Resolución 08509-2025

CUESTIONES DE ORDEN PROCESAL PRELIMINAR.

A través de escrito de fecha 12 de octubre de 2021, los señores:

[Nombre 002], mayor, portador de la cédula [Valor 001],

[Nombre 003], mayor, cédula [Valor 002],

[Nombre 004], mayor, portador de la cédula [Valor 003],

[Nombre 005], mayor, cédula [Valor 004],

[Nombre 006], mayor, portadora de la cédula de identidad número [Valor 005],

[Nombre 007], mayor, portador de la cédula de identidad número [Valor 006],

[Nombre 008], mayor, soltera, con cédula de identidad número [Valor 007], vecina de San José, Moravia con el cargo de Oficinista 2 en Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

[Nombre 001], mayor, soltero, con cédula de identidad número [Valor 008], vecino de San José, San Ignacio con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía

[Nombre 009], mayor, soltero, con cédula de identidad número [Valor 009], vecino de Puntarenas, Quepos con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 010], mayor, soltero, con cédula de identidad número [Valor 010], vecino de Guanacaste, Santa Cruz con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía aerea.

[Nombre 011], mayor, unión libre, con cédula de identidad número [Valor 011], vecino de Guanacaste, Carrillo con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.

[Nombre 012], mayor, soltero, con cédula de identidad número [Valor 012], vecino de San José, Turrialba con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.

[Nombre 013], mayor, unión libre, con cédula de identidad número [Valor 013], vecino de Heredia, San Pablo con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.

[Nombre 014], mayor, casado, con cédula de identidad número [Valor 014], vecino de San Carlos, Ciudad Quesada con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.15. [Nombre 015], mayor, casado, con cédula de identidad número [Valor 015], vecino de Heredia, Sarapiquí con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.

[Nombre 016], mayor, divorciada, con cédula de identidad número [Valor 016], vecino de San José, Desamparados con el cargo de Agente 2 Oficial de Dactiloscopia.

[Nombre 017], mayor, en unión libre, con cédula de identidad número [Valor 017], vecino de Heredia, Sarapiquí con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 018], mayor, en unión libre, con cédula de de identidad número [Valor 018], vecino de Heredia, Sarapiquí con el cargo de Agente 2 Oficial de Policía.19. [Nombre 019], mayor, casado, con cédula de identidad número [Valor 019], vecino de San José, Santa Ana con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 020], mayor, soltera, con cédula de identidad número [Valor 020], vecina de San José, Moravia con el cargo de Oficinista 2 en Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

[Nombre 021], mayor, en unión libre, con cédula de identidad número [Valor 021], vecino de San José, Pérez Zeledón con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 022], mayor, casado, con cédula de identidad número [Valor 022], vecino de Alajuela con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 023], mayor, en unión libre, con cédula de identidad número [Valor 023], vecino de San José, Hatillo con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 024], mayor, unión libre, con cédula de identidad número [Valor 024], vecino de Puntarenas, Buenos Aires con el cargo de Agente 1 Oficial de Policía.

[Nombre 025], mayor, casada, con cédula de identidad número [Valor 025], vecina de San José, León Cortes con el cargo de miscelánea de Ministerio de Seguridad Publica en Delegación Policial de León Cortes.

[Nombre 026], mayor, unión libre, con cédula de identidad número [Valor 026], vecino de Alajuela, San Carlos con el cargo de agente 1 oficial de policía.27. [Nombre 027], mayor, casado, con cédula de identidad número [Valor 027], vecino de San José, Montes de Oca con el cargo de agente oficial de policía.28. [Nombre 028], casado, con cédula de identidad número [Valor 028], vecino de Puntarenas, Golfito con el cargo de agente 2 oficial de policía.

[Nombre 029], casado, con cédula de identidad número [Valor 029], vecino de San José, Pérez Zeledón con el cargo de agente 2 oficial de policía.

[Nombre 030], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 030], vecino de Guanacaste, Upala con el cargo de agente 1 oficial de policía.31. [Nombre 031], soltero, con cédula de identidad número [Valor 031], vecino de San José, San José con el cargo de agente 2 oficial de policía.

[Nombre 032], casado, con cédula de identidad número [Valor 032], vecino de Puntarenas, Coto Brus con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 033], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 033], vecino de Guápiles con el cargo de agente 1 oficial de policía.34. [Nombre 034], soltera, con cédula de identidad número [Valor 034], vecina de Limón, Pacuare Nueva con el cargo de agente 2 oficial de programas preventivos.35. [Nombre 035], soltero, con cédula de identidad número [Valor 035], vecino de Cartago, Turrialba con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 036], casado, con cédula de identidad número [Valor 036], vecino de Puntarenas, Buenos Aires con el cargo de agente 2 oficial de policía.

[Nombre 037], soltero, con cédula de identidad número [Valor 037], vecino de Cartago, Turrialba con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 038], soltero, con cédula de identidad número [Valor 038], vecino de Puntarenas, Barranca con el cargo de agente 1 oficial de policía.39. [Nombre 039], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 039], vecino de San José, Alajuelita con el cargo de agente 2 oficial de policía.

[Nombre 040], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 040], vecino de Guanacaste, Nicoya con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 041], casado en separación, con cédula de identidad número [Valor 041], vecino de Puntarenas, Buenos Aires con el cargo de agente 1 oficial de policía.42. [Nombre 042], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 042], vecino de San José, Pérez Zeledón con el cargo de agente oficial de policía.

[Nombre 043], casada, con cédula de identidad número [Valor 043], vecina de Alajuela, San Ramón con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 044], casado, con cédula de identidad número [Valor 044], vecino de Guanacaste, Carrillo con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 045], casado, con cédula de identidad número [Valor 045], vecino de Alajuela, Poas con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 046], casado, con cédula de identidad número [Valor 046], vecino de San José, Moravia con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 047], casado, con cédula de identidad número [Valor 047], vecino de Puntarenas, San Vito con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 048], casado, con cédula de identidad número [Valor 048], vecino de Alajuela, Río Cuarto con el cargo de agente 1 oficial de policía.

[Nombre 049], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 049], vecino de Guanacaste, Santa Cruz con el cargo de sub oficial 1 de policía.

[Nombre 050], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 050], vecino de San José, Pérez Zeledón con el cargo de agente 1 de policía.51. [Nombre 051], divorciado con cédula de identidad número [Valor 051], vecino de Guanacaste, Nicoya con el cargo agente 2 de policía.52. [Nombre 052], soltero, con cédula de identidad número [Valor 052], vecino de San José, Aserri con el cargo agente 1 de policía.53. [Nombre 053], soltero, con cédula de identidad número [Valor 053], vecino de Limón, Pococí,  con el cargo agente 2 de policía.

[Nombre 054], soltero, con cédula de identidad número [Valor 054], vecino de Limón, Pococí con el cargo agente 2 de policía.55. [Nombre 055], casado, con cédula de identidad número [Valor 055],vecino de Alajuela, San Ramón con el cargo agente 2 de policía.56. [Nombre 056], unión libre, con cédula de identidad número [Valor 056], vecino de Puntarenas, Barranca con el cargo agente 1 de policía.

[Nombre 057], soltero, con cédula de identidad número [Valor 057], vecino de Guanacaste, Santa Cruz con el cargo agente 1 de policía.

[Nombre 058], mayor, casado, con cédula de identidad [Valor 058], vecino La Suiza, Turrialba, Cartago con el puesto Agente 1 Ministerio de Seguridad.

[Nombre 059], mayor, soltero, con cédula de identidad [Valor 059], vecino de San Isidro de Pérez Zeledón con el puesto Oficial de Policía Agente 2.

[Nombre 060], mayor, soltero, con cédula de identidad [Valor 060] vecino de La Isla de San Vito de Coto Brus, con el puesto de Agente 2.61. [Nombre 061], mayor, casado, con cédula de identidad [Valor 061] vecino de Grecia, Alajuela, con el puesto de Agente de Policía.62. [Nombre 062], mayor, casado, con cédula de identidad [Valor 062], vecino de San Vito de Coto Brus, con el puesto de Agente 2 Unidad de Turismo.

[Nombre 063], mayor, soltero, con cédula de identidad [Valor 063], vecino de Alajuela Centro, con el puesto de Oficinista del servicio civil 1 en el Ministerio de Educación Pública.

[Nombre 064], mayor, divorciada, con cédula de identidad [Valor 064], vecina de Barrio Villa Ligia, Pérez Zeledón, con el puesto de conserje en el Ministerio de Educación Pública.65. [Nombre 065], mayor, divorciada, con cédula de identidad [Valor 065], vecina de San Miguel de Desamparados, Capri, con el puesto de Miscelánea 2 del Servicio Civil en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

[Nombre 054], mayor, soltero, con cédula de identidad [Valor 066], vecino de Rosario de Desamparados, con el puesto de conductor agente 2 del Ministerio de Seguridad Pública.

[Nombre 066], mayor, divorciado, con cédula de identidad [Valor 067], vecino de Venecia, San Carlos, Alajuela, con el puesto de Agente 2 conductor del Ministerio de Seguridad Pública

[Nombre 067], mayor, casado, con cédula de identidad [Valor 068], vecino de San Nicolás Cartago, con el puesto de Oficial de Guardia, Ministerio de Seguridad Pública.

[Nombre 068], mayor, en unión de hecho, con cédula de identidad [Valor 069], vecino de Ciudad Quesada San Carlos, con el puesto de Oficial de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública.

[Nombre 069], mayor, divorciado, con cédula de identidad [Valor 070], vecino de Pérez Zeledón, con el puesto de Agente 1 Policía, Ministerio de Seguridad Pública; plantearon proceso contencioso con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Internacional de Derechos del Consumidor, adoptado por la alianza Cooperativa Internacional ( 1969), Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los Consumidores ( 14 abril 1975). Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (16 abril de 1985), contra el Estado, representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA solicitando que en sentencia: i) Se obligue a la TESORERIA NACIONAL DEL GOBIERNO COSTARRRICENSE, para que se respete la parte inembargable de cada salario, extendido a las deducciones automáticas por contratos de préstamo de dinero, a favor de cada uno de los firmantes. ii) Subsidiariamente solicitamos que se obligue a la Tesorería Nacional del Gobierno Costarricense, para que se respete el salario mínimo de cada uno de los firmantes.

Mediante la resolución de las veintiún horas treinta y ocho minutos del trece de diciembre de 2021 se le dió curso al presente proceso de conocimiento Contencioso (ver imagen 138 del expediente principal en forma descendente).

En fecha 04/ de febrero de 2022, La Procuraduría General de la República representando al Estado dio contestación a la presente demanda en forma negativa, oponiendo la excepción de FALTA DE DERECHO, solicitando que la demanda sea declarada sin lugar en todos sus extremos y sea condenada la actora al pago de las costas de este proceso (ver imagen 142).

En resolución de las once horas treinta y dos minutos del ocho de febrero de 2022 se le confirió audiencia por TRES DÍAS a las partes para que manifestaran su disponibilidad de realizar la audiencia de forma virtual (imagen 241 del expediente electrónico en forma descendente).

En escritos de fecha15 de febrero de 2022 y de fecha 21 de febrero de 2022, respectivamente la Procuraduría General de la República y la representación de los actores señalaron su anuencia de llevar la audiencia preliminar de forma virtual ( ver escritos a imágenes 735 y 738 respectivamente).

A través de resolución de las doce horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós se tuvo por contestada la demanda y se le confirió a la ACTORA el plazo de TRES DÍAS para que se pronunciara al respecto. Y se señalaron las TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR ( ver imagen 739 del expediente).

La audiencia preliminar que fue realizada en la hora y fecha señalada ut supra en el punto anterior en donde las partes intervinientes no tuvieron objeciones en torno a temas de saneamiento que ameritaran ser resueltos y tampoco en lo que respecta a ajustes en las pretensiones  (ver imágenes 316 a 318).

