. Consecuentemente, al sustraer la razonabilidad, racionalidad y lógica de los insumos sobre los que se basan los actos finales DM-001-2015, así como el subsecuente DM-006-2015 que modifica el primero, debemos entender que no es posible afirmar que se cumplió con el elemento fin que es otro elemento sustancial, ya que no se logró verificar que las manifestaciones de la Administración hayan sustentado de manera objetiva la ponderación de intereses en juego, configurándose en consecuencia una desviación del fin perseguido por la norma. Por ello, ha de declararse que estamos frente a un vicio que provoca la nulidad absoluta del acto final del procedimiento y que la génesis problemática de las actuaciones administrativas las encontramos a lo largo de la etapa de investigación de la salvaguarda, concretamente la realización de los informes técnicos DDC-INF-004-14 (Informe económico realizado por Marcela Rojas Gómez, Erick Jara y Marlon Cruz), DDC-INF-005-14 (Informe técnico de determinación preliminar realizado por Marcela Rojas Gómez, Odalys Vega), DDC-INF-006-14 (Informe técnico de relación causal realizado por Marcela Rojas Gómez, Daniela Castro, Odalys Vega) y DDC-INF-007-14 (Informe técnico de determinación definitiva realizado por Marcela Rojas, Daniela Castro, Odalys Vega), no siendo posible la devolución para la nueva emisión del acto final (principio de conservación de actos administrativos), sino que el vicio, para su corrección obligaría, básicamente, a la realización de todas las diligencias contadas desde que se recaudó la información de las partes del procedimiento, con el agravante de que, por la naturaleza del procedimiento de origen internacional y temporal, considera este Tribunal que carecería de interés el análisis de un cuadro fáctico que se ha modificado en 8 años, tal y como lo afirma la propia encargada de la cartera Ministerial, la Ministra Victoria Hernández Mora, en su oficio DM-CER-001-21 mal llamado “certificación” admitido como prueba para mejor resolver, con lo que, ante tal ponderación, lo procedente es anular las actuaciones cuestionadas y consecuentemente, los actos preparatorios por los vicios supra mencionados. Por todo lo anterior, se omite el pronunciamiento de los demás argumentos vertidos por las partes, por resultar innecesarios.

ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA ACTORA. ALCANCES DEL OTORGAMIENTO INDEMNIZATORIO EN EL CASO CONCRETO: Ante la declaratoria de nulidad expuesta en el considerando anterior y tras anterior, encontramos que ha de otorgarse las pretensiones principales 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la demanda, entendiendo este Tribunal que la pretensión 7 es la que se le ha otorgado a nivel cautelar mediante voto 17-2018-I de la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Ahora bien, la pretensión 8 está planteada de manera genérica y no concretiza o individualiza cuáles son las “situaciones jurídicas lesionadas”, mas entiende esta Cámara que esta pretensión está vinculada a lo solicitado en las pretensiones 9, 10, 11, 12 y que de inmediato procedemos a analizar, reservándose el tema de costas para el considerando respectivo infra. En este sentido, no se entran a conocer las pretensiones subsidiarias, en tanto éstas están en función del rechazo de las pretensiones principales anulatorias, las cuales, como se señaló, fueron acogidas. Ahora bien, la parte solicita, de manera puntual, la indemnización de los siguientes rubros que encontramos desglosados en la pretensión 9 “c-1-Daño: Se estima en la suma de ciento setenta y siete (177) millones de colones. c-2-Daño emergente: Se estiman en la suma de setenta y dos (72) millones de colones. c-3.-Por concepto de los perjuicios, ganancias dejadas de percibir, se estima la suma de ciento veinte (120) millones de colones. C-4.-Por la pérdida de oportunidad en lo que respecta al crecimiento de nuestro negocio y de las contrataciones eventualmente realizadas, la suma de doscientos cincuenta (250) millones de colones. c-5.