Resolución 01426-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, a

fin de que en sentencia se declare: "1). Se ordene a la Universidad de Costa Rica la equiparación

académica del grado "Master of Sciencie en Ingeniería" de mi título

de Ingeniero Eléctrico, del Instituto Politécnico Superior de Leningrado M.G.

KALININ, ORDEN LENIN, URSS, concedido el 22 de diciembre de 1986 en la ciudad

de Leningrado URSS hoy San Petesburgo, Rusia, amparado al Convenio de

Cooperación Cultural y Científica entre la República de Costa Rica y la antigua

Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS- ratificado en la Ley no.

5771 del 13 de agosto de 1975 por la Asamblea Legislativa, publicada en el

Alcance no. 138 de la Gaceta no. 164 del 30 de agosto de 1975. 2). Se declare

la nulidad absoluta del oficio ORI-R-1437-2007 de la UCR. 3). Se condene a la

UCR a resarcirme de manera íntegra y absoluta todos los daños y perjuicios

causados por no equiparar el grado académico de Máster en Ciencias de la

Ingeniería del Título de Ingeniero Eléctrico reconocido como lo determina la

ley. Es relevante hacer ver al Tribunal que la UCR reiteradamente ha incumplido

la ley y diferentes sentencias que la obligan a realizar los reconocimientos y

equiparaciones de títulos emitidos por universidades de la URSS amparados en el

convenio citado, como se ha fundamentado en la presente demanda, reincidiendo

en esos incumplimientos en casos similares. Detallo los daños de la siguiente

forma:

Total de años de la acción: desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el

10 de diciembre de 2010: veintitrés años. Durante estos años me he visto

limitado a aprovechar mi formación profesional con el grado académico de Máster

en Ciencias de la Ingeniería así como optar por el Doctorado en la especialidad

en que me gradué en la Universidad. Tomando en cuenta los salarios promedios de

un profesional maduro con licenciatura y con maestría en la rama de la

ingeniería eléctrica, en nuestro medio, pueden tener, según cálculos muy

conservadores, una diferencia de quinientos mil colones mensuales como mínimo,

esto nos da un total de seis millones de colones anuales y en veintitrés años: ¢138.000.000,00

(ciento treinta y ocho millones de colones).

Daño moral objetivo,

representado por el grave daño causado por la UCR al negarse, de manera ilegal,

a equiparar mi título con el grado de Máster en Ciencias de la Ingeniería en

contra de la ley y en contra de mis derechos subjetivos y derechos humanos, que

estimo en la suma de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones).

Todos

y cada uno de los renglones desglosados, deberán ser objeto de indexación

conforme al índice de precios al consumidor o estabilización periódica, de

forma que se ajuste el monto y valor de lo reclamado a la fecha en que se lleve

a cabo el pago efectivo de las indemnizaciones objeto de esta demanda.

La

UCR debe pagar, por su propia cuenta y de manera exclusiva lo correspondiente a

ambas costas personales y procesales derivadas de este proceso".

El apoderado del ente demandado contestó

negativamente e interpuso las excepciones de caducidad, prescripción (ambas

resueltas en audiencia preliminar), falta de derecho, falta de interés legítimo

y falta de acción.

La

audiencia preliminar se realizó al ser las 14 horas del 22 de agosto de 2011,

oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas

partes. En esta se ajustó la pretensión. Asimismo, la Jueza Evelyn Solano

Ulloa, declaró el asunto como de puro derecho, por lo que se trasladó a la

Sección Sexta del Tribunal.

4.-

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrado por la Jueza Priscila Quirós Muñoz y los Jueces José Roberto Garita

Navarro y Christian Hess Araya, en sentencia número 231-2011-VI de las 7 horas

45 minutos del 28 de octubre de 2011, resolvió: “De oficio, se aprecia la existencia de una caducidad de

la acción. En consecuencia, se declara caduca la acción de nulidad emprendida

por el señor Luis Diego Jiménez Jiménez contra el acto ORI-R-1437-2007 de la

Universidad de Costa Rica y por su accesoriedad, se rechazan las pretensiones

declarativas y de daños y perjuicios planteadas. Por innecesario, se omite

pronunciamiento respecto de las defensas opuestas y las cuestiones de fondo. Se

impone el pago de ambas costas al demandante.”

El

representante de la parte actora formula recurso de casación indicando las

razones en que se apoya para  refutar la tesis del Tribunal.

