Cargando la resolución…
Sala Tercera Materia Penal Juvenil
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
*160000041411PJ*
Exp: 16-000004-1411-PJ
Res: 2022-00908
SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las nueve horas veintitrés minutos del
veintiséis de agosto de dos mil veintidós.
Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida en contra de
[Nombre
008], cédula [Valor 001]), por el delito de
tentativa de homicidio simple, cometido en
perjuicio de [Nombre 002]. Intervienen en la decisión del recurso las Magistradas y los
Magistrados Jesús Alberto Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Sandra
Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla y Cynthia Dumani Stradtmann, estos dos
últimos como suplentes. Además en esta instancia la licenciada Grace Marín Solís
representante del Ministerio Público.
Mediante sentencia N° 0269-2021 de las diez horas del cinco de noviembre del dos
mil veintiuno (05/11/2021), el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del
Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, resolvió: "
Decisión final del tribunal
Con
fundamento en lo expuesto, de oficio se declara extinguida por prescripción la acción
penal y se dicta a favor del joven acusado [Nombre 008] sentencia de sobreseimiento
definitivo por el delito de homicidio simple en grado de tentativa que en
perjuicio de [Nombre 002] se le ha venido atribuyendo. Son las costas del proceso a
cargo del Estado. Notifíquese.-
Jorge A. Camacho Morales Gustavo A.
Jiménez Madrigal Flory Chaves Zárate Jueces y Jueza del Tribunal de Apelación
de Sentencia Penal Juvenil (sic)"
Contra el anterior pronunciamiento la licenciada Grace Marín Solís, interpuso recurso
de casación.
Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso de casación.
En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Informa la Magistrada Dumani Stradtmann
; y
Mediante resolución 2022-00343, de las diez horas cuarenta y un minutos del veinticinco
de marzo de dos mil veintidós (25/03/2022) (confrontar folios 69 a 75 del expediente
físico), esta Sala admitió para estudio el recurso de casación y su ampliación,
gestionados por el Ministerio Público (confrontar folios 43 a 47 y 49 a 55 del expediente
físico), contra la sentencia 2021-269, de las diez horas del cinco de noviembre de dos mil
veintiuno (05/11/2021), dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil,
mediante la cual dispuso: “Con fundamento en lo expuesto, de oficio se declara
extinguida por prescripción la acción penal y se dicta a favor del joven acusado
[Nombre
008] sentencia de sobreseimiento definitivo por el delito de homicidio simple en grado
de tentativa que en perjuicio de [Nombre 002] se le ha venido atribuyendo.”
(confrontar
folios 28 a 30 del expediente físico).
Primer motivo de casación.
El Ministerio Público reclama “Errónea aplicación de
precepto legal procesal relacionado con la prescripción del delito de homicidio simple,
concretamente los artículos 32 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil; 89 y 90 del
Código Procesal Penal; así como los numerales 111 y 24 del Código Penal.”. Como
antecedente, refiere que el menor de edad [Nombre 008] fue investigado por el Ministerio
Público y acusado por el delito de homicidio simple en tentativa, con base en hechos
ocurridos el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis (29/10/2016). El infractor, rindió su
declaración ante el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, al ser
las diez horas once minutos del tres de julio de dos mil diecinueve (03/07/2019) y
posteriormente, el diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve (19/09/2019), se amplió
la indagatoria. En las citadas diligencias, la defensa aportó como domicilio para ser
citado la localidad de [Valor 007], señalando que las citas debían ser remitidas a dicha
dirección donde habita su mamá. De seguido, el Juzgado Penal Juvenil del Segundo
Circuito
Judicial de Alajuela, envió una citación a la dirección apuntada, con el fin de celebrar el
debate y, pese a haber sido citado en dicha locación por medio de su papá, no concurrió
al llamamiento judicial. Posteriormente, en resolución 54-2021 de las siete horas cuarenta
y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021), el Juzgado Penal
Juvenil decretó la rebeldía del menor de edad, quien había sido citado a comparecer el
veintinueve de abril de dos mil veintiuno (2904/2021) para el debate oral y privado en la
causa seguida en su contra. El menor se presentó al despacho el cinco de julio de dos mil
veintiuno (05/06/2021), actualizó el domicilio y afirmó no recordar haber recibido la
citación, levantándose el dictado de la rebeldía. Finalmente, se procedió a señalar como
fecha para debate el veinte de octubre de dos mil veintiuno (20/10/2021), ocasión en que
la defensa técnica propuso la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, gestión
que fue rechazada por el juzgador. Dicha negativa, fue apelada, señalando para la
celebración de la vista las catorce horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos
mil veintiuno (09/11/2021), diligencia dejada sin efecto por el Tribunal de Apelación de
Sentencia Penal Juvenil, el cual dictó el sobreseimiento definitivo de la causa,
considerando que la rebeldía dictada no tenía validez en el plazo de suspensión de la
acción penal, toda vez que el menor de edad fue mal citado y la justificación que brindó,
era razonable. Fustiga que, contrario a lo afirmado por el tribunal de apelación, la causa no
se encontraba prescrita y explica que conforme al ordinal 32 de la Ley de Justicia Penal
Juvenil, la rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal, lo que guarda
concordancia con el ordinal 89 del Código Procesal Penal, donde se establece que será
declarado rebelde, el imputado que sin grave impedimento no comparezca a una citación.
Explica que, en este caso, los hechos denunciados ocurrieron el veintinueve de octubre de
dos mil dieciséis (29/10/2016), por lo que, según el ordinal 109 de la Justicia Penal
Juvenil, el plazo de prescripción es de 5 años, es decir, el veintinueve de octubre de dos
mil veintiuno (29/10/2021), sin embargo, se dictó la rebeldía del menor de edad el cinco de
mayo de dos mil veintiuno (5/5/2021), misma que fue levantada ante la comparecencia del
menor el cinco de julio de dos mil veintiuno (5/07/2021), por lo que la causa habría
prescrito hasta el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno (29/12/2021). A pesar de
lo anterior, el tribunal de apelación anuló la rebeldía, considerando que el menor se
encontraba mal notificado, porque se entregó la cita a su padre y no a su madre, tal y
como fue requerido en la indagatoria, asumiendo que, como su papá vive a la par, se
diligenció en otro domicilio, lo que no resulta de recibo de conformidad con la Ley de
Notificaciones Judiciales. Resalta que la citación fue entregada en el domicilio aportado
en autos por el menor de edad y el tribunal de apelación parte de una premisa que no se
desprende del expediente. Adicionalmente, el cinco de julio de dos mil veintiuno
(5/07/2021) el menor afirmó no haber recibido ninguna citación para la fecha del debate,
pero no se acreditó que no recibiera la cédula de citación e incluso, el menor se limitó a
indicar que no recuerda haber recibido la cita. El impugnante rechaza la argumentación
del tribunal de apelación que avaló la existencia de una causa justificada para la
comparecencia del infractor y considera improcedente que se haya anulado la rebeldía,
así como sus efectos suspensivos. Por último, agrega que la interpretación de los jueces
de apelación perjudica los derechos de la víctima, dejándola sin respuesta ante hechos
muy graves y que no han prescrito, afectando además los intereses del Ministerio Público.
