Resolución 00968-2013

Con base

en los hechos que expusieron y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció proceso de conocimiento declarado de puro derecho, a fin de que en

sentencia se declare:“1) Por las razones apuntadas pido se declare nulo el

Acuerdo Ejecutivo N° 305-2010 MSP, del 10 de junio de 2010, suscrito por la

señora presidenta de la República y el señor Ministro de Seguridad Pública, así

como la resolución N° 568-COL-09-DT, de las 10:05 hrs. Del 8 de octubre de

2009, se la Sección de Colisiones del Departamento de Transportes del

Ministerio de Seguridad Pública; el oficio 3116-2009 C.P., fechado 20 de

noviembre de 2009, del Consejo de Personal del Ministerio de Seguridad Pública,

y la resolución N° 2010-1989 D.M., de las 10:00 hrs. Del 9 de junio de 2010,

del Despacho del señor Ministro de Seguridad Pública, en que éste se

fundamenta, y mediante el cual se acuerda despedirme por causa justificada, ordenándose

mi reinstalación definitiva en el puesto que venía ocupando en propiedad en el

Ministerio de Seguridad Pública.

Se condene al Estado: a) al pago de

los salarios caídos a partir de la fecha de mi despido, sea, el 16 de julio de

2010, y hasta mi efectiva reinstalación, b) al pago proporcional del monto de

aguinaldo, salario escolar y aumentos legales que a partir del despido me

pudiere corresponder, junto con sus intereses desde el citado 16 de julio y

hasta su efectivo pago, y la indexación de todas esas sumas, y c) al pago de

ambas costas de esta acción en caso de oposición a la presente

demanda."

2.

El representante del Estado contestó negativamente y opuso las excepciones

de falta de derecho y de pago.

La audiencia preliminar se efectuó a las 8 horas

36 minutos del 20 de enero de 2012.

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,

Sección Sexta integrada por los Jueces Cynthia Abarca Gómez, Marianella Álvarez

Molina y Christian Hess Araya, en sentencia no. 065-2012-VI de las 7 horas 45

minutos del 23 de abril de 2012, dispuso: “Se acogen las excepciones de

falta de derecho y pago formuladas por el Estado. En consecuencia, se declara

sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se imponen ambas costas al actor

vencido.”

5.

El actor formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que

se apoya para refutar la tesis del Tribunal.

6.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

El señor Jorge Enrique

Turcios Castrillo, alegó en la demanda origen de este proceso, que durante ocho

años, aproximadamente, trabajó como agente de policía para el Ministerio de

Seguridad Pública (el Ministerio o el MSP en adelante). Dijo, el 17 de agosto

de 2009, se le comunicó el inicio de una causa disciplinaria en su contra,

debido a que el día 9 de mayo de 2009 en criterio de la Administración: a) fue

negligente al conducir, puesto que se encontraba bajo los efectos del licor,

ocasionando daños a un vehículo oficial; y, b) no informó al Instituto Nacional

de Seguros (en futuras referencias el INS o el Instituto) sobre dicho evento.

En la resolución no. 568-COL-09-DT de las 10 horas 5 minutos del 8 de octubre

de 2009, de la Sección de Colisiones del Departamento de Transportes del

Ministerio, indicó, se recomendó al Consejo de Personal de ese mismo Despacho,

despedirlo sin justa causa por los hechos anteriormente mencionados. Según

consta en el oficio no. 3116-2009 CP, del 20 de noviembre de 2009, exaltó, el

Consejo de Personal acogió la recomendación indicada, por lo cual, también

solicitó al señor Ministro, el despido respectivo. Por esa razón, expresó, fue

despedido con causa justificada, mediante resolución no. 2010-1989 DM de las 10

horas del 9 de junio de 2010, y por Acuerdo no. 305-2010 MSP del 10 de junio de

ese mismo año, suscritos por el Ministro y el Poder Ejecutivo respectivamente.

