Resolución 000941-F-2007

EN CUANTO A LA DEMANDA: Se declara parcialmente con lugar,

se desestiman las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, de falta de

derecho y non adimpleti contractus, y de prescripci ón opuestas por la co-

demandada DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S.A. Se decl ara que las co-

demandadas incurrieron en incumplimiento contractua l de carácter grave,

resuelto el contrato con responsabilidad para las c o-demandadas, por lo que

deben pagar solidariamente a favor de Alfredo Sasso Hijos, S.A., por concepto

de la indemnización que fija la ley 6209, las sigui entes sumas: SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO DO LARES

(sic) CON CUARENTA CENTAVOS moneda de los Estados Unidos de América

(US $ 749.534.40), en concepto de la indemnización fijada por dicha ley;

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN

DOLARES (sic) CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (US $ 137..491.99)

(sic) correspondiente a los gastos incurridos por e sta en el reconocimiento de

garantías a lavadoras defectuosas de fábrica, monto s que podrán oblarse en

colones calculados al tipo de venta de referencia v igente al momento del pago,

extremos los cuales se declaran con lugar, mas inte reses al tipo de ley a partir

de la firmeza de este laudo y hasta su efectiva can celación. Todo lo no

expresamente concedido, debe entenderse denegado, ( sic) En cuanto a la

contrademanda: Se acoge la excepción de prescripción opuesta por la actora,

parcialmente sobre los montos por concepto de pagos parciales insolutos sobre

las facturas adeudadas, excepto las que tienen fech a de vencimiento al 03 de

noviembre de 2003 por la suma de $ 20.166,99 y 3000 657 con fecha de

vencimiento del 04 de febrero de 2004 por la suma d e US $ 43.468,10, para un

total de US $ 63.635,09 que la actora deberá pagar a la co-demandada

DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S. A , y la de pago parcial en cuanto a

los montos cancelados. De igual manera, se acogen l as de falta de derecho, y

contrato no cumplido. Se declara sin lugar la contr ademanda en todos los

demás extremos. Todo lo no expresamente concedido d ebe entenderse

denegado. Se autoriza la compensación entre la (sic ) sumas a que las

codemandadas resultan condenadas a pagar a la actora, con las que a esta a su

vez debe oblar a las co-demandas, en el tanto respe ctivo. Costas: Se pondena

a la demandada-reconventora DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S. A y a

la co-demandada DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION OF AMERICA,

INC. , al pago de ambas costas incluidos los honorarios del Tribunal Arbitral,

oportunamente fijados en la suma de ocho mil cuatro cientos setenta dólares,

moneda de curso legal en los Estados Unidos de Amér ica, correspondiendo una

tercera parte a cada árbitro, así como los gastos del proceso, fijados en la suma

de cuatro mil dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de

América.”

Los licenciados Sergio Artavia Barrantes y Jonatan Picado León,

ambos en su expresado carácter, interponen recurso de nulidad contra el laudo

arbitral. Alegan violación de los artículos 58 in fine y 67 incisos b), c), e), f) de

la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social; 39 y 46

de la Constitución Política; 310 del Código Procesa l Civil; y, los ordinales 2

incisos 2) y 4), 3 y 10 de Notificaciones y Citaciones.

En los procedimientos ante esta Sala se han observa do las

prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado González Camacho

EN CUANTO A LA DEMANDA: Se declara parcialmente con lugar,

se desestiman las defensas de falta de legitimación activa y pasiva, de falta de

derecho y non adimpleti contractus, y de prescripci ón opuestas por la co-

demandada DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S.A. Se declara que las co-

demandadas incurrieron en incumplimiento contractua l de carácter grave,

resuelto el contrato con responsabilidad para las c o-demandadas, por lo que

deben pagar solidariamente a favor de Alfredo Sasso Hijos S.A., … ”(Lo

subrayado es suplido). Según se colige de lo anteri or, distinto a lo indicado por

los apoderados de la sociedad demandada, el laudo r ecurrido sí contiene

pronunciamiento expreso sobre todas las defensas in terpuestas por su

mandante; ergo, aunque contrario a sus intereses, f ueron resueltos todas su

pretensiones. En consecuencia, no padece del vicio alegado, previsto en el

artículo 67 inciso b) de la Ley RAC.

Respecto a la alegada ausencia de razonamiento o mo tivación

sobre el rechazo de la defensa de mérito, no llevan razón los recurrentes.

Aunque no es lo técnicamente correcto, lo echado de menos fue consignado

por los señores árbitros en el acápite de “resultan dos” del laudo. Al respecto,

en los folios 1999 y 2000, en lo de interés, se ind ica: “ Excepciones

interpuestas por la co-demandada DAEWOO ELECTRONICS

CORPORATION (PANAMA) S.A. / ... Además interpuso en la contestación

la de PRESCRIPCIÓN sin indicar a que (sic) acción o derecho se refiere la

misma, aunque en el escrito de conclusiones (folio1 980 del expediente) aclara

es (sic) respecto a la acción principal tomando como punto de partida la fecha

en que las lavadoras empezaron a dar problemas, es decir, a inicios de 1998

según su criterio. No obstante, es necesario tener en cuenta que los problemas

de calidad se fueron presentando en el transcurso d e varios años, hasta el

momento en que hicieron crisis produciéndose la ruptura según alega la actora,

el 24 de marzo del 2004. Nótese que de acuerdo con el artículo 8 de la ley No.

