Resolución 01043-2013

Con base

en la resolución del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela no.

41-2010 de las  15 horas 30 minutos del 18 de febrero de 2010, el

ejecutante presentó la respectiva liquidación, para que en sentencia se apruebe

el pago de: a) Daño moral: ¢ 15.000.000,00; b) Costas personales

(aspecto penal): ¢ 1.000.000,00; c) Costas personales (civil): ¢

3.000.000,00; d) Costas por recurso de casación: ¢ 1.020.000,00; e) Honorarios

de peritos (psicólogo y/o psiquiatra y actuario matemático: ¢ 984.600,00 a

cada uno; f) Publicación de parte dispositiva del fallo: ¢ 280.000,00;

g) Perjuicio ocasionado por no ejercer su profesión: ¢2.541.720,00; y,

h) Honorarios de contadora pública: ¢ 40.000,00. Asimismo, pidió el pago

de intereses legales sobre todas las sumas, desde el 18 de febrero de 2010

hasta su efectivo pago y se condene a los ejecutados al pago de las costas de

la ejecución.

Los

ejecutados contestaron conforme a folios 800 a 807 e interpusieron las

excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, pago total y falta de

legitimación activa y pasiva.

La jueza Ericka

Sanabria Salazar en resolución no. 779-2012 de las 13 horas del 30 de marzo de

2012, dispuso: “De conformidad con los hechos que informan el proceso

y citas legales mencionadas, se

Mediante sentencia no.

041-2010 de las 15 horas 30 minutos del 18 de febrero de 2010, emitida por el

Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, en la causa penal no.

08-200019-288-PE, ese órgano judicial, declaró  al señor Alfredo Córdoba

Soro como único autor responsable por el delito de difamación en perjuicio del

querellante Hubert Rojas Araya. Por tal hecho se le impuso la pena de 30 días

multa (a razón de ¢38.333,34 por día). Asimismo, declaró con lugar la acción

civil resarcitoria incoada por don Hubert contra el señor Córdoba Soro y la Municipalidad

de San Carlos (la Municipalidad o el Ayuntamiento en futuras referencias),

condenándolos a cancelar solidariamente a favor del actor civil, la suma de

¢15.000.000,00 por concepto de daño moral, así como las costas personales y

procesales de esa acción. Para estos últimos efectos, el Tribunal dispuso que

los honorarios de los abogados quedarían distribuidos de la siguiente forma: a)

por el aspecto penal, el monto prudencial de ¢1.000.000,00; b) Por lo civil, la

cantidad de ¢3.000.000,00. Esa resolución fue confirmada por la Sala Tercera de

la Corte Suprema de Justicia mediante fallo no. 2011-000038 de las 8 horas 45

minutos del 19 de enero de 2011. Consecuencia de lo anterior, el señor Rojas

Araya formuló ejecución de sentencia contra don Alfredo Córdoba en su condición

de alcalde de San Carlos y contra la Municipalidad de ese mismo cantón.

Solicitó se les condenara a cancelar lo siguiente: a) ¢15.000.000,00 por

concepto de daño moral; b) Los honorarios de abogado en la suma de ¢1.000.000

(aspecto penal), ¢3.000.000,00 (civil), ¢1.000.000,00 en virtud del recurso

de casación que se tramitó, así como los intereses liquidados al 2%

mensual sobre esas sumas, los cuales ascienden desde el 18 de

febrero de 2010 al 8 de marzo de 2011 a ¢1.020.000,00; c)

Los honorarios del perito “psicólogo y/o psiquiatra” y del actuario matemático

nombrados en la causa penal por un monto de ¢984.600,00 cada uno; d)

¢280.000,00 por la publicación de la parte dispositiva del fallo en un

periódico local; e) ¢2.541.720 al no poder ejercer su profesión debido a la

ausencia de su oficina y por haber suspendido audiencias con clientes; f)