-Por Daño Moral Objetivo ocasionado a la empresa, para el cual solicitó la suma de ciento cincuenta (150) millones de colones”, con lo que se identifica claramente que la accionante solicita daño material, daño emergente, lucro cesante, pérdida de oportunidad de crecimiento de negocio y contrataciones eventuales y daño moral objetivo, procedamos a valorar cada uno frente a la prueba obrante en autos y la declaración del testigo-perito Alonso Alfaro Ureña. XIV.a. Requerimientos teóricos mínimos de indemnización: Si bien es cierto la Ley General de Administración Pública establece a partir del numeral 190 y siguientes un sistema de responsabilidad objetiva de la Administración Pública, ello no lleva a sustentar una aplicación automática de responsabilidad, sino que toda reclamación en contra del emisor de una conducta administrativa, ya sea formal o material, ha de encuadrar su petitoria en alguno de los cuatro supuestos imputativos de responsabilidad, a saber: por funcionamiento normal o anormal, lícito o ilícito. Así, la LGAP da un tratamiento diferenciado a estos supuestos y es tarea del reclamante acreditar a lo largo del proceso, que se cumplan con los presupuestos tanto subjetivos (legitimación activa) como objetivos (derecho a favor del reclamante, inexistencia de un deber de soportar el daño, base antijurídica de la conducta) para ingresar en alguno de estos criterios y que tales sean oponibles a la Administración a la cual demanda (legitimación pasiva). Por ello, ha de entenderse que existen, como mínimo, una estructura de reclamación de responsabilidad en la cual se identifique el responsable (autoría de la conducta activa u omisiva, material o formal), así como la conducta administrativa que se afirma lesiva, el señalamiento de un tipo de afectación (corporal, patrimonial o extrapatrimonial conforme el 41 Constitucional) y el resultado concreto de esa afectación, así como la condición de ser el que soporta tal afectación (víctima), demostrando la existencia de una causalidad entre todos estos componentes a través de los medios probatorios idóneos. Además, el tipo de lesión no sólo debe probarse su existencia, sino además de ser posible de evaluar, que sea actual y, como se indicó, individualizable respecto de una víctima o grupo de víctimas, sin embargo, para su resarcimiento concreto, siempre ha de individualizarse conforme el 9.b CPCA. En el caso concreto, encontramos que la parte actora ha demostrado en este proceso la existencia de una conducta formal de la Administración y que son los actos que han sido declarados nulos dentro del procedimiento administrativo de salvaguardia DDC-02-2013 conforme se dicta en esta sentencia, deviniendo con ello que la aplicación de tales actos se constituyen lesivos a los intereses de la accionante, en los términos que se analizarán infra, acreditándose que existe la base antijurídica de la conducta (derecho) emitida por el Estado en su condición de demandado (responsable) y que provoca, a favor de la demandante, en ocasión de haber sido, en su condición de importadora, una de las destinatarias de los efectos de los actos anulados (víctima), encontrando con ello correctamente configurada la estructura obligacional básica para sustentar un reclamo indemnizatorio, por ello, pasemos a analizar cada uno de los tipos de daños y resultados dañosos, peticionados por la parte. XIV.b. Respecto del daño material y daño emergente: Contenido en las pretensiones 9.c.1 y 9.c.2 respectivamente, habían sido estimadas inicialmente en 177 millones de colones y 72 millones de colones respectivamente, y consistían en el pago de la salvaguarda aplicada a las importaciones de la actora, el primero al momento de presentar la demanda y el segundo, la estimación proyectada por toda la vigencia de la salvaguarda, sustentándose en el informe elaborado por el señor Alonso Alfaro Ureña y la declaración de este en juicio. Ahora bien, en escrito de noviembre de 2018 (imágenes 4269, 4270, repetido a imágenes 4323 y 4324 del expediente judicial) la parte actora los reformula a través de lo que considera como un “hecho nuevo” concretizando que “la actora importó un total de 7.535.961 kilogramos de arroz pilado en el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2015 -fecha de entrada en vigencia de la salvaguardia- y e l 21 de de (sic) febrero de 2018 - fecha de suspensión de la salvaguardia por vigencia de la medida cautelar -

