Resolución 00408-2014

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció proceso de conocimiento, a fin de que en sentencia se declare: “Se

condene al Banco Nacional de Costa Rica, al pago de daños y perjuicios en

abstracto, por vulnerar los derechos del consumidor. MOTIVO: El daño fue

generado por las actuaciones ilegítimas de la entidad bancaria demandada, al no

respetar los derechos de los usuarios de servicios financieros, tales como la

protección de los intereses económicos de sus clientes, la seguridad en los

proyectos crediticios en el sector turístico, la debida información útil,

necesaria, completa, en lenguaje no técnico y la simplificación de trámites.

CLASES DE DAÑOS. El daño material económico consiste en el valor de los

valores, dinero y bienes perdidos, tales como la pérdida de dos propiedades en

Guanacaste, por la pérdida del permiso temporal de funcionamiento del

Ministerio de Salud por no cumplir con las recomendaciones en el momento

oportuno por falta de liquidez a tiempo, por la pérdida de patente de licores,

por la pérdida de la declaratoria turística del Instituto Costarricense de

Turismo y por la paralización que efectuó el Ministerio de Industria Economía y

Comercio de los estudios de tiempos compartidos, por el pago reiterado de los

peritos, abogados y contadores para volver a solicitar el crédito en la tercera

etapa así como por el pago de intereses más altos con la Tasa Básica Pasiva

ante diferentes acreedores. El perjuicio se dio por la no posibilidad de

terminar la obra y por la no posibilidad de explorar el negocio turístico y por

los intereses legales del capital perdido hasta el día del pago. El daño moral

tuvo lugar por habernos generado sentimientos dañinos a la paz emocional y

familiar, tales como el estrés, la importancia, la preocupación, falta de

sueño, ansiedad, aumento de apetito, problemas familiares, depresión y

sufrimiento. ESTIMACIÓN. Por la complejidad del año, de forma respetuosa,

solicitamos se nos permita pasar a su valoración en la etapa de la ejecución de

la sentencia, con la prueba pericial correspondiente.

Se condene al

demandado al pago de costas personales y procesales.” En el juicio oral, la

parte actora estimó el resarcimiento del daño moral, aclarando que se

solicitaba únicamente para las personas físicas y no así la persona jurídica en

la suma de cinco millones de colones para cada uno de ellos.

El

apoderado del demandado contestó negativamente y opuso las excepciones de

caducidad de la acción, resuelta intelocutoriamente falta de derecho y de

legitimación en su doble modalidad.

Al ser

las 9 horas del 31 de octubre de 2011, se efectuó la audiencia preliminar,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes.

El

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, integrada por la jueza

Grace Loaiza Sánchez y los jueces Francisco Javier Muñoz Chacón y Carlos E.

Espinoza Salas, en sentencia no. 56-2012 de las 7 horas 30 minutos del 30 de

mayo de 2012, resolvió: “Se rechaza la excepción de falta de legitimación en

ambas modalidades alegada por la entidad bancaria. Se acoge la excepción de

falta de derecho opuesta por el banco demandado, y en consecuencia se declara

sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por la señora CLAUDIA

ZAMORA DÍAZ, el señor ARNOLDO BARRANTES LOBO, y la sociedad

denominada FRULAC BANECH. S.A., en contra del BANCO NACIONAL DE COSTA

RICA. Son ambas costas de este proceso a cargo de los actores. Comuníquese

a la SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS lo acaecido respecto a

la venta de la propiedad adjudicada por el banco demandado, conforme se

manifestó en el

VII.”

5.-

La parte actora formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para

refutar la tesis del Tribunal.

6.-

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley. Interviene en la decisión de este asunto la magistrada suplente Damaris

Vargas

Vásquez.