En

los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho excepto el XIII que lo redacta el

magistrado Solís

El señor Luis

Diego Jiménez Jiménez alega que, luego de cursar estudios de ingeniería

eléctrica en el Instituto Politécnico Superior de Leningrado M.G. Kalinin,

orden Lenin, presentó el título obtenido en dicha institución ante la

Universidad de Costa Rica (en adelante UCR), la cual lo reconoció y equiparó al

grado de licenciado. Esto ocurrió, señala, en diciembre de 1987.

Posteriormente, en abril de 2007, solicitó al centro educativo nacional ya

indicado la equiparación del título que obtuvo en Rusia con el grado de “Master

of Science en Ingeniería”, gestión que le fue rechazada. Por ello, formuló este

proceso para que se ordene a la UCR realizar la equiparación solicitada, la nulidad

absoluta del oficio ORI-R-1437-2007 y se le condene al pago de daños y

perjuicios derivados de la negativa de la institución, los cuales además

requiere que sean indexados. Pide, también, el reconocimiento de costas. La

Universidad demandada se opuso y planteó las defensas previas de caducidad y

prescripción así como las excepciones de falta de derecho y “de acción”.

Durante la audiencia preliminar, el juez tramitador desestimó la existencia de

caducidad; sin embargo, el Tribunal declaró en forma oficiosa caduca la acción

en cuanto a la nulidad contra el citado acto, y por accesoriedad, rechazó las

restantes pretensiones e impuso las costas al actor, quien inconforme, acudió

ante esta instancia extraordinaria.

El Código

Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), en el inciso c) del

numeral 140 establece la figura del rechazo de plano por el fondo, en virtud de

la cual, a pesar de que el recurso de casación cumple con todas las

formalidades exigidas por el ordenamiento administrativo, y por ende, deviene

en admisible, por la temática concreta que plantea, la Sala –o el Tribunal de

Casación, según corresponda- lo estima notoriamente improcedente en lo relativo

a los aspectos de fondo. En este supuesto, se resuelve el asunto prescindiendo del

trámite de audiencia a las partes regulado en el artículo 142 del citado cuerpo

normativo, potenciando, así, el principio de celeridad en el trámite

casacional. En el presente asunto, se aducen dos cargos procesales y dos de

fondo, referidos en su mayoría al tema de la caducidad. No obstante, dentro de

los primeros, también se cuestiona la forma en que se resolvió el extremo de

costas, motivo por el cual dicho aspecto se recalifica para analizarlo como una

supuesta vulneración de normas sustantivas.

Casación por violación de normas procesales

En su primer

agravio de esta naturaleza, alega el quebranto de la cosa juzgada, así como la

vulneración de los artículos 42 párrafo 2 de la Constitución Política, 66, 67,

y 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 153 y 158 del Código

Procesal Civil así como el 62.6.b del Reglamento Autónomo de Organización y

Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. En

esencia, afirma que el Tribunal incurrió en un yerro al analizar la caducidad

en forma oficiosa ya que el juez tramitador había rechazado esa defensa y la de

prescripción durante la audiencia preliminar, y que sin embargo, no fueron

reiteradas al momento de formular las conclusiones sucintas. Aduce que esto era

necesario para que se pudieran analizar dichos aspectos en la sentencia.

Destaca que, además, no formuló el recurso de revocatoria en su momento, por lo

que se conformó con lo resuelto. Considera que el actuar de los juzgadores de

instancia, al conocer en forma oficiosa las excepciones dichas, generan una

indefensión de la parte actora y quebrantan el derecho de defensa y al debido

proceso.