Conforme al proceso de implementación del rediseño del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda propuesto por la Dirección de Planificación del Poder Judicial y aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos números XXVIII de la Sesión N° 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 y XXXIX de la Sesión N° 95 -2021 del 04 de noviembre de 2021, se determinaron los criterios de distribución del circulante de los procesos pendientes de fallo, conforme a los cuales la Coordinación del Tribunal ejecutó a partir del diecisiete de julio de 2023 la reasignación de una gran cantidad de expedientes en el mismo momento, incluido este de Puro Derecho que fue turnado al juzgador Ricardo Amán Díaz Anchía, por lo que se procede a resolver conforme a las políticas de prioridad establecidas por la Corte Plena.

9). En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se perciben vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el juez Ricardo Díaz Anchía con el voto afirmativo de los jueces Paulo André Alonso Soto  y Francisco José Chaves Torres.

SINTESIS DE LAS ALEGACIONES, PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LAS PARTES.

a. Alegatos de la parte actora. A través de la demanda planteada la teoría del caso de los señores actores radica en el señalamiento de que son sujetos de la violación del derecho del trabajo de salario mínimo que se presenta bajo el brocardo de "mínimun minimorum", voz latina que enuncia que en tratándose del salario del trabajador a este se le debe respetar pese a existir obligaciones contraídas por éste, un mínimun intangible que le permita al trabajador disfrutar de una vida digna con su familia. Y que en el caso de marras a través de las rebajas que se le aplican a los actores por parte de la Tesorería Nacional órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, a los actores no se les respeta la intangibilidad enunciada a efectos de que los mismos puedan llevar una vida con las condiciones referidas ut supra. De tal manera que su pretensión se enmarca en la solicitud a este Tribunal de ordenar a la referida oficina del Ministerio de Hacienda, la desaplicación parcial de las rebajas que se les realizan a los señores actores, y dar cumplimiento de este modo al principio de intangibilidad del salario mínimo legal.

b. Alegatos de parte del ESTADO a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

i. Sobre los actos administrativos de pura ejecución de la Tesorería Nacional referidos a las rebajas salariales de los señores actores. Señala la representación del Estado que la actuación de la Tesorería Nacional se encuentra ajustada a derecho, ya que las deducciones realizadas se encuentran debidamente autorizadas por cada uno de los actores, al momento de materializar los prestamos realizados y dicha oficina del Ministerio de Hacienda, únicamente ha realizado las deducciones que han sido solicitadas por el ente deductor debidamente acreditado ante esa oficina. De allí resulta que los trámites para que dichas sumas ya no sean deducidas automáticamente del salario de los actores, no deben ser efectuados ante la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, sino que deben ser realizados por parte de los accionantes en cada una de las Instituciones financieras en donde tienen créditos y en los cuales la cuota se le rebaja directamente de su salario, a efectos de llegar a convenios de pago y que entre las dos partes interesadas, se acuerde la forma en que se vayan a cancelar esos créditos, que no sea la deducción directa de salario, como ocurre en la actualidad, que provocan que los actores tengan un salario líquido disminuido.

ii. En torno a la supuesta violación del artículo 172 del Código de Trabajo.

En orden a lo anterior, señaló el órgano Representante del Estado que teniéndose claro cuál es el procedimiento establecido para el servicio de deducción automática, se debe debemos analizar la supuesta violación que alegan los accionantes al artículo 172 del Código de Trabajo relacionado al mínimo inembargable, situación que no tiene relación con el presente caso, toda vez que tal y como se ha señalado ut supra, al salario quincenal de cada uno de los actores se le realizaron deducciones solicitadas por sus acreedores que ellos mismos autorizaron.

DE LOS HECHOS PROBADOS. Como tales y de relevancia para la emisión de la presente sentencia se tienen:

[Nombre 002] tiene un salario bruto de ¢622.712 colones al mes, de los cuales se reducen ¢59.157,64 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.227,12 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢557.377,24 colones. Luego de rebajas a su salario por concepto de préstamos con Coopeservidores y una pensión alimentaria le quedan ¢12.822.42 colones para sobrevivir por mes, lo que corresponde a ¢6441.21 colones por quincena de salario quincena.Registra 3 operaciones de crédito con Coopeservidores de los años 2013 y 2014 y 3 operaciones que no señala fecha.(ver demanda a imagen 8 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 003], tiene un salario bruto de ¢598.021colones al mes, de los cuales se reducen ¢62.792.22 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5980.22 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢535.228,78 colones. Luego de rebajas a su salario por concepto de préstamos con Coopealianza y una pensión alimentaria a favor de su hermana mayor le quedan ¢38.547,56 colones para sobrevivir por mes, lo que corresponde a ¢19.273,78 colones por quincena de salario. Registra 2 operaciones de crédito a favor de Coopealizanza del año 2015 y una que no indica el año, (ver imagen 9 del expediente electrónico y colilla de salario y desgloses de deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 004] tiene un salario bruto de ¢606.901colones al mes, de los cuales se reducen ¢63.724,62 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.069,02 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢543.176,38 colones. Luego de rebajas a su salario por concepto cuotas de afiliación a Cooperativas y préstamos con Coopeande y una pensión alimentaria a favor de su padre adulto mayor, le quedan ¢22.160.36 colones para sobrevivir por mes, lo que corresponde a ¢11.080.18 colones por quincena de salario. No registra fechas de las operaciones crediticias todas con Coopeande (ver imagen 10 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 005] tiene un salario bruto de ¢558.478 colones al mes, de los cuales se reducen ¢58.640,20 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.944,78 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢499.837,80 colones. Luego de rebajas por concepto de créditos en Coopeande y una pensión alimentaria de ¢170.000.00 a favor de sus 2 hijos le queda un salario líquido de ¢34.900.00 por mes, sea ¢17.200.45 por quincena. Todas las operaciones crediticias antes del año 2020 (ver imagen 11 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 006] tiene un salario bruto de ¢688.067 colones al mes, de los cuales se reducen ¢67.731,62 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.459,64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢620.335,38 colones. Luego de rebajas por concepto de ser socio de cooperativas, préstamos a Coopeande, Andro y SP, y Proden y una pensión alimentaria de ¢153.466 a favor de su hijo y de ¢40.924 a favor de su madre le queda un salario líquido de ¢21.098.28 colones por mes, sea ¢10.549.14 por quincena. Registra 3 créditos, 2 con Coopeande del año 2016, 1 con PRODEN del año 2016 y 1 con Coopeande, 1 con Andro SP y 1 con PRODEN que no registran años de de suscripción (ver imagen 13 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 007] tiene un salario bruto de ¢705.238 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.661,36 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.824,9 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢633.576,64 colones. Del cual luego de los rebajos por concepto de cuotas de asociación a cooperativas, préstamos a Servicop, Andro y Coopeande y una obligación alimentaria le quedan un salario líquido de ¢93.807 colones por mes. (ver colilla salarial en el expediente administrativo). Registra una operación de crédito con Coopeande del año 2011, 3 con Servicop sin indicar año y 1 de Andro SP sin indicar año (ver imagen 14 del expediente principal y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 008] tiene un salario bruto de ¢722.407,46 colones al mes, de los cuales se reducen ¢75.852,8 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.224,08 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢646.554,66 colones. Luego de rebajos por concepto de cuotas de asociación a cooperativas, un embargo, préstamos y una pensión alimentaria de ¢200.000.00 a su hija Steelyn Sánchez Canales le queda un salario líquido de ¢4.997.54 colones por mes. Registra 4 créditos a favor de Coopeservidores, 2 del año 2013 y 2 del año 2014, y 1 de Coopeande del año 2014. (ver colilla de pagos salariales en el expediente administrativo con sus respectivas deducciones y expediente electrónico a la imagen 15).

[Nombre 001] tiene un salario bruto de ¢591.149,16 colones al mes, de los cuales se reducen ¢62.059,16 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.910 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢534.890,34 colones. Y que luego de rebajas por  concepto de cuotas de asociación a Cooperativas, préstamos a Coopeande y Andro SP, y una pensión alimentaria de ¢392.052.34 a favor de su hijo Dereck Sánchez Valverde, le queda un salario líquido de ¢78.172.82 colones mensuales (ver colilla de pagos salariales en el expediente administrativo con sus respectivas deducciones y expediente electrónico a la imagen prueba 1 imagen 2 y colilla de pagos salariales en el expediente administrativo con sus respectivas deducciones).

[Nombre 009] tiene un salario bruto de ¢582.021 colones al mes, de los cuales se reducen ¢61.132 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.822 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢524.078 colones. Y que luego de rebajas por concepto de cuotas de asociación a Cooperativas, y créditos a Coopealianza, a Coopeande, y una pensión alimentaria de ¢225.000.00 a su hija Maily Zúñiga Fernández y ¢60.000 a su madre Alcira Rodríguez Ruiz, le queda un salario líquido de ¢99.324.13 colones por mes.  Registra 1 crédito a favor de Coopeande del 05/06/2018 y 1 de Coopealianza del 07/04/2020 (ver coletilla de pagos salariales en el  expediente administrativo con sus respectivas deducciones y expediente electrónico a la imagen 18).

[Nombre 010] tiene un salario bruto de ¢682.738 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.687,48 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.827,38 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢611.050,52 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, créditos a Coopealianza, Coopenae, y CoopeMapro, y el pago de una pensión alimentaria por la suma de ¢153.467.44 colones a su hija Isabel Gómez Leal, le queda un salario líquido de ¢25.946.56 colones. Registra 1 crédito a favor de Coopealianza del 7/02/2015, 1 a favor del Coopenae del 20/07/2015 y 1 a favor de Coopemapro del 07/07/2018. Registra 1 préstamo a favor de Coopealianza de fecha 07-2-2015, 1 préstamo a favor de Coopenae de fecha 20/07/2015 y 1 préstamo a favor de CoopeMapro R.L de fecha 07/07/2018.  (ver expediente electrónico a la imagen 19 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 011], tiene un salario bruto de ¢685.090.5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.974,62 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.850,50 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢613.635,88 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, créditos a Coopeande y Coopecaja, y créditos a dichas Cooperativas y una pensión alimenticia de ¢300.0 00.00 colones a favor de un hijo menor y su señora madre, lo que recibe de salario líquido es la suma de ¢6.956.36 colones por mes. Registra 1 crédito a favor de Coopenae suscrito el 3/04/2017 y 1 sin información de año de constituído (ver expediente electrónico a la imagen 20 y coletilla de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 012]  tiene un salario bruto de ¢673.800 colones al mes, de los cuales se reducen ¢70.749 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.740 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢603.050 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y al Grupo Monge, y además por rebaja de una pensión alimentaria de ¢511.430.00, repartidas en un monto de ¢381.430.02 a su madre y de ¢8.086.12 a un hijo menor, su salario líquido queda en la suma de ¢ 8.086.012 colones por mes. Registra 5 créditos a favor del Grupo Monge del año 2016, 1 a  favor del Andro SP sin fecha de constitución y 1 a favor de Servicop sin fecha de constitución (ver expediente principal a imagen 22 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 013] tiene un salario bruto de ¢751.367 colones al mes, de los cuales se le rebajan ¢78.893,54 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.513,68 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢672.473,46 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, así como el pago de una pensión alimenticia de ¢375.000.00 a favor de 5 hijos menores de edad, recibe un salario líquido de ¢18.056.26 colones mensuales. Registra 2 créditos a favor de Coopeande del 31/05/2017, y del 09/02/2017, respectivamente y 1 de Coopeservicios con información denegada del año de suscripción. (ver expediente electrónico a la imagen 22 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 014] tiene un salario bruto de ¢686.570 colones al mes, de los cuales se deducen  ¢72.089,84 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.865.7 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢614.480,16 colones.  Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas el pago de una pensión alimenticia de doscientos cincuenta y cinco mil colones exactos, quedándole un salario líquido de ¢61.672.76 colones por mes. Registra 3 créditos a favor de Coopemep del año 2016 y 1 a favor de Coopeservidores del año 2014. (ver colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones  en el  expediente administrativo y expediente electrónico a la imagen 24).