6209, los derechos y obligaciones originados en esa ley prescriben en el

término de dos años, contados a partir del hecho qu e motiva el reclamo. Por

otra parte, el artículo 44 de la ley RAC establece la interrupción de la

prescripción de cualquier derecho a (sic) reclamo sobre el asunto sometido a

arbitraje, con la comunicación del requerimiento, l o cual ocurrió, respecto de la

co-demandada DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION (PANAMA), S.A. ,

el 22 de junio del 2005 (folio 27 del expediente) .”(Lo subrayado no es del

original). Es evidente que lo trascrito configura las razones o motivos por los

cuales los señores árbitros rechazaron la excepción de prescripción interpuesta

por Daewoo Panamá. El hecho de que no se haya cons ignado en la parte

considerativa, sino, se repite, en los resultandos, no conlleva la nulidad de lo

resuelto, pues debe tenerse presente que el laudo, al igual que las sentencias,

configura una unidad compuesta por tres partes: re sultandos, considerandos y

por tanto. Anularlo por ese yerro, implicaría declarar una nulidad por la nulidad

misma. No configura un quebranto al principio del debido proceso, como ha

sido alegado, pues no se le ha infligido indefensió n alguna a la parte (artículo

197 del Código Procesal Civil), pues es sabedora de los motivos del rechazo.

Por otro lado, también señalan los recurrentes que, respecto a las facturas

cobradas por su mandante, el Tribunal omitió consid erar los argumentos por

ellos esbozados para oponerse a la excepción de pre scripción interpuesta por la

reconvenida. Sobre el particular, y como se desarr ollará en el considerando IX

de esta resolución, el Tribunal, en los folios 2015 a 2017, expone las razones

por las cuales, a su entender, la susodicha defensa debía acogerse

parcialmente, con base en los hechos probados. Las razones por las cuales el

Tribunal no tomó en cuanta las razones esbozadas co nfigura un aspecto de

fondo, lo cual no puede analizar esta Sala (en rela ción, pueden consultarse,

entre muchas otras, las resoluciones números 210 de las 15 horas del 9 de

marzo del 2001, 346 de las 11 horas 5 minutos del 1 8 de junio del 2003 y 176

de las 9 horas 55 minutos del 23 de marzo del 2006) . Corolario de todo lo

expuesto, se impone rechazar el presente reproche.

En el segundo alegato de nulidad (identificado en el recurso

como séptimo, aunque debió ser el sexto), los impug nantes acusan

incongruencia por citra petita, inciso b) del artíc ulo 67 de la Ley RAC. El

Tribunal Arbitral, afirman, declaró prescritas las facturas cobradas por su

mandante, excepto dos, con vencimientos posteriores al 3 de noviembre del

2003, reconociendo el cobro de US $63.635,09 a favo r de su poderdante. No

explica, añaden, cuáles son las que prescribieron. Tampoco, aseveran,

confrontó esas fechas con los alegados actos interr uptores, los cuales ni

siquiera menciona. En todo caso, los señores árbitros, apuntan, incluyeron en el

hecho probado antecedido con el número 17 un acto interruptor de fecha 12 de

octubre del 2003, omitiendo cualquier referencia sobre los otros alegatos. Como

si fuera poco, refieren, excluyeron de pronunciamie nto y consideración la

factura número 2003000339, por un monto de US $42.6 88,80, con fecha de

vencimiento 28 de octubre del 2003, señalada en el hecho 4 de la

reconvención, la cual, según el mismo dicho del lau do, no podría estar

prescrita, porque antes del año se dio el acto inte rruptor aceptado por los

señores árbitros. Sin más, comentan, no la conside ran para el análisis del

incumplimiento de la actora y en la compensación de pago declarada. Se

omitió manifestarse, dicen, sobre un hecho concreto y pretensión, cual es el

pago de esa factura. Además, se evidencia una incon gruencia en la

argumentación y motivación del laudo que generan su nulidad por quebranto al

debido proceso.