En conclusión, resume que en la resolución impugnada se incurrió en la errónea aplicación
de los artículos 32 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que debe anularse la
resolución y ordenar el reenvió de la causa. Como agravio, precisa que se afectaron los
intereses punitivos del Ministerio Público al dictar de forma prematura la prescripción de la
causa y de haberse fundamentado adecuadamente, se habría concluido que el asunto no
se encontraba prescrito. Como pretensión, solicita declarar con lugar el motivo, ordenar la
ineficacia de la resolución y disponer el reenvío de la causa para resolver el recurso de
apelación presentado por la defensa técnica.
Ampliación del recurso de casación. Segundo motivo
: “Errónea interpretación de
un precepto legal procesal: rebeldía artículo 32 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y
artículos 89 y 90 del Código Procesal Penal”. Reclama que se dio una interpretación
errada de los ordinales citados supra y como antecedente, refiere que el menor de edad
[Nombre 008] fue investigado por el Ministerio Público y acusado por el delito de
homicidio simple en tentativa, con base en hechos ocurridos el veintinueve de octubre de
dos mil dieciséis (29/10/2016). El infractor, fue indagado ante el Juzgado Penal Juvenil del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, al ser las diez horas once minutos del tres de julio
de dos mil diecinueve (03/07/2019) y posteriormente, en específico el diecinueve de
setiembre de dos mil diecinueve (19/09/2019) se amplió la indagatoria. En las citadas
diligencias, la defensa aportó como domicilio para ser citado la localidad de [Valor 007]
,
señalando que las citas debían ser remitidas a dicha dirección donde habita su mamá. De
seguido, el
Juzgado Penal Juvenil envió una citación a la dirección apuntada, con el fin de celebrar el
debate y, pese haber sido citado en dicha locación por medio de su papá, no concurrió al
llamamiento judicial. Posteriormente, mediante resolución 54-2021 de las siete horas
cuarenta y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021), el Juzgado
Penal Juvenil decretó la rebeldía del menor de edad, quien había sido citado a
comparecer el veintinueve de abril de dos mil veintinueve (29/04/2021). Precisa que en la
cita se consigna: “positivo, al ser las 13:51 horas del 22 de marzo del 2021, citado en la
dirección aportada, por medio de [Nombre 006]
, indicó ser el papá, por prevención ante
el Covid 19 no firmó, teléfono: [Valor 004]
” (folio 50 vuelto). El menor, se presentó al
despacho el cinco de julio de dos mil veintiuno (5/07/2021), actualizó el
domicilio y afirmó no recordar haber recibido la citación, levantándose el dictado de la
rebeldía. Finalmente, se procedió a señalar como fecha para debate el veinte de octubre
de dos mil veintiuno (20/10/2021), ocasión en que la defensa técnica propuso la aplicación
de la suspensión del proceso a prueba, gestión que fue rechazada por el juzgador. Dicha
negativa, fue apelada, señalando para la celebración de la vista las catorce horas treinta
minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno (09/11/2021), pero la diligencia fue
dejada sin efecto por el Tribunal de Apelación de Sentencia quien de oficio dictó el
sobreseimiento definitivo de la causa, considerando que la rebeldía dictada no tenía
incidencia en el plazo de suspensión de la acción penal, toda vez que el menor de edad
fue mal citado y la justificación que brindó, era razonable. En su criterio, con base en el
cuadro fáctico descrito es posible concluir que, contrario a lo dispuesto por el ad quem
,
los hechos no se encuentran prescritos y precisa que conforme al ordinal 32 de la Ley de
Justicia Penal Juvenil, el dictado de la rebeldía suspende el plazo de prescripción de la
acción penal, de manera que la resolución aludida en el caso concreto es contraria a
derecho. Asimismo, lo ordinales 89 y 90 del Código Procesal Penal, establecen los
supuestos de aplicación de la rebeldía y sus efectos, por lo que, si bien el ad quem
echó
mano de lo previsto en el ordinal 10 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, no se hizo una
aplicación correcta de este último numeral. Reitera que la rebeldía fue dictada el cinco de
mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021) y se levantó con la comparecencia del menor el
cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), lo que implicó una suspensión de la
acción penal por un plazo de 2 meses, que extendió la prescripción hasta el veintinueve de
diciembre de dos mil veintiuno (29/12/2021). A pesar de ello, el Tribunal de Apelación de
Sentencia Penal Juvenil anuló la rebeldía, considerando que el infractor fue citado
erróneamente porque se entregó la cédula de citación a su padre, no a su madre como se
requirió en la indagatoria, presumiendo que, como su papá vive a la par, se diligenció en
otro domicilio, lo que no resulta de recibo con base en lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley de Notificaciones que transcribe. Fustiga que la citación fue diligenciada al domicilio
que el menor aportó en autos, procediendo conforme a la normativa a notificar a la
persona mayor de 15 años que se encontraba en el lugar. En su criterio, el ad quem
parte
de una premisa que no se desprende del expediente, concretamente que se entregó en
otro domicilio, presunción que no se acreditó en el expediente, ni se descartó que el padre
del menor visitara la dirección señalada, máxime que no tenía ninguna prohibición al
respecto. Aunado a lo anterior, el menor señaló que no recordaba haber recibido la
notificación para la fecha del debate, pero no se comprobó que no recibiera la citación de
marras, limitándose a indicar que no recordaba. Transcribe un extracto de la resolución
impugnada y rechaza el aval que brindó el ad quem a la justificación expuesta por el
menor de edad, a la luz de lo dispuesto en el ordinal 90 de la normativa procesal penal,
aunado a que no se tuvo por justificada la incomparecencia y el Juzgado Penal Juvenil, al
levantar la rebeldía, no anuló la resolución. Por último, agrega que la interpretación del
ad
quem perjudica los derechos de la víctima, dejándola sin respuesta ante hechos muy
graves y que no han prescrito, afectando los derechos constitucionales de la ofendida,
sumado al agravio causado a los intereses del Ministerio Público. En conclusión, resume
que en la resolución recurrida se incurrió en la errónea aplicación de los artículos 32 y 109
de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que debe anularse la resolución y ordenar el
reenvió de la causa. Como agravio, precisa que se afectaron los intereses punitivos del
Ministerio Público al dictar de forma errada la prescripción de la causa y de haberse
fundamentado adecuadamente, se habría concluido que el asunto no se encontraba
prescrito. Como pretensión, solicita declarar con lugar el motivo, ordenar la ineficacia de la
resolución y disponer el reenvío de la causa para resolver el recurso de apelación
presentado por la defensa técnica.