Redacta la magistrada Vargas Vásquez

I.-

De conformidad con los hechos probados de la sentencia, la señora Claudia

Zamora Díaz ha ejercido actividades comerciales durante 30 años, en el

servicio de sodas en la Provincia de Guanacaste. En el año 2004, el Banco

Nacional de Costa Rica, sucursal de Liberia, le concedió en una línea de

crédito abierta para utilizar en actividades de micro y pequeña empresa

(PYMES), por un monto de ¢2.500.000,00, para la compra de los derechos y equipo

de la soda “Pulmitan”, en la terminal de buses de Liberia, lo que

garantizó con hipoteca sobre la finca de la provincia de Guanacaste, número

105548, derecho 000. Dicha línea de crédito abierta tendría un plazo de 10 años

desde la constitución, y dentro de este cada subpréstamo tendría un plazo, tipo

de interés y forma de pago individual según su plan de inversión y la actividad

financiada, no pudiendo ningún subpréstamo sobrepasar los 10 años. Pactaron un

interés corriente variable a una tasa compuesta por la tasa básica pasiva del

Banco Central de Costa Rica vigente al momento de su constitución más

cuatro puntos porcentuales pagaderos por mes vencido, lo que a la fecha de

constitución del crédito era del 17,78%. En el año 2006, la señora Zamora Díaz

amplió esa línea de crédito por la suma ¢9.500.000,00, con lo cual el crédito

quedó en el monto de ¢12.000.000,00, con las mismas condiciones, plazo e

intereses, para ello también amplió la garantía hipotecaria con el predio de

Guanacaste, matrícula 153007, derecho 000. Todo con el fin de financiar el

proyecto denominado "Los Cascabeles", que consistía en construir en

los fundos mencionados un restaurante de 192 metros cuadrados, en etapas, la

primera de ellas de 70 metros cuadrados, 10 ranchos y una piscina. Del nuevo

importe o suma que fue ampliada, con la constitución de la hipoteca, el Banco

Nacional le desembolsó ¢3.000.000,00, y posteriormente, le giró ¢5.500.000,00;

con lo cual el remanente era de ¢900.000,00. Sin embargo, la entidad negó este

último desembolso por incumplimiento del plan de inversión, según el informe de

inspección fechado primero de febrero de 2007, realizado por el señor Felipe

Sandoval Leiva, técnico de crédito, en el cual se indicó: “Actividades

por realizar:/Restaurante: falta techar la mitad de la estructura e

iniciar con la construcción del piso./ Cocina de restaurante: esta (sic) en

obra gris y falta colocar la biga (sic) corona, iniciar con la estructura del

techo y construcción del piso./Piscina: falta

relleno, enchapado, tubería y otros accesorios indispensables como

bomba para piscina respectivamente./Ranchos: falta la construcción de 9

ranchos./ Modificaciones: según el plan de inversión

propuesto al mismo no hay modificaciones, hay materiales

en sitio como: zinc y madera teca”. En

escritura del 24 de abril de 2007, otorgada ante la notaria Marisol Clachar

Rivas, por haber recibido ¢12.000.000,00, el Banco Nacional canceló totalmente

la hipoteca en primer grado sobre la finca de Guanacaste, número 129639,

derecho 000. Asimismo, la señora Claudia Zamora Díaz, se constituyó en deudora

del Banco Popular y de Desarrollo Comunal e hipotecó en primer grado aquel

predio liberado, por la suma de ¢16.000.000,00. Con ese dinero terminó la

construcción del restaurante, la plaza deportiva, la instalación de la

electricidad, asimismo, pagó al Banco Nacional y obtuvo la cancelación parcial

de la hipoteca descrita. En el mes de agosto de 2007, los señores Claudia

Zamora Díaz y Arnoldo Barrantes Lobo, solicitaron al Banco Nacional, sucursal

de Liberia, un nuevo crédito para el financiamiento del proyecto "Los

Cascabeles”, lo que les fue denegado. En oficio del 3 de diciembre de ese mismo

año, el Jefe de Crédito de la sucursal de Liberia, indicó a la señora Zamora

Díaz que: a) la solicitud del crédito se había denegado según los

estudios realizados, la normativa bancaria vigente y la experiencia en proyectos

similares, lo que hizo prever un alto nivel de riesgo en el proyecto; y b)

no obstante, y en procura de allanar

las diferencias de criterio que tienen como clientes al

respecto, procederían a reabrir el caso. A inicios del año 2008, Frulac

Banech Sociedad Anónima (en lo sucesivo Frulac) y la señora Zamora Díaz, solicitaron