¢40.000,00 a causa de los honorarios de una contadora pública por la emisión de

una certificación; g) Sobre todas esas sumas, solicitó, se paguen los intereses

legales desde el 18 de febrero de 2010, hasta su efectivo pago; y, b) ambas

costas de la ejecución. Los ejecutados contestaron negativamente e

interpusieron las defensas de falta de: derecho, legitimación activa y pasiva,

interés actual y la de pago total. El Juzgado rechazó las excepciones, por la

forma cómo resolvió, omitió pronunciamiento sobre la de pago, en consecuencia, declaró

parcialmente con lugar la ejecución. De las cantidades exigidas, condenó a los

co-ejecutados a cancelar por concepto de costas procesales, la suma de

¢984.600,00 a favor del señor Rojas Araya. Sobre ese monto y por los de

honorarios de abogado en virtud del proceso penal, aprobó los réditos

reclamados, según la tasa legal prevista por el canon 1163 del Código Civil.

Los intereses de las costas procesales los concedió según lo solicitado, desde

el 18 de febrero de 2010 hasta su efectivo pago. Los de los honorarios de

abogado, fueron otorgados desde la firmeza de la sentencia que se ejecuta -16

de febrero de 2011- y hasta su efectivo pago, por lo cual aprobó los liquidados

en la suma de ¢14.613,70. Finalmente, impuso las costas del proceso a cargo de

los co-ejecutados. El apoderado especial judicial del señor Córdoba Soro y de

la Municipalidad, formula recurso de casación donde desarrolla tres motivos de

índole sustantivo.

Previo al conocimiento del

recurso de casación, cabe destacar que mediante memoriales de fecha 10 y 30 de

mayo de 2012, el apoderado especial de los ejecutados, aporta la siguiente

prueba documental: a) Certificación notarial del escrito presentado por el

señor Huberth Rojas Araya en el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de

Alajuela, San Carlos, con fecha 7 de mayo de 2012, en el cual, admite que ha

retirado ¢15.000.000,00 por daño moral, ¢4.000.000,00 por honorarios de

abogados, y que “falta… por retirar… las costas procesales…”. b) Cédula

de notificación original recibida el 8 de mayo de 2012, del Tribunal del

Segundo Circuito Judicial de Alajuela, que corresponde a la resolución dictada

a las 13 horas del 7 de mayo de 2012, en la cual se les concedió audiencia (a

la parte querellada) por tres días, sobre el documento descrito en el punto

anterior. c) Copia de escrito del 9 de mayo de 2012, presentado ante el

Tribunal de San Carlos, donde los querellados indican que no tienen objeción de

que se gire la suma de ¢984.600,00 al licenciado Huberth Rojas por concepto de

costas procesales, ya que ese rubro estaba incluido en el depósito del día 8 de

mayo de 2011 que era de ¢20.000.000,00; y, d) Certificación de la resolución de

13 horas del 21 de mayo de 2012, emitida por el  Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de Alajuela, que ordenó devolver al señor Rojas Araya, la

suma de ¢984.600,00 y el sobrante de ¢15.400,00 al depositante Córdoba Soro. Estima

esta Sala que se trata de prueba nueva, según lo faculta el cardinal

145 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).  Sobre

el particular, esta Cámara ha expresado: “II. El referido

precepto 145, inciso 1), del CPCA, contiene un requisito formal de carácter

imperativo, en virtud del cual, quien ofrezca documentos durante el trámite del

recurso de casación, debe jurar no haberlos conocido con anterioridad y que

sean sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida. No discrimina

esa norma respecto al motivo por el que el gestionante no conoció de esa

documental relativa a hechos novedosos, acaecidos luego del fallo impugnado. En

ese caso, ya sea que los documentos existiesen antes de esa resolución o que se

emitieron con posterioridad, lo cierto es que el juramento se exige y, en tal

predicado, ha de observarse. Ahora bien, ese requisito debe cumplirse al

presentarse la prueba…” (sentencia no. 981-S1-11, de las 8 horas 42

minutos del 23 de agosto de 2011). Se observa que los documentos

que el casacionista aporta, no existían de previo a la presentación de la

ejecución, ni al momento de dictarse sentencia. De hecho, se trata de una serie

de escritos y actuaciones judiciales que surgieron después de dictado el fallo

en ejecución, sea a partir del 7 de mayo de 2012, con la solicitud del

querellado de que le sean entregados los montos correspondientes a costas

procesales. Si bien es cierto, con su presentación, el recurrente no cumple con

el requisito formal de carácter imperativo de jurar no haberlos conocido con

anterioridad, según lo dispone el cardinal 145 del CPCA, para no crear

injusticia e inseguridad jurídica al casacionista  y con el fin de

determinar la verdad real de los hechos (canon 82 CPCA), esta Sala estima conveniente