Lo alegado por los recurrentes en el presente agravio, consiste en

que, a su entender, el laudo impugnado incurre en l as causales previstas en el

artículo 67 incisos b) y e) de la Ley RAC, porque, según indican, no se explica

cuales son las facturas prescritas, tampoco se conf rontaron las fechas de

vencimiento con los actos interruptores de la presc ripción. A excepción de lo

consignado en el hecho probado antecedido con el nú mero 17, se omite

pronunciamiento sobre los demás alegados. A su vez, se excluyó consideración

respecto de la factura número 2003000339, por US $4 2.688,80, con fecha de

vencimiento 28 de octubre del 2003. En torno a la invocada incongruencia,

además de lo expuesto en el apartado V de este fall o, es menester indicar que,

de conformidad con el ordinal 39 párrafo final ibíd em, las normas procesales de

la legislación costarricense integran, en lo que re sulte compatible, el

procedimiento arbitral. Entonces, es aplicable a es te tipo de procesos lo

dispuesto en el numeral 594 inciso 3 del Código Pro cesal Civil, respecto a que,

tratándose de incongruencia, no será motivo de nuli dad cuando no se hubiere

pedido adicionar el fallo para llenar la omisión, d e acuerdo con lo preceptuado

en el mandato 158 ejúsdem. En la solicitud de adic ión formulada por Daewoo

Panamá (folio 2038), no se alude a la factura númer o 2003000339, la cual,

según indican los impugnantes, a tenor de lo dispue sto en el propio laudo, no

está prescrita. En consecuencia, en torno a ella, el agravio por la causal

prevista en el inciso b) del artículo 67 de la Ley RAC no resulta de recibo. Por

otro lado, en la parte dispositiva del laudo, en lo de interés se indica: “ … En

cuanto a la contrademanda: Se acoge la excepción de prescripción opuesta

por la actora, parcialmente sobre los montos por co ncepto de pagos parciales

insolutos sobre las facturas adeudadas, excepto las que tienen (sic) fecha de

vencimiento al 3 de noviembre de 2003 por la suma d e US $20.166,99 y

3000657 con fecha de vencimiento del 04 de febrero de 2004 por la suma de

US $43.468,10, para un total de US $63.635,09 que l a actora deberá pagar a la

co-demandada DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S.A. … ” Como se

desprende con facilidad de lo anterior, distinto a lo señalado por los

recurrentes, existe pronunciamiento en torno a la a legada prescripción de las

facturas cobradas por la reconventora; ergo, no inc urre el laudo que se

cuestiona en la causal prevista en el artículo 67 inciso b) de la Ley RAC.

Respecto a la causal prevista en el inciso e) del a rtículo 67 de la

Ley RAC, por ausencia de motivación de cuáles son l as facturas prescritas y del

por qué se omitió considerar la número 2003000339 p or US $42.688,80, con

fecha de vencimiento 28 de octubre del 2003, así co mo el cotejo de fechas de

vencimiento con los actos interruptores; precisa indicar lo siguiente. En la parte

considerativa, los señores árbitros, a folios 2015 a 2017, en lo de interés

señalaron: “

EXCEPCIONES: / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN /

Corresponde abordar ahora el tema de la PRESCRIPCI ÓN opuesta por la

actora-reconvenida en la contestación a la reconven ción y que es

concretamente, si ha operado la prescripción negati va con respecto al pago de

los montos parciales adeudados por la actora según facturas detalladas en el

HECHO TERCERO (sic - es el cuarto) de la reconvención. El instituto de la

prescripción se encuentra regulado en el Código de Comercio, especialmente

los numerales 984 y 977. Siendo normas imperativas y por tanto, no es posible

para las partes modificar los plazos ni renunciar a nticipadamente a ella. La

extintiva o liberatoria bajo análisis en el sub-arb itrio, se fundamenta en la

necesidad de certeza jurídica, no dejando abierta i ndefinidamente la posibilidad

de un reclamo que el acreedor no ha ejercido durant e el plazo establecido,

pudiendo hacerlo. / Con respecto al plazo de la pr escripción el artículo 984 del

Código de Comercio dispone: … / Con respecto a la i nterrupción de la

prescripción, las causas en general son de dos clas es: A- Un acto de

requerimiento o cobro del acreedor (art. 876 inc. 2 y 879 del Código Civil), y B-

Un acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor (art.876 inc 1 -

ibidem). Al respecto, el artículo 977 del Código d e Comercio dispone lo

siguiente: … / No aparece del expediente demostrada circunstancia capaz de

interrumpir la prescripción que haya tenido lugar A NTES de la expiración del

plazo de prescripción dicho, excepto carta enviada por el señor TAE HEE LIM

fechada del 12 de octubre de 2004, ofrecida como pr ueba 51 por la parte

actora, en la cuál el señor LIM requiere a SASSO el pago de los montos

pendientes a esa fecha en un plazo no mayor a diez días hábiles (confesión

espontánea del apoderado de la actora en el escrito de conclusiones, folio 1937

y 1938 del expediente). Así las cosas, se interrum pió el plazo de prescripción

para aquellas facturas vencidas después del 12 de o ctubre de 2003. En

consecuencia, se acoge parcialmente la prescripción respecto de facturas no

prescritas (sic) números 3000035 con fecha de venci miento del 03 de

noviembre de 2003 por saldo de $20.166,99 y 3000657 con fecha de

vencimiento del 04 de febrero de 2004 por la suma d e US $43.468,10, para un

total de US $63.635,09. ” De lo trascrito, es claro que, contrario a lo in dicado

en el recurso, el Tribunal Arbitral brinda las razo nes por las cuales, en su

criterio, resulta procedente, de manera parcial, la defensa de prescripción

opuesta por la parte actora a la reconvención, señalando cuáles son las facturas

prescritas. Tocante a la falta de confrontación de fechas de vencimiento con

otros actos interruptores de la prescripción, apart e de no indicarse cuáles son

esos actos, se estaría ante un quebranto por el fon do, lo cual le está vedado

analizar a esta Sala según se indicó. Nótese que l os señores árbitros fueron

claros al indicar que el único acto capaz de surtir dichos efectos interruptores

fue la nota suscrita por el señor Tae Hee Lim, de f echa 12 de octubre del 2004

(hecho probado antecedido con el número 17). En co nsecuencia, los alegatos

anteriores no resultan de recibo a efecto de anular el laudo, imponiéndose su

rechazo. Distinto ocurre con la factura número 200 3000339. Según lo antes

trascrito, todas las facturas cobradas con fecha de vencimiento anterior al 12

de octubre del 2003 están prescritas. El susodicho título valor, se reitera,

venció el 28 de octubre del 2003, no obstante, segú n se colige de lo

consignado en el folio 2017, no fue tomado en cuent a por el Tribunal Arbitral

cuando resolvió la defensa de prescripción interpue sta por la parte actora. Sin

embargo, en la parte dispositiva del laudo, respect o a la reconvención, se

indica: “ En cuanto a la contrademanda: Se acoge la excepción de

prescripción opuesta por la actora, parcialmente so bre los montos por concepto

de pagos parciales insolutos sobre las facturas ade udadas, excepto las que

tienen fecha de vencimiento 03 de noviembre de 2003 por la suma de $

20.166,99 y 3000657 con fecha de vencimiento del 04 de febrero de 2004 por

la suma de US $43.468,10, para un total de US $63.6 35,09 que la actora

deberá pagar a la co-demandada DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S.A.

