Resolución 00574-2012

1.-

Que mediante sentencia número 695-2011 de las 10:35 horas del 12 de diciembre

de 2011, dictada por el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San

José, sede suroeste, se resolvió: "

Los

licenciados Luis Gerardo Villalobos Corrales, defensor público de la imputada B;

M, defensor público de la imputada E; Sharin Acuña Ruiz, defensora pública del

imputado C; Wider Briceño Solórzano, defensor público del imputado J; Jessica

Valladares Vásquez, defensora pública del imputado A; y Juan Carlos Salas

Castro, defensor público del imputado G, impugnan, mediante el recurso de

apelación de sentencia penal, la resolución oral número 695-2011, de las 10:35

horas, del 12 de diciembre de 2011, dictada por el Tribunal Penal del Tercer

Circuito Judicial de San José. En sus recursos, exponen

argumentos de índole procesal y sustantiva, gestionan la nulidad de la

sentencia, y coinciden en solicitar el reenvío para nueva sustanciación de la

misma. En el caso del impugnante Salas Castro, adicionalmente, reprocha

la existencia de defectos formales en el fallo, señalando que los argumentos

del tribunal resultaron alambicados y confusos, en tanto que la sentencia

inició a las 10:35 horas aproximadamente y terminó pasadas las 18:00 horas de

ese mismo día, por lo que resultó desproporcional, y aunque las nuevas

tendencias proponen el dictado de sentencias orales, una sentencia que lleve

más de siete horas de exposición no es proporcional  y va en menoscabo de

los derechos de las personas, pues los imputados son seres humanos, expuestos a

la fatiga y a las necesidades fisiológicas, lo que incide en la atención y

comprensión que presten a lo resuelto, máxime que era un asunto de tramitación

compleja. Reprocha que en el presente caso la exposición de la sentencia fue

interrumpida de forma frecuente, porque los jueces se dedicaron a resolver

cuestiones de índole administrativo, o de orden en la sala, por la

necesidad  de que las personas fueran al baño, por oposiciones de los

imputados y del público, además hubo recesos para suplir la necesidad de alimentarse,

y por problemas de salud que presentaron los imputados, uno de los cuáles se

vomitó, además hubo diálogos entre el tribunal, los imputados y otras personas,

todo lo cual combinaban con la resolución de fondo. Reprocha que la sentencia

no fue fluida sino una serie de resoluciones administrativas, con resoluciones

de fondo sobre la materia a resolver. Incluso el tribunal

reconoció que debió haberse hecho una sentencia escrita, porque eso era "mucho

con demasiado" (secuencia de las 16:21:00). También

a partir de las 15:43:30 la sentencia quedó sin audio por breve tiempo.

Reclama que aunque se admitan sentencias orales, estas deben estar dentro de

los parámetros constitucionales, máxime si el asunto era de tramitación

compleja.

El reclamo se acoge, por lo que se anula la sentencia recurrida. Del análisis de la sentencia aquí dictada, esta Cámara aprecia la

existencia de los vicios alegados por el impugnante Salas Castro, los que la

afectan en forma absoluta. En este proceso, los jueces dictaron

sentencia en forma oral, contrario a las normas procesales, artículos 362 a 364 del Código Procesal

Penal, y al Protocolo de Actuaciones para el desempeño de los Tribunales de

Juicio en materia penal, aprobado por Corte Plena en sesión Nº 28-09, celebrada

el 31 de agosto de 2009, artículo V, y comunicado mediante circular número

92-09, publicada en el Boletín Judicial Nº 176 del 09 de septiembre de 2009, que

en su artículo 8 dispone que, tratándose de la sentencia oral: "Los tribunales de juicio dictarán las sentencias orales

en audiencia, salvo que la complejidad o las características del caso concreto,

tales como  la multiplicidad de los hechos, el elevado número de imputados

o de víctimas, o cuando se trate de causas relacionadas con delincuencia

organizada, resulte necesario dictarla por escrito". Normas que, entonces,

los juzgadores desatendieron pues, era un asunto

declarado de tramitación compleja (cfr. resolución de folio 571), en virtud de

la multiplicidad de acusados, abogados defensores y testigos. Según interpretó el Tribunal, aun en ese caso, podían

