Resolución 00802-2012

Mediante resolución N° 2012-0502 dictada

a las catorce horas veinte minutos del

dieciséis de marzo de dos mil doce, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil, Segundo Circuito Judicial de San

José, Goicoechea, resolvió: “

En memorial visible de folio 727 a 733 del

legajo principal, la licenciada Adriana Ramírez Cover, defensora pública del

menor V., interpone recurso de casación contra la resolución número

2012-502, de las 14:20 horas, del 16 de marzo de 2012, dictada por el Tribunal

de Apelación de Sentencia Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San

José, donde se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia incoado

por la defensa del joven V. contra la sentencia 221-2011 emitida por el Juzgado

Penal Juvenil de San José.

Como primer agravio, señala la existencia de precedentes

contradictorios dictados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal

Juvenil. Para ello, se fundamenta en los artículos 116 bis, inciso a) de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, y 468 inciso a) del Código Procesal Penal.

Considera infringidos los numerales 11, 39 y 41 de la Constitución Política; 7,

16, 23, 106 y 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil; 1, 175, 176, 178, 369 inciso

j) del Código Procesal Penal. Indica que el Tribunal

recurrido, rechazó el primer motivo de apelación, donde se alegó que existía

una violación al debido proceso, pues la resolución condenatoria no fue

elaborada ni notificada dentro del plazo concedido por ley, concluyendo que “no

se advertía que la situación alegada por el defensor…le hubiese afectado o

impedido conocer del contenido del fallo mencionado, así como ejercer el

derecho de defensa” (cfr. Folio 728). Sin embargo,

ese mismo Tribunal de Apelación Penal Juvenil, a través de la resolución

247-2012 emitida el 13 de febrero de 2012, declaró con lugar un recurso ya que

se había notificado extemporáneamente la sentencia de primera instancia,

haciendo una cita textual de su contenido a folios 729 y 730. Como agravio, establece que se generó una situación de inseguridad

jurídica en contra de su representado, lesionándose su derecho de defensa.

Además, de mantenerse el criterio inicial, se hubiera anulado

la sentencia impugnada, ordenándose el juicio de reenvío. Solicita, se

declare con lugar el motivo y se anule la resolución recurrida. Se declara sin lugar el reclamo. La ley 8837, vigente