El recurrente

cuestiona el análisis oficioso realizado por el Tribunal respecto de la

caducidad y aduce que el demandado omitió reiterar las excepciones opuestas

originalmente en la audiencia preliminar consintiendo lo allí resuelto. En este

sentido, es importante destacar que, a diferencia de la prescripción, que puede

ser renunciada expresa o tácitamente, la caducidad de la acción no se encuentra

sujeta al principio rogatorio, y por ende, su análisis puede efectuarse de

manera oficiosa. Esta constituye un presupuesto esencial para que la

controversia pueda ser conocida por los órganos jurisdiccionales, ya que una

vez traspasado ese umbral temporal, la acción mediante la que se solicita la

actuación e intervención judicial decae, dado que, incluso, es irrenunciable

para la parte. En este sentido, con la excepción contenida en el artículo 40

respecto de la inaplicabilidad futura de los actos cuyos efectos sean

continuados, el CPCA dispone un plazo máximo para incoar el proceso de un año,

momento a partir del cual la demanda resulta inadmisible, tal y como se

consigna en el precepto 92 del mismo cuerpo normativo. En este punto, es

importante destacar, ya que el recurrente hace mención indistinta de las

defensas de prescripción y de caducidad formuladas originalmente por la UCR,

que la sentencia impugnada ingresa exclusivamente a la valoración de la

segunda, que es la única cuyo análisis resulta oficioso, producto del carácter

renunciable de la otra. Así las cosas, no es de recibo la tesis del recurrente

en el sentido de que el Tribunal se encontraba impedido, por la omisión de la

parte demandada de reiterar las defensas, para ingresar a valorar el

cumplimiento de este requisito procesal. Ese reproche solamente sería válido si

se hubiera admitido la defensa de prescripción. Todo lo anterior, aunado a que

en este cargo no se cuestiona el cómputo del plazo, lo cual produce que el

reparo debe ser desestimado.

En su segundo

agravio, reclama que se omitió pronunciamiento sobre la principal pretensión de

la demanda, la cual es distinta de aquella que fue rechazada con motivo de la

caducidad. Indica que contrario a lo afirmado en la sentencia, el segundo ruego

es accesorio del primero, y que se debió analizar el fondo del asunto, lo que

genera el quebranto al principio del debido proceso, colocándole en

indefensión. Endilga la vulneración de los numerales 119 y 42 del Código Procesal

Contencioso Administrativo y 155 del Código Procesal Civil.

De los

alegatos formulados, se extrae claramente que la inconformidad del casacionista

consiste en una incongruencia respecto de las pretensiones formuladas ya que

aquella respecto de la cual se dispuso la caducidad era accesoria, no

principal. Empero, el reclamo no es atendible. Específicamente, alega que el

objeto principal de este proceso está definido por el ruego que a continuación

se transcribe: “Se ordene a la Universidad de Costa Rica la equiparación

académica del grado “Master of Sciencie en Ingeniería” de mi título de

Ingeniero Eléctrico, del Instituto Politécnico Superior de Leningrado M.G.

KALININ, ORDEN LENIN, URSS, concedido el 22 de diciembre de 1986 en la cuidad

de Leningrado URSS hoy San Petesburgo, Rusia, amparado al Convenio de

Cooperación Cultural y Científica entre la República de Costa Rica y la antigua

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –URSS- ratificado en la Ley No 5771

del 13 de agosto de 1975 por la Asamblea Legislativa, publicada en el alcance

No 138 de la Gaceta No. 164 del 30 de agosto de 1975.” Si bien el

recurrente aduce que con base en esta pretensión los juzgadores de instancia

debieron ingresar al análisis del fondo del asunto, lo cierto es que esta pretensión

no puede desligarse de aquella en la cual se solicita la nulidad del oficio

ORI-R-1437-2007 en el que precisamente se le rechazó la gestión presentada a

tal fin. A partir de lo anterior, no existe diferencia alguna (excepto en la

forma en que fueron redactados) entre el primer y segundo extremo contenido en

la petitoria de la demanda. Desde la perspectiva del objeto del proceso,

constituyen un único e indivisible elemento. Así, debido a que en la sentencia

impugnada se consideró que respecto del acto citado ya había operado la

caducidad, dicha circunstancia impedía entrar a considerar los restantes

alegatos que resultan accesorios, como lo es el tema de la eventual

responsabilidad patrimonial de la UCR, tal y como fue dispuesto por los

juzgadores de instancia. Ello obliga al rechazo de este cargo.

Casación por vulneración de normas sustantivas

En

su primer cargo de esta índole, acusa una preterición de prueba, lo que

genera, en su criterio, el quebranto de los numerales 175 de la Ley General de

la Administración Pública así como de los artículos 39, inciso 1), 40 y

transitorio II del CPCA. Destaca que el vicio se dio respecto del oficio

ORI-R-949-2007 del 10 de mayo de 2007, el cual fue notificado el 22 de ese

mismo mes y año. Expone que en la audiencia preliminar, el hecho cuarto de la

demanda, el cual se fundamentó en dicho documento, se tuvo como no

controvertido, tal y como se consignó en la sentencia impugnada. Dice, en este

se indicó que la UCR se avocaría a realizar las consultas legales

correspondientes respecto de la solicitud presentada por el actor desde el 12

de abril de 2007. Por ello, arguye, dado que para esa fecha ya había iniciado

el procedimiento, le resulta aplicable el transitorio II del CPCA, y en forma

concomitante, el precepto 39 del mismo cuerpo normativo deviene en inaplicable.