El 15 de julio de 2010, afirma, fue notificado de la actuación. Aseveró, el

procedimiento fue realizado en contra del debido proceso. Lo anterior, arguyó,

se presentó por la falta de fundamentación del acto final y debido a la errónea

valoración del testimonio del señor Jaime Sánchez Matarrita, quien aseguró en

sede administrativa que el funcionario investigado (señor Turcios Castrillo) no

conducía la motocicleta, sino que él lo hacía. Esto, expuso, en contra de las

reglas de la sana crítica y de la búsqueda de la verdad real. Asimismo indicó,

el no haber informado al INS sobre el suceso, tampoco es motivo suficiente para

despedirlo. En virtud de ello, demandó al Estado, para que en sentencia se

declare: a) La nulidad del Acuerdo Ejecutivo no. 305-2010 MSP; de la resolución

no. 568-COL-09-DT de la Sección de Colisiones del Departamento de Transportes

del Ministerio; del oficio no. 3116-2009 CP del Consejo de Personal; y, de la

resolución no. 2010-1989 DM del Ministro. En virtud de esa nulidad, se le

reinstale en el puesto que venía desempeñando. b) El pago de los salarios

caídos desde su despido el 16 de julio de 2010 y hasta su efectiva

reinstalación; así como el pago proporcional del monto de aguinaldo, salario

escolar y aumentos legales que a partir del despido le pudieran corresponder;

junto con la indexación e intereses de todas esas sumas. Sobre esos rubros, se

realicen los rebajos de las cargas legales correspondientes (esto último

adicionado en la audiencia preliminar). c) El pago de ambas costas del proceso

a cargo del demandado. La representación del Estado contestó de forma negativa

y opuso las defensas de falta de derecho y de pago. Resolviendo el fondo del

asunto, el Tribunal acogió las excepciones indicadas y declaró sin lugar la

demanda en todos sus extremos, imponiendo ambas costas del proceso al actor.

Inconforme, la parte perdidosa establece recurso de casación por violación de

normas sustantivas.

En su único

agravio, acusa indebida valoración del testimonio brindado por Jaime Sánchez

Matarrita en el procedimiento administrativo, el cual demuestra, que era esta

última persona quien en realidad conducía la motocicleta el día del suceso.

Para el Tribunal, reclama, aunque la Administración haya suprimido ese

testimonio, el acto de despido sigue siendo válido, ya que existen otras

pruebas en que se funda el acto final impugnado, y que permiten concluir que el

conductor de la motocicleta era el demandante y no el señor Sánchez Matarrita.

Esas pruebas, dice, son la fotocopia de una boleta de citación; la copia del

resultado de la alcoholemia; así como el testimonio del señor Adalberto Medina

Guevara, pero en su criterio, ese es un testigo de referencia y no directo,

pues no estuvo en el sitio. Añade, también se valoró indebidamente la sentencia

penal de sobreseimiento definitivo del Juzgado Penal de Nicoya. Explica, de

conformidad con ese pronunciamiento, es claro no habían pruebas que demostraran

que él conducía la motocicleta oficial el día de los hechos. Asevera, no es

cierto, lo indicado por el Tribunal, que la vía penal y la laboral son

independientes, pues ello no aplica cuando los hechos que se imputan en ambas

vías son los mismos, tal y como sucede en el presente caso (conducción

temeraria en vía penal por conducir aquél vehículo en estado de ebriedad y de

un automotor oficial bajo los efectos del licor en la vía laboral

administrativa). Lo anterior, refiere, según lo resuelto por la Sala

Constitucional y la propia Procuraduría General de la República (PGR). Asegura,

al no aplicarse el “in dubio pro reo”, acreditado en la vía penal

(sentencia de sobreseimiento), se estaría desconociendo que uno de los limites

la potestad sancionadora de la Administración, es su subordinación a la

Autoridad Judicial. De haber conflicto entre una actuación jurisdiccional y una

administrativa, menciona, se debe resolver a favor de la primera. Cita

jurisprudencia constitucional en respaldo de su alegato. Asimismo, acusa

indebida aplicación del cardinal 85 de la Ley General de Policía, esto porque

el sobreseimiento, a juicio del Tribunal fue por duda, pero no porque se

tuviera certeza de que los hechos no ocurrieron o que el demandante no era el

que conducía la motocicleta involucrada en el percance. Sin embargo, insiste,

no existe certeza sobre la comisión del hecho denunciado. En relación con lo

anterior, critica la falta de aplicación de los numerales 35, 36, 37, 38, 39,

40 y 42 de la Carta Magna, debido a que el proceder los juzgadores en los

términos expuestos, viola el debido proceso, concretamente los principios de

inocencia e in dubio pro reo. Asegura, según jurisprudencia constitucional y

criterios del PGR, los principios penales son extensivos al campo de las

sanciones administrativas. Manifiesta, como el principio de inocencia que lo

protegía no fue desvirtuado ni en la vía penal, también debió haberse

considerado en la penal disciplinaria.