dictar oralmente la sentencia íntegra lo que, como se verá, no resultó la

decisión más atinada, puesto que provocó, no solo una exposición extenuante,

que dio inició a las 10:36:08 y concluyó abruptamente a las 18:16:21, sino que

no fue un acto que se pueda estimar continuo y concentrado pues, en efecto,

como se detalla más adelante, fueron muchas las interrupciones durante la

exposición,  y más grave aun, que se permitió la intervención de terceras

personas en su desarrollo e, incluso, que los juzgadores discutieran sobre

aspectos propios de la deliberación, pero que fueron grabados y, por

consiguiente, terminaron siendo públicos, lo que evidencia, no solo, falencias

en la deliberación previa, sino el irrespeto al secreto que ampara esa etapa

del proceso (artículo 360 del Código Procesal Penal), pero además, resultó en

un tratamiento cruel y degradante para los imputados, a quienes se mantuvo sin

alimentación durante la mayor parte de ese extenso acto, aglomerados y

esposados, lo que les limitó cualquier movimiento. Es claro, que la posibilidad

de dictar la sentencia en forma oral busca que los asuntos en que pueda ser

adoptada esta modalidad de decisión que, como puede observarse, no pueden ser

todos, sino asuntos sencillos y de relativa complejidad, las partes conozcan la

decisión en forma integral, comunicada oralmente en un momento muy cercano a la

conclusión del juicio, en términos sencillos pero completos y en apego a los

requisitos de la sentencia, adaptados a su producción oral. De ser así,

se  entiende como una extensión de la inmediación y la oralidad, propios

del proceso penal, y que cobra sentido, cuando la sentencia, tanto es íntegra

como permite su comprensión, lo que aquí, lamentablemente, no se logra. La Sala Constitucional,

atendiendo a una consulta planteada por este Tribunal, con otra integración, en

ese entonces, de Casación Penal, señaló que: "... esta Sala ha tomado partido a favor de la oralidad como

instrumento o herramienta que potencia el respeto a principios básicos dentro

del proceso penal democrático, tales como la defensa, audiencia,

inmediación, concentración, contradictorio, publicidad, identidad física del

juzgador, entre otros, al encontrar que su utilización no quebranta derecho

fundamental alguno y por el contrario posibilita un importante principio, el

derecho de defensa, exigiendo además la identidad física del juzgador y en

consecuencia la imposición directa de éste de la prueba en su misma fuente.

Además, la oralidad permite una mayor transparencia y confiabilidad en la toma

de las decisiones, dado que tanto las partes, como la colectividad en general,

pueden presenciar en forma directa las actuaciones de los jueces (...) Dentro de los principios esenciales del proceso

penal, cobra especial relevancia el de justicia pronta y cumplida, que se

infiere de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.

La lentitud de los procesos judiciales, el ritualismo, los formalismos vacíos y

la falta de transparencia, han producido un gran daño a la confianza de la

comunidad en la

Administración de Justicia y a las partes que intervienen en

el proceso penal. Las normas deben interpretarse de

forma tal que se traduzcan en una mayor celeridad y eficiencia en la

tramitación de las causas, claro está, se reitera, sin el menoscabo de

derechos y garantías fundamentales" (La negrita

es suplida. Sala Constitucional, voto número 2009-003117, de las 15:03 horas,

de 23 de febrero de 2009). De igual manera ha dispuesto también que: "El ser humano no debe ser tratado nunca como un medio o un objeto, sino como

un fin», como

persona». Cualesquiera que sean las ventajas o desventajas que de él puedan

derivar, nunca puede consentirse a su contra un tratamiento inhumano,

degradante, humillante, porque el valor mismo de la persona humana impone una

limitación fundamental a esa injerencia que pueda tener el Estado sobre el

cuerpo y la vida del acusado. El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos

Humanos establece que: "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su

honra y al reconocimiento de su dignidad.

Nadie puede ser objeto de

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, en su

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques

ilegales a su honra o reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección

de la ley contra esas injerencias o ataques" A su vez, el artículo 5 de la

misma Convención, establece: "Artículo 5:

Toda persona tiene derecho a

que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2.