Al día 21 de febrero de 2018 - fecha de suspensión de la salvaguardia por vigencia de la medida cautelar-, la actora ha pagado la suma de C420.811.459.22 (CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES CON VEINTIDOS CÉNTIMOS) por concepto de aranceles impuestos por la salvaguardia decretada mediante el acto cuya nulidad se pretende”, aportando como respaldo de ello la certificación emitida por Luis Ricardo Calderón Campos, Contador público autorizado de fecha 21 de setiembre de 2018, en el que hace constar el pago total realizado por la actora por concepto de salvaguardia. Como se ve, al momento de emitir esta sentencia, no existe diferencia entre el daño material y el emergente, por cuanto el segundo se configuró, temporalmente, como parte del primero, al encontrar un periodo inicial y final de los efectos del acto administrativo, el cual no surtió más efectos por la medida cautelar y que no los va a surtir más en ocasión de la nulidad decretada en esta resolución, por lo que la proyección de costos de la medida de salvaguarda realizada por Alonso Alfaro Ureña, visible a imágenes 188 a 193 y su actualización a imágenes 502 a 523 del expediente judicial, resultan inexactas para los fines que acá se requieren en tanto no acreditan el componente efectivo del daño. No obstante, el referido documento del 21 de setiembre de 2018, no logra ubicarse ni dentro del expediente judicial digital principal, ni en el legajo de ejecución (únicos para este proceso, dado que el de cautelares está incluido en el principal), sino que, del referido contador, encontramos la certificación del mes de febrero de 2016 (imágenes 185 y 186 del expediente judicial), la de fecha 7 de marzo de 2016 (imágenes 244 y 245 del expediente judicial) y la del 26 de setiembre de 2017 (imágenes 3968 a 3971 del expediente judicial), siendo esta la última identificable en el expediente, con lo que no se contaría con la información completa para el otorgamiento del derecho de crédito del reintegro de lo pagado por la salvaguarda. A su vez, existe un elemento probatorio en autos que dificulta la certeza en la información aportada a los autos, dado que tanto lo certificado por el contador Calderón Campos, como lo expuesto por el señor Alfaro Ureña, nos hablan de manera genérica e indistinta de las importaciones realizadas por la actora, sin que sea posible identificar, en el ya referido periodo de tiempo, cuáles de éstas corresponden al contingente de 618,66 toneladas métricas otorgadas a través de la resolución DMR-00027-15 del Ministerio de Comercio Exterior (hecho probado 79), además, dado que la aplicación de la medida tiene un carácter regresivo arancelario conforme pasa el tiempo (el porcentaje no es constante, sino que se rebaja al transcurrir el tiempo), ha de especificarse de manera correcta cuánto corresponde al porcentaje de salvaguarda por bloque de tiempo, en relación al monto pagado, por lo que ha de desagregarse dichos datos, aportando la prueba idónea de ello, para identificar, no basado en el volumen de las importaciones, sino en lo efectivamente pagado por el actor por concepto de salvaguarda, acreditando a través de la prueba idónea al efecto y que deberá de realizar en la etapa de ejecución de sentencia. XIV.c. Respecto de los perjuicios: Identificada en la pretensión 9.c.3 y las pretensiones 10, 11 y 12, los perjuicios han de acreditarse en ocasión de la naturaleza del derecho de crédito a favor de la actora por el daño referido en el acápite anterior (reintegro dinerario), siendo única y exclusivamente los intereses contabilizados desde el día en que se realizaron las erogaciones dinerarias a reintegrar y hasta su efectivo pago, ello por imperativo del 706 del Código Civil. Ahora bien, ha de aclararse que éstos han de calcularse como intereses netos, a los cuales deberán de indexarse conforme el 123 del CPCA, ello por cuanto como se ha desarrollado por parte