Resolución 00266-2021

1.-

Mediante sentencia N° 2020-0309 de las

dieciséis horas del veintiséis de

noviembre del dos mil veinte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil,

Sección Primera, Segundo Circuito Judicial de San José, resolvió: “

La licenciada Shirley Jaubert Solís, en su condición defensora pública de

la persona menor de edad acusada, [Nombre 001], formula recurso de casación en contra

de la sentencia N° 2020-0309, de las 16 horas, del 26 de noviembre de 2020,

dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito

Judicial de San José, Sección Primera, mediante la cual fueron declarados sin lugar los

recursos de apelación de sentencia formulados, tanto por la defensa, como por el

Ministerio Público, en contra de la sentencia condenatoria N° 2020-0183, de las 16 horas,

del 21 de setiembre de 2020, dictada por el Juzgado Penal Juvenil de Heredia. Mediante

aquel fallo de primera instancia, se impuso a la persona menor imputada la sanción de

doce años de internamiento directo en centro especializado por el delito de homicidio

calificado cometido en perjuicio de [Nombre 004].

En sentencia N° 2021-000154, de las 11 horas, 39 minutos, del 17 de febrero de

2021, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio de fondo la

totalidad del recurso de casación interpuesto por la licenciada Shirley Jaubert Solís,

defensora pública. Por la forma en la cual se emite la decisión, esta Cámara procede a

alterar el orden de resolución de los motivos.

En su segundo motivo de casación, la defensora pública de la persona menor

de edad imputada reclama la errónea interpretación de los preceptos legales que

regulan la prueba en apelación de sentencia, específicamente los artículos 462,

párrafo tercero, y 464, párrafo cuarto, ambos del Código Procesal Penal. Luego de

transcribir el párrafo tercero del artículo 462 del Código de rito, indica que, si bien una

simple lectura de la norma pareciera sugerir que el tribunal de apelación de sentencia

tiene la potestad de ordenar de oficio cualquier prueba en la fase de impugnación, dicha

interpretación dejaría de lado lo regulado en el párrafo cuarto ibid

. Considera que el

numeral 462 tiene que integrarse a los supuestos establecidos en el ordinal 464 y, más

importante aún, al principio de imparcialidad. Aduce que si el tribunal de alzada consideró

necesario ordenar de oficio un informe a la Sección Especializada contra el Cibercrimen

(según resolución N° 2020-0300, de las 13 horas, del 17 de noviembre de 2020), aún y

cuando esta actuación tuviese relación con los agravios acusados por las partes, debía

tratarse de prueba rechazada arbitrariamente, lo cual no ocurre en el presente asunto. La

impugnante sostiene que debe tenerse en consideración que dicho elemento probatorio

no solo no fue rechazado a ninguna de las partes, ni antes, ni durante el contradictorio,

sino que tampoco se trataba de prueba que no hubiese podido ser gestionada por los

interesados en su debido momento, pues el Ministerio Público pudo haberla solicitado

desde el momento en el cual la defensa planteó cuestionamientos relativos a la cadena de

custodia de la evidencia. Agrega que tal probanza no constituye un elemento novedoso,

pues desde el mismo momento en que se ordenó la apertura de la evidencia y se extrajo

la información del teléfono celular en cuestión, pudo haberse ordenado a los expertos

rendir el informe respectivo sobre la integridad y pureza de la información extraída. En

consideración de la impugnante, este vicio ocasiona un agravio irreparable a su

patrocinada, pues al omitirse la aplicación correcta de los artículos 462, párrafo tercero, y

464, párrafo cuarto, del Código Procesal Penal, en concordancia con el principio de

imparcialidad tutelado por el numeral 6 ibid, “…

no se debía admitir y ordenar prueba de

oficio no contemplada en los supuestos legales previamente indicados, véase que si se

hace supresión hipotética de la prueba supra indicada incorporada de oficio de forma

ilegítima es probable que el Tribunal no hubiese llegado a la misma conclusión con

respecto a la esencialidad del agravio expuesto por la defensa en el recurso de

apelación en relación con la ruptura de la cadena de custodia de la evidencia

cuestionada” (cfr. folio 802 vuelto). Solicita declarar ilegítima la prueba ordenada de oficio

en fase de impugnación, por no tratarse de prueba novedosa y disponer el reenvío para

nueva sustanciación sobre los motivos de apelación ante el Tribunal respectivo. Además,

solicita el cese de la medida cautelar de detención provisional. El motivo debe ser

declarado sin lugar. El eje alrededor del cual descansa el segundo reclamo formulado

por la defensa pública de la joven acusada, tiene que ver con lo que -desde su

perspectiva- fue la vulneración por parte del tribunal de apelación de sentencia de los

ordinales 462 y 464 del Código Procesal Penal. En concreto, reprocha que, de previo a

conocer el fondo de los recursos de apelación de sentencia formulados en contra de la

sentencia de primera instancia, el ad quem procuró prueba de oficio. Para la casacionista,

tal actitud proactiva por parte del órgano jurisdiccional de alzada, se afincó en una

interpretación errada de las normas adjetivas antes indicadas lo cual, en todo caso,

lesionó también el deber de imparcialidad que le era exigible a las personas juzgadoras.

Como punto de partida, esta Cámara advierte que en el presente asunto el Juzgado Penal

Juvenil de Heredia emitió fallo condenatorio N° 283-2020, de las 16 horas, del 21 de

setiembre de 2020, el cual halló a la persona menor de edad imputada, [Nombre 001]

,

autora responsable de un delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de [Nombre

004], y le impuso la sanción de internamiento en centro especializado por el plazo de doce

años, sin conceder beneficio alguno. En contra de dicha resolución,

formularon recurso de apelación de sentencia tanto la joven imputada, como su defensora

pública (cfr. escritos visibles, respectivamente, a folios 646 y 669). Un común denominador

a ambas impugnaciones reside en el hecho de que esbozaron un reproche relativo al

quebranto a la cadena de custodia de la evidencia, pues alegaron que el teléfono celular

decomisado a la persona menor de edad imputada sufría un desperfecto técnico (daño en

el puerto de carga de la batería), el cual fue solucionado gracias a la reparación que, de

manera privada y desprovista de control jurisdiccional, encargó el Ministerio Público a un

taller particular. Así, la defensora pública reclamó en sede de apelación: “

En el presente

caso dicha ruptura de la cadena de custodia con respecto al celular que supuestamente

pertenecía a la joven acusada, es producto de la inobservancia de un derecho

fundamental como lo es la participación y control por parte de la defensa en los actos

procesales o diligencias que tienen relación con la incorporación de elementos

probatorios. Es necesario recordar que el examen de la evidencia supra indicada quedó

suspendida (sic) porque los peritos no contaban con el equipo necesario para reparar el

celular, es por ello que dicha reparación y manipulación de la evidencia debemos

considerarla parte de la labor de los peritos o técnicos expertos, no así de terceras

personas ajenas a la investigación como lamentablemente ocurrió en el presente

proceso. (…) El respeto de la normativa indicada hubiese permitido hacer ver a la

persona juzgadora que era indebido e irregular facilitar la evidencia supra indicada a

una persona que no se acreditó en los autos que fuera técnico experto e imparcial para

manipular ese tipo de evidencia, lo cual derivó en una ruptura ilegítima y no autorizada

por el órgano competente de la cadena de custodia, lo que a su vez conllevó que no

pueda garantizarse la pureza e identidad de la evidencia examinada por los peritos

informáticos con respecto a la evidencia hallada en el domicilio de la persona imputada

[Nombre 001]” (cfr. recurso de apelación de sentencia de la defensa pública, folios 674 y

675). Con vista en lo anterior, el tribunal de alzada, integrado por Helena Ulloa Ramírez,

Flory Chaves Zárate, y Erick Alonso Calvo Rojas, emitió la resolución N° 2020-300, de las

13 horas, del 17 de noviembre de 2020 (cfr. folio 722). En dicho auto, declaró admisibles

la totalidad de los recursos de apelación de sentencia incoados, y manifestó que,

atendiendo a los reclamos formulados por la defensa pública en el primer motivo de su

recurso, y por la joven acusada, en la impugnación presentada en ejercicio de su defensa

material, era imperativo ordenar a la Sección Especializada contra el Cibercrimen, del

Organismo de Investigación Judicial, que emitiese un informe en el cual aclarase si, tras el

decomiso y posterior reparación del puerto de carga del teléfono celular, los registros

contenidos en el dispositivo conservaban su originalidad. En concreto, se consignó: “

Se

ha considerado necesario hacer esta reseña, con la finalidad de que los profesionales

de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, informen a esta Cámara si,

conforme el estado descrito del aparato al momento del decomiso y su posterior

reparación, al momento de extraer la información, existe alguna evidencia que indique

que el contenido de la información almacenada en el dispositivo podría haber sido

alterada, sustituida o modificada en el proceso de extracción de la información una vez

reparado el puerto de carga. Se hace ver que la información extraída procede de la

aplicación de mensajería de Whatsapp y del registro de videos y mensajes de voz

asociados a dicha plataforma. Debe indicarse si puede o no afirmarse que tales

registros conservan su originalidad en el soporte que los contiene pese a que el aparato

hubiera sido reparado. Esta información es de esencial relevancia para resolver los

recursos de apelación de sentencia interpuestos en esta causa…” (cfr. folios 722 vuelto y