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Por su

parte, el artículo 40 de nuestra Constitución Política establece: "Nadie

será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni

a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda

declaración obtenida por medio de violencia será nula". La dignidad

humana se da así como límite, como barrera a cualquier injerencia del poder en

el individuo y, aún cuando es de difícil definición y determinación, puede

describirse o considerarse como el más profundo sentimiento que cada uno tiene

de sus derechos y condiciones fundamentales para existir, a través del cual se

da el sentido de la propia identidad como persona y del significado como

ciudadano. Ese sentimiento nos da la percepción del valor que le asignamos a la

persona humana y que es la base para el reconocimiento de los demás derechos y

atributos, en primera instancia propios, pero que al mismo tiempo trae su

reconocimiento en los demás. Por eso se dice que la dignidad humana es la

plataforma de la igualdad, porque los parámetros de valoración son siempre los

mismos para toda persona, sin excepción. No podría en consecuencia, darse una

intervención corporal que amenace la dignidad humana, porque con ello se

socaban las bases mismas para el reconocimiento de los demás derechos y se

pierde el marco básico para el respeto de la persona y, en consecuencia, para la

existencia misma del Estado de Derecho..." (La

negrita es suplida, sentencia número 06966-2000 de las 14:48 horas de 9 de

agosto de 2000); y en la resolución número 2011-010174, de

las 16:16 horas, del

3 de agosto de 2011. indicó que: "la Sala se pronunció en la sentencia número 2005-01640 de las

9:37 horas del

18 de febrero de 2005, en la que, textualmente dijo lo siguiente: “Sobre el

derecho a la dignidad y la salud de las personas privadas de libertad. Este Tribunal se ha ocupado de tutelar los derechos

fundamentales de quienes sufren una restricción a su libertad personal.

La dignidad del

ser humano impone a la autoridad estatal un trato acorde con esa condición,

y así lo consigna nuestra Constitución Política y los Tratados Internacionales

sobre Derechos Humanos. La jurisprudencia de la Sala ha sido constante en derivar del artículo

artículo (sic) 40 de la Constitución Política, de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, tratados que son legislación plenamente vigentes en nuestro país,

por mandato del artículo 7 de la Constitución Política,

al haber sido debidamente aprobados y ratificados, que la actividad del Estado

no tiene porqué producir transgresiones a los derechos fundamentales, ya que la

existencia misma del Estado responde precisamente a la necesidad de satisfacer

los problemas colectivos de una comunidad y no al contrario, que implicaría que

la sociedad existe para preservar al Estado. Por esto, no pueden existir en

un Estado de Derecho, respetuoso de los derechos humanos, tratamientos

degradantes infligidos a una persona bajo el pretexto de cumplir con una

función pública, como lo es entre otras, el resguardo de la seguridad

ciudadana" (El destacado se suple). Resulta

impensable, en las consideraciones de esas resoluciones y en el concepto mismo

de sentencia oral, la posibilidad de que esta sea dictada durante varias horas,

pues es claro que la fatiga y el cansancio, además del hambre y otras

necesidades humanas, no solo pueden provocar su interrupción, sino la

pérdida de atención de las personas a quienes va dirigida, máxime si ni

siquiera se toman previsiones mínimas para que los oyentes realicen sus

necesidades alimentarias y fisiológicas con antelación. Era más que obvio que

debían preverse esas eventualidades, lo que no se hizo, y esto provocó que

hubieran múltiples interrupciones, que se obligara a los imputados a permanecer

sin alimentación y esposados, pero, además, permitiendo la intervención de

personas ajenas a la sentencia misma (como los miembros de la Sección de Cárceles, o una

persona asistente entre el público). Esto hace que la metodología de la

oralidad, en los términos expuestos, pierda su validez y vigencia en este caso. Como se dijo, el