a partir del 9 de diciembre de 2011, regula el recurso de casación de una

manera significativamente, diferente, convirtiéndola en una impugnación

extraordinaria, al establecer dos supuestos principales por los cuales se

admite su interposición. El primero de ellos, y que aquí interesa, se encuentra

regulado en el inciso a) del numeral 468 del Código Procesal Penal, donde se

permite gestionar el recurso de casación cuando “se alegue la existencia de

precedentes contradictorios”. Doctrinariamente, se ha entendido que, acorde

con los principios de tutela judicial efectiva, igualdad y seguridad jurídica,

y para no infringir el principio de independencia judicial, este tipo de

disposiciones tiene el fin de mantener una única forma de resolver situaciones

iguales que se presenten ante la administración de justicia. En este sentido,

se ha dicho “La uniformidad de la jurisprudencia en la Justicia nacional o

dentro de un Estado provincial, asegura un tratamiento similar frente a la ley

penal por parte de los jueces, favoreciendo así la vigencia del principio de

igualdad ante la ley…” (DE LA RUA, Fernando, La Casación

Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 20). De ninguna forma,

se pretende igualar a través de esta regulación, situaciones diferentes, por

eso, al aplicarla, el operador debe ser absolutamente cuidadoso de no

desatender el principio contenido en el artículo 33 de la Constitución

Política, pronunciándose sobre el criterio de interpretación de la norma y el

razonamiento que da pie a ella, y no sobre los hechos que constituyen el caso

particular, pues esto no está permitido por el artículo 471

del Código Procesal Penal. En el presente caso, la impugnante considera que

existe jurisprudencia contradictoria emanada del Tribunal de Apelación de

Sentencia Penal Juvenil, pues en la resolución 2012-247 se anula la sentencia

por haberse confeccionado ésta fuera del plazo de los tres días que establece

la ley, situación que, en su criterio, es la misma que la rechazada por el

mismo Tribunal en la resolución 2012-502. Sin embargo, ello no sucede en estos

precedentes. Véase que, en esta última, ante el reclamo de la defensa por

incumplimiento del plazo para emitir la sentencia integral, señaló: “Ningún

agravio material y concreto logra establecer el impugnante con la irregularidad

procesal que denuncia, pues no llega a demostrar (ni siquiera lo indica) qué

afectación a su derecho de impugnación se le generó por el hecho de que la

sentencia le fuera notificada tres horas y media después de vencido el

término ordenatorio dispuesto por la legislación procesal para que la misma

estuviera lista. Es claro que, dejando a salvo la eventual responsabilidad

disciplinaria que, si fuera del caso, pudiera haberse generado, no se advierte

que la situación que aquí denuncia afectara o le impidiera al defensor

imponerse del contenido del fallo y ejercer el recurso que correspondía, todo

lo cual logró hacer sin novedad, a tal punto que en este momento se conoce de

su impugnación. Sin lugar el reparo.” (Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil, resolución 502, de las 14:20 horas, del 16 de marzo de 2012). Esta decisión no se contrapone con

la 2012-247, pues en ella se dice: “Los artículos

106 y 108 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, establecen las reglas para el

dictado de la sentencia y su notificación. Señala el numeral 106: "El Juez

dictará sentencia inmediatamente después de concluida la audiencia, con base en

los hechos probados, la existencia del hecho o su atipicidad, la autoría o la

participación del menor de edad, la existencia o la inexistencia de causales

excluyentes de responsabilidad, las circunstancias o gravedad del hecho y el

grado de responsabilidad. El juez podrá diferir el dictado

de la sentencia hasta tres días después de finalizar la audiencia."

(Lo destacado en negrilla no es del

original) Así mismo, indica el artículo 108 que, “La decisión sobre la

culpabilidad y la sanción se les notificará personalmente a las partes en las mismas audiencias. La sentencia definitiva será

