Resolución 00683-2017

El

impugnante lleva razón en su agravio. Con respecto a los títulos nominativos,

el artículo 687 del Código de Comercio establece lo siguiente: “Ningún acto u operación referente a esta clase de

títulos surtirá efecto contra el emisor o contra terceros, si no se inscribe en

el título y en el registro”. La

acción de una sociedad anónima es un título nominativo. No obstante, en criterio de la mayoría de este Tribunal, esa norma no afecta la relación interna entre el socio y

la sociedad, situación fáctica regulada en una disposición especial, que

prevalece sobre la general antedicha, cual es el ordinal 140, ibídem, que en lo de interés literalmente establece: “La sociedad considerará como socio al inscrito

como tal en los registros de accionistas”. Ésta se constituye en una garantía para quien aparezca inscrito

como socio, como parte del contrato societario y es una derivación del ordinal

1022 del Código Civil que establece: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”. Se colige también del canon 25 de la Carta Magna, que

ampara a quién adquiere un estatus de asociado. Lo anterior, porque restringe a

la sociedad de escudarse en la falta de presentación de la acción, que por

cualquier razón no pudiera ser aportada por el socio inscrito, con respecto a

los conflictos que enventualmente surgieran en las

relaciones internas entre socio y los órganos de la sociedad. El pacto

societario, en tanto contrato, es el medio para determinar las obligaciones

entre las partes y una de ellas no se puede excusar del cumplimiento de sus

obligaciones, salvo acreditación que la contraparte salió del vínculo

convencional. También, esa norma se constituye en un respaldo para la sociedad

y sus órganos, por cuanto cualquier acto, realizado con relación a la persona

inscrita, podría oponerse contra áquel que alegue

derechos con base en la posesión de la acción. El poseedor de una acción podría

perseguir a quien sin tener derechos se ampare a la inscripción en el libro de

accionistas, pero no podría exigir responsabilidad contra la sociedad o sus

órganos por haber reconocido la calidad de socio y sus derechos de quien

aparezca inscrito en su registro como tal. Asimismo, el artículo 131 del Código

de Comercio establece la procedencia de las normas del capítulo VI, que regula las sociedades anónimas, sobre las normas de

los títulos valores. En ese canon se determina: “El ejercicio de los derechos y

obligaciones inherentes a la acción, se regirá por las disposiciones de este

Capítulo, por las de la escritura social y en su defecto, por las disposiciones

de este Código relativas a títulos-valores, en cuanto fueren compatibles con su

naturaleza”. Es decir, se establece la obligación de aplicar primero la

normativa especial de las sociedades, se autoriza regular esos vínculos

jurídicos de la acción en el pacto constitutivo y solo en ausencia de

regulación en la normativa o en el pacto constitutivo, se autoriza recurrir al

sistema propio de los títulos valores. Se reitera, en el capítulo de las

sociedades anónimas hay una norma especial que regula la relación jurídica

interna del socio con la sociedad y sus órganos; por lo que no sería aplicable

el ordinal 687 antedicho. En este caso concreto, la problemática se manifiesta

en un plano causal no en uno estrictamente cartular.

Exigir la doble intestación en las relaciones del

socio con la sociedad iría contra la agilidad del tráfico mercantil, porque se

trabaría el ejercicio y la realización de los actos propios del socio y de los

órganos de la sociedad.

Se acreditó en autos que el señor Francisco Quirós Rodríguez

está inscrito como socio de la accionada, en consecuencia, sí es legitimado

activo, de las pretensiones que se formularon en esta demanda, porque se trata

de las relaciones internas entre él como socio y la sociedad. Por su

parte, la demandada no acreditó que las acciones hubieran sido cedidas a un

Subsiste el asiento dos firmado en el registro según hecho probado segundo

del fallo apelado. En ese sentido se revocará la sentencia de primera

instancia, en cuanto declaró de forma oficiosa la falta de legitimación activa

y se procederá a analizar el asunto en los términos formulados por las partes.

La sentencia 186, de las nueve horas cincuenta minutos del treinta de mayo de

dos mil tres, que se cita en la sentencia recurrida, alude a un supuesto

fáctico diverso del que aquí se analiza, pues se refiere a la cesión de

acciones sin hacer constar en el documento el traspaso, sino en uno separado.

Además, declara válido el traspaso a

pesar que no se operó la doble intestación,

pues no se hizo constar en el título. En consecuencia, no resulta útil para

resolver este caso concreto.

