Resolución 00025-2024

a) Actos de alegación de parte y trámite (síntesis de las alegaciones, pretensiones y defensas).  Queja: El señor [Nombre4]  , manifestó haber adquirido una la finca del Partido de Heredia, folio real matricula CED5       ,  inmueble que cedió   a su hija. Luego, como ese inmueble, podía ser expropiado por el Departamento de Bomberos, optó por venderlo, pero en ese cometido, recibió una llamada telefónica de una “organización”, quien le advirtió que la finca no estaba a nombre de su hija, por lo que no podía venderla.  Adujo haber confirmado esta situación una vez que se informó en el Registro Público, donde determinó que la escritura del traspaso es la número doscientos treinta y seis del veintiocho de mayo del dos mil quince, datada cuando su hija estaba en  Colombia, donde reside seis meses. Señaló haber interpuesto la denuncia penal (folios 6 y 7). Defensa: El licenciado Peña Ortega, interpuso la excepción de prescripción, declarada sin lugar, por resolución número cuatrocientos sesenta y ocho-dos mil diecisiete, de las nueve horas y diecisiete minutos del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, confirmada por voto de este órgano, número ochenta y uno-dos mil dieciocho, de las once horas y treinta y tres minutos del veintidós de marzo del dos mil dieciocho; así como las defensas de falta de derecho, falta de interés y falta de legitimación. Explicó que dos clientes suyos, [Nombre5]   y [Nombre6]  , querían invertir en la compra de una propiedad y lo buscaron y les señaló la necesidad de que la actuación fuera conjunta con la licenciada Villalobos Brenes. Dijo que don [Nombre5] y doña [Nombre6] buscaron en la página “web” de la “Nación” y encontraron un anuncio de venta de un inmueble que les llamó la atención. Señaló que doña [Nombre6] se comunicó con el agente vendedor, quien mediante un mensajero en moto, les remitió copia del informe registral, copia de la escritura, del uso de suelo y del plano catastrado y les dijo que la finca pertenecía a una extranjera, a quien le urgía vender el inmueble, para enviar el precio a su familia. La señora [Nombre6] , dijo, hizo una oferta por veinticinco millones de colones, que fue aceptada y señaló que fue contactado para efectuar la escritura. Adujo haber realizado los estudios registrales  y determinado que la finca estaba libre de gravámenes y anotaciones, que estaba al día en el pago de impuestos  y que ese inmueble la vendedora lo había adquirido del señor [Nombre4]  y apuntó que en el otorgamiento se hizo en el Banco Nacional de Costa Rica, oportunidad en que llegó una persona que se identificó como la vendedora,  y cotejó su firma con el pasaporte y la fotografía. Señaló que el precio se pagó en efectivo y que el documento fue inscrito. Luego el señor [Nombre4]  buscó a la señora [Nombre6] y le dijo que su hija había sido despojada de su propiedad y que había puesto la denuncia penal (folios 58 a 63 y 181 y 182 y 193). La licenciada Adriana Villalobos Brenes, opuso las citadas defensas, incluyendo la de prescripción resuelta en la forma y modo antes señalado y contestó en términos análogos a los expuestos por el licenciado Peña Ortega. Aclaró que ambos son esposos y que los señores [Nombre5]   y [Nombre6]   son clientes de su marido. Interpuso un incidente de nulidad de notificaciones, en razón de no haber sido notificada personalmente y el Juzgado, la tuvo por notificada con su apersonamiento, no resolviendo la incidencia, por innecesaria (folios 91 a 95 y 164).. b) Resolución impugnada: El M.Sc. José Carlos Álvarez Varela, dictó la sentencia número trescientos ochenta y siete-dos mil veintitrés, a las once horas y cincuenta minutos del veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, cuya parte dispositiva, dice: “Se declaran sin lugar las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación activa y pasiva. Se declara con lugar la denuncia disciplinaria interpuesta por  [Nombre1]   contra la notaria pública [Nombre3]   y el notario público  [Nombre2]  ; y en ese tanto se le impone a ambos denunciados: con fundamento en el  artículo 144 inciso e), con relación al artículo 39 ambos del Código Notarial, por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones como notario en cuanto de la debida, cuidadosa  e indubitable identificación de los comparecientes dos meses de suspensión en el ejercicio  de la función notarial; con fundamento en el artículo 145 inciso c) del Código Notarial por  cuanto la ineficacia o nulidad de los