notificada por escrito en el lugar señalado.” (Lo destacado en negrilla no

es del original)… En el presente asunto se observa,

que …Los tres días para el dictado de la sentencia escrita y definitiva vencían

el 07 de noviembre de 2011, tomando en cuenta que el cómputo es de días

hábiles, es decir, excluyendo sábado y domingo. Por consiguiente, el documento

sentencia debía estar impreso, firmado y agregado al expediente a más tardar el

07 de noviembre de 2011. Sin embargo, a folio 171 se observa una constancia en

la que se consigna lo siguiente: “Juzgado Penal Juvenil del

III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón). Al ser las

nueve horas y veintiuno minutos del diecisiete de noviembre del año dos mil

once, se hace constar que el presente asunto aún no cuenta con la sentencia

impresa” (cfr. folio 171). Ello evidencia que aún cuando la sentencia-documento

tiene como fecha el 03 de noviembre de 2011 (un día después del dictado de la

parte dispositiva), la misma no había sido redactada y finalizada

oportunamente, pues además que se encuentra agregada justo al folio siguiente a

la constancia aludida (ver folios 171 y 172), fue notificada a las partes hasta

el 22 de noviembre de 2011 (ver folios 200 y 201), circunstancia que muestra de

manera inequívoca, que tres días después de la fecha en que el fallo debió

estar redactado, firmado y expuesto en el expediente, el mismo no existía. Debe

aclararse que no se trata este caso de un atraso en la

notificación de la sentencia, sino del dictado de la resolución definitiva,

escrita y completa fuera del plazo legal, lo que se deriva de la constancia en

mención y que se confirma con la fecha de su notificación. No se trata

de un simple error material, que se produce por no constar la sentencia escrita

en el expediente cuando debe estarlo (habiéndose dictado sentencia en su parte

dispositiva), sino de un defecto que además de romper con los principios de

continuidad y concentración que rigen la fase oral del proceso penal, introduce

un componente de suma gravedad que afecta a las partes, como es la

incertidumbre y la inseguridad que se crea, cuando a más de quince días de

haberse dictado la parte dispositiva del fallo, no se cuenta con la sentencia

completa que les permita imponerse de su contenido, para su asimilación y

estudio…Pero esta Cámara no sólo considera la afectación de esos principios,

por el prolongado espacio de aproximadamente dos semanas que transcurrieron

entre la finalización de la audiencia y dictado de la parte dispositiva, con

respecto al momento en que se agregó al expediente el fallo definitivo del

caso; sino, que durante todo ese tiempo el Juzgado Penal Juvenil, como es

lógico, obviamente estuvo trabajando y conociendo otros casos, tanto

interlocutoriamente como en juicio, lo que abona a la infracción a los

principios de continuidad y concentración, porque prácticamente este debate se

diluyó entre todos los demás procesos que fueron conocidos por la juzgadora

sentenciadora. Es así que aunque la sentencia fue concluida y notificada

finalmente a las partes, se está ante un defecto absoluto, pues se trata de la

carencia total de la sentencia íntegra, que ocasiona un quebranto al debido

proceso, a diferencia de lo que sucedería frente a otras omisiones subsanables,

como lo sería por ejemplo, el supuesto de la firma tardía…” (Tribunal de

Apelación de Sentencia Penal Juvenil, resolución 247, de las 15:40 horas, del 13 de febrero de 2012. El resaltado no

pertenece al original). Como puede observarse, el Tribunal de alzada en

la primera resolución de cita, a través de la cual se emite criterio sobre el

recurso de apelación incoado por la defensa dentro de este proceso, no

encuentra agravio alguno, pues se trata de un caso de notificación tardía –tres

horas y media después de vencido el plazo-, lo que se puede confirmar en el

legajo principal a folio 589 vuelto, lugar donde la jueza penal juvenil hace

constar que la sentencia estaba confeccionada el día 11 de enero –el tercer día

hábil según establece la ley- pero que tuvo un problema en el sistema para

notificar a las partes en el lugar señalado. Tomando en cuenta que el artículo

17 de la Ley de Notificaciones número 8687 establece que toda hora es hábil

para notificar, la situación que relata la jueza Leiva Díaz resulta válida y

fue tomada en consideración por el Tribunal de Apelación para definir que en

este caso el problema radicaba en la notificación de la sentencia, la cual se

llevó a cabo tres horas y media después de vencido el plazo (ver folios 622 y 623 del legajo principal). Situación diferente es la

que se resuelve a través de la decisión número 2012-247 –recaída en el

expediente 08-000048-690-PJ- donde se tuvo por demostrado que la jueza penal

juvenil de San Ramón no redactó la sentencia dentro de los tres días hábiles

que ordena el numeral 106 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sino que agregó

la sentencia después de transcurridos al menos catorce días hábiles, con lo que

se quebrantó los principios de concentración y continuidad. Es por estas

razones que la Sala llega a concluir que no existe contraposición entre ambos

criterios, al tratarse de situaciones desiguales, donde se resolvieron dos

puntos diferentes, el primero referente a un atraso poco significativo en la

notificación, por no causar perjuicio a la parte, y otro en el cual la

sentencia no fue confeccionada dentro del plazo de tres días hábiles, con lo

que se quebrantaron garantías fundamentales de las partes. Con

fundamento en todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo.