723 frente). Finalmente, se observa que las personas juzgadoras fundamentaron esta

resolución en las competencias conferidas por los numerales 8.2.h) de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; 462 y 464 del Código Procesal Penal (aplicables al

proceso penal juvenil, conforme el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). Sobre la

legitimidad de la actuación jurisdiccional al ordenar prueba de oficio. La petente

estima que, en el sub lite, se han transgredido las normas contenidas en el párrafo tercero

del artículo 462, así como en el párra

fo cuarto del ordinal 464, ambas de la ordenanza

procesal penal. Una vez examinados con atención los argumentos esgrimidos, este

colegio jurisdiccional no determina la presencia de ningún yerro in procedendo

, pues lo

cierto es que el órgano jurisdiccional de apelación de sentencia penal juvenil encuadró su

actuación dentro de un conjunto de competencias atribuidas por el legislador. En primer

término, el artículo 462 del Código Procesal Penal estatuye: “El tribunal de apelación de

sentencia podrá declarar inadmisible el recurso, si estima que la resolución no es

recurrible, que el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea o que la parte no

tiene el derecho de recurrir, en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al

tribunal de origen.  Si el recurso es admisible, el tribunal lo sustanciará y se pronunciará

sobre el fondo, aun cuando estime que en su redacción existen defectos.  Si considera

que estos le impiden, en forma absoluta, conocer del reclamo, le prevendrá a la parte su

corrección conforme al artículo 15 de este Código, puntualizándole los aspectos que

deben aclararse y corregirse.  Si los defectos no son corregidos, declarará su

inadmisibilidad.  Si el recurso es admisible, el tribunal convocará, cuando

corresponda, a audiencia oral y pública, admitirá la prueba pertinente y útil para la

comprobación de los agravios acusados.  De igual manera, ordenará traer de oficio

la prueba que para los mismos propósitos estime necesaria.  En esta audiencia,

según los puntos de inconformidad de las partes, se reexaminarán los actos previos y

posteriores al debate, los registros de los actos realizados durante el juicio, los registros

de la sentencia, y se evacuará la prueba admitida.  Durante esta audiencia se dará

oportunidad al recurrente y a las partes para exponer y argumentar acerca de los

extremos de la apelación.  En cualquier caso, el tribunal que constate el quebranto a un

derecho fundamental de las partes involucradas podrá decretarlo de oficio.” (el

destacado no corresponde al original). Una interpretación de la norma procesal permite

colegir que cada párrafo que la integra regula tópicos que, si bien se hallan relacionados

entre sí, son diversos. Así, el párrafo primero estipula los supuestos de inadmisibilidad del

recurso de apelación de sentencia; mientras que el párrafo segundo dictamina la

posibilidad de prevenir a las partes para la corrección de los defectos formales, así como

la sustanciación que es concomitante a la declaratoria de admisibilidad. Finalmente, el

apartado tercero (cuya inobservancia se reclama) posee una estructura más compleja.

Desde la óptica de la hermenéutica, es evidente que en su construcción semántica, el

texto se compone de un condicional (“si el recurso es admisible…”), así como de una

serie de consecuencias jurídicas que se siguen a aquella consideración primaria de

admisibilidad. De tal suerte, se enlistan las siguientes alternativas: (i) la convocatoria a una

audiencia oral y pública, si ello corresponde; (ii) la admisión de la prueba útil y pertinente

para la comprobación de los agravios acusados; y (iii) la orden de allegar prueba de oficio

para los mismos propósitos indicados en el punto anterior. Es decir; el legislador ha

deslindado dos facultades: la admisión de prueba (que debe ser entendida como aquella

requerida por las partes), y la gestión de prueba de manera oficiosa. De otro lado, el

artículo 464 del Código Procesal Penal, cuyo epígrafe reza “prueba en apelación de

sentencia” establece: “En orden al examen integral del juicio o del fallo emitido por el

tribunal de juicio, mediante el recurso de apelación de sentencia, el tribunal, a petición

de parte, tendrá la facultad de examinar los registros de las pruebas producidas en el

juicio, siempre y cuando sea necesario, pertinente y útil para los fines de la apelación, el

objeto de la causa o para la constatación de un agravio.  De igual forma se procederá

respecto de las manifestaciones del imputado.  En caso de pruebas testimoniales se

examinarán los registros del debate o la prueba y, si hay alguna duda sobre el alcance

de las manifestaciones de algún testigo o perito, por excepción, podrá recibir

directamente su deposición o informe en audiencia oral, pública y contradictoria, en la

que se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las disposiciones que regulan el debate

en la fase de juicio.  La parte recurrente podrá ofrecer, en el escrito de interposición del

recurso, pruebas nuevas sobre los hechos objeto del proceso o sobre la forma en que

fue realizado un acto, cuando se contradiga lo señalado en las actuaciones, en el acta,

en los registros del debate o la propia sentencia.  El tribunal aceptará como nueva

solo la prueba ofrecida en su oportunidad pero que sea arbitrariamente rechazada,

la que aparezca como novedosa con posterioridad a la sentencia y aquella que,

aunque existiendo previamente, no estuvo en posibilidad efectiva de ser ofrecida

por el interesado en su momento.  El tribunal de apelación de sentencia podrá

auxiliarse, en todo caso, de los sistemas de documentación a su alcance, sean las actas

escritas, la grabación fónica o la videograbación, para facilitar el control de lo ocurrido

en el tribunal de sentencia, evitándose en lo posible repeticiones innecesarias.  Cuando

la prueba sea evacuada oralmente, los jueces que la hayan recibido deberán integrar el

tribunal en el momento de la decisión final.”´(El destacado no corresponde al original).

Nuevamente, tras una exégesis orientada por el método literal-gramatical, resulta palmario

que las hipótesis abordadas por el legislador en este precepto se restringen con

exclusividad a aquellos casos en donde ha habido una gestión expresa de algún

interviniente. Nótese que la norma parte de la premisa de que son los sujetos procesales

quienes realizan las gestiones vinculadas con la producción y valoración de prueba en

segunda instancia. En consonancia con lo anterior, el párrafo cuarto del numeral 464 inicia

indicando: “El tribunal aceptará como nueva la prueba…”; es decir, se está aquí ante una

hipótesis en donde es alguno de los sujetos procesales quien promueve una solicitud al

tribunal. Razonar como lo hace la casacionista conduce al absurdo de que el tribunal de

apelación de sentencia tendría que desplegar un ofrecimiento ante sí mismo;

razonamiento que además estaría supeditado a que la prueba le hubiere sido rechazada

en fases previas (en donde, naturalmente, no había tenido participación), que aparezca

como novedosa, o bien, que existiendo previamente, no pudo ser ofrecida por el

interesado (por definición, la mención al interesado excluye a la figura del juez, quien es un

órgano desinteresado e imparcial). De este modo, se concluye que el ad quem

al

gestionar evidencia novedosa mediante resolución N° 2020-0300, de las 13 horas, del 17

de noviembre de 2020, evidencia que además fue valorada en la resolución en contra la

cual se ha incoado recurso de casación penal, enmarcó su actuación dentro de los

contornos de la norma contenida en el artículo 462 del Código Procesal Penal, de manera

que no se detecta yerro alguno que deba ser declarado en esta sede. La casacionista, en

realidad, asume una interpretación que se aparta no solamente de la letra de la ley, sino

también de los fines que la orientan; los cuales se inscriben dentro del contexto más

amplio atinente al examen integral del fallo de mérito; tarea encomendada por el

ordenamiento jurídico a los tribunales de apelación de sentencia. Lo anterior, en aras de

satisfacer la garantía convencional estatuida en el ordinal 8.2.h) de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos. En este orden de ideas, el legislador costarricense

ha estatuido un proceso penal dividido en etapas, dentro del cual la etapa de impugnación

se halla bifurcada en dos, previéndose una fase ordinaria y otra

extraordinaria. La

primera, materializada a través del recurso de apelación de sentencia, ostenta un carácter

informal y faculta al tribunal que conoce en alzada para realizar un análisis exhaustivo y

amplio, tanto del desarrollo del juicio, como del fallo emitido en primera instancia. Tal y

como se analizó líneas atrás, dispensa al órgano jurisdiccional de alzada amplios

poderes, no solo para descender al plano de la valoración probatoria (pues puede

reexaminar el elenco de probanzas que sirvió de base al fallo del a quo), sino también

para ordenar: “traer de oficio la prueba que para los mismos propósitos

[se refiere a la

comprobación de los agravio causados] estime necesaria” (ordinal 462 del Código de

rito). La segunda, encarnada por el recurso de casación penal, se distingue por la

formalidad que debe observarse en la confección del libelo impugnaticio, así como por la

restricción de su conocimiento a dos hipótesis en concreto (la existencia de precedentes

contradictorios entre pronunciamientos de los Tribunales de Apelación de Sentencia, o

bien, entre estos en relación con la doctrina emanada de los fallos de la Sala de Casación

Penal; y la errónea aplicación de un precepto legal, ya sea de orden sustantivo o

procesal). Consecuencia de lo anterior, el colegio jurisdiccional de casación se halla

limitado al conocimiento de los aspectos que le son expresamente planteados y,

naturalmente, está vedado para incursionar en cuestiones de naturaleza probatoria, ya sea

solicitando prueba, o bien, valorando la que previamente apreciaron los tribunales de juicio

y de apelación. Es importante destacar que la accionante ha sustentado su particular

interpretación de los preceptos procesales en el deber de imparcialidad del juzgador. A

ello debe replicarse que la disposición de una sede de apelación de sentencia amplia,

dentro de la cual se ha previsto la posibilidad de allegar prueba de oficio, no riñe con el

principio de imparcialidad. Lo anterior, en el tanto tal facultad sea ejercida con la debida

prudencia; es decir, sin usurparse los roles del órgano acusador. La propia Corte

Interamericana de Derechos Humanos indicó en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica

(sentencia de 2 de julio de 2004): “169. …La Corte ha expresado que toda persona

sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con

la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento

legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.” Es

decir; para el tribunal interamericano, la imparcialidad debe vislumbrarse no solamente a

través del prisma de la objetividad con la cual el juez se aproxima a la causa, sino también

desde su sujeción a los términos de un procedimiento legalmente previsto. Como se ha

expresado ya, en el caso del proceso penal juvenil, en donde resultan de aplicación los

ordinales 462 y 464 del Código Procesal Penal, la gestión para procurar prueba de oficio

se halla comprendida dentro del “…procedimiento legalmente previsto

”. A mayor

abundamiento, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente de

cita recalcó que: “163. El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso

interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las

garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso

penal de conformidad con los principios que lo rigen.” De este modo, el derecho de la

víctima a la verdad de lo ocurrido en relación con la violación de sus derechos

fundamentales (en el caso concreto, la vida, cegada a manos de sujetos particulares) se

erige también en un derecho cuya tutela corresponde al Estado. Sobre el particular, se ha

dicho: “La investigación de los hechos, satisface el derecho a la verdad que tiene toda

víctima. La imposición de una pena al culpable de lo sucedido no sólo afirma y

comunica a la sociedad la vigencia de la norma transgredida, según las ideas más

corrientes de la prevención general positiva, sino que también posee un inequívoco

sentido reparador para la víctima y/o sus familiares. En efecto, la violación de todo

derecho humano supone una afrenta a la dignidad y respeto que merece todo ser

humano como tal, por ello la aplicación de una pena a quien cometió el hecho,

reestablece la dignidad y la estima de la víctima frente a sí misma y a la comunidad.”