su admisión para ser analizados en sentencia. Debe aclararse que esta Cámara

mantiene la exigencia del juramento establecido en aquella norma, empero, dada

su trascendencia e importancia, se opta por admitirla pero como prueba para

mejor resolver en los términos del ordinal 148 ibídem. Sobre esos documentos se

otorgó audiencia a la contraparte mediante auto de las 13 horas 30 minutos del

2 de abril de 2013, quien a través de memorial del 19 de abril de este mismo

año, se refirió a las probanzas. Luego, se infiere su conveniencia y necesidad,

ya que constituyen elementos demostrativos y aclaratorios que son

relevantes para el desarrollo del primer agravio. En consecuencia, esa prueba

será introducida únicamente para dilucidar aspectos inciertos o dudosos que

surgieron para determinar la procedencia, cuantía y el pago del extremo

denominado “gastos del proceso”.

El primer

cargo que plantea la parte recurrente, gravita en torno a la liquidación de

costas procesales. Protesta, la juzgadora concedió en forma indebida a la

ejecutante, por concepto de honorarios de perito, psicólogo o psiquiatra y de

perito actuario matemático, la suma de ¢984.600,00. Sin embargo, asevera, el

señor Córdoba Soro realizó el pago de esos rubros, el cual está contenido en el

depósito que se hizo de ¢20.000.000,00 del que tiene conocimiento el Juzgado.

Si se suman los rubros por los que se les condenó (honorarios de abogado, daño

moral y costas procesales), arguye, se demuestra que ahí también estaban

incluidos los honorarios de los peritos que ahora se exigen. De esa operación,

argumenta, más bien existe un remanente a favor del depositante, por un poco

más de ¢15.000,00. Resalta, mediante escritos de fecha 9 y 24 de marzo de 2011,

desglosó y explicó los rubros que se cancelaban con el depósito, donde estaban

incluidos los emolumentos de los peritajes cuestionados. El giro, indica, lo

realizó el 8 de marzo de 2011 y fue requerido por el Juzgado el 25 de mayo de

ese año, mediante resolución de las 15 horas y 44 minutos. Si ese dinero no ha

sido retirado, acusa, no es por falta de pago, sino por falta de interés del

interesado. Dice, el pago de ¢984.600,00 lo hizo según la sentencia que se

ejecutaba y según se desprendía del expediente penal. De esta forma, afirma,

cumplió su obligación de buena fe. Lo correspondiente, expresa, es declarar que

esos rubros se encuentran cancelados desde el 8 de marzo de 2011, por lo que el

interesado debe gestionar su entrega. Considera, la jueza no valoró con sana

crítica, conforme a lo establecido en el canon 330 del Código Procesal Civil

(CPC), no solo la sentencia del Tribunal y de la Sala Tercera, sino también la

prueba aportada al contestar la ejecución.

En este

asunto, se observa que en su escrito inicial, el ejecutante solicitó dos veces el

