Resolución 00134-2024

I.-

a) Actos de alegación de parte y trámite (síntesis de las alegaciones, pretensiones y defensas). Queja:  La licenciada Iveth María Guzmán Fajardo, en su condición de representante de la Dirección Nacional de Notariado, informó al Juzgado Notarial de los hallazgos de la fiscalización efectuada en la notaría del licenciado Gonzalo Hermán Gutiérrez Acevedo,  relacionada con el tomo veintidós de su protocolo.  Señaló que en el instrumento número ciento doce consta la firma de una de las personas comparecientes, así como también la razón de “no corre”, sin que se haya efectuado la nota marginal respectiva. Dijo que en la escritura número veintisiete existe una razón notarial que inserta y modifica el plazo del crédito suscrito, sin que se aprecien las firmas de las partes y señaló que ese testimonio fue inscrito en el Registro. Respecto de las escrituras números treinta y ocho, ciento trece y ciento catorce,  acusó al notario pues  “no cobra honorarios por ese acto” y por último, respecto a la escritura número cuarenta y tres, dijo que fue detallada como una rescisión, pero en el índice fue reportada como un traspaso, lo que generó, posteriormente, el otorgamiento de la escritura número CED3   que produjo los efectos jurídicos del acto (folios 61 a 62).  Defensa: El notario Gutiérrez Acevedo interpuso un incidente de nulidad de notificación,  y su apoderado especial judicial, Doctor Herman Mora Vargas contestó la denuncia. Señaló que en la queja se indicó que la fiscalización sucedió el primero de setiembre del dos mil dieciséis, fecha que entra en contradicción con la data de la contestación, realizada en agosto de ese año. De ahí que tildó al traslado de cargos es improcedente, al tratarse de una fiscalización no ocurrida.  Apuntó que se causó indefensión a su representado, pues la visita contralora de la Dirección Nacional de Notariado dejó por fuera los principios del debido proceso y que el traslado de los cargos también vulneró su derecho de defensa, al no haber una relación de hechos.  Ahora, en lo tocante a la escritura número ciento doce, señaló la inexistencia de norma que imponga la necesidad de justificar la consignación de un “no corre”. En lo tocante a la escritura número veintisiete, apuntó que el notario tiene la potestad de enmendar los instrumentos y señaló que el plazo no se había indicado en la escritura original, por lo que nada modificó. Justificó haber insertado  los datos faltantes conforme al numeral 96 del Código Notarial, la Directriz número cero cero nueve-noventa y ocho, de la Dirección Nacional de Notariado y el Voto de este órgano número 107-2006, de las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de mayo del dos mil seis, en relación con el artículo 6 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público y señaló que las cosas serían distintas si el deudor fuera quien denunciara, lo que no ocurrió y en todo caso,  en el archivo de referencias consta el consentimiento de ambas partes con el plazo. Respecto del  “no cobro de honorarios” dijo que es potestad del notario cobrar y que se trata de un único instrumento. Aceptó, por otra parte, un pequeño descuido en la escritura número cuarenta y tres, y señaló que estando las dos partes presentes, la forma de una de las firmas parecía la de dos, y que la firma echada de menos se estampó luego (folio 86 a 97). b) Resoluciones Interlocutorias: El Juzgado Notarial, por resolución número trescientos sesenta y ocho-dos mil dieciocho, de las ocho horas y diez minutos del veinticinco de junio del dos mil dieciocho, declaró sin lugar el Incidente de Nulidad de Notificaciones promovido por el notario [Nombre1] , resolución que apelada, significó que este órgano, por voto número doscientos nueve-dos mil dieciocho, de las diez horas y treinta minutos del doce de octubre del dos mil dieciocho, revocara lo resuelto y tuviera al notario como notificado con la presentación del Incidente de Nulidad (folios 132 a 133, 137 a 143 y 154 y 155). c) Resolución impugnada: La autoridad de primera instancia, Doctora Ingrid Palacios Montero, dictó la sentencia número quinientos cincuenta y cinco-dos mil veintitrés, a las diez horas y dos minutos del veintiocho de junio del dos mil veintitrés, mediante la cual, declaró con lugar el proceso e impuso al notario [Nombre1]  , la corrección disciplinaria de tres meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial.  d) Recurrente: Disconforme con lo así resuelto, apeló el notario encausado. Esa  impugnación fue admitida por la autoridad de primera instancia y genera que este  Tribunal conozca del recurso.