de este Tribunal, los intereses brutos contienen tanto el interés legal indemnizatorio del 706 de la regulación civil, como la indexación que exige la normativa procesal contenciosa, debiendo de igual forma, liquidarse en ejecución de sentencia. XIV.d. Respecto de la pérdida de chance: Solicitada en la pretensión 9.c.4, la parte la centraliza en dos ejes: Eventuales contrataciones realizadas y crecimiento del negocio. Respecto del primer aspecto, este Tribunal no logra identificar de los autos la existencia de compromisos contractuales concretos e individualizados que se hayan afectado o frustrado, por la salvaguarda como evento imputable de responsabilidad bajo la doctrina del hecho del príncipe y que fue decretada su nulidad en esta resolución. Así, se trata de una pretensión que refiere a la posibilidad abstracta de eventuales contrataciones que no logran acreditarse su certeza en un evento futuro e incierto que no es susceptible de indemnización ante su indeterminación, actualidad y falta de individualización, no cumpliendo con los parámetros mínimos del 196 de la LGAP. Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, referido a la frustración del crecimiento del negocio, encontramos para sustentarlo los informes de Alonso Alfaro Ureña (imágenes 188 a 203, 502 a 523 y 4059 a 4065 del expediente judicial), así como su declaración rendida en juicio oral y público. Al respecto, se logra extraer con claridad de la información documental y testimonial brindada, que la línea de importación afectada fue la del arroz pilado 80-20, el cual básicamente se eliminó posterior a la importación de la medida de salvaguarda, incluyendo de igual forma un periodo corto de cese de importaciones, que el testigo-perito Alfaro Ureña señaló como un periodo de liquidación del inventario existente para luego retomar la actividad de importación con la presentación de arroz que sí seguía siendo rentable pese a la salvaguarda, que era el de 95-5, indicando en consecuencia que existía una oportunidad de crecimiento en las importaciones que se perdió. Ante preguntas del Tribunal, el testigo-perito afirmó que le costaba pensar la existencia de una razón objetiva que no sea la salvaguarda, que coincida temporalmente con el comportamiento de la presentación 80-20 afectado y que haya producido el mismo resultado (véase declaración del testigo-perito en audio-video de juicio, así como lo resumido en hechos probados). Con tal información que no fue demeritada en autos, es posible extraer – con lo dicho hasta el momento – dos aspectos relevantes: el primero, que no hubo pérdida de inventarios (frustración de ventas de inventario existente) ya que éstos se lograron colocar a la venta a nivel local y que la actividad de importación se mantuvo y que incluso creció con el tiempo, siendo afectada solamente una de las líneas de importación que es lo que podría identificarse como una frustración de crecimiento empresarial. Ahora bien, la causalidad de esta situación la imputa el señor Alfaro Ureña a la salvaguarda, por cuanto hizo un ejercicio de exclusión de causales distorsionantes no resultando ninguna relevante, como por ejemplo: tendencias de consumo y baja calidad del arroz (véase al efecto imagen 4061 del expediente judicial), decisiones empresariales u otros factores observables (declaración en juicio). No obstante lo dicho, este Tribunal sí encuentra otra razón para el comportamiento de la caída de la importación del arroz pilado calidad 80-20 y ello se extrae de otra prueba testimonial-pericial ofrecida por la propia parte actora, y que corresponde al cálculo de salvaguardias realizado por Adolfo Rodríguez Vargas para la calidad 80-20 (visible a imágenes 368 y 369 del expediente judicial), concretamente ante el cálculo de costos de importación, ya que afirma “En este caso el precio total de importación calculado para el arroz 80/20 de hecho es mayor al precio nacional de ?585 000, por lo que no se justifica la imposición de una salvaguardia en este caso para esta calidad”, afirmación que fue reiterada a viva voz en juicio (véase grabación de audio-video de la audiencia), explicando