monto de ¢984.600,00 por concepto de honorarios tanto de un perito psicólogo

como de otro matemático utilizados en el proceso penal (costas procesales). No

obstante, la jueza de este proceso, se percató que el Tribunal del Segundo

Circuito Judicial de Alajuela que tramitó la causa penal, únicamente previno el

depósito de ¢984.600,00 por los honorarios de ambos profesionales, por lo que

rechazó el doble cobro de esa suma. En este sentido, tuvo por demostrado los

gastos por ese concepto, los cuales catalogó como gastos procesales, por lo que

ordenó su aprobación en la suma indicada ¢984.600,00, así como sus intereses

desde el 18 de febrero de 2010, hasta su efectivo pago (folio 827). Una vez

analizada la probanza que los ejecutados alegan indebidamente valorada por la

juzgadora, así como la prueba para mejor resolver admitida en el considerando

II del presente fallo, esta Sala arriba a la conclusión de que efectivamente,

los gastos procesales por los honorarios de ambos peritos, ya habían sido

depositados por el señor Córdoba Soro en la cuenta del Tribunal de San Carlos,

desde el 8 de marzo de 2011. Sobre este aspecto, el querellado fue claro

mediante notas de fechas 9 y 24 de marzo de 2011 presentadas en aquél proceso,

al indicar que en ese pago de ¢20.000.000,00, “de buena fe” había

depositado ¢1.000.000,00, “con motivo de enfrentar el pago de los

peritos nombrados en autos” (folios 722 y 789 de este expediente

judicial). El Juzgado Contencioso también tuvo conocimiento de ese

depósito, el cual responde a la boleta no. 088932 del Banco de Costa Rica, ya

que mediante resolución de las 15 horas y 44 minutos del 25 de mayo de

2011, solicitó la remisión de los ¢20.000.000,00. Todo lo anterior, indica que

la jueza ejecutora debió acreditar ese dinero a la obligación que pesaba sobre

el ejecutado y no parcialmente como sucedió (solo daño moral y costas

personales), máxime que la Administración Regional del II Circuito Judicial de

Alajuela le había informado a través del oficio no. 493-ARSC-11 de fecha 9 de

agosto de 2011, que del total depositado, ¢15.000.000,00 eran para el pago del

daño moral y ¢4.000.000,00 para los honorarios de abogado, quedando un saldo de

¢1.000.000,00 (folios 808 al 812). Ese remanente, se infiere con claridad

absoluta, responde a los gastos de honorarios de los peritos psicólogo y

matemático, según el análisis que se debía realizar tanto de la sentencia

penal, como de las notas aclaratorias del señor Córdoba Soro y de la

documentación que fue enviada por la Administración Regional al Juzgado.

Posteriormente, resulta que con la prueba aportada en el recurso y admitida por

esta Cámara, se observa que el 7 de mayo de 2012, después de emitida la

sentencia aquí cuestionada, la parte querellante de la causa penal

(ejecutante), efectivamente solicitó ante ese Despacho Judicial, la entrega del

monto correspondiente a costas procesales según el depósito de ¢20.000.000,00

que había hecho don Alfredo Córdoba (folio 741). En ese escrito, el señor

Hubert Rojas expresó lo siguiente: “Falta únicamente por retirar… las costas

procesales… dinero que como consta en autos está depositado a nombre de ese

Juzgado”.  Seguidamente, el 9 de mayo de 2012, la parte ejecutada, al

responder la audiencia conferida en sede penal, no se opuso a la entrega de ese

dinero (folio 856 expediente judicial). Consecuencia de lo narrado, el 21 de

mayo de 2012, ese Tribunal ordenó “la devolución del monto correspondiente a

novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos colones a favor del querellante

Rojas Araya. Así mismo, se ordena la devolución del monto restante

correspondiente a quince mil cuatrocientos colones, a favor del querellado

Alfredo Córdoba Soro...” (folio 861). Ello ratifica, que en efecto, con el

depósito realizado el 8 de marzo de 2011, los co-ejecutados ya habían previsto

el pago de los gastos procesales. Por todos estos motivos, lleva razón el

ejecutado en el sentido de que la sentencia y las notas presentadas al Tribunal

Penal no fueron analizadas con base en las reglas de la sana crítica que indica

el canon 82 del CPCA. Sin embargo, por lo que de seguido se expondrá, en el

caso concreto se presenta un supuesto de falta de casación útil.

Primero, es necesario aclarar que la sentencia de ejecución sí debía realizar

pronunciamiento expreso del extremo de costas procesales, ya que el fallo penal

no. 041-2010 que se ejecutaba, había declarado procedentes esos gastos pero en

abstracto, por lo que resultaba indispensable que la jueza identificara esos

rubros. Por este motivo, el fallo en este aspecto se encuentra ajustado a derecho,