al Banco Nacional, sucursal de Liberia, un crédito para la cancelación de

pasivos con el señor Kendal Hidalgo Ulate. El 8 de mayo de 2008, el Banco

Nacional, la señora Zamora Díaz, y Frulac, suscribieron un contrato de préstamo

mercantil. El primero otorgó a los últimos un crédito por la suma

¢44.000.000,00. Convinieron que los intereses corrientes que se

devengarían eran ajustables periódicamente sobre los saldos del capital

adeudado, pagaderos por mes anticipado, a partir de la fecha de constitución, a

una tasa de interés conformada por la tasa básica pasiva del Banco Central de

Costa Rica vigente al momento de la formalización, más 8,75%, lo que para la

fecha fue de una tasa total 13,00%. Asimismo, dispusieron que dicha tasa no

podría ser inferior al 9,00% y que en ningún momento podría sobrepasar en 27

puntos porcentuales la vigente al momento de formalización. Mediante escritura

otorgada en la misma fecha, ante el notario Gerardo Camacho Nassar, la señora

Zamora Díaz, y Frulac, se constituyeron en deudores solidarios del Banco

Nacional por la suma de ¢44.000.000,00, garantizando con hipoteca de primer

grado sobre la heredad de la provincia de Guanacaste, número 129639, derecho

000, con los intereses corrientes del préstamo, según la tasa aprobada por el

acreedor. Ante la falta de pago de los deudores, el Banco Nacional ejecutó la

garantía sobre la finca 129639, y se la adjudicó en pago del adeudo. En oficio

no. BTGP-03-2010 del 4 de agosto de 2010, de la Oficina Gestión y Venta de

Bienes de la Dirección Regional Guanacaste-Puntarenas, del Banco

Nacional, acordó adjudicar al señor Carlos Felipe Sandoval Leiva, quien era

empleado bancario de la sucursal de Liberia, por el monto de

¢35.518.000,00, el predio 123639, derecho 000. Actualmente el propietario de

dicho fundo es la sociedad anónima cuya cédula jurídica es la 3-101-620727. En

virtud de lo anterior, la señora Zamora Díaz, el señor Arnoldo Barrantes Lobo y

Frulac Banech demandan al Banco Nacional para que en sentencia se le condene a:

pagar los daños y perjuicios “en abstracto, por vulnerar los derechos del

consumidor”, los que desglosó como: 1.1) lesión material económica: el

dinero y los bienes perdidos, entre ellos, las dos propiedades, el permiso

temporal de funcionamiento, la patente de licores, y la declaratoria de interés

turístico, la paralización de los estudios de tiempos compartidos del

Ministerio de Industria, Economía y Comercio, el pago reiterado de peritos,

abogados y contadores para “volver a solicitar el crédito en la tercer etapa”

y el pago de intereses más altos a otros acreedores, 1.2) el perjuicio

consistente en la imposibilidad de terminar la obra, explotar el negocio

turístico y los intereses legales del capital perdido hasta el día del pago, y

1.3) daño moral; todos los cuales peticionó se “permita pasar su valoración

en la etapa de la ejecución de la sentencia, con la prueba pericial

correspondiente”; y 2) cancelar ambas costas del proceso. La entidad

bancaria se opuso a la demanda y formuló las excepciones de caducidad y falta

de: legitimación en sus dos modalidades y derecho. El Juez Tramitador denegó la

defensa previa de caducidad. El Tribunal rechazó la falta de legitimación

activa y pasiva, acogió la falta de derecho, declaró sin lugar en todos sus

extremos la demanda e impuso las costas a la parte actora. Por último, ordenó

comunicar a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) “lo

acaecido respecto a la venta de la propiedad adjudicada por el Banco demandado”.

Inconforme, la parte actora establece recurso de casación que fue admitido

parcialmente por esta Sala.

Casación por violación de normas procesales

Alega “Indefensión

de la parte por afectación al derecho de la defensa y del debido proceso y

vulneración al Principio Constitucional de Proporcionalidad y Razonabilidad”.

Expone, se dispuso que el asunto era de tramitación compleja, no obstante sólo

se otorgaron 20 minutos para emitir las conclusiones, lo que impidió se

ejerciera la defensa técnica. Afirma, en ese corto plazo no pudo hacerse una

valoración de los hechos, derecho y prueba en un tema complejo como es el de

los productos crediticios de alto riesgo. Añade, el juzgador quien presidía la

audiencia, durante sus conclusiones se encontraba dormido “y cuando se

despertaba, lejos de poner atención, se fijaba en el reloj para verificar si

había vencido o no el período designado”. En su parecer, la aplicación del

artículo 109 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) debe

respetar el principio de proporcionalidad y razonabilidad, y en este caso, el

plazo concedido los violenta.

En la etapa de

conclusiones, como ha señalado esta Sala, las partes exponen a los juzgadores

su teoría del caso, analizando los elementos de convicción admitidos y

evacuados, deduciendo de ellos las circunstancias fácticas que en su parecer

son relevantes para sus pretensiones, al tiempo que las someten al derecho que

estiman aplicable. Con el fin de garantizar el derecho de defensa de los

contendientes y el principio de oralidad, así como dar estructura a esta fase,

y no desmeritar la celeridad del proceso, el órgano juzgador posee, dentro de

sus potestades de dirección y ordenación, la de definir el tiempo que tendrá

cada uno, según disponen el precepto 109 del CPCA y los mandatos 62.10 y 73.14

del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. En este mismo sentido pueden

consultarse las sentencias no. 1469-F-SI-11 de las 9 horas del 30 de noviembre

de 2011 y 1039-F-SI-2013 de las 8 horas 35 minutos del 14 de agosto de 2013. En

el presente asunto, revisado el archivo de audio y video del juicio celebrado

el 10 de mayo de 2012, se constata que a las 15 horas 49 minutos 10 segundos,

el Tribunal concedió 20 minutos a cada una de las partes para que efectuasen

conclusiones. En esa oportunidad, los abogados de los litigantes no mostraron

disconformidad alguna. De seguido, la licenciada Adriana Rojas Rivero, representante