(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de

18 de setiembre de 2003). A modo de epílogo, es importante destacar que desde un

punto de vista teórico, la cuestión acerca de la facultad de los tribunales para allegar

prueba a los procesos jurisdiccionales por voluntad propia es, cuando menos, espinosa.

Algunos sostienen que el modelo acusatorio puro, caracterizado por asignar al juzgador un

rol pasivo (en donde resulta inviable tal facultad), guarda mayor afinidad con los principios

y valores democráticos. No obstante lo anterior, lo cierto es que dicho modelo no es el que

ha sido consagrado en el ordenamiento procesal penal juvenil costarricense, modelo que,

al encontrarse profundamente determinado por las formas previstas en la legislación

procesal de adultos (en virtud de la remisión expresa que realiza el ordinal 9 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil), asume los rasgos de un sistema mixto reformado, o

marcadamente acusatorio. Por lo demás, los sistemas procesales, tradicionalmente

agrupados bajo la tríada inquisitivo,

mixto y acusatorio

, rara vez se exhiben en sus formas

puras, siendo lo más frecuente la superposición de los rasgos distintivos de uno y otro.

Como bien lo ha señalado esta Cámara en el pasado: “1) Es necesario distinguir lo que

significa aplicar un modelo acusatorio de lo que significa dar vigencia al principio

acusatorio en un sistema procesal concreto.

Un modelo es una idea o patrón por

alcanzar, que cumple la función de referente en las actividades intelectuales,

metodológicas, de diseño y de prácticas reales. Las actividades intelectuales,

metodológicas, de diseño y de prácticas se desarrollan en el plano de la realidad

material. Un modelo existe en el plano de las ideas.

Cuando se dice que hay que

ajustarse al modelo acusatorio, es necesario indicar a cuál modelo y explicar las

razones por las que se estima que ese debe ser el modelo. Así, por ejemplo, no es lo

mismo el modelo a seguir en un sistema con jurados, que el modelo con jueces

escabinos o con jueces profesionales. No es lo mismo el modelo a aplicar en una

materia que se litigue sin abogados que una que se litigue con abogados. No era el

mismo el modelo a aplicar en Atenas de la Grecia antigua con participación directa de

sus ciudadanos que el modelo a aplicar en el período de la República Romana o del

Imperio.

No existe en la realidad material un sistema con diseño ni prácticas

absolutamente ajustadas a un modelo acusatorio. Por ello se dice que no existe en el

mundo real un sistema absolutamente acusatorio. Existen sistemas más o menos

acusatorios. De hecho, ha existido una retroalimentación de los sistemas jurídicos

existentes a nivel global (Ver en este sentido DAMASKA (Mirjan). Las Caras de la

Justicia y el Poder del Estado, Yale University, 1986.)

Distinta es la afirmación sobre

la necesidad de dar vigencia al principio acusatorio. Esta es una afirmación más sólida

desde el punto de vista intelectual, porque nos permite explicar las razones por las

cuales optamos por una u otra práctica o interpretación legal con base en el acusatorio”

(Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 2013-01489, de las 10

horas, 52 minutos, del 11 de octubre de 2013. Integrada por Chinchilla, Ramírez, Pereira,

Arias y Gómez). Así las cosas, no vislumbrándose yerro alguno en la aplicación que de los

numerales 462 y 464 del Código Procesal Penal, hiciera el Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil, procede declarar sin lugar el segundo motivo de casación

incoado por la defensa técnica de la persona menor de edad acusada.

En su primer motivo de casación, la defensora pública reprocha la

violación

al debido proceso por inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal

.

Arguye que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil inobservó el numeral 175

del Código de rito, toda vez que reconoció que hubo una custodia y manipulación irregular

de evidencia esencial que integró el acervo probatorio, específicamente el teléfono celular

marca Samsung modelo S6, EDGE, el cual fue secuestrado dentro del domicilio de la

persona menor imputada, y pese a ello, legitimó la información extraída de dicha

evidencia, la cual considera como prueba espuria. Explica que la actuación irregular

consistió en que el Ministerio Público ordenó reparar el mencionado aparato en el taller

“Mobile Game”, en Heredia, sin contar con autorización judicial, ni previo aviso a la

defensa o al Juzgado, diligencia que además fue realizada por un técnico judicial de la

Fiscalía Penal Juvenil, todo ello en contra de lo dispuesto en los numerales 20 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil y 292 del Código Procesal Penal, en cuanto a la participación de la

defensa durante los actos probatorios. La recurrente realiza una transcripción parcial de lo

resuelto por el tribunal de apelación y señala que los juzgadores de alzada admitieron

claramente que se produjo una ruptura en la cadena de custodia de dicha evidencia,

puesto que existió una manipulación sin autorización jurisdiccional, desprovista de

registro, e inclusive hubo documentación sobre la reparación del dispositivo que se

mantuvo oculta al juzgado y a las partes. La impugnante hace ver que el manejo de la

cadena de custodia de la evidencia fue cuestionado, pues dicho teléfono contenía

información privada de la persona menor imputada, la cual es protegida por normativa

constitucional y convencional, de modo que su errónea manipulación por parte del

Ministerio Público puso en riesgo no solo la investigación, sino también la legitimidad de

la prueba. A su juicio, el tribunal de apelación estaba en la obligación de aplicar lo

establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, precepto que señala que no

pueden ser valorados para fundar una decisión los actos cumplidos con inobservancia de

las formas establecidas en la Constitución, Derecho Internacional y Comunitario. Aduce

que, al reconocerse en la resolución impugnada que el Ministerio Público no podía

disponer libremente de la evidencia para su reparación en un taller ajeno al Poder Judicial,

sino que dicho actuar requería autorización jurisdiccional, resulta lógico concluir que, al

amparo del artículo 175 ibid, la información extraída de esa evidencia era espuria y, por

tanto, no debió ser valorada, pues fue manipulada sin autorización jurisdiccional, a

espaldas de la defensa, y prescindiendo de la presencia de un representante del

Ministerio Público, por lo que califica dicho acto como contrario a las garantías estipuladas

en la normativa procesal y en el Derecho de la Constitución. La defensa estima que el

propio tribunal tuvo dudas sobre el riesgo que representó la manipulación de la evidencia,

respecto de la integridad del contenido de la información respaldada en el teléfono celular,

y por ende, la intimidad de la persona menor imputada, y por ello, solicitó a la Sección

Especializada contra el Cibercrimen un informe, en donde ni siquiera el mismo jefe de

dicha sección, Erick Lewis Hernández, pudo asegurar con certeza que fuere imposible

tener acceso al contenido del teléfono celular de la persona menor acusada, al señalar

este funcionario: “Es decir, es casi imposible realizar el desbloqueo de un dispositivo sin

conocer su código de seguridad o sin hacer uso de una herramienta forense como el

UFED”. La recurrente señala que lo resuelto le causa un

agravio irreparable a su

defendida, pues se omitió la aplicación de la normativa supra indicada, no debiéndose

haber valorado la información obtenida de dicha evidencia. Acota que si se hace

supresión hipotética de tal prueba, el resultado del proceso sería otro, pues se trataba de

prueba esencial sin la cual no se podría arribar a la conclusión de que su patrocinada

tuviere participación en el delito de homicidio calificado. Solicita declarar espuria la

prueba y, por ende, la ineficacia de la sentencia impugnada, y ordenar un reenvío para

nueva sustanciación sobre la culpabilidad de su patrocinada. El motivo debe ser

declarado sin lugar. El tema propuesto en el primer motivo de casación incoado por la

defensa técnica de la persona menor de edad acusada, alude a uno de los tópicos en

donde el derecho de la Constitución y el derecho procesal penal confluyen con mayor

vigor. Ciertamente, es nota distintiva del Estado de Derecho entrañar una

constitucionalización del proceso penal, lo cual quiere decir que en la investigación y

juzgamiento de una persona, el ente estatal se halla restringido por el principio de

interdicción de la arbitrariedad; según el cual, en el ejercicio del ius puniendi

existe un

conjunto de límites infranqueables dispuestos para la tutela de los derechos de la persona,

derechos cuya positivización emana del texto constitucional, así como de normativa de

orden internacional prevista en tratados, y en general, en instrumentos del derecho

internacional de los derechos humanos. Puesto en términos llanos, si bien en la

persecución penal la reconstrucción del hecho histórico y la averiguación de la verdad real

son objetivos expresamente declarados (en este sentido, el artículo 180 del Código

Procesal Penal establece: “El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de

procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos,

cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la

investigación”), en su consecución no es admisible echar mano de cualquier técnica o

medio. En materia penal juvenil, la Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución N° 44/25, del 20 de

noviembre de 1989, e incorporada al orden jurídico nacional mediante ley N° 7184, vigente

desde el 09 de agosto de 1990, consagra una serie de derechos y garantías cuya

observancia en el ámbito penal juvenil se impone como una obligación dirigida a los