lo único que hace es considerar procedente el monto reclamado junto con sus

intereses. El problema se presentó, no en su determinación, sino en desconocer

que del pago de ¢20.000.000,00 hecho por los ejecutados, ya estaba contemplado

el extremo de gastos procesales. Incluso, se puede establecer que el Tribunal

de San Carlos necesitaba de ese pronunciamiento de ejecución, para establecer

con certeza, a quién correspondía el ¢1.000.000,00 que aún permanecían en sus

cuentas. Pero en el fondo, la juzgadora no niega ni acepta, que respecto de ese

extremo concreto, el pago ya se había realizado. Entonces, lo que en derecho

correspondía, era que la sentencia estableciera expresamente, que ese rubro

había sido cancelado por el señor Córdoba Soro y la Municipalidad, desde el 8

de marzo de 2011 y que, por lo tanto, el ejecutante Rojas Araya debía gestionar

su entrega ante el Tribunal de Segundo Circuito Judicial de Alajuela. En

segundo lugar, se entiende que al ordenar el Tribunal de San Carlos la entrega

de ese dinero en los términos solicitados por el recurrente, el agravio resulta

carente de interés, por cuanto el resultado esperado ya se presentó. Se

insiste, lo único que existió fue una indebida valoración de documentos que

acreditaban, una vez determinado el monto de los peritajes, que ese pago ya se

había hecho, empero, ese problema quedó solventado con la resolución del

Tribunal de San Carlos que dispuso del remanente de ¢1.000.000,00. En razón de

estas dos aclaraciones, es que el reparo resulta inútil a afectos de casar la

sentencia, puesto que el resultado alegado en el recurso ya se presentó. En

todo caso, este órgano colegiado debe advertirle al recurrente, que tal omisión

de la juzgadora, debió ser reclamada por cualquiera de las partes, mediante

solicitud expresa de adición y aclaración del fallo, lo cual habría evitado los

inconvenientes y malentendidos que se presentaron; ya que bastaba indicarle

este aspecto a la jueza para que se pronunciara al respecto. Finalmente, debe

aclararse que esta Sala, tampoco observa mala fe o abuso del proceso por parte

del señor Rojas Araya, como parecen indicarlo los recurrentes, ya que al

momento de interponer la ejecución, el ejecutante no tenía conocimiento del

depósito, esto por cuanto el escrito de ejecución se presentó el 8 de marzo de

2011 a las 15 horas 30 minutos (folio 54), y el depósito -si bien se realizó

ese mismo día- fue hecho hasta las 16 horas 51 minutos (folio 701). De ahí su

derecho a reclamar todas las sumas ordenadas en la sentencia penal. De todos modos,

aún conociendo sobre el depósito, se reitera, el extremo de las costas

procesales no había sido determinado, por lo cual le asistía el derecho a

ejecutar ese extremo. Así las cosas, el reparo debe ser desestimado.

En el segundo

agravio, relacionado con el anterior, cuestiona lo resuelto en relación con la

liquidación de intereses generados sobre los montos de honorarios de abogados y

costas procesales, ya que la sentencia que se ejecuta no ordenó cancelarlos.

Considera, al concederse intereses que no fueron otorgados en la “sentencia

principal”, el fallo recurrido es contrario a la cosa juzgada, y lesiona los

numerales 595 incisos 2 y 3 del CPC. Reitera, ese monto ya había sido

depositado de buena fe, después de que la sentencia final del Tribunal Penal de

San Carlos quedó firme. Subsidiariamente, alega, esos intereses son concedidos

desde el 18 de febrero de 2011 y hasta su efectivo pago, pero el Juzgado olvida

que el pago ya se había hecho el 8 de marzo de 2011. De este modo, acota, lo

correspondiente en último caso, sería concederlos desde la firmeza de la

sentencia penal y hasta el 8 de marzo de 2011. Sobre este mismo punto, asegura,

se les deja en estado de indefensión al no establecerse la tasa de interés o

tasa aplicada para cuantificar la suma.

