Resolución 00157-2026

Con base en las razones expuestas, preceptos normativos invocados y citas jurisprudenciales, se rechaza la excepción de falta de derecho que interpone el Estado y, por consiguiente, se declara CON LUGAR en todos sus extremos la demanda incoada por [Nombre 001]. Se condena al Estado reconocer el pago del incentivo salarial Operaciones de Alto Riesgo al actor [Nombre 001] y al pago retroactivo desde la fecha en que fue nombrado en el cargo de Agente de Guardacostas I en el año 2019.Asimismo, deberá reconocer las diferencias generadas en los aguinaldos, vacaciones y bono escolar desde esa misma fecha hasta su efectivo pago; así como el ajuste en las cuotasobrero patronales. De conformidad con el artículo 565 del Código de Trabajo, se condena a la parte demandada al pago de los intereses legales iguales a los indicados en el artículo 497 del Código de Comercio, calculados a partir de la fecha en que cada uno se hizo exigible hasta su efectivo pago. De igual manera, de conformidad con el artículo 565 del Código de Trabajo vigente, asimismo, el demandado deberá reconocer al actor la indexación de los montos resultantes y pagará ese monto actualizado a valor presente en el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores entre el mes anterior a la presentación de la demanda – sea 04 de marzo del 2025 - y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Asimismo, de conformidad con el artículo 562 del Código de trabajo, deberá pagar la parte demandada ambas costas del proceso, fijando las personales en la suma del veinte por ciento del total de la condenatoria. Los cálculos respectivos deberán realizarse en sede administrativa sin perjuicio de que la parte actora pueda acudir a la etapa de ejecución de sentencia en caso de disconformidad. La entidad demandada podrá deducir del total de la condena aquellos períodos que el actor no laboró efectivamente, sea por permisos sin goce de salario o cualquier otra razón semejante. Se ordena remitir copia certificada de esta sentencia a la Caja Costarricense del Seguro Social, para que proceda según corresponda...". (sic).

Recurso de apelación y expresión de agravios: Inconforme con lo resuelto, el licenciado Edgar Mauricio Valverde Segura en su condición de Procurador, interpone recurso de apelación contra la sentencia antes descrita, con base en lo siguiente; "(...) POR MOTIVOS DE FONDO. VIOLACIÓN SUSTANCIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO POR INCORRECTA APLICACIÓN DEL REGIMEN PROBATORIO E INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA JURIDICA.A criterio de esta representación el juzgador realiza una condenatoria en contra del Estado sin una debida valoración del ordenamiento jurídico y de la prueba aportada a la presente litis. De manera concreta nos referimos a lo relacionado al sobresueldo operaciones de alto riesgo, para lo cual se basa únicamente en señalar que las funciones que realiza la parte actora, son iguales a las descritas en el acuerdo que determinó el pago de dicho rubro salarial y por consiguiente debe serle reconocido. Entre las razones de legalidad por las cuales no estimamos procedente aquel reconocimiento del alto riesgo se encuentra que el otorgamiento de ese sobresueldo como integrante del régimen salarial del accionante, transgrede el principio de legalidad y legalidad presupuestaria, toda vez que no existe norma legal ni presupuestaria que respalde el reconocimiento salarial pretendido.Debemos tener claro que el accionante labora para el Estado, cuyas actuaciones se encuentran amparadas al principio de legalidad y legalidad presupuestaria, mismos que indican que la Administración sólo hará lo expresamente permitido por la norma y de igual forma que los gastos que se realicen mediante el presupuesto nacional deben estar aprobados por los entes con la competencia asignada, por lo que solo otra ley podrá modificar el destino del presupuesto (principio de reserva de ley), y que al realizar los gastos, estos se deben dar en la forma que se ordene en la norma aprobada. En ese entender, ante la ausencia de norma expresa que autorice ese pago al actor, es improcedente reconocer dicho incentivo, y más improcedente resulta