Resolución 00027-2026

La licenciada María Fernanda Solano Castillo, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, mediante escrito presentado el pasado 8 de junio de 2026, gestiona una prórroga de seis meses más, desde el 19 de junio al 19 de diciembre de 2026, de la prisión preventiva a que están sujetos los justiciables [Nombre 001], [Nombre 003] y [Nombre 002]; así como también que se extienda, por ese mismo período, la medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico de [Nombre 012], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 009] y [Nombre 010] y el arresto domiciliar de [Nombre 011]. La representante fiscal sostiene que las circunstancias procesales por las cuales se impusieron originalmente las medidas cautelares, expuestas en la resolución de las 06:00 horas del 30 de julio de 2022, emitida por el Juzgado Penal de Hatillo, y confirmada mediante el voto N° 361-2022, de las 17:00 horas del 2 de diciembre de 2022 del Tribunal Penal de Pavas, no han variado y, al día de hoy, se mantienen incólumes, tanto alrededor de los elementos de convicción que indican que los encausados son probablemente los responsables de los hechos investigados, como en relación a la valoración del peligro procesal de fuga, la alta pena a imponer y la magnitud del daño causado. Por tales motivos, considera que la extensión de tales medidas provisionales es idónea, necesaria y proporcional para mantener vinculados a los acusados al proceso y, de esta forma, neutralizar el peligro procesal de fuga y, así, que estén presentes en el debate oral y público, el cual está en desarrollo en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (folios 1 y 3 de la petición). Posteriormente, la fiscal petente transcribe la totalidad de los hechos atribuidos a las personas justiciables (páginas 3 a 152 del documento) y refiere la calificación jurídica de ellos (folios 152 a 156 del memorial). La licenciada Solano Castillo expone los motivos por las cuales estima que esta cámara es competente para conocer de su solicitud, del cual conviene rescatar que su gestión se ampara en lo estipulado en el artículo 258 del Código Procesal Penal, pues “pese a que se concluye con el plazo extraordinario que contempla la norma, la misma también contempla la posibilidad de prórroga vencidos los plazos bajo dos supuestos, uno de ellos, precisamente con el fin de asegurar la realización del debate, por lo que, se solicita a su autoridad la prórroga de las medidas cautelares” (páginas 156 a 158), así como efectúa una breve reseña del indicio de probabilidad (folios 158 a 160). De seguido, desglosa los peligros procesales individuales, así como las razones por las cuales el Juzgado Penal de Hatillo dispuso las medidas cautelares para cada una de las personas mencionadas en la solicitud y las distintas resoluciones jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular (páginas 160 a 286 de la gestión). Bajo el título de “estado actual del expediente”, informa que durante el lapso comprendido entre el 2 de diciembre del año 2024 al día 22 de enero del año 2025 se efectuó la audiencia preliminar dentro de la causa principal, tramitada bajo el número de expediente 20-000012-0622-PE, conocido como caso “Imperio”, dentro de la cual el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, mediante resolución de las 13:30 horas del 22 de enero de 2025, dispuso el auto de apertura a juicio en contra de las personas acusadas [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 010] y [Nombre 012]. Destaca que, con base a la acusación fiscal, actualmente el debate oral y público se encuentra en desarrollo ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, en concreto, en la fase de evacuación de la prueba testimonial. Informa que, de los 73 deponentes ofrecidos y admitidos, se ha recibido la declaración de 27 personas, por lo cual resulta necesario mantener las medidas cautelares objeto de la gestión, a efecto de asegurar la presencia de las personas juzgadas, ante la existencia de los peligros procesales y según la previsión del artículo 258 del Código Procesal Penal. Refiere que, esta última norma, contempla el presupuesto de cuando vencieron los plazos ordinarios y extraordinarios. Considera que la prórroga en cuestión es proporcional a los graves hechos que se imputan a las personas juzgadas y, además, es necesaria por tratarse de una causa compleja con multiplicidad de partes y prueba. Señala que aún