que, sin salvaguarda, no resultaba rentable la importación de este tipo de producto, por cuanto los costos totales de importación superaban el precio nacional. Ante ambos datos, que no resultan incompatibles o inconsistentes entre sí, sino por el contrario, complementarios, el motivo que no logra ubicar el señor Alfaro Ureña, lo demuestra el señor Rodríguez Vargas, resultando coherente entonces la afirmación, de la apreciación de ambas pruebas, de que no es posible imputar una causalidad dominante, determinante, agravante o exclusiva, a la caída de las importaciones de la presentación de arroz 80-20 a la salvaguarda. Por tal razón, es que ambos requerimientos de indemnización de pérdida de oportunidad o de chance, deben ser rechazadas. XIV.e. Respecto del daño moral objetivo: Contenido en la pretensión 9.c-5, ha de constituirse como el daño de naturaleza patrimonial que se origina de la afectación a la imagen o reputación de la empresa actora, debiendo demostrar, con la prueba idónea, la existencia y cuantía de la disminución patrimonial indemnizable, lo que la hace diferenciable del daño material expuesto supra no sólo en cuanto a naturaleza, sino en cuanto a necesidad de demostración probatoria. En la especie, no se logra extraer de la prueba ofrecida en los autos, un daño moral objetivo a la actora, a través de la cual se señale que la imposición de la salvaguarda acá anulada impactó en la imagen de la empresa y que tal afectación produjese una disminución patrimonial, considerando no solamente de que la salvaguarda se impuso no de manera subjetiva (a la actora) sino de manera objetiva a las fracciones arancelarias 1006.30.90.91 y 1006.30.90.99, constituyéndose con ello una obligación propter rem de cualquier sujeto interesado en la importación de productos calificables dentro de tal categorización, con lo que no logra acreditarse el requisito de individualización de una afectación a la imagen empresarial y como ésta se materializó a nivel empresarial. Por estos motivos, es que esta pretensión ha de rechazarse.

ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA TERCERISTA: Por la forma en cómo se ha emitido esta sentencia, ante el requerimiento de pretensiones propias de la tercerista, ha de procederse al análisis de cada una de ellas. La pretensión a) ha de declararse parcialmente con lugar, ello por el rechazo de alguna de las pretensiones planteadas y que de inmediato se indicarán. La pretensión b), conforme la prueba que obra en autos y se señala en los hechos no probados, no ha sido posible acreditar una causalidad directa entre el establecimiento de la salvaguarda y un perjuicio a consumidores, ya sea directamente, o a través de la variación en los precios del arroz pilado a favor de éstos, nótese que, incluso, la testigo funcionaria Vega Calvo afirmó que, con posterioridad a la imposición de la salvaguarda, los precios del arroz 80-20 más bien bajaron de precio, ello conforme los decretos de fijación de precio posteriores a la emisión del acto final de imposición de salvaguarda, y la indicación de los testigos-peritos Monge González y Alfaro Ureña de la imposibilidad de determinar una causalidad directa entre ambos, por ello, ante la inexistencia de prueba idónea, esta pretensión debe ser rechazada. En cuanto a la pretensión c), no se logran extraer de los autos ni de las alegaciones o prueba de las partes, elementos de nulidad absoluta o relativa, que provoquen la necesidad de invalidar la resolución DDC-001-2014, que es la que da inicio a la investigación de salvaguarda, y en cuanto a la genérica expresión de que se invaliden las actuaciones “previas o preparatorias para la adopción de la salvaguarda…” estese a los alcances de la nulidad declarada en los considerandos anteriores. En cuanto a la pretensión d), que coincide con las pretensiones de la actora, esta ha de declararse con lugar por los motivos ya señalados líneas atrás y que sustentan la declaratoria de nulidad de las resoluciones DM-001-2015 y DM-006-2015. En cuanto a la pretensión e), encaminada a que se decrete la nulidad e invalidez del Decreto Ejecutivo 