pretender que la entidad patronal de oficio proceda a reconocer dicho rubro a los funcionarios que no se encuentran amparados en los supuestos señalados por la norma, realizar lo anterior llevaría al Ministerio de Seguridad Pública a transgredir el principio de legalidad, mismo que es de orden restrictivo y bajo el cual debe regir todas sus actuaciones, debe tenerse claro que si el Ministerio no tiene una autorización expresa para pagar el sobre sueldo de alto riesgo a funcionarios nombrados en códigos presupuestarios diferentes al autorizado por la STAP, no puede la administración de oficio y sin infringir dichos principios cancelar dicho rubro, el MSP no puede realizar interpretaciones tal y como se pretende, las autorizaciones -reiteramos- deben ser expresas y devenir del ente competente como lo es únicamente para este tema la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, incluso se debe tener claro que los funcionarios que no se encuentran cubiertos en los supuestos de la norma y que hoy en día gozan del pago de dicho plus, se da ante el respaldo de una sentencia firme para cada caso concreto y por lo tanto en cumplimiento de un mandato judicial.2. IMPROCEDENCIA DE IMPONER EL PAGO DE ALTO RIESGO A FUTURO DE MANERA INDETERMINADA  En el supuesto de que se considere que asiste derecho al actor al pago del sobresueldo de alto riesgo, erró la sentencia al disponer el pago a futuro sin ninguna limitación. Al respecto véase que en la contestación de la demanda esta representación expresamente pidió que, de acogerse la acción, se dispusiera que el pago del sobresueldo de alto riesgo se reconocerá a futuro siempre y cuando subsistan las condiciones con base en las cuales la acción fuera acogida; sin embargo, en la sentencia venida en alzada no se emitió pronunciamiento al respecto.  Incluso, mediante gestión de adición y/o aclaración se requirió hacerlo, pero finalmente fue rechazada al estimarse que ese no era el mecanismo adecuado para tales fines.              Ahora bien, lo cierto es que en los términos que este asunto fue resuelto, no se estableció que el pago debía reconocerse solo si el accionante mantenía las condiciones que en sentencia se valoraron para su otorgamiento, pudiendo ocurrir que en el futuro haya una variación sobre el particular, y a pesar de que no le correspondiere, el actor pretenda continuar recibiendo ese sobresueldo, pues -se insiste- de la redacción de la sentencia no se establece una limitación, lesionando el principio de legalidad y pudiendo generar un pago contrario a derecho que lesionaría el erario.  En orden a lo expuesto, con respeto solicito a los señores Jueces disponer que el pago del sobresueldo de alto riesgo se reconocerá a futuro siempre y cuando subsistan las condiciones con base en las cuales la acción fuera acogida.

IMPROCEDENCIA DE CONDENAR AL ESTADO AL PAGGO DE LAS COSTAS              El tercer motivo de inconformidad con el fallo que se impugna se relaciona con la condenatoria al pago de las costas del proceso.  Esta Procuraduría considera que existió una indebida aplicación del ordinal 562 y 563 del Código de Trabajo. Es claro que mi representado siempre ha actuado de buena fe, pues sus acciones han estado sujetas a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, y por consiguiente ajustadas al principio de legalidad, razón por la cual aún y cuando existen reiterados fallos que resuelven asuntos como el presente, el Ministerio no puede reconocer sin fundamento o respaldo alguno el pago del rubro solicitado, y es por dicho motivo que debe insistir en la improcedencia de tal derecho. Lo anterior no puede ser catalogado como un accionar de mala fe, ya que reiteramos la Administración solo puede hacer lo que le está permitido y lo que pretende el actor no es posible realizarlo de oficio. En ese tanto, lo correspondiente es que a tenor del artículo 563 inciso 1) del Código de Trabajo, se exonere al Estado del pago de las costas.  PETITORIA Se solicita se revoque la sentencia n.° 2025000821 de las 7:13 horas del 12 de noviembre del 2025. En consecuencia, se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos, condenando al vencido al pago de las costas del proceso...". (sic).