instrumentos públicos tiene como origen la impericia y  descuido de los notarios denunciados, seis meses de suspensión en el ejercicio de la  función notarial. Al denunciado [Nombre2]  , con fundamento en el artículo 146  inciso c) del Código Notarial, por la expedición de un testimonio falso originado de la escritura  matriz en la cual se suplantó la identidad de la legítima titular registral del inmueble, tres años  de suspensión en el ejercicio de la función notarial. En total se impone a la notaria  pública Adriana Villalobos Brenes ocho meses de suspensión en el ejercicio de la  función notarial; y en total se impone al notario público Pablo Peña Ortega tres años y ocho meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial. Dicha sanción de conformidad con lo que dispone el artículo 161 del Código Notarial, regirá ocho días naturales  después de su publicación en el Boletín Judicial. Firme esta resolución publíquese el edicto  respectivo en el Boletín Judicial y si fuera necesario, comuníquese por oficio a la Dirección  Nacional de Notariado, al Registro Nacional, al Archivo Notarial y al Registro Civil.”c) Recurrente: Disconforme con lo así resuelto,  apelaron ambos notarios. Esa  impugnación fue admitida por la autoridad de primera instancia y genera que este  Tribunal conozca del recurso.

Aspectos Procesales: Ambos notarios en sus escritos de contestación, solicitaron la suspensión del proceso, en atención a que sobre estos hechos, existía una denuncia penal. La autoridad de primera instancia, por auto de las catorce horas y once minutos del nueve de setiembre del dos mil dieciséis, resolvió que esa gestión sería conocida una vez que el proceso estuviera listo para dictar sentencia. Sin embargo,  se dictó audiencia de conclusiones, y  la sentencia y la gestión no fue resuelta. Esta situación pudo haber implicado un problema de nulidad, sin embargo, la omisión no fue protestada y en segundo lugar a nada conduce, pues la denuncia penal fue resuelta por  el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, dictada el fallo número ochocientos setenta y nueve dos mil dieciocho, a las siete horas con treinta minutos del dieciocho de julio del dos mil dieciocho, luego confirmada por el Tribunal Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia número mil cuatrocientos cincuenta, de las diez horas y cincuenta minutos del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, lo que originó que se condenara  a los criminales involucrados y anuló las escrituras respectivas, lo que ocurrió mucho antes del dictado de la sentencia bajo estudio.

III.-

Por corresponder al mérito de los autos y no haber sido cuestionados, se aprueba la relación de hechos demostrados tenida como tal por la señora jueza a quo.

Hechos no Probados:  De igual forma, debe confirmarse este hecho, señalado por la actora y que no quedó demostrado.

Sobre el Recurso: Como primero aspecto de su recurso, los impugnantes reclamaron bajo el título de Incidente de Nulidad de Actuaciones y Resoluciones, vicios en el tramitación del expediente, en vulneración de su derecho de defensa y sobre el fondo del asunto, reclamaron que la suplantación de la identidad era imposible de detectar, al tratarse de una banda criminal organizada. Cuestionaron la sentencia, en tanto el señor juez tomó como elemento para atribuirles alguna anomalía, el que el precio se pagara en efectivo, cuando no hay norma que prohíba tal forma de pago y apuntaron que el documento de identificación de un extranjero es su pasaporte y que ese fue el documento que utilizaron, con lo que estimaron no haber sido negligentes. Señalaron que ni el Código Notarial, ni la Dirección Nacional de Notariado, han fijado los pasos que deben seguir las personas notarias para identificar a las partes, como para no dejar a la libre voluntad de los profesionales la utilización de la forma que estimen adecuada. Dijo que no es cierto lo afirmado por el señor juez, en el sentido de que no efectuaron los estudios registrales antes de autorizar el acto, pues estos sí se hicieron, además de estudiar el plano, así como la restante información, que es lo que permitió  darle el visto bueno a la negociación.  Se quejaron, por último, de que el señor juez aplicó doble sanción (incisos b) y e) del artículo 144, e inciso c) del artículo 145, todos del Código Notarial), lo que estimaron, constituye una transgresión del debido proceso, pues la norma aplicable a lo sumo, es el inciso e) del artículo 144 ibíd, lo que genera nulidad.