Previo a conocer el

agravio, es necesario realizar un breve repaso de lo acontecido en el presente

asunto. El actor laboraba en funciones policiales en el Ministerio de Seguridad

Pública, Policía de Proximidad de Hojancha, Guanacaste, desde el 23 de

setiembre de 2002 al 16 de julio de 2010. El 10 de agosto de 2009, a través del

auto de apertura de las 9 horas 50 minutos, la Sección de Colisiones del

Departamento de Transportes del Ministerio, inició un procedimiento

administrativo contra el señor Turcios Castrillo, a efectos de determinar su

participación y responsabilidad disciplinaria así como civil por los siguientes

hechos: “1) Negligencia en el conducir, encontrándose bajo los efectos del

licor, lo que produjo lesiones a sí mismo y daños al vehículo oficial placa

SIN-10155, patrimonio 122528, código No. 1044, hechos ocurridos el día

09/05/2009,

Omitir informar al Instituto Nacional de Seguros sobre dicho

evento,

Conducir en dicha oportunidad el referido vehículo oficial sin

contar con el respectivo carne (sic) de autorización para ello; e

independientemente de las responsabilidades que en la vía judicial se puedan derivar

de esos mismos hechos..." (resolución notificada al oficial el 17 de

agosto de ese año, folios 26 al 29 del expediente administrativo, Carpeta I).

Esos fueron los hechos que se le intimaron al funcionario Turcios en aquella

oportunidad. La comparecencia oral y privada la señalaron para el 9 de

setiembre de 2009. Por medio de resolución no. 568-COL-09-DT, de las 10 horas 5

minutos del 8 de octubre de 2009, el órgano director del procedimiento

recomendó despedir por justa causa al funcionario y responsabilizarlo por el

daño económico causado al Estado (folios 87 al 95 del expediente

administrativo, Carpeta I). A través del artículo VI de la sesión no. 726,

celebrada el 11 de noviembre de 2009, el Consejo de Personal del Ministerio de

Seguridad Pública acordó recomendar al jerarca de la Cartera, lo siguiente:

1)

Se despida por causa justificada a Jorge Enrique Turcios al haber incurrido en

la falta de "(…) Negligencia en el conducir, encontrándose bajo los

efectos del licor, lo que produjo lesiones a sí mismo y daños al vehículo

oficial (…) hechos ocurridos el día 09/05/2009 (…)”  y por omitir

informar al INS sobre dicho evento.

Responsabilizar civilmente a dicho

funcionario, por el perjuicio económico causado al Estado.

Se le exonere de

responsabilidad disciplinaria, respecto de la falta de conducir la referida

unidad policial sin contar con el respectivo permiso de conducir vehículos de

ese Ministerio (folios 96 al 108 del expediente administrativo, Carpeta I). Por

este motivo, a través de la resolución no. 2010-1989-DM, del 9 de junio de

2010, el Ministro dispuso despedir justificadamente al actor de este proceso y

responsabilizarlo civilmente por el perjuicio económico causado al Estado. Fue

exonerado de responsabilidad disciplinaria respecto de la falta de conducir la

referida unidad policial sin contar con el respectivo permiso de conducir

vehículos de ese Ministerio (folios 109 a 115 del expediente administrativo,

Carpeta I). Decisión que fue ratificada mediante Acuerdo Ejecutivo no. 305-2010

MSP, del 10 de junio de ese mismo año, firmado por la Presidenta de la

República y el Ministro de Seguridad Pública, el cual surtió efectos a partir

del 16 de julio de 2010 (folio 116 del expediente administrativo, Carpeta I).

El actor formuló recurso de revocatoria contra esa determinación, el cual fue

rechazado en resolución no. 2010-3794 DM, de las 12 horas del 22 de octubre de

2010, del Ministro de Seguridad Pública (folios 121 a 129 del expediente

administrativo, Carpeta I).

El reclamo del

recurrente gravita en torno a la indebida valoración probatoria hecha por el

Tribunal del testimonio realizado por el señor Jaime Sánchez Matarrita durante

el procedimiento administrativo de despido, así como de la sentencia penal de

sobreseimiento definitivo emitida por el Juzgado Penal de Nicoya. Esas

probanzas, en su criterio, demuestran que no hay certeza sobre quién conducía

la motocicleta policial el día del accidente. Por este motivo asegura, debió

aplicarse el principio de inocencia o de duda (in dubio pro operario) a su

favor. Para el Tribunal “(…) La jurisprudencia citada y el numeral 85 que se

cita son contestes en que, por tratarse de responsabilidades distintas (la

disciplinaria y la penal) nada obsta para que por idénticos hechos se puedan

iniciar diferentes procesos (en este caso administrativo sancionador y penal) y

tampoco existe obligación de la Administración de suspender el administrativo,

pudiendo tramitarlo en forma simultánea (como sucedió en este caso), tomando en

cuenta las limitaciones que el ordinal de cita señala (…) En efecto, en

resolución de las 13 horas del 19 de mayo de 2011, el Juzgado Penal de Nicoya

dictó sobreseimiento definitivo a favor del actor, en la causa No.