Interpone la defensa un

segundo motivo por inobservancia de un precepto por parte del Tribunal

de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, específicamente, por falta de

fundamentación intelectiva de la sentencia. Fundamenta su solicitud en los

artículos 116 bis, inciso a) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, y 468 inciso

a) del Código Procesal Penal. Establece la infracción a los numerales 11, 39 y

41 de la Constitución Política; 7, 16, 23, 106 y 108 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil; 1, 12, 142 inciso b), 363 inciso b), 369 inciso d) y 465 del

Código Procesal Penal. En su criterio, el defecto apuntado se dio cuando se

resolvió el tercer motivo del recurso de apelación, donde se alegó que la jueza

penal juvenil de sentencia “no expuso adecuadamente una fundamentación

intelectiva al momento de referirse a la prueba reproducida en debate.”. Considera que el Tribunal de Apelación se limitó a

señalar “que la sentencia de primera instancia estructuró el fallo

condenatorio a partir de lo declarado por dos testigos de cargo…sin embargo, en

momento alguno expuso el inter (sic) lógico que describiera el porqué se

consideró que la fundamentación expuesta era conforme a las exigencias legales,

pues tan siquiera concretaron en qué consistió esta fundamentación, y cómo se

podía percibir la estructura argumentativa de la a quo, alejado de la

repetición de los elementos de prueba reproducidos en debate.” (cfr. Folios 731 a 732). Como agravio apunta que el defecto impidió que su patrocinado

conociera el razonamiento lógico utilizado por el tribunal para arribar a su

decisión, lo que le impidió ejercer de forma efectiva el derecho impugnaticio.

Solicita se anule la resolución recurrida y se ordene el reenvío del expediente al Tribunal de Apelación de Sentencia. El reclamo es improcedente, ya que el vicio que apunta, es

inexistente. En el presente caso, la defensa no señala con claridad las

razones por las cuales el defecto que apunta en la resolución impugnada, puede

ser atacado mediante un recurso de casación, es decir, omite establecer por qué

esa falta de fundamentación se encuadra en el presupuesto del inciso b) del

artículo 116 bis de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Pese a

ello, esta Sala ha considerado importante, al tratarse de una materia especial,

revisar la fundamentación por la cual se queja la impugnante, no encontrando

defecto alguno que reconocer. Cuando el Tribunal de Apelación de Sentencia

Penal Juvenil resuelve el tercer motivo de casación, señala: “…en la

sentencia de mérito se razona con toda claridad, conforme incluso lo acepta el

propio recurrente al inicio de su libelo impugnaticio, que la decisión

condenatoria se estructuró a partir de lo declarado por J. y D. (únicos

testigos presenciales de lo ocurrido), a quienes se les reconoció plena

credibilidad (cfr. folio 613 vuelto, línea 8 en adelante), en tanto explicaron

cómo fue que el menor imputado (junto a otro sujeto

mayor de edad) ejecutó la acción homicida en contra de la ahora occisa…” (cfr. Folio 698). A partir de esta

concreta -pero suficiente- fundamentación, se concluye

que el Tribunal de Apelación no es omiso al resolver la queja de la impugnante,

ya que cita con precisión que no existe omisión por parte de la juzgadora en

sentencia respecto al análisis de la prueba evacuada en el debate. De hecho,

con el fin de evitar reiteraciones, técnica válida para fundamentar una

decisión, señala cuál es el lugar de la sentencia donde se puede ubicar el

razonamiento de ese Tribunal para explicar por qué le concede plena

credibilidad a los testigos evacuados en debate, así como toda la motivación

intelectiva que tuvo la juzgadora para arribar a la conclusión vertida en su

decisión. Ahora bien, esta Cámara ha verificado que, efectivamente, tal y como lo indica el

Tribunal de Apelación de Sentencia, es a partir del folio 613 vuelto, que la

jueza hace una relación entre toda la prueba que es evacuada en el contradictorio,

por lo que no existe razón alguna para atender el reclamo de la defensa. En virtud de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo.

Por

tanto:

Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto

por la licenciada Adriana Ramírez Cover, defensora pública del

menor. Notifíquese.

José

Manuel Arroyo G.

Jesús Ramírez Q.

Magda

Pereira

V.

Carlos Chinchilla S.

Doris

Arias M.

LSANCHEZMO

*110000600194PJ*