Tercer motivo:
Alega “Errónea aplicación del artículo 109 de la Ley de Justicia
Penal Juvenil”. Como antecedente, reitera que el menor de edad [Nombre 008]
fue
investigado por el Ministerio Público y acusado por el delito de homicidio simple en
tentativa, con base en hechos ocurridos el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis
(29/10/2016). El infractor, fue indagado ante el Juzgado Penal Juvenil del Segundo
Circuito Judicial de Alajuela, al ser las diez horas once minutos del tres de julio del dos mil
diecinueve (03/07/2019) y posteriormente, en específico el diecinueve de setiembre de
dos mil diecinueve (19/09/2019), se amplió la indagatoria. En las citadas diligencias, la
defensa aportó como domicilio para ser citado la localidad de [Valor 007], señalando que
las citas debían ser remitidas a dicha dirección donde habita su mamá. De seguido, el
Juzgado
Penal Juvenil envió una citación a la dirección apuntada, con el fin de celebrar el debate y,
pese a haber sido citado en dicha locación por medio de su papá, no concurrió al
llamamiento judicial. Posteriormente, mediante resolución 54-2021 de las siete horas
cuarenta y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021), el Juzgado
Penal Juvenil decretó la rebeldía del menor de edad, quien había sido citado a
comparecer el veintinueve de abril de dos mil veintiuno (29/04/2021). Precisa que en la
cita se consigna: “positivo, al ser las 13:51 horas del 22 de marzo del 2021, citado en la
dirección aportada, por medio de [Nombre 006]
, indicó ser el papá, por prevención ante
el Covid 19 no firmó, teléfono: [Valor 004]
” (folio 50 vuelto). El menor, se presentó al
despacho el cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), actualizó el
domicilio y afirmó no recordar haber recibido la citación, levantándose el dictado de la
rebeldía. Finalmente, se procedió a señalar como fecha para debate el veinte de octubre
de dos mil veintiuno (20/10/2021), ocasión en la que la defensa técnica propuso la
aplicación de la suspensión del proceso a prueba, gestión que fue rechazada por el
juzgador. Dicha negativa, fue apelada, señalando para la celebración de la vista las
catorce horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno (9/11/2021),
pero la diligencia fue dejada sin efecto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal
Juvenil, quien de oficio, dictó el sobreseimiento definitivo de la causa, considerando que la
rebeldía dictada no tenía validez en el plazo de suspensión de la acción penal, toda vez
que el menor de edad fue mal citado y la justificación que brindó, era razonable. Explica
que el recurso de casación, es el único medio por el cual es posible advertir y poner al
descubierto los agravios y explica que considerando la plataforma fáctica reseñada, el
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil determinó erróneamente que los hechos
se encontraban prescritos, lo que contraviene lo dispuesto en el ordinal 109 de la Ley de
Justicia Penal Juvenil, explicando que el razonamiento utilizado no se apega lo descrito en
la normativa en relación con el plazo de suspensión del proceso penal juvenil. Reseña que
los hechos denunciados acontecieron el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis
(29/10/2016), razón por la cual, en aplicación del ordinal de marras, el plazo de
prescripción es de cinco (5) años, teniendo como fecha el veintinueve de octubre de dos
mil veintiuno (29/10/2021). Sin embargo, en la causa se dictó la rebeldía del menor de
edad el cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021), misma que fue levantada el
cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021) de forma tal que la suspensión de la
acción penal es de dos meses y en consecuencia, la causa habría prescrito hasta el
veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno (29/12/2021). A pesar de ello, el ad quem
anuló dicha rebeldía de manera errada, con fundamentos ajenos a la realidad del
expediente y bajo presunciones, concretamente que la cédula de citación se entregó en un
domicilio distinto al del menor, a pesar que la cédula de citación fue remitida al domicilio
aportado por el infractor y se procedió de conformidad con la Ley de Notificaciones. Por
último, agrega que la interpretación del ad quem perjudica los derechos de la víctima,
dejándola sin respuesta ante hechos muy graves y que no han prescrito, afectando los
derechos constitucionales de la ofendida, sumado al agravio causado a los intereses del
Ministerio Público. En conclusión, resume que en la resolución recurrida se incurrió en la
errónea aplicación de los artículos 32 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que
debe anularse la sentencia y ordenar el reenvió de la causa. Como agravio, precisa que
se afectaron los intereses punitivos del Ministerio Público al dictar de forma errada la
prescripción de la causa y de haberse fundamentado adecuadamente, se habría concluido
que el asunto no se encontraba prescrito. Como pretensión, solicita declarar con lugar el
motivo, ordenar la ineficacia de la resolución y disponer el reenvío de la causa para
resolver el recurso de apelación presentado por la defensa técnica.
El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público debe ser declarado
con lugar. Debido a que los tres motivos del recurso de casación del Ministerio Público
giran en torno a un mismo tema, se procede a su resolución conjunta. La representación
fiscal estima que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil efectuó una errónea
aplicación de las normas procesales que regulan la rebeldía y la prescripción de la acción
penal dentro del proceso penal juvenil, lo que implicó que declarara la extinción de la
acción penal y ordenara el sobreseimiento definitivo de la causa, pese a que no había
operado la prescripción, misma que, para el delito de homicidio simple en grado de
tentativa es de cinco años. Varias consideraciones deben ser efectuadas a fin de resolver
la controversia que se plantea, según se detalla a continuación: i) Sobre la declaratoria
de rebeldía en el proceso penal juvenil. Lo primero a señalar es que la rebeldía es una
condición en que se coloca la persona imputada en un proceso penal, al alejarse de este,
sin que exista una causa que lo justifique. A diferencia de la ausencia, en que la persona
no conoce la existencia del proceso seguido en su contra o conociéndolo, no ha
comparecido al mismo; la rebeldía implica que ya se ha apersonado, se la ha intimado y,
por ello, ha adquirido el deber de sujetarse a este, lo que implica, entre otras obligaciones,
mantener su domicilio actualizado y acudir a los distintos llamados de las autoridades
judiciales. Sobre la rebeldía, la Ley de Justicia Penal Juvenil indica que: “Serán
declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no
comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar donde están
detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia. Comprobada la fuga o
la ausencia, se declarará la rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta
se incumple o no puede practicarse, se ordenará la captura y la detención del acusado.”