38884-MEIC, téngase en cuenta que el proceso principal no versa sobre este objeto litigioso, ni tampoco la tercerista encaminó recursos argumentativos ni probatorios para la demostración de vicios que cuestionen los elementos constitutivos del citado decreto en calidad de conducta administrativa de alcance general, por ello, tal pretensión debe ser rechazada. En cuanto a las pretensiones f), g), h), i) no son de recibo por dos razones fundamentales: Por un lado, la indeterminación de los presuntos sujetos afectados con la conducta administrativa, en tanto, como lo exige el numeral 9.b del CPCA, las reclamaciones de grupos que busquen una reparación en sus derechos subjetivos e intereses legítimos, ha de individualizarse, con lo que, por la forma en que ha sido planteada esta pretensión, debe de rechazarse. Por otra parte, existe una indeterminación y falta de prueba idónea tanto de la causalidad entre la conducta de la Administración y la presunta afectación a los consumidores como de la existencia del daño señalado, por lo que no se configuran los presupuestos necesarios conforme el numeral 192 frente al 196 de la LGAP para su reconocimiento. En cuanto a la pretensión j) ocurre de igual forma, que no existe prueba idónea en los autos que acredite la existencia de un sobreprecio producto de la imposición de la salvaguarda y que hayan pagado los consumidores, por lo que lo que corresponde es el rechazo de esta pretensión. Por la forma en cómo se resuelve este asunto, resultan innecesario el conocimiento de las pretensiones subsidiarias, en tanto éstas estaban planteadas en referencia a las pretensiones anulatorias.

ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS CODEMANDADAS: Tal y como se desprende del elenco de hechos procesalmente relevantes de este asunto, la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (ANINSA), junto con la sociedad anónima Corporación Arrocera de Costa Rica S.A. (CACSA)y la Cooperativa de Productores Independientes de Liberia R.L. (Coopeliberia), no fueron directamente demandados, sino que fueron integrados a la litis por el honorable Tribunal de Apelaciones en aplicación del numeral 12 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, dado que éstos aparecen en el expediente administrativo como los solicitantes de la medida de salvaguarda objeto de este proceso. Ahora bien, pese a que todas fungieron bajo un mismo patrocinio letrado en este proceso, sí es claro para este Tribunal que se tratan de personas jurídicas diferentes, de cuyo análisis a efectos de la legitimación pasiva procesal se refiere. Al respecto, este Tribunal concuerda, ante la revisión de los autos, que lleva razón las manifestaciones referentes de ANINSA al insistir, enérgicamente, de que a ésta asociación no se le puede imputar, en los términos del numeral 12 inciso 3 del CPCA, como sujeto que directamente relacionado al procedimiento administrativo, por canto, como se revela de los folios 27, 58, 82 a 85, del expediente administrativo ANINSA fungió como representante de las codemandadas CACSA y Coopeliberia, ergo, bajo la teoría de la representación, los efectos sustanciales de las actuaciones realizadas por dicha asociación son imputables de manera exclusivas a las entidades representadas. En consecuencia, existe una evidente falta de legitimación ad causam y ad procesum pasiva respecto de ANINSA, la cual, a efectos legales correspondientes, sólo mantiene una relación de responsabilidad interna entre mandante – mandatario en los términos que regula el Código Civil, no lográndose identificar ni dentro del expediente administrativo, ni dentro del expediente judicial, actuaciones propias de la asociación citada para generarle imputación por conducta propia. Empero, esta situación es eminentemente declarativa en esta sentencia, por cuanto, como se indicó, la representación judicial de ANINSA-CACSA-Coopeliberia recayeron sobre el mismo patrocinio letrado, el cual no separó argumentos o acciones por cada uno de sus integrantes, con lo que, aún en la supresión hipotética de dicha parte, en nada viene a alterar lo acá resuelto, ni en la tramitación