Estados. Así, dispone el legislador convencional en el artículo 40, acápite primero: “

Los

Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido

las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a

ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que

fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales

de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de

promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la

sociedad…”. Es decir, el fomento de la dignidad humana del niño o niña sujeto a proceso

penal se vislumbra como un referente axiológico que debe ser respetado por todas

aquellas agencias policiales y judiciales que intervienen en el proceso. Es precisamente

en el marco de esta visión humanista de la cuestión penal, que se inscribe el tema que

aquí se conoce: la cadena de custodia de la evidencia, misma que ha sido definida por

esta Cámara como el: “…procedimiento controlado que se aplica a los indicios

materiales relacionados con el delito, desde su decomiso hasta su valoración por los

encargados de administrar justicia y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos

se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

Tratándose de la cadena de custodia de la prueba, la jurisprudencia nacional ha sido

reiterativa al indicar que no basta la simple alegación de que no se observó la cadena

de custodia, para que el motivo sea acogible. Se precisa demostrar que se dio alguna

irregularidad y que esta repercutió en la calidad de la prueba o su contenido, sea

deteriorándola o adulterándola. Así, incluso si hubiera alguna anomalía, esta no tendría

interés procesal si no se logra determinar esas consecuencias…” (voto 781-2010, de las

de las 09:26 horas, del 23 de julio de 2010, con integración de los Magistrados Ramírez,

Chinchilla, Arroyo y Pereira, Castillo). Sobre el caso concreto. En el asunto bajo examen,

la representante letrada de la persona menor de edad acusada, alega que el Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil inobservó el artículo 175 del Código Procesal

Penal, puesto que, pese a reconocer que hubo una custodia y manipulación irregular de

evidencia esencial, legitimó su incorporación al acervo probatorio que sirvió de base al

proceso, así como su posterior apreciación por parte del a quo, constituyéndose

finalmente en un elemento de convicción clave para sustentar el fallo condenatorio.

Específicamente alude a la información contenida en el teléfono móvil marca Samsung,

modelo S6, Edge, secuestrado del domicilio de la joven imputada, según se aprecia en el

acta número 088233. El punto medular de la discusión alude a que, en la diligencia

autorizada por el Juzgado Penal Juvenil de Heredia para la apertura de esa evidencia, no

fue posible para los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial imponerse del

contenido de la información almacenada en el aparato, en razón de que este sufría un

desperfecto en su “hardware”, concretamente en el puerto de carga. A partir de lo anterior,

la representación fiscal, por iniciativa propia, y por medios particulares, encomendó a un

asistente jurídico de su oficina la tarea de llevar el dispositivo celular para su reparación en

un taller privado, en donde efectivamente se solucionó el desperfecto, lo cual posibilitó

que, con posterioridad, se extrajera -ahora sí por funcionarios de la Policía Judicial- la

información de interés para la sumaria. Apunta la casacionista en su libelo de

impugnación: “…el Ministerio Público ordenó reparar el teléfono celular supra indicado

en el taller Mobile Game de la ciudad de Heredia, por parte de un técnico de calidades

desconocidas, sin contar con autorización jurisdiccional, y sin avisar previamente al

Juzgado ni a la Defensa, la fecha en la que se llevó a cabo dicha diligencia de

reparación, supervisión de la diligencia que terminó siendo delegada en un técnico

judicial de la Fiscalía Penal Juvenil de Heredia” (cfr. folio 799). Ahora bien, con el fin de

determinar la corrección o incorrección presente en la interpretación y aplicación de las

normas procesales relacionadas con este tema, a cargo del ad quem, es imperativo

transcribir in extenso lo resuelto. Así, se indicó en el fallo de alzada: “

En este caso, se

delegó en la fiscalía la supervisión de los actos técnicos de extracción de la información,

así como de la custodia de la evidencia y de la participación plena de las partes. Tal

delegación no implica, bajo ninguna circunstancia, como de manera errónea lo

interpreta la señora fiscal penal juvenil de Heredia, que el Ministerio Público pueda

disponer a su antojo de los dispositivos de almacenamiento y de realizar otras

operaciones técnicas o intervenciones sobre los dispositivos que almacenan

información protegida convencional y constitucionalmente, que no han sido autorizados

por el órgano jurisdiccional, porque eso pone en riesgo la intimidad de las

comunicaciones, precisamente lo que requiere control jurisdiccional al que están

reservados por los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, la  Constitución

Política y una ley especial. Si, la investigación está en manos de la fiscalía, a la que le

interesa recabar los elementos que refuercen su hipótesis acusatoria. Pero incluso en el

proceso penal juvenil, que no tiene tan clara la división de las fases del proceso

ordinario, pero también en el proceso ordinario, todo objeto, documento, dispositivo,

relacionado con información protegida constitucionalmente, debe ser manejado con

estricta autorización jurisdiccional, sin que se concedan a la fiscalía más permisos que

los que la autoridad jurisdiccional determine, en aras de facilitar, obviamente, la

obtención legítima de fuentes de información que contribuyan a averiguar la verdad de

lo sucedido e identificar  a las personas que sean responsables del delito de que se

trate. La custodia temporal de un dispositivo de almacenamiento de información

privada, que se autorice en la fiscalía, para una finalidad determinada, no es ilimitada, ni

le transfiere poderes de disposición sobre la integridad de la evidencia ni sobre

cualquier operación relacionada que pueda afectar o arriesgar el contenido de esa

información, no sólo porque se pueda dudar de su fidelidad, sino antes bien, porque se

puede lesionar la intimidad de esa información, permitiendo su acceso a personas no

autorizadas, reproduciendo el contenido de forma inadecuada o ilegítima, sin descartar

además el riesgo de pérdida de la información. En consecuencia, resultan

absolutamente desafortunadas e inadmisibles las afirmaciones de la señora fiscal, en

cuanto a que ella, al tener la custodia de un dispositivo celular, estaba autorizada para

realizar cualquier operación necesaria para obtener la información, aún si el órgano

jurisdiccional no estaba siquiera enterado de la necesidad de realizar operaciones

técnicas de reparación, es decir, distintas o no materializadas por el equipo técnico cuya

participación se autorizó. Si se repasa la decisión de la juzgadora al autorizar la

extracción de información y el alcance de la delegación autorizada, se tiene claro que la

persona juzgadora conserva la responsabilidad y el control sobre esos dispositivos y su

contenido y es por eso que puede autorizar que se extraiga la información -de hecho

esa es la utilidad del decomiso de este tipo de aparatos- y define qué operaciones se

van a realizar y por quién y a quién autoriza la práctica de esa diligencia, en el marco

delimitado en que la ordenó. En la diligencia de apertura de la evidencia en cuestión,

celebrada los días 20 y 21 de abril de 2020, el personal técnico de la Sección

Especializada, al momento de extraer el dispositivo de su embalaje original -es decir, la

primera parte de la diligencia, que es la apertura de la evidencia-, refirió, de seguido, la

imposibilidad de realizar la extracción de la información del dispositivo, no por los

golpes ni quebradura de las pantallas, sino porque las abolladuras ocasionadas y que

presentaba en todos sus costados, dañaron el puerto de carga, única vía por la cual se

puede tener acceso a la información contenida en la memoria del dispositivo, además

de que éste poseía un código de seguridad dado por el usuario, lo que impedía el

acceso, salvo que se pudiera descargar la información en el dispositivo UFED.

Entonces, no llevan razón las apelantes en cuanto afirman ignorar que el dispositivo

requería de ser reparado, para poder extraer la información, porque la defensa estaba

presente cuando esta parte de la diligencia se llevaba a cabo, conforme consta en el

acta de apertura, cuyo original es visible a folios 1301 y 1302 del sumario

19-000281-811-PJ, donde se describe la evidencia, correspondiéndole al dispositivo

Samsung Galaxy Edge, la descripción DM02 y los técnicos de la Sección contra el

Cibercrimen expresamente señalaron la necesidad de reparar el puerto de carga,

porque además el dispositivo tenía un código de seguridad -clave- colocada por el

usuario y la única forma de acceder era mediante la herramienta forense UFED, que

requería reparación del puerto de carga. Así que la señora defensora estaba enterada

de la necesidad de reparar el puerto de carga y de que, además, el dispositivo celular

estaba bloqueado por una clave de usuario que claramente la joven no brindó a las

autoridades, por lo que debía procederse desde la herramienta forense UFED. Esto

significa que la operación técnica autorizada en la forma en que se definió, no se podía

llevar a cabo en ese momento por la necesidad de reparar el puerto de carga del

dispositivo, algo que la fiscal Ericka Chaves informó a las partes, que ella procuró que

se resolviera en ese mismo momento, tratando de que un técnico externo se apersonara

a la diligencia y lo reparara, pero que no compareció. Es decir, queda claro, del contexto

de las actuaciones, que los técnicos de Cibercrimen recomendaron la reparación y ellos

no pudieron hacerla, razón por la cual incluso la fiscal informa que ella trató de que se

reparara allí mismo por un técnico externo que al final no se apersonó. No pueden

alegar ahora que desconocían que los técnicos no pudieran realizar la reparación y que