La norma describe tres distintas situaciones que posibilitan la declaratoria de rebeldía,
cuando no estén justificadas:
No atender una citación judicial;
La fuga del sitio de
detención y
Ausentarse del domicilio declarado ante las autoridades. La consecuencia
procesal que tiene aparejada esta condición es la suspensión del plazo de prescripción,
según lo prevé el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles:
“la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de prescripción de la acción penal por un
período que en ningún caso será superior a un año. Vencido ese período, la prescripción
seguirá corriendo, aunque el estado de rebeldía se mantenga.”. Ninguno de los dos
cuerpos normativos mencionados regula la forma en que el juez penal juvenil debe
declarar el cese de la condición de rebeldía, sin embargo, es evidente que, si esta se
dicta por el alejamiento de la persona imputada del proceso, cuando comparece
nuevamente, ese estado cesa y, en consecuencia, también los efectos que le son
intrínsecos. Ahora bien, de una aplicación supletoria del numeral 90 del Código Procesal
Penal, es posible colegir que la declaratoria de rebeldía no surtirá ningún efecto, cuando
exista una justificación de la persona imputada para incurrir en alguna de las situaciones
anteriormente descritas (incomparecencia, fuga o ausencia del domicilio), sin embargo,
no se trata de cualquier circunstancia, sino que necesariamente debe acreditarse un
impedimento grave y legítimo. Si este no se verifica, lo que corresponde es cesar la
condición de rebelde, pero no anular los efectos procesales que esta acarreó. ii)
Actuaciones y resoluciones de interés: Con el fin de conocer el contexto en que se
emite la presente resolución, se debe efectuar un recorrido por las diferentes actuaciones
de interés: a) El Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante
resolución de las diez horas treinta y uno minutos del diez de diciembre de dos mil veinte
(10/12/2020), convocó a las partes a juicio, el cual se fijó en las dos audiencias del día
veintinueve de abril de dos mil veintiuno (29/04/2021), iniciando a las nueve horas
(confrontar folios 277 a 278 expediente virtual). b) La referida autoridad jurisdiccional
expidió orden de citación dirigida a la persona menor de edad imputada [Nombre 008]
, al
domicilio señalado al momento de rendir su declaración, sea “[Valor 007]
. Teléfono:
[Valor 004])”. (confrontar folio 289 expediente virtual). c) Como resultado de la diligencia
de citación, el oficial Carlos Alberto Solís Hidalgo informó que el veintidós
de mayo de dos mil veintiuno (22/05/2021), a las 01:51:00 PM, obtuvo como resultado:
“Positivo” la citación, con el siguiente detalle: Citado en la dirección aportada, por medio
de [Nombre 006], indicó ser el papá, por prevención ante el COVID-19, no firmó el
recibido. Tel: [Valor 004]”
(confrontar folio 300 expediente virtual). d) Ante la
incomparecencia de la persona menor de edad, el Juzgado Penal Juvenil del Segundo
Circuito Judicial de Alajuela, en resolución denominada “Se declara rebeldía N. 54-2021
”,
de las siete horas cuarenta y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno
(05/05/2021), declaró la rebeldía de la persona menor de edad imputada y ordenó su
presentación por medio del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de que
justificara su inasistencia y se señalara una nueva fecha para debate (confrontar folio 307
expediente virtual). e) La indicada resolución fue notificada a la defensa técnica a las trece
horas treinta y tres minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021)
(confrontar folio 310 expediente virtual). f) En resolución de las siete horas treinta y dos
minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno (30/06/2021), el Juzgado Penal Juvenil del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, expidió una nueva orden al Organismo de
Investigación Judicial, para que llevara a cabo la presentación de la persona menor de
edad imputada en horas hábiles (confrontar folio 313 expediente virtual). g) La defensa
técnica fue notificada de esta última resolución, mediante acta de las siete horas treinta y
dos minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno (30/06/2021) (confrontar folio 316
expediente virtual). h) El cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), la persona menor
de edad imputada se presentó ante la autoridad jurisdiccional y manifestó lo siguiente:
“Deseo indicar que no recuerdo haber recibido alguna cita para el veintinueve de abril
del dos mil veintiuno. Actualmente estoy viviendo en [...]. Además se me puede localizar
a los teléfonos número [Valor 006] (de
mi hermana [Nombre 005]).- Es todo.-”
(confrontar folio 320). i) En resolución de las trece
horas cuarenta y dos minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021),
el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela levantó la rebeldía y
señaló el debate para las dos audiencias del día veinte de octubre de dos mil veintiuno
(20/10/2021) (confrontar folios 321 a 322 expediente virtual). j) Mediante informe
186-65-2021-RPD del diez de agosto de dos mil veintiuno (10/08/2021), el Lic. Nills Rojas
Jara, Sub Jefe de la Delegación Regional de San Carlos, informó que el veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno (24/06/2021), funcionarios de esa dependencia se presentaron
en la dirección aportada en la orden de presentación, siendo que, pese a ubicar el
inmueble, el imputado no se encontraba. Agregaron lo siguiente: “Se llamó al número de
teléfono [Valor 006] y se le indicó al señor
[Nombre 008] que debía presentarse a su
despacho, el mismo manifestó que se presentará por sus propios medios el día 05
de julio, también indicó que actualmente se encuentra viviendo en San Ramón de
Alajuela, desde hace cuatro años.” (confrontar folios 335 a 337 expediente virtual). k) En
la audiencia convocada para celebrar el debate, la defensa técnica y el imputado
propusieron como medida alterna la suspensión del proceso a prueba, misma que fue
rechazada por el juez penal juvenil en resolución de las nueve horas y cuarenta y siete
minutos del veinte de octubre de dos mil veintiuno (20/10/2021) (confrontar folios 361 a
362 expediente virtual). l) La defensa técnica interpuso recurso de apelación contra al
rechazo de la salida alterna (confrontar folios 374 a 380 expediente virtual). m) En
resolución 2021-0269, de las diez horas del cinco de noviembre de dos mil veintiuno
(05/11/2021), el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, de oficio declaró la
extinción de la acción penal por prescripción, bajo el siguiente fundamento: “Del estudio
del proceso se determina, por las razones que se expondrán más adelante, que tal y
como se tuvo por demostrado, la acción penal para perseguir los hechos investigados
se extinguió por prescripción, pronunciamiento que tal y como lo determina el numeral
42 del Código Procesal Penal, en su último párrafo (aplicable supletoriamente a la
materia penal juvenil), puede ser dispuesto de manera oficiosa. C) Extinción de la
acción penal . Los hechos acusados datan del 29 de octubre de 2016, resultan
configurativos de un delito de homicidio en grado de tentativa, cuyo plazo de
prescripción está establecido en 5 años (art. 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil).