09-001304-0414-PE, que se tramitaba por el delito de conducción temeraria en

perjuicio de la seguridad vial ( folios 132 a 137 del expediente judicial). No

obstante, ha de tenerse presente que, en ese proceso penal, el señor Turcios

Castrillo fue sobreseído, no por haberse demostrado su inocencia en la comisión

de los hechos o por haberse acreditado que él no conducía la motocicleta, sino

más bien por una cuestión formal respecto de la falta de pruebas y la duda

sobre la posible culpabilidad (…) es necesario que en vía penal se haya

establecido de modo fehaciente que no se cometieron los hechos, o que su autor

no es el imputado, para poder aplicar el principio “non bis in idem” en el

ámbito disciplinario, lo que no sucedió en el presente caso (…) es criterio de

este Tribunal que el sobreseimiento dictado no vincula a la Administración en

el procedimiento administrativo en el cual, conforme al principio de búsqueda

de la verdad real de los hechos, pueden recabarse probanzas que permitan

acreditar los hechos intimados (…)” (folios 151-153). A la hora de valorar

el testimonio del señor Sánchez Matarrita, los jueces establecieron lo

siguiente: “(…) la declaración inicial del señor Sánchez Matarrita resultaba

insuficiente para tener por acreditado que era el actor quien manejaba la

motocicleta al momento del accidente. Lo anterior por cuanto la manifestación

visible a folio 4 del expediente administrativo fue rendida con anterioridad a

la apertura del procedimiento administrativo, sea, en fase de investigación

preliminar. La única forma de que esa probanza fuera incorporada legítimamente

al procedimiento era reproduciéndola en la comparecencia oral y privada, a

efectos de garantizar el debido proceso y el principio del contradictorio al

acusado. No obstante, en esa diligencia, el testigo cambió su declaración y

sostiene que quien conducía la motocicleta era él y no el accionante. Esa

última declaración prevalece sobre la inicial, toda vez que fue sometida al

contradictorio, mientras que la primera no. En ese tanto, la declaración

inicial no puede ser tomada en cuenta para fundamentar la decisión adoptada en

el acto final. No obstante, estimamos que ese defecto no vicia las conductas

formales impugnadas. Aún suprimiendo la declaración inicial del señor Sánchez

Matarrita, lo cierto es que existen otros elementos demostrativos en los que se

funda el acto final impugnado para concluir que quien conducía la motocicleta

era el demandante. En efecto, para la toma de la decisión final que aquí se

impugna se valoró, además, la fotocopia de la boleta de citación No.

2008-0374028 y la copia del resultado del ensayo No. 018475 (alcoholemia)

practicada al demandante, así como el testimonio de Adalberto Medina Guevara

(…) Se estima, también, que el principio in dubio pro operario no tenía ninguna

cabida en este caso, pues –como su propio nombre lo señala– solo resulta

aplicable cuando exista duda acerca de los actos o actuaciones imputadas al

trabajador. Puesto que en este caso la Administración no se encontraba en tal

estado de incertidumbre al momento de resolver sobre el asunto, no tenía por

qué favorecer al servidor con su invocación…”  (folios 156, 157 y

159).

En este caso concreto,

tanto para el Ministerio (en el procedimiento administrativo) como para el

Tribunal (durante este proceso), se tiene por demostrado que el día 9 de mayo

de 2009, la motocicleta policial era conducida por el demandante Turcios

Castrillo bajo los efectos del licor, quien era acompañado por el oficial Jaime

Sánchez Matarrita. Al circular por el Hotel Loma Verde, en el sector de

Carrillo, perdió el control y se salió de la vía, cayendo de forma inmediata.