Admisibilidad del recurso de apelación: Revisado el presente asunto considera el Tribunal que el recurso vertical interpuesto por la parte demandada contra la sentencia impugnada cumple con los presupuestos de admisibilidad establecidos por el numeral 590 del Código de Trabajo, por cuanto fue interpuesto en tiempo toda vez que vistas las actas de notificación, la sentencia impugnada fue aclarada mediante la resolución de las quince horas con cuatro minutos del quince de enero del dos mil veintiséis, siendo que esta última resolución fue notificada a todas las partes al correo electrónico el día 15/01/2026, por lo que el plazo para presentar el recurso vencía el 21/01/2026 y el recurso ingresó el día 20/01/2026, y además cumple con los presupuestos de forma, por lo que corresponde conocerlo a este órgano jurisdiccional al tenor de lo regulado en el artículo 583 inciso 14), en relación con los ordinales 539 y 586, todos del mismo cuerpo normativo. De acuerdo con el artículo 592 del Código de Trabajo se ha revisado el procedimiento, sin encontrar vicios que puedan causar nulidad o indefensión.VI. En relación a los hechos probados y no probados: Se aprueban los mismos por ser fiel reflejo de lo que informan los autos.

CRITERIO DEL TRIBUNAL: Una vez analizada la fase de admisibilidad del recurso, este Tribunal procede a conocer y resolver los reproches formulados por la apelante; En el presente asunto el a quo, declaró con lugar la demanda interpuesta, al tener por demostrado que las funciones asignadas a los guardacostas tales como la lucha contra el narcotráfico, allanamientos a embarcaciones, protección de la soberanía, rescates, y control de ilícitos, entre otras, son compatibles y equivalentes a las previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley N°7410. Analizó que el incentivo de Alto Riesgo no remunera el riesgo ordinario inherente a la función policial, sino la exposición aumentada y cualificada al peligro, propia de determinadas actuaciones policiales. Se apoyó en jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda, afirmando que, ante la colisión entre legalidad presupuestaria e igualdad salarial, debe prevalecer esta última, a fin de evitar tratos diferenciados injustificados entre funcionarios policiales que realizan operaciones de alto riesgo, aun cuando pertenezcan a distintos cuerpos. Contra lo resuelto en primera instancia se alza la representación estatal por medio del recurso de apelación que ahora se conoce, exponiendo los siguientes agravios, en resumen;

Incorrecta aplicación del régimen probatorio y violación al principio de legalidad y legalidad presupuestaria. La parte apelante sostiene que la sentencia incurre en violación sustancial del ordenamiento jurídico, al reconocer el incentivo salarial por Operaciones de Alto Riesgo sin una correcta aplicación del régimen probatorio ni una debida interpretación de la normativa vigente.Argumenta que el Juzgador concluyó erróneamente que las funciones del actor encajan en los supuestos que habilitan el pago del incentivo, sin que exista norma legal o presupuestaria expresa que autorice dicho reconocimiento al puesto ocupado por el actor. En ese sentido, afirma que el fallo desconoce los principios de legalidad y legalidad presupuestaria, que rigen la actuación administrativa, conforme a los cuales la Administración solo puede realizar lo expresamente permitido por el ordenamiento. Añade que el Ministerio de Seguridad Pública no cuenta con autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) para pagar el incentivo de Alto Riesgo a funcionarios nombrados en códigos presupuestarios distintos de los expresamente habilitados, por lo que una interpretación extensiva o funcional, como la efectuada en la sentencia, resulta jurídicamente improcedente. El agravio no es de recibo. Del examen integral del expediente se constata que el Juzgado de primera instancia sí valoró de forma completa, razonada y conforme a la sana crítica la prueba documental incorporada, y que su conclusión se apoya en elementos objetivos de convicción debidamente acreditados. En efecto, consta en autos: La constancia laboral oficial del Ministerio de Seguridad Pública, visible a imagen 78 del expediente electrónico descargado en pdf, mediante la cual se acredita que el actor labora como Agente 1 del Servicio Nacional de Guardacostas, desde el 16 de marzo de 2019, en condición de funcionario policial operativo. Existe además oficios administrativos (véase la imagen 81) del propio Ministerio de Seguridad Pública, en los que se reconoce que el actor no percibe el incentivo de Operaciones de Alto Riesgo, no por la inexistencia de riesgo en sus funciones, sino por una interpretación presupuestaria restrictiva relacionada con el código de plaza.  