Resolución 20649-2020

Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 17:06

horas del 09 de octubre de 2020, el recurrente presenta un recurso de hábeas

corpus en contra del Ministerio de Seguridad Pública. Relata, que el 08 de

setiembre (sic) de 2020, en horas de la tarde, el Ministerio de Seguridad

Pública realizó una incursión abusiva policial en el Cantón de Cañas para

remover unos bloqueos que nunca existieron en la vía pública. Asegura, que

varias personas que se encontraban transitando, sin que tuvieran ninguna

participación en bloqueos o manifestación alguna y que estaban ejerciendo su

derecho de expresión en forma pacífica, fueron atacados brutalmente por los

policías de la Fuerza Pública con el uso de la fuerza y gases lacrimógenos.

Añade, que estos policías sin ninguna justificación incursionaron en varios

barrios del cantón de Cañas de nombre Santa Isabel de Arriba, Santa Isabel

de Abajo, San Cristóbal, e iban coartando la libertad de tránsito de los

vecinos de esos barrios, mientras lanzaban gases lacrimógenos. Lo anterior,

pese a saber que esas personas no estaban participando en los bloqueos.

Aclara, que esas personas que vieron sus derechos fundamentales lesionados

por estos policías son [Nombre 001], [Nombre 002]

, [Nombre 003],

[Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], y [Nombre

008]. Por ende, solicita que se declare con lugar el recurso a favor de estos

tutelados.

Mediante el auto de las 09:58 horas de 15 de octubre de 2020, la

Presidencia de la Sala Constitucional admitió el recurso de hábeas corpus y

les dio traslado a las autoridades recurridas.

Por escrito incorporado al expediente digital a las 06:59 horas del

19 de octubre de 2020, informa bajo juramento Michael Soto Rojas, en su

condición de Ministro de Seguridad Pública. Señala, que debido a todos los

actos vandálicos ocurridos en la región de Guanacaste producto de los

bloqueos, se confeccionó la noticia “criminis”

MSP-DM-DVUFP-DGFP-ALR5-07-10-2020, en la cual se indica una serie

de actos vandálicos que se han ido suscitando en todo el país, pero en este

caso particular en la región de Guanacaste. Explica, que debido a la

agresividad de los manifestantes del sector de la Irma, Cañas y otros lugares

aledaños, la Fuerza Pública envió el 08 de octubre de 2020 al sector de

Guanacaste a varios grupos operativos de distintas regiones para apoyar la

labor de vigilancia y mantenimiento del orden público, pues días anteriores

los manifestantes del sector de la Irma, quemaron una buseta de la Fuerza

Pública. Añade, que debido a la agresividad de dichos manifestantes se tomó

la decisión de reforzar el lugar con policías de Alajuela, Heredia y San José.

Agrega, que se adjunta al informe, las actas de observación de no portación

de armas y listas de asistencia de los oficiales de policía de los grupos

operativos llegado al lugar. Menciona, que a las 13:00 horas del 08 de

octubre de 2020, en la intervención realizada en Guanacaste, se detuvieron a

las siguientes personas: [Valor 009], cédula

[Valor 012], se le confeccionó el

informe policial No. 115268-20. [Nombre 041], [Valor 013], menor de edad

de 17 años, se le confeccionó el informe policial No. 115276-20, [Nombre

042], cédula [Valor 014], se le confeccionó el informe policial No.

115268-20, [Nombre 043], cédula [Valor 015]

, se le confeccionó el informe

policial No. 115268-20, [Nombre 044], cedula [Valor 016], [Nombre 045],

cédula [Valor 017] menor de 16 años, [Nombre 046]

, cédula [Valor 018],

menor de 14 años, se le confeccionó el informe policial No.

115276-20, [Nombre 047], cédula [Valor 019]

, menor de 14 años, se le

confeccionó el informe policial No 115276-20, menor de 14 años, [Nombre

048], cédula [Valor 020], se le confeccionó el informe policial No.

115180-20, [Nombre 049], cédula de identidad

[Valor 021], se le

confeccionó del informe policial No. 115180-20,

[Nombre 050], cédula

[Valor 022], se le confeccionó el informe policial No. 11518520, 114845-20 y

115008-20, estos en tres días diferentes, [Nombre 051], cédula

[Valor 023],

se le confeccionó el informe policial No. 115145-20, [Nombre 052], cédula

[Valor 024], se le confeccionó el informe policial No. 115145-20,

[Nombre

053], cédula [Valor 025], se le confeccionó el informe policial No.

115145-20, [Nombre 054], cédula [Valor 026]

, se le confeccionó en informe

policial No. 115145-20, [Nombre 055], cédula de identidad

[Valor 027], se le

confeccionó el informe policial No. 115209-20, [Nombre 056], cédula

[Valor 028], y [Nombre 057], cédula de identidad 5-349-918, se

confeccionaron los partes N° 115505-20, No.

114942-20. Refiere, que se adjunta la bitácora llevada por la Licda. María

Salas del 08 de octubre de 2020, donde se consignaron varios actos

delictivos donde se demuestra que la manifestación que estaban haciendo el

recurrente y demás tutelados NO ERA PACÍFICA. Por ejemplo, señala, que

en dicha bitácora se consignaron los siguientes hechos: 1- 07:38 horas se

hace el hallazgo de una botella de vidrio. al parecer una bomba molotov. 2-

09:35 se puso en conocimiento a la Fiscal Priscilla Arce sobre el hallazgo de

la bomba molotov. 3- 17:05 se reporta el traslado de los policías Freddy

Martínez Espinoza y Luis Antonio López Rojas a la Clínica para la debida

atención médica por varias heridas causadas por los manifestantes. 4- 15:29

Los manifestantes estaban lanzando piedras a los oficiales de policía. 5-

15:41 se reporta que el Subjefe de Liberia Yeison Padilla y el Comandante

José Luis Álvarez, se encontraban golpeados. 6- 15:56 El oficial Freddy

Martínez sufrió un trauma en su cabeza producto de un impacto con una

piedra. 7. 16:27 GRUPO DE MANIFESTANTES LANZANDO PIEDRAS A

LA FISCALÍA DE CAÑAS. 8- 16:36 La Fiscalía de Cañas decide trasladar a

los detenidos porque la turba de manifestantes estaba lanzando piedras a la

Fiscalía de Cañas y deciden trasladarse tanto los fiscales como los detenidos

a la Fiscalía de Liberia. por prevención de los mismos detenidos y los

fiscales. Aclara, que todos estos hechos participaron los manifestantes.