del proceso en sus diferentes etapas. Ahora bien, centrándonos en las empresas CACSA y Coopeliberia, queda claro que al tenor del numeral 12 CPCA sí poseen legitimación pasiva ad procesum para formar parte del proceso, empero, respecto de la legitimación ad causam, debemos señalar que, de la revisión de las pretensiones tanto de la demanda como de la tercería, no encontramos que alguna haya sido dirigida en contra de éstas, además de no tratarse de quienes emitieron las conductas administrativas acá investigadas más allá de configurarse como los solicitantes de la gestión administrativa, con lo que no es dable desprender de dicha acción, sea, la de tener la condición de parte administrativa, para convertirlas en responsables civiles de lo actuado y resuelto por el Estado, por lo que, lleva razón la representación de las empresas codemandadas de que no es posible desprender algún tipo de solidaridad en las actuaciones sujetas a conocimiento en este proceso y, de manera consecuente, no le son imputables los efectos procesales del proceso como lo son, justamente, las costas. Téngase acá presente que, de la declaración del señor Jose Antonio Martínez Fonseca, se extrae que, al momento de presentar la solicitud y durante el trámite de la investigación de salvaguarda, ellos presentaron una postura que, a su criterio, se encontraba fundamentada y que demostraba el cumplimiento de requisitos del instrumento de protección arancelario, siguiendo en su consideración antecedentes de la OMC, pero recalcando que, en todo caso, la información y criterios por ellos aportados, tuvieron al final, que ser revisados por la AI, resolviendo ésta incluso con criterios diferentes a que ellos aportaron.

SOBRE LAS DEFENSAS ALEGADAS: Culminando el análisis de lo expuesto hasta el momento, corresponde declarar con lugar la defensa de falta de legitimación ad causam y ad procesum pasiva de ANINSA, y la falta de legitimación ad causam pasiva respecto de las codemandadas CACSA y Coopeliberia. Por la forma en que se ha resuelto el presente asunto, lo procedente es el rechazo de la defensa de falta de interés actual y la falta de derecho alegada por los demandados se acoge únicamente frente a las pretensiones que se le rechazaron a la actora y a tercerista. En cuanto a la alegación de falta de legitimación activa planteada por las empresas codemandadas ANINSA, CACSA y Coopeliberia en relación con la alegada indefensión de sujetos no llamados al procedimiento, considera esta Cámara que el argumento planteado, corresponde a una forma de atacar o cuestionar los argumentos de la actora y tercerista, y no corresponde, formalmente, a la defensa de falta de legitimación activa por cuanto esta está diseñada para atacar la participación (ad procesum) o derecho (ad causam) de determinado sujeto dentro del proceso, por lo que resulta en ambos sentidos improcedente dado que no existen tales terceros dentro del proceso, por lo que la defensa debe ser rechazada.

LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal con fundamento en el considerando tras anterior, encuentra motivos para exonerar de costas a los codemandados ANINSA, CACSA y Coopeliberia, siendo consecuente que las costas tanto procesales como personales recaigan, de manera exclusiva, en el Estado, las cuales serán liquidadas en la fase de ejecución de sentencia. Ahora bien, en la definición de a favor de quién es que debe hacerse la condenatoria, este Tribunal determina que, pese al rechazo de algunos rubros de reclamación indemnizatoria que hace la actora, no hay vencimiento recíproco respecto de las pretensiones principales anulatorias, siendo las patrimoniales derivadas de éstas, por lo que han de acreditarse a favor de la promovente de la acción ambas costas. En cuanto a la tercerista, considera esta Cámara que sí existe vencimiento recíproco, en tanto las pretensiones anulatorias funcionan básicamente como una coadyuvancia de la demanda principal (artículo 196 del CPCA), mientras que para las pretensiones propias, éstas han sido rechazadas en su totalidad, con lo que no ha de devenir en costas a favor ni en contra.