ésta fuera del puerto de carga, necesario para poder acceder al contenido de la

información almacenada en la memoria del dispositivo y para lo cual además, se

requería el desbloqueo, que solamente mediante la herramienta forense UFED se

puede lograr. Esta circunstancia fáctica fue de conocimiento de todas las partes al

intervenir en esa diligencia, incluida la defensora Jaubert Solís y escuchar la posición

de los técnicos, junto a las manifestaciones de la fiscal Chaves en cuanto a que procuró

que a esa diligencia, se apersonara un técnico a efectuar dicha reparación, quien

finalmente no compareció. De modo que no es antojadiza la conclusión de que se

requería de esa reparación para el acceso a la información almacenada, como se

afirma en ambas impugnaciones, como especulativa resulta la afirmación de la

apelante [Nombre 001]., en cuanto afirma dudar de que el aparato pudiera ser reparado,

pues así se estableció por parte del personal especializado. El acceso a la información

contenida

en la memoria de almacenamiento de ese dispositivo, ya había sido jurisdiccionalmente

autorizado. De manera que tampoco existe duda alguna de que era necesario disponer

la reparación del aparato, para así lograr el acceso y respaldo al contenido de esa

información, previo desbloqueo de la clave de seguridad colocada por la usuaria, la

acusada [Nombre 001]., lo que, según se informó a esta Cámara, por el Jefe de la

Sección Especializada contra el Cibercrimen, solamente podía realizarse a través de la

herramienta forense UFED la que requería el acceso por medio del puerto de carga. Los

técnicos en forma alguna mencionaron que esa reparación arriesgara el contenido de la

información, sino que sin esa reparación, no era posible desbloquear el dispositivo y

descargar la información, lo que puede realizarse con la herramienta forense ya

mencionada y mediante la conexión con el puerto de carga. Y resulta que, como se

consignó en el informe 886-SEC2-2020-DM, la reparación del puerto de carga y la

existencia del bloqueo de seguridad, impedían que tal reparación afectara, incidiera o

alterara el contenido almacenado en la memoria del dispositivo, al cual no se podía

tener acceso. De manera tal que queda claro que la reparación efectuada, aún mediante

ese procedimiento seguido de manera incorrecta, no arriesgó ni representó algún

acceso al contenido almacenado en la memoria del dispositivo. Por ende, los reclamos

de la defensora junto a los de la joven acusada en cuanto protestan que no se puede

tener seguridad de que la información extraída pertenezca a ese dispositivo o hubiere

sido arriesgada al acceso de personas no autorizadas, o bien implantada o alterada,

carecen de respaldo fáctico y técnico y deben ser desestimados. Es claro que si se

analiza la autorización dada por la Jueza Penal Juvenil de Heredia para extraer la

información de los dispositivos celulares decomisados, amparada, entre otros

atestados, por la amplia observación de los teléfonos de las personas acusadas, se

arriba a la conclusión de que la reparación del puerto de carga del dispositivo celular

Samsung Galaxy Edge, color azul y con evidentes daños ocasionados de forma

intencional, habría sido autorizado por la juzgadora, dado que era un proceso

indispensable para logra extraer la información allí contenida. (…)

Ahora bien, ya se

indicó que en este caso no hubo riesgo de alteración, ingreso no autorizado o

modificación al contenido de lo almacenado en la memoria del dispositivo, por lo que se

descarta cualquier compromiso de la información extraída, la que, como se verá más

adelante, claramente coincide con las observaciones de las comunicaciones entre los

teléfonos celulares de los acusados, incluida la joven [Nombre 001].” (Cfr. folios 751

frente al 753 frente). Refiriéndose propiamente a la cadena de custodia del dispositivo

celular, las personas juzgadoras refirieron a partir del folio 754, que el aparato fue

entregado el 20 de abril de 2020 (día de la diligencia judicial de apertura) al funcionario

Christian Aguilar Serrano, agregándose: “Sin embargo, no consta documentado que la

fiscal entregara la evidencia a Aguilar Serrano el día 7 de mayo, para que se efectuara

la reparación. En este caso no existe registro documental de esos movimientos que don

Christian narró en el juicio y que la fiscal reconoce, al contestar el recurso y lo había

hecho en la audiencia ante esta Cámara al conocerse del recurso de apelación en

contra de la medida cautelar. Esto, de nuevo, pone el acento en el erróneo manejo que

hizo la fiscal de los procedimientos correspondientes a la custodia de evidencias,

porque si bien se mantenía y se mantuvo bajo control del Ministerio Público, al menos,

debió documentarse esa entrega al técnico para la reparación del celular, porque la

custodia no es en personas, sino en sitios seguros y fuera de manipulaciones o incluso

de sustracciones o pérdidas. ¿Cómo garantizar que un objeto ha sido debidamente

custodiado si no se anota quién, dónde y por qué ha salido del almacenaje en que ha

estado y si éste es adecuado o no? La fiscal entiende que al tener ella la custodia, ella

está autorizada a disponer que salga en manos del personal a su cargo para la

reparación y además, que eso no requiere ser documentado. Un procedimiento

absolutamente irregular, no sólo por lo antes mencionado, en cuanto a la protección

constitucional de los documentos y comunicaciones privadas, lo que hace la custodia

de los dispositivos de almacenamiento, un tema sensible y de control jurisdiccional,

conforme se expuso. Sin embargo, queda claro, porque no existe prueba alguna que

señale que el dispositivo, más allá de la reparación, estuvo sin control de algún

funcionario judicial, que la evidencia estuvo siempre en custodia de la fiscalía y que fue

precisamente el técnico quien, cumpliendo órdenes de la fiscal Chaves Jiménez, buscó

un sitio de reparación de aparatos celulares, donde reemplazaron el puerto de carga,

operación que se realizó manteniéndose él siempre en custodia y vigilancia del

dispositivo, cuya reparación además monitoreó por una pantalla para ver el alcance.

Consta en autos, una copia  de la factura original de reparación del señalado dispositivo

(folio 422), donde consta el tipo de reparación y el costo. Asimismo, el destinatario el

Poder Judicial como a la Institución a que se le prestó el servicio y la causa penal a la

que se refiere el objeto reparado. La fecha coincide con la que el técnico informó en su

relato. Si a ello se suma que el 12 de junio de 2020, en efecto, ese mismo aparato, con

las mismas características, fue objeto, una vez reparado el puerto de carga en la fecha

anterior indicada, de una extracción segura de información, como lo explicó el informe

rendido a esta Cámara por la Sección Especializada contra el Cibercrimen, puede

concluirse que se trata del mismo dispositivo, que estaba en custodia de la fiscalía” (cfr.

folios 754 frente y vuelto). Una lectura atenta de los pasajes de la sentencia antes

transcritos, permite a esta Cámara determinar lo siguiente: (i) el acceso a la información

contenida en la memoria de almacenamiento del dispositivo celular ya había sido

autorizado jurisdiccionalmente; (ii) las partes sabían que una reparación del aparato era un

paso indispensable para proceder luego con la extracción de la información en él

contenida a través de la herramienta forense UFED; única capaz de permitir el acceso que

ordinariamente se encontraría bloqueado como consecuencia de la fijación de una clave, o

código de acceso a cargo del usuario del teléfono; (iii) el tribunal de alzada reprobó la

ligereza con la cual actuó la representante fiscal, pues el haber encomendado la solución

de la avería a un asistente jurídico de la Fiscalía, alejó al órgano jurisdiccional del

necesario control que debía seguir ejerciendo sobre el destino de la diligencia de apertura

de evidencia (diligencia que había quedado inmersa en una suerte de suspensión tras

constatarse el daño que presentaba el teléfono); (iv) al margen de tal actuación irregular, el

tribunal de apelación no determinó la presencia de un agravio efectivo para los derechos

fundamentales de la persona menor de edad acusada, pues más allá del irrespeto a las

formas que debían disciplinar la conducción de las pesquisas por parte del órgano

acusador, no se constató que la información contenida en el teléfono móvil de la joven

[Nombre 001] se hubiera visto comprometida o expuesta durante el proceso de reparación

llevado a cabo. Adicionalmente, tras la deposición en juicio de Christian

Aguilar Serrano (técnico jurídico), quedó claro que durante la reparación del aparato

celular él siempre estuvo presente en su condición de funcionario del Ministerio Público.

Tras una reflexión puntillosa, este colegio jurisdiccional respalda y estima correcta las

apreciaciones del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Es innegable que en

la manipulación de la evidencia existió displicencia por parte del Ministerio Público, pues

el haber confiado a un funcionario judicial en solitario, sin acompañamiento de la autoridad

jurisdiccional, el traslado del dispositivo celular a un taller particular, es cuando menos

cuestionable desde la óptica de la cadena de custodia de la prueba. No obstante lo

anterior, este yerro no constituye razón suficiente para aplicar en el sub examine

la

doctrina de la eficacia refleja de la prueba ilícita (también denominada teoría de los frutos

del árbol envenenado); es decir, para invalidar los elementos de convicción que se

derivaron tras la reparación del aparato y la posterior extracción de la información en él

contenida, ahora sí, a cargo de funcionarios especializados del Organismo de

Investigación Judicial. Es una máxima de la teoría general del proceso, que el quebranto a

una forma dispuesta para la realización de un acto procesal, no necesariamente acarrea la

invalidez del acto, ni de las probanzas que de aquel resulten. Puesto en términos sencillos,

las formalidades a través de las cuales se estructuran los procesos jurisdiccionales no son

fines en sí mismas, sino que ostentan una función de garantía de los derechos

constitucionales (es decir; se instituyen para tutelar una serie de derechos), de modo que

si estos no enfrentan un agravio efectivo, la transgresión de la forma no implica, per se

, la

nulidad. Sobre el particular, la Sala de Casación Penal ha sostenido una línea

jurisprudencial clara: “Esta Cámara ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la

finalidad de la cadena de custodia, en el sentido de que se trata de una garantía de

identidad entre la prueba decomisada y la que se analiza en el laboratorio, pero su

observancia no constituye un fin en sí mismo, siendo posible su constatación por medio

de cualquier medio probatorio lícito, atendiendo al principio de libertad probatoria

contenido en el artículo 181 del Código Penal. En ese sentido, se ha dicho que se trata

de un: “…procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados

con el delito, desde su decomiso hasta su valoración por los encargados de administrar

justicia y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar

alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Tratándose de la-

cadena de custodia de la prueba, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa al

indicar que no basta la simple alegación de que no se observó la cadena de

custodia, para que el motivo sea acogible. Se precisa demostrar que se dio alguna

irregularidad y que esta repercutió en la calidad de la prueba o su contenido, sea

deteriorándola o adulterándola. Así, incluso si hubiera alguna anomalía, esta no

tendría interés procesal si no se logra determinar esas consecuencias…” (Sentencia