Arguye, que las manifestaciones no fueron de forma pacífica, pues se

ejecutaron en gran escala actos vandálicos. Aduce, que todas las personas

que el recurrente indica en este recurso, a saber [Nombre 001]. [Nombre

002], [Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre

007], y [Nombre 008], NO APARECEN COMO PERSONAS

DETENIDAS. Menciona, que se aporta cuadro de personas detenidas en la

región y el informe Oficio

MSP-DM-DVURFP-DGFP-DO-DIP-SAE-DR5-041-2020, de fecha 15

octubre de 2020, elaborado por el Analista Policial Haydee Varela Rodríguez.

Además, indica, que se aporta la certificación del Lic. Gabriel Sandí

Sequeira, asesor legal de la Fuerza Pública de Guanacaste, en donde se

indica la detención y traslado de varias personas detenidas en dicha región.

Solicita, que se declare sin lugar el recurso.

Por escrito incorporado al expediente digital a las 06:59 horas del

19 de octubre de 2020, informa bajo juramento Daniel Calderón Rodríguez,

en su condición de Director de la Fuerza Pública del Ministro de Seguridad

Pública, quien rinde su informe en los mismos términos que lo hizo el señor

Ministro de Seguridad Pública. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

En los procedimientos seguidos se ha observado las

prescripciones legales.

Redacta el Magistrado

Salazar Alvarado; y,

OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala, que el

Ministerio de Seguridad Pública realizó una incursión abusiva en el Cantón de

Cañas para remover unos bloqueos que nunca existieron en la vía pública.

Asegura, que varias personas que se encontraban transitando, sin que

tuvieran ninguna participación en bloqueos o manifestación alguna, y que

estaban ejerciendo su derecho de expresión en forma pacífica, fueron

atacados brutalmente por los policías de la Fuerza Pública con el uso de la

fuerza y gases lacrimógenos.

HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este

asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)El 07 de octubre de 2020, se presentaron bloqueos en el puente

del río Cañas, sobre la Ruta 1, por lo que se desplazaron

efectivos de la Fuerza Pública al lugar, levantándose el bloqueo

(ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio recurrido

y prueba adjunta).

b)El 08 de octubre de 2020, la Dirección Regional de Apoyo

Legal, de la Dirección Regional Cinco Guanacaste del Ministerio

de Seguridad Pública, emitió el informe denominado “Acta de

Verificación de Noticia Criminis” en el que se indica que se

reportaron, a través del sistema 9-1-1- actos vandálicos

ocurridos en la región de Guanacaste producto de los bloqueos,

por lo que se procedió con el despliega de oficiales a la zona, a

fin de proteger el orden público, la tranquilidad y paz social (ver

informe rendido bajo juramento por el Ministerio recurrido y

prueba adjunta).

c)Varios grupos operativos del Ministerio recurrido de distintas

regiones del país, se trasladaron a Guanacaste para apoyar la

labor de vigilancia y mantenimiento del orden público, pues días

anteriores los manifestantes del sector de la Irma, quemaron una

buseta de la Fuerza Pública (ver informe rendido bajo juramento

por el Ministerio recurrido y prueba adjunta).

d)Según las “actas de observación” y “listas de asistencia” el día

del evento, los efectivos de la Fuerza Pública no portaron armas

en el lugar de los hechos (ver informe rendido bajo juramento

por el Ministerio recurrido y prueba adjunta).

e)A las 13:00 horas y a las 13:20 horas del 08 de octubre de 2020,

la Dirección Policial de Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad

Pública, realizó la advertencia a las personas que obstruían la

vía pública, dificultando el paso de peatones y el tránsito

vehicular -Cañas, Guanacaste, Ruta 1- que si continuaban

impidiendo el libre tránsito de vehículos o personas, dicha

conducta podría generar responsabilidad penal, por lo que se

les otorgó un lapso de 20 minutos, para que desistieran de sus

acciones y restableciesen el libre tránsito en el lugar (ver informe

rendido bajo juramento por el Ministerio recurrido y prueba

adjunta).

f)A las 13:00 horas del 08 de octubre de 2020, en la intervención

realizada en Guanacaste, se detuvieron a las siguientes personas:

[Valor 009], cédula [Valor 012]

. se le confeccionó el informe

policial N° 115268-20, [Nombre 041], cédula

[Valor 013], menor

de edad de diecisiete años, se le confeccionó el informe

policial N°

115276-20, [Nombre 042], cédula [Valor 014]

, se le

confeccionó el informe policial N° 115268-20, [Nombre 043],

cédula [Valor 015], se le confeccionó el informe policial N°

115268-20, [Nombre 044], cedula [Valor 016], [Nombre 045],

cédula [Valor 017] menor de dieciséis años,

[Nombre 046],

cédula [Valor 018], menor de catorce años, se le confeccionó el

informe policial N°

115276-20, [Nombre 047], cédula 5-0463-0586, menor de

catorce años, se le confeccionó el informe policial N°

115276-20, [Nombre 048], cédula [Valor 020]

, se le

confeccionó el informe policial N° 115180-20, [Nombre 049],

cédula de identidad [Valor 021], se le confeccionó del informe

policial N° 115180-20, [Nombre 050], cédula

[Valor 022], se le

confeccionó el informe policial N°

11518520, N° 114845-20 y N° 115008-20, estos en tres días

diferentes, [Nombre 051], cédula [Valor 023]

, se le confeccionó

el informe policial N° 115145-20, [Nombre 052], cédula

5-0389-0464, se le confeccionó el informe policial N°

115145-20, [Nombre 053], cédula [Valor 025]

. se le

confeccionó el informe policial N°

115145-20, [Nombre 054], cédula [Valor 026]

, se le

confeccionó en informe policial N° 115145-20, [Nombre 055],

cédula de identidad [Valor 027], se le confeccionó el informe

policial N° 115209-20, [Nombre 056], cédula

[Valor 028] y

[Nombre 057], cédula de identidad 5-0349-0918, se

confeccionaron

los partes N° 115505-20, N° 114942-20 (ver informe rendido

bajo juramento por el Ministerio recurrido y prueba adjunta).