de la parte demandante, dio inicio con sus conclusiones al ser las 15 horas 49

minutos 49 segundos. En ellas hizo amplia referencia a los hechos relativos a

los créditos con el Banco y los actos preparatorios, al préstamo “privado”

y a las consecuencias que en su criterio tuvieron todos estos convenios

garantizados con hipotecas, con especial atención al tema de las tasas de

interés, y a la necesaria evaluación de la capacidad de pago; mencionó la

existencia de daño moral, acoso, vulneración de los derechos a un trato

equitativo, de protección de los intereses económicos y de información

adecuada, asimismo refirió la existencia de cláusulas abusivas. A las 16 horas

10 minutos 46 segundos, el Presidente del Tribunal le interrumpió y le concedió

cinco minutos adicionales a fin de que continuara con su deposición, la cual

finalizó a las 16 horas 14 minutos 52 segundos, haciendo hincapié nuevamente en

los intereses, su falta de consignación en la escritura y las normas jurídicas

que estimó aplicables: artículos 72 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario

Nacional, 22 de la Ley de Contratación Administrativa, 1068 del Código Civil, 2

de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites

Administrativos, y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Estima esta

Sala que el tiempo concedido por el Tribunal es razonable, permitió la

exposición de la teoría del caso a la parte actora, y se encuentra dentro de la

potestad de ordenación que contempla expresamente el artículo 109 del CPCA. Por

consiguiente, no se verifica la indefensión alegada, y la recriminación deberá

denegarse. Asimismo, se hace ver a la parte recurrente que las manifestaciones

sobre el estado y proceder del Presidente del Tribunal no se observaron en el

archivo de audio y video, y por ello al asegurar hechos falsos se le llama la

atención.

Casación por violación de normas sustantivas

En el reclamo que

identifica como tercero asevera se tuvo “por indemostrados hechos en

contradicción a (sic) la prueba que consta en el proceso. Por indebida

valoración de la prueba”. En particular, sostiene, el Tribunal estimó no

acreditado que el Banco haya negado, omitido o no explicado la información

financiera de las condiciones de los créditos en el otorgamiento y

formalización; y el que los actores no comprendieran o no tuvieran la

posibilidad de entender esas condiciones. Narra, el hecho probado 17 consigna

que el 8 de mayo de 2008 la señora Claudia Zamora Díaz, en condición personal y

como representante de Frulac, suscribió contrato de préstamo mercantil con el

Banco Nacional, cuyos intereses corrientes anuales serían a una tasa básica

pasiva del Banco Central de Costa Rica vigente al momento de formalización más

8,75%, lo que para ese momento era de 13,00%, sin que esa tasa pudiese ser

inferior al 9,00% ni sobrepasar en 27 puntos la vigente al momento de

formalización. Continúa, con las declaraciones de Arnoldo Barrantes Lobo y

Milaydi Zamora, se tiene que “la deudora nunca recibió copia del contrato de

préstamo mercantil”, solamente se le entregó de la escritura de hipoteca,

instrumento donde no constan los intereses corrientes ni moratorios. Asevera,

en materia de consumo hay inversión de la carga de la prueba. Cita un fragmento

del fallo 175-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo. Explica la petición

indemnizatoria por falta de información es la única opción posible cuando el

cliente de un servicio financiero ha sido escasamente informado en las fases

precontratual y post contractual, de forma escasa o defectuosa, sobre el

producto al que consiente con la convicción de que reunía determinadas

características y condiciones, que finalmente no son tales y en especial en

cuanto al riesgo que asumía. Acota, la carga de la prueba es del intermediario

financiero para demostrar que cumplió con el deber de información,

transparencia y adecuación del contrato al perfil del consumidor. Prosigue, el

problema de base es la falta de información precontractual en productos

complejos con componente especulativo no explicado y de alto riesgo; el

contrato se limita a mencionar la posibilidad de un riesgo genérico que no se

concreta en la fase de comercialización precontractual, y que el cliente

desconoce “hasta que el riesgo se traduce en pérdida de todo su patrimonio”.

Sostiene, existe un “desequilibrio en las prestaciones, entre lo que el

cliente puede recibir y a lo que se viene obligado, máxime teniendo en cuenta

que en (sic) tras la comercialización el banco, (sic) no asume

riesgo alguno. Esto es, el banco referencia al cliente sin embargo realiza una

labor de intermediación del producto, que una vez colocado al cliente, lo

coloca a su vez en el mercado interbancario, cobrando a cambio una comisión y

saliendo de la escena hasta adjudicarse el bien e incluso trasladarlo a uno de

sus propios funcionarios bancarios. De manera que el cliente es el que asume

todo el riesgo de la operación y en un volumen del que no es conocedor en el

momento de la contratación”. Es sabido que el sector bancario utiliza

contratos de adhesión, y que en la mayoría hay una confianza y buena fe del

cliente en el gestor de la entidad, a quien se le considera como profesional

competente para ofrecerle mejor producto para sus objetivos y necesidades.