La parte recurrente

reclama la procedencia de los intereses sobre las costas del proceso, ya que a

su entender, la sentencia que se ejecuta no los ordenó. En este entendido, es

necesario aclarar previo a cualquier análisis, que en su escrito inicial, el

ejecutante efectivamente solicitó el pago de “los intereses legales sobre

todas las sumas debidas y liquidadas, calculadas desde el día del dictado del

fallo penal que se ejecuta en fecha 18 de febrero de 2010, hasta el día de su

efectivo pago…” (folio 58).   Por su parte, el Juzgado resolvió

lo siguiente: “Se aprueban los réditos reclamados sobre la suma aprobada en

este proceso y sobre los montos fijados por concepto de honorarios

profesionales en el proceso penal, los que se calcularán aplicando  la

tasa legal prevista en el numeral 1163 del Código Civil, que es la que

establece el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a

seis meses plazo. En el caso del rubro aprobado por concepto de costas procesales,

los intereses se aprueban a partir de la fecha solicitada, dieciocho de febrero

de 2010, en razón de que el depósito de honorarios de perito (sic) había sido

realizado con anterioridad a ese día y hasta su efectivo pago. En el caso de

los montos por concepto de honorarios de abogados aprobados en la sentencia que

se ejecuta, los intereses se aprueban a partir de la firmeza de dicha

resolución -16 de febrero de 2011- y hasta su efectivo pago. Se aprueban los

liquidados desde la mencionada fecha hasta el 8 de marzo de 2011, en la suma de

catorce mil seiscientos trece colones con setenta céntimos…” (folios 828 al

829). Respecto a la condena por intereses, a manera de preámbulo, resulta de

importancia mencionar que el cuerpo de jueces ejecutores concebido en el CPCA

(norma 155), son las personas encargadas de darle plena efectividad y eficacia

a las sentencias y demás resoluciones firmes. Para lo cual se les ha dotado de

poderes y deberes suficientes que les permitan desempeñar a cabalidad sus

competencias, lo cual les faculta a realizar todas aquellas conductas

necesarias con el objeto de lograr la ejecución pretendida e incluso podrán

adoptar, por su cuenta, aquellas necesarias y equivalentes para su pleno

cumplimiento. Además, por mandato constitucional, deben velar que se cumpla con

la tutela judicial efectiva, lo cual implica que las personas encuentren

reparación plena ante los daños y perjuicios que se hayan sufrido y desglosen

su pago (numeral 41 Constitución Política). Deben garantizar a la vez, la

legalidad de la actuación del Estado, sus instituciones y toda otra entidad de

derecho público (artículo 49 ibídem). Dicho lo anterior, procede ahora analizar

si la jueza ejecutora actuó correctamente al conceder el extremo de intereses

sobre las costas personales y procesales. Esta Sala es del criterio, que los

réditos compensan el costo de oportunidad que tuvo que soportar el acreedor,

quien no recibió o disfrutó del dinero debido oportunamente durante el plazo

del incumplimiento, y su otorgamiento está sujeto al principio dispositivo, es

decir depende de la solicitud expresa del interesado, lo cual restringe el

actuar del órgano jurisdiccional. Esta Cámara ha considerado en relación con

obligaciones dinerarias como la que aquí se discute, lo siguiente: “Cuando

la obligación es de esa naturaleza, los daños y perjuicios consisten siempre y

únicamente en el pago de los intereses sobre la suma debida, contados desde el

vencimiento del plazo, de conformidad con el artículo 706 Código Civil. Sobre

el punto a partir del cual corren los intereses en este tipo de deudas, ya esta

Sala ha establecido: “Dicho plazo deberá contarse a partir del vencimiento del

plazo estipulado y, en defecto de convención, a partir del momento en que la

obligación resulta legalmente exigible.” (Fallo no. 68 de las 15 horas 20

minutos del 28 de junio de 1996). De ahí que los réditos deban computarse desde

la fecha en que cada pago era exigible y no desde la firmeza del fallo, pues

esto último implicaría una desatención a la naturaleza misma de la obligación,

así como de los numerales 704 y 706 del Código Civil, que establecen el deber

del deudor de compensar por los daños y perjuicios que deriven del desaire de

un deber pecuniario. Con todo, ante el desajuste económico que supone la presente