II.-

Por corresponder al mérito de los autos y no haber sido aportada contraprueba que los contradiga y cuestione, se aprueba la relación de hechos demostrados realizada por el señora jueza de primera instancia.

Sobre el Recurso: El licenciado Gutiérrez Acevedo señaló que en una oportunidad anterior este órgano anuló el fallo de primera instancia, por haber incurrido en el vicio de  incongruencia y ahora, la sentencia, según manifestó, no se pronunció sobre si aceptó o no su argumento, referido al año en que sucedió la fiscalización. La sentencia, apuntó, solo habla de errores materiales, pero sin concluir si aceptó la nulidad pedida. Dijo que la fecha en que fue efectuada la fiscalización  es de importancia en razón de los plazos para la aplicación de la prescripción, lo que trae como consecuencia una afectación en su defensa. Señaló que la firma del acta de fiscalización no implica la aceptación de los cargos. En suma, tildó a la sentencia de nula, por no existir una concordancia en razón de que la fecha de la fiscalización no coincide con el año indicado por la señora jueza.   Por otra parte, señaló que el no cobrar honorarios obedeció a razones humanitarias, pues en el caso de la escritura número CED4 , es una familia venezolana que no podía afrontar su pago y en el caso de la ciento catorce, es una persona que requería una declaración jurada para conseguir trabajo y señaló que no resulta aplicable el artículo 144 inciso e) del Código Notarial, pues la norma que regula el tema es el 143.  Consideró que  la situación no puede estimarse como una competencia desleal y que en  la Asamblea Legislativa se está tramitando un proyecto de ley, para modificar el artículo 9 “de la Ley Orgánica de Notariado” para eximir del cobro de honorarios a personas en condición de pobreza, por razones humanitarias o bien social, que debe extenderse al notariado.  Se quejó, además, al considerar que la sanción es excesiva, pues estimó que existe un concurso material.  Y como tercer agravio, combatió  la interpretación del artículo 94 del Código Notarial en relación con lo sucedido con la escritura número ciento doce. Dijo que la escritura número ciento doce no es un negocio jurídico, como lo consideró la señora juez, al ser un acto jurídico por no contener contraprestaciones recíprocas y que además es inexistente y que no se trató de una escritura donde la contraparte no quisiera firmar o se negara a firmar. Lo ocurrido, relató, fue que una persona estampó su firma en un lugar incorrecto. De ahí que no exista falta. Argumentó que de existir, lo correcto sería una falta leve y no una falta grave, según el articulo 139 del Código Notarial. Dijo que en ese numeral existe una contradicción y que no existe campo para la aplicación de las faltas leves, lo que debe resolverse mediante la aplicación de las reglas de interpretación, y en este sentido, dijo que como no hay afectación a la fe pública, ni a partes o terceros, no hay falta grave y que así debe establecerse conforme al numeral 163 del Código Notarial.