Producto de lo anterior, el conductor quedó inconsciente y fue trasladado al

Hospital La Anexión de Nicoya. La unidad policial resultó con daños en el

tanque del combustible, velocímetro, cobertores de la suspensión, manija

derecha, cobertor trasero derecho, descansa pie derecho delantero y direccional

delantero izquierdo. Por el otro lado, el demandante acepta que ese día, en

efecto se encontraba bajo los efectos de licor, este punto no fue controvertido

durante el proceso. Lo que sí niega, es que el haya sido el conductor de la

motocicleta al momento del accidente, ya que en todo momento sostuvo que fue su

compañero de trabajo. En criterio de esta Sala, en este asunto declarado de

puro derecho, efectivamente existe indebida valoración probatoria por parte del

Tribunal, no solo de las manifestaciones del señor Turcios Castrillo y Jaime

Sánchez realizadas durante el procedimiento administrativo (según su

transcripción), sino también de la boleta y el parte del Oficial del Tránsito y

de la sentencia de sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal de

Nicoya a favor del actor. De las declaraciones de los oficiales Turcios y

Sánchez, se desprende que el conductor de la unidad al momento del accidente

era esta última persona y no el

De hecho, durante la comparecencia

oral y privada, el señor Sánchez Matarrita manifestó:"(...) El día de

los hechos, como a las 19:00 horas, yo era el acompañante en la unidad policial

que conducía el compañero Turcios Castrillo (…) íbamos para Estrada, a un

recorrido de rutina, como a las 18:00 horas, veníamos de regreso para la

Delegación Policial, frente a la escuela del lugar hay un Bar (…) unos señores

que se encontraba (sic) en el Rancho nos llamaron, y entonces mi

compañero parqueó la motocicleta a la orilla de la carretera (…) y se fue a

hablar con los muchachos que lo llamaron, yo me quedé a la orilla de la

motocicleta, al rato llegó mi compañero y me indica que nos retiremos del

lugar, yo le percibo un olor a licor, entonces yo le indiqué que no

manejara la motocicleta, y que yo la iba a llevar, entonces yo la arranqué y

nos fuimos del lugar, yo iba conduciendo y mi compañero iba detrás como

acompañante, antes de llegar a una base, frente a una casa, nos

salieron unos perros, dos perros, yo perdí el control de la motocicleta y nos

caímos (…) Lo correcto era que yo era el que llevaba la motocicleta el día de

los hechos, y los hechos ocurrieron como indiqué (...)" (folios 41 y

42 del expediente administrativo, Carpeta III). Para el MSP, esta declaración

aunque haya sido brindada en el procedimiento administrativo, no tenía

credibilidad, porque el propio declarante se contradijo según otra

manifestación que brindó en la etapa de investigación frente a su superior,

exactamente el 10 de mayo de 2009. Pero en criterio de este órgano decisor, las

manifestaciones que se obtuvieron dentro del procedimiento administrativo, son

las que debían prevalecer, ya que fueron obtenidas en el contradictorio y bajo

las reglas del debido proceso. De hecho la Ley General de la Administración

Pública, claramente establece, que es dentro del procedimiento ordinario,

específicamente durante la audiencia oral y privada, el momento adecuado,

oportuno y pertinente para admitir y recibir todas las pruebas y alegatos de

las partes, siempre en busca de la verdad real de los hechos. Esas pruebas

deben ser analizadas con base en las reglas de la sana crítica (cardinales 214,

297, 298, 309 y 317). De cierta forma este punto sí fue valorado correctamente

por el Tribunal, ya que a su entender, las declaraciones brindadas fuera del

procedimiento no tendrían la misma fuerza que las obtenidas dentro de el. Ahora

bien, debe dejarse claro, que si el testigo Sánchez Matarrita no era creíble

para la Administración, lo que hasta ese momento se generaba era una duda mayor

sobre el conductor de la motocicleta, pero no que el conductor era el actor.

Máxime que el propio señor Turcios Castrillo, manifestó en su declaración, que

el conductor de la motocicleta era don Jaime y no su persona. En este sentido,

durante la audiencia oral y privada expresó lo siguiente: “ (…) Los hechos

ocurrieron el 9 de mayo de 2009, como las 17:00 horas salimos del recorrido de

rutina (…) yo era el conductor de la motocicleta (…) y como acompañante el oficial

Jaime Sánchez Matarrita (…) cuando venimos de regreso, unos señores que estaban

en un Bar Restaurante frente a la Escuela, nos llamaron, yo parqué la

motocicleta en el carril izquierdo de la calle y fui al lugar, unos señores me

ofrecieron bebidas alcohólicas, yo tomé como unos ocho tragos grandes, luego al

regresar donde estaba la motocicleta, el compañero me sintió el olor a

licor y me indicó que el conduciría la motocicleta, yo estuve de acuerdo,

al regresar a la Sub-Delegación Policial sufrimos un accidente (…) yo quedé

inconciente, cuando me desperté fue en el hospital, llegó el oficial de

tránsito me pidió la licencia, y confeccionó la boleta de citación a mi nombre

y yo la firmé (…)” (folio 46 del expediente administrativo, Carpeta III).