resta concluir de escuchar la totalidad de los testigos y de evacuar la prueba documental y material, lo cual conduce a afirmar que el plazo solicitado sea racional y proporcional para la realización de un acto concreto y finalizar el debate, el que fue señalado hasta el 9 de octubre de 2026 ante la complejidad del caso. La petenta menciona la resolución N° 2019011558, de las 10:20 horas del 25 de junio de 2019 de la Sala Constitucional, relativa a lo innecesario de reiterar argumentos que ya fueron expuestos en anteriores prórrogas de medidas cautelares, siendo suficiente referir que las circunstancias procesales por las cuales estas se dictaron se mantienen vigentes, para finalizar repitiendo sus alegatos y su petición. Repite que individualmente no han variado las circunstancias que motivaron las medidas cautelares de las personas objeto de la gestión y, al día de hoy, se mantienen incólumes, “tanto respecto a los elementos de convicción que nos indican que los acusados son con probabilidad autores de los hechos que se le han venido atribuyendo, y que se mantienen latentes los peligros procesales que ya fueron indicados y analizados de forma individual en la presente solicitud, entre estos el Peligro Procesal de Fuga, valorado de manera integral con la alta pena a imponer y la magnitud del daño causado, que motivaron la imposición de la medida cautelar que pesa actualmente sobre los acusados, medidas cautelares que se solicita prorrogar por EL PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO, al considerar que son idóneas, para neutralizar el peligro procesal de fuga existente, en relación con la gravedad del delito imputado y las circunstancias específicas del caso, necesarias para alcanzar este objetivo legítimo del proceso penal, y para para asegurar la comparecencia de los acusados en el debate oral y público que se realizará en su contra y proporcional, ante la gravedad de los hechos, y las altas penas que se les puede llegar a imponer a los acusados, que en caso de ser encontrados culpables necesariamente deberán descontarlas en un centro carcelario institucional. En otras palabras, la restricción de la libertad personal porque ya fue analizado en varias resoluciones y despachos diferentes que las medidas solicitadas no son excesiva ni desproporcionadas en relación con los delitos que se les atribuye y las penas estipuladas por nuestro ordenamiento jurídico. En resumen, la imposición de la prisión preventiva y el monitoreo electrónico que ha permanecido en esta causa para las personas acusadas, según se informó, siguen cumpliendo con estos principios fundamentales de necesidad, idoneidad y proporcionalidad para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas imputadas mientras se asegura el adecuado desarrollo del proceso penal y la protección de los intereses de la sociedad. Considera el Ministerio Público que se ha logrado sustentar que el peligro de fuga existente, pues los delitos atribuidos a los acusados están sancionados con altas penas privativas de libertad, y el que sean parte de una organización criminal que cuenta con una estructura debidamente organizada y plena distribución de funciones, hacen prominente el peligro de fuga ante la carencia de arraigos o por debilidad de estos, ante las facilidades de evasión del proceso por las posibilidades económicas que ello les representa; además, que lograron ingresar a una entidad bancaria para lograr legitimar capitales, reflejando que la organización traspasó a la institucionalidad del estado al penetrar dicha entidad financiera y que tratándose de delitos contenidos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la magnitud del daño causado es una circunstancia que también resulta aplicable en la especie, esto ante la afectación a la Salud Pública y al Orden Económico, cuyas consecuencias se proyectan en el impacto de carácter social y económico, que claramente se traduce a afectaciones negativas de grandes dimensiones, pues la tesis de investigación ha permitido determinar que el mercado destino de la droga comercializada por el grupo en investigación era dirigido a terceras personas adictas a dichas sustancias ilícitas” (copia literal extraída de los folios 288 y 289 de la gestión fiscal). Concluye reiterando su solicitud de que las medidas cautelares objeto de la cuestión sean extendidas seis meses adicionales ante la inexistencia de cambios de las circunstancias procesales que la originaron.