y la de pago parcial en cuanto a los montos cancela dos. De igual manera, se

acogen las de falta de derecho, y contrato no cumpl ido. Se declara sin lugar la

contrademanda en todos sus extremos. Todo lo no ex presamente concedido

debe entenderse denegado. …”(Lo subrayado no es del original). Con lo

anterior, queda en evidencia que, efectivamente, e l Tribunal Arbitral excluyó,

sin ninguna explicación, del monto otorgado a la em presa codemandada

Daewoo Panamá por concepto del cobro de las factura s insolutas, la suma de

US $42.688,80, consignada en la número 2003000339, la cual venció el 28 de

octubre del 2003. Lo anterior implica falta de mot ivación del laudo y, por

consiguiente, quebranto al principio, de linaje con stitucional, del debido

proceso, previsto como causal de nulidad del laudo en el inciso e) del artículo

67 de la Ley RAC (en relación, puede consultarse la sentencia de esta Sala

número 943 de las 14 horas 40 minutos del 7 de dici embre del 2005).

Consecuentemente, se acogerá el recurso formulado e n los términos que se

expondrán en el considerando XXII de esta sentencia.

En el tercer motivo de impugnación (identificado como primero en

el recurso), invocan los recurrentes falta de motiv ación y pronunciamiento

sobre la contrademanda, lo cual motiva quebranto al debido proceso -causal del

inciso e)-. Existe un vicio grave de falta de just ificación en el laudo, reiteran,

pues el Tribunal Arbitral no analizó, ni sustentó, lo resuelto en torno a la

reconvención formulada por su mandante. Esta, arguy en, es un requisito

esencial, contenido en el ordinal 58 in fine ibídem . El quebranto al principio de

motivación de los laudos, añaden, violenta la garan tía del debido proceso,

según lo han resuelto reiteradamente tanto la Sala Constitucional de la Corte

Suprema de Justicia, cuanto este órgano colegiado. Sobre el particular, invocan

el fallo número 3917 del 8 de julio de 1997 de la p rimera, y transcriben, en lo

de su interés, el 943 de las 14 horas 40 minutos de l 7 de diciembre del 2005,

de este órgano colegiado. No hay un solo consideran do, afirman, donde se

analice o explique la reconvención. Por consiguien te, apuntan, se trata de un

“no laudo” en cuanto a ella. No existe pronunciami ento, ni análisis expresos

para acogerla o rechazarla. Simplemente, agregan, e n la parte dispositiva se

rechaza. La contrademanda no fue analizada en los hechos probados, ni en los

considerandos de fondo; tampoco fue objeto de motiv ación, reiteran. En

ningún momento, aseveran, el laudo explica y, peor aún, ni siquiera se hace

alusión al tema del rechazo de pretensiones esgrimi das, tales como el pago de

intereses sobre las facturas insolutas (petitoria 1 de la reconvención). No se da

razón alguna que justifique desestimar la pretensió n 2, es decir, que se declare

a la actora incumplidora grave por falta de pago. I gual suerte corre el

pedimento 3, sobre la resolución del contrato. Si bien este yerro de no

motivación implica, a la vez, un vicio de incongrue ncia por citra petita, dado

que el laudo no resuelve los temas planteados en el debate, afirman, constituye

un atropello inaceptable al debido proceso, cuando, sin mencionar siquiera la

discusión sobre el pago de intereses sobre las fact uras insolutas -a pesar de

que dichos documentos fueron reconocidos parcialmen te-, o si existió

incumplimiento grave de la actora, en el “por tanto ” se rechazó la

contrademanda sin tomar un instante para argumentar si es posible en el

Ordenamiento Jurídico costarricense retener facturas de varios años por más de

US $350.000,00, cuando se reclaman supuestas garant ías por menos de la

mitad de ese monto, o si al reclamo de una garantía aplica un plazo de

prescripción distinto al del pago de la compraventa . El juzgador, comentan,

debe argumentar su decisión, mostrar el itinerario lógico seguido para arribar a

las conclusiones, porque en dicha labor descansa la aspiración de justicia, no en

que se otorgue lo que se pide. Debe imperar siempr e la razón, la lógica, la

argumentación científica y honesta. Le está vedado simplemente dictar un “Por

Tanto”, anotan, porque sólo Dios puede juzgar sin juicio, o emplear el poder sin

dar razones o cuentas a nadie. La no mención en el laudo, concluyen, del tema

de los intereses de las facturas insolutas o de la resolución del contrato, todo

solicitado en la contrademanda, son motivo de nulid ad por dos vías: la citra

petita y la falta de motivación como quebanto al debido proceso.