781-2010, de las de las 09:26 horas, del 23 de julio de 2010, integrada por los ex

magistrados y ex magistradas Arroyo, Chinchilla, Pereira, Castillo y el Magistrado

Ramírez). Se ha dicho por parte de esta Cámara que: “…no cualquier infracción a la

cadena de custodia amerita prescindir de la prueba cuestionada, pues para ello

debe producirse un agravio, es decir, que se imposibilite garantizar la identidad

entre la evidencia recolectada y analizada." (Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, sentencia N° 2020-1245, de las 12 horas, 55 minutos, del 25 de setiembre de

2020. Integrada por Alfaro, Burgos, Zúñiga, Gómez y Segura. El destacado no

corresponde al original). Precisamente, tal línea de razonamiento fue la seguida por al ad

quem en la sumaria bajo examen, en donde expresamente se indicó: “

En este caso

concreto, conforme se analizó ya, queda claro que el procedimiento que utilizó la fiscal

penal juvenil de Heredia para lograr la reparación que requería el aparato, no fue el

correcto, en el sentido de disponer por sí misma dónde y cómo se haría la reparación,

además de que no documentó esa diligencia ni en la boleta de custodia, ni mediante

comunicación previa a las partes o a la persona juzgadora. Ahora bien, que ese

procedimiento fuere inadecuado, ya se vio que en cualquier caso, no representó un

riesgo en este caso concreto, para la identidad, pureza y fidelidad del contenido de la

información almacenada, que es precisamente el objeto de interés de ese dispositivo y

de su decomiso original, porque tenía una clave de acceso, que protegía precisamente

de los accesos a esa información, sin la cual era imposible descender a su contenido y

porque la reparación solamente lo fue del puerto de carga” (cfr. folio 755 frente). Esta

lectura es compartida en todos sus extremos por este colegio jurisdiccional, lo cual

permite sustentar la conclusión según la cual, en el caso sub examine,

no se evidenció

infracción alguna del artículo 175 Código Procesal Penal. Dicha norma establece como

principio general, mas no absoluto: “No podrán ser valorados para fundar una decisión

judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia

de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional o

Comunitario vigentes en Costa Rica y en este Código salvo que el defecto haya sido

saneado, de acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones

judiciales.” Como se ha expuesto ya con amplitud, esta máxima debe ser interpretada en

función de los valores y garantías que aspira a tutelar, pues desde una interpretación

teleológica (es decir; orientada a desentrañar los fines perseguidos por el legislador al

estatuir el precepto), resulta claro que no toda infracción a una forma apareja un agravio

para la persona titular del derecho. En el caso de marras, el respeto al debido proceso y al

derecho a la intimidad de la joven [Nombre 001] no se vio amenazado ni sufrió un perjuicio

real, desde que el acto irregular (reparación del teléfono móvil) no implicó

imposición ni alteración del contenido de la información en él resguardada. Finalmente,

como también lo expresó certeramente el tribunal de alzada, si se realizare la inclusión

hipotética de una actuación ajustada a las exigencias que eran esperables en el manejo

de la evidencia (piénsese en la reparación del puerto de carga del teléfono móvil con

presencia del juez y de las partes, documentando adecuadamente el traslado de la

evidencia y consignando el nombre de la persona encargada de la reparación), el

resultado habría sido el mismo, pues el procedimiento de la reparación, según se

consignó en el informe de diligencia menor N° 886-SEC2-2020 DM, suscrito por Erick

Lewis Hernández, Jefe de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo

de Investigación Judicial: “técnicamente consiste en sustituir el puerto de carga del

dispositivo móvil, sin alterar la memoria de almacenamiento.” Es decir; en uno u otro

escenario, no habría existido acceso a la información, pues el procedimiento se limitaba a

solucionar un problema de funcionamiento a nivel de “hardware”, no del contenido de la

información (la cual, en todo caso, se halla protegida por la clave de acceso que

administra el propietario o tenedor del aparato). Así las cosas, se declara sin lugar el

primer motivo del recurso de casación incoado por la defensora pública de la persona

menor de edad acusada.

En su tercer motivo de casación, la defensa técnica reclama la errónea

aplicación de los artículos 25 y 122, inciso d), de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Luego

de transcribir los preceptos antes indicados, la recurrente aduce que el ad quem, en su

razonamiento, invirtió la obligación de justificar la necesidad del monto de la sanción

haciéndola recaer en la defensa, pese a que dicha obligación correspondía a la persona

juzgadora que dictó la sentencia condenatoria. Apunta que, si bien es cierto el tribunal de

apelación reconoce que es imperioso fijar el menor monto posible de sanción privativa de

libertad cuando se trata de personas menores de edad (deber que se intensifica en el

caso de mujeres menores de edad embarazadas), prácticamente traslada la obligación

de revisar el tipo y monto de la sanción a la fase de ejecución de las sanciones penales

juveniles, cuando lo correcto es que desde la sentencia condenatoria se pueda adecuar la

consecuencia jurídica del delito a las circunstancias particulares de la persona menor

encartada y que la ubican en condición de vulnerabilidad. Reconoce que en la sentencia

impugnada se exponen con claridad cuáles son los fines de la sanción penal juvenil desde

un plano teórico y normativo, no obstante, carece de un análisis adecuado acerca de las

circunstancias fácticas personales, familiares y sociales de la joven sentenciada, en

función de las cuales debió determinarse cuál era la sanción proporcional al caso

concreto. Asevera que el tribunal, de forma contradictoria con los postulados propios del

Derecho Penal Juvenil, estimó que el análisis del monto de sanción realizado por el

a quo

era adecuado, utilizando como fundamento para fijar la sanción de internamiento directo

únicamente la gravedad de los hechos, dejando fuera de consideración las condiciones de

vulnerabilidad de la persona menor sentenciada para el momento de la comisión del

delito. La recurrente asegura que al efectuar el análisis de proporcionalidad, el tribunal

únicamente hace mención de los factores de riesgo de la persona menor imputada, para

rechazar la aplicación de la sanción más gravosa (quince años de prisión) que fuera

solicitada por el Ministerio Público, pero las circunstancias sociales adversas que ella

presentaba, tales como pobreza, abandono familiar, baja escolaridad, embarazo, edad,

etc., no fueron consideradas a su favor para justificar un menor reproche. Indica que las

personas juzgadoras aceptaron que la persona menor encartada pudo haber sido

manipulada por los otros autores del homicidio, en razón de su condición de

vulnerabilidad, no obstante, esas cuestiones no fueron ponderadas para adecuar la

sanción a un menor reproche. Arguye que la sentencia de apelación pasó por alto el

fraude de etiquetas en el cual incurrió el a quo, pues utilizó conceptos medulares del

Derecho Penal Juvenil como “el principio de protección integral del menor

”, “interés

superior de la persona menor de edad”, “e

l principio de reinserción de la persona menor

infractora” y “el derecho de formación

” para legitimar la imposición de una sanción de

internamiento directo. La recurrente reprocha que la resolución impugnada denota en su

razonamiento un desbalance al aplicar el principio de proporcionalidad, pues únicamente

sopesa la gravedad de los hechos y la lesión a los bienes jurídicos, y aunque hace

mención de las condiciones personales de la joven acusada, no explica cómo las mismas

justificaban una menor reprochabilidad, aplicando una sanción que pudiera cumplir en

libertad,0la defensa en el recurso de apelación interpuesto. Estima que en el caso

concreto, los factores de riesgo solo se utilizaron para justificar la sanción que implica

mayor contención, pero no para fijar una más apegada al fin socio educativo. La defensora

considera que la pena de doce años de internamiento directo contradice normativa supra

constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño, instrumento internacional

que establece que el internamiento de las personas menores de edad debe ser por el

menor tiempo posible, para una pronta resocialización y reinserción en la familia. Fustiga

que el razonamiento expuesto en la resolución de alzada adopta un enfoque adulto

centrista, el cual es contrario a la doctrina especializada. Finalmente, la impugnante

denuncia la errónea aplicación del principio de proporcionalidad en la fijación de la

sanción penal juvenil, según regulación presente en los artículos 25 y 122, inciso d), de la

Ley de Justicia Penal Juvenil. Acota que el ad quem no toma en consideración los

factores de riesgo social que reconoce en la persona sentenciada para ponderar un

menor reproche, o bien, la valoración de sanciones no privativas de libertad capaces de

mitigar las circunstancias de riesgo sin necesidad de institucionalizar a la joven. El

agravio, en criterio de la defensa, radica en que la sentencia hace una lectura errada de la

gravedad de los hechos y de los factores de riesgo que ubican a la persona menor

encartada en situación de vulnerabilidad. Desde su óptica, ello conllevó a una errónea

aplicación del principio de proporcionalidad, lo cual tuvo como consecuencia la imposición

de un internamiento directo por doce años, pese a que la sanción penal juvenil no persigue

un fin retributivo. A su juicio, de haberse hecho una lectura adecuada de las circunstancias

de vulnerabilidad de la joven acusada, considerando los hechos probados como un evento

episódico, no se habría impuesto una pena tan gravosa, la cual es contraria al fin socio

educativo de la sanción penal juvenil. Solicita se declare con lugar el motivo, se declare la

ineficacia de la sentencia recurrida y se ordene el reenvío para nueva sustanciación en

cuanto al tipo y monto de pena impuesta. El motivo debe ser declarado sin lugar. En su

tercer reproche, la defensa pública alega la inobservancia de las normas y principios que

orientan la imposición de la sanción en materia penal juvenil. El núcleo de su reclamo

gravita alrededor del argumento de que el ad quem, al validar la fijación de la pena

realizada por el a quo, invirtió el deber de demostrar la necesidad técnica de una sanción

tan elevada como la que se le impuso (doce años de internamiento en centro

especializado). Denuncia también que no se profundizó en un análisis adecuado de las

circunstancias fácticas y personales de la joven acusada, tarea que devenía

imprescindible, en atención al principio de proporcionalidad. Sobre la sanción en

materia penal juvenil. La pena es, indudablemente, el punto central y definitorio del

derecho penal. No en vano el vocablo mismo -pena- se halla ínsito en la designación

lingüística de esta rama de las ciencias jurídicas. Del mismo modo, su determinación

judicial es quizá el tópico más peliagudo al cual se debe enfrentar el operador jurídico.