deuda dineraria, el otorgamiento de intereses desde el incumplimiento compone

una medida que busca compensar la indisponibilidad del dinero en el momento

oportuno, y que permite reconocer al acreedor de la obligación el factor

deflacionario a fin de que la deuda se cancele a valor presente… Se trata del

reconocimiento de los perjuicios económicos que se han provocado...”. (Sentencia

no. 736, de las 14 horas 55 minutos del 8 de octubre de 2007, mencionada en la

no. 1053 de las 13 horas 55 minutos del 8 de octubre de 2009 y en la no. 248 de

las 8 horas 55 minutos del 10 de marzo de 2011). De conformidad con lo

expuesto, este órgano decisor es del criterio, de que los intereses reclamados

son procedentes, tal y como fue considerado por la juzgadora de instancia, dado

que efectivamente, la Constitución Política alude en el numeral 41, que toda

persona tiene derecho a la reparación cuando ha sufrido algún daño. Asimismo,

la norma 45 ibídem establece, “La propiedad es inviolable; a nadie puede

privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa

indemnización conforme a la ley…”. De esos cánones constitucionales se

deriva el principio de intangibilidad del patrimonio. Al aplicarse esta máxima

jurídica al caso concreto, conllevaría a que el no reconocimiento de intereses

se traduzca en un perjuicio para el acreedor, y en un enriquecimiento sin causa

del obligado, motivado por su propia falta al no pagar oportunamente la

obligación. El Código Civil, en el canon 706 dispone: “Si la obligación es

de pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios consisten siempre y

únicamente en el pago de intereses sobre la suma debida, contados desde el

vencimiento del plazo.” De todas esas disposiciones de carácter imperativo,

se colige, como principio, que en aras de conseguir esa reparación integral,

tratándose de un menoscabo fundado en una deuda dineraria, es factible

reconocer intereses cuando exista demora por parte de un condenado penal en

este caso, en cancelar sus obligaciones, pues constituye una consecuencia

lógica ante el incumplimiento. En suma, los intereses compensan el costo de

oportunidad que tuvo que soportar el acreedor, quien no recibió el dinero

debido durante el plazo del incumplimiento, y su otorgamiento está sujeto al

principio dispositivo, es decir, depende de la solicitud expresa del

interesado, que restringe el actuar del órgano jurisdiccional. En este caso,

los gastos efectuados por el querellante para cancelar peritajes, han

significado una pérdida de ese dinero y los réditos que habría generado de no

haber incurrido en tales pagos. Esa pérdida económica se traduce en perjuicios

que deben ser sufragados por el imputable del hecho doloso, según lo que se

determinó en el proceso penal. Por ende, los extremos de intereses concedidos,

son réditos o ganancias dejadas de percibir por el ejecutante, que al tenor de

los cardinales 41 de la Carta Magna, 704, 706 y 1163 del Código Civil deben ser

resarcidos por los obligados a ello, sean el señor Córdoba Soro y el

Ayuntamiento de San Carlos. De esta forma, no tiene relevancia si la sentencia

ejecutada dispuso o no el pago de intereses, puesto que estos constituyen los

perjuicios generados al ejecutante durante todo el tiempo que no dispuso de los

montos cancelados por concepto de peritajes, una consecuencia lógica que ha de

pagarse también. En virtud de las razones expuestas, esta Sala estima que lo

resuelto en la resolución cuestionada en torno a la procedencia de los

intereses sobre las costas personales y procesales se encuentra ajustado a

derecho.

El alegato de que la

jueza no estableció la tasa de interés o tasa aplicable para cuantificar la

suma, también debe ser desestimado, ya que el por tanto de la resolución

cuestionada, expresamente señaló que los intereses “se calcularán aplicando

la tasa legal prevista en el numeral 1163 del Código Civil, que es la que

establece el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados de depósito a

seis meses plazo...” (folio 828). En lo que sí lleva razón el casacionista,

es que la liquidación de intereses sobre las costas procesales, sea los gastos

de peritos, debió considerar que “su efectivo pago” ya se había

realizado en fecha cierta. En este sentido, según lo expuesto en el

considerando IV de esta resolución, con el depósito realizado el 8 de marzo de

2011, los co-ejecutados ya habían previsto el pago de los gastos procesales,

por lo cual, hasta esa fecha debía determinarse la procedencia de intereses,

tal y como se hizo con los costas personales. Así las cosas, la jueza debía

determinar el monto a cancelar por los gastos de peritos (¢984.600,00) desde el

18 de febrero de 2010 (fecha de la sentencia ejecutada y así solicitado por el

señor Rojas Araya a folio 58) y hasta el 8 de marzo de 2011 (fecha del

depósito). En consecuencia, para efectuar el cálculo de los intereses que se le

deben cancelar al ejecutante, ha aplicarse el interés legal, propio de las

obligaciones civiles, que es igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica

por los certificados de depósito a seis meses plazo, a partir de un capital de

¢984.600,00, por un período comprendido entre el 18 de febrero de 2010 al 8 de

marzo de 2011. Según el “Calculador de Intereses del Sistema Costarricense

de Gestión de los Despachos Judiciales”, el monto que corresponde por este

concepto asciende a la suma de ¢67.129,49 de acuerdo al siguiente esquema:

Resultado del Cálculo

Días Total: 384

Intereses calculados: ¢67.129,49

Total calculado: ¢1.051.729,49

Detalle del Cálculo

Fecha Inicio

Fecha Fin

% Anual

% Diario

Días Tramo

Imp. Interes

18/02/2010

06/09/2010

6,75

0,018

201

36598,8

07/09/2010

31/10/2010

5,80

0,016

55

8605,13

01/11/2010

08/03/2011

6,35

0,017

128

21925,56

Entonces, resultan procedentes los intereses

legales por concepto de costas personales y procesales, impuestas por la

juzgadora. Para determinar la liquidación de las primeras no hay problema, ya

que se aprobó la presentada por la ejecutante y sobre ella, no hay reclamo

expreso del casacionista. Pero las segundas, sí debieron identificarse, ya que

existían elementos suficientes para ello, por lo cual esta Sala procedió a su

determinación. En este sentido, los co-ejecutados deben cancelarle al

ejecutante, por concepto de intereses legales sobre las costas procesales, la

suma total de ¢67.129,49. Así las cosas, el agravio debe ser acogido

parcialmente, puesto que la sentencia no determinó el monto a conceder por ese

rubro.

En el último reparo,

alega, debió eximírseles del pago de las costas de la ejecución por cuanto

litigaron de buena fe, demostraron cancelar oportunamente los montos por los

que se les condenó (el 8 de marzo de 2011), sea después de la firmeza de la

sentencia penal, la cual se presentó el 18 de febrero de 2011. Protesta, el

ejecutante reclamó montos que habían sido cancelados, incluyendo extremos que

ni siquiera fueron concedidos en la sentencia penal. Justifica el reparo con

las normas 221 del CPC y 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

En reiteradas ocasiones la

mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que, la condena al vencido

del pago de las costas, tiene su origen en una norma imperativa. Según el

ordinal 193 citado, en “las sentencias y los autos con carácter de

sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y

procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio” (el subrayado no

es del original). Continúa el canon, “No obstante lo anterior, la parte

vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: / a) La

sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya

conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la

parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a

juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar” (el subrayado es

suplido). De esta forma, la condenatoria en costas al vencido procede por el

sólo hecho de serlo, en tanto que la exoneración, es una facultad del juzgador.

En ese sentido, solo cuando hace uso de esta facultad, podría darse una

infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea interpretación o falta

de actuación del precepto. Distinto ocurre cuando el juez las impone al

perdidoso por el hecho de serlo, pues se limita a emplear la regla o mandato

general contemplado en cardinal 193. De esta manera, no puede infringirse la

norma si no se aplica la excepción a la regla, es decir, no puede violentarse

si no ejerce la facultad de exonerar las costas. Por este motivo, por mayoría

se estima que el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.

Con base en lo

expuesto, se acogerá parcialmente el recurso del señor Alfredo Córdoba Soro y

de la Municipalidad de San Carlos. En consecuencia, se modificará el fallo del

Tribunal solo en cuanto determinó que los intereses legales sobre las costas

procesales eran procedentes desde el 18 de febrero de 2010 y hasta su efectivo

pago. En su lugar, resolviendo por el fondo, se declarará que tales intereses

proceden desde el 18 de febrero de 2010 hasta el 8 de marzo de 2011 por la suma

de ¢67.129,49. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia recurrida.