Respecto a la alegada falta de análisis y sustent ación sobre la

reconvención interpuesta por Daewoo Panamá, lo que encaja dentro de la

causal prevista en el inciso e) del artículo 67 de la Ley del RAC, esta Sala difiere

de ese aserto. Como ya se indicó, a folios 2015 y 2 017, se alude a la defensa

de prescripción formulada por la parte actora en co ntra de la reconvención.

Los señores árbitros analizaron el por qué la mayor ía de las facturas cobradas

por la contrademandada estaban prescritas; razón po r la cual acogieron

parcialmente esa defensa. Asimismo, en el folio 20 17 se indica: “ En cuanto a

las excepciones de FALTA DE DERECHO Y CONTRATO NO CUMPLIDO

invocadas por la actora procede igualmente acogerla s, en consonancia con lo

dicho supra respecto de la demanda principal, así como la de PAGO PARCIAL ,

en cuanto a los montos cancelados de las facturas a ntes dichas. ” Bajo esa

línea de pensamiento, a partir del folio 2018, anal izan la situación fáctica del

sub arbitrio, para arribar a la conclusión de que l as sociedades codemandadas

incurrieron en incumplimiento grave del convenio de distribución exclusiva

suscrito con la actora; lo que, conforme se indica a folio 2022 “ … autoriza

resolución (sic) del contrato acorde con el precepto del artículo 6 92 del Código

Civil y la doctrina y jurisprudencia que lo informa n, en relación con lo dispuesto

por los artículos 425 del Código de Comercio y 4 de la ley 6209 de Protección

del Representante y Distribuidor de Casas Extranjer as … ”. Asimismo, a folios

2023, 2024, 2026, 2028 y 2029 en lo de interés, se indica: “ Las co-

demandadas han incumplido gravemente sus obligacion es contractuales

(cláusula 7 del Contrato de Distribución) y legales (Artículo 4, inciso “g”, Ley

6209), al haber suministrado reiteradamente product os con defectos serios de

fábrica y no corregir esa situación a pesar de los requerimientos de la actora, al

haber permitido y tolerado, sin tomar acciones para impedirlo, la importación

de productos cubiertos por el contrato de exclusivi dad (Cláusula 2 del Contrato,

folio 173) Art. 4, inciso “g” Ley 6209), así como p or haber incurrido en mora en

reconocer y acreditar a la actora las sumas adeudad as por concepto de gastos

extraordinarios incurridos en atención a la garantí a de los productos (Cláusula

7, folio 175 del Contrato de Distribución, Art. 4, inciso “g”, Ley 6209). Ello a su

vez ha legitimado a la actora a no cumplir con el p ago de ciertas facturas,

ejerciendo su derecho de no cumplir ante su incumpl idor primero. … En cuanto

a la excepción de NON ADEMPLETI CONTRACTUS interpuesta por la co-

demandada DAEWOO ELECTRONICS (PANAMA), S.A., la mis ma carece de

sustento toda vez que no se demostró la existencia de los presupuestos de

hecho necesarios para ejercerla como tal, cual es e l incumplimiento previo e

injustificado de la contraparte, de manera que auto rice dejar de cumplir con lo

suyo. Nótese que ya estando suspendido el pago y n otificada la suspensión

indicados (sic), la co-demandada DAEWOO ELECTRONIS (PANAMA), S.A.

continuó despachando mercadería a Sasso, tolerancia que también existió en el

pasado con los atrasos en ciertos pagos (Vid. Testi monio de Woocheol Park

folio 1373 del expediente). … Por otra parte, las d emandadas no ejercieron la

acción ni excepción de contrato no cumplido, ni den unciaron incumplimiento

alguno oportunamente si no (sic) hasta que se presentó el sub-arbitrio. … Este

Tribunal ha analizado conforme a derecho las preten siones y contra-

pretensiones, arribando a una conclusión acorde con los hechos relevantes

expuestos por una y otra parte, la prueba que const a en autos y el análisis

jurídico de rigor, razón por la cual procede declar ar parcialmente con lugar la

demanda y rechazar la contra-demanda como se dirá. ” Lo anterior encuentra

sustento en los hechos probados antecedidos con los números 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13 y

Con lo trascrito, contrario a lo afirmado por los

recurrentes, resulta evidente que el Tribunal Arbit ral sí se refirió a la

contrademanda, dando las razones por las cuales, en su criterio, no resultaba

de recibo declarar a la reconvenida incumplidora gr ave del contrato firmado

entre las partes por falta de pago; ni tampoco reso lver ese convenio con

responsabilidad exclusiva de la actora; además, del por qué, en torno al

requerimiento de pago de las facturas cobradas, se imponía acogerlo

parcialmente. No incumbe a esta Sala ingresar a val orar si lo resuelto por el

órgano arbitral, en términos sustanciales, se ajust a o no a Derecho, pues ello

supondría una valoración del fondo del asunto, lo q ue ciertamente, escapa del

objeto del recurso de nulidad que establece la Ley no. 7727. Ergo, en relación

con este alegato, se impone desestimar el presente agravio.

Dentro de este mismo reparo, afirman los recurren tes que el

laudo es omiso, al no brindar las razones por las cuales se rechazó la pretensión

de pago de los intereses, respecto del monto recono cido por las facturas

insolutas. Sobre el particular, llevan razón los impugnantes. Como se indicó en

el considerando IX de esta sentencia, a folio 2017 los señores árbitros

resolvieron la defensa de prescripción opuesta a la contrademanda por la

empresa actora. Llegaron a la conclusión de que so lamente las facturas

números 3000035, con fecha de vencimiento 3 de novi embre del 2003, por un

saldo de US $20.166,99, y la 3000657, que vencía el 4 de febrero de 2004, por

la suma de US $43.468,10, no se encontraban prescri tas; en consecuencia,

señalaron que Sasso le adeuda a Daewoo Panamá la su ma de US $63.635,09.