Destaca la importancia del deber de información y el correcto asesoramiento

ante un gran elenco de productos crediticios; no es suficiente la lectura del

notario público y copia de la escritura que es omisa en cuanto a los intereses.

Un defectuoso asesoramiento y la falta de información significan un vicio en el

consentimiento y por ende la nulidad, pero en este caso no procede la invalidez

“por hacer sido rematado y despojado del bien (artículo 7 de la Ley de Cobro

Judicial), lo que procede es la indemnización objetiva por vulnerar el derecho

del consumidor”. Añade, la obligación de informar también encuentra razón

de ser en la desigualdad de conocimientos de los contratantes: consumidor

minorista y entidad financiera. Asevera el contrato de préstamo bancario que

dio lugar al remate y desalojo del bien, contenía cláusulas abusivas que no le

fueron explicadas a “la deudora” y que dieron lugar al aumento excesivo

en la cuota mensual ante el incremento de la tasa básica pasiva en la época de

crisis financiera. Precisó, “Dicho aumento de la tasa básica pasiva no tenía

límites, nótese que la tasa techo es de 27 puntos superiores, según el hecho

probado 17, cuando el deudor no puede sostener ni 4 puntos adicionales”. No

obstante en sentencia no se hizo referencia a las cláusulas abusivas y canon 42

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Describe, para determinar si una cláusula es abusiva “es necesario manejar

cinco conceptos básicos”, a saber, que: 1) las condiciones generales son

predispuestas e impuestas por una de las partes, incorporadas a una pluralidad

de contratos; 2) hay cláusulas no negociadas individualmente, que son

predispuestas e impuestas por una de las partes; 3) hay un consumidor, en este

caso del servicio financiero; 4) está en contra de la buena fe y causa en

perjuicio del consumidor un desequilibrio importante en los derechos y

obligaciones; y 5) que toda cláusula no negociada está sometida a un doble

control en la vía judicial por estar excluida legalmente “del conocimiento

administrativo por parte de la Dirección de Apoyo del Consumidor”. Menciona

como cláusulas abusivas del contrato de préstamo con el Banco Nacional, las

siguientes: 1) permite al prestamista dar por vencido anticipadamente el

crédito por cualquier incumplimiento del prestatario, incluso de obligaciones

accesorias y con solo una cuota de atraso; 2) limitación mínima del “tipo”

de interés o “tasa piso”. Señala, la tasa de interés del crédito por el

cual se remató la finca, fue del 20,75%. Dice, el artículo 7 de la Ley de Cobro

Judicial limita el inicio del proceso ordinario de nulidad del remate y del

contrato hipotecario por cláusulas abusivas “hasta antes del desalojo del

bien”, por lo que la única pretensión posible era la indemnización. Añade,

“el segundo hecho dentro de la causal tercera, por tener por indemostrados

hechos en contradicción a la prueba que consta en el proceso. Por indebida

valoración de la prueba, se refiere al plan de inversión del crédito

hipotecario de línea abierta”. Narra, el Tribunal tuvo por no demostrado

que hayan cumplido con el plan de inversión propuesto y aprobado por el Banco “respecto

a la ampliación de la línea de crédito (…) para financiar el proyecto”.

Prosigue, el Banco no acreditó que haya dado información completa, útil y

necesaria en lenguaje sencillo, no técnico, ni que indicara a los deudores el

plan de inversión aprobado en el crédito ampliado en el año 2006. Sostiene, de

las declaraciones de los señores Arnoldo Barrantes Lobo y Milaydi Jiménez

Zamora se tiene que no se entregó copia del contrato de préstamo mercantil,

sólo copia de la escritura de hipoteca en la cual no se menciona el plan de

inversión, ya que remite al contrato de préstamo. Cuestiona finalmente cómo la

entidad incurre en falta de información sobre el plan de inversión, pero luego

le niega el último desembolso por incumplimiento del plan de inversión. En el

agravio cuarto, arguye “indebida fundamentación y motivación así como

la no aplicación de la Ley de fondo correspondiente, por DERECHO DEL CONSUMIDOR”.