[Nombre 015] tiene un salario bruto de ¢698.365 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢73.328,32 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.983,64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢625.036,68 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas el pago de una pensión alimenticia de cuatrocientos mil colones a favor de su actual esposa en proceso de divorcio, y tres hijos menores percibe un salario líquido de ¢8.708.56 colones por mes.  Registra 4 créditos a favor de: 1 de  CoopeCaja del año 13/02/2016, 1 de Coopeande de 14/06/2017, y uno de Coopeservicios de 06/03/2018 y 1 de Cooealianza que no registra fecha ni año de constitución (ver imagen 25 en el expediente principal y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 016] tiene un salario bruto de ¢850.652.00 colones al mes, de los cuales se rebajan ¢87.218,46 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢8.306,52 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢763.433,54 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas, le queda un salario líquido de ¢204.657.91 a los que rebajados por subsidio de incapacidad la suma de ¢73.723.00 colones mas ¢20.000 por rebajo de sumas de pago de mas, le queda un salario líquido final de ¢110.934.91 colones mensuales. Registra 2 créditos suscritos en el año 2017, 1 a favor de Coopeco y otro a favor de Instacredit. y 2 uno a favor de Coopeande con información denegada sobre la fecha de constitución y otro a favor de funerales Vida sin fecha de constitución. (ver colilla de pagos salariales con sus respectivas deducciones  en el expediente administrativo).

[Nombre 017] tiene un salario bruto de ¢601.352 colones mes, de los cuales se reduce un monto de ¢63.141,96 colones por concepto de  cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.013,52 colones por el Régimen Obligatorio de pensiones quedando un líquido mensual de ¢538.210,04 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, le queda un salario líquido de ¢74.930.00 colones mensuales. Los créditos son 5 en total: 2 son del año 2015 y del año 2016 dos, a favor de Coopeservidores,  2 de Coopeande del año 2018 y 1 de Coopeande del año 2019. (ver colilla de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 018] tiene un salario bruto de ¢648.476 colones al mes, de los cuales se reducen ¢70.136 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.678 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢628.340 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢350.000.00 a favor de dos hijas menores de edad le queda un salario líquido de ¢56.981.00 mensuales. Todos los créditos antes del año 2020, uno de Coopemep del 19/7/2016, 1 de Coopeande del 30/7/2014, uno de Coopeande del 10/5/2017, 1 de Coopeande del 13/3/2018, del 25/3/2018, del 25/3/2019, y del 19/9/2019 (ver expediente electrónico a la imagen 29 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 019] tiene un salario bruto de ¢724.53.00 colones al mes, de los cuales se reducen ¢76.099,06 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.247,52 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢648.654 colones. Y que luego de rebajas por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢200.000.00 a nombre de su esposa le queda un salario líquido de ¢40.205.31 mensuales. Registra 3 créditos a Cooperativas del año 2018 y uno del 20/05/2020 (ver expediente electrónico a la imagen 30 y colillas de pagos salariales en el  expediente administrativo).

[Nombre 020], tiene un salario bruto de ¢348.898,66 colones al mes, de los cuales se reducen ¢36.634,37 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢3.488,95 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢312.264,29 colones. Y que realizadas rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, le queda un salario líquido de ¢14.749.11 colones mensuales. Registra 2 créditos suscritos en el año 2017 y 1 con información denegada. (ver expediente electrónico a la imagen 31, y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo)

Bryan [Nombre 021] tiene un salario bruto de ¢595.994,75 colones al mes, de los cuales se reducen ¢53.947,81 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.137,89 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢542.046,94 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, un embargo a su salario, y pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, y una pensión alimentaria por concepto de ¢261.250 a favor de sus 2 hijas menores de edad le queda un salario líquido de ¢63.111.05 colones mensuales. Registra 9 créditos suscritos con Cooperativas entre los años 2014 a 2015, y uno con información denegada. (ver imagen 32 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 022] tiene un salario bruto de ¢782.763,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢82.925,50 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.897,64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢699.838,32 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, y una pensión alimentaria por concepto de ¢360.791.98 a favor de su señora madre, por un monto de ¢82.451.32 colones, una hija menor de edad y su señora esposa, por un monto entre ambas de ¢278.340.82 colones mensuales, le queda un salario líquido de ¢6.349.66.23). Registra 3 créditos con Cooperativas 1 del año 2016 y dos del año 2020 uno de fecha 1/06/2020 y el otro de fecha 23/06/2020 (ver expediente electrónico a la imagen 34 y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 023] tiene un salario bruto de ¢615.219,05 colones al mes, de los cuales se reducen ¢64.598,06 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.152,20 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢550.620,99 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, y una pensión alimentaria por concepto de ¢150.000.00 de su hija menor Kaelyn Cabalceta Rodríguez, le queda un salario líquido de ¢48.742.22 colones mensuales. Registra 3 créditos a favor de Cooperativas, 1 del año 2018 y los otros 2 contraídos en el año 2019 (ver imagen 35 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).24) [Nombre 024] tiene un salario bruto de ¢603.697,5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢62.349,16 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.938,02 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢541.348,64 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, y una pensión alimentaria por concepto de ¢290.000.00 a favor de dos hijos menores de edad le queda un monto líquido de salario de ¢7.407.37 colones mensuales. Registra 3 créditos a favor de Coopeande, uno del año 2016 y dos del año 2017 (ver imagen 36 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 025] tiene un salario bruto de ¢418.353,42 colones al mes, de los cuales se reducen ¢43.927,11 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢4.189,53 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢ 374.426,31 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas le queda un salario líquido de ¢115.905.49 colones mensuales. Registra 3 operaciones crediticias, una a favor de Servicop del año 2018, y 2 sin fecha de constitución (ver imagen 38 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 026] tiene un salario bruto de ¢677.149 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.132,88 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.459,48 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢606.016,12 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢300.000.00 colones mensuales le queda un salario líquido ¢4.599.84 colones mensuales. Registra 3 operaciones crediticias a favor de Coopealianza, una constituída en el año 2016 y dos en el año 2017, y una sin información de fecha de constitución igual a favor de Coopealianza (ver imagen 39 del expediente electrónico y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones  en el expediente administrativo).

[Nombre 027], tiene un salario bruto de ¢646.725,5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢67.911,44 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.467,76 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢578.814.06 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢440.000.00 colones a favor de sus 3 hijos, un mayor que estudia y dos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢13.759.70 colones mensuales. Registra solo una operación sin fecha de constitución (ver imagen 40 del expediente principal y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 028] tiene un salario bruto de ¢760.447 colones al mes, de los cuales se reducen ¢79.846,94 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.604,48 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢689.600,06 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢337.181.68 colones mensuales a favor de dos hijas menores de edad, de ¢280.000.00, para ambas y su señora madre en la suma de ¢ 57.181.68 colones, le queda un salario líquido de ¢5.921.32 colones mensuales. Registra dos operaciones crediticias a favor de Cooperativas constituídas una en el año 2017 y otra en el 2018. (ver expediente electrónico a imagen 41, y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en  el expediente administrativo).

Henry Yander [Nombre 029] tiene un salario bruto de ¢828.163 colones al mes, de los cuales se reducen ¢78.675,48 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢8.281,6 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢741.205,92 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢80.000.00 a favor de su esposa le queda un salario líquido de ¢17.531.20 colones mensuales. Registra 5 operaciones crediticias a favor de Cooperativas constituidas entre los años 2014 a 2016, y una a favor de Coopealianza constituída el 27/02/2021 a favor de Coopealianza (ver imagen 42 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones el expediente administrativo).

[Nombre 030] tiene un salario bruto de ¢600.660,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢63069,34 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.006,6 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢537.591,16 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢310.000.00 a favor de 3 hijos menores de edad le queda un salario líquido de ¢20.136.19 colones por mes. Registra 4 operaciones crediticias a favor de Coopeservidores constituídas en el año 2014, una a favor de Coopealianza y otra a favor de Andro SP ambas sin fecha de constitución (ver imagen 43 del expediente electrónico  y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 031] tiene un salario bruto de ¢667.169,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢76.724,5 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.006,6 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢590.445 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢349.269.98 colones distribuida a un un hijo menor en ¢250.000.00 y a su madre en la suma de ¢100.000.00, le queda un salario líquido de ¢52.604.40 colones por mes. Registra 2 créditos con Cooperativas sin fecha de constitución.(ver imagen 45 del expediente electrónico, y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 032] tiene un salario bruto de ¢578.026,5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢54.912,52 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.780,26 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢517.333,72 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢250.000.00 colones a favor de 2 hijos menores de edad y su esposa le queda un salario líquido de ¢28.283.64 colones mensuales. Registra 3 créditos a favor de Cooperativas sin fecha de constitución (ver imagen 46 del expediente electrónico  y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 033] tiene un salario bruto de ¢567.943 colones al mes, de los cuales se reducen ¢53.954,58 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.679,44 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢508.308,98 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de un hijo menores de edad, le queda un salario líquido de ¢16.769.98 colones mensuales.Registra 2 créditos a favor de Coopeande constituídos en el año 2019.(ver imagen 47 del expediente electrónico, y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 034] tiene un salario bruto de ¢833.138,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢87.579,54colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢8.331,38 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢745.558,96 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, y al Banco Popular, mas una pensión alimentaria ¢103.089.20 colones a favor de un hijo menor de edad le queda un salario líquido de ¢15.846.20 colones mensuales. Registra 1 crédito a Coopecaja del año 2017, 1 a Coopeande del año 2017, 2 créditos a favor del BPDC sin fecha de constitución, 1 crédito a favor de Coopeservicios del año 2017, 2 créditos a favor de Coopealianza sin información del año de constitución, y 1 crédito a favor de AFM Cooperativa sin fecha de constitución. (ver imagen 48 del expediente electrónico y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 035] tiene un salario bruto de ¢682.853 colones al mes, de los cuales se reducen ¢64.889,04 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.828,52 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢617.963,96 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢300.000.00 colones a favor de dos hijos menores de edad ¢7057.58 colones. Registra 3 créditos a favor de Cooperativas, 1 del año 2016 y los otros 2 sin fecha de constitución (ver imagen 50 del expediente electrónico y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 036] tiene un salario bruto de ¢778.563,50 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢73.963,54 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.785,64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢704.599,96 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢349.014.44 colones mensuales a favor de su hijo de 19 años en la suma de ¢84.651.06, su señora madre en la suma de ¢114.363.78 y su ex-esposa en la suma de ¢150.000.00 le queda un salario líquido de ¢2.295.10 colones mensuales. Registra 5 créditos a favor de Cooperativas sin fecha de constitución y 1 crédito a favor del Banco Popular sin fecha de constitución (ver imagen 51 del expediente electrónico y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 037] tiene un salario bruto de ¢534.815,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢56.155,64 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.348,16 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢478.659,86 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢150.000.00 a favor de un hijo menor de edad, le queda un salario líquido de ¢16.363.62 colones mensuales. Registra 3 créditos a favor de Cooperativas, 1 del año 2018, 1 del año 2019, y 1 del año 2020 (ver imagenes 52 y 53 del expediente electrónico y  colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 038] tiene un salario bruto de ¢606.422 colones al mes, de los cuales se reducen ¢63.674,26 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.064,22 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢542.747,74 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢271.316.00 a favor de 3 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢8.479.74 colones mensuales. Registra un crédito a favor de Coopealianza sin fecha de constitución. (ver imagenes 53 y 54 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo)