g)Según la bitácora del 08 de octubre de 2020, llevada por la

Licda. María Lidiette Salas Guevara, Asesora Legal de la

Delegación de la Fuerza Pública de Guanacaste, se consignaron

varios actos delictivos donde se demuestra que la manifestación

que estaban realizando el recurrente y las personas que

menciona en su escrito de interposición, NO ERA PACÍFICA

(ver informe rendido bajo juramento por el Ministerio recurrido

y prueba adjunta).

h)En la bitácora de la Licda. Salas Guevara, se consignaron los

siguientes hechos: 1- 07:38 horas se hace el hallazgo de una

botella de vidrio. al parecer una bomba molotov. 2- 09:35 horas

se puso en conocimiento a la Fiscal Priscilla Arce sobre el

hallazgo de la bomba molotov. 3- 17:05 horas se reporta el

traslado de los policías Freddy Martínez Espinoza y Luis

Antonio López Rojas a la Clínica para la debida atención

médica por varias heridas causadas por los manifestantes. 4-

15:29 horas los manifestantes estaban lanzando piedras a los

oficiales de policía. 5- 15:41 horas se reporta que el Subjefe de

Liberia Yeison Padilla y el Comandante José Luis Álvarez, se

encontraban golpeados. 6- 15:56 horas el oficial Freddy

Martínez sufrió un trauma en su cabeza producto de un impacto

con una piedra. 7. 16:27 horas GRUPO DE MANIFESTANTES

LANZANDO PIEDRAS A LA FISCALÍA DE CAÑAS. 8-

16:36 hora la Fiscalía de Cañas decide trasladar a los detenidos

porque la turba de manifestantes estaba lanzando piedras a la

Fiscalía de Cañas. Además, deciden trasladarse tanto los

fiscales, como los detenidos a la Fiscalía de Liberia, por

prevención de los mismos detenidos y los fiscales (ver informe

rendido bajo juramento por el Ministerio recurrido y prueba

adjunta).

i)Todas las personas que el recurrente indica en este recurso, a

saber [Nombre 001]. [Nombre 002], [Nombre 003], [Nombre

004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007], y [Nombre

008], NO APARECEN COMO PERSONAS DETENIDAS (ver

informe rendido bajo juramento

por el Ministerio recurrido y prueba adjunta).

III.-

HECHOS NO PROBADOS. No se estiman demostrados los

siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

a)Que algunas de las personas a las que hace mención el tutelado,

hayan sido golpeadas o afectadas por gases lacrimógenos,

producto de la intervención de miembros de la Fuerza Pública

en los hechos ocurridos el 08 de octubre de 2020 (los autos).

SOBRE EL HÁBEAS CORPUS Y EL DERECHO QUE

TIENE CUALQUIER PERSONA DE, TRASLADARSE Y DE

PERMANECER LIBREMENTE EN CUALQUIER PUNTO DE LA

REPÚBLICA. De previo a entrar al análisis de fondo de este asunto, es

necesario realizar algunas precisiones acerca del objeto del recurso de hábeas

corpus, que se estiman necesarias como marco de referencia indispensable

para la resolución del conflicto aquí planteado. Sobre el derecho que tiene

cualquier persona de trasladarse y permanecer libremente en cualquier punto

de la República, el artículo 22, de la Constitución Política, establece lo

siguiente: “ARTICULO

Todo costarricense puede trasladarse y

permanecer en cualquier punto de la República o fuera de ella, siempre

que se encuentre libre de responsabilidad, y volver cuando le convenga. No

se podrá exigir a los costarricenses requisitos que impidan su ingreso al

país”. Se puede extraer del análisis del artículo anterior, que todo

costarricense, en principio, puede trasladarse libre y voluntariamente por

todo el territorio nacional, sin necesidad de autorización previa por parte del

Estado. Además, cualquier tipo de limitación a la libertad de trasladarse o de

permanecer en cualquier punto de la República, debe de obedecer a criterios

razonables y proporcionales, establecidos en la ley. En consonancia con lo

anterior, el artículo 48, de nuestra Constitución Política, consagra el recurso

de hábeas corpus a favor de cualquier persona, de la siguiente forma:

“ARTÍCULO

Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus

para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de

amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos

consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter fundamental

establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,

aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la

Sala indicada en el artículo 10”. En este orden de ideas, contempla nuestra

Constitución Política, en su artículo 48, el recurso de hábeas corpus como

un derecho para garantizar la libertad e integridad personales. Sobre los

alcances del hábeas corpus, en relación con los actos u omisiones de una

autoridad pública, que atenten o amenacen en contra del derecho que tiene

cualquier persona de, trasladarse y de permanecer libremente en cualquier

punto de la República, el artículo 15, de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, establece lo siguiente: “Artículo

Procede el hábeas

corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los

actos u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden,

incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o

restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las

autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de

trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia,

salida e ingreso en su territorio”. Ahora bien, existen casos -como el

presente-, que reúne condiciones particulares, donde la eficacia del derecho

consagrado en el artículo 22, de la Constitución Política, necesita de la

actuación estatal para garantizar el derecho que tiene todo costarricense de

trasladarse libre y voluntariamente por todo el territorio nacional. En

principio, el recurso de hábeas corpus no tutela las acciones u omisiones

ejecutadas por personas particulares o sujetos del derecho privado (ver

Sentencia N° 2016-016094 de las catorce horas treinta minutos del uno de

noviembre de dos mil dieciséis; y Sentencia N° 2014-006174 de las catorce

horas treinta minutos del trece de mayo del 2014), por cuanto tales

escenarios encuentran tutela judicial efectiva en las diversas jurisdicciones

ordinarios de nuestro ordenamiento jurídico (jurisdicción Penal, jurisdicción

de Familia, Jurisdicción Migratoria entre otras). Sin embargo, las acciones

ejecutadas por personas particulares o sujetos del derecho privado, que

limitan el derecho que tiene todo costarricense de trasladarse libre y

voluntariamente por todo el territorio nacional, son susceptibles de

conocerse por la vía del habeas corpus, cuando tales actos u omisiones

deben de ser atendidos por parte del Estado, a raíz de un mandato

constitucional o legal, que los obligue a prevenir y a ejecutar los actos

necesarios para hacer cesar sus efectos, con el objetivo de restablecer a las

personas, en el goce de su derecho de trasladarse libre y voluntariamente por

todo el territorio nacional. En relación con la anterior premisa, esta Sala,

mediante Sentencia N° 2017-003886 de las 14:30 horas del 14 de marzo de

2017, dispuso lo siguiente: “…Precisamente, el Estado tiene la potestad

-exclusiva- de hacer uso de la fuerza legítima para garantizar la libertad

de tránsito de las personas, la cual debe ser ejercida de manera razonable

y además, tomar en forma oportuna e inmediata las medidas preventivas

necesarias para evitar poner en peligro la seguridad del país y proteger los

derechos de los demás ciudadanos. Para ello, el Estado cuenta con los

medios y las fuerzas de policía necesarias para remover cualquier

obstáculo de la vía, desde el mismo momento en que se está produciendo el

bloqueo, lo cual constituye su obligación para evitar que se violenten los

derechos de los demás”.

SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LIBERTAD

DE TRÁNSITO. Este Tribunal, mediante el Voto N° 2012-017291 de las

14:30 horas del 11 de diciembre de 2012, respecto a la libertad de expresión

y la libertad de tránsito, señaló:

“…

Sobre la libertad de expresión. La libertad de

expresión reconocida en los numerales 28 y 29 de la

Constitución Política,

establece que toda persona tiene derecho a la libertad de

investigación, de opinión, de expresión y de difusión del

pensamiento por cualquier medio. Nadie puede ser inquietado

ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por

acto alguno que no infrinja la ley. El ejercicio del derecho a la

libertad de pensamiento o expresión no puede estar sujeto a

previa censura sino únicamente a responsabilidades ulteriores,

que deben estar fijadas por la ley y ser necesarias para

asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los

demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden

público o la salud o la moral públicas. Asimismo, está

reconocido en el artículo 4 de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es menester

indicar que este Tribunal ya se ha referido en otros casos al

ejercicio de ponderación que debe efectuarse entre la libertad

de expresión y la libertad de tránsito. Así, mediante sentencia

número 2000-03020 de las 08:56 horas del 14 de abril de

2000, se estableció lo siguiente: Lo expuesto nos permite

sintetizar el cuadro fáctico objeto de esta acción de hábeas

corpus en los términos que siguen. La protesta realizada el

veintidós de marzo pasado por un grupo de personas que se

ubicaron frente a la “Fuente de la Hispanidad”, constituye

una manifestación de la libertad de expresión que el

ordenamiento jurídico les garantiza. Sin embargo, el ejercicio

de esta libertad no puede ser irrestricto, en tanto no podrá

transgredir el contenido mínimo esencial de los derechos y

libertades reconocidos a favor de los terceros, entre éstos, la

libertad de tránsito. En caso de que este exceso se verifique, el

Ministro de Seguridad Pública podrá realizar las acciones

que estime necesarias para la protección de los derechos y

libertades fundamentales que están siendo lesionados con el

ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero si, como se

indicó previamente, el fin de la actuación de la policía es

tutelar efectivamente un derecho lesionado a consecuencia del

ejercicio abusivo de otro derecho, el medio utilizado deberá ser

razonable y, por lo tanto, adecuado, necesario, y proporcional

al fin buscado. Esto significa que no es posible que el medio

para garantizar la tutela de derechos y libertades

fundamentales de unos sea, precisamente, la transgresión de

los derechos y libertades fundamentales de los otros. Debido a

que la naturaleza de la semántica constitucional hace posible

la multiplicidad de interpretaciones, de previo a determinar

si en el caso que nos ocupa la actuación realizada por la

policía lesionó los derechos y libertades de los amparados,

corresponde precisar algunos aspectos sobre los siguientes

temas de relevancia: libertad de expresión, libertad de

tránsito, requisitos de validez constitucional de la detención,

fuerza pública, contenido mínimo esencial de los derechos,

razonabilidad.

Fuerza pública. - Los constituyentes de 49 definieron

claramente, en los artículos 12 y 140 de la Constitución

Política, el carácter civilista del Estado costarricense y la

finalidad de integrar a la fuerza pública dentro del modelo de

Estado. En lo conducente, los textos normativos citados

indican:

"Artículo

Se proscribe el ejército como institución

permanente. Para la vigilancia y conservación del orden

público, habrá las fuerzas de policía necesarias..."

"Artículo 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden

conjuntamente al presidente y al respectivo Ministro de

Gobierno:

Mantener el orden y la tranquilidad de la

Nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo

de las libertades públicas...".

De lo dispuesto en la normativa transcrita, se concluye que el

Estado, a través de los órganos y autoridades debidamente

autorizados por la Constitución y las Leyes, tiene el monopolio

de la fuerza legítima, esto es, la que puede emplearse,

racionalmente, para hacer cumplir las leyes, mantener el

orden público y proteger los derechos y libertades de los

ciudadanos. Pero el Derecho de la Constitución también

garantiza a favor de los particulares el uso de la fuerza, en

legítima defensa propia o de terceros, por medios

racionalmente encaminados a repeler un ataque inminente, y

también en algunas circunstancias excepcionales, como la

detención del autor en un flagrante delito. Resulta importante

enfatizar que el uso de la fuerza debe ser justificado y

proporcional al fin que legítimamente se persigue. De lo

contrario, se puede calificar de injustificado o de excesivo. El

uso indebido de la fuerza incluye específicamente situaciones

en que el empleo de la fuerza pudo haber sido justificado en

principio, pero fue excesivo y no guardó proporción con las

necesidades de la situación. Si los particulares cometen

crímenes o utilizan abusivamente la fuerza, aunque sea por

motivos o pretextos políticos, el Estado cuenta con el Poder

Judicial, la policía, la prensa, la opinión pública; esto es, con

un conjunto importante de instituciones y medios que pueden

movilizarse para denunciar, investigar y castigar estos

crímenes. Pero cuando el propio Estado utiliza ese poder para

atentar contra los derechos de los ciudadanos, éstos se

encuentran en la mayor indefensión. Los actos de terrorismo u

otras acciones ilegítimas que se cometan bajo motivos o

pretextos políticos, no pueden servir para pretender justificar

las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado;