Incongruencia y Nulidad:  Este Tribunal, en otra oportunidad, dispuso en este asunto, anular la  sentencia número setecientos dieciséis-dos mil veintiuno, dictada en este proceso, al estimarse que se había incurrido en el vicio de incongruencia, dado que habiéndose establecido la excepción de prescripción de la acción disciplinaria, nada se resolvió sobre esa defensa, como tampoco sobre los supuestos vicios que el notario acusado alegó, referidos a la formulación de la denuncia. El argumento lo reitera ahora el notario respecto de este último punto, que está relacionado con la data en que fue llevada a cabo la fiscalización, que a su juicio, resulta incorrecta, aspecto que según se dijo, afecta su defensa e incluso lo resuelto sobre prescripción. No se observa la existencia del vicio. La señora jueza abordó el tema de la fecha en que se llevó a cabo la fiscalización en la notaría del licenciado Gutiérrez Acevedo y concluyó, luego de analizar la prueba adjunta a la queja y la propia denuncia, que efectivamente al formularse esta, la representante de la Dirección Nacional de Notariado falló al indicar la data precisa en que sucedió ese hecho. Así, detalló cómo la fecha del primero de setiembre del dos mil dieciséis obedeció a un error, que estimó de material, pues en la propia acta de fiscalización, cuya copia se adjuntó, se estableció claramente, que ese hecho ocurrió el primero de setiembre del dos mil quince y así lo consignó en los hechos probados.  Es cierto, que la señora jueza no resolvió denegar alguna nulidad sobre el tema porque ninguna fue planteada expresamente y resuelto el tema por el fondo y descartada la existencia de un vicio, productor de indefensión, no hay razón alguna para tener al fallo por incongruente. Luego, tampoco el notario cuestionó el citado hecho probado, tenido como tal por la señora  jueza, ni tampoco detalló las razones por las cuales el error material de la denuncia incidió en su derecho de defensa. Por el contrario, hizo referencia expresa, en su contestación, a los documentos, actuaciones y omisiones cuestionadas por la Dirección Nacional de Notariado).  Y tampoco ese yerro afectó lo resuelto sobre la prescripción (dado que esta fue analizada tomando como base, no la fecha en que fue fiscalizada la notaría del recurrente, sino, la data de los distintos instrumentos constantes en  su protocolo).   En conclusión, el argumento carece de potencia para anular el fallo y la nulidad no puede acogerse.

Honorarios. En el estado actual de la legislación aplicable, quien ejerza el notariado no está facultado para exonerar del cobro de honorarios a quienes rueguen sus servicios y estando el acusado, en tanto notario, en una relación de especial sujeción, según la cual, debe cumplir las disposiciones que regulan su función, procedió incorrectamente al hacerlo en el caso. En este sentido y en otra ocasión en que se analizó el tema, se explicó:  “...En esta idea, la norma fundamental que relacionada la obligatoriedad del pago de los honorarios notariales (para las personas notarias en ejercicio pleno, y sin perjuicio para otras categorías establecidas por el Código y la jurisprudencia constitucional), es el artículo 166 del Código Notarial y esta norma señala que las personas notarias públicas cobrarán honorarios según se establezca en el Arancel respectivo (en igual sentido y en desarrollo de esa norma, obsérvese que el numeral 7 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial,  decretos por la Dirección Nacional de Notariado, dispone: “ Es obligación para los notarios cobrar los honorarios de conformidad con lo dispuesto en el Código Notarial y el Arancel respectivo, y les queda prohibido transar en esta materia. Se excluyen de esta disposición los notarios consulares, los de la Notaría del Estado y los Institucionales”), y en tanto y en cuanto sujeta la persona notaria al principio de legalidad, no puede dejar de cobrar honorarios, pues no está  ante el ejercicio de una actividad privada y disponible, sino, ante normas de naturaleza pública a las cuales está sujeta y no puede dejar de acatar (con la salvedades que se dirán en el apartado siguiente y que no cubren los honorarios). De ahí que, no estableciendo esa norma  166, ni el Decreto 39078-JP, vigente cuando fue autorizado el instrumento bajo estudio,  una excepción que permita exonerar del cobro de honorarios, no podría  dejar de cobrarlos. Una situación distinta es que no le sean pagados y que aún así proceda al autorizar el acto o contrato, pues así lo prevé el numeral 167 del Código Notarial, con las consecuencias ahí dispuestas, tanto para las partes como para las personas notarias, pero eso no fue lo sucedido.  Así las cosas, más que una transgresión al citado Decreto, como estableció la autoridad de primera instancia, lo que existe es una desobediencia al numeral 166 del Código Notarial….” (Voto No.120.2023, de las nueve horas y cuarenta y siete minutos del siete de julio del dos mil veintitrés). Así, las cosas, en innegable que el recurrente incurrió en falta.