Sobre la posición de la defensa. Al estudiarse el escrito de solicitud de prórroga, se constata que esta solicitud (de ampliación de la prisión preventiva, del arresto domiciliario con monitoreo electrónico y aprehensión en la morada particular) no está fundamentada en circunstancias nuevas que puedan tomar por sorpresa a las personas sometidas a las medidas cautelares que se pretenden extender, sino que la fiscalía se sustenta en los mismos presupuestos que han sido examinados en oportunidades anteriores. Conferida audiencia a los defensores de los imputados, mediante resolución de las once horas del ocho de junio de dos veintiséis, vencido el plazo concedido, no consta que estos se hubieran pronunciado sobre la gestión fiscal, con excepción del licenciado Olger Calvo Calderón, defensor de las personas acusadas [Nombre 013], [Nombre 012] y [Nombre 009].  En el memorial remitido a las 17:38 horas del 9 de junio de 2026, el letrado Calvo Calderón indicó lo siguiente: "...respetuosamente solicito señalar vista para fundamentar cambio de medidas cautelares por razones de salud únicamente para la imputada [Nombre 013], cuyos argumentos de fondo, según el principio de oralidad, los daré en la respectiva audiencia".

Cronología de la medida. De conformidad con la solicitud realizada por el ente fiscal, y de los legajos del expediente físico y digital, se corrobora que al 19 de julio de 2026, según se refirió en la anterior prórroga: “vence la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los encartados [Nombre 001], [Nombre 011] […] [Nombre 002], [Nombre 003] […]; así como la medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico de […] [Nombre 006], [Nombre 007] […] [Nombre 005], [Nombre 010], [Nombre 013] Alfaro, [Nombre 009] y [Nombre 012]. Esto así, porque el Juzgado Penal de Hatillo mediante resolución de las 6:00 horas del 30 de julio de 2022, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un año (doce meses), propiamente hasta el 19 de julio del 2023. Esta resolución fue apelada y el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas, mediante el voto número 361-2022 de las 17:00 horas del 2 de diciembre de 2022 declaró sin lugar el recurso de apelación. El Juzgado Penal de Hatillo mediante resolución de las 16:53 horas del 28 de junio de 2023, ordenó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de seis meses más, hasta el 19 de enero de 2023. Está resolución fue apelada y el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Pavas, mediante el voto número 288-20 de las 13:30 horas del 11 de octubre de 2023 declaró sin lugar el recurso de apelación. El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada mediante resolución de las 20:26 horas del 16 de enero del año 2024, prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses más, hasta el 19 de julio de 2024. Esta resolución fue impugnada y conocida por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, que mediante el voto 006-2024 de las 13:50 horas del 6 de febrero de 2024, declaró ineficaz la resolución de las 20:26 del 16 de enero del año 2024 emitida por el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada indicando que la recusación planteada debió ser conocida por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y no por otro juez del Juzgado Penal Especializado y ante ello dispuso la prórroga de la prisión preventiva hasta el 16 de febrero de 2024. Al tratarse de un vicio de carácter absoluto, declaró la ineficacia de la resolución de las 20:26 horas del 16 de enero de 2024, del Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, únicamente en cuanto a la prórroga de la prisión preventiva en contra de […] [Nombre 001], [Nombre 002] […]. Por lo anterior, se realizó nuevamente la audiencia de prórroga de medidas cautelares de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra [Nombre 001] […] [Nombre 002] […] El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada mediante resolución oral de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2024 ordenó la prórroga de la prisión preventiva […] [Nombre 001], [Nombre 003], [Nombre 002] […] por el plazo de 5 meses y 3 días, propiamente hasta el 19 de julio del 2024 (cfr. Minuta de folios 2349 a 2350 del tomo V del legajo de medidas cautelares). Esta resolución fue apelada y el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, mediante voto número 015- 2024, de las 9:10 horas del 5 de abril de 