Dice, la sentencia tiene por no probado que se diera una actuación irregular

imputable al Banco en forma deliberada o negligente, con el propósito del

proyecto “Los Cascabeles” fracasara. No obstante, en materia de consumo, al

amparo del canon 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor, la responsabilidad es objetiva. El Tribunal, sostiene, no lo

introduce en el fallo, y por el contrario establece que hay una responsabilidad

civil subjetiva. Manifiesta, a pesar de que se trata de un proceso en defensa del

derecho del consumidor con reproches por falta información sobre el plan de

inversión y del riesgo la sentencia no se fundamenta en los artículos 32 inciso

c), 34 inciso b), d) y o), 35, 42 y 46 de la última Ley citada. Todo lo cual,

afirma, es una inaplicación de esos mandatos, el 7 del Reglamento 105 Sugef,

que obliga a la entidad bancaria a definir mecanismos adecuados para determinar

la capacidad de pago, incluyendo la vulnerabilidad a cambios en la tasa de

interés y el tipo de cambio, 1, 2, 6 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano

del Exceso de requisitos y Trámites Administrativos, 7 de la Ley de Cobro

Judicial y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, pues la deudora es

mayor de 80 años.

Se advierte que es

hacia el final del cargo cuarto que la parte recurrente identifica las normas

sustantivas en su criterio desatendidas (artículos 32 inciso c), 34 inciso b),

d) y o), 35, 42 y 46 de la Ley del Consumidor, el 7 del Reglamento 105 Sugef,

1, 2, 6 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y

Trámites Administrativos, 7 de la Ley de Cobro Judicial y Ley Integral para la

Persona Adulta Mayor), pero las argumentaciones relativas a esas normas se

encuentran tanto en ese cuarto agravio como en el tercero, de manera que ambos

se conocerán como un solo reproche. En lo medular recrimina que el Banco en

efecto incurrió en falta al deber de información al consumidor, y que el

Tribunal olvida que ésta es materia de consumo y las implicaciones que ello

tiene.

En lo tocante a la

disconformidad, se tiene que el Tribunal, refirió en primer término el régimen

de responsabilidad de la Administración Pública (IV). De seguido señaló que en

la prestación de los servicios bancarios, y de ellos, en la de servicios

financieros o de crédito, se da una relación de consumo, que impone a los

intervinientes derechos y obligaciones particulares, entre los cuales

encuentran el derecho del consumidor a “una información veraz y oportuna,

sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de

cantidad, características, composición, calidad y precio (artículo 29 Ley 7442)

que apareja a su vez, la obligación del comerciante de informar clara, veraz y

suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que incidan directamente

en su decisión de consumo. Debe informar sobre la naturaleza, la composición,

el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y

servicios, el precio al contado en el empaque, el recipiente, el envase o la

etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y

sobre cualquier otro dato determinante. Cuando el producto que se vende o el

servicio que se presta se pague al crédito, debe indicarse siempre, en forma

visible, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de

cita, el plazo, la tasa de interés anual sobre saldos, la base, las comisiones

y la persona física o jurídica que brinda el financiamiento, si es un tercero

(artículo 31 inciso b) Ley 7442)” (considerando V). Señaló, la parte actora

aduce como motivos de los daños actuaciones ilegítimas de la entidad bancaria,

al no respetar sus derechos como usuario de servicios financieros, como lo es

la protección de sus intereses económicos, la seguridad en los proyectos

crediticios en el sector turístico, la debida información útil, necesaria,

completa, en el leguaje no técnico, y la simplificación de trámites. Continuó,

es precisamente a partir de la negativa del Banco de desembolsar el último

tracto del préstamo de ¢12.000.000,00, que los demandantes imputan

responsabilidad al ente del fracaso del proyecto “Los Cascabeles”, pues

tuvieron que acudir a diversas fuentes de financiamiento, pagando intereses más

altos para cubrir los gastos de la construcción. Añade, si bien la parte actora

ha mostrado inconformidad con el informe de inspección realizado por el señor

Felipe Sandoval Leiva, que originó la negativa del desembolso, lo cierto es que

no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones allí rendidas en el sentido

