Resolución 00800-2023

"V. SOBRE LOS PAZOS DE PRESCRIPCION DE LA OBLIGACION: Como único agravio plantea la parte actora que conforme al artículo 52 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el plazo para contabilizar la prescripción una vez interrumpida es a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que el tribunto debe pagarse, en virtud de la aplicación del transitorio quinto de la Ley Número 9416 y no como incorrectamente realiza la jueza de primera instancia. El agravio no es de recibo. En lo que se refiere a los impuestos y rentas objeto de la presente causa, hemos de remitirnos al artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual indica que el plazo de prescripción es de tres años, que se extiende a cinco años en los supuestos que establece, así reformado por el artículo 1 de la ley No 7900 de 3 de agosto de 1999 y vigente hasta la reforma por el artículo 1 de la ley No 9069 del 10 de setiembre del 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que eleva el plazo prescriptivo a cuatro años, que se puede extender hasta diez años en los supuestos establecidos por la norma. Ahora bien, el meollo del asunto es determinar cuál de esas disposiciones legales debe aplicarse al caso concreto. Para ello es menester tomar en cuenta lo dispuesto en el numeral 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según el cual “El hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación”. En el caso concreto, es de aplicación el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que regula las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, en el caso examinado, la actora reclama incorrecta aplicación del cálculo del plazo prescriptivo de las cargas tributarias de impuestos; conforme se tuvo por acreditado y no ha sido cuestionado los actos interruptores corresponden al requerimiento de pago número 1911002114332 del veinte de mayo de dos mil dieciséis, notificado el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, posteriormente, para finalizar la notificación de la presente demanda es el último acto interruptor, en fecha nueve de setiembre de dos mil veinte (ver certificación digital de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho). Para estas cargas lo procedente es aplicar el artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual indica que el plazo de prescripción es de cuatro años, que se extiende a diez años en los supuestos que establece, así reformado por el artículo 1 de la ley No 7900 de 3 de agosto de 1999 y el artículo 1 de la ley No 9069 del 10 de setiembre del 2012, Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que eleva el plazo prescriptivo a cuatro años, que se puede extender hasta diez años en los supuestos establecidos por la norma. Sobre el tema ya este Tribunal se ha pronunciado indicando: "...El reproche plantea una supuesta indebida aplicación del numeral 52 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios sin la reforma legal operada en el 2016, pero lo hace sin considerar que la oposición planteada por su persona y el juicio valorativo de la jueza conducente al rechazo de la excepción fueron por otro lado. Veamos. Cuando contestó la demanda, hizo descansar la prescripción en la inercia computada entre el segundo acto administrativo notificado a su persona el 22 de febrero de 2017 -al que atribuyó efecto interruptor- y la notificación del proceso a su persona en fecha 21 de agosto de 2021, excluyendo del debate el lapso temporal anterior al citado acto interruptor que es donde el agravio podría haber tenido algún interés, si consideramos que el numeral 52, con o sin la reforma del 2016, se promulgó para establecer el punto de arranque del plazo prescriptivo aplicable al tributo desde el momento en que este tuviera que pagarse, lo que estaría retrotrayéndonos a los años 2013 y 2014 cuando tuvieron lugar los hechos generadores, con la particularidad, reiteramos, que lo suscitado en ese período resultó irrelevante por la forma en que el accionado, insistimos, encausó la excepción, restringida al lapso temporal posterior al 2017. En estrecha relación con lo anterior, resalta que la a quo desestimó la excepción de prescripción utilizando los artículos 52 y 74 previos a la reforma del 2016, pero para justificar el punto de partida del cómputo inicial del plazo prescriptivo aplicable al impuesto y sanción en un segmento temporal sobre el que no medió oposición material, pues al abordar el tema prescriptivo a partir del 22 de febrero de 2017 -coincidente con el alegato de oposición-, ya no aplicó el artículo 52 sino el penúltimo párrafo del 53 del mismo cuerpo legal, que dicho sea de paso, no fue afectado por la reforma del 2016 y que en lo pertinente dispone: "... Interrumpida la prescripción no se considera el tiempo transcurrido con anterioridad y el término comienza a computarse de nuevo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción." (la negrita y cursiva no son del original). Amparado en ese numeral y en los actos interruptores del 11 de mayo de 2016 y 22 de febrero de 2017, dictaminó el inicio de un nuevo plazo prescriptivo a partir del primero de enero del dos mil dieciocho, para concluir que como entre esa fecha y la notificación del proceso al propio apelante en fecha 11 de agosto de 2021 no transcurrieron los cuatro años de ley -hecho no controvertido- para la procedencia de la prescripción, debía rechazar la mentada excepción. Es en ese contexto que el impugnante debió planear los agravios, por un lado, obviando confrontar -por irrelevante- la aplicabilidad del numeral 52 -con o sin la reforma-, y por el otro, adversar el juicio de valor que condujo a la a quo a aplicar el artículo 53, con indicación de las razones de hecho y(o) derecho por las que desde su óptica lo dicho resultaba inadecuado, única manera de haber podido el Tribunal realizar labor revisora sin violentar el principio de congruencia funcional. En ausencia de lo anterior, no se podrá realizar labor revisora sin quebrantar el citado principio y no quedará más remedio que confirmar la