Nulidad: No hay motivo suficiente para acoger la nulidad pretendida, por defecto el procedimiento y dos razones existen para denegarla. El planteamiento del reclamo, tiene, en principio, buena apariencia, pues  si el proceso fue suspendido, una vez levantada esa medida, lo correcto es continuar con la etapa en que quedó detenido y si esta era la probatoria,  si fuera del caso, correspondía recibir la declaración de los testigos propuestos, si habían sido admitidos. No obstante, del estudio del expediente, se desprende que la situación jurídica difiere de la señalada en el postulado antes mencionado. Así, por resolución de las nueve horas y treinta minutos del seis de marzo del dos mil diecinueve, la autoridad de primera instancia admitió los dos testigos propuestos por ambos notarios denunciados y convocó para recibir su declaración, señalando para ese efecto, las ocho horas y treinta minutos del veintitrés de mayo del dos mil diecinueve (folio 236). Luego de haber denegado una solicitud de reprogramación (folio 244), a la hora y en la fecha dispuesta, según consta en el acta de folio 246, se encontraban presentes, únicamente, [Nombre4]    y su abogado, Víctor Solis Castillo, así como el notario Pablo Peña Ortega. Ante la ausencia de los testigos, la citada autoridad en ese acto, declaró inevacuable la prueba testimonial y según se hizo constar en esa acta y  por así solicitarlo las partes el proceso, fue suspendido por dos meses. Esto implica que la declaración testimonial no se evacuó en razón de la ausencia de los testigos, quienes no acudieron al señalamiento. De manera que cuando el proceso se reanudó, lo hizo en el estado en que estaba y como fue apuntado,  la citada probanza ya había sido declarada inevacuable, sin oposición de las partes. No resulta cierto, entonces, lo señalado en el recurso. La razón por las cuales es prueba no se evacuó,  no yace en algún  yerro en la tramitación del asunto,  por parte de la autoridad de primera instancia, sino, en la no presentación de los testigos y las consecuencias procesales derivadas de ese hecho.  Luego, como se adelantó, los notarios ahora disconformes, no cuestionaron esa decisión en la citada oportunidad (no hubo oposición), ni  se justificó, en debida forma, la no asistencia de los testigos, ni  nada alegaron desde esa fecha, habiendo sido notificados de otras resoluciones (en cuenta la audiencia de conclusiones, que se cursó, por resolución de las diez horas y quince minutos del veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, folio 255)  con lo que precluyó la oportunidad para el  reclamo, tanto si se trata de haber recurrido esa decisión o de haber protestado alguna nulidad (artículos 31.1 y 33-3 y 33.2 del Código Procesal Civil). De manera que el agravio resulta insuficiente para sustentar la nulidad y de ahí que debe denegarse, pues sabían de la eventual situación contraria a sus intereses y callaron, exponiéndola hasta ahora, a contrapelo de sus cargas procesales.