A pesar de que fue expresamente solicitado en la re convención (folio 482),

omitieron referirse al pago de los intereses sobre ese monto. Sin embargo, de

conformidad con lo consignado en la parte dispositi va del laudo, según lo

trascrito en el considerando IX, los señores árbitr os resolvieron que todo lo no

expresamente concedido debía entenderse denegado. En consecuencia, sin

que hubiese habido razonamiento alguno en la parte considerativa respecto de

los réditos solicitados sobre el monto concedido po r las facturas insolutas, en el

“Por Tanto”, sin más, fueron rechazados. Resulta e vidente el quebranto al

principio del debido proceso por falta de motivació n del laudo. En

consecuencia, en torno a este aspecto, deberá acoge rse el recurso de nulidad,

en los términos que se expondrán en el considerando XXII de esta sentencia.

En el cuarto reparo (marcado en el recurso como segundo),

alegan los recurrentes que el laudo, de manera inte gral, carece de motivación.

Esta Sala, insisten una vez más, ha admitido, como causal de nulidad por

violación al debido proceso, la falta de motivación del pronunciamiento, al

considerársele un elemento imprescindible de esa ga rantía constitucional. Al

respecto, invocan, de nuevo, el fallo de esta Sala número 943 de las 14 horas

40 minutos del 7 de diciembre del 2005. Además de la falta de examen de la

reconvención, apuntan, el laudo violó el debido pro ceso, al carecer,

íntegramente, del requisito esencial de motivación, contenido en el canon 58 in

fine de la Ley RAC. Lo anterior, alegan, se confir ma con un breve análisis de

esa resolución. En las páginas 1 a la 17, se enunc ian y transcriben los

antecedentes, pretensiones, excepciones, y se expon en los hechos probados y

no probados. De la 18 a la 21 se plasma lo que den ominan los árbitros “reglas

sobre la apreciación y valoración de prueba”. De l a 21 a la 24, se refieren a las

excepciones. Sin haber analizado el fondo de la co ntroversia, extrañamente,

afirman los recurrentes, se refieren a las defensas opuestas. De la 25 a la 30

citan doctrina y jurisprudencia sobre los siguiente s temas: naturaleza e

interpretación de los contratos, incumplimiento gra ve (página 27), citan el

artículo 4 de la Ley 6209 (página 28) y la teoría s obre la pérdida por

frustración, “chance” o ganancias razonables. Esa deficiente técnica de

redactar, falta de motivación y de fundamento de un laudo, apuntan, que se

limita a citar doctrina y jurisprudencia, sin hacer un análisis del caso concreto,

con arreglo a los hechos tenidos por demostrados, d e las pruebas que los

respaldan, y de las razones legales claras en que s e sustenta, son motivo

suficiente para anularlo. En este punto transcribe n, en lo conducente, el fallo

antes indicado de este órgano colegiado. Además de la deficiencia formal y

estructural en sus requisitos internos de motivació n y fundamentación, el laudo

incurre en serios vicios por omisión, pues, práctic amente, critican, deja sin

resolver la controversia. Incluye como resultandos hechos probados, no se

hace un análisis individual y razonado de los punto s centrales, ni de las

defensas (por ejemplo, no hace alusión al argumento de “Estoppel” o doctrina

de los actos propios, ampliamente desarrollada en l a contestación a la

demanda, así como a lo largo del proceso y en el al egato de conclusiones). El

Tribunal Arbitral se limitó a invocar doctrina y ju risprudencia, pero sin la

necesaria adecuación fáctica con el caso concreto. No relaciona las citas que

hace con lo argumentado por las partes y probado en el debate. Esta

deficiencia procesal amerita la nulidad del laudo, pues uno de los fundamentos

indispensables que le debe asistir, junto con el ju rídico, que es el fáctico, se

echa de menos. Como muestra adicional de la falta de motivación, añaden, se

preguntan ¿dónde el laudo hace tan siquiera mención para rechazar, refutar o

argumentar respecto de las posiciones elementales d e nuestra representada a

lo largo del debate? Verbigracia ¿cuándo menciona, aunque sea para refutar,

el argumento de que el incumplimiento de la actora -falta de pago- es por un

monto muchísimo mayor al costo de reparación de lav adoras (garantías)

supuestamente pendientes de pago por la demandada? ¿cuándo argumenta

que en el sistema de derecho costarricense es permi tido retener el pago sin

proceso, es decir, bajo la modalidad de justicia po r mano propia? ¿cuándo se

pronuncia sobre el archivo por parte de Aduanas del supuesto procedimiento

que sirvió de sustento, en el laudo, para condenar a su representada? Todos

estos temas, presentes a lo largo del proceso y sub rayados en el alegato de

conclusiones parece, equivocadamente, que nunca se dijeron, o que no

estuvieran presentes en el debate, o que no se evac uó prueba al respecto. De

la lectura del laudo, manifiestan, de manera erróne a se podría concluir que no

hubo defensa; o, que no se analizaron los razonamie ntos de la parte

demandada, aunque fuera para rechazarlos de forma m otivada. No reclaman

que no se les haya dado la razón, sino que se niegue sin explicación.