Sin embargo, para el Ministerio y para el Tribunal, tampoco esta confesión

tiene credibilidad, debido principalmente a que la boleta del tránsito no.

2008-0374028 establece que el conductor era el señor Turcios Castrillo. Empero,

una vez analizadas estas declaraciones, la boleta indicada, así como el Parte

Oficial del Tránsito a la Autoridad Judicial, la duda para esta Sala, sobre

quién conducía la motocicleta es aún mayor. Es cierto que existe una boleta de

tránsito que fue levantada en el Hospital La Anexión que indica que el

conductor es Jorge Enrique Turcios, pero a la hora de extenderse el Parte

Oficial a la Fiscalía, contradictoriamente indica este último documento, en el

apartado de diligencias policiales que: “(…) Al ser las 23:20 horas en el

Hospital La Anexión se le practica prueba de aliento 0134 al posible

conductor Jorge E. Turcios Castrillo (…)” (folio 11 del expediente

administrativo, Carpeta I). Nótese con ello, que ni el propio oficial de

tránsito que levantó la boleta no. 2008-0374028 utilizada en ese parte, tenía

certeza de la identidad del conductor, ya que a la hora de elaborar la prueba

de aliento estableció que el señor Turcios Castrillo era el posible conductor.

Por este motivo, también existen contradicciones y falta de credibilidad en

este documento oficial, el cual no fue respaldado en el proceso con otro tipo

de prueba, a saber testimonial. En todo caso, también es importante resaltar

que del análisis de todas las actuaciones del Ministerio a lo largo del

procedimiento, así como las de la Fiscalía de Nicoya en la investigación del

delito de conducción temeraria, no se observa que el día del accidente haya

existido algún testigo presencial del hecho, por lo que desde este otro ángulo,

tampoco hay certeza de quién conducía la motocicleta. Se insiste, a pesar de

existir contradicciones en el testimonio del señor Sánchez Matarrita, en sus

declaraciones tanto a su superior (señor Adalberto Medina Guevara), ante el

Ministerio, así como ante la Fiscalía, lo anterior no demuestra que el

conductor era el demandante. Por el contrario, más bien crea confusión y dudas

al respecto, que junto a la falta de testigos y a la firme declaración del

oficial sancionado, advierten que en realidad no se sabía con exactitud quién

conducía la unidad. En todo caso, tampoco se demostró si el día de los hechos,

al momento de levantarse la boleta de tránsito, el actor estaba en

posibilidades reales de saber lo que estaba firmando, por lo cual este

documento público no es prueba plena de la falta atribuida a Turcios Castrillo.

Por todo lo anterior, a mayor abundamiento de razones, hay que señalar,

mediante resolución de las 13 horas del 19 de mayo de 2011 (después del

despido), el Juzgado Penal de Nicoya dictó sobreseimiento definitivo a favor

del actor, en la causa no. 09-001304-0414-PE, que se tramitaba por el delito de

conducción temeraria en perjuicio de la seguridad vial (folios 132 a 137 del

expediente judicial). Esto porque en criterio de aquella autoridad

jurisdiccional, prevalece, incluso al día de hoy, un estado de duda que resulta

insuperable en cuanto a que fuera el imputado quien iba conduciendo la

motocicleta. Esta resolución penal, en criterio de esta Cámara, no se puede

pasar por alto, ya que en ella se ratifica lo que aquí se viene exponiendo y el

Tribunal al menos, debió valorarla a efectos de determinar si ese era el caso

que se presentaba en sede administrativa, ya que la única diferencia entre

ambas investigaciones era la pena o sanción procedente, pero en lo demás, eran

lo mismos supuestos en uno y otro caso.  Más allá de la independencia

entre la sede penal y la administrativa disciplinaria, esta resolución no deja

de tener el carácter de prueba, ya que en ella se ratifica que existían

“grandes” dudas sobre la identidad del verdadero conductor de la motocicleta.