La señora jueza calificó los citados hechos, en el supuesto del numeral 144 inciso e) del Código Notarial y no el inciso f) del artículo 143 ibíd, determinación sobre lo que el denunciado-apelante no está de acuerdo. Sin embargo, el punto no puede modificarse, dado que el agravio resulta insuficiente. Agraviar implica dar las razones claras, de hecho y derecho, por las cuales quien apela, se muestra disconforme por lo fallado por la autoridad de primera instancia, y en el caso, es insuficiente para conocer del punto, la sola manifestación del recurrente de que se utilizó una norma errónea, sino se acompaña un fundamento. Recuérdese que el artículo 65.5 obliga a quien apela, a motivar la impugnación, exponiendo las razones claras y precisas que ameritan la modificación de lo resuelto o su nulidad y en el caso, como se dijo, esa justificación no se da, pues la manifestación dada fue general y no se concretó en argumentos. Igual sucede respecto de que la sanción fijada por estos hechos es excesiva; que se trata de un concurso y que se le impone una doble sanción. Además pues  el argumento no resulta actual, dado que es una petición efectuada   ante la eventualidad de que este órgano anule el fallo y como admonición a la autoridad de primera instancia, encargada de resolver el caso, si se anula el fallo bajo estudio.

Razón de No corre: El tema deviene en razón de la sucedido con la “escritura número ciento doce” del tomo veintidós del protocolo del notario denunciado. Ese documento, que al final no se concretó en un instrumento público, pues no fue autorizado,  tenía por objeto modificar el estado civil en el asiento registral de la finca filial que ahí se indica, además de someter ese inmueble al régimen de patrimonio familiar, al ser los comparecientes consignados cónyuges entre sí. Al pié de lo que sería la matriz, fue consignada, únicamente, la supuesta firma de una de las personas otorgantes, y le fue consignado un “no corre”, con lo que no fue autorizada. La Dirección Nacional de Notariado denunció ese hecho y la señora jueza de primera instancia estimó que se trataba de un falta, considerando que el artículo 94 del Código Notarial establece que si una escritura fue firmada por uno o más comparecientes, si los restantes o uno de ellos se negara a suscribirla, el notario deberá consignar la razón correspondiente al pié o al margen, explicando, agregó la señora jueza, lo sucedido, es decir, el motivo de que la otra parte no firmara. Esta argumentación es rebatida por el notario recurrente, quien estima que en el caso no existió un negocio jurídico, sino un acto jurídico, pues no hay contraprestaciones recíprocas y que además no nació a la vida jurídica pues no fue autorizada. Señaló también,  que no se trata del supuesto de que una parte firmara y que la otra no quisiera suscribirla, pues lo  realmente acontecido fue que una persona estampó su rúbrica en un lugar que no le correspondía. Ninguno de esos argumentos tiene el peso suficiente para revocar lo resuelto. La discusión planteada  respecto de la naturaleza o calificación del contenido del documento notarial citado, carece de la fuerza  para revocar lo resuelto, más allá de que lo proyectado en el documento cuestionado, si es un negocio jurídico, partiendo del hecho de que su noción implica: “...una programación objetiva de intereses…” y que  “Tradicionalmente se le define como una manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el ordenamiento jurídico” y ”Modernamente, la doctrina distingue la figura del negocio jurídico, como categoría más amplia que comprende todos los actos de autonomía privadas, como tales relevantes para el derecho, de la figura del contrato que representa una especie de negocio; el bilateral o plurilateral de contenido patrimonial”   ([Nombre2] . Víctor. Derecho Privado. Tercera Edición. Editorial Lil, 1994, página 207).Véase en este sentido,               que someter a patrimonio familiar un inmueble, es  la expresión manifiesta de dos voluntades en este caso (pues la finca estaba en copropiedad), dirigida a un notario público, con el objeto de alcanzar el fin práctico tutelado por el ordenamiento, una vez instrumentalizado e inscrito. Ahora, el articulo 94 del Código Notarial, señala que:  “Confeccionada la escritura y firmada por uno o más comparecientes, si los restantes o uno de ellos no quisieren suscribirla, el notario público consignará la razón correspondiente al pie o al margen. No obstante, si, en una misma escritura se otorgaren varios actos o contratos con existencia jurídica independiente y no condicionados entre sí, el notario la autorizará respecto de los actos o contratos cuyos comparecientes la hayan firmado, y dejará constancia de ello, al pie o al margen”. En el caso, como se explicó,  la escritura no fue autorizada, es decir, no nació a la vida jurídica, sin embargo, el artículo 94 del Código Notarial,  dispone obligaciones del notario que en este caso, están directamente vinculadas con situaciones que pueden generar que el instrumento no sea autorizado o consecuencia de ese situación. De esta forma y en esta idea, la circunstancia de que se esté ante un “acto inexistente”, no implica falta de interés, ni la cesación de obligaciones expresamente reguladas en el Código, como es el caso del numeral