Del examen del proceso se determina solamente el acaecimiento de un evento que
pudo haber tenido, pero que como se verá no fue así, injerencia en el cómputo de dicho
plazo de prescripción, consistente en la declaratoria de Rebeldía del 5 de mayo de
2021. En la respectiva resolución se argumentó que el joven había sido debidamente
citado y no se presentó al despacho el 29 de abril de 2021 (resolución de p. 307 del
expediente virtual). Dicha rebeldía fue levantada el 5 de julio de 2021 (resolución de p.
321 del expediente virtual), resolviendo la persona juzgadora que el joven imputado
había comparecido al despacho y justificado su ausencia. Efectivamente, la persona
imputada compareció al Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela el 5 de julio del año en curso y manifestó que no recordaba haber recibido
ninguna cita para el 29 de abril de 2021 y actualizó su domicilio. Revisada la
correspondiente orden de citación y la citación efectuada (pp.289 y 300 del expediente
virtual), se concluye que el Juzgado Penal Juvenil ordenó citar al joven para que
compareciera a juicio oral y público el día 29 de abril del año en curso a las 09:00 horas.
En la citación consta que el joven fue citado en la dirección aportada, para que
compareciera a juicio oral, por medio de su padre el señor [Nombre 006]
, quien de
acuerdo con las declaraciones rendidas por el encartado de pp. 174 a 177 y 221 a
223 del expediente virtual, no vive en la casa del joven, sino a la par y además, el joven
expresamente manifestó en ambas declaraciones que las citas se las dejaran con su
madre, la señora [Nombre 007] quien si vivía en su mismo domicilio. De lo anterior se
concluye que no solo la justificación de la inasistencia del joven al debate es
razonable, por no haber recibido citación alguna, sino que además la citación que se
efectuó se hizo en un lugar diferente y se le entregó a una persona que no correspondía
con la señalada por el joven imputado en las oportunidades que compareció a declarar.
D) Efectos de la justificación de inasistencia a una citación que motivó el dictado de
rebeldía. El último párrafo del numeral 90 del Código Procesal Penal, aplicable
supletoriamente a la materia penal juvenil, dispone que si el imputado, luego de
declarado rebelde se presenta y justifica su ausencia en virtud de un impedimento grave
y legítimo, la rebeldía será revocada y no producirá los efectos señalados en esa norma.
Lo anterior fue exactamente lo que sucedió en el caso concreto, en que la persona
juzgadora a quo tuvo por considerada la justificación de la inasistencia del joven al
debate, que había motivado la declaratoria de rebeldía, justificación que además
encuentra respaldo en las actuaciones supra analizadas, justificación que fue aceptada
por todas las partes al no cuestionar la resolución, de manera que debe partirse que la
declaratoria de rebeldía no cumplió sus efectos y como tal debe tenerse por no dictada,
lo cual impide que pueda valorarse una suspensión del plazo de prescripción, según lo
prevé el numeral 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles (al
respecto consultar LLOBET RODRÍGUEZ JAVIER. Derecho Penal Comentado, sexta
edición, San José Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2017, p. 229 y voto
86-2005 del 11 de febrero de 2005 de la Sala de Casación Penal). En consecuencia,
habiéndose cumplido el 29 de octubre de 2021 el plazo de prescripción de cinco años
correspondiente al delito de homicidio simple en grado de tentativa sin que se hubiese
suspendido o interrumpido, lo procedente es declarar extinguida por prescripción la
acción penal y con fundamento en los numerales 311, 312 y 313 del Código Procesal
Penal y 88 de la Ley de Justicia Penal Juvenil dictar a favor de E.M.P. sentencia de
sobreseimiento definitivo por el delito de homicidio simple en grado de tentativa que en
perjuicio de [Nombre 002] se le ha venido atribuyendo. Son las costas del proceso a
cargo del Estado.” (confrontar folios 401 a 406).
iii) Análisis del caso
concreto. Luego de la revisión de la normativa que el Ministerio Público considera
erróneamente aplicada, así como las diferentes resoluciones y actuaciones de interés
para el caso, esta Sala determina que la impugnación debe ser declarada con lugar. En el
fallo impugnado, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil consideró que la
declaratoria de rebeldía fue erróneamente emitida por parte de la autoridad jurisdiccional,
debido a que la citación a juicio fue entregada en un domicilio diferente al señalado por la
persona imputada. Sin embargo, la constancia consignada por el oficial Carlos Alberto
Solís Hidalgo, encargado de diligenciar la citación, claramente expresa que esta fue
entregada en la dirección aportada por la autoridad jurisdiccional, la cual justamente
coincide con la referida por la persona imputada en sus datos de identificación. El
funcionario encargado no refiere que el documento se haya entregado en un domicilio
diverso, como lo afirmaron los jueces de apelación, de manera que esta circunstancia es
una simple presunción, que no encuentra respaldo en la prueba. Ciertamente la citación no
fue recibida por el imputado o por su madre, como este solicitó en sus datos de
identificación, no obstante, fue recibida por su otro progenitor, sin que encuentre esta Sala
algún impedimento para que este recibiera el documento y lo hiciera llegar a su hijo,
máxime cuando este último en sus datos de identificación refirió tener una buena
comunicación con su progenitor. En virtud de lo anterior, no encuentra esta Cámara
razones para determinar que la citación haya sido erróneamente diligenciada por parte del
funcionario encargado. Con base en lo expuesto resulta evidente que el Juzgado Penal
Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, tenía plena facultad para dictar la
rebeldía en contra del imputado al no comparecer a la audiencia de debate. En cuanto a
esta última resolución véase que incluso la defensa técnica fue debidamente notificada y
no la impugnó, pese a los efectos procesales que acarreaba sobre la acción penal, de
manera que adquirió firmeza. Ahora bien, para la fecha en que el joven imputado
compareció ante la autoridad jurisdiccional manifestó dos circunstancias que merecen
especial atención: la primera es que no recordaba haber recibido la citación y la segunda
es que indicó residir en un sitio diverso al señalado en sus datos de identificación. De lo
indicado no es posible derivar un impedimento grave y legítimo que justificara su