A criterio de los recurrentes, lo cual constituye el quid de este

reparo, el laudo impugnado, de manera integral, est á ayuno de motivación.

Según indican, no se hace un análisis del caso conc reto, con arreglo a los

hechos tenidos por demostrados. Contrario a lo ant es indicado, y como se

señaló en el apartado XI de este fallo, esta Sala e stima que los señores árbitros

sí brindaron los motivos fácticos y legales por las cuales consideraron que la

parte demandada incurrió en incumplimiento grave de sus deberes

contractuales, razón por la cual se imponía acoger parcialmente la demanda,

además de aceptar el cobro de algunas de las factur as en la contrademanda.

Como complemento de lo anterior, en los folios 2017 y 2018 se dan las razones

del rechazo de las defensas interpuestas por la dem andada. En consecuencia,

no incurre el laudo en la causal dispuesta en el in ciso e) del Artículo 67 de la

Ley RAC, imponiéndose, por consiguiente, el rechazo del presente motivo de

disconformidad. Tocante a lo afirmado por los recu rrentes, de que los señores

árbitros no consideraron los argumentos de la defen sa, en realidad con esos

reclamos se pretende que esta Sala aborde un anális is de fondo de lo laudado,

lo que, se insiste, no es posible en el recurso de nulidad que se conoce,

estando vedado este examen a este órgano colegiado.

En el quinto motivo de disconformidad (señalado en el recurso

como tercero), los recurrentes aducen falta de moti vación del laudo por no

analizar el monto y base de la condena. Reiteran q ue esta Sala, en el voto 943

de las 14 horas 40 minutos del 7 de diciembre del 2 005, estableció, como

causal de nulidad, por violación al debido proceso, esa falencia. Los temas

esenciales sometidos a debate en el sub arbitrio, a puntan, son: 1) si había

existido incumplimiento de las demandadas, 2) si lo hubo por parte de la actora

y, 3) el monto de la indemnización legal, basado en el Ley número 6209. El

laudo, anotan, carece de sustentación fáctica y mot ivación, al soslayar los dos

últimos temas. Omite pronunciamiento en los “hecho s probados” y, por ende,

tampoco hace el análisis correspondiente en la cons ideración de fondo. En

cuanto al tercer aspecto, base y monto de la indemn ización, alegan, el laudo ni

siquiera menciona y, por ello, no indica en los “hechos probados”, la suma de la

compensación que corresponde. No fue objeto de análisis motivado en la parte

considerativa, pero sí se impone una condena en el “Por Tanto”. Al no contar la

cuantía de la condena con base alguna en los hechos probados (no se incluye el

monto, cálculo o desglose como hecho probado) y, en consecuencia, estar

huérfano el laudo del necesario respaldo probatorio y su respectivo análisis, a

pesar de la oposición sobre el tema, el Tribunal Ar bitral incurre en un nuevo

vicio de falta de motivación y, con ello, de la cau sal de violación al debido

proceso. Respecto al segundo punto, agregan, -incu mplimiento de la actora

como base de la resolución del contrato-, si bien e l laudo tiene por probado

(hechos 15 y 16) que la actora adeudaba facturas p or más de US $330.000,00

a la reconventora, y acepta en los considerandos (p ágina 28 párrafo 3), que

hubo incumplimiento grave de la demandante al señal ar: “ Considera este

Tribunal que si (sic) existió un incumplimiento grave del contrato por p arte del

actor, que autoriza su (sic) resolución del contrato acorde con el precepto de l

artículo 692 del Código Civil … ”, no hace ningún pronunciamiento de las

consecuencias del no pago de esas facturas y el consecuente incumplimiento de

la actora. Además, comentan, con base en esa situa ción, tenía que resolverse

el contrato con responsabilidad para la actora y no para la demandada. Ese

vicio grave, aseveran, viola el deber de fundamenta ción y, con ello, el debido

proceso; además de introducir una incongruencia ins alvable en el razonamiento

del laudo.

En primer lugar, tocante al alegado incumplimient o de la

accionante como base de la resolución del contrato, precisa anotar lo siguiente.

En la parte considerativa, a folio 2022, se afirma: “

Considera este Tribunal

Arbitral que si (sic) existió un incumplimiento grave del contrato por parte del

actor , que autoriza (sic) resolución del contrato acorde con el precepto del

artículo 692 del Código Civil y la doctrina y juris prudencia que lo informan, en

relación con lo dispuesto por los artículos 425 del Código de Comercio y 4 de la

ley 6209 de Protección del Representante y Distribu idor de Casas Extranjeras,

que a la letra dice: …”(Lo resaltado no es del original). La alusión a la parte

actora, a criterio de esta Sala, obedece a un error material. Ello se constata

con facilidad, porque tal consideración se encuentr a consignada en el epígrafe

denominado “ incumplimiento por parte de las co-demandadas ”, según se

consigna a folio 2020. Además, se comprueba con el hecho de que el artículo 4

de la Ley 6209 alude a las “ causas justas para la terminación del contrato de

representación, distribución o fabricación, con res ponsabilidad para la casa

extranjera ”.(Lo subrayado es suplido). Si quien incumplió gr avemente el

contrato fue la actora, no existiría razón alguna d e fundamentar el fallo en

dicho numeral, pues alude más bien a la demandada. De igual manera, se

confirma lo anterior con lo expuesto en el folio 20 23, antes trascrito, donde se