Con base en dicha prueba, el juzgador de instancia realizó un análisis comparativo normativo y funcional, concluyendo -correctamente- que las funciones desempeñadas por el actor sí se encuentran enmarcadas en los supuestos materiales de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, presupuesto objetivo fijado por el acuerdo STAP‑0683‑2000 para el otorgamiento del incentivo reclamado. Contrario a lo sostenido por el apelante, la sentencia no desconoce los principios de legalidad ni de legalidad presupuestaria. Lo que hace es ponderarlos frente al principio constitucional de igualdad e igualdad salarial, evitando que una interpretación meramente formal del código presupuestario derive en una discriminación salarial injustificada entre funcionarios policiales que realizan funciones equivalentes y enfrentan riesgos sustancialmente similares. Debe recordarse que el incentivo de Operaciones de Alto Riesgo no se asigna por el código presupuestario en sí mismo, sino por la naturaleza de las competencias y funciones efectivamente ejecutadas. Así lo desprende el propio texto del acuerdo de la Autoridad Presupuestaria y la reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda, la cual ha establecido que la posterior creación del Servicio Nacional de Guardacostas no puede operar en detrimento de sus funcionarios, cuando existe identidad funcional con otros cuerpos policiales a los que sí se reconoce el incentivo.  La prueba documental incorporada acredita que la negativa administrativa obedeció a una limitación administrativa y presupuestaria, no a la ausencia real de riesgo ni al carácter no policial de las funciones, situación que no puede prevalecer frente al derecho fundamental a la igualdad salarial, cuando se constata identidad de razón y causa. Tampoco se observa infracción al régimen probatorio. El Estado no desvirtuó, con prueba técnica o funcional concreta, que las labores del actor difieran sustancialmente de aquellas desempeñadas por otros cuerpos policiales beneficiarios del incentivo. O demostrara que fueran diferentes a las indicadas en el escrito de demanda. Por el contrario, la prueba documental y normativa analizada demuestra la coincidencia de competencias, así como la exposición directa del actor a operaciones de riesgo elevado, propias del combate al narcotráfico, control marítimo y resguardo de la soberanía. A nivel jurisprudencial, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en varios de sus votos ha considerado que;  “(...) En ese orden de ideas, el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que al accionante no le corresponde el incentivo pretendido por estar adscrito al Ministerio de Hacienda no es de recibo, precisamente porque tal decisión resulta discriminatoria, dado que el cuerpo policial al que pertenece, conforme a lo establecido en la Ley General de Policía integra las fuerzas de policía. El incentivo denominado “Operaciones de Alto Riesgo” fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 celebrada el 10 de abril de 2000 con base en lo cual se emitió el STAP número 0683-2000 del 12 de abril de 2000 dirigido al entonces ministro de seguridad pública, documento en el que se indicó en el considerando 2: “Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física”. Ese oficio dispone que el incentivo de alto riesgo es diferente al “Riesgo Policial” y se otorga a quienes ocupen puestos policiales a efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. Asimismo, se indicó que sería de aplicación a aquellos oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, los cuales regulan las labores y atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Esas disposiciones en concreto indican lo siguiente: “artículo

La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. artículo

Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. b) Mantener la tranquilidad y el orden público. c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. Es decir, la intención de cubrir con un sobresueldo a quienes sirven en estos dos cuerpos policiales deviene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es innegable que estas personas son las que en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida, en el cumplimiento de estas (en un sentido similar se puede consultar el voto número 1209, de las 10:50 horas del 28 de octubre de 2015; así como el 1381, de las 10:20 horas del 18 de diciembre de ese mismo año). Contrario a lo expuesto por la parte recurrente, la negativa a extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales distintos de los consignados en el acuerdo de su creación resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de esas otras fuerzas policiales se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas, como lo es el reconocimiento de ese emolumento. La representación judicial del Estado ha basado su tesis en que el sobresueldo pretendido se otorga solamente al personal policial cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21 y 22 de la Ley número 7410, Ley General de Policía, dentro de los que no se encuentra el puesto de policía fiscal porque este realiza funciones técnicas operativas pero, omite las causas objetivas por las que el demandante deba excluirse de esa normativa y disposición interna de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. En el presente caso, no se requiere mayor análisis que, la comparación de las funciones cumplidas por quien demanda, para advertir la inexistencia de alguna circunstancia que haga posible variar el criterio de este órgano, por cuanto no hay ningún elemento probatorio que permita concluir que sus funciones como Policía Fiscal, no resulten equiparables a las de la Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural reguladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía (en igual sentido se puede consultar las sentencias números 646 de las 14:10 horas del 23 de abril de 2019 y 1899 de las 10:10 horas del 14 de octubre de 2020)..." "(...) Por su parte, no ha sido controvertido que al demandante, el Ministerio accionado no le ha concedido el incentivo de operaciones de alto riesgo; pero sí, el de riesgo policial. En ese orden de ideas, carece de sustento el argumento de quien impugna en el sentido de que el actor no está en situación de igualdad a efecto del reconocimiento del relacionado sobresueldo. Con lo expuesto se descarta una aplicación incorrecta del principio de legalidad y de legalidad presupuestaria, dada la inexistencia de diferencias en el ejercicio de funciones que dan base al reconocimiento del sobresueldo. De lo que se trata es de la correcta aplicación de la normativa creadora del referido incentivo, en atención al principio de igualdad salarial... "(...) En reiteradas ocasiones se ha externado que las directrices emanadas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en materia salarial, no constituyen un obstáculo para dejar de reconocer un derecho que originalmente cubre la situación de la parte accionante, habida cuenta la Administración debe ser garante del cumplimiento del principio de legalidad en todas sus manifestaciones. En otro orden de ideas, se advierte que el hecho de que al petente se le reconozca el sobresueldo por riesgo policial, no excluye la posibilidad de que se le otorgue este otro incentivo, en tanto uno y otro compensan factores diferentes, con lo cual tampoco se observa que se desnaturalice la finalidad del incentivo en cuestión. Este órgano ha resuelto en casos similares al que nos ocupa, que el plus de riesgo policial se paga por la peligrosidad de la función policial y, el de operaciones de alto riesgo, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. Con base en lo expuesto, se considera que la a quo no ha incurrido en los vicios imputados, por lo que corresponde desestimar los reproches...". Res: 2024002900, de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cuarenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veinticuatro. Tal y como se desprende del citado voto -que este Tribunal comparte- en primer lugar es importante reiterar y aclarar que el incentivo de "Alto Riesgo Policial” se otorga a quienes ocupen puestos policiales a efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional, ello según lo consideró la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 celebrada el 10 de abril de 2000 con base en lo cual se emitió el STAP número 0683-2000 del 12 de abril de 2000 dirigido al entonces Ministro de Seguridad Pública, siendo que la intención de cubrir con ese sobresueldo gira en torno a la naturaleza de las tareas o funciones realizadas, donde es innegable que estas personas son las que, en primera instancia comprometen su integridad personal y la vida en el cumplimiento de sus tareas.               En ese orden de ideas, la negativa a extender el pago de ese sobresueldo al actor solamente por razones presupuestarias, pese a encontrarse en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, resulta discriminatorio y contrario el principio de igual salarial.

