Resolución 01869-2023

"III.- SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO: Según se deduce de los cuestionamientos y de la propia resolución impugnada, el conflicto se resume a la posibilidad o no de valorar los derechos de copropiedad a fin de que puedan ser o no rematados, tomando en cuenta que la propiedad resulta indivisible. La resolución que deniega el remate y suspende la ejecución deberá ser revocada. A fin de entender por qué los derechos tienen la posibilidad de ser analizados como parte del derecho de propiedad y como tal un derecho disponible es necesario entender su regulación. En primer lugar, el artículo 45 de nuestra Carta Magna señala entre otros aspectos, que el derecho de propiedad a propiedad es inviolable; y además indica que a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Desde este punto se hace el señalamiento respectivo del valor que corresponde al derecho de propiedad, admitiendo la existencia de un precio para ese valor de una forma determinada. Por su parte el Código Civil señala en el numeral 266 que la propiedad y cada uno de sus derechos especiales que comprende, no tiene más límites que los admitidos por el propietario y los impuestos por la ley. En lo que respecta a la copropiedad el artículo 270 informa que cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común. Ahora bien, donde surge confusión no es respecto del derecho de propiedad y su probabilidad de ser adquirido como tal, sino en la posibilidad de dividir el bien o de disponer del mismo de una manera parcial, cuando se encuentra en copropiedad, siendo una parte alícuota de un todo cada uno de los derechos que lo integran. En tal sentido se manifiestan los numerales 270 párrafo final, 272 y 273 del mismo cuerpo normativo. Ahora bien, en nuestro país rige el principio de la Universalidad Patrimonial, el cual se extrae del artículo 981 del Código Civil, que claramente especifica que todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas, salvo los supuestos de excepción que se regulan en la legislación y que incluye, pero no se limitan al numeral 292 del mismo cuerpo normativo ya referido. Los anteriores presupuestos normativos permiten considerar como disponible el derecho de propiedad y si de conformidad con lo indicado en el numeral 267 del Código Civil, el derecho se encuentra inscrito de forma debida, es admisible su venta forzosa. En el caso concreto, el Código Municipal establece dicha posibilidad, de conformidad con el artículo 79 y el 80, las deudas municipales otorgan la posibilidad de constituir título ejecutivo, otorgando hipoteca legal preferente sobre los inmuebles que generan el tributo, lo anterior en complemento con el numeral 28 de la Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. Los anteriores elementos, dan como resultado que el derecho debidamente inscrito que soporta una carga tributaria de corte municipal o por impuesto a los bienes inmuebles, es susceptible de embargo y remate. El remate es “la venta jurisdiccional de los bienes, legalmente embargables, a fin de pagarle al acreedor lo adeudado con el producto obtenido en dinero efectivo. Es un acto procesal que tiene como hipótesis la existencia de una obligación dineraria, por lo general a cargo de los bienes embargados o gravados (Parajeles Vindas, Gerardo (1999). El remate en la jurisprudencia costarricense Investigaciones Jurídicas S.A., 1 ed, San José, Costa Rica. págs. 13, 14 y 15). Se ha definido también que “... el remate es un acto de carácter complejo que se integra de tres elementos, uno de ellos el edicto, que fija las condiciones de la subasta, otro, la diligencia propiamente dicha, cuya comprobación se hace por medio del acta que el juez extiende y el tercero, la resolución que lo aprueba, en que el juez tiene por bien efectuado el remate, por ajustarse a aquellas condiciones a las formalidades de ley y a una oferta legalmente admisible, no mejorada por ninguno. Y desde luego se requiere como antecedente indispensable la resolución que lo ordene, que señala hora y fecha para verificarlo y fija las demás condiciones todo lo cual se incluyen el edicto." (Resolución Nº 006-F – 91 de las 14,40 hrs del 18 de enero de 1991 de la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia). Teniendo claro que los derechos en copropiedad son susceptibles de embargo y remate, lo que queda pendiente es su valoración para ser rematado. Las posibilidades que brinda la legislación para fijar una base de remate incluyen el convenio (el acuerdo de partes suscitado en un contrato, principalmente objeto de garanta), o a falta de convenio a elección del ejecutante el monto que determine un avalúo pericial o el valor registrado cuando los bienes tengan un valor tributario o fiscal actualizado en los últimos dos años, artículo 157.3 del Código Procesal Civil."