[Nombre 039] tiene un salario bruto de ¢725.433 colones al mes, de los cuales se reducen ¢76.170,46 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.254,32 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢649.262,54 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢266.010.24 distribuida entre un hijo de 20 años y dos hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢2.026.34 colones mensuales. Registra 5 créditos a favor de Cooperativas, 4 entre los años 2017 y 2018, y 1 sin fecha de constitución (ver imagen 55 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 040] tiene un salario bruto de ¢644.665,5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢66.580,24 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.340,98 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢578.085,26 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢501.068.22 colones distribuida entre 3 hijos menores de edad, a razón de ¢55.546.00 para cada uno, y su señora madre, por la suma de ¢56.148.56, le queda un salario líquido de ¢22.869.62 colones mensuales. Registra 1 crédito a favor de Coopealianza sin fecha de constitución (ver imagen 56 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 041] tiene un salario bruto de ¢615.886,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢58.509,28 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.158,80 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢554.297,82 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢335.000.00 distribuida entre un hijo universitario, dos hijos menores y su señora madre, quedándole un salario líquido de ¢50.468.51 colones por mes. Registra 4 créditos a favor de Cooperativas (ver imagen 57 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 042] tiene un salario bruto de ¢467.758,40 colones al mes, de los cuales se reducen ¢36.834,99 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢3.508,09 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢430.923,41 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢100.000.00 a favor de su señora madre, le queda un salario líquido de 157.682.84 colones por mes. Registra 3 créditos a favor de Cooperativas y 1 a favor de Tienda de Empleados Públicos constituído en el año 2018 (ver imagen 58 del expediente electrónico, y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 043] tiene un salario bruto de ¢600.473 colones al mes, de los cuales se reducen ¢63.049,66 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.004,72 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢537.423,34 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢150.000.00 a favor de su señor padre adulto mayor, le queda un salario líquido de ¢52.872.10 por mes. Registra 4 créditos a favor de Cooperativas 2 del año 2016 y 2 del año 2017. (ver imagen 59 del expediente electrónico, y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 044] tiene un salario bruto de ¢566.689,21 colones al mes, de los cuales se reducen ¢58.296,13 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.550 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢508.393,08 colones.Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, pago de créditos a dichas Cooperativas y créditos a las mismas, mas una pensión alimentaria de ¢290.000.00 a favor de su madre en ¢10.000.00 colones, ¢80.000.00 para 2 hijos menores de edad, y ¢200.000.00 a favor de su esposa, le queda un salario líquido de ¢43.778.53 colones mensuales. Registra únicamente créditos a favor de Cooperativas, 3 en total (ver imagen 61 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 045] tiene un salario bruto de ¢679.076,70 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢71.303,02 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.790,76 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢607.774,7 colones. Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, ahorros por ¢300.000 colones por socorro mutuo (desconoce el porqué de ese monto), le queda un salario de ¢266.677.80 colones, de los cuales se le rebajan por créditos a Coopeservidores, y a Coopeande, la suma de ¢265.899.56, quedándole un ingreso mensual de ¢768.24 colones por mes. Registra únicamente créditos a favor de Cooperativas, seis en total de los años 2013, 2014, 2016 y 2017. (ver imagen 62 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo). 46)[Nombre 046] tiene un salario bruto de ¢693.531,50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢72.820,82 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.820,55 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢620.710,68 colones.  Y que luego de rebajas  por concepto de ser asociado a Cooperativas, un embargo y créditos a cooperativas de las que está afiliado le queda un salario neto de ¢326.922.12 colones, a los que se le rebaja por concepto de pensión alimentaria la suma de ¢300.000.00 colones a favor de su hija menor de edad de 5 años y un monto de ¢200.000.00 colones a favor de su ex-esposa. Quedándole un salario líquido de ¢26.929.12 colones por mes. Registra únicamente créditos a favor de dos cooperativas sin fecha de constitución (ver imagen 63 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 047] tiene un salario bruto de ¢558.478 colones al mes, de los cuales se reducen ¢26.527,61 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.584,78 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢526.365,61 colones. Y que una vez deducidas cuotas de cooperativas, y un embargo le queda un salario neto de ¢397.265.14, monto al que rebajado la suma de ¢111.826.00 colones por pago de créditos les queda un salario líquido de ¢285.439.14 por mes para el y su familia. Registra créditos únicamente a favor de Coopeservidores sin fecha de constitución (ver imagen 64 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 048]  tiene un salario bruto de ¢339.568.00, de los cuales se reducen las cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢8.008,49 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensua por un monto de ¢35.654.64, quedando un líquido mensual de ¢328.105.79 colones por mes. Monto al que reba jadas 5 préstamos realizados a Coopeservidores, 4 préstamos a Coopeande, 1 préstamo a AFm Cooperativa y una cuota de pensión alimenticia por la suma de 59.784.89, le queda un salario líquido de 11.462.21 colones por mes (ver colilla de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo de dicho Funcionario). 49)[Nombre 049] tiene un salario bruto de ¢800.994,5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢76.085.26 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢8.008,49 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢716.802.3 colones. Al que rebajadas cuotas de afiliación a cooperativas, le queda un salario de ¢648.386.30 colones,  monto al que rebajado por concepto de pago de préstamos a dichas cooperativas la suma de ¢391.101.00 le queda un salario ¢257.285.30, monto al que rebajada una cuota por concepto de pensión alimentaria en la suma ¢242.322.00 colones a favor de 2 hijas menores, le queda por concepto de salario líquido la suma de ¢41.659.30 colones mensuales. Registra únicamente créditos a favor de Cooperativas, 4 en total, 2 del año 2016 y 2 sin fecha de constitución (ver imagen 65 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 050] tiene un salario bruto de ¢654.615 colones al mes, de los cuales se reducen las cargas legales por un monto de ¢67.788 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.456 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢586.827 colones. Monto al que rebajadas cuotas de afiliación de cooperativas y un embargo queda un salario neto de ¢526.804.26 colones, suma a la que hechos los rebajos por concepto de pago de créditos en la suma de ¢153.463.00 colones, queda un salario de ¢373.341.26 colones, monto este al que rebajada una cuota por concepto de pensión alimentaria en la suma de ¢302.954.84 a favor de 2 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢70.387.26 colones por mes. Registra 2 créditos, uno a favor de Coopeande del año 2016 y otro a favor del Banco Popular sin fecha de constitución. (ver imagen 66 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 051] tiene un salario bruto de ¢761.955 colones al mes, de los cuales se reducen ¢72.395,72 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢7.620,56 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢682.038,72 colones. Monto al que rebajadas cuotas de cooperativas le queda un salario de ¢644.654.66, suma a la que rebajados préstamos a dichas cooperativas queda un salario de ¢448.158.56, monto al que rebajada una cuota por concepto de pensión alimenticia por la suma de ¢342.899.09 colones a favor de 4 hijos, 3 menores de edad y una estudiante universitaria, le queda un salario líquido de ¢105.259.40 colones por mes. Registra únicamente un crédito a favor de Coopealianza del año 2016 (ver imagen 68 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 052] tiene un salario bruto de ¢589.618 colones al mes, de los cuales se reducen ¢61.909,9 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.896,18 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢527.01 colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas le queda un salario de ¢515.376.72 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢207.248.44 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto de ¢308.128.28 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢275.000.00 colones a favor de 3 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢33.128.28 colones por mes. Registra 5 créditos, únicamente a favor de Cooperativas. (ver imagen 69 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 053] tiene un salario bruto de ¢725.864,16 colones al mes, de los cuales se reducen ¢70.534,16 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.717,52 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢665.330,1 colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas le queda un salario de ¢562.891.79 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢318.395.20 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto de ¢244.196.59 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢160.000.00 colones a favor de 1 hija menor de edad, le queda un salario líquido de ¢30.085.59 colones por mes. Registra 3 créditos únicamente a favor de Cooperativas (ver imagen 70 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 054]  tiene un salario bruto de ¢344.257.00, de los cuales se reducen las cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y por el Régimen Obligatorio de Pensiones, por un monto de ¢36.147.03 quedando un líquido mensual por un monto de ¢308.110.47 colones por mes. Monto al que rebajadas 2 préstamos realizados a CoopeAnde, 1 préstamos a Coopealianza, 5 cuotas por concepto de  asociación de socorrorro mutuo del MEP, y una cuota de pensión alimenticia por la suma de ¢82.500.00, le queda un salario líquido de ¢4.225.56 colones por mes (ver colillas salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo de dicho Funcionario).

[Nombre 055] tiene un salario bruto de ¢668.910 colones al mes, de los cuales se reducen ¢63.546,46 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.689,10 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢598.674,44 colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas y un embargo le queda un salario de ¢508.590.82 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢258.837.18 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢249.753.64 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢237.616.00 colones a favor de 2 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢12.137.64 colones por mes. Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 71 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 056], tiene un salario bruto de ¢583.157,61 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢61.231,54 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.431,57 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢521.926,07 colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas y un embargo le queda un salario de ¢497.973.47 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢3003.008.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢194.965.47 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢190.000.00 colones a favor de 2 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢4.965.47 colones por mes. Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 73 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 057], tiene un salario bruto de ¢620.235 colones al mes, de los cuales se reducen ¢65.139,38 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.203,76 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢555.235,62 colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas y un embargo le queda un salario de ¢536.483.19 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢268.999.50 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢267.483.69 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢266.178.40 colones a favor de 2 hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢3476.29 colones por mes. Registra 2 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 74 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo)

[Nombre 058], tiene un salario bruto de ? 589.068 colones al mes, de los cuales se reducen ¢55.960 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢5890 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢533.108 de colones. Monto al que deducidas cuotas de afiliación a Cooperativas le queda un salario de ¢519.730.00 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢228.374.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢291.356.00 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢270.000 colones a favor de sus dos hijas menores, quedando un salario líquido de ¢21.356.00 colones por mes. Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 75 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 059], tiene un salario bruto de ? 755.808.5 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.801.8 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ?7558.08 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ?684.006.7 colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢605.002.40 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢293.216.86 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢311.785.54 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢301.283.56 colones a favor de sus dos hijas menores, quedando un salario líquido de ¢10.501.98 colones por mes. Registra 9 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 77 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 060], tiene un salario bruto de ? 730.563.50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢69.403.54 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢7305.64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢ 661.159.96 colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢596.258.82 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢137.120.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢459.138.82 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢306.034.88 colones a favor de su señora madre y de 115 a favor de su hijo menor, quedando un salario líquido de ¢37.203.94 colones por mes. Registra 4 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 78 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 061], tiene un salario bruto de ¢692.817.50 colones al mes, de los cuales se reducen ¢71.553.34 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢6814.60 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢ 621.264.16 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢597.105.42 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢168.806.36 colones por concepto de préstamos al BPDC le queda un monto ¢428.309.06 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢410.000.00 colones a favor de sus 2 hijos menores y su esposa, le queda un salario líquido de ¢18.309.60 colones mensuales. Registra únicamente 2 créditos a favor del Banco Popular, uno constituído el 27/8/2015 y el otro el 23/4/2016 (ver imagen 80 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 062], tiene un salario bruto de ¢770.048 colones al mes, de los cuales se reducen ¢78.246.84 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢7452.08 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢691.801.16 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢669.527.04 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢332.269.05 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢437.257.69 colones de salario, suma a la que rebaja una cuota de por concepto de pensión alimentaria en el monto de ¢350.000.00 colones a favor de sus 2 hijos menores y su esposa, le queda un salario líquido de ¢87.257.69 colones mensuales. Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 81 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 063], tiene un salario bruto de ¢346.000 colones al mes, de los cuales se reducen ¢86.154.66 colones, por cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social y  ¢3468.14 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ?259.845.34 colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢216.035.12. colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢215.513.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢522.12 colones de salario líquido mensual. Registra 2 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 82 del expediente electrónico, y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo ).

[Nombre 064], tiene un salario bruto de ? 381.610 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢88.765.84 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢3816.10 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢289.028.06 colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢266.830.80 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢233.620.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢33.210.00 colones de salario líquido mensual. Registra 4 créditos, donde 2 se indica que corresponden a Cooperativas y 2 sin señalar quien es el acreedor pero constituídos el 25/03/2020 y el 17/03/2020 (ver imagen 78 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 065], tiene un salario bruto de ¢380.859 colones al mes, de los cuales se reducen ¢39.990.2 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢3.808 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢340.868.8 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢319.938.80 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢209.196.78 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢110.742.00 colones de salario líquido mensual. Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 85 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo).

