Resolución 00179-2013

Alega la representación de la CCSS, que el Juez de instancia se equivoca al considerar que el proceso penal que interpuso la accionante fue una causa de interrupción de la prescripción, ya que ese proceso penal se presentó de forma personal contra los médicos Arango y Reiche, pero no contra la Caja. Asimismo, no hubo acción civil resarcitoria contra la CCSS. De acuerdo con ese argumento de la recurrente, estima este Tribunal que es adecuado realizar un breve análisis de las causas de interrupción o suspensión del computo del plazo de prescripción para solicitar el pago de daños y perjuicios causados por la Administración Pública, a efectos de determinar si la apelante tiene o no razón en sus alegatos. En ese sentido cabe recordar que el plazo de prescripción para reclamar una indemnización a la Administración Pública, por la existencia de responsabilidad administrativa, viene regulado en el numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública, el cual señala: "Artículo 198.-El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos prescribirá en cuatro años desde que se tenga conocimiento del hecho dañoso."Nótese, que el plazo de cuatro años comienza a contarse a partir del hecho que motiva la responsabilidad, o al momento de que el damnificado esté en condición o posibilidad de presentar el reclamo respectivo. Ahora bien, es claro de la lectura del artículo citado de que el mismo no regula las causas de interrupción y suspensión del plazo de cuatro años de prescripción. Por ello se debe recurrir a la normativa civil y comercial, al existir una laguna normativa. Precisamente, de los artículos 876 y 879 del Código Civil y 977 del Código de Comercio, se encuentran las causas de interrupción de la prescripción, que se pueden traducir al Derecho Administrativo, como las siguientes: Primera: El reconocimiento de la indemnización por parte de la Administración o funcionario responsable; es decir, que de forma expresa o tácita, o por conductas unívoca que así lo indiquen, se reconozca el pago de una indemnización al administrado-damnificado;

Cualquier gestión judicial, extrajudicial o administrativa que presente el damnificado con la intención de que se le reconozca el derecho a ser indemnizado;

Notificación, así como cualquier interpelación judicial durante el transcurso o sustanciación del proceso civil de hacienda, cuya pretensión sea el pago de una indemnización causada por responsabilidad administrativa de un ente o funcionario público. Como puede apreciarse la causas de interrupción están relacionadas con la intención del damnificado de que se le reconozca su derecho indemnizatorio o que la misma Administración se lo conceda. En otras palabras, un acto interruptor del plazo de prescripción está compuesto por la intención del afectado de que su derecho a ser indemnizado sea reconocido. Por ello se interrumpe el cómputo, ya que el damnificado ejerce su derecho a reclamar, ya que la prescripción es un instituto que sanciona la falta del afectado de accionar en busca del reconocimiento y pago de un derecho patrimonial. Por otra parte las causales de suspensión del plazo de prescripción, se encuentran en el numeral 880 del Código Civil, que indica: Artículo 880 No corre la prescripción:

Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley.

Entre padres e hijos durante la patria potestad.

Entre los menores e incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure la tutela o curatela.

Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera del la República.

Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado.

Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe.

A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor. Estas mismas causales se encuentran en el numeral 976 del Código de Comercio, las cuales son de aplicación supletoria al Derecho Administrativo. Ahora bien, como se aprecia las causas de suspensión tienen la particularidad de impedir al afectado el poder reclamar su derecho indemnizatorio, por el tiempo en que se produzca la causal. En resumen, tanto las causas de interrupción como de suspensión del plazo de la prescripción, tienen como factor común, el impedir que el damnificado pueda ejercer su derecho a reclamar la indemnización;

Teniendo claras las causas de interrupción y suspensión del computo del plazo de prescripción regulado en el numeral 198 de la Ley General de la Administración Pública, este Tribunal analiza si los hechos o actos que el Juez de instancia tuvo como causales de interrupción de la prescripción, lo son o no. En ese sentido, el órgano de instancia señaló que el plazo de prescripción en este caso se interrumpió, porque el 7 de marzo del 2000, la accionante interpuso una denuncia penal por mala praxis médica. Ahora bien, para este Tribunal el proceso penal en este caso no constituyó causal de interrupción del plazo de prescripción, por las siguientes razones:

Es un hecho probado que la actora fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Calderón Guardia, el 27 de enero de 1998 y 24 de marzo de 1998, por dolores de cabeza y mandíbula. Justamente, la actora toma como causa de los supuestos daños y perjuicios sufridos a su estado de salud, a esas dos intervenciones quirúrgicas. Aquí el Tribunal debe indicar que el Juez de instancia interpretó de manera errónea el hecho que inicia el cómputo de plazo de prescripción, ya que indicó que es a partir de que la actora tuviera conocimiento del hecho dañoso, lo cual es incorrecto. Esto debido a que el artículo 198 citado, regula dos situaciones diversas para contabilizar el plazo de prescripción. La primera se encuentra en el primer párrafo del indicado artículo y es para los casos en que se pida responsabilidad a la Administración Pública, aquí el plazo de prescripción inicia a partir del hecho que motiva la responsabilidad. El segundo supuesto, está regulado en el párrafo segundo del numeral señalado, y es para los casos en que se solicite la indemnización contra los servidores públicos. En esos casos el cómputo de la prescripción se contabiliza a partir de que el damnificado tenga conocimiento del hecho dañoso. Ahora bien, en este caso la accionante solicitó indemnización a una Administración Pública, como lo es la CCSS, por lo que el plazo de prescripción comienza a partir del hecho que motiva la responsabilidad, que en este asunto fueron las dos operaciones quirúrgicas que se le realizaron a la actora el 27 de enero y 24 de marzo de 1998, y no como equivocadamente lo indicó el Juzgador de instancia, desde que la accionante tuviera conocimiento del hecho dañoso;