Aduce, además, la vulneración del numeral 175 de la Ley General de la

Administración Pública, el cual contempla un plazo de caducidad de cuatro años

para la impugnación del acto administrativo, y no de uno. En el segundo

vicio que plantea, cuestiona la misma decisión que en el anterior, y endilga la

infracción de las mismas disposiciones legales. Reitera que se le aplican las

reglas de caducidad previstas en el CPCA a un procedimiento administrativo que

se encontraba en trámite antes de la entrada en vigencia de dicho Código.

Aclara, por la misma razón apuntada, al supuesto fáctico que se analiza le

resulta aplicable la versión previa a la reforma del artículo 175 ya que el

CPCA entró en vigencia a partir del primero de enero de 2008. Agrega que la

actuación impugnada no debió ser calificada como de efectos instantáneos, como

lo indicó el Tribunal, sino continuados, ya que “los efectos del acto

administrativo donde la Universidad demandada rechaza la equiparación del grado

de Máster en ciencias de la Ingeniería tiene efectos continuados porque le

causa a nuestro mandante, entre otros, un daño irreparable que se mantiene en

el tiempo como lo es la imposibilidad de optar por el Doctorado en la especialidad

en que don Luis Diego [sic] graduó en la Universidad.” Acota que de

conformidad con el inciso 2) del artículo 40, el punto de partida del cómputo

de la caducidad es luego del cese de los efectos del acto, por lo que en este

caso, no ha iniciado. Expone que la falta de aplicación del Convenio de

Cooperación Cultural y Científica entre Costa Rica y la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas conculca día a día el derecho del recurrente de que su

título académico se equipare con el que obtuvo en el Instituto Politécnico

Superior de Leningrado MG Kalinin, Orden Lenin.

VIII.-

Ambas inconformidades se dirigen a cuestionar el análisis de la caducidad

realizado por los juzgadores de instancia; una, por considerar que las

disposiciones del CPCA sobre este punto no resultaban aplicables en la especie

de conformidad con el transitorio II de dicho cuerpo normativo, y la otra, en

la medida en que, debido a que los efectos del acto son continuados, el término

de caducidad no había iniciado. En lo que atañe al primer punto, en forma

preliminar debe aclararse que el transitorio II citado en el recurso, cuyo

objeto es regular la creación de despachos en otras provincias o zonas

territoriales, no mantiene relación alguna con el cuestionamiento esbozado por

el recurrente. Empero, a partir de sus argumentos, en particular de la relación

que establece con el numeral 175 de la Ley General de la Administración

Pública, se puede extraer que en realidad se refiere al transitorio III, el

cual establece: “El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado

firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se

regirá por la legislación vigente en ese momento.” Así, la ultractividad de

la redacción original del precepto 175 previamente citado, y por ende, del

plazo de caducidad de cuatro años, únicamente cobija aquellos actos que hayan

adquirido firmeza antes del 2008. Es decir, el supuesto de hecho determinante

para la aplicación del transitorio mencionado es el momento a partir del cual

se puede considerar que el acto adquirió firmeza. En la especie, se tiene que

el oficio ORI-R-1437-2007 cuya nulidad se pretende se le notificó al aquí actor

hasta el día 5 de febrero de 2008 (octavo hecho probado de la sentencia, el

cual no fue cuestionado). En este sentido, y dado que la eficacia de los actos,

salvo que concedan derechos al particular, se encuentra supeditada a la

comunicación (art. 140 de la Ley General de la Administración Pública), lo

cierto es que la firmeza del acto sobrevino cuando ya estaba vigente el CPCA.

Con base en lo anterior, el hecho de que el procedimiento se tramitara, o

incluso que el acto cuestionado se dictara en el 2007, no supone la aplicación

del régimen de impugnación vigente antes del 2008, lo que descarta la tesis

esgrimida en el recurso.

Resta ahora

analizar el segundo argumento planteado por el recurrente para cuestionar la

caducidad decretada, según el cual, el acto impugnado es de efectos

continuados. En principio, este supuesto es propio de aquellas relaciones

jurídicas de duración, entendiendo que opera cuando el acto incide

reiteradamente en la esfera jurídica del particular, ya sea creando, modificado

o extinguiendo durante ese período las relaciones o situaciones jurídicas que

integran dicha esfera jurídica. Contario a lo que ocurre en aquellos actos de

efecto instantáneo en los que su incidencia o efecto se agota en un solo

momento, precisamente en el que varía, en forma positiva o negativa, el

conjunto de derechos, potestades, obligaciones, deberes, y cargas de las

personas. En el presente caso, no cabe duda que la denegatoria del

reconocimiento del título definió una situación jurídica para el señor Jiménez.