y el hecho de que el monopolio de la fuerza pública que

detenta el Estado se emplee para violar los derechos de las

personas es de una gravedad singular. Distintos gobiernos, en

los más variados países, con frecuencia califican las acciones

violentas de sus opositores de "violaciones de derechos

humanos" como para justificar sus propios abusos, que

presentan como necesarios para enfrentar tales acciones. Sin

embargo, en una aplicación correcta del Derecho

Internacional Humanitario y la doctrina de los derechos

humanos, no es posible combatir el uso abusivo de la fuerza

con el uso abusivo de la fuerza. Si el fin de que el Estado use

la fuerza es proteger los derechos humanos, los medios

utilizados deber ser coherentes con el fin pretendido. El fin no

justifica los medios, los medios definen el fin; y si los medios

implican la transgresión de los derechos humanos el fin no es

la protección de los mismos, sino su violación. No cabe duda

que la opinión pública mayoritariamente condena toda forma

de mantener o buscar el poder, o de dirimir conflictos políticos

mediante abusos o atrocidades. En la conciencia pública ha

ingresado la idea de que existen ciertos valores de humanidad

que deben ser respetados no solamente por el Estado sino por

todos los actores políticos. Tales normas de humanidad,

profundamente intuidas por la opinión pública, se derivan en

parte del Derecho Internacional Humanitario, y han pasado a

ser sinónimo de la expresión derechos humanos. Ellas rigen a

todos los actores políticos, estatales o particulares, en tiempo

de paz; y a todas las fuerzas combatientes en caso de conflicto

armado, cualquiera que sea la naturaleza del conflicto

armado de que se trate. Y no pretenden evitar del todo los

conflictos, sino ponerles ciertos márgenes.

La libertad de expresión y su relación con la libertad de

reunión pacífica. En un sistema democrático respetuoso de

los derechos humanos, tanto la libertad de expresión como la

libertad de reunión pacífica constituyen derechos humanos

que deben ser salvaguardados y ponderados. Al respecto, en

torno a la libertad de expresión, la Corte Europea de

Derechos Humanos ha manifestado que "la libertad de

expresión constituye uno de los pilares esenciales de una

sociedad democrática y una condición fundamental para su

progreso y para el desarrollo personal de cada individuo.

Dicha libertad no solo debe garantizarse en lo que respecta a

la difusión de información o ideas que son recibidas

favorablemente o consideradas como inofensivas o

indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden,

resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector

de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la

tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe

una sociedad democrática. Esto significa que [...] toda

formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la

materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue

(Perna v. Italia, Sentencia del 6 de mayo de 2003). En cuanto

al marco normativo positivo atinente a la libertad de

expresión, el artículo 19 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos determina que todo individuo tiene

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio

de expresión. Asimismo, el numeral 19 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos estatuye que nadie puede ser

molestado a causa de sus opiniones (párrafo 1). Se aclara

que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo

que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección

(párrafo 2). No obstante, el párrafo 3 pondera ese derecho,

al indicar que su ejercicio entraña deberes y

responsabilidades especiales, por lo que puede ser restringido

por mandato legal expreso, siempre que ello sea necesario

para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de

los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el

orden público o la salud o la moral públicas. En adición a lo

anterior, la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre, aprobada en el marco de la Novena

Conferencia Internacional Americana celebrada en 1948, en

cuanto a la libertad de expresión, señala en el artículo IV:

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de

opinión y de expresión y difusión del pensamiento por

cualquier medio. Vale aclarar que tal instrumento, al igual

que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a

pesar de haber sido adoptada como declaración y no como

tratado, constituye una fuente de obligaciones para los

estados miembros de la OEA (Opinión Consultiva OC-10/89

del 14 de julio de 1989, James Ferry Roach y Jay Pinkerton c.

Estados Unidos, resolución del 22 de setiembre de 1987,

Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c Estados Unidos, informe N°

51/01 del 4 de abril de 2001). El ordinal 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos regula ampliamente el

derecho humano a la libertad de expresión. El punto 1)

establece que toda persona tiene derecho a la libertad de

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección. Acto seguido, el punto 2)

estatuye la prohibición de la censura previa y la sujeción a

responsabilidades ulteriores, que deben estar expresamente

fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto

a los derechos o a la reputación de los demás; y, b) la

protección de la seguridad nacional, el orden público o la

salud o la moral públicas. En el punto 3) se prohíbe restringir

el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel

para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y

aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Finalmente, en el punto 5) se señala la prohibición por ley de

toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a

la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen

nacional. De otro lado, en cuanto al derecho de reunión

pacífica, el artículo 20.1 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos contempla que toda persona tiene derecho

a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Igualmente, el numeral 21 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos comienza por reconocer el derecho

de reunión pacífica. Empero, acto seguido establece que el

ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una

sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, la

seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud

o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

En similar sentido, el artículo XXI de la Declaración de los

Derechos y Deberes del Hombre establece: Toda persona tiene

el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en

manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación

con sus intereses comunes de cualquier índole. Por su parte, el

numeral 15 de la Convención Americana de Derechos

Humanos reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas

y, al igual que el artículo 21 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, establece que el ejercicio de tal

derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por

la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en

interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden

públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los

derechos o libertades de los demás Ambos derechos, reunión

pacífica y libertad de expresión, confluyen toda vez que el

derecho de reunión pacífica se materializa, entre otros modos,

a través de la libre expresión de las ideas. De ahí que el

derecho a manifestarse públicamente involucre las mismas

salvaguardas y límites de los derechos de reunión pacífica y

expresión. Precisamente, en la opinión consultiva número OC

5/85 del 13 de noviembre de 1985, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos dijo: La libertad de expresión se

inserta en el orden público primario y radical de la

democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que

la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. Ahora

bien, en cuanto a las limitaciones, la jurisprudencia

internacional ha establecido estándares que ejemplifican la

ponderación que debe existir entre tales derechos, tendente a

procurar un equilibrio a fin de que el contenido esencial de

cada uno de ellos quede preservado. Así, en el Caso

Kivenmaa c. Finlandia (decisión de 10 de junio de 1994),

jóvenes agrupados frente al palacio presidencial se

manifestaron críticamente contra un Jefe de Estado invitado

por el presidente de Finlandia y alzaron pancartas en contra.