En cuanto al fondo del recurso, los recurrentes se quejaron de una errónea valoración de la prueba, pues a su entender, la suplantación de que fue objeto la denunciante era imposible de detectar y se utilizó el documento de identidad correspondiente, como es el pasaporte, no siendo el modo de pago, determinante, como dijo el juez, para sospechar la comisión de un ilícito. El tema, entonces, reside en el alcance del deber de identificación, y si los acusados  cumplieron adecuadamente, lo que en otras latitudes se denomina  como “fe de conocimiento”, que  según la doctrina: “Es la calificación o el juicio que el notario formula, individualizando a los otorgantes, basado en una convicción racional que adquiere por los medios que estime adecuados, actuando con prudencia y cautela” (ETCHEGARAY. [Nombre7] . Escrituras y Actas Notariales. Examen exegético de una escritura tipo. Editorial Astrea. Segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 1998, 120). El Código Notarial   establece, en su articulo 39, como obligación a cargo de la persona notaria identificar a los comparecientes, de la siguiente forma: “Los notarios deben identificar, cuidadosamente y sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los actos o contratos que autoricen. Los identificarán con base en los documentos legalmente previstos para el efecto y cualquier otro que consideren idóneo. En el acto o contrato notarial, deben indicar el documento de identificación y dejarse copia en el archivo de referencias, cuando lo consideren pertinente”. Identificar significa el "reconocimiento y la comprobación de que una persona es la misma que se supone o busca" (Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Décima Edición, 1976, Tomo II, página 332)  y se logra en la medida en que el notario pueda individualizar a los comparecientes, utilizando,  para ese efecto, como señala el citado artículo,  los documentos legalmente previstos (cédula de identidad, pasaporte, documento migratorio, según el caso),  pero  también cualquiera otros, no en su sustitución, pero si en forma complementaria, que estimen idóneos para el cumplimiento adecuado del deber  y debe entenderse incluídos   otros medios y consultas en distintos sistemas y registros, tanto públicos, como privados, si tiene acceso a estas, -no siendo esto último obligatorio-  y si fuera del caso, los testigos de conocimiento, en auxilio de la labor notarial antes señalada, como derivaciones del encargo legal que manda  “identificar cuidadosamente y sin lugar a dudas” (utilizando cualquier otro documento o medio a su alcance), pues si este deber se bastase a sí mismo, con la sola presentación del documento oficial, no tendría sentido el resto del artículo, trastocándose el deber en una mera acción mecánica, desprovista del contenido y la importancia que tanto la doctrina, como la ley le atribuyen, no solo en beneficio de las partes involucradas (por el perjuicio que puede y provoca el incumplimiento), sino también, a la seguridad jurídica, necesaria para la paz social y para el progreso económico. Si sigue, en materia de obligaciones, la distinción que diferencia las de resultado, de las de medios, habría que señalar que lo dispuesto por el ordenamiento es una obligación de medios, en el tanto en que la persona notaria debe desplegar toda su diligencia  a fin de identificar “cuidadosamente y sin lugar a dudas” a las partes y otros intervinientes,  apuntalando  la convicción de que  quien se presenta ante los  oficios del cartulario, es quien dice ser. No  se trata de un obligación de resultado, pues  pueden existir situaciones en la que no resulte posible a la persona notaria detectar una suplantación, pese a su mejor esfuerzo, diligencia y acuciosidad y en este sentido,   este Tribunal, en el Voto No 186-2010, de las diez horas diez minutos del veintisiete de mayo del dos mil diez, explicó, el alcance de este deber, si bien en ese caso, se utilizó la cédula de identidad de un costarricense, no obstante resulta de aplicación, en tanto analiza el deber de diligencia profesional en el tema: “ Este documento se constituye, entonces, como el medio idóneo de identificación de los costarricenses y el notario, en consecuencia,  debe exigir su presentación. No obstante, exigir este documento no agota el deber de identificación, como parece entenderlo el denunciado, porque si bien es cierto es el principal medio (de exigencia y presentación obligatoria), existen otros de carácter complementario que el profesional debe solicitar y utilizar  para asegurarse de la identidad de las personas, particularmente cuando  no las conoce, situación que reconoce el mismo artículo 39 del citado Código al señalar  "y cualquier otro que consideren idóneo", en relación a los numerales 41 y 42 ibíd, que prevén la intervención de testigos de conocimiento, sin perjuicio, por su puesto, del  conocimiento personal que tenga el notario de los otorgantes. El debido cumplimiento de este deber, supone, entonces, que el notario haya  empleado los recursos legales que tenga a su alcance. En este caso, está acreditado que el notario solicitó y le fue presentada una cédula de identidad de quien afirmó  era propietario del vehículo,  y aportó, para ese efecto, una copia de la cédula de identidad que guardó en su archivo, sin embargo, este fue el único medio de identificación utilizado  y consignado en el instrumento, lo que al final resultó insuficiente para asegurar la identificación plena del compareciente, en atención a lo comprobado y debe decirse, que si bien este documento pudo haber sido suficiente para el apoderado, del notario es exigible un nivel de cuidado mayor.      