Esto marcó y definió, en un solo espacio temporal, la denegatoria, por

imposibiildad jurídica, de alcanzar un nuevo estatus académico. Ahora bien, las

distintas consecuencias que se puedan derivar de ello, como la pretendida

imposibilidad de acceder a estudios de postgrado, o bien, eventuales ingresos

adicionales, no constituyen efectos jurídicos y directos dispuestos por el acto

administrativo que resolvió la gestión del petente, sino, que derivan,

precisamente, de esa consolidación del estatus académico otorgado como una

repercusión consecuencial, secundaria y permanente en el tiempo, pero no de

incidencia repetida. En la línea de lo expuesto en el considerando anterior, el

acto impugnado no es la causa de las afectaciones aducidas, sino que tales

efectos son derivación del estatus jurídico que se perpetuó una vez resuelta la

gestión de homologación. Así, no es de recibo la tesis de que se trata de un

acto de efectos continuados. A partir de las razones expuestas, el plazo máximo

para interponer este proceso jurisdiccional contra el oficio ORI-R-1437-2007

feneció en febrero de 2009, y la demanda se interpuso el 2 de mayo de 2011, lo

que confirma lo resuelto, y obliga al rechazo del reparo. En todo caso, y a

mayor abundamiento de razones, debe considerarse que, tal y como se consignó en

el elenco de hechos probados de la sentencia, la primera ocasión en que se

solicitó el reconocimiento del grado académico obtenido en el exterior no fue

en el 2007, sino en 1987, momento en el que se dispuso equiparar dicho título

como licenciatura en ingeniería eléctrica, decisión que en principio no fue

cuestionada. Dicha omisión consolidó lo resuelto en aquel entonces, por lo que

la presentación del segundo procedimiento administrativo, así como este

proceso, resultan improcedentes, en la medida en que pretenden modificar un

acto administrativo firme y consentido.

En

su tercer reparo, recrimina el quebranto de los artículos 7 de la

Constitución Política y de la Ley 5771 del 13 de agosto de 1975, mediante la

cual se incorporó al ordenamiento jurídico el convenio internacional

previamente citado. En relación con la norma constitucional, apunta que los

derechos cuyo ejercicio se pretenden hacer valer en el proceso provienen de una

fuente normativa que se encuentra en un nivel superior al de la legislación

ordinaria. Resume este agravio indicando que “la infracción que se acusa es

doble: al artículo 7° constitucional por denegar el rango que se merece a un

convenio internacional y al convenio internacional mismo, por no aplicarlo al

caso o supuesto de hecho para el cual precisamente está previsto”.

El

anterior cuestionamiento atiende al fondo del asunto. Sin embargo, debido a que

la acción se encuentra caduca, tal y como fue analizado en los considerandos

anteriores, este cargo resulta inatendible, en la medida en que supone ingresar

a valoraciones relativas al reclamo planteado en la demanda, la cual fue

declarada inadmisible.

En

el último agravio, cuestiona la condena en costas, por lo que considera

que se vulnera el inciso b) del precepto 193 del CPCA. Aduce que se reclama un

incumplimiento de un convenio internacional. Concluye, por la naturaleza del

presente proceso y las cuestiones que se debatieron, le asistía motivo

suficiente para litigar.

En reiteradas

ocasiones, la mayoría de los integrantes de esta Sala ha señalado que, la

condena al vencido del pago de las costas, tiene su origen en una norma

imperativa. Según el precepto 193 del CPCA, “En las sentencias y los autos

con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas

personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio.” (El

subrayado no es del original). Continúa el mandato, “No obstante lo

anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas,

cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia

verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya

ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones

debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar”

(el subrayado es agregado). De esta forma, la condenatoria en costas al vencido

procede por el hecho de serlo; en tanto que la exoneración, es una facultad del

juzgador. En ese sentido, solo cuando hace uso de esta potestad, podría

incurrirse en una infracción sustantiva por indebida aplicación, errónea

interpretación o falta de actuación del precepto. Distinto ocurre cuando el

juez las impone al perdidoso, pues se limita a emplear la regla general

contemplada en el artículo de cita. De esta manera, no puede infringirse la norma

si no se aplica la excepción a la regla; es decir, no puede violentarse si no

ejerce la facultad de exonerar de las costas al vencido. Por este motivo, se

estima que el reproche resulta inatendible y deberá desestimarse.

En

virtud de lo expuesto, y por las razones esbozadas en los anteriores

considerandos, lo procedente es rechazar el recurso interpuesto.