Una persona se hizo responsable de una de las pancartas, y

fue acusada por haber celebrado una reunión pública sin

notificarlo previamente a las autoridades. El Comité de

Derechos Humanos consideró que si bien el requisito de la

notificación previa era compartible con el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cierto es que

se había violentado el derecho a la libertad de expresión de

la petente porque Finlandia no había invocado ninguna ley

que permitiera restringir la libertad de expresión, ni tampoco

había demostrado que tal restricción fuera necesaria para

la protección de la seguridad nacional, el orden público o la

salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los

demás. En otro caso, Tae-Hoon Park c. República de Corea,

el petente fue condenado en realidad por manifestaciones

críticas en contra de la política oficial de Corea del Sur

respecto de Corea del Norte, y su participación en

manifestaciones pacíficas en EE.UU en contra de la

intervención de ese país. El Comité de Derechos Humanos

resolvió que se había violentado el derecho a la libertad de

expresión del petente porque Corea del Sur no había

especificado el carácter de la amenaza que supuestamente

surgía de las manifestaciones del petente, ni tampoco había

demostrado que la restricción fuera compatible con el artículo

19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha

establecido que las restricciones a la libertad de expresión

tienen que ser necesarias, lo que implica una necesidad social

imperiosa, para cuyo efecto las restricciones deben ser

proporcionadas al interés legítimo perseguido (Barthold c.

Alemania, sentencia del 25 de marzo de 1985). Otro caso

relacionado directamente con el ejercicio de la libertad de

reunión pacífica y de expresión, Ezelin c. Francia (26 abril

1991), versa sobre una sanción disciplinaria impuesta a un

abogado participante en una manifestación contra decisiones

judiciales de condena de tres independentistas en la isla de

Guadalupe en la que realizaron actos injuriosos contra la

magistratura sin la desaprobación del denunciante. El

tribunal declaró que el demandante ejercitaba su derecho a

participar en una manifestación autorizada, no profirió las

amenazas que tuvieron lugar durante aquella, y estimó que

había habido una ingerencia en la libertad de reunión

pacífica que se pretendía justificar por la "defensa del orden".

El Tribunal declaró la violación del artículo 11 del Convenio

Europeo de Derechos Humanos, por considerar que la

sanción impuesta era desproporcionada con respecto al

ejercicio de esa libertad. En ese sentido, indicó que "la

proporcionalidad reclama poner en la balanza los imperativos

de los fines enumerados en el art. 11.2 con los de la libre

expresión por la palabra, el gesto o el silencio de la opinión

de las personas reunidas en la calle o en otros lugares

públicos. La búsqueda de un justo equilibrio no debe llevar a

desanimar a los abogados, por temor a sanciones

disciplinarias, de expresar sus convicciones en tal

circunstancia.”. En Chorherr c. Austria (sentencia de 25 de

agosto de 1993), el demandante y un amigo fueron detenidos

por negarse a suspender la distribución de folletos que

exhortaban a un referéndum sobre la adquisición de un avión

de combate por parte de las Fuerzas Armadas Austriacas. Su

manifestación había causado conmoción en una ceremonia

militar en la que se conmemoraba el trigésimo aniversario de

la neutralidad austriaca. Ambos amigos fueron informados

por un oficial de policía de que estaban perturbando el orden

público y les indicó que cesaran su manifestación. Se negaron

a acatar la orden, invocando su derecho a la libertad de

expresión. Pese a posteriores advertencias, el demandante y su

amigo siguieron distribuyendo panfletos. Fueron arrestados y

detenidos durante tres horas y media. Al respecto, la Corte

Europea sostuvo que, si bien existía una interferencia de una

autoridad pública con el derecho a la libertad de expresión

del demandante, no menos cierta era que estaba prescrita por

ley y había sido aplicada con un objetivo legítimo, a saber, la

prevención del desorden. En Steel y otros c. Reino Unido

(sentencia del 23 de septiembre de 1998), se trata el caso de

cinco peticionarios. En cuanto al primer peticionario, el 22

de agosto de 1992, este y alrededor de otras 60 personas

participaron en una protesta en contra de la caza de

urogallos. Los manifestantes trataron de obstruir y distraer a

aquellos que participaban de la caza. Cuando la policía

llegó, comenzó a advertir a los manifestantes que cesaran su

conducta. Como estos no obedecieron, varios de los

manifestantes fueron arrestados. Relativo al segundo

peticionario, el 15 de septiembre de 1993, la peticionaria

participó en una protesta en contra de la ampliación de una

autopista en Londres. Entre 20 y 25 manifestantes

irrumpieron en el sitio de construcción, sin causar incidentes

de violencia ni dañar la construcción. La peticionaria fue

arrestada por conducta posible de provocar disturbios a la

paz. En referencia al tercer, cuarto y quinto peticionarios, el

20 de enero de 1994, los peticionarios asistieron a un centro

de conferencias en Londres, donde se llevaba a cabo la

Conferencia de Helicópteros de Combate II, para protestar en

contra de la venta de helicópteros de combate. Entregaron

panfletos y llevaban pancartas que decían Trabaja por la paz

y no por la guerra. El Estado alegó que las detenciones de

los peticionarios se adecuaban al poder del Estado de detener

a sus ciudadanos por conductas que causen un actual o

razonable (para justificar la detención) riesgo a la paz.