En este sentido, en casos similares, este Tribunal ha sostenido que:  "V. Al respecto, debe decirse que este Tribunal repetidamente ha expresado (ver entre otros el voto número 162-07), que el artículo 39 del Código Notarial dispone que los notarios deben identificar, cuidadosamente y sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los actos y contratos que autoricen y los identificarán con base en los documentos legalmente previstos para tal efecto, y cualquier otro que consideren idóneo.- Luego, el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, establece que la cédula de identidad contendrá la información necesaria para identificar plenamente a su portador, de manera que este documento constituye el documento legal previsto por la ley para identificar a las personas y hace exigible la presentación de éste en todo acto notarial conforme lo establece el artículo 95 inciso b) de dicha norma legal.- Es importante indicar que el artículo 39 citado, da la posibilidad al notario de exigir la presentación de cualquier otro documento que consideren idóneo, para identificar cuidadosamente y sin lugar a dudas a las partes y a otros intervinientes.- Es por esto que, si el denunciado no conocía a las partes, que comparecieron ante él para otorgar la escritura número CED6, su deber de cuidado y el apego al deber funcional de identificar cuidadosamente a las partes, le imponía exigir a éstas, la presentación de cualquier otro documento que las identificara sin lugar a dudas, como lo exige el artículo mencionado, para evitar ser sorprendido con una suplantación de persona, como aduce el notario haber ocurrido en este caso, pero, que sin embargo, es algo que es atribuible enteramente a su persona porque es únicamente a él, a quien corresponde esa identificación cuidadosa, como fedatario público, asesor de las partes y contralor de legalidad al momento de confeccionar la escritura número 73,.- En su escrito de contestación, el notario refiere que procedió a revisar los documentos y las respectivas cédulas de identidad, pero, si como señala en el punto tres de ese memorial: "los señores...y... no son ni nunca lo han sido clientes míos, es decir, a ellos yo no los conocía,...", su deber de cuidado le exigía apoyarse en otros documentos para garantizar esa identificación indubitable de quienes ante él comparecían, máxime que se estaba otorgando un poder generalísimo para disponer de un vehículo..." (Voto No 211- 2007, de las  nueve horas veinte minutos del trece de setiembre del dos mil siete. y en similares términos pueden citarse los Votos números  206- 2007, de las  trece horas treinta minutos del seis de setiembre del dos mil siete y 132-2006, de las trece horas cincuenta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil seis), lo que guarda relación con lo explicado por la Sala Segunda en su oportunidad, en cuanto señaló: "La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, número 3504 de 10 de mayo de 1965 y sus reformas, en el numeral 95 establece que : "La presentación de la cédula de identidad es indispensable para: a)..., b) Todo acto o contrato notarial;... m) Cualquier otra diligencia u operación en que sea del caso justificar la identidad personal."  De esta manera, la cédula de identidad constituye el documento que dispone el ordenamiento jurídico, para la debida identificación de las personas en aquellos actos que resulta necesario individualizar a los sujetos, sobre todo cuando se trata de la disposición o renuncia de derechos.  Precisamente por ello, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Notariado, dispone para la parte introductoria de los instrumentos públicos, la necesaria indicación del documento de identificación de los comparecientes.  Siendo el instrumento público un documento legítimo, por el cual el notario legitima el negocio jurídico celebrado entre los otorgantes, ese profesional tiene la obligación de garantizar la plena legitimidad de los actos autorizados por él, de tal manera que por el efecto que tiene su intervención entre las partes y ante las oficinas públicas ante las que esos documentos deben hacerse valer, deben proceder con toda rigurosidad y cuidado, para que no se produzcan perjuicios y el sistema jurídico funcione seguramente, como es de esperar, siempre.  Por eso, al notario se le exige un conocimiento sobre la identidad de las partes.  Sin que se desconozca que la cédula de identidad legalmente expedida es, según se dijo, el documento idóneo para establecer tal cosa, de acuerdo con el espíritu que se desprende de la Ley Orgánica del Notariado, el Notario debe ser cuidadoso y estricto en establecer la identidad correspondiente.  A ello obedece el contenido del artículo 78 de esa Ley, según el cual, en toda escritura se sobrentiende que el notario conoce a las partes o en su defecto a los testigos de conocimiento, que está facultado para exigir en ese caso, de acuerdo con esa norma y el artículo 16 de esa misma normativa, como parte de la identificación.  