V.-

El actor pretende que la sociedad

accionada le rinda cuentas, le informe la situación económica de la accionada,

de los movimientos económicos desde el diecisiete de febrero de dos mil nueve y

al futuro, sin necesidad de nueva gestión. También, que se le condene a pagar

los dividendos no entregados, los daños y perjuicios derivados de esa falta de

pago y los intereses sobre todas las partidas. El actor vincula la desidia de

rendición de cuentas a la omisión de realizar las asambleas generales y como

derivado la falta de entrega de dividendos.

VI.-

En su versión anterior a la reforma

que se hiciera mediante la Ley de

Protección al Inversionista Minoritario, N° 9392 del

24 de agosto de2016, el artículo 26 del Código de Comercio estatuía

lo siguiente:

“Los

socios tendrán el derecho de examinar los libros, la correspondencia y demás

documentos que comprueben el estado de la sociedad. Si se

estorbare en forma injustificada el ejercicio de este derecho, el Juez, a

solicitud del interesado, ordenará el examen de libros y documentos, a fin de

que éste obtenga los datos que necesita.

A

solicitud del socio o socios que representen por lo menos el veinte por ciento

(20%) del capital social, el Juez ordenará un auditoraje

de la compañía conforme con las normas generalmente aceptadas en contabilidad,

por cuenta de los solicitantes. Este porcentaje puede ser disminuido en los

estatutos.

El

Juez designará al efecto a un contador público autorizado o a una firma de

contadores públicos autorizados, y fijará prudencialmente el monto de sus

honorarios, los cuales serán depositados de previo al nombramiento y girados

conforme lo disponga el Juez. Iguales derechos tendrán los participantes

respecto al gestor, en una cuenta en participación”.

Esencialmente,

en lo que se refiere al derecho a información del socio, la reforma no afectó

lo aquí señalado. No obstante, la norma aplicable es la anterior porque la

situación jurídica objeto de estudio se alegó como ocurrida antes del año dos

mil once. El titular de una acción tiene derecho a recibir información y

comprobar el estado de la sociedad, quien está obligada a rendir cuentas. En el

acápite 6 de los hechos de la demanda, el demandante refiere un dato erróneo,

que no se han realizado las asambleas generales de rendición de cuentas, que

regula la clausula octava. Sin embargo, en esa clausula no se establece una asamblea ordinaria de

rendición de cuentas, sino una reunión del consejo. Es en la cláusula nueve que

se estatuyen las asambleas generales pero no se indica su objetivo. No obstante,

de conformidad, con el artículo 155 del Código de Comercio, en las asambleas

generales de una sociedad anónima se debe: “a) Discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados

del ejercicio anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las

medidas que juzgue oportunas; b) Acordar en su caso la distribución de las

utilidades conforme lo disponga la escritura social”. En este asunto concreto, el actor debió “pedir que la

asamblea general se reúna para la aprobación del balance anual y delibere sobre

la distribución de las utilidades que resultaren del mismo” (141 del Código

Mercantil). El actor no acreditó que hubiera cursado solicitud en ese sentido,

así lo advirtió la sociedad demandada al contestar el hecho 6 de la demanda. Tampoco,

siguió el procedimiento estatuido en los artículos 159 a 161 del Código de

Comercio, específicamente debió pedir por escrito a los administradores que

convocaran la asamblea de accionistas para tratar los asuntos que eran de su

interés (artículo 159, ibídem), pues según lo que se

ha documentado en este proceso, es dueño de cuatro acciones de diez, por lo que

no le cubren las limitaciones del ordinal 160, antedicho. Ante la reticencia a

hacer la convocatoria o dentro de los quince días siguientes, tenía la potestad

de presentarse ante un Juez para hacerla, siguiendo los procedimientos propios

de la actividad judicial no contenciosa (artículo 161, ibídem).

En consecuencia, al no haberse acreditado que hubiera realizado alguna gestión

ante la sociedad para convocar a la asamblea general, el actor carece de

derecho para pedir la información que procede en ese órgano deliberativo, que

denomina rendición de cuentas, conforme al contexto de hechos que formula, si

no agotó los mecanismos internos aplicables al contrato societario, como lo

aduce la sociedad demandada.

Si no tiene

derecho a exigir que se rindan los informes que indica debían darse en las

asambleas generales que fijó el pacto constitutivo, por no haber seguido los

procedimientos, tampoco lo tiene a exigir dividendos que no se han acordado, en

alguna asamblea, ni los supuestos daños y perjuicios derivados de esa supuesta

falta, ni menos los intereses. En consecuencia, la sentencia de primera

instancia merece confirmatoria, pero por las razones que aquí se expone.”