Improcedencia del reconocimiento del incentivo de Alto Riesgo a futuro sin condicionamiento. Reprocha que la sentencia dispusiera el pago del sobresueldo de Alto Riesgo a futuro de manera indeterminada, sin establecer que dicho reconocimiento quede sujeto a la subsistencia de las circunstancias fácticas y funcionales tomadas en cuenta para acoger la demanda. Señala que, pese a haberlo solicitado expresamente en la contestación de la demanda y posteriormente mediante gestión de adición y aclaración, el Juzgado no incorporó ninguna limitación a la condena futura, lo cual podría permitir que el actor continúe percibiendo el incentivo aún cuando varíen las condiciones que justificarían su pago, contraviniendo el principio de legalidad y generando un eventual perjuicio al erario público. En consecuencia, solicita que se modifique el fallo para que el pago del incentivo a futuro quede expresamente condicionado a la permanencia de los supuestos valorados en la sentencia. El agravio no resulta atendible. En primer término, debe indicarse que la condena contenida en la sentencia recurrida responde a la naturaleza misma de los derechos salariales de tracto sucesivo, los cuales se reconocen mientras subsistan los presupuestos fácticos y jurídicos que les dan sustento. En materia laboral, el reconocimiento judicial de un sobresueldo no implica la concesión de un derecho absoluto, inmutable o incondicionado hacia el futuro, sino su sujeción natural a la permanencia de las circunstancias que lo justifican. En el caso concreto, la sentencia declara con lugar la pretensión en atención a que el actor desempeña funciones policiales que encuadran en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, bajo un cargo operativo en el Servicio Nacional de Guardacostas. Tal situación constituye el presupuesto esencial del derecho reconocido, de modo que una eventual modificación posterior -como el cambio de puesto, de funciones o el cese de la relación laboral- traería como consecuencia lógica y legal el cese automático de la obligación de pago, sin necesidad de una previsión expresa en el fallo. La Administración conserva incólumes sus potestades para ajustar o cesar el pago si desaparecen los presupuestos legales, sin que ello implique un vicio del fallo judicial que merezca su revocación.3. Improcedencia de la condenatoria en costas. Finalmente, la representación estatal se agravia de la condena al pago de costas, al considerar que el Juzgado aplicó indebidamente los artículos 562 y 563 del Código de Trabajo. Alega que el Estado actuó de buena fe, ajustando su conducta al principio de legalidad, al no reconocer administrativamente un incentivo para el cual no existe respaldo normativo ni presupuestario expreso. Sostiene que la oposición a la pretensión actora no puede calificarse como temeraria o carente de fundamento, aun cuando existan pronunciamientos judiciales previos en casos similares, pues la Administración no puede actuar sin autorización legal. Por ello, solicita que se revoque la condenatoria en costas y se exonere al Estado de su pago, con base en el artículo 563 inciso 1) del Código de Trabajo. Sus reproches no son de recibo. En relación con la condenatoria en costas, el artículo 562 del Código de Trabajo vigente, dispone como regla general la condena en costas a la parte vencida en el proceso; sin embargo, en el numeral 563 de ese mismo cuerpo legal, se prevé la posibilidad de que el órgano jurisdiccional exima en costas al vencido cuando se produzca alguno de estos supuestos: “1) Se haya litigado con evidente buena fe;    2) las proposiciones hayan prosperado parcialmente; y 3) cuando haya habido vencimiento recíproco”.  En el caso que nos ocupa, el a quo consideró fallar este asunto condenando en costas a la parte vencida fijando las personales en la suma del veinte por ciento del total de la condenatoria, aspecto que es compartido por este Tribunal de alzada. Contrario a lo que alega el apelante, no se considera que la parte demandada haya litigado con evidente buena fe, pues en primer lugar, ha venido alegando que las funciones desempeñadas por el actor no implican alta peligrosidad, desconociendo las funciones del servidor, y que no se le reconoce el incentivo salarial denominado alto riesgo, debido a que el cuerpo policial al que pertenece no se encuentra contemplado dentro de los autorizados para percibir este incentivo, esto pese a que existen varios pronunciamientos a nivel jurisprudencial que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo y que resuelve que lo actuado por parte de la Administración Pública resulta contrario a dicho ordenamiento, teniendo que acudir el actor a instancias judiciales para que se le reconozca su derecho, cuando bien pudo la Administración -en sede administrativa- reconocerle tal incentivo.   Así las cosas, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirma en todos los extremos la sentencia recurrida. Juezas y juez del Tribunal. Andrés Valladares Castillo Brenda Celina Calvo de la O                                              Maricruz Barrantes Córdoba        W475WHMYW77Y61ANDRES RAFAEL VALLADARES CASTILLO - JUEZ/A DECISOR/A CR5P1I5TDCU61MARICRUZ BARRANTES CORDOBA - JUEZ/A DECISOR/A MQTTA82TRNK61BRENDA CELINA CALVO DE LA O - JUEZ/A DECISOR/A EXP: 25-000190-0679-LAI Circuito Judicial de Limón, Limón centro, Edificio de los tribunales, Tercer piso Teléfonos: 2799-1389 ó 2799-1510. Fax: 2799-1329. Correo electrónico: limtribapel@poder-judicial.go.cr