Conceptualizada como un apéndice del juicio de culpabilidad, es además el estadio

dentro del examen dogmático o escalonado del delito que permite adecuar el injusto penal

a una persona en particular, facilitando así un análisis subjetivo; contrario a lo ocurrido en

fases previas (acción, tipicidad, antijuridicidad), en donde más que a una persona se

valora una conducta. En su esencia, la pena implica una disminución del esquema de

derechos y libertades que es consustancial a toda persona humana. Su imposición es

monopolio del Estado y en esa medida refleja la expresión más violenta que asume el

ius

puniendi. Profundizando en una reflexión histórica, señala Luigi Ferrajoli: “

La historia de

las penas es sin duda más horrenda e infamante para la humanidad que la propia

historia de los delitos: porque más despiadadas, y quizá más numerosas, que las

violencias producidas por los delitos han sido las producidas por las penas y porque

mientras que el delito suele ser una violencia ocasional y a veces impulsiva y obligada,

la violencia infligida con la pena es siempre programada, consciente, organizada por

muchos contra uno.” (Ferrajoli Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal.

Madrid: Editorial Trotta, 2006. P. 385). Precisamente, en atención a este carácter violento

y restrictivo del esquema de derechos fundamentales, los Estados que asumen una

orientación política republicana y democrática, suelen instituir límites cualitativos y

cuantitativos a la fijación de la sanción penal. Dichas limitantes no solamente provienen de

las constituciones o de la legislación ordinaria, sino también del Derecho Internacional de

los Derechos Humanos, área del Derecho Internacional cuyo desarrollo ha sido notable a

partir de la segunda mitad del siglo pasado. En el Derecho Penal Juvenil, la vocación

minimalista y garantista en lo atinente a la sanción penal es posiblemente uno de sus

caracteres más relevantes. El instrumento internacional más importante en la materia -La

Convención sobre los Derechos del Niño- estipula con meridiana claridad en su numeral

37: “Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital

ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por

menores de 18 años de edad; b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o

arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a

cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y

durante el período más breve que proceda; c) Todo niño privado de libertad sea tratado

con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,

y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En

particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que

ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener

contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en

circunstancias excepcionales; d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un

pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a

impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad

competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.” De

este precepto se desprenden con claridad algunas máximas cuya aplicación deviene

pertinente frente al caso concreto. Así, se establece el principio de humanidad de la pena,

prohibiéndose expresamente la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes, y

se conceptualiza la detención, encarcelamiento o prisión, como una medida de “

último

recurso y durante el período más breve que proceda”. Orientado por el referente

axiológico presente en la citada convención, el legislador costarricense, al promulgar la

Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N° 7576, del 30 de abril de 1996) estructuró un

esquema sancionatorio caracterizado por su diversidad. Así, en el numeral 121 de este

cuerpo legal se estatuyeron tres grupos de sanciones: (a) socioeducativas, (b) órdenes de

orientación y supervisión, y (c) sanciones privativas de libertad; categoría dentro de la cual

se incluyeron a su vez: (c.1) el internamiento domiciliario, (c.2) el internamiento durante

tiempo libre, y (c.3) el internamiento en centros especializados. Del mismo modo, se

asignó expresamente a la sanción penal juvenil una finalidad primordialmente educativa,

de forma tal que procure la inserción, integración y restauración individual y social de la

persona menor de edad en su familia y en la sociedad (doctrina presente en el ordinal 123

ibid). Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal también ha tenido

ocasión de indicar: “…en razón del carácter especializado de la materia, en esta rige un

catálogo amplio de sanciones, que se distingue de los montos mínimos y máximos de

prisión que caracteriza a las penas de adultos. La medida de internamiento en un centro

especializado, si bien se encuentra prevista en la ley, debe utilizarse como última ratio, y

en los casos en que las restantes alternativas no resulten adecuadas a las condiciones

particulares del menor, y no guarden proporcionalidad con el juicio de reproche. El

juzgador debe analizar el caso en concreto y, conforme con el principio socioeducativo,

establecer la pena a imponer, teniendo claro que con su imposición debe facultarse el

cumplimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. (…)

La

proporcionalidad, equivale a una ponderación estricta entre la sanción decretada a una

persona menor de edad, y su grado de participación y culpabilidad. En aplicación del

principio de razonabilidad, de todas las medidas y penas estipuladas, el juzgador debe

seleccionar la menos gravosa para el menor, con el fin de cumplir con los fines

educativo, socializador y de reinserción familiar, que se erigen como norte en esta

materia.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia N° 2013-01725, de

las 15 horas, 13 minutos, del 28 de noviembre de 2013. Integrada por Chinchilla, Ramírez,

Gómez, Cortés y Zúñiga). En el caso concreto, mediante sentencia N° 2020-0183, de las

16 horas, del 21 de setiembre de 2020, el Juzgado Penal Juvenil de Heredia declaró a la

joven [Nombre 001] autora responsable de un delito de homicidio calificado, cometido en

perjuicio de [Nombre 004], y le impuso como sanción única y principal el internamiento

directo en centro especializado por el plazo de doce años. La

determinación de esta pena fue cuestionada a través de los recursos ordinarios de

apelación incoados por la persona menor de edad imputada y su defensora pública. En

razón de lo anterior, el ad quem se avocó a resolver tales reproches, constando su

resolución sobre esos extremos en los considerandos VIII y IX del fallo de alzada (folio 763

en adelante). Como se adelantó ya, para la casacionista, en aquel pronunciamiento de

segunda instancia se lesionaron los artículos 25 y 122, inciso d), de la Ley de Justicia

Penal Juvenil. Luego de un examen pormenorizado, esta Cámara estima que no lleva

razón la defensa y, por consiguiente, su reparo debe ser declarado sin lugar. En primer

término, debe destacarse que el artículo 25 de ley de comentario consagra el principio de

racionalidad y proporcionalidad en materia sancionatoria. Indica la norma: “Las sanciones

que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la

infracción o el delito cometido.” Por su lado, el ordinal 122

ibid estatuye un conjunto de

variables que deben ser observadas en la dosimetría penal, pues señala: “Determinación

de la sanción aplicable. Para determinar la sanción aplicable se debe tener en cuenta:

a) La vida del menor de edad antes de la conducta punible. b) La comprobación del acto

delictivo. c) La comprobación de que el menor de edad ha participado en el hecho

delictivo. d) La capacidad para cumplir la sanción; asimismo, la proporcionalidad,

racionalidad e idoneidad de esta. e) La edad del menor y sus circunstancias personales,

familiares y sociales. f) Los esfuerzos del menor de edad por reparar los daños.”

Conforme a los lineamientos teóricos expuestos líneas atrás, ambos preceptos entrañan

un marco de referencia dispuesto para la fijación de la pena, cuya observancia es

imperativa para la persona juzgadora. En el caso del principio de proporcionalidad, este

suele identificarse a través de sus subprincipios: necesidad,

idoneidad y

proporcionalidad en sentido estricto. Sobre este tópico, la jurisprudencia constitucional es

amplia y profusa, habiendo señalado: “…un acto limitativo de derechos es razonable

cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y proporcional. La

necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica

que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un

determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir,

que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser

lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como

razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un

juicio referente a si el tipo de restricción a ser adoptado cumple o no con la finalidad de

satisfacer la necesidad detectada. La idoneidad de la medida nos indicaría que pueden

existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente,

pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del

derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de

necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción

que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad

marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la

colectividad. De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un

juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de

los dos objetos analizados" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Sentencia N° 08858-1998, de las 16 horas, 33 minutos, del 15 de diciembre de 1998.

Integrada por Mora, Piza, Solano, Sancho, Arguedas y Vargas). Siendo que en la materia

penal juvenil el elenco de sanciones es amplio y, tratándose de la pena privativa de

libertad, existen montos máximos (diez o quince años, dependiendo del grupo etario), mas

no mínimos, el acatamiento celoso de este principio es de cardinal importancia. Ahora

bien, el ordinal 122 no solamente reitera la importancia de considerar la proporcionalidad

(a la cual hace referencia expresa en su inciso d), sino que enlista también una serie de

variables que deben ser ponderadas para determinar y dosificar la sanción aplicable. La

normativa internacional en la materia aborda también esta misma temática; así el principio