Se tiene por demostrado que la demandante presentó una denuncia penal contra los doctores Arango y Reiche, por lesiones culposas, que se tramitó bajo el número de sumaria 00-005777-042-PE. Al mismo tiempo, la accionante no demostró que presentará una acción civil resarcitoria contra la CCSS, en la denuncia penal que interpuso contra los doctores Arango y Reiche, por lesiones culposas, la cual se tramitó bajo el número de sumaria 00-005777-042-PE. Precisamente, lo anterior es de vital importancia, debido a que un proceso penal no está incluido como una causa de suspensión del plazo de prescripción, de conformidad con los regulado en los artículos 880 del Código Civil y 976 del Código de Comercio, citados anteriormente en esta resolución. Ahora bien, el proceso penal pudo haber sido una causa de interrupción de la prescripción, sí en el mismo, la actora hubiese reclamado la indemnización correspondiente. No obstante, no demostró que haya presentado la acción civil resarcitoria, sino que únicamente se investigó la presunta responsabilidad penal de los doctores Arango y Reiche. Tómese en cuenta que las causas de interrupción del plazo de prescripción, tienen como factor común, que son un intento del afectado con el daño de reclamar, sea en sede administrativa o judicial, el derecho a una indemnización. Justamente, la acción penal no tiene el efecto de interrumpir la prescripción, ya que no va dirigida al reconocimiento de un derecho indemnizatorio, sino a determinar la existencia de un delito, como en este caso el de lesiones culposas, e individualizar al responsable. La acción penal no puede confundirse con un reclamo para obtener el reconocimiento de un derecho indemnizatorio, ya que el proceso penal tiene como finalidad el imponer una sanción privativa de libertad si se determina que se tipificó el ilícito penal. Por ello, el Juez de instancia se equivocó en este caso, al considerar que la denuncia penal presentada por la actora en contra de los doctores Arango y Reiche, interrumpió el plazo de prescripción. Por otra parte, la institución recurrente afirma que desde que se le realizaron las operaciones a la actora en el año 1998 hasta la presentación de la demanda el 18 de mayo del 2004, no se presentaron causales de interrupción del plazo de prescripción. Argumento que comparte este Tribunal, así como al mismo tiempo lo obliga a señalar que el Juzgador de primera instancia, se equivoca al indicar que la prescripción se vio interrumpida, también, porque para el 30 de marzo de 1998 todavía la actora estaba en control de terapia, y además, debido a que el 19 de noviembre del 2003, pide se agote la vía administrativa. Ahora bien, la situación de que para el 30 de marzo de 1998 la actora estuviera en terapia, no es una causal de interrupción de la prescripción. De hecho, este Tribunal no comprende porqué razón el órgano de instancia estimó que esa circunstancia interrumpía el cómputo de prescripción. Por otro lado, efectivamente se tiene por demostrado que el 19 de noviembre del 2003, la accionante presentó ante la Gerencia Médica de la CCSS, una solicitud para que se le indemnizara por responsabilidad objetiva, el daño moral y material que se le causó después de haber sido operada en su boca en enero y febrero de 1998, en el Hospital Calderón Guardia por los doctores Oscar Reiche Fishel y Oscar Arango Pietersz. Sin embargo, el Juzgador de instancia no analizó el contenido de la respuesta a esa gestión por parte de la CCSS, así como lo efectos de ésta. En ese sentido, se tiene por probado que por oficio número 38890 del 17 de diciembre del 2003, suscrito por el Gerente de la División Médica de la CCSS, y dirigido a la actora, se indicó textualmente lo siguiente: "En atención a su oficio recibido en este Gerencia de División Médica el 19 de noviembre del 2003, le informamos que su caso fue analizado por la Dirección Jurídica quienes indican: "Visto el reclamo de la señora Nombre53744  y el Dictamen Medico Legal del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, de donde se determina que las intervenciones quirúrgicas realizadas a la reclamante se remontan a los primeros meses de 1998, y en virtud de lo que al efecto establece el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente es rechazar el reclamo por encontrarse prescrito" Sobre la base de lo anterior esta Gerencia lamenta comunicarle que no es factible atender favorablemente su petición."Nótese, que la CCSS rechazó el reclamo administrativo por encontrarse prescrito para la fecha de su presentación, aspecto que se insiste, el Juez de instancia nunca analizó. Ahora bien, efectivamente, cualquier reclamo administrativo realizado por la actora ante la CCSS, para ser indemnizada, sí constituye una causa de interrupción del plazo de prescripción. Sin embargo, es claro el hecho de que el plazo de prescripción ya se había completado en este caso, debido a que para la fecha de presentación del reclamo administrativo, 19 de noviembre del 2003, el plazo de cuatro años sobradamente ya se había cumplido, tal y como la misma Institución recurrente se lo había indicado a la accionante en el oficio citado anteriormente. Por esas razones, el Juez de primera instancia, resolvió inadecuadamente este asunto, declarando sin lugar la excepción de prescripción, cuando en realidad la CCSS tiene la razón en sus argumentos, ya que entre las fechas que se le efectuaron a la accionante las intervenciones quirúrgicas en el Hospital Calderón Guardia, el 27 de enero y 24 de marzo de 1998 (hechos que motivan la responsabilidad), y el 18 de mayo del 2004, fecha en la que la actora interpuso el presente proceso ordinario contencioso administrativo, sobradamente había transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años estipulado en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, se revoca la sentencia recurrida, y en su lugar, se declara con lugar la excepción de prescripción. Por la forma que se resuelve, se omite pronunciamiento en cuanto al resto de los agravios presentados por la CCSS. Asimismo, se revoca la sentencia apelada, en cuanto a la exoneración en costas procesales y personales realizada a favor de la demandante, esto debido a que estima este Tribunal que debe aplicarse el principio de condena al vencido, regulado en el artículo 221 del Código Procesal Civil, así como al considerar que no se presentan en este caso las causales de exoneración en costas, reguladas en los artículos 98 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 222 del Código Procesal Civil, ya que no existió motivo suficiente para litigar, cuando desde antes de la presentación de este proceso contencioso administrativo, a la accionante se le había indicado que su reclamo se encontraba prescrito. Por lo tanto, se condena a la actora al pago de ambas constas de esta acción.”