Por eso, en atención a los hechos públicos y notorios que reflejan la inseguridad de las cédulas de identidad expedidas por el Registro Civil, como medios ciertos de identificación, es valorable positivamente la atención que los notarios públicos ponen en este aspecto, exigiendo, cuando no conocen a los otorgantes, testigos de conocimiento, así como otros documentos de identificación, dejando copia de ellos en sus protocolos de referencia; y, por ello mismo, criticable la displicencia que se pueda apreciar en esa actividad, pues de ese modo se propicia la inseguridad en aquellos asuntos en los cuales es necesaria la intervención de los notarios..." (Voto No. 254, de las once horas cinco minutos del tres de mayo de mil novecientos noventa y seis.).   Ahora, en el caso bajo estudio,  existió, evidente y claramente,una suplantación de un persona extranjera, que no estaba en el país, cuando el acto fue autorizado, en el que se utilizó un pasaporte falso, y según los autos, este fue el único medio utilizado por ambos notarios denunciados para identificar a la otorgante y supuesta vendedora. Señalan los recurrentes que el citado documento daba apariencia  de corresponder al documento oficial de quien dijo ser la señora [Nombre1] , pero siguiendo la línea antes mencionada, solo se utilizó ese único documento para lograr la identificación, lo que al final, resultó insuficiente para lograr el cometido de ley, en perjuicio de la quejosa. La utilización de solo ese documento,  además de ser insuficiente, no puede dar por cumplido el deber de identificación, que como se explicó no solo exige pedir  y corroborar visualmente el documento oficial, revisando su coherencia interna y  en relación con la persona que lo porta, sino desplegar los medios necesarios,  relacionándolo con cualquier otra fuente de información para lograr la correcta individualización, que va más allá de  la labor comprobada en el caso. La identificación implica utilizar la experiencia y conocimiento en la evaluación de toda la información que pueda corroborar la identidad de quien se presenta ante la persona notaria, examinando  toda aquella  valiosa y pertinente para determinar la identificación, lo que en el caso, no se hizo o no se demostró. Es cierto, según señalan los notarios, que estudiaron los informes registrales, uso de suelo y otros documentos que le fueron presentados a la compradora, por el “agente de ventas”, sin embargo, esos informes y constancias, no apuntalan la identificación, sino, la situación de la finca, en el marco de los estudios registrales y la asesoría que al efecto debe brindar conforme al numeral 34 del Código Notarial y pueden ser obtenidos en bases públicas (particularmente los informes registrales). Es decir, no acreditan, por sí, la identificación de las personas, ni puede, por consiguiente, deducirse, de este hecho, el despliegue de los recursos necesarios para cumplir con el mandado legal que se repite, obliga a identificar cuidadosamente y sin lugar a dudas. No puede, ni este órgano, ni la Dirección Nacional de Notariado, establecer un protocolo de actuación que deba seguir en cada caso las personas notarias,  pues cada situación es distinta, pero tratándose de extranjeros, bien pudo haberse pedido una constancia de las entradas y salidas del país, con lo que se hubiera generado una alerta de grado suficiente como para abstenerse de realizar el acto, en caso de detectarse alguna irregularidad, o bien la asistencia de testigos de conocimiento o cualquier otro documento de identificación que pudiera complementar al presentado, para relacionar la información que brindaba, pero lo importante, es que en cada caso, la persona notaria debe desplegar toda su experticia profesional para lograr esa convicción, y en el caso, si bien no con dolo, no se probó esa debida diligencia, pues se insiste, identificar a una persona no es solo pedir el documento oficial, es examinarlo, utilizando todos los mecanismos para asegurarse de que el pasaporte cumpliera las medidas de seguridad del emisor. No se desconoce con esto, que en el caso, el pasaporte fue falsificado y que se condenó a la organización criminal,  que se dedicaba a esta clase de delitos,  ni se pone énfasis  en  las manifestaciones del represente de la quejosa, que expuso algunas supuestas falencias del documento falso en relación con el original, ni en otras  situaciones que pueden verse en la copia del pasaporte constante en autos, como el hecho de que a folio 153 no aparece la firma del portador y que la información de folio 154 no esta completa (que no fueron objeto de debate),  sin embargo, la cuidadosa y prudente diligencia, no se demostró en el caso.  Así, no hay mérito para establecer que los recurrentes cumplieron con el deber de identificación, porque no lo hicieron en debida forma. En este sentido, si bien los impugnantes hacen énfasis en la forma de pago del precio, pues el señor juez, estimó un pago en efectivo una cantidad tan alta (veinticinco millones de colones), debía llamar a la sospecha, lo cierto es que aún suprimiendo ese indicio,  la conclusión antes señalada se mantiene. Aunque   si llama la atención que una suma de dinero tan importante, no pasara por el sistema bancario, lo cierto es que el pago en efectivo, es buen pago.