17.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia

de Menores (“Reglas de Beijing”) establece: “17.1 La decisión de la autoridad

competente se ajustará a los siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito

será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino

también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de

la sociedad; b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras

cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible; c) Sólo se impondrá la privación de

libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que

concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos

graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”. En el asunto bajo examen, la

petente indica: “Si bien la sentencia expone con claridad cuáles son los fines de la

sanción penal juvenil desde un plano teórico normativo, no obstante, adolece de un

análisis adecuado de las circunstancias fácticas personales, familiares y sociales en las

que está inmersa la joven sentenciada en función de las cuales se debió determinar

cuál era la sanción proporcional para el caso concreto, apartándose en este extremo del

razonamiento del a quo.” (cfr. folio 804). Sobre el particular, es necesario transcribir lo

indicado por el ad quem, quien  a partir del folio 767, abordó el tema de la legitimidad

convencional y legal de la sanción impuesta a la persona menor de edad acusada: “En el

caso concreto, a pesar de las vulnerabilidades en la red de apoyo, la joven no enfrentó

situaciones de abandono, estudió en la primaria, inició el estudio secundario, pero el

entorno escolar, sumado a la permisividad y no acatamiento de reglas, fomentó en la

joven, comportamientos desafiantes, ociosos y de asociación con personas mayores de

edad. Su entorno familiar de alguna manera facilitó que se asociara con personas

mayores, en cuenta los coimputados por estos mismos hechos, como también la

persona con la que mantuvo relaciones y resultó embarazada, estado en el que se

encuentra actualmente, a poco tiempo de dar a luz, persona a quien su propia madre

llevó a la casa para consumir drogas, todo ello en un tiempo posterior a que se diera la

primera detención por este proceso, el 13 de febrero de 2020 sujeto que ahora en

apariencia falleció, por lo que la joven enfrenta no sólo la maternidad sin el apoyo del

padre, sino enfrentando un proceso penal por hechos graves, violentos y en los que

desempeñó un rol relevante. El juzgador pondera todas estas variables y concluye

que la joven no tiene condiciones para cumplir una sanción en libertad. La apelante

no logra desmerecer esta inferencia, que esta Cámara considera correcta. Hoy día

se suma al delito grave que la joven cometió, con su condición de mujer, con rezago

educativo, débil contención interna, red de apoyo presente pero no efectiva y,

finalmente, un estado de embarazo posterior a los hechos, con diecisiete años

cumplidos, es decir, perteneciente al segundo grupo etario. En tales condiciones, no

es posible la aplicación de una sanción alternativa, la cual, como valora el juzgador,

no sería proporcional con los hechos graves y violentos, sus consecuencias y

tampoco con las condiciones presentes en la joven en cuanto a su contención y la

recurrente en sus planteamientos no logra evidenciar por qué esta decisión es

incorrecta, más allá de configurar, en efecto, una restricción de la libertad de la joven,

que en estas condiciones, resulta una respuesta adecuada, razonable, que requiere de

un nivel de contención extrema, para tratar de dotar de herramientas adecuadas,

destrezas y habilidades para reinsertarse de manera positiva en sociedad. (cfr. folio 768

vuelto). (...) Considera esta Cámara, en el análisis de los planteamientos de la

recurrente, que no lleva razón cuando afirma que las vulnerabilidades de la joven se

utilizaron para sancionarla más drásticamente. Por el contrario, el juzgador logra, a

pesar de ser redundante en algunas afirmaciones, explicar de manera correcta cómo es

que en este caso, el comportamiento de la joven y sus condiciones de poca contención,

la llevaron además a participar en un hecho tan violento, que acabó con la vida de una

mujer joven, además por dinero y que requiere una respuesta acorde a la gravedad de

esos hechos y a su escasa contención interna y la ausencia de herramientas que le

permitan cumplir una sanción en libertad” (Cfr. folio 770 frente) (El destacado no

corresponde al original). De la lectura íntegra de la resolución del tribunal de apelación de

sentencia, se logra determinar que este tuvo presente el carácter excepcional de las

sanción de internamiento en centro especializado. No obstante, estimó que la gravedad

del hecho (el homicidio de una mujer, en donde medió promesa remuneratoria), aunado a

las condiciones particulares de la propia sentenciada, carente de una red de contención

efectiva extra penitenciaria, justificaban la sanción. Del extracto transcrito líneas arriba, se

colige que las personas juzgadoras consideraron todos y cada una de los elementos que

integran el numeral 122 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Sobre la vida de la menor de

edad antes del hecho punible (inciso a), se reflexionó acerca de las circunstancias tan

lamentables que han marcado su biografía, con ambos progenitores asociados a

conductas criminales que los llevaron a prisión, habiendo sido criada por sus abuelos,

quienes enfrentaron dificultades para lograr que su nieta interiorizare las normas sociales y

jurídicas socialmente esperadas. Ahondó el ad quem: “

Es decir, si bien ha estado

expuesta a riesgos, pero además consolidó un comportamiento que moldeó una

personalidad de no acatamiento de reglas, consumo de drogas y actividades con

personas adultas, con las que incluso compartía en su propia casa y es en este contexto

que conoce a los coimputados Soto Rodríguez y Ariel Gutiérrez. Las condiciones de

vulnerabilidad que padecen las personas menores de edad, inciden claramente en sus

proyectos de vida” (cfr. folio 768). En cuanto a la

comprobación del hecho delictivo y la

participación de la persona menor imputada en este (incisos b y c), la sentencia aborda

desde diferentes aristas la contundencia de la prueba incriminatoria a través de la cual el

a

quo arribó al convencimiento de que la menor de edad acusada, junto con otros sujetos a

quienes se ha seguido causa aparte, ideó un plan tendiente a dar muerte a la ofendida; de

suerte tal que este componente retributivo de la pena (entendiendo retribución en el

sentido de imposición de una sanción como consecuencia de la comisión de un hecho

tipificado) se ha verificado. En lo atinente a la capacidad para cumplir la sanción y la

proporcionalidad e idoneidad de esta, el tribunal de alzada es prolijo al detallar que la

menor no tiene condiciones para cumplir una sanción fuera del ámbito institucional. Afinca

esta aserción en el hecho de que la pena debe orientarse por un fin socio educativo

(doctrina del numeral 123 ibid), el cual se vería seriamente comprometido dadas las

condiciones en las cuales ha conducido la joven encartada su vida en libertad.

Precisamente se enfatiza en el fallo: “Hoy día se suma al delito grave que la joven

cometió, con su condición de mujer, con rezago educativo, débil contención interna, red

de apoyo presente pero no efectiva y, finalmente, un estado de embarazo posterior a los

hechos, con diecisiete años cumplidos, es decir, perteneciente al segundo grupo etario.

En tales condiciones, no es posible la aplicación de una sanción alternativa (…) una

restricción de la libertad de la joven, que en estas condiciones, resulta una respuesta

adecuada, razonable, que requiere de un nivel de contención extrema, para tratar de

dotar de herramientas adecuadas, destrezas y habilidades para reinsertarse de manera

positiva en sociedad.” (cfr. folio768 vuelto). Finalmente, en cuanto a los

esfuerzos de la

menor por reparar los daños (inciso f) es notorio que el tipo de delincuencia en cuestión

(precisamente el delito más grave que prevé el ordenamiento jurídico penal) imposibilita

adentrarse en una discusión tendiente a la reparación. En otro orden de ideas, no es cierto

-como lo expone la defensa- que el ad quem haya invertido el deber de justificar la pena

impuesta, atribuyéndole tal tarea a la joven imputada. Lo que ciertamente indica el tribunal

de alzada es que, dentro de la lógica adversarial que orienta al proceso, la defensa no

aportó argumentos convincentes o sólidos tendientes a desvirtuar el razonamiento que, en

punto a la dosimetría penal, había desarrollado el tribunal de mérito. Del mismo modo,

tampoco es correcto afirmar que el tribunal traslada la obligación de revisar el tipo y el

monto de la sanción a la fase de ejecución de las sanciones penales juveniles. Lo que sí

refiere el tribunal de segunda instancia, es que una característica particular del sistema de

justicia penal juvenil es la judicialización plena de la fase de ejecución, en donde existen

obligaciones de revisar de forma constante y periódica las condiciones de imposición de

la sanción. Así se indicó: “En este punto debe indicarse que en la ejecución de toda

sanción privativa de libertad, en particular además cuando se trata de mujeres y

madres, debe valorarse la posibilidad en el plazo más breve posible, si las condiciones

así lo aconsejan y los progresos resultan apreciables, de una modificación por formas

menos gravosas de cumplimiento, de manera que esa es otra característica particular

del sistema de justicia juvenil, no sólo que el proceso de ejecución esté plenamente

judicializado, sino que existen obligaciones de revisar de forma constante y conforme se

avanza en la ejecución, cuándo sea viable, aconsejable y posible sustituir la privación

de libertad por una sanción distinta, pero al menos en este incipiente momento, la

sanción de internamiento es la procedente y, como se verá, el plazo fijado es

considerablemente alto, apenas inferior al máximo legal imponible a una persona en el

proceso penal juvenil y no aparece desvinculado, como se reclama, de la gravedad de

los hechos, sus consecuencias y los posibles acompañamientos y abordajes que pueda

recibir la joven mientras cumple la sanción impuesta” (cfr. folio 770). A modo de

conclusión, es importante subrayar que, en contraposición al viejo modelo tutelar, el cual

se caracterizaba por adoptar un enfoque adulto centrista, pues concebía a niños y

adolescentes como carentes de autodeterminación frente a las exigencias normativas, el

modelo de responsabilidad que impera en la justicia penal juvenil actual, supone que la

persona menor de edad acusada está dotada de plena capacidad para afrontar en la vía

judicial las consecuencias de sus actos, si bien siempre dentro de los contornos

delineados por el principio de especialidad. Como se ha señalado ya, en el sub lite

, la

excepcionalidad que caracteriza a la sanción de internamiento cede, no solamente en

atención a la extrema gravedad del hecho, sino también ante la imposibilidad fáctica para

que, descontándose la pena en libertad, pueda verificarse el fin socio educativo al cual

debe aspirar. Por lo demás, el ad quem justificó adecuadamente por qué al

quantum

elegido por el juzgador de primera instancia (doce años) se ajustaba a las exigencias de

proporcionalidad; destacando además por qué se rechazaba la solicitud del Ministerio

Público, quien consideraba pertinente la aplicación de la pena máxima (quince años). Así

las cosas, no determinándose yerro alguno en la interpretación de las normas que

disciplinan en el caso concreto la fijación de la sanción penal, corresponde declarar sin

lugar el tercer motivo del recurso de casación formulado por la defensora pública,

licenciada Shirley María Jaubert Solís.