Empero, la Corte Europea analizó, con respecto a cada uno

de los peticionarios, si las restricciones a la libertad de

expresión estaban prescritas por ley, perseguían un objetivo

legítimo (alguno de los establecidos en el inciso 2 del artículo

y eran necesarias en una sociedad democrática. Con

respecto a si las restricciones estaban prescriptas por ley, la

Corte Europea sostuvo que en el caso del primer y el segundo

peticionario, las restricciones estaban prescriptas por ley,

mientras que en el caso del tercer, cuarto y quinto peticionario

no lo estaban en cuanto las manifestaciones habían sido

completamente pacíficas, sin poner el riesgo la paz. La Corte

Europea manifestó que, en todos los casos, las detenciones de

los peticionarios tenían por objeto prevenir el desorden y

proteger los derechos de otros, objetivos legítimos de

conformidad con el artículo 10 de la Convención. En cuanto

a la necesidad de las restricciones en una sociedad

democrática, la Corte Europea expresó que, en el caso del

primer peticionario, el riesgo de desorden producto de la

constante obstrucción de los manifestantes justificaba la

detención del peticionante y que, por lo tanto, no era una

medida desproporcionada. En relación con el segundo

peticionario, la Corte Europea sostuvo que la conducta de la

peticionante podía causar disturbios a la paz, y que para

proteger el orden público y los derechos de otros, la detención

no había sido desproporcionada. Con respecto al tercer,

cuarto y quinto peticionarios, la Corte Europea manifestó que,

dado que las restricciones no estaban prescriptas por ley

porque la conducta de los peticionarios no constituía un

riesgo a la paz, las restricciones eran desproporcionadas a

los efectos de prevenir el desorden y proteger los derechos de

otros, razón por la cual no eran necesarias en una sociedad

democrática. Por su parte, el Tribunal Constitucional

Español, en sentencia número 42/2000 de 14 de febrero de

2000, estableció que el derecho de reunión cuando se ejercita

en lugares de tránsito público es una manifestación colectiva

de la libertad de expresión ejercitada a través de una

asociación transitoria de personas que opera a modo de

técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o

exposición de ideas, de la defensa de intereses o de la

publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo,

por tanto, un cauce relevante del principio democrático

participativo, cuyos elementos configuradores son el subjetivo

-agrupación de personas-, el temporal -duración

transitoria--, el finalista -licitud de la finalidad- y el real u

objetivo -lugar de celebración. Además, agregó que Este

Tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las

alteraciones del orden público que ocasionan las

concentraciones que afectan a la circulación de vehículos por

vías de tránsito público señalando que el "ejercicio de este

derecho, por su propia naturaleza, requiere la utilización de

los lugares de tránsito público y, dadas determinadas

circunstancias, permite la ocupación, por así decir

instrumental de las calzadas", reconociendo que "la

celebración de este tipo de reuniones suele producir trastornos

y restricciones en la circulación de personas y, por lo que aquí

interesa, de vehículos" (SSTC 59/1990, FJ 6; 66/1995, FJ 3).

No obstante, tales constataciones no conducen a este Tribunal

a considerar que cuando el ejercicio de este derecho

fundamental conlleve las señaladas restricciones, el mismo no

sea constitucionalmente legítimo, sino, al contrario, a

entender que "en una sociedad democrática el espacio urbano

no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio

de participación" (STC 66/1995, FJ 3). Con base en tales

antecedentes y la normativa descrita, es evidente que, en el

marco de una sociedad democrática, tolerante y de libertad, el

ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la

libertad de reunión pacífica, reviste un interés social

imperativo. Por consiguiente, las limitaciones a tales derechos

no deben llegar a tal extremo que se afecte su contenido

mínimo esencial. Al respecto, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos ha manifestado que los gobiernos no

pueden sencillamente invocar una de las restricciones

legítimas de la libertad de expresión, como el mantenimiento

del orden público, como medio para suprimir un derecho

garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o

privarlo de contenido real. Si esto ocurre, la restricción

aplicada de esa manera no es legítima (105 CIDH, Capítulo

V, Informe Anual 1994, Informe sobre la compatibilidad

entre leyes de desacato y la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 9 rev). Como

indica la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la

OEA: dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer

regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de

reunión para proteger los derechos de otros. No obstante, al

momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por

ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta

que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho

más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes

fundamentos de toda la estructura democrática: el

socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente

el nervio principal del sistema democrático. Así las cosas, toda

medida tendente a limitar las manifestaciones públicas debe

procurar que en su aplicación se resguarde el contenido

esencial de los derechos humanos de reunión pacífica y

libertad de expresión. Las limitaciones no deben depender del

contenido de lo que se vaya a expresar a través de una

manifestación pública, deben servir a un interés público y

dejar otras vías alternativas de comunicación. Las

limitaciones deben tener sustento legal y solo pueden tener por

objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un

peligro eventual. Por otra parte, un requerimiento de

declaración previa, -donde únicamente se notifica a la

Administración para ejercer el derecho es constitucional por

razones de orden público y para que aminoren los efectos

sobre el derecho fundamental de la otra libertad de

circulación-. En cuanto al poder penal del Estado, debe ser

usado como recurso de ultima ratio para el aseguramiento de

la paz social, no como un mero mecanismo de control social.

De ahí que el artículo 256 bis del Código Penal, mediante el

cual se penaliza la obstrucción de la vía pública, deba

interpretarse de modo que su aplicación no suponga una

afectación al contenido esencial de los derechos

constitucionales de reunión pacífica y libertad de expresión.

En tal sentido, las conductas a que se refiere esa norma penal,

en lo atinente a manifestaciones públicas, están referidas

únicamente a aquellas en que comprueben lesiones

considerables a los derechos de otras personas o a los bienes

del Estado. Verbigracia, una protesta en que los manifestantes

agredan a las fuerzas de seguridad u otras personas, o bien,

realicen actos vandálicos contra bienes públicos o privados,

excede el contenido protector del derecho a la reunión pacífica

y la libertad de expresión, por lo que resulta penalmente

punible y justifica la actuación de las autoridades policiales,

incluso con el uso de la fuerza, siempre que esta sea

proporcionada a la magnitud del daño y las características

concretas de la manifestación. Bajo esa inteligencia, deviene

razonable la intervención policial cuando resulta evidente que

las características de la manifestación producen daños

importantes al bloquear el acceso a establecimientos o

instalaciones de gran impacto para los intereses nacionales o

de terceros (como un puerto o aeropuerto en virtud de los

daños que podrían darse por la pérdida de vuelos o el

deterioro de bienes perecederos destinados a la importación o

exportación, entre otros). Distinta es la situación cuando la

manifestación y consecuente bloqueo de vía pública, no

impide el libre tránsito a través de vías alternas. En otras

palabras, la detención de personas en una manifestación

pública y la aplicación de sanciones penales solo se justifican

cuando existe la necesidad social imperiosa de evitar

disturbios a la paz y el orden público, o serios daños a los

derechos de otras personas, condicionado ello a que la

actuación policial sea proporcionada al interés legítimo

perseguido y a las características propias de cada

manifestación en concreto. De ninguna forma, la penalización

de la protesta social puede convertirse en un instrumento

amedrentador en detrimento de una forma de expresión

participativa social propia de un sistema democrático.

Mientras una manifestación pública se desarrolle dentro de

márgenes normales, debe imperar la cordura y la tolerancia.