De lo contrario, habría que concluir que cuando un instrumento no es autorizado en los términos ahí regulados, el resto de la normativa es inaplicable, dejando sin contenido, ni vigencia la norma como un todo, lo que no tendría sentido, pues precisamente se regula expresamente, entre otro supuesto, cómo debe proceder el notario ante el caso de un instrumento que no se autorice ante la falta de firma de una parte.  El otro argumento sostenido por el recurrente, se basa en que la norma regula y aplica cuando una parte firma y la otra se niega a firmar, pero que lo sucedido en el caso, es que una persona firmó en un lugar incorrecto.  Aunque es una posición razonable, no hay ni prueba directa, ni indirecta que demuestre ese hecho, ni fue señalado en el recurso, de qué forma la señora jueza interpretó equívocamente el material probatorio o de qué prueba mal apreciada se desprende,  de su correcta inteligencia, la posición del notario. Ahora, descartados esos argumentos, alegó el recurrente haber consignado un “no corre” y señaló que tal cosa es lo que correspondía. El artículo 94 del Código Notarial, dispone, como se adelantó, que cuando una parte firme y que la otra se niegue a firmar,  “el notario consignará la razón correspondiente”. No señala la norma que debe entenderse por “la razón correspondiente” y cual deberá ser su contenido, dejando su desarrollo a la vía administrativa o jurisdiccional. Se está en presencia, entonces, de un  concepto indeterminado que  permite varias interpretaciones. Una de ellas, es que el mandato legislativo se cumple con la consignación del solo “no corre”, pero también puede entenderse, como hizo la autoridad de primera instancia, la necesidad de “...especificar porqué el otro compareciente no firmó el otorgamiento o bien, porqué solo un compareciente firmó y posteriormente en forma unilateral el notario decidió que dicha matriz no corría…”.  La normas relacionadas con el régimen disciplinario, como reflejo del ius puniendi, deben  ser interpretadas en sentido restringido, y en ese orden de ideas,  se decanta esta Cámara  por estimar por cumplido el requisito normativo con la consignación de una razón de  “no corre”, pues la norma no determina que el  alcance y contenido de esa razón deba contener  el señalado por la autoridad de primera instancia y no podría, en consecuencia, mantener la sanción impuesta por este hecho, si la norma no regula esos aspectos.  Aprecia este órgano, sin embargo, que resulta razonable, dado el carácter documental del derecho notarial y sus efectos probatorios, que la persona notaria haga una relación escueta de que el instrumento  no fue  autorizado por la falta de firma de una de las partes, sin entrar en valoraciones de carácter jurídico y respetando el secreto profesional, sin embargo, como se dijo, no puede aplicarse la sanción, sino se hace, pues la norma no regula la extensión de su contenido. Así las cosas, debe revocarse la sanción de un mes  impuesta con ocasión de este hecho.

Como corolario de lo expuesto y en lo que fue objeto de apelación, debe denegarse la nulidad pedida y revocarse la sentencia recurrida, únicamente en cuanto impuso al notario Gonzalo Gutiérrez Acevedo la corrección disciplinaria de un mes de suspensión en el ejercicio de la función notarial con ocasión de la razón de no corre de la escritura número ciento doce del tomo veintidós de su protocolo, dejándose incólume, la restante sanción de dos meses de suspensión.