2024, declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la defensa técnica de los imputados [Nombre 002] […] [Nombre 001] […] y confirmó la resolución impugnada, sea de las 10:00 horas del 16 de febrero de 2024. De la anterior secuencia, se tiene que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los encartados [Nombre 001] […] [Nombre 002], [Nombre 003] […]; así como la  medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico impuesta a […] [Nombre 006], [Nombre 007] […] [Nombre 005], [Nombre 010] […] [Nombre 013], [Nombre 009] y [Nombre 012], no solo advierte que los citados imputados e imputadas han permanecido privados de su libertad, con fundamento en resoluciones judiciales según lo dispuesto por la ley procesal, sino que, revisados esos plazos y la fecha de vigencia de la medida cautelar, desde el momento de sus detenciones, el 19 de julio de 2022, y hasta el próximo 19 de julio de 2024, tendrán veinticuatro meses con la medida cautelar de prisión preventiva y de arresto domiciliario con monitoreo electrónico que se les ha impuesto. (cfr. voto número 2024-0018, del Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizada, de las dieciséis horas veinticinco minutos, del dieciocho de julio de dos mil veinticuatro). Consecuencia del voto antes citado, esta cámara, ante la solicitud presentada por el Ministerio Público prorrogó de forma extraordinaria las medidas antes referidas, por tres meses más, del 19 de julio de 2024 al 19 de octubre de 2024 y, por ende, a la fecha última citada, los justiciables cumplirán veintisiete meses sujetos a las medidas cautelares impuestas”. Debido a lo anterior, en el voto N° 2024-0028 de las 13:50 horas del 17 de octubre de 2024; resolución N° 2025-0008, de las 11:30 horas, del 17 de febrero de 2025; voto N° 2025-30, de las 15:00, del 14 de julio de 2025; resolución N° 2025-28, de las 13:10 horas, del 14 de julio de 2025; voto N° 2025-29, de las 14:00 horas, del 14 de julio de 2025; y N° 2025-52, de las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2025; todas emitidas por esta autoridad jurisdiccional, con la misma integración, salvo en la primera de ellas (N° 2024-0028), donde participó el juez Salinas Durán en lugar de la jueza Granados García, se ha prolongado sucesivamente la prisión preventiva de [Nombre 001], [Nombre 002] y [Nombre 003]; la medida cautelar de arresto domiciliario con monitoreo electrónico de [Nombre 012], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], [Nombre 013], [Nombre 009] y [Nombre 010]; y de arresto domiciliar de [Nombre 011]; hasta el próximo 19 de junio de 2026.  Por lo anterior, a la fecha de vencimiento de la prórroga actual, las personas acusadas tendrán cuarenta y siete meses (tres años y once meses calendario) -del 19 de julio de 2022 al 19 de junio de 2026- de vigencia de las medidas cautelares que se les han impuesto, por lo cual aún resta un mes del período extraordinario.

De la competencia. Conforme se ha resuelto en anteriores votos de esta cámara: “Del estudio de los autos y de lo que informa el representante fiscal, se desprende que mediante resolución de las 9:00 horas del 27 de abril de 2021, el Juzgado Penal de Hatillo declaró como Procedimiento Especial de Crimen Organizado los hechos que se investigaban en la sumaria 20-000012-0622-PE, y que el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada mediante resolución de las 11:32 horas del 15 de diciembre del 2023 resolvió acoger la solicitud de competencia especializada presentada por el fiscal general de la república Carlo Díaz Sánchez, por considerar que la causa antes citada, conocida como "Caso Imperio", cumplía con los requisitos establecidos para arrogarse la competencia de dicha causa. Ahora bien, la Ley No. 9481 de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y sus reformas, en su artículo 2, dispone: “Competencia. Los asuntos de delincuencia organizada o criminalidad organizada pueden ser tramitados en la jurisdicción penal ordinaria, o bien, en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Los actos procesales dictados en los casos de crimen organizado en la jurisdicción ordinaria, antes de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, mantendrán su eficacia y validez. Para ambas jurisdicciones es de aplicación la normativa vigente en la materia, incluyendo la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, salvo disposición expresa en contrario. Serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria los asuntos que cumplan con los parámetros establecidos en el artículo 1 de la Ley 8754, de 22 de julio de 2009. Estos asuntos serán de conocimiento de los juzgados penales, tribunales penales y tribunales de apelación de sentencia penal ordinarios de todo el país. Podrán ser sometidos a conocimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada los asuntos que, además de cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 8754, de 22 de julio de 2009, se ajusten a las previsiones de los artículos 8 y 9 de la Ley 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 de setiembre de 2017. Estos asuntos podrán ser sometidos a conocimiento del Juzgado Penal, Tribunal Penal y Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, todos de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Conocerán los hechos delictivos que cumplan con los parámetros indicados, así como los delitos conexos. Su asiento será en San José, así como en los lugares y en la forma que determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán competencia en todo el territorio nacional. Además, estos despachos también tendrán competencia a nivel nacional para realizar labores dentro de la jurisdicción penal ordinaria, cuando los requerimientos institucionales así lo determinen. Cuando el Ministerio Público constate que, de acuerdo con la normativa vigente, los hechos investigados califican como delincuencia organizada o criminalidad organizada podrá solicitar que se autorice la aplicación de las normas previstas para este tipo de asuntos: a) Para los casos que correspondan a la jurisdicción ordinaria, la autoridad jurisdiccional que tenga a su cargo el asunto verificará el cumplimiento de los requisitos, mediante resolución fundada, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la solicitud. b) Para los casos que correspondan a la jurisdicción especializada, la solicitud será formulada de forma escrita por la persona que ocupe el cargo de fiscal general de la República. La autoridad jurisdiccional especializada podrá arrogarse la competencia en resolución fundada, previa verificación de los requisitos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 4 de esta ley. De modo excepcional, la solicitud la podrá gestionar la persona fiscal subrogante, cuando esté impedida, por algún motivo debidamente justificado, la persona que ostente el cargo de fiscal general de la República. Salvo la solicitud inicial escrita del fiscal general o del fiscal subrogante para que la jurisdicción especializada se arrogue el conocimiento de un asunto, las demás diligencias podrán ser delegadas en los fiscales especializados de dicha jurisdicción, a excepción de aquellas que por imperativo legal únicamente puedan ser gestionadas por la persona que ocupe el puesto del fiscal general. El recurso de casación y el procedimiento especial de revisión serán de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. (Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 10369 del 30 de mayo de 2023)”. Bajo esa inteligencia, el trámite del presente asunto continuará en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Consecuencia de ello, este Tribunal de Apelación resulta competente para conocer de la prórroga gestionada por el Ministerio Público, desde que el artículo 10 de la normativa antes citada dispone, en lo que interesa: “Plazos. (…)

En los procesos de delincuencia organizada en la jurisdicción especializada se aplicarán las siguientes reglas: (…) c) Se duplicará el plazo ordinario de prisión preventiva, así como los previstos en el artículo 258 del Código Procesal Penal. (…) (Así reformado por el artículo 5° de la ley N° 10369 del 30 de mayo de 2023)”. Por ende, se procede a resolver la gestión de prórroga solicitada por el ente acusador. Sin embargo, conviene hacer una aclaración relevante para el conocimiento integral de la pretensión fiscal. De la correlación de los artículos 258 del Código Procesal Penal y 98 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se desprende que el Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizado únicamente es competente para conocer, sea aprobando o improbando, la gestión de prórroga de la prisión preventiva cuando ella se encuentra en su plazo extraordinario. En aquellos asuntos donde se pretenda la extensión adicional de la medida cautelar con fundamento en el tercer párrafo del numeral 258 citado y ya se agotaron los plazos ordinarios y extraordinarios, la