Entorno a la clasificación o tipificación de los hechos, aspecto también impugnado,  llevan razón parcial los impugnantes, lo que conlleva hacer las modificaciones que se dirán, pero no dan pié para anular lo resuelto.   Así, la autoridad de primera instancia estimó que ambos notarios, pues actuaron conjuntamente, transgredieron el deber de identificación (artículo 39 del Código Notarial) y estimó que debía aplicarse el inciso e) del articulo 144 ibíd, para imponer por ese hecho, dos meses de suspensión a cada uno de los notarios, a lo que debían sumarse seis meses más, en razón de que la ineficacia y nulidad del instrumento, se debía al descuido de los dos, para un total de ocho meses a cada uno (aclárese, en este sentido que el señor juez, invocó el articulo 144 inciso b), pero no sancionó con fundamento en esa norma). Estima este órgano, que en este caso, la citada autoridad aplicó incorrectamente la sanción. Esto es así, pues el incumplimiento del deber de identificación, fue lo que generó la ineficacia y nulidad del instrumento objeto de este proceso, con lo cual, esta segunda acción, que es más grave,  subsume la primera, es decir, está incluida en su supuesto de hecho, pues de lo contrario se estaría sancionando dos veces igual hecho (lo que se resuelve, haciendo una símil con el concurso ideal y su penalidad, pues se transgredieron varias normas que no se excluyen entre sí). De esta forma, debe revocarse la sanción de dos meses impuesta a la notaria Adriana Villalobos Brenes por la transgresión al deber de identificación, pues este hecho ya está cubierto en la sanción decretada con fundamento en el articulo 145 inciso c) ibíd, es decir, por haber autorizado un instrumento ineficaz y nulo por no haber actuado con la diligencia debida y ciertamente, el documento fue ineficaz  y nulo. Luego, este razonamiento también resulta válido para la situación jurídica del notario Ortega Peña frente a la sanción impuesta, pero en su situación, la sanción debe limitarse a tres años de suspensión en el ejercicio de la función notarial, pues la expedición de un testimonio falso (en los términos señalados por el a quo y no contestados en el recurso), subsume las demás faltas, en forma análoga a la explicada, pues él fue quien según se estableció,  expidió el testimonio y nótese, en este sentido, que la impugnación giró en torno a la imposición de una doble imposición, pero no se atacó la calificación de los hechos en ese numeral, lo que impide al tribunal analizar el tema, conforme a las reglas que regulan la materia recursiva, según las cuales, la competencia funcional del órgano de apelación está limitada a los términos del recurso. IX- Como corolario de lo expuesto, debe denegarse la nulidad pretendida y en lo que fue apelado, debe modificarse lo resuelto, limitándose las sanciones decretadas  en el fallo bajo estudio, de la siguiente forma: Al notario Pablo Peña Ortega, a tres años de suspensión en el ejercicio de la función notarial y a la notaria Adriana Villalobos Brenes, a seis meses de suspensión en el ejercicio de la función notarial.