incomparecencia a debate, toda vez que su manifestación resulta dubitativa, además que
claramente se desprende que existió un cambio de domicilio que no fue informado a la
autoridad jurisdiccional, pese a haber sido advertido de su deber de poner en
conocimiento cualquier variación en su lugar de residencia, en el plazo de veinticuatro
horas. Sobre esta última circunstancia véase que el joven le manifestó al funcionario del
Organismo de Investigación Judicial que lo contactó el día veinticuatro de junio de dos mil
veintiuno (24/06/2021), que ya no residía en la dirección aportada en su declaración, sino
que se encontraba viviendo en San Ramón de Alajuela y que tenía cuatro años de residir
en ese sitio, situación que formalmente comunicó al Juzgado Penal Juvenil hasta el día
cinco de julio de dos mil veintiuno (05/06/2021). A partir de lo expuesto esta Sala concluye
que la comparecencia del joven imputado al proceso ciertamente finalizaba su estado de
rebeldía y daba lugar al levantamiento de esa condición, pero no justificaba anular los
efectos de la declaratoria que previamente se había efectuado, toda vez que esta se
encontraba ajustada a derecho, por la incomparecencia injustificada a juicio, a lo que se
suma un cambio de domicilio que no fue comunicado de forma oportuna. Con base en lo
expuesto, es posible colegir que, para el momento en que el Tribunal de Apelación de
Sentencia Penal Juvenil dictó la extinción de la acción penal por prescripción, esta no
había operado. Véase que, según la pieza acusatoria, los hechos ocurrieron el veintinueve
de octubre de dos mil dieciséis (29/10/2016), oportunidad en que empezó a correr el
plazo de prescripción de cinco años, toda vez que, según la representación fiscal, los
hechos configuran un delito de homicidio simple en grado de tentativa. En ese sentido, la
Ley de Justicia Penal Juvenil dispone, en el artículo 109, que el plazo de prescripción de
los delitos contra la vida es de cinco años. Durante ese periodo, la única actuación que
tuvo incidencia sobre el conteo de la prescripción al suspenderla, fue la declaratoria de
rebeldía, misma que ocurrió el día cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021) y se
mantuvo hasta el cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), para un total de dos
meses. Lo anterior implica que los hechos habrían prescrito hasta el veintinueve de
diciembre de dos mil veintiuno (29/12/2021) y no el veintinueve de octubre de dos mil
veintiuno (29/10/2021), como erróneamente lo determinaron los jueces de apelación, de
manera que el dictado de la extinción penal efectuado el cinco de noviembre de dos mil
veintiuno (05/11/2021) resultó erróneo, por ser prematuro. Con base en lo expuesto, se
concluye que, tal y como lo reclamó la recurrente, la declaratoria de extinción de la acción
penal efectuada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil derivó de una
aplicación errónea de los institutos de la rebeldía y la prescripción, razón por la cual
corresponde declarar con lugar los tres motivos de casación. En consecuencia, se anula la
resolución 2021-0269, de las diez horas del cinco de noviembre de dos mil veintiuno
(05/11/2021), dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y se ordena
la inmediata remisión del expediente al indicado despacho judicial, para que se pronuncie
sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica.
Decisión final del tribunal
Por mayoría , se declara con lugar los tres motivos de casación interpuestos por el
Ministerio Público, en consecuencia, se anula la resolución 2021-0269, de las diez horas
del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Apelación de
Sentencia Penal Juvenil y se ordena la inmediata remisión del expediente al indicado
despacho judicial, para que se pronuncie sobre el recurso de apelación interpuesto por la
defensa técnica. Los Magistrados Zúñiga Morales y Segura Bonilla salvan el voto.
Notifíquese.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Gerardo Rubén Alfaro
V.
Sandra Eugenia Zúñiga
M.
Rafael Segura B.
Magistrado suplente
Cynthia Dumani S.
Magistrada suplente
Voto salvado de la Magistrada Zúñiga Morales y Magistrado Segura Bonilla
Los suscritos, Magistrada Sandra Zúñiga Morales y Magistrado Rafael Segura
Bonilla, respetando las consideraciones esbozadas en el voto de mayoría en relación con
los tres motivos interpuestos por la representante del Ministerio Público, nos apartamos de
estas y procedemos a declararlos sin lugar, por las razones que a continuación se
exponen. Como punto de partida, es indispensable establecer qué regulan las normas que
se alegan como inobservadas en los tres reclamos, los cuales son en concreto los
artículos 32 y 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y; 89 y 90 del Código Procesal Penal.
En relación con el numeral 32 supra señalado, este hace referencia a cuándo procede
dictar una rebeldía en material penal juvenil, siendo que establece lo siguiente: “
Serán
declarados rebeldes los menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no
comparezcan a la citación judicial, se fuguen del establecimiento o lugar donde están
detenidos o se ausenten del lugar asignado para su residencia. Comprobada la fuga o
la ausencia, se declarará la rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si esta
se incumple o no puede practicarse, se ordenará la captura y la detención del acusado.”.
Por su parte, el ordinal 109 de la misma ley sustantiva, indica los plazos de prescripción
de la acción penal en materia juvenil, siendo de interés el párrafo primero, que instituye la
prescripción en cinco (5) años en los delitos contra la vida, por cuanto la acción
jurídicamente relevante que se investiga en este expediente, corresponde a dicha tipología
de delitos. También establece esta regulación en su párrafo final que estos términos se
contarán a partir del día en que se cometió el delito o la contravención o desde el día en
que se decretó la suspensión del proceso. Importante establecer en esta misma línea de
ideas, que el artículo 30 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,
instaura en su párrafo primero que el dictado de la sentencia, aunque no esté firme,
interrumpe la prescripción de la acción penal y que en los delitos de acción pública y de
acción pública a instancia privada, la declaratoria de rebeldía suspende el plazo de
prescripción de la acción penal por un período que en ningún caso será superior a un año.