Todo lo anterior lleva

a concluir que el presente asunto, no era tal la certeza sobre la falta

intimada al funcionario, por el contrario, existen serias lagunas y dudas que

ameritaban descartar el despido como sanción, ya que no hay prueba plena ni

exacta  de que el señor Jorge Enrique Turcios conducía la unidad policial

en estado de ebriedad, por el contrario, todo indica que el conductor era don

Jaime Sánchez Matarrita. Ello dice que en efecto, como lo alegó el actor en su

demanda, debió aplicarse el principio del indubio pro operario a su favor. El

tema por obvias razones, ha sido desarrollado abundantemente en la

jurisprudencia nacional por parte de la Sala Segunda. Así por ejemplo, en el

fallo no. 2011-000272 de las 14 horas 35 minutos del 30 de marzo de 2011

indicó: “(…) Por último, debe tomarse en cuenta que, en caso de duda, sobre

la causa de la terminación del contrato entre las partes, ésta no puede

interpretarse de ninguna manera en perjuicio de la trabajadora (ver, entre

otros, los votos números 70 de las 9:30 horas, del 15 de abril de 1994 y, 475

de las 15:20 horas, del 12 de mayo del año 2000). En este punto, la Sala

siguiendo a parte de la doctrina sobre el tema (…) ha sostenido el criterio de

que, el principio “in dubio pro operario”, es una regla de interpretación que

debe aplicarse no solamente para establecer los alcances de una norma, sino,

también, para valorar las probanzas (…)”. Debe aclararse eso sí, que el

principio resulta aplicable al empleo público en caso de duda como en el

presente asunto, siempre y cuando no se vea lesionado el principio rector de

legalidad, ya que en este último supuesto sus alcances pueden ser limitados.

Según la normativa procesal, la causal de despido debe demostrarla quien aplica

la figura, es decir, el empleador, no el trabajador (inciso 2) del artículo 317

del Código Procesal Civil). No es al trabajador a quien le corresponde

desvirtuar las afirmaciones de la Administración, sino directamente al Estado,

el cual debía acreditar la causa en que sustentó el cese laboral. Pero en esta

labor, ha estimado la Sala Segunda: “(…) Dependiendo como se planteen y

prueben los hechos puede darse la situación de duda que genere la aplicación

del principio "in dubio pro operario"; sobre el cual, la doctrina

mantiene diversas posiciones, en su aplicación. Una primera sostiene que, la

regla, se aplica únicamente para interpretar la norma jurídica, mientras

que la segunda, acepta su aplicación, también respecto de la valoración de la

prueba: (…) "la duda del juzgador puede resultar de la

interpretación de un texto legal o de la aplicación de una norma a un caso

concreto y también a la valoración de las pruebas aportadas por las partes al

proceso, siendo aplicable dicho principio a todos estos supuestos (...)."

A nuestro juicio, cabe aplicar la regla dentro de este ámbito en casos de

auténtica duda para valorar el alcance o significado de una prueba. No

para suplir omisiones; pero sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los

elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Entendemos que las mismas razones de desigualdad compensatoria que dieron

origen a la aplicación de este principio, justifican que se extienda el

análisis a los hechos, ya que el trabajador, por lo general, tiene mucho mayor

dificultad que el empleador para probar ciertos hechos o aportar ciertos datos

u obtener ciertos informes o documentos" (…) La jurisprudencia, en

general, ha optado por la segunda posición, sosteniendo, que la aplicación del

principio “in dubio pro operario”, se justifica, en virtud de la desigualdad

básica que se da entre patrono y trabajador, no sólo por la relación de

subordinación en que se halla el trabajador, sino, fundamentalmente, por la

natural disponibilidad de los medios de prueba, que tiene más fácilmente a su

alcance el empleador, la cual contrasta sensiblemente con la dificultad del

empleado, en este concreto aspecto (…)” (sentencia no. 2010-986 de las

10 horas 5 minutos del 2 de julio de 2010). En el caso concreto, se reitera, el

accionado ha aducido la pérdida de confianza debido a que el oficial Turcios

Castrillo manejaba un vehículo oficial bajo los efectos del licor y por no dar

aviso del accidente que sufrió a las autoridades del INS, por ese motivo se le

convocó al procedimiento administrativo y se le despidió sin responsabilidad.

Pero como se indicó anteriormente, las faltas imputadas al funcionario o

persona trabajadora, como causal de despido, deben ser acreditadas durante el

procedimiento administrativo y el proceso judicial, de forma indubitable por el

patrono. No obstante, en el caso concreto, no aprecia este órgano

jurisdiccional, que en autos obren elementos probatorios incuestionables que

sirvan para demostrar la existencia de la falta atribuida al trabajador, a

saber, conducción bajo los efectos del licor. Existe prueba de su estado

etílico, pero no de que él haya sido el conductor de la motocicleta al momento

del accidente. A continuación se resumen las razones para afirmar lo anterior.