resolución en lo que fue objeto de apelación...." (Tribunal Primero de Apelación Civil del Primer Circuito Judicial de San José, Voto No. 01211-4C-2022 de las 14:52 hrs del 22-09-2022). De esta forma, y como indica el artículo 52 del mismo cuerpo normativo el plazo prescriptivo se computa desde el uno de enero del año calendario siguiente a aquel en que el tributo debe pagarse. En el mismo sentido el artículo 53 ibidem dispone que, interrumpida la prescripción no se considerará el tiempo transcurrido con anterioridad y el término comienza a computarse de nuevo a partir del uno de enero del año calendario siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción, así las cosas, estima esta Cámara que no lleva razón la parte demandada en su alegato, si se toma en cuenta el último acto interruptor, correspondiente al veinte de mayo de dos mil dieciséis, el plazo de prescripción de las cargas reclamadas inicia su conteo nuevamente en fecha uno de enero de dos mil diecisiete, si el siguiente acto interruptor es el de fecha nueve de setiembre de dos mil veinte, que corresponde a la notificación de la presente demanda, no había transcurrido el plazo de cuatro años necesario para decretar la prescripción, de esta forma lo correcto es confirmar la sentencia recurrida. Se debe tomar en cuenta que la normativa aplicable al caso concreto es la vigente al momento del hecho generador y no la que erróneamente expresa el recurrente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dispuso sobre lo antes indicado: "...VII.- No obstante lo dicho en el recurso de casación, esta Sala concuerda con lo externado por el Tribunal, cuando dijo: “i) La verificación del hecho generador de la obligación tributaria, es lo que determina la legislación aplicable al caso concreto.”  Esta Cámara, desde vieja data, ha sido unívoca en considerar que la legislación aplicable es aquella vigente al momento cuando se verifica el hecho generador, lo cual incluye, la norma que contempla el plazo de prescripción de la obligación tributaria.  El fundamento ha sido el numeral 31 del CNPT, -el cual no ha sido reformado-.  Se pueden observar al respecto, entre otras, las resoluciones no. 385 de las 9 horas 40 minutos de 28 de junio de 2006, no. 868 de las 9 horas 25 minutos del 26 de julio de 2012, hasta llegar a una resolución más reciente, la no. 1064 de las a las 10 horas 10 minutos del 13 de octubre de 2016, donde textualmente se expresó: “El Tribunal en forma acertada toma en cuenta lo dispuesto en el numeral 31 del CNPT, para determinar el momento a partir del cual inicia el plazo de prescripción. […] El canon 31 del CNPT establece que el hecho generador origina el nacimiento de la obligación y una vez que esta nace es que empieza a correr el plazo de prescripción, no cuando se realiza la gestión de cobro como pretende hacerlo ver el representante de la parte actora para efecto de obtener un plazo prescritivo mas (sic) corto.”  De lo anteriormente expuesto, se logra extraer, esta Sala se fundamentó en el numeral 31 del CNPT, para indicar, las normas aplicables al caso concreto, son aquellas vigentes al momento de verificarse el hecho generador.  Este Órgano colegiado, no se basó en el transitorio tercero de la Ley 7535, como lo indica la parte casacionista.  Por ello se estima, que independientemente de la existencia o no de una norma similar a ese transitorio en la Ley 7900, en nada repercutiría al caso de estudio, porque no fue esa la razón para resolver en la forma cómo se hizo; sino que efectivamente lo fue, el precepto jurídico recién mencionado (cuestionamiento a) del recurso).  Lo expresado líneas arriba, también desvirtúa la afirmación del casacionista, cuando sostiene quebranto del principio de reserva de ley –por la inexistencia de precepto legal al respecto-; y también cuando señala que no es cierto que las reglas aplicables serán aquellas vigentes al momento de verificación de ese hecho (cuestionamientos d) y e) del recurso).  No existiendo motivo para cambiar el criterio vertido, este Órgano colegiado estima, en el caso concreto, no hay controversia respecto a que el período fiscal en cobro va del 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 1999, y que la norma vigente a ese momento contemplaba un plazo prescriptivo de cuatro años, el cual, a juicio de este Órgano colegiado, es el que rige para el caso de análisis.  Derivado de lo anterior, se observa, esta Sala tampoco contradice lo expuesto por Corte Plena en sentencia de las 15 horas del 24 de agosto de 1938, actuando entonces como contralor de constitucionalidad, pues efectivamente es a través de ley, que regula tanto el plazo prescriptivo como el nacimiento de la obligación tributaria.  Así, el principio de reserva de ley, no ha sido menoscabado en este asunto (cuestionamiento c) del recurso).  En consecuencia, deberán rechazarse los reclamos indicados...." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 000377-F-S1-2018 de las 14:00 hrs del 26-04-2018). En este sentido no son admisibles los alegatos de la parte demandada respecto a la vigencia del transitorio quinto ya citado, pues este no es aplicable al numeral 52 ya citado, al indicar expresamente que su aplicación esta restringida a los numerales 53, 74 y 90 del mismo cuerpo normativo, en todo caso es para reglar los casos presentados ante el Ministerio Público, es decir para la persecusión de la responsabilidad penal y no civil como el caso que nos ocupa, por ende se deben aplicar las normas generales de aplicación de la norma en el tiempo, artículos 7 y 8 del Código Civil, por lo que interpretación pretendida por la parte demadanda va en contra del ordenamiento pues las obligaciones son anteriores a la reforma dispuesta por el artículo 16 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No 9416 del 14 de diciembre de 2016. Corolario de lo anterior, considera este Tribunal que no se ha producido indefensión ni se viola el curso normal del procedimiento, artículos 32.1 y 33.1 del Código Procesal Civil y, en lo apelado se confirma la resolución recurrida."