autoridad jurisdiccional competente es aquella donde radique la causa porque está en conocimiento de ella. Esto significa que esta cámara solamente puede conocer parcialmente la gestión fiscal, pues todavía resta un mes para que se agote el plazo extraordinario y, por tanto, si esta se aprobara, únicamente podría prolongar las medidas cautelares un mes. El lapso adicional de cinco meses peticionados por el Ministerio Público necesariamente debe ser planteado ante la autoridad jurisdiccional que actualmente está conociendo el debate en curso. Al respecto, la Sala Constitucional explicó lo siguiente: “5. El quinto escenario, es el que también desarrolla el artículo 258 del Código Procesal Penal, donde indica que, vencidos esos plazos, no podrá acordarse una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva, salvo lo dispuesto en el párrafo final de este artículo, para asegurar la realización del debate o de un acto particular, comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la reincidencia.  En tales casos, la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición. Este último escenario de carácter excepcional, se encuentra estrictamente relacionado a criterios de proporcionalidad y de razonabilidad en lo que respecta a la imposición de esta prórroga excepcional, donde los jueces penales que tengan que hacer uso de este mecanismo, deben de conformidad con el artículo 11, 22, 37, 39 y 41 de la Constitución Política, así como del principio de interdicción de la arbitrariedad, y de los artículos 1, 2 y 142 del Código Procesal Penal, justificar las razones que ameriten esta prórroga, especialmente en relación con el señalamiento del debate o de un acto particular, que aún se encuentre pendiente por realizar. O, dicho, en otros términos, el tribunal debe de establecer de manera concreta, el vencimiento de esta nueva prórroga de la prisión, lo que implica, que no es posible dejarla dispuesta de manera indefinida, hasta el tanto se resuelva el debate o el acto particular. A pesar de todo lo anterior, no se debe de dimensionar  la prisión preventiva, como una condición que se puede mantener sin límite alguno a lo largo del tiempo, esto a pesar de que las resoluciones de reenvío del Tribunal de Apelación de Sentencia y de la Sala Tercera, como las condenatorias en juicio, bien podrían desarrollar un ciclo sostenido de prisiones preventivas sucesivas, lo anterior por cuanto, el mismo Código Procesal Penal en su artículo 257 inciso b), establece que: ARTICULO 257.-Cesación de la prisión preventiva La privación de libertad finalizará: […] b) Cuando su duración supere o equivalga al monto de la posible pena por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada. El artículo anterior implica, que la prisión preventiva cesara de inmediato, de conformidad con el inciso b) del artículo 257 del Código Procesal Penal, a pesar de las resoluciones de reenvío del Tribunal de Apelación de Sentencia y de la Sala Tercera, como las condenatorias en juicio, e incluso, para los casos donde vencidos esos plazos, se deba de prorrogar la prisión, para asegurar la realización del debate o de un acto particular” (resolución n°2020-19235 de las 10:05 horas del 6 de octubre de 2020) y “(…) esta Sala es del criterio de que corresponde, según lo dispuesto en el artículo 258 del Código Procesal Penal al tribunal de juicio, al tribunal de apelación y a la Sala de Casación Penal respectivamente, según la fase en que se encuentre el proceso, valorar la procedencia, mantenimiento o no de una medida cautelar, mediante una resolución debidamente fundamentada, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso concreto, para garantizar que si resulta necesario que la persona juzgada permanezca en prisión, siempre exista una resolución jurisdiccional en que ello se disponga y se señalen los motivos en que se fundamenta lo resuelto. Es entendido que cada uno de los tribunales que tiene a su encargo el proceso, al disponer sobre la cesación o mantenimiento de la medida, deberá tomar en consideración no sólo el plazo por él requerido para cumplir con la etapa procesal a su cargo, sino también la eventual del recurso que pudiera ser interpuesto” (resolución N° 2012-16848, de las 11:30 horas del 30 de noviembre de 2022. El subrayado es suplido). De ahí que, en conclusión, esta autoridad jurisdiccional se limitará a conocer el mes restante de plazo extraordinario de las medidas cautelares objeto de la gestión.