De este modo, se evita que los medios de expresión de la

disconformidad social (los cuales históricamente han sido

aceptados en los regímenes democráticos mas no en las

dictaduras) lleguen a convertirse en verdaderos focos de

violencia y desorden público, a lo que precisamente se llegaría

cuando el uso de la fuerza policial deviene desproporcionado.

Sin embargo, esta forma de expresión encuentra sus límites en

que se ejercite de manera razonable y dentro del marco del

derecho de reunión pacífica, esto es sin que haya agresión a

las fuerzas de seguridad u otras personas, ni se den actos

vandálicos contra bienes públicos o privados, ni tampoco se

infrinjan daños serios a los derechos de otras personas, todo

lo cual debe valorarse en el caso concreto”.

VI.-

ACERCA DE LOS LÍMITES AL DERECHO DE LAS

MANIFESTACIONES PÚBLICAS . Las manifestaciones públicas

pueden llegar a constituir verdaderos bloqueos a la circulación, ya sea

peatonal o vial, por lo que, bajo esta circunstancia, ya no se estaría en

presencia del ejercicio de un derecho de manifestación pública, sino en un

bloqueo, lo que transgrede los derechos de terceros, en concreto, el derecho

al libre tránsito. Además, se contempla como un ejercicio abusivo del

derecho de manifestación pública, abuso que por supuesto no está

reconocido en el texto constitucional. Asimismo, en el ámbito del derecho

internacional, los tratados internacionales también establecen límites al

derecho de manifestación pública. El artículo 19, del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, en el que se reconoce el derecho a la libertad

de expresión, establece como límites el respeto a los derechos o a la

reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el

orden público, la salud o la moral públicas. En los artículos IV y XXI, de la

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también se

encuentran reconocidos la libertad de expresión y el derecho de reunión, con

sus límites respectivos. Lo mismo se reconoce en el artículo 13, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en él se establece la

libertad de expresión; sin embargo, se dice que el ejercicio de este derecho

no puede estar sujeto a previas censuras sino a responsabilidades ulteriores,

lo que en ningún momento puede significar la ausencia de limitaciones, sino

que más bien la censura viene a ser la prohibición del ejercicio del derecho.

El derecho a la libertad de expresión debe ejercerse, pero en su ejercicio

deben respetarse los límites establecidos en el mismo artículo

Cuando se

hace referencia al derecho de manifestación pública como parte del derecho

de reunión, en el artículo 15, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, se reconoce que el ejercicio de ese derecho puede estar sujeto a

las restricciones previstas por la ley, o lo que es lo mismo, a las limitaciones

establecidas en la Constitución y leyes nacionales. Sin embargo, sólo son

admisibles las restricciones que sean necesarias en una sociedad

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden

público, o para proteger la salud, la moral pública o los derechos o libertades

de los demás. La manifestación supone necesariamente la expresión de una

opinión, pero, que dado su carácter específico, debe considerarse como el

ejercicio del derecho de reunión pacífica. Es decir, que el derecho de reunión

es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercida, a través

de una asociación transitoria, caracterizado por la doctrina como un derecho

individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que pretende el

intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o publicidad de

problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del

principio democrático participativo, cuyos elementos son: el subjetivo (una

agrupación de personas), el temporal (su duración transitoria), el finalístico

(licitud de la finalidad) y el real u objetivo (lugar de la celebración). En este

punto, se debe resaltar que el Derecho de la Constitución somete la

protección de los derechos fundamentales en la esfera pública a condiciones

pacíficas, lo cual excluye su ejercicio a través de medios violentos. Así,

solamente la protesta social pacífica goza de protección constitucional. Las

manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la

norma constitucional.

SOBRE EL CASO CONCRETO.

De los informes rendidos

por las autoridades recurridas -que se tienen dado bajo fe de juramento, con

las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que

rige esta Jurisdicción, y la prueba aportada para la resolución del presente

asunto, se comprueba que el 07 de octubre de 2020, se presentaron

bloqueos en el puente del río Cañas, sobre la Ruta 1, por lo que se

desplazaron efectivos de la Fuerza Pública al lugar, levantándose,

posteriormente dicho bloqueo. Se comprueba, que el 08 de octubre de 2020,

la Dirección Regional de Apoyo Legal, de la Dirección Regional Cinco

Guanacaste del Ministerio de Seguridad Pública, emitió el informe

denominado “Acta de Verificación de Noticia Criminis” en el que se indica

que se reportaron, a través del sistema 9-1-1- actos vandálicos ocurridos en

la región de Guanacaste producto de los bloqueos, por lo que se procedió

con el despliega de oficiales a la zona, a fin de proteger el orden público, la

tranquilidad y paz social. Se constata, que varios grupos operativos del

Ministerio recurrido de distintas regiones del país, se trasladaron a

Guanacaste para apoyar la labor de vigilancia y mantenimiento del orden

público, pues días anteriores los manifestantes del sector de la Irma,

quemaron una buseta de la Fuerza Pública. Según las “actas de observación”

y “listas de asistencia” el día del evento, los efectivos de la Fuerza Pública

no portaron armas en el lugar de los hechos. Se verifica, que a las 13:00

horas y a las 13:20 horas del 08 de octubre de 2020, la Dirección Policial de

Apoyo Legal del Ministerio de Seguridad Pública, realizó la advertencia -a

viva voz- a las personas que obstruían la vía pública, dificultando el paso de

peatones y el tránsito vehicular en Cañas, Guanacaste, Ruta 1, que si

continuaban impidiendo el libre tránsito de vehículos o personas, esa

conducta podría generar responsabilidad penal, por lo que se les otorgó un

lapso de 20 minutos, para que desistieran de sus acciones y restablecieran el

libre tránsito en el lugar. Se comprueba, que en la intervención policial

realizada en Guanacaste, se detuvieron a las siguientes personas: [Valor 009],

cédula [Valor 012], se le confeccionó el informe policial N° 115268-20.

[Nombre 041], [Valor 013], menor de edad de diecisiete años, se le

confeccionó el informe policial N° 115276-20.

[Nombre 042], cédula [Valor 014]

, se le confeccionó el informe policial N°

115268-20. [Nombre 043], cédula [Valor 015]

, se le confeccionó el informe

policial N° 115268-20. [Nombre 044], cedula [