tribunal inició la exposición oral a las 10:38:06 horas, insistiendo el juez

expositor en que la sentencia sería integra, completa, en forma total

(secuencia de las 10:39:05). No obstante, a las 11:31:55, uno de los

juzgadores lo interrumpe, y de seguido, el juez relator, autoriza que se vaya

al baño, y suspende el dictado de la sentencia, por lo que hasta las 11:49:10

reinicia la exposición pero, de nuevo, a las 12:53:50, el mismo juzgador vuelve

a interrumpir e inicia un diálogo con el juez relator, se ve a un custodio

acercarse al estrado (secuencia de las 12:54:10), circunstancia que aprovechan

los imputados para solicitar que les den de comer, incluso alegando que no han

desayunado (secuencia de las 12:55:23), gestión que se les deniega porque,

según se indica, "la

sentencia no puede ser cortada, es continua" (secuencia

de las 12:55:28).  La disertación reinicia a las 12:56:09. Mientras, la

juzgadora que se encuentra a la derecha del juez relator, pese a que éste se

mantiene en uso de la palabra, comienza un intercambio de escritos con una

tercera persona que está a su derecha, con quien incluso, sostiene un diálogo,

actividad que no concluye sino hasta las 13:06:27. A las 14:26:02, una de las

imputadas plantea una consulta, y de nuevo se hace un

receso hasta las 14:45:56. Que inicia con la intervención de varios los

oficiales de la Sección

de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial que refieren que los

imputados están indispuestos y que hay amenazas, presumen, para los jueces y

custodios, o que van a armar un desorden (secuencia de las 14:48:22), por lo

que incluso se le dirigen reclamos a los imputados, aun y cuando se les

mantiene arrinconados y esposados. En ese conversación

participan jueces, custodios, abogados e imputados. Uno de

los acusados grita al tribunal que tiene hambre, "que le ponga"

(secuencia de las 14:51:40). Se reinicia a las 14:51:54. Nuevamente, a

las 15:04:43 la jueza integrante reinicia el intercambio de escritos con las

personas, que aunque no son parte del tribunal, se encuentran a su

lado. Hay una nueva interrupción entre las 15:14.37 y las 15:15:34 cuando un custodio se dirige al tribunal, porque una de las

imputadas se muestra físicamente indispuesta, suspendiéndose la disertación,

otra vez, hasta las 15:17:00. A las 15:22:22 otra de las

imputadas interrumpe y pide, de viva voz, que retiren a una de las personas

asistentes entre el público, porque no quiere su presencia en la sala.

El juez relator inicia un interrogatorio de esa imputada, lo mismo que con la

persona cuya salida se solicita, y finalmente, decide, sin consulta a los

cojueces, que salga del salón, ignorando tanto la publicidad del debate, como

que aquella persona no ha faltado a la disciplina (artículos 330 y 332 del

Código Procesal Penal). Reinicia a las 15:28:19. Se acredita, como lo indica el

impugnante, que entre las 15:43:07 y las 15:43:30 la grabación audiovisual

quedó sin sonido, ignorándose a qué se debió esa circunstancia o que se dijo en

esos 23 segundos. De nuevo a las 16:19:07 los imputados interrumpen y vuelven a

informar que no han siquiera desayunado, los jueces

discuten sobre la sentencia. Precisamente, en esa oportunidad, uno de los

jueces plantea a sus compañeros qué hacer con el comiso, y cómo van a descartar

que la imputada B no obtenía sus ingresos de la venta de ropa (secuencia de las

16:20.35). Todo esto lo hacen sin percatarse de que los micrófonos están

abiertos y su diálogo ha quedado grabado y, por consiguiente, lo que no habían

deliberado en su oportunidad, será de conocimiento público, a como lo fue

también la manifestación del juez (...), y que reprocha el recurrente, cuando

dijo: "debimos haberla hecho

escrita, definitivamente, doña (...), tenía usted razón, esto fue mucho con

demasiado" (secuencia de las 16:21:00). Mientras esto ocurría

se presentan cuadros de vómito entre los imputados,

con seguridad por la falta de alimentación, por lo que se suspende para que

puedan comer, reanudándose la exposición hasta las 17:01:15. Al ser las

18:12:24 uno de los imputados grita al tribunal: "ya está uno obstinado, mi herma, de está vara",