de que se incumplió el plan de inversión propuesto y que fue aprobado por el

Banco; lo cual era un hecho fundamental pues es de esta circunstancia que

derivan las consecuentes actuaciones que tiene como resultado el fracaso del

proyecto. Prosiguió, no se demostró actuación irregular del Banco en forma

deliberada o negligente para que el proyecto fracasara. El supuesto proceder de

la señora Dolly Murillo, empleada del Banco, quien –dice- atrasó el trámite de

la solicitud de crédito en el 2008 no fue acreditada. Destacó, “en

consecuencia nexo causal entre los servicios financieros prestados por la

entidad pública demandada y los daños que se reclaman. De igual forma, en

la subsiguiente intervención del Banco Nacional respecto al crédito del año dos

mil ocho, tampoco se aprecia que exista alguna actuación o conducta ilícita o

anormal que reprochar, por cuanto, si de acuerdo con el análisis financiero se

reveló que el proyecto propuesto no era viable, el crédito otorgado lo fue

únicamente para el pago de pasivos a terceros y no tenía por objeto el

financiamiento del proyecto de interés de los actores. Nótese como a principios

del año dos mil ocho, la sociedad denominada FRULAC BANECH, S.A., y la señora

Claudia Zamora Díaz, solicitaron a la Sucursal Liberia del Banco Nacional

de Costa Rica un crédito para la cancelación de pasivos con el señor Kendal

Hidalgo Ulate”. Manifestó, es por este crédito que impusieron hipoteca de

primer grado sobre la finca 129639 y establecieron que los intereses corrientes

serían los que regían para el tipo de préstamo que se garantizaba al momento de

formalización, según la tasa aprobada por el Banco; asimismo, el Banco

Nacional, Frulac y doña Claudia Zamora suscribieron contrato de préstamo

mercantil, en el que pactaron que la tasa de interés sería la tasa básica pasiva

del Banco Central más 8,75%, lo que para ese momento fue de 13,00%, también que

la tasa no podría ser inferior al 9,00% ni sobrepasar en 27 puntos porcentuales

la vigente cuando se formalizó. Afirmó, los actores recriminan la lentitud y la

tramitología de la segunda solicitud de financiamiento, lo que en su parecer

provocó el fracaso del proyecto, y además que no fueron informados sobre las

tasas de interés. Sostuvo, “no resulta pausible para este Tribunal que

dadas las condiciones personales de los actores que se han desenvuelto en

actividades comerciales toda su vida, no estuvieran en condiciones de entender

y comprender los alcances y efectos de la tasa de intereses

corrientes que debían satisfacer en el pago respectivo de los préstamos

otorgados. En todo caso, se ha establecido que los actores, tanto la señora

Zamora Díaz en su condición personal y como representante de la sociedad FRULAC

BANECH, S.A., suscribieron la escritura de constitución de la hipoteca como

el contrato de préstamo mercantil, en donde se establecía y disponía

acerca de la tasa que por concepto de intereses corrientes devengaría

el crédito otorgado en el año dos mil ocho” (el subrayado se agrega).

Añadió, tampoco se admite que no se haya advertido a los demandantes de que sí

pedían el crédito a favor de la sociedad anónima perderían la línea de crédito

abierta PYMES y que pasarían a una comercial con intereses más altos, por

cuanto la relación de crédito original o primaria de 2004 ya había concluido, y

la operación de 2008 constituía una nueva solicitud que no implicaba mantener

las condiciones otorgadas en el 2004. Además, puntualizó, el crédito otorgado

en el 2008 lo fue para el pago de pasivos a terceros, y no constituía una línea

de financiamiento del proyecto que pudiera enmarcarse como PYMES. Concluyó, no

se acogió ninguno de los motivos fundamento de la demanda, se descartó que la

conducta de la entidad bancaria haya producido algún daño a derechos e

intereses de la parte actora, asimismo se descartó la existencia de nexo causal

entre la actuación del Banco y el fracaso del proyecto “Los Cascabeles”, por lo

que la demanda se declara sin lugar.

De lo anterior se

observa que, contrario a lo alegado por los casacionistas, el Tribunal

reconoció que la relación entre doña Claudia Zamora, Frulac y el Banco Nacional

es de consumo, por lo que a los dos primeros, como consumidores, les asistía un

derecho a recibir la información, adecua, veraz y necesaria. En esa línea

resulta claro que el Tribunal enmarca el examen del sub lite en la normativa de

consumo, a la que hace por demás referencia a través de la cita del antecedente

32-2001 de la Sección VII de ese mismo órgano. Conviene advertir que

independientemente de que ese sea el marco normativo aplicable a este asunto

(en virtud del carácter de comerciante que se atribuye a la parte actora), a

partir del principio dispositivo que informa la materia recursiva y en vista

del reclamo mismo de los casacionistas, esta Sala tiene por vedado entrar a

determinar la pertinencia de su aplicación a este caso concreto. En ese sentido

debe partirse de que para los juzgadores ese análisis, estimó que ese derecho

de información no fue violentado por la entidad bancaria, en el tanto la señora

Zamora Díaz, en su condición personal y como representante de la sociedad,

firmó el 8 de mayo de 2008 tanto el contrato de préstamo mercantil como la

hipoteca que lo garantizaba, y en el primero de ellos se establecía la tasa de

interés. Añadió, por las condiciones personales de los actores, quienes se han

desenvuelto en actividades comerciales “toda su vida”, no es posible que

no hayan comprendido los alcances y efectos de las tasa de interés

corriente. Agregó, el crédito de 2004, línea PYMES había finalizado, y el

del año 2008 fue un préstamo para cancelación de pasivos con terceros, por lo

que eran distintos. Por otra parte, tampoco verificaron los juzgadores los

alegatos referidos ya no al derecho de información del consumidor, sino a un

proceder malicioso con el fin de truncar el proyecto “Los Cascabeles”