Normativa que si bien no fue mencionada como inobservada, resulta de interés en el
presente análisis a fin de clarificar los efectos de este instituto procesal en materia penal
juvenil y el plazo máximo que puede perdurar su declaratoria. En lo que respecta a las
enumeraciones 89 y 90 del Código Procesal Penal, estos igualmente regularizan el tópico
de la rebeldía en materia de adultos, su procedencia y efectos. Un segundo aspecto de
relevancia que se desarrollará en el voto de minoría son algunos principios rectores
que rigen en materia penal juvenil y que deben servir de ejes transversales y criterios de
interpretación de la normativa interna, aplicables a las personas menores de edad
infractores de la ley penal, tal cual lo sustenta el ordinal 8 de la propia Ley de Justicia
Penal Juvenil, que expresa: “Interpretación y aplicación. Esta ley deberá interpretarse y
aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios restaurativos, los
principios generales del derecho penal, del derecho procesal penal, la doctrina y la
normativa internacional en materia de menores. Todo ello en la forma que garantice
mejor los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados, las
convenciones y los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Costa
Rica. (Así reformado por el artículo 50 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de
julio del 2018)”. Entre los principios especiales de esta materia, se desarrollará:
a)
Principio de protección integral: que implica que personas menores de edad acusadas
de un delito, cuentan con todos los derechos de los que gozan los imputados mayores de
edad, más todos aquellos derechos especiales que regule la normativa nacional o
internacional. Esto significa que las personas menores de edad siempre podrán tener un
plus en sus derechos, pero nunca una disminución en relación con los adultos. Así se
establece en el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño: “
Nada de lo
dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto a
dicho Estado”. Al respecto, en la doctrina nacional se ha dicho:
“Se tienen los mismos
derechos garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos, más
derechos adicionales como consecuencia del principio de especialidad y educativo”
(Javier Llobet Rodríguez. La justicia penal juvenil en Costa Rica (1996-2017). En Derecho
Penal Juvenil: Experiencias y buenas prácticas. (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica
Continental, 2018) p. 35) y; b) Principio de interés superior del niño:
cuya regulación la
ubicamos a nivel internacional en el ordinal 3.1 de la Convención sobre los Derechos del
Niño: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”. A nivel nacional, tenemos que el numeral 5 del Código de la Niñez y
Adolescencia, estatuye parámetros para determinar cuál es el interés superior del menor
ante una situación específica. A partir de un análisis integral de dicho principio podemos
derivar que el principal obligado a tutelar el interés superior es el Estado, de ahí que toda
acción pública en relación con las personas menores de edad debe dirigirse a garantizar
el respeto a sus derechos, como sujetos que son. De manera tal, que los derechos
fundamentales de los menores son el núcleo duro del principio del interés superior, que
debe guiar su ejecución. En relación con su principal aplicación en el ámbito de la
administración de justicia, es la de servir de autocontención al Estado, cuando impone
medidas que afecten los derechos de la niñez y la adolescencia. Al respecto, la doctrina
ha indicado: “(…) En este sentido debe abandonarse cualquier interpretación
paternalista/autoritaria del interés superior; por el contrario, se debe armonizar la
utilización del interés superior del niño con una concepción de los derechos humanos
como facultades que permiten oponerse a los abusos del poder y superan el
paternalismo que ha sido tradicional para regular los temas relativos a la
infancia. […] se puede afirmar que el principio puede ser concebido como un límite al
paternalismo estatal y que puede orientar hacia soluciones no-autoritarias en aquellas
situaciones difíciles en las que el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una
regla compleja para la construcción de una decisión que proteja efectivamente los
derechos amenazados o vulnerados. […]
También debe establecerse que,
especialmente en el ámbito de las garantías frente al sistema de persecución de
infracciones a la ley penal, se restrinja absolutamente la posibilidad de aplicar medidas
en razón del "interés superior del niño" que puedan afectar su derecho a la libertad
personal o su integridad (…)” (Cillero, Miguel. Justicia y Derechos del Niño. “El interés
superior del niño en el marco de la Convención Internacional Sobre los Derechos del
Niño.” (1999). No.
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). Se infiere
entonces, que la aplicación conjunta de estos dos principios tiene como consecuencia
práctica el rechazo absoluto de interpretaciones normativas que se traduzcan en medidas
que resulten perjudiciales o impliquen un menoscabo a los derechos fundamentales de las
personas menores de edad. Ahora bien, corresponde realizar una breve reseña de los
antecedentes históricos de interés del caso
, con el propósito de conocer el contexto
en que se emite este
i) Los hechos investigados, que corresponden a un
delito de tentativa de homicidio, en perjuicio de [Nombre 002], tienen como fecha de
comisión el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis (29/10/2016) (ver p. 6 al
10 del expediente virtual). ii) Al menor de edad [Nombre 008] (acusado en este
expediente) se le tomó su declaración de hechos el tres de julio de dos mil diecinueve
(03/07/2019)
(Confrontar folios 174 al 177, del expediente virtual) en la que señaló que su domicilio
actual y en el que solicitaba fuera citado a través de su mamá, era: “
[Valor 007]. Solicito
que las citas me las dejen con mi mamá, ella vive en esa dirección.”. Asimismo,
estableció que su
papá se llamaba [Nombre 006], cuya dirección era:
“… [Valor 007]
“ (ver p. 174 y 175, del
expediente virtual). Esta información fue igualmente reiterada en la ampliación de
declaración de
hechos, llevada a cabo el diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve (19/09/2019)
(Confrontar folios 221 al 223, del expediente virtual). iii) El Juzgado Penal Juvenil del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, mediante resolución de las diez horas con treinta y
uno minutos (10:31 horas) del diez de diciembre de dos mil veinte (10/12/2020), convocó
a las partes a la realización de juicio oral y privado, el cual se fijó para el veintinueve de
abril de dos mil veintiuno (29/04/2021) (confrontar pág. 277 a 278, del expediente virtual).
iv) La referida autoridad jurisdiccional expidió orden de citación dirigida a la persona
menor de edad imputada [Nombre 008], al domicilio de “
[Valor 007]. Teléfono:
[Valor 004])”. (Ver pág. 289, del expediente virtual).
v) Como resultado de la diligencia de
citación, el oficial Carlos Alberto Solís Hidalgo informó que el veintidós de
marzo de dos mil veintiuno (22/03/2021) a las trece horas con cincuenta y un minutos
(13:51 pm) obtuvo como resultado: “Positivo”, con el siguiente detalle:
“CITADO EN LA
DIRECCIÓN APORTADA, POR MEDIO DE [Nombre 006]
, INDICÓ SER EL PAPÁ, POR
PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19, NO FIRMÓ EL
RECIBIDO. TEL: [Valor 004].”
(Confrontar folio 300, del expediente digital). vi)
Ante la
incomparecencia de la persona menor de edad, el Juzgado Penal Juvenil del Segundo
Circuito Judicial de Alajuela, en resolución denominada “Se declara rebeldía N. 54-2021”
,
de las siete horas cuarenta y tres minutos (07:43) del cinco de mayo de dos mil veintiuno
(05/05/2021), declaró la rebeldía de la persona menor de edad imputada y ordenó su
presentación por medio del Organismo de Investigación Judicial, con el fin de que
justificara su inasistencia y se señalara una nueva fecha para debate (constatable a folio
307, del expediente virtual). vii) El cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), la
persona menor de edad encausada se presentó ante la autoridad jurisdiccional
competente y manifestó lo siguiente: “Deseo indicar que no recuerdo haber recibido
alguna cita para el veintinueve de abril del dos mil veintiuno. Actualmente estoy
viviendo en [...]. Además se me puede localizar a los teléfonos número
[Valor 006] (de
mi hermana [Nombre 005]).- Es todo.-”
(cotejar pág. 320, del expediente virtual). viii)
Mediante auto de las trece horas con
cuarenta y dos minutos (13:42) del cinco de julio de dos mil veintiuno (05/07/2021), el
Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela levantó la rebeldía del
encartado y señaló el debate para las dos audiencias del día veinte de octubre de dos mil
veintiuno (20/10/2021), para lo cual indicó en lo que es de interés: “(…) En virtud que el
hjove (SIC) [Nombre 008] compareció a este Despacho, justificó ausencia y actualizó
domicilio, se levanta la rebeldía dictada en su contra mediante resolución de
las siete horas cuarenta y tres minutos del cinco de mayo del dos mil veintiuno(…)”
(Confrontar folios 321 y 322, del expediente virtual). ix) En la audiencia convocada para
celebrar el debate, la defensa técnica y el imputado propusieron como medida alterna la
suspensión del proceso a prueba, misma que fue rechazada por la jueza penal juvenil en
resolución de las nueve horas y cuarenta y siete minutos (9:47) del veinte de octubre de
dos mil veintiuno (20/10/2021). Asimismo, la juzgadora se inhibió para seguir conociendo
de este proceso y reprogramó la realización del juicio para las nueve horas (09:00) del
diez de noviembre de dos mil veintiuno (10/11/2021) (Confrontar pág. 361 y 362, del
expediente virtual). x) La defensa técnica interpuso recurso de apelación contra el rechazo
de la salida alterna antes indicada (cotejar páginas 374 a la 380, del expediente virtual).