por lo que inicia una serie de protestas y reproches entre los acusados,

ambiente de murmullo que se mantiene hasta finalizar la grabación a las

18:16:21, con algunas alegaciones de los jueces para calmar los ánimos. Como

puede observarse del anterior recuento, la sentencia discurrió entre

interrupciones que significaron, sin lugar a dudas, distracciones que afectaron

la secuencia de lo resuelto, por lo que de introducirse en los distintos

reclamos, prevé, la dificultad que se tuvo para mantener un hilo conductor

congruente y que, entonces, particularizara sobre el reproche hecho a cada uno

de los imputados. No se puede dejar de advertir que, uno de los propósitos de

la sentencia oral es informar a los acusados, de forma inmediata y sencilla, de

la decisión tomada y los fundamentos para arribar a

ella. Esto por cuanto es claro que, aun y cuando, se les entregue la grabación

de la sentencia, en un disco o en algún medio de

almacenamiento, no cuentan éstos, en razón de su condición de privados de

libertad, con la posibilidad efectiva de reproducción. Por ende, lo actuado por

el Tribunal en este proceso concreto, lesiona no solamente la integridad,

inmediación y concentración que se busca con la sentencia oral, sino además las

propias reglas procesales establecidas en cuanto al dictado de una sentencia en

esa modalidad, sin dejar de lado, que hasta resultó violatoria de la dignidad

humana. En tratándose de un proceso de tramitación compleja, no parece

razonable optar por una sentencia oral, pues resultando más amplios los plazos,

el tiempo bien puede emplearse de la forma en que la ley lo prevé, es decir,

para que los jueces redactaran conjuntamente la sentencia y luego leerla

íntegramente, que sin lugar a dudas, no solo hubiera sido más entendible para

los imputados, sino menos tortuosa. Resultó más que evidente que el cansancio,

el hambre y la imposibilidad de movimiento permearon tanto la salud como el ánimo de los imputados y,

por consiguiente, limitaron su atención, tal y como se reclama. Por lo expuesto, procede

declarar la ineficacia del fallo, sin entrar a conocer de los demás reparos

planteados por el recurrente y demás recursos formulados, declaratoria que

también cubre al imputado JE, quien no presentó recurso. Esto por el efecto

extensivo del recurso

(artículo 443 del

Código Procesal Penal). En consecuencia, se anula íntegramente la sentencia así

como

el debate que lo precedió. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación, por

el mismo Tribunal, integrado por jueces distintos, y con

prohibición de reforma en perjuicio.

III.

Sobre la prisión preventiva: Los justiciables B, C, J, A, G y JE,

se encuentran detenidos hasta el 15 de agosto de 2012.

Al prorrogar y ordenar la prisión preventiva de todos los imputados, el Juzgado

Penal de Pavas y el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San José estimaron

tanto su probable responsabilidad, como la cantidad de droga y dinero

decomisados, y qué algunos de ellos aceptaron su participación en el ilícito

acusado, en tanto hicieron de la venta de drogas un medio de vida, lo que unido

a la alta penalidad de los hechos, incrementaba el peligro de fuga por la

sospecha de no sometimiento voluntario al proceso (cfr. legajo de medidas

cautelares, acta de folios 751

a 758 vto. y registro en dvd.), peligros que se han

mantenido y que han motivado que la medida se haya prorrogado a lo largo de la

investigación y luego del juicio que aquí se invalidó. De allí que, según fue

resuelto, deberá realizarse un nuevo debate. Tal

circunstancia implica que es necesario sujetar a los imputados al nuevo juicio

y dado que las condiciones que han llevado a mantener la medida subsisten,

aunado a que, en ese primer juicio se emitió un fallo condenatorio en su

contra, que aun y cuando ha sido anulado, y deberá realizarse un nuevo debate,

permite presumir que la sujeción al juicio no se garantice de encontrarse en

libertad. En virtud de ello, se dispone mantener la prisión preventiva de los

imputados B, C, J, A, G, y JE, pero reducida

para que venza el 15 de junio de 2012, tiempo suficiente y razonable para que, durante este

período, se realice el nuevo juicio y se defina la situación jurídica de los

acusados, sin perjuicio de lo que al respecto resuelvan los órganos

correspondientes en cuanto al mantenimiento, cese o sustitución de esa medida

cautelar. La prisión preventiva de la imputada E fue decretada en la sentencia anulada hasta el 12 de agosto de 2012,

pues antes de ello se encontraba en libertad, de modo tal que, resultado ahora

eso acto inexistente, procede que recupere aquel estado inicial, para que, en

libertad, afronte el nuevo juicio. Por consiguiente, se ordena la libertad de E,

si otra causa no lo impide.,