por parte del Banco y de su empleada Dolly Murillo Durán. Sin que ello

signifique –como entienden los recurrentes- que el Tribunal haya establecido un

régimen de responsabilidad subjetiva en esta materia, simplemente respondió

otros alegatos de la parte demandante que resultaron diversos al tema de la

desinformación. En lo que respecta al derecho de información –y que es el

motivo que funda la demanda- encuentra esta Cámara que la parte recurrente se

limita a señalar de forma reiterada que no se les entregó copia del contrato de

préstamo mercantil, pero tal argumento no es suficiente para desvirtuar el

hecho de que: 1) la señora Zamora Díaz haya rubricado el convenio de

comentario, donde la cláusula tercera indica con claridad como se calcula la

tasa de interés (tasa básica pasiva más 8,75%), cual es la que en ese momento

se aplicaba (13,00%) y cuales eran el mínimo (9,00%) y máximo (27 puntos

porcentuales sobre la que hubo al formalizar), 2) ella se ha dedicado por más

de 30 años al ejercicio de actividades comerciales, y 3) actuó en condición

personal y como presidenta de Frulac, la cual es una sociedad anónima, esto es,

una persona jurídica que se califica por Ley como comerciante (canon 5 inciso

c) en relación con el capítulo sétimo del Código de Comercio). La fotocopia de

un documento en que se plasma un préstamo mercantil, si bien es deseable dentro

de las prácticas de los comerciantes y en particular de las entidades

bancarias, ello no dice del entendimiento de los contratantes sobre el

clausulado, simplemente es un soporte de lo pactado por aquellos, pero no

determina un mayor o menor entendimiento de su parte al momento de dar su

consentimiento y consignar su firma. La hipoteca es un derecho real de

garantía, o lo que es igual, hace responder un bien inmueble por el pago del

dinero recibido en préstamo, de manera tal que en caso de incumplimiento, el

bien sea rematado para satisfacer al acreedor. De esta forma, es un derecho que

resulta accesorio al crédito, le es indisoluble, está ligado o definido por las

condiciones de ese negocio y las prestaciones que asegura. Luego, la no

indicación expresa en la constitución de hipoteca sobre la tasa de interés, no

es falta de información a los deudores, pues se remite también expresa y

claramente al contrato de préstamo que garantiza. Se insiste, no hay tal

desigualdad en el conocimiento de los contratantes: la señora Zamora Díaz se ha

dedicado a las actividades comerciales por más de 30 años, de manera que no

puede alegar incomprensión de las regulaciones sobre la tasa de interés del

crédito de 2008, tampoco lo puede hacer su representada. En esta línea, los

alegatos esgrimidos en el recurso no consiguen quebrar el fallo en cuanto al

derecho de información se refiere. Por otro lado, como bien señaló el Tribunal,

el crédito PYMES del año 2004 había finalizado, de manera que ante la solicitud

de otro crédito en el 2007, los solicitantes, señores Claudia Zamora y Arnoldo

Barrantes debieron presentar los requisitos que para ello exigía el Banco, sin

que ello pueda de ninguna forma catalogarse de una infracción a la Ley de

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

Por otra parte, se advierte que el extenso alegato sobre el carácter abusivo de

las cláusulas en los contratos de préstamo con el Banco Nacional, no tiene

relación alguna con las pretensiones esgrimidas en la demanda y audiencia

preliminar y el fundamento de derecho que expusieron los demandantes. La

mención en el recurso del artículo 7 de la Ley de Cobro Judicial lo es simplemente

para justificar el por qué no dedujo una petición de nulidad de esos convenios,

pero no se denuncia su inobservancia. Finalmente, en lo relativo a la

desaplicación del canon 7 del Reglamento 105 de la Superintendencia General de

Entidades Financieras y de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, los

argumentos son referidos de forma sumamente lacónica en la fase de

conclusiones, por lo que no fueron sometidos a debate en forma oportuna, de

manera que se impide a esta Sala pronunciarse sobre ellos de conformidad con el

canon 608 del Código Procesal Civil, aplicable por orden del precepto 220 del

CPCA. A más de ello, se reitera que se trató de una simple mención en esa

etapa, en la que ni siquiera se precisó las normas vulneradas de la Ley Integral

para la Persona Adulta Mayor, ni se desarrolló ese supuesto incumplimiento. En

consecuencia, las recriminaciones identificadas como tercera y cuarta, también

deberán denegarse.

En mérito de lo

expuesto, procederá declarar sin lugar el recurso planteado. Deberá la parte

recurrente sufragar las costas generadas con su ejercicio tal y como establece

el canon 150.3 del CPCA.