La solicitud formulada por la fiscalía resulta atendible. Respecto al indicio de probabilidad, es suficiente mencionar que mediante la resolución de las 13:30 horas, del 22 de enero de 2025, en relación con las personas justiciables [Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 012], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007] y [Nombre 010]; resolución de las 08:15 horas del 11 de agosto de 2025, sobre las personas acusadas [Nombre 011] y [Nombre 003]; y resolución de las 15:00 horas, del 22 de julio de 2025sobre las imputadas [Nombre 013] y [Nombre 009], todas emitidas por el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, se dispusieron los autos de apertura a juicio y, en la actualidad, el debate en contra de todos ellos y ellas está en desarrollo, en concreto, en la fase de evacuación de prueba testimonial, según informa la petente. De esta manera, al verificarse que los actos imputados son constitutivos de ilícitos sancionados con una pena privativa de libertad, conforme a las resoluciones aludidas, se satisfacen los presupuestos previstos en la normativa procesal penal para la imposición de una medida cautelar atinentes a la probabilidad de que las personas juzgadas sean posibles responsables de los hechos juzgados y que tales conductas están castigadas con prisión. Finalmente, sobre los riesgos procesales, tampoco se aprecia un cambio en las circunstancias que originaron las medidas cautelares y, en consecuencias, estas permanecen incólumes. Tampoco la defensa técnica o material se opuso a la continuidad de ellas y, la única intervención profesional, del licenciado Calvo Calderón, está dirigida al cambio de modalidad de ejecución, lo que será objeto de conocimiento en el próximo acápite. Esto conlleva a que la proporcionalidad estricta de la medida cautelar no está siendo cuestionada y, esta cámara, no aprecia que alguna de las personas objeto de esta gestión se encuentra abstractamente en el presupuesto de su cesación que se impone “cuando su duración supere o equivalga al monto máximo de la pena por imponer, se considerará incluso la aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión de la pena, o a la libertad anticipada” (numerales 257 del Código Procesal Penal y 8 de la Ley N° 8754 (Contra la Delincuencia Organizada). En consecuencia, en vista que las causas que originaron las medidas cautelares se han mantenido incólumes, lo que supone que estas son idóneas, necesarias y proporcionales, así como que el debate donde se va a definir la situación jurídica de estas se encuentra en curso y se espera finalizar el 09 de octubre, se acoge la gestión fiscal y se extienden las medidas cautelares por un mes, hasta el 19 de julio de 2026. Al tratarse de la última prórroga posible, en virtud del agotamiento del plazo extraordinario, esta cámara es incompetente para pronunciarse sobre la petición de prolongar por cinco meses adicionales las medidas cautelares.

Se rechaza ad portas la petición del licenciado Ólger Calvo Calderón para que se programe una audiencia oral para formular un cambio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico impuesto a la justiciable [Nombre 013]: El criterio que ha sostenido este Tribunal es que su competencia está restringida a aprobar o improbar la extensión de la medida cautelar, lo que significa que la modificación o el cambio de su ejecución no está dentro de su poder de decisión, sino de la autoridad jurisdiccional que tiene “a su orden” la persona sometida a ella. En ese sentido, es claro que el artículo 258 del Código Procesal Penal dispone que la competencia del Tribunal de Apelación de Sentencia es prorrogar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público y, en cuyo caso, deberá indicar “las medidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento”, lo que excluye la posibilidad de transmutarlas. Conviene recordar que la competencia se rige por el principio de legalidad y, en consecuencia, una autoridad jurisdiccional no puede arrogarse poderes que el dispositivo normativo no le otorga. Así mismo, de la correlación de los numerales 253 y 254 del mismo cuerpo procesal, se infiere que la potestad de revisar, sustituir o modificar una medida cautelar la ostenta el Juzgado o el Tribunal donde radica la causa. Esa fue la misma explicación que esta cámara le otorgó al licenciado Calvo Calderón cuando, en la anterior prórroga, también pretendió el cambio de la medida cautelar que sufría su defendida [Nombre 013]. Al respecto, en la resolución N° 2025-52, de las 11:00 horas del 11 de diciembre de 2025, se le indicó lo siguiente: “Por último, en relación con los argumentos del licenciado Calvo Calderón, es suficiente indicarle que, aunque esta cámara es independiente del criterio que emitió el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada al rechazar el cambio de medida cautelar, también es consciente del límite de sus competencias funcionales, las cuales impiden modificar o transmutar el arresto domiciliar a que están sometidos sus representados. Solamente la autoridad jurisdiccional que actualmente tiene a cargo a las personas acusadas, en este caso el Tribunal Penal-JEDO, es la autorizada para cambiar la medida cautelar, u otorgar permisos, y no esta cámara, quien está limitada a admitir o rechazar la gestión fiscal. El cumplimiento estricto de las competencias legales es una garantía para la persona juzgada de que no habrá una intromisión arbitraria en sus derechos”.  Así las cosas, ante la inviabilidad procesal de modificar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico de la acusada [Nombre 013], la audiencia solicitada por el letrado Calvo Calderón es ociosa y yerma, de ahí que se rechaza ad portas su petición. La petición en cuestión deberá formularla ante el Tribunal Penal que está llevando a cabo el juicio en contra de su representada.