indica que fueron las codemandadas quienes incumpli eron gravemente sus

obligaciones contractuales. Por otro lado, si bien es cierto que en los hechos

probados marcados con los números 15 y 16 se consig na que existen facturas

insolutas por parte de Sasso y a favor Daewoo Pana má, por un saldo neto de

US $332.099,97; también lo es que, cuando se analiz a la excepción de

prescripción opuesta por la actora a la contrademan da, conforme ya fue

analizado, el Tribunal Arbitral la acogió parcialme nte, por lo que la suma

adeudada se redujo. El cuestionamiento de ese crite rio no sería pasible de

análisis en esta sede, por tratarse de un problema de fondo. Asimismo, pese a

ese adeudo, según fue indicado en el laudo, folios 2023 y 2024, el

incumplimiento grave de las obligaciones contractua les por parte de las

empresas codemandadas legitimó a la actora a no hon rar el pago de las

facturas no prescritas, ejerciendo su derecho de no atender ante “ su

incumplidor primero. ” En mérito de lo expuesto, esta Sala estima que e l

Tribunal Arbitral sí justificó el por qué acogió de manera parcial la demanda, al

considerar que quienes incumplieron gravemente el c ontrato fueron las

codemandadas. Ergo, se impone el rechazo de esta parte del reproche.

En segundo término, alegan los recurrentes que el laudo

impugnado no contiene motivación alguna respecto al monto fijado a favor de

la empresa actora por la indemnización prevista en el numeral 2 de la Ley

número 6209, Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras. Sobre

este aspecto, llevan razón los apoderados de la soc iedad codemandada. En los

hechos probados no existe ninguna referencia en torno a los elementos fácticos

que permitieron desprender las sumas a considerar p ara efectos de llevar a

cabo el cálculo de la reparación económica aludida. Asimismo, en la parte

considerativa, el único apartado que alude a este tema es el visible a folio 2029,

en donde sólo se trata la pertinencia del cobro en moneda diferente al colón, es

decir, en dólares norteamericanos, mas resulta ayun o de explicación de las

razones y parámetros numéricos y económicos, o bien cálculos efectuados para

llevarles a fijar por ese concepto, un monto de US $749.534,40 el que, se

insiste, no se encuentra motivado o sustentado por análisis alguno. Al

respecto, nótese que lo reclamado en la demanda fue US $850.851,43. Es

palmaria, por consiguiente, la falta de justificaci ón en torno al monto otorgado

por los señores árbitros a favor de la empresa acto ra. Dicha omisión se

enmarca en la causal de nulidad del laudo por viola ción al debido proceso,

prevista en el inciso e) del artículo 67 de la Ley RAC. En consecuencia, se

acogerá el recurso de nulidad en los términos indic ados en el

Se acoge parcialmente el recurso de nulidad interp uesto. Se anula el

laudo dictado a las 10 horas del 17 de abril del 20 07, sólo en cuanto no se

pronunció en relación a: 1) la factura número 2003000339, por US $42.688,80,

con fecha de vencimiento 28 de octubre del 2003, pa ra establecer el monto

adeudado por Sasso a Daewoo Panamá, en virtud de la s facturas no pagadas,

los intereses sobre el monto concedido a Daewoo Panamá por el cobro de

las facturas insolutas, y 3) la condena solidaria, impuesta a las empresas

codemandadas, de reconocerle a la actora la suma de US $749.534,40 en

concepto de la indemnización establecida en la Ley número 6209, Ley de

Protección al Representante de Casas Extranjeras. Se reenvía el expediente al

Tribunal Arbitral para que, dentro del plazo de och o días hábiles, contados a

partir de que el órgano arbitral reciba el expedien te, resuelva conforme a

Derecho.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román

Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto

Fernández

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA LEÓN FEOLI Y

EL MAGISTRADO SOLÍS ZELAYA

Quienes suscribimos este voto de minoría, concurr imos con la

posición de mayoría, excepto en cuanto dispone el r eenvío del asunto para

subsanarse los vicios procesales que padece el laud o arbitral impugnado. La

Ley de Resolución Alterna de Conflictos no goza de norma legal que conceda

competencia a esta Sala para indicarle a los árbitr os la reposición del trámite

omitido. Amén de lo anterior, aún cuando no fuere d erogado explícitamente el

numeral 616 del Código Procesal Civil, debe primar el criterio de especialidad, el

que, aplicado de consuno con lo dispuesto en el ord inal 64 del cuerpo

normativo que regula la materia, (conforme al cual “ el recurso de nulidad se

aplicará según los artículos 65, siguientes y conco rdantes de la presente ley ”),

llevan a concluir una derogatoria tácita del canon 616 citado. Más que la

reposición de un trámite, en nuestro criterio, el r eenvío supone la

autoatribución de una competencia no asignada por ley, que crea una facultad

ordenatoria respecto de los árbitros y de las parte s, aún cuando éstos no se

encuentran jerárquicamente ubicados bajo el control de esta Sala, más que, de

manera exclusiva y excluyente, en lo que toca a res olver el recurso de nulidad.

Una vez constatado alguno de los yerros que justifi can el control por parte de

este Tribunal, y en defecto de norma expresa, corre sponde a las partes decidir

la vía a la que acudirán, sin que la Sala pueda -ni esté autorizada-, sustituir la

voluntad de los involucrados.

Anabelle León Feoli Román

Solís Zelaya

MCAMPOSS