[Nombre 054], tiene un salario bruto de ¢711.525 colones al mes, de los cuales se reducen ¢74703,81 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢7.114.64 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ?636821.19 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢535.357.33 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢183.215.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢ 352.142.33 colones de salario líquido mensual. Registra 5 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 86 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el expediente administrativo)

[Nombre 066], tiene un salario bruto de ¢670.571 colones al mes, de los cuales se reducen  ¢70.409.5colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢6705.71 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢ 600.161.05 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢572.253.11 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢266.956.24 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢ 305.296.17 colones de salario líquido mensual. Registra 7 créditos solo a favor de Coopeservidores (ver imagen 87 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 067], tiene un salario bruto de ¢ 774.330.00 colones al mes, de los cuales se ¢81.357.16 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ¢7748 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢693.472.62 de colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢652.795.04 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢126.217.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢526.578.04, cifra a la que rebajada la suma de ¢331.086.86 colones de salario líquido mensual por concepto de pensión alimentaria a favor de dos hijas de 18 y 23 años y su señora madre, le queda un salario líquido de 195.491.18 colones mensuales.Registra 3 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 89 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 068], tiene un salario bruto de ¢527.956 colones al mes, de los cuales se reducen ¢55.435 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢5.279 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢472.521 colones. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢454.725.00 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢123.949.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢330.776.00, cifra a la que rebajada la suma de ¢168.430.00 colones de salario líquido mensual por concepto de pensión alimentaria a favor de dos hijos menores de edad, le queda un salario líquido de ¢162.346 colones mensuales. Registra 4 créditos solo a favor de Cooperativas (ver imagen 90 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

[Nombre 069], tiene un salario bruto de ¢682.628.00 colones al mes, de los cuales se reducen ¢64.849.66 colones por cargas sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social y ¢6.826.28 colones por el Régimen Obligatorio de Pensiones quedando un líquido mensual de ¢610.949.02. Monto al que deducidas las cuotas de cooperativas queda un salario de ¢509.165.60 colones, cifra a la que rebajada la suma de ¢400.131.00 colones por concepto de préstamos a dichas cooperativas le queda un monto ¢109.034.00 colones mensuales. Registra 4 créditos, 2 a favor de cooperativas y dos a favor del Banco Popular, constituídas una el 28/09/2016 y la otra sin fecha de constitución (ver imagen 87 del expediente electrónico y colillas de pagos salariales con sus respectivas deducciones en el  expediente administrativo).

DE LOS HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia se tienen: Que los siguientes actores y que fueron quienes registraron embargos, no acreditaron en qué fecha se aplicaron dichos embargos a su salario:

[Nombre 005].

[Nombre 006].

[Nombre 007].

[Nombre 008] Vega.

[Nombre 014].

[Nombre 017].

[Nombre 020].

Bryan [Nombre 021].

[Nombre 022].

Lisberth H. [Nombre 025].

[Nombre 034].

[Nombre 036].

[Nombre 042].

[Nombre 043].

[Nombre 046].

[Nombre 047].

[Nombre 049].

[Nombre 050].19) [Nombre 053].

Marco [Nombre 055].

[Nombre 056].

[Nombre 069]. (insuficiente prueba en ese sentido, toda vez que en el expediente administrativo para cada uno de los señalados actores, en las colillas de deducción salarial, solo se indica la frase "embargo" y el monto aplicado).

FONDO DEL PRESENTE ASUNTO. a. Objeto de este proceso. Versa el objeto de este proceso de conocimiento respecto de una acción con la finalidad de desaplicar parcialmente los actos administrativos de mera ejecución, de rebajas salariales que lleva a cabo el Departamento de Tesorería Nacional del MINISTERIO DE HACIENDA, en torno a los salarios de funcionarios públicos en su mayoría de la FUERZA PÚBLICA de COSTA RICA, una Educadora adscrita el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, y dos funcionarios del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Rebajas referidas a préstamos, y embargos.

b. Objeto de debate. El debate se ha centrado en la discusión respecto al tema de la "intangibilidad del salario mínimo legal", señalando la parte accionante que con las rebajas por concepto de préstamos, cuotas de afiliación a cooperativas y en algunos casos a embargos, que se le aplican a los funcionarios públicos citados ut supra, se está violentando ese principio de orden legal (artículo 172 del Código de Trabajo), y en el Convenio N°95 de la OIT, que establece dicho principio de Salario Mínimo Legal, y como corolario derivado de dicho concepto, el principio "minimun minimorum", es decir que pese a existir rebajos que se le tengan que aplicar al salario mínimo legal por distintos rubros (embargos, préstamos, etc), dichas rebajas deben necesariamente respetar un monto mínimo que le permita al trabajador el disfrute de una vida digna. Por su parte la tesis contraria se sostiene por parte de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA al señalar que en el caso de marras ese principio no aplica en razón de que las rebajas salariales referidas a préstamos y embargos devienen de obligaciones en donde ha existido el consentimiento expreso de los señores actores en la constitución de créditos mercantiles, con la adquiescencia de que las cuotas de amortización les sean rebajadas de su salario, y en los casos de embargos, se ha aplicado el porcentaje legal de dichos embargos.

c.Del régimen jurídico aplicable a las rebajas salariales dimanantes de créditos mercantiles, en donde el deudor ha autorizado al acreedor rebajar las cuotas de cancelación del crédito de su planilla de pago. Contrastado dicho acto jurídico unilateral con la protección del concepto de Salario Mínimo regulado en el Código de Trabajo. Para una mejor comprensión del desarrollo ulterior de este fallo consideramos que a título de parte preliminar se exponga lo que a nivel doctrinario y jurisprudencial, el abordaje que ha dado la doctrina respecto al principio de "pacta sunt servanda" y sobre la doctrina de la revisión de los contratos; así como en la jurisprudencia de este Tribunal respecto al tema concreto aquí tratado, ya que a través de dichos institutos jurídicos podremos tener un mejor manejo de la "Quaestio iuris" (o tema de disputa) acá surgida.

i. Tratamiento doctrinario. En primer término es criterio de este Tribunal que en el caso de estudio tenemos que las rebajas salariales de los actores derivanse de cuotas de afiliación a Cooperativas, pagos por concepto de créditos asumidos por los mismos ante esas Cooperativas, y en 23 casos señalados ut supra en el elenco de hechos probados, embargos realizados a sus salarios y por ello considera que en tratándose de situaciones jurídicas que se han derivado de negocios jurídicos donde ha existido consentimiento expreso de las partes, se impone analizar las siguientes figuras contractuales. Si es importante señalar a priori que la exposición del aporte doctrinario que de seguido se desarrollará únicamemte se hace para efectos de tener claro el abordaje que en la generalidad de las situaciones jurídicas acaece, pero desde ya se hace ver que la figura de la revisión contractual no es aplicable para el caso de nuestro estudio debido a que por la especialidad del tema tratado y que tiene que ver con los derechos del trabajador, nuestro ordenamiento jurídico se ha apartado de dichas categorías dogmáticas, y le ha dado una solución de suyo muy especial, lo cual será el desarrollo que sigue inmediato a la exposición de la dogmática jurídica general que opera normalmente (excepto en el caso de nuestro estudio), en la ejecución de los contratos atinente al tema de la modificación (o revisión) del contenido de los contratos. Ergo iniciamos así con la explicación de lo que en doctrina y legislación se conoce como el principio del pacta sunt servanda.

i.a. Del pacta Sunt Servanda. A nivel doctrinario lo que se señala de este cardinal principio contractual es lo siguiente se expone por el autor Francesco Messineo, - veamos: " Se llaman efectos del contrato, las relaciones que se determinan entre las partes (y aveces también frente a terceros), por el hecho de que el contrato es concluído y además ejecutado. Algunos efectos nacen por el solo hecho de la conclusión del contrato; otros, para producirse, presuponen que tenga lugar también la ejecución del mismo. a) El primero y fundamental efecto-cuando el contrato se ha perfeccionado- es que el mismo adquiere fuerza de ley entre las partes (artículo 1372). Con tal locución no se quiere entender que el contrato sea equiparado en su eficacia a la ley. Tal concepto es absolutamente extraño al pensamiento del Legislador; con aquella locución se quiere expresar un concepto moderno, y mas significativo: Que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato según el tenor del mismo. b) Pero el art 1372, encierra un segundo principio, igualmente importante: a saber, que el contrato no puede ser disuelto, o aun parcialmente modificado, por voluntad unilateral, salvo los casos expresamente admitidos por la ley (revocabilidad unilateral y separación unilateral), porque como el contrato es el resultado de la voluntad concorde de las partes, así también, de ordinario, hace falta el concurso de las mismas voluntades (el llamado mutuo consentimiento), para efectuar su disolución o modificación". (véase a Messineo Francesco "Manual de Derecho Civil y Comercial", tomo IV, Derecho de Obligaciones, Parte General, traducción por Santiago Sentís Melendo de la obra Manuales di Diritto Civile Comerciale (Diritto delle obligatione-Parte Generale, Ediciones Europa America, página 491).

Se debe señalar que el artículo 1372 del Código Civil Italiano que cita el autor de cita tiene el mismo contenido que el artículo 1022 del Código Civil de Costa Rica.

i.b. Doctrina de la revisión del contrato. Muy relacionado con lo que se ha expuesto respecto a la facultad de las parte cuando se trata de modificar el contrato lo constituye la figura dogmática civil de la revisión contractual. Acá lo que sucede al igual que se da en el derecho de la contratación administrativa es que en situaciones muy especiales de agravación de las posibilidades de cumplimiento por parte del quien en el contrato asume la posición de deudor ( sea quien tiene que hacer, no hacer, o dar una determinada prestación a favor de la otra parte del contrato) se ve imposibilitada por el encarecimiento del costo de los insumos para llevar a cabo la prestación comprometida. En casos como los que nos toca la doctrina ha creado precisamente en atención a esas situaciones que se dan en la fase de ejecución del contrato, la doctrina de la revisión contractual, que viene a ser un corrector que lo que busca es que las posiciones entre acreedor y deudor de la relación contractual se puedan equilibrar de forma tal que la parte que tiene que cumplir con determinada prestación no se vea imposibilitada de realizar el cumplimiento de la misma. En estos caso por vía de excepción la Ley ha previsto que la parte perjudicada acuda a instancias jurisdiccionales en caso de no lograr un acuerdo con la parte acreedora para que sea el Juez quien a la luz de las probanzas proceda a dar un nuevo equilibrio a las prestaciones debidas por las partes en el Contrato. En un principio la doctrina efectos de poder determinar cuando la parte deudora se había colocado en una posición de imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones contractuales y que por tal razón tenía el derecho de solicitar la modificación del contrato o incluso su disolución, sostuvo la doctrina de la cláusula "rebus sic stantibus" que en esencia se sustenta en el supuesto de que ningún contratante u operador económico se decidiría a cerrar un trato sino conociera que no se darían las circunstancias previstas para el éxito de sus planes. De allí que de seguido los autores Españoles José Luis Lacruz Berdejo y Francisco de Asís Sancho Rebullida, señalan lo, siguiente: " La doctrina por eso en lugar de atribuir relevancia a una falsas representación mental de uno de los contratantes, intenta en esta vía subjetiva, hacer depender el cambio o la resolución del contrato de la misma voluntad de aquelllos: De una implied condition en el Derecho Anglo-norteamericano o de una cláusula implícita Rebus Sic Stantibus, segun la doctrina tradicional del continente, con antecedentes en los Glosadores. Para esta doctrina, cuando se concluye un contrato cuyo desarrollo se prolonga durante un largo periodo de tiempo, se entiende que los contratantes pactan teniendo en cuenta las circunstancias del momento o aquellas que podían preveer normalmente, siendo la presencia de tales circunstancias, en particular las económicas, condición tácita del mantenimiento en vigor del contrato. A esto se opone la existencia real de la supuesta voluntad implícita de las partes, argumento de dudosa validez general, pues tal afirmación- como la contraria de la presencia fe esa voluntad- sólo puede, hacerse en relación a cada caso concreto. Se alega asimismo que si el declarante ha podido expresar su intención y no lo ha hecho, suyo es el riesgo, pero esto es una afirmación, y no una demostración." (ver a José Luis Lacruz Berdejo y a Francisco de Asís Sancho Rebullida, "Derecho de Obligaciones", volúmen primero, parte General, Teoria General del Contrato, qunta edición, Dykinson, 2011, página 507).