xi) Mediante fallo n° 2021-0269, de las diez horas (10:00) del cinco de noviembre de dos
mil veintiuno (05/11/2021) el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, del
Segundo Circuito Judicial de San José, de oficio declaró la extinción de la acción penal
por haber operado el instituto de la prescripción (ver pág. 401 a la 406, del expediente
virtual). Una vez que se han abordado estas tres aristas esenciales, corresponde llevar a
cabo el análisis del caso concreto. En esta causa, consideramos quienes suscribimos
el voto de minoría que la acción penal se encuentra prescrita. Tal y como consta en el
expediente, el delito acusado se ejecutó el veintinueve de octubre de dos mil dieciséis
(29/10/2016), por lo que a partir de este momento comienza a correr el plazo de
prescripción, el que es de cinco (5) años, puesto que nos encontramos ante la
investigación de un delito contra la vida, por lo que este delito prescribiría el veintinueve de
octubre de dos mil veintiuno (29/10/2021) (art. 109 de la Ley de Justicia Penal Juvenil),
cuyo único evento que interrumpiría este plazo sería el dictado de la sentencia, aunque
esta no se encuentre firma, tal y cual lo indica el ordinal 30 de la Ley de Ejecución de las
Sanciones Penales Juveniles, antes referida. De lo anterior, se infiere que para cuando el
Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San
José, emitió el fallo 2021-0269, de las diez horas (10:00) del cinco de noviembre de dos
mil veintiuno (05/11/2021) en el que declara extinta la acción penal por haber acaecido el
instituto procesal de la prescripción, esta efectivamente se encontraba fenecida, ya que no
se había dictado sentencia alguna dentro de este proceso. Por su parte, se desea recalcar
que si bien en este caso el Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela, en resolución número 54-2021, de las siete horas cuarenta y tres minutos (07:43)
del cinco de mayo de dos mil veintiuno (05/05/2021), declaró la rebeldía de la persona
menor de edad imputada por no haberse presentado al juicio señalado para el veintinueve
de abril de dos mil veintiuno (29/04/2021) pese a existir una cita positiva de este
(Confrontar folio 307, del expediente virtual); la cual le fue levantada el cinco de julio de dos
mil veintiuno (05/07/2021), por cuanto la autoridad jurisdiccional del Juzgado Penal Juvenil
antes referido, tuvo por justificada la ausencia del menor de edad al juicio oral supra
indicado. Lo cierto es, que esa rebeldía nunca nació a la vida jurídica por cuanto fue
emitida con inobservancia de las normas procesales y constitucionales existentes. Véase
que el posible infractor de la ley penal, en las dos declaraciones de hechos realizadas en
este proceso, visibles en las páginas 174 a 177 y 221 a 223 del expediente virtual, dejó
claro el domicilio donde debía citársele, el cual compartía con su madre, de nombre
[Nombre 007], la cual era la persona autorizada para recibir las respectivas notificaciones.
Asimismo, instituyó que su padre [Nombre 006], no vivía con su persona, sino a la par de
su casa de habitación. No obstante, lo anterior, si se revisa
con detenimiento la citación a juicio que supuestamente fue entregada en la casa del
encausado, se tiene que esta fue recibida por el padre del mismo (Confrontar folio 300,
del expediente digital), de lo que se desprende que el menor de edad no fue citado en el
lugar establecido para dichos efectos, ni con la persona que manifestó se le debían dejar
sus citaciones, sino en la casa de la par. Es decir, la citación por la que se ordenó
posteriormente la rebeldía de la persona menor de edad acusada, presenta un vicio de
carácter absoluto, dado que se realizó en un lugar y a través de una persona que no
correspondía. En este sentido, es importante recordar que toda rebeldía tiene como
consecuencia el dictado de una orden de presentación o captura, de manera que los
defectos relacionados con ella implican necesariamente un quebranto al artículo 37 de la
Constitución Política, que consagra el derecho a la libertad ambulatoria y por lo tanto no
son convalidables. Esto significa que el error de los Tribunales en dictar la rebeldía
cuando el imputado tenía un legítimo impedimento para acudir al tribunal, como sucede en
el caso en que no tiene conocimiento de la existencia de un señalamiento, por ser
notificado o citado donde no correspondía, es un defecto que afecta garantías
constitucionales y convencionales, que no puede ser objeto de convalidación. Tal y como lo
establece al artículo 175 del Código Procesal Penal, no pueden tomarse en cuenta para
fundamentar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella los actos
cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones establecidas en la ley, y en
general, en el ordenamiento jurídico, salvo que el defecto haya sido saneado. Tal y como
se expuso arriba, los defectos relacionados con la libertad del imputado y la prescripción
no son saneables ni convalidables, pues implican violación a normas constitucionales. De
manera que para resolver el presente asunto, esta conformación minoritaria de
Magistrados, no podría tomar en cuenta a fin de suspender el plazo de prescripción de la
acción penal, un decreto de rebeldía dictado sin darse las condiciones legales para el
mismo, por lo que este es defectuoso y debe tenerse como inexistente, en aplicación de
los principios generales del debido proceso, libertad, legalidad y de los principios
especializados en materia penal juvenil de protección integral e interés superior del niño,
que implican un rechazo absoluto a interpretaciones normativas en perjuicio de dicho
grupo vulnerable y de sus derechos fundamentales. En consecuencia, se mantiene lo
dispuesto por el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito
Judicial de San José, mediante voto número 2021-0269, de las diez horas (10:00) del
cinco de noviembre de dos mil veintiuno (05/11/2021); siendo así lo procedente es el
dictado del correspondiente sobreseimiento definitivo, por haber operado la prescripción
de la acción penal juvenil.
Sandra Eugenia Zúñiga M. Rafael Segura B.
Magistrado suplente
(24-2/4-2-22)
Sleivaa