En primer término, el actor ha manifestado a lo largo del procedimiento

administrativo, en el presente proceso y ante el Ministerio Público, que él no

conducía la unidad. Segundo, Esta versión ha sido confirmada por el

oficial Jaime Sánchez durante su testimonio en sede administrativa (en el

procedimiento). Si bien presenta contradicciones en su dicho, en virtud de una

manifestación previa, aquella fue realizada en etapa preliminar y no durante el

procedimiento bajo la figura del juramento y el contradictorio; pero esa discordancia

en todo caso, no es prueba suficiente de que el señor Turcios era conductor del

bien. Tercero, el parte oficial de la Policía de Tránsito presenta dudas

al no establecer con certeza quién era el conductor; y por otro lado, fue

firmado por el actor en un momento de inestabilidad física (estaba

hospitalizado) y mental (en estado de ebriedad), lo cual hace dudar de la

voluntad real del firmante (conocimiento de causa). Cuarto, no

existieron testigos presénciales del hecho que establezcan plenamente quién era

el conductor de la motocicleta ese día. El único testigo es el señor Jaime

Sánchez, pero el MSP y el Tribunal le restaron credibilidad. Sobre este

acontecimiento no tiene certeza el jefe del demandante, señor Adalberto Medina

Guevara, ya que no estuvo en el lugar de los hechos. Quinto, en esta

misma línea de pensamiento, existe una resolución del Juzgado Penal de Nicoya,

que dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Turcios Castrillo por el

delito de conducción temeraria en perjuicio de la seguridad vial (ebriedad), la

cual debió ser valorada por el Tribunal a efectos de exonerar de

responsabilidad al actor, máxime que había identidad de elementos entre una y

otra causa. Todas estas razones dicen que subsiste la duda al respecto, lo que

conforme a lo dispuesto por el artículo 17 del Código de Trabajo obligaría a

fallar en favor del actor en aplicación del principio indubio pro operario,

pero por carecer de certeza la falta imputada en su contra (conducción en

estado de ebriedad). La responsabilidad del Estado, era acreditar, a través de

medios de prueba válidos y verídicos, la existencia de la falta endilgada al

trabajador. Ante el incumplimiento de esa obligación, el despido debe ser

anulado según la pretensión del actor. Consecuencia de lo anterior, tampoco se

le podía endilgar la falta de dar aviso al INS, ya que no se demostró que él

era el conductor de la unidad siniestrada. Así las cosas, al no existir prueba

válida alguna que acredite la comisión de una falta grave por parte del

trabajador lo procedente es acoger el agravio.

Con base en lo

expuesto, se declarará con lugar el recurso formulado por la parte actora. En

consecuencia, se anulará el fallo del Tribunal. En su lugar, resolviendo por el

fondo, se rechazará la excepción de falta de derecho alegada por el demandado y

se declarará con lugar la demanda. De este modo, se anulará el Acuerdo

Ejecutivo no. 305-2010-MSP, del 10 de junio de 2010, suscrito por la señora

Presidenta de la República y el Ministro de Seguridad Pública; la resolución

no. 568-COL-09-DT, de las 10 horas 5 minutos del 8 de octubre de 2009, de la

Sección de Colisiones del Departamento de Transportes del MSP; el oficio

3116-2009-CP, del 20 de noviembre de 2009, del Consejo de Personal del

Ministerio; y la resolución no. 2010-1989 DM, de las 10 horas del 9 de junio de

2010, del Despacho del Ministro de Seguridad Pública, la cual ordena el despido

del actor por causa justificada. Consecuentemente, según la pretensión de la

demanda, se ordenará al Estado, la reinstalación inmediata y definitiva del

señor Jorge Turcios Castrillo en el puesto que venía ocupando en propiedad en

el Ministerio. De igual forma, se le condenará al pago de salarios caídos a

partir de la fecha del despido, sea el 16 de julio de 2010, y hasta su efectiva

reinstalación; al pago proporcional del monto del aguinaldo, salario escolar y

aumentos legales que a partir del despido le pudieren corresponder. Sobre esos

montos, deberán reconocerse y rebajarse las cargas respectivas de ley según

corresponda. Todo lo anterior se definirá en la etapa de ejecución de

sentencia. Igualmente, deberán indexarse y reconocerse un interés neto o puro

sobre esas sumas, desde el 16 de julio de 2010 y hasta su efectivo pago. En

aplicación del canon 193 del CPCA, se imponen las costas del proceso a cargo

del Estado.