Dichos autores señalan que "la misma raíz subjetiva parece tener la teoría Francesa de la Imprevisibilidad, que aplicó el Consejo de Estado a raíz de la primera guerra mundial a la concesión otorgada a la Compañía de Gas de Burdeos para el alumbrado de la ciudad, cuyas tarifas no podía mantener la Compañía sin arruinarse. Indican dichos autores que el Consejo de Estado juzgó que, en principio el contrato de concesión regula de una manera definitiva, hasta su expiración, las obligaciones respectivas de Concesionario y Concedente: la variación de cotización de las materias primas en razón de las circunstancias económicas constituye un alea del mercado que puede, según los casos, ser favorable o desfavorable al Concesionario, quien queda a sus riesgos y peligros, reputándose que cada parte ha tenido en cuenta este alea en los cálculos y previsiones que ha hecho antes de vincularse. Pero cuando en tiempo de guerra, a consecuencia de la ocupación por el enemigo de gran parte de las regiones productoras de carbón, y de la dificultad cada vez mas considerable del transporte por mas, el alza sobrevenida en los precios del carbón, sobrepasa los límites extremos de los aumentos que pudieron ser contemplados por las partes, la Compañía no está obligada a asegurar el funcionamiento del servicio" (ver a José Luis Lacruz Berdejo y a Francisco de Asís Sancho Rebullida, ibid).

Ante las anteriores teorías subjetivas también existen las teorías objetivas que resumen los autores citados ut supra en los siguientes terminos: "No se fija en lo que quisieron las partes, presumible implícitamente, sino, que prescindiendo de conjeturas, en el límite de los deberes que, ante un cambio radical de las circunstancias, sigue imponiendo a cada una, el arreglo de intereses establecido por ellas, apreciado según su función, y en cuanto instrumento del tráfico. Otros deducen ese límite de la buena fe: Se apartaría de ellas el contratante que, abusando de su derecho, exigiera a la otra parte un sacrificio más allá de la medida implícita en la propia economía del contrato cuando su propia prestación se ha vaciado de sustancia por efecto del alza en los precios y de la depreciación de la moneda. Alguno invoca la equidad, a cuyo amparo -dice- procede modificar las estipulaciones cuando su aplicación literal destruye la proporción entre las prestaciones de las partes." (ver a José Luis Lacruz Berdejo y a Francisco de Asís Sancho Rebullida, ob cit, página 508).

Régimen Legal. La normativa que directamente tiene aplicación al caso concreto es la que se encuentra en la Ley número 7472 " Ley de Promoción de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor", del 19 de enero de 1995, publicada en la Gaceta N° 14 del 19/01/1995; y que corresponde al artículo 44 TER de dicha Ley, así como al transitorio que se le adicionó a dicho artículo.

"Artículo 44 ter- Derecho del trabajador consumidor financiero. Los trabajadores tienen derecho a solicitar al patrono la deducción de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre el trabajador y la entidad acreedora, hasta el límite inembargable.

Los patronos no podrán discriminar ni dejar de aplicar las deducciones al salario de las cuotas debidamente autorizadas previamente por el trabajador, para el pago de las operaciones financieras de crédito, voluntariamente contraídas por este o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro, respetando el derecho y la libertad de contratación y de asociación del trabajador.

El trabajador demostrará a los oferentes de crédito, para determinar la viabilidad del crédito, su capacidad de pago, no solo con sus ingresos salariales brutos sino además sus otras fuentes que le permitan demostrar su capacidad de endeudamiento. El oferente de crédito no podrá limitar los medios probatorios para valorar la capacidad de pago del trabajador.

(Así adicionado por el artículo 4° de la ley N° 9859 del 16 de junio del 2020)

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9918 del 11 de noviembre del 2020)."

"TRANSITORIO- Las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 9859, Adición de los Artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los Incisos g) y h) al Artículo 53, y Reforma de los Artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, deberán seguir siendo deducidas de los salarios y las pensiones de los trabajadores y jubilados, según corresponda, de acuerdo con los términos convenidos y autorizados por los deudores y las entidades oferentes de crédito. Dicha condición estará vigente hasta la cancelación de la operación crediticia.

(Así adicionado el transitorio anterior por el artículo 3° de la ley N° 9918 del 11 de noviembre del 2020)."  (Lo reseñado en negrita no corresponde al original).

Aporte de la Jurisprudencia.

i. Jurisprudencia de la SALA CONSTITUCIONAL. A través del Voto N° 11996-2021 de las 16:32 horas del 26 de mayo de 2021. A través de este fallo el Tribunal Constitucional sobre un caso semejante al que nos ocupa ha señalado: "“Artículo 44 ter- Derecho del trabajador consumidor financiero. Los trabajadores tienen derecho a solicitar al patrono la deducción de las cuotas para el pago de sus créditos, siempre que exista acuerdo de voluntades entre el trabajador y la entidad acreedora, hasta el límite inembargable…” Por consiguiente, su contenido se ajusta a lo dispuesto en el ordinal 10 del Convenio n.° 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, si bien la norma impugnada admite en su segundo párrafo, que de ese salario mínimo puedan ser deducidas por planilla cuotas por afiliación o crediticias, lo hace únicamente bajo dos condiciones excepcionales: 1) que sea con autorización voluntaria y expresa del trabajador, lo cual descarta automáticamente la acusada violación al debido proceso invocada por el accionante, y, 2) cuando se trate del pago de las operaciones financieras de crédito, o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no sea el lucro. Lo anterior no significa que el legislador desprotegió el salario de ese trabajador cuyos ingresos no superan el mínimo salarial, sino que reguló la disposición de ese mínimo salarial, a los efectos de aplicar deducciones salariales de planilla, dentro de ese marco de discrecionalidad que concede el propio convenio a cada país, permitiéndole que sea el propio trabajador quien tome la decisión de autorizar o no deducciones a su salario por cuotas de afiliación o crédito, únicamente cuando se trate de organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro, precisamente por los beneficios que este puede representar para el propio trabajador y su familia. Se reitera que, en el ejercicio de esa potestad, nuestros legisladores escogieron la solución jurídica que estimaron más conveniente para atender la necesidad social de los trabajadores que reciben menos ingresos, tomando en consideración la naturaleza jurídica de esas agrupaciones. Tal y como se indicó, el fin de esas agrupaciones es facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores y procurar el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, a partir del ahorro de sus trabajadores, lo cual es conteste con el artículo 50 constitucional, que conmina al Estado a procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Lo anterior es conteste con la propia Recomendación sobre la promoción de las cooperativas (R193-2002), mediante la cual la OIT también promovió a los Estados que se estableciera la existencia de una política y marco jurídico favorable para las cooperativas, en los términos ya referidos, precisamente por reconocer los beneficios que estas implican para el trabajador. De manera que la diferenciación establecida por el legislador se encuentra justificada en la misma protección del trabajador y sus intereses. Debe tomarse en consideración que, por el modelo en que estas agrupaciones operan con el propio ahorro del trabajador y sin fines de lucro, los costos de los servicios que estos prestan, así como los créditos, están previstos en condiciones más favorables para este trabajador, de ahí que la aplicación de la deducción por planilla de esas cuotas, fue autorizado en este caso en particular por el legislador, precisamente para coadyuvar y promover mejores condiciones para los trabajadores, al reducir los costos de operación que su imposibilidad implicaría. Recordemos que el dinero que se dedica al crédito es propiedad de los ahorrantes, depositantes o asociados de estas organizaciones y que el rol de estos intermediarios es únicamente facilitar y atender esas necesidades, al más bajo costo transaccional posible. De ahí que la disposición impugnada no lesione derecho fundamental alguno, sino que constituye un medio elegido por el legislador, para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores y procurar el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, a partir del ahorro de sus trabajadores, lo cual es conteste con el artículo 50 constitucional y con las propias orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, se reitera, la norma impugnada.es muy clara al establecer que esa deducción solo opera si es autorizada de forma voluntaria y expresa por el trabajador. De modo que no lleva razón el accionante en sus alegatos, y por ello, deben ser desestimados. "

"

Sobre el artículo 3 de la ley n.° 9918, denominada “Reforma Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”. La parte accionante considera que los mismos agravios atribuidos al ordinal 2 impugnado y resuelto en el considerando IV, aplican a esta disposición transitoria. La norma cuestionada dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO

Se adiciona un transitorio al artículo 44 ter de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994. El texto es el siguiente:

TRANSITORIO- Las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 9859, Adición de los Artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los Incisos g) y h) al Artículo 53, y Reforma de los Artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, deberán seguir siendo deducidas de los salarios y las pensiones de los trabajadores y jubilados, según corresponda, de acuerdo con los términos convenidos y autorizados por los deudores y las entidades oferentes de crédito. Dicha condición estará vigente hasta la cancelación de la operación crediticia.”

..En la especie, cuando el legislador incorporó el ordinal 44 ter a la ley n.° 7472, mediante ley n.° 9859, no advirtió en un inicio las situaciones jurídicas consolidadas que podían llegar a afectarse, en caso de no adoptar una norma transitoria a esta disposición y que involucraba las condiciones en que se habían concedido los créditos ya adquiridos por los trabajadores consumidores financieros. Cuando se advierte tal situación y se promueve casi de inmediato la reforma a esta disposición, no solo se modifica el texto de la misma, sino que, además se incluye la norma transitoria de estudio. El fin de este artículo no es como asegura el accionante, lesionar los derechos de los trabajadores regresándolos a una situación menos ventajosa en la que sean aplicadas las deducciones a sus salarios más allá del salario mínimo, sino rectificar la aplicación a futuro del artículo 44 ter de la ley n.° 7472, reconocer los derechos que se producen para todas las partes en una relación financiera, suscrita bajo el principio de buena fe y bajo un determinado ordenamiento jurídico que establecía como válidas tales deducciones, autorizadas expresamente por el propio trabajador. En una relación crediticia, no solo existe la parte deudora, la parte acreedora también tiene derechos, entrega su patrimonio bajo determinadas condiciones que le permitan su recuperación y ganancia. Es un ejercicio de la libertad de comercio totalmente válido en nuestro país; y previo a la vigencia del artículo 44 ter de la ley n.° 7472, no existía en el ordenamiento jurídico limitación alguna para que las partes concertaran la deducción directa de planillas de sus cuotas, sin importar el ingreso del trabajador y así fue autorizado por este. Sin duda alguna es un mecanismo ágil e idóneo que permite con mayor rapidez y seguridad, asegurar el pago respectivo y el respeto de las condiciones pactadas. Con la entrada en vigencia de ese artículo 44 ter, el legislador restringió la posibilidad de pactar deducciones al salario que afectaran el mínimo o inembargable, condición en la que estaban y están, para entonces, varios deudores en todas las entidades crediticias. En criterio del accionante, esta norma es inconstitucional por desproteger a la parte deudora y pide que se anule esta disposición transitoria; sin embargo, ello es improcedente, pues no sería congruente con las demás normas de la Constitución Política. Este Tribunal, en sentencia n.° 1999-4397 de las 16:06 horas del 8 de junio de 1999, señaló:

“…Es así, como en principio, las normas no pueden regir los actos pasados si no estaban vigentes en la época del suceso, dado que el autor no ha podido adecuar su actuar conforme a ellas. Sin embargo, eventualmente puede valorarse un comportamiento pasado con una regla sancionada con posterioridad, juicio que está supeditado a un poder reglado, es decir que la aplicación retroactiva de una norma sólo procede por mandato expreso de la ley, y cuando con ello no se infrinja el precepto constitucional establecido en su artículo 34; es decir, la aplicación retroactiva de la ley procede únicamente cuando con ello no se afecte persona alguna, derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, y por el contrario, se beneficie al interesado con esa aplicación retroactiva…”

Denótese lo que se indica: “la aplicación retroactiva de una norma sólo procede por mandato expreso de la ley, y cuando con ello no se infrinja el precepto constitucional establecido en su artículo 34; es decir, la aplicación retroactiva de la ley procede únicamente cuando con ello no se afecte persona alguna, derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas…”, y tal como ya se advirtió, en una relación crediticia no existe una sola parte, y en este caso, de no existir la disposición transitoria impugnada, la parte acreedora estaría sufriendo no solo de forma ilegítima, sino inconstitucionalmente, la afectación de una situación jurídica consolidada -el contrato de préstamo pactado por el propio trabajador- y podría resultar afectado también su derecho patrimonial, dada la modificación intempestiva de las condiciones de pago ya establecidas, por la emisión de una nueva norma. Así las cosas, este Tribunal considera que la norma impugnada no resulta arbitraria, sino ajustada al principio de seguridad jurídica. Sobre este último principio, la Sala ha señalado lo siguiente:

“La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública”. (Sentencia n.° 2000-000878, de las 16:12 horas del 26 de enero del 2000)

“…la garantía que da el ordenamiento jurídico a las personas de «saber a qué atenerse» y de contar con los mecanismos para obligar —si es del caso con el uso de la fuerza pública— que los demás actúen como se esperaba de ellos. Es decir, por un lado, normas claras que indiquen qué pueden y qué no pueden hacer las personas y —dado que la sola promulgación no asegura el cumplimiento— cómo echar a andar el engranaje administrativo y judicial contra quienes las desacaten. En virtud de esta garantía, cada uno puede razonablemente prever las consecuencias de sus actos y cómo reaccionarán los demás. Tal es el peso que en la colectividad tiene la seguridad, que en realidad todo el derecho y los mecanismos para su aplicación procuran garantizarla.” (Sentencia n.° 2008-13850 de las 14:37 horas del 17 de setiembre de 2008)

De conformidad con todo lo expuesto, el transitorio impugnado, no resulta inconstitucional, toda vez que, lo único que asegura es la posibilidad de que se continúen aplicando las deducciones ya autorizadas por el propio trabajador, en todas aquellas operaciones de crédito vigentes, antes de la entrada en vigencia de la ley n.° 9859, hasta su cancelación. El Estado protegió al trabajador asegurándole la fijación de un salario mínimo para atender sus necesidades básicas, y en el marco del ordenamiento jurídico vigente en ese momento, fue el mismo trabajador, quien, en su derecho a la libre disposición de ese salario, es el que suscribió tales créditos y autorizó tales deducciones. De ese modo, este transitorio no solo respeta lo pactado en su oportunidad por el trabajador consumidor financiero, sino también los derechos fundamentales de la otra parte de la relación contractual. En consecuencia, la acción también debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere. " (Lo resaltado no es del original)

ii. Voto del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Como se señalara ut supra, apartándose de las categoría doctrinaria de la revisión contractual, éste Tribunal Contencioso Administrativo respecto a la contienda presente a través del voto N° 2025-000536- de las 09:39 horas del 28/01/2025, ha señalado lo siguiente: "CRITERIO DE ESTE TRIBUNAL: Al respecto debe iniciarse con retomar los antecedentes de la reforma legal en comentario que fueron expuestos de forma muy sucinta en párrafos anteriores. Como se manifestó cuando se emitió la Ley N° 9859 inicialmente se estableció la prohibición expresa de deducir de los ingresos de las personas por debajo del salario mínimo legal, norma que fue incluida en el proyecto de forma novedosa durante su discusión en el plenario legislativo. Esto conllevo a una serie de dudas y de inquietudes en el sector, especialmente con relación a los efectos que conllevaría a las operaciones que habían sido formalizadas de forma previa bajo otras condiciones. Ello condujo a que en el seno del Congreso se propusiera una reforma adicional, mediante la Ley N° 9918 del 11 de noviembre de 2020, a través de la cual, no sólo se ajustó la redacción primigenia del artículo 44 ter de la Ley N° 7472 para prever entre otras cosas que "Los patronos no podrán discriminar ni dejar de aplicar las deducciones al salario de las cuotas debidamente autorizadas previamente por el trabajador, para el pago de las operaciones financieras de crédito, voluntariamente contraídas por este o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro, respetando el derecho y la libertad de contratación y de asociación del trabajador", y el párrafo primero mantuvo como regla general los criterios de la necesidad de que exista una venia del trabajador para la deducción y que ésta no podrá ser inferior al salario mínimo legal. Sino que también, en esta Ley se adicionó un transitorio a dicho numeral 44 ter de la Ley N° 7472 que literalmente estipula: "TRANSITORIO. Las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 9859, Adición de los Artículos 36 bis, 36 ter, 36 quater, 44 ter y de los Incisos g) y h) al Artículo 53, y Reforma de los Artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, deberán seguir siendo deducidas de los salarios y las pensiones de los trabajadores y jubilados, según corresponda, de acuerdo con los términos convenidos y autorizados por los deudores y las entidades oferentes de crédito. Dicha condición estará vigente hasta la cancelación de la operación crediticia." Precisamente respecto a la redacción de este numeral es que se infiere por este Tribunal que gira la controversia expuesta en este argumento. En lo concerniente a este punto, la Sala Constitucional en la Resolución N° 11996-2021 tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a este transitorio, aclarando los efectos que conllevaría, por lo que se procede a extraer su pronunciamiento, el cual resulta aplicable al caso en concreto, no sin antes indicar que, interpretó de éste una excepción con mayor amplitud en cuanto al aspecto subjetivo regulado en el párrafo segundo del ordinal 44 ter de la Ley N° 7472, (todas las entidades públicas que ofrecen crédito y no sólo las de origen cooperativo sin fines de lucro y con intereses afines) pero limitando a un periodo de tiempo operaciones de crédito formalizadas antes de la entrada en rigor de Ley N° 9859 (20 de junio de 2020). Así en esa oportunidad apuntó: "En la especie, cuando el legislador incorporó el ordinal 44 ter a la ley n.° 7472, mediante ley n.° 9859, no advirtió en un inicio las situaciones jurídicas consolidadas que podían llegar a afectarse, en caso de no adoptar una norma transitoria a esta disposición y que involucraba las condiciones en que se habían concedido los créditos ya adquiridos por los trabajadores consumidores financieros. Cuando se advierte tal situación y se promueve casi de inmediato la reforma a esta disposición, no solo se modifica el texto de la misma, sino que, además se incluye la norma transitoria de estudio. El fin de este artículo no es como asegura el accionante, lesionar los derechos de los trabajadores regresándolos a una situación menos ventajosa en la que sean aplicadas las deducciones a sus salarios más allá del salario mínimo, sino rectificar la aplicación a futuro del artículo 44 ter de la ley n.° 7472, reconocer los derechos que se producen para todas las partes en una relación financiera, suscrita bajo el principio de buena fe y bajo un determinado ordenamiento jurídico que establecía como válidas tales deducciones, autorizadas expresamente por el propio trabajador. En una relación crediticia, no solo existe la parte deudora, la parte acreedora también tiene derechos, entrega su patrimonio bajo determinadas condiciones que le permitan su recuperación y ganancia. Es un ejercicio de la libertad de comercio totalmente válido en nuestro país; y previo a la vigencia del artículo 44 ter de la ley n.° 7472, no existía en el ordenamiento jurídico limitación alguna para que las partes concertaran la deducción directa de planillas de sus cuotas, sin importar el ingreso del trabajador y así fue autorizado por este. Sin duda alguna es un mecanismo ágil e idóneo que permite con mayor rapidez y seguridad, asegurar el pago respectivo y el respeto de las condiciones pactadas. Con la entrada en vigencia de ese artículo 44 ter, el legislador restringió la posibilidad de pactar deducciones al salario que afectaran el mínimo o inembargable, condición en la que estaban y están, para entonces, varios deudores en todas las entidades crediticias." (El resaltado no corresponde al original). Se infiere de la transcripción anterior tres aspectos medulares para el caso en concreto. En primer lugar que, antes de la entrada en vigencia del artículo 44 ter de la Ley N° 7472 no se preveía a nivel del bloque de legalidad ninguna prohibición expresa de que se dedujera cuotas por debajo del salario mínimo legal, lo cual quedó vedado a partir de la emisión de la Ley N° 9859 (regla general). De ahí que, para efectos de su aplicación futura por regla general, para este Órgano Jurisdiccional todas las operaciones a partir de la vigencia de esa reforma (20 de junio de 2020) estaría vedado a cualquier deducción que infrinja el salario mínimo legal (salvo el régimen cooperativo y afines). Ahora bien, a fin de evitar dislocaciones y afectaciones a situaciones jurídicas ya consolidadas, el legislador prevé que se respetaran las condiciones sobre la forma de pago establecidas en los contratos de todas aquellas operaciones de crédito vigentes antes de la entrada en rigor de la Ley N° 9859, por lo que, debían seguir siendo deducidas de los salarios y las pensiones de los trabajadores y jubilados, de acuerdo con los términos convenidos y autorizados por los deudores y las entidades de crédito hasta la cancelación de la operación crediticia (incluso deduciendo por debajo del parámetro del salario mínimo del funcionario público). En segundo lugar, la Sala Constitucional reconoce la existencia de una práctica de aplicar deducciones a los ingresos (salario y pensión) por debajo del mínimo legal (se deja de lado el tema de las cuotas sociales, ya que fue muy claros tanto el legislador como la Sala Constitucional que nunca fue propósito de la reforma regular este aspecto). Lo cual también se logra extraer de los testimonios tanto del señor William Méndez Serrano como de Adriana Cordero Campos que la situación de la aplicación de las deducciones por debajo del mínimo legal se venían efectuando de forma previa a la Ley N° 9859. (Hecho Probado N° 30). Se extrae dicho hecho probado de las palabras del testigo Méndez Serrano quien como funcionario del MTSS de forma espontánea y coherente, lo cual le brinda confiabilidad a su deposición, manifiesta que se designan a varias personas incluyendo a su persona para ir a investigar si existen deducciones por debajo del mínimo legal a nivel de diferentes carteras ministeriales e instituciones públicas, encontrando que se estuviera deduciendo sin ningún límite, de forma tal que se le intimaron las infracciones a esta conducta a las entidades respectivas. Lo cual también se extrae de las actas de inspección N° SJ-IF-05995-21 y N° SJ-IF-04176-21 en donde expresamente se señala como infracción administrativa la aplicación de deducciones por debajo del salario mínimo a una serie de funcionarios, y que incluso para el caso de la última se adicionó un acta que fue notificada directamente al Ministerio de Hacienda imponiéndole que dejara de aplicar las deducciones que estaba efectuando hasta ese entonces, infracciones que fueron confirmadas por el oficio N° MTSS-DMT-OF-0935-2022 con fecha 05 de junio de 2022 emitida por la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social (Ver Hechos Probados N° 9, 11, 13 y 16) . De ahí que, aplicando las reglas de la lógica se puede derivar que si se sancionó administrativamente por la deducción por debajo del mínimo legal es que, se estaba dando esa práctica por parte del Ministerio de Hacienda. Lo cual también se refuerza cuando la señora Cordero Campos relata, también de forma espontánea y sin contradicción que en el año 2020 es cuando se empieza el conflicto en cuanto a no deducir las cuotas de operaciones por debajo del salario mínimo legal, y ante la pregunta expresa responde que anteriormente a esa fecha el Ministerio de Hacienda había deducido sin limitación alguna. Práctica que se reitera fue premisa del análisis que efectuó la Sala Constitucional en la Resolución citada. Se suma a lo dicho que, y tal vez de mayor relevancia para el análisis de cuáles son las condiciones precedentes que se reconocen en el transitorio al artículo 44 ter de la Ley N° 7472, es que la excepción en favor de las cooperativas estaba dispuesta en el Código de Trabajo desde su origen en el año 1943 -y como se dijo anteriormente, sólo sufrió unas modificaciones en su redacción-, por lo que, el régimen de excepción que fue reconocido en el año 2021 por parte de la Sala Constitucional no se constituyó de reciente data, sino que ya estaba establecido de forma previa. Pero además como se dijo, el transitorio al ordinal 44 ter de la Ley N° 7472 fue una respuesta de la Asamblea Legislativa ante la existencia de muchas operaciones de crédito que se habían pactado incluso por debajo del mínimo legal. Y por ende, las condiciones expresamente que son reconocidas en el transitorio al ordinal 44 ter de la Ley N° 7472 no es la aplicación del salario mínimo legal como lo aduce la representación estatal, sino que es todo lo contrario, que se mantengan las condiciones sobre los mecanismos de pago que estaban pactadas de forma previa a la prohibición de deducción por debajo del mínimo legal. Pretender inferir de la norma transitoria que es el respeto del parámetro del mínimo legal es un contrasentido precisamente de la finalidad perseguida con dicho transitorio, porque, sería aplicar el numeral 44 ter en su dimensión a todas y cada una de las operaciones independientemente de su fecha de formalización. Ergo, carecía de sentido incluir un transitorio para mantener las condiciones de pago bajo la exigencia (que reconoce la Sala Constitucional que surge a partir del párrafo primero del numeral 44 ter de la Ley N° 7472 reformado como regla general) de no poder deducir por debajo del mínimo legal, cuando es ese el contenido de la norma sobre el cual se erige la transitoriedad. Es decir, ambas normas contendrían la misma regulación y parámetro. Lo cierto es que la Procuraduría General de la República no lleva razón, ya que, la misma Sala Constitucional reconoce que para evitar dislocaciones a las situaciones jurídicas que se encontraban vigentes antes del 20 de junio de 2020, correspondientes a operaciones de crédito previamente suscritas a esta fecha y hasta su cancelación (esto es, hasta el vencimiento de la operación) de todas las entidades financieras sin hacer distingo (como sí lo hace la excepción contenida en el párrafo segundo del precepto 44 ter de la Ley N° 7472) se mantendrán las condiciones de pago convenidas, lo cual puede implicar, como ya se ha apuntado que se realicen deducciones por debajo del mínimo legal. Se plasma un extracto de dicho criterio de la Sala Constitucional en la Resolución N° 11996-2021 para fundamentar la postura recién analizada: "Denótese lo que se indica: “la aplicación retroactiva de una norma sólo procede por mandato expreso de la ley, y cuando con ello no se infrinja el precepto constitucional establecido en su artículo 34; es decir, la aplicación retroactiva de la ley procede únicamente cuando con ello no se afecte persona alguna, derechos patrimoniales adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas…”, y tal como ya se advirtió, en una relación crediticia no existe una sola parte, y en este caso, de no existir la disposición transitoria impugnada, la parte acreedora estaría sufriendo no solo de forma ilegítima, sino inconstitucionalmente, la afectación de una situación jurídica consolidada -el contrato de préstamo pactado por el propio trabajador- y podría resultar afectado también su derecho patrimonial, dada la modificación intempestiva de las condiciones de pago ya establecidas, por la emisión de una nueva norma. (...) De conformidad con todo lo expuesto, el transitorio impugnado, no resulta inconstitucional, toda vez que, lo único que asegura es la posibilidad de que se continúen aplicando las deducciones ya autorizadas por el propio trabajador, en todas aquellas operaciones de crédito vigentes, antes de la entrada en vigencia de la ley n.° 9859, hasta su cancelación. El Estado protegió al trabajador asegurándole la fijación de un salario mínimo para atender sus necesidades básicas, y en el marco del ordenamiento jurídico vigente en ese momento, fue el mismo trabajador, quien, en su derecho a la libre disposición de ese salario, es el que suscribió tales créditos y autorizó tales deducciones. De ese modo, este transitorio no solo respeta lo pactado en su oportunidad por el trabajador consumidor financiero, sino también los derechos fundamentales de la otra parte de la relación contractual. En consecuencia, la acción también debe ser desestimada en cuanto a este extremo se refiere." A partir de lo anteriormente expuesto, no lleva razón tampoco la defensa del Estado al intentar sostener que la Circular N° CIR-TN-017-2022 no implicó el desconocer esas situaciones jurídicas consolidadas (las vigentes antes de la entrada en rigor a la Ley N° 9859), por cuanto expresamente en esa Circular se referenció que la disposición de no continuar con las deducciones que implicaran el no respetar el mínimo legal se aplicaría a partir del 01 de julio de 2022. Ya que, como ha quedado acreditado del mismo dicho del Estado, no se excluyó de su aplicación a las operaciones que estaban en rigor antes de la Ley N° 9859 sino a todas y cada una de las operaciones de crédito, independientemente de su fecha de formalización. Lo cual se acredita también con las manifestaciones de la señora Adriana Cordero Campos quien respondió en dos ocasiones ante las preguntas efectuadas por la representación de la actora que, aproximadamente el 90% de las operaciones de crédito que no están siendo deducidas por parte de la Tesorería Nacional, en aplicación de la Circular Nº CIR-TN-017-2022 de fecha 13 de junio de 2022 corresponden a formalizaciones anteriores a la entrada en rigor de la Ley Nº 9859 (20 de junio de 2020). (Hecho Probado N° 28). Manifestaciones que no fueron desacreditadas por el Estado demandado. Y es precisamente, esa es la base de disconformidad con el ordenamiento jurídico que refuta la accionante, y la cual se estima esta Cámara Colegiada que se comparte con COOPEANDE N° 1 R.L. de que, el Ministerio de Hacienda a través de la Circular N° CIR-TN-017-2022 desaplicó lo dispuesto expresamente en el Transitorio al numeral 44 ter de la Ley N° 7472, lo cual genera un vicio de nulidad en su actuación, y así debe declararse mediante esta sentencia. Ello implicaría que deba abstenerse en el futuro de aplicar la Circular N° CIR-TN-017-2022, para aquellos supuestos expresamente comprendidos en el transitorio del artículo 44 Ter de la Ley N° 9918, esto es, las operaciones financieras y afiliaciones que han sido formalizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 9859 (20 de junio de 2020), norma legal en la que se dispuso entre otros extremos, la adición del artículo 44 Ter y modificación del 44 bis de la Ley N°7472. No obstante, como se vio en el punto anterior, para el caso de la Cooperativas como lo es COOPEANDE N° 1 R.L. aplicaría para todas y cada una de las operaciones de crédito (y las cuotas sociales) independiente de su fecha de formalización, al disponerse un régimen exceptuado a nivel subjetivo en el párrafo segundo del numeral 44 ter de la Ley N° 7472." (Lo subrayado en negrita no corresponde al original).

Del criterio de este Tribunal. Ergo con sustento en lo que se ha señalado ut supra tanto a nivel doctrinario (restringido al principio de pacta Sunt servanda) como por la jurisprudencia de la Sala Constitucional y en el voto que ha emanado de este Tribunal citado ut supra, podemos ver que las pretensiones de los señores actores señalando que con las rebajas por préstamos realizados por Cooperativas ( y por el Banco Popular únicamente en cinco casos), vulneran el principio de intangibilidad del salario mínimo legal ya que podemos observar que el criterio que ha sostenido el Tribunal Constitucional respecto a la deducciones por concepto de afiliación a dichas Cooperativas, o por préstamos a las mismas es que éstas están excluídas de la prohibición de deducción de cuotas por los referidos conceptos incluso hasta el límite inembargable. Ello en el tanto se cuente con los siguientes presupuestos: 1) que sea con autorización voluntaria y expresa del trabajador, lo cual descarta automáticamente la acusada violación al debido proceso invocada por el accionante, y, 2) cuando se trate del pago de las operaciones financieras de crédito, o para el pago de su afiliación a organizaciones de base asociativa social cuyo fin no sea el lucro. Señalando la citada Cámara Constitucional, que ello "no significa que el legislador desprotegió el salario de ese trabajador cuyos ingresos no superan el mínimo salarial, sino que reguló la disposición de ese mínimo salarial, a los efectos de aplicar deducciones salariales de planilla, dentro de ese marco de discrecionalidad que concede el propio convenio a cada país, permitiéndole que sea el propio trabajador quien tome la decisión de autorizar o no deducciones a su salario por cuotas de afiliación o crédito, únicamente cuando se trate de organizaciones de base asociativa social cuyo fin no es el lucro, precisamente por los beneficios que este puede representar para el propio trabajador y su familia". Así las cosas para este órgano jurisdiccional en el caso de cita respecto a los créditos de Cooperativas que en el caso de análisis son la gran mayoría el criterio que se sostiene a la luz de la jurisprudencia Constitucional supramencionada es que no procede el reclamo de los señores actores, por no haber vulneración a su salario mínimo, en los términos expuestos por el órgano Constitucional y reiterados por este Tribunal Contencioso en el voto supramencionado. Ahora bien en tratándose de los créditos constituídos por el Banco Popular y que son 5 se deben rechazar las pretensiones de los señores actores toda vez que en las colillas de deducción de los salarios de dichos accionantes, así como en el libelo de demanda, no se indica en qué año fueron otorgados dichos créditos, si fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 9859 citada ut supra, en el acápite intitulado "II. Régimen Legal", vigente a partir del 20 de junio de 2020, y de esa fecha en adelante la interdicción para efectuar las entidades financieras (con excepción del régimen cooperativo) deducciones por créditos en el límite de inembargabilidad. Esos créditos a favor del Banco Popular se refieren a los siguientes actores:

[Nombre 034].2) [Nombre 036].3) [Nombre 071].4) [Nombre 069]. Señalándose que el señor actor [Nombre 061], tiene 2 créditos con la referida entidad bancaria, pero a la misma no le cubre la prohibición legal que se hizo en el transitorio al artículo 44 TER de la Ley número 7472. Ahora bien en relación con los embargos decretados a algunos señores actores de igual manera, por desconocerse la fecha de aplicación de los mismos, y además de qué entidad financiera provienen, (ver elenco de hechos no demostrados), en el mismo sentido se debe rechazar las pretensiones de ordenar la no aplicación de dichos embargos por las razones apuntadas. Por último en lo que respecta al crédito que tiene la señora [Nombre 016], se debe señalar que el mismo no se encuentra habilitado para ser rebajado del salario de dicha actora toda vez que fue constituído en fecha 05/07/2017, y por lo tanto acorde con lo que señala el transitorio al artículo 44 TER de la Ley N°7472, citado ut supra.

De la excepción de FALTA DE DERECHO, planteada por el Estado. Con sustento en todo lo que antecede, lo procedente en este proceso de conocimiento es acoger la excepción de FALTA DE DERECHO interpuesta por la Procuraduría General de la República, y en consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda.

DE LAS COSTAS.- De conformidad con los artículos 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 73 del Código Procesal Civil, y no teniendo este Tribunal elementos de juicio para considerar de forma razonable que se haya dado alguno de los supuestos que señala el artículo 73.2 del Código Procesal Civil, o los señalados en los incisos a y b del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, para exonerar del pago de costas; se condena a la parte actora al pago de las costas de este proceso. De forma unánime la condenatoria se realiza en abstracto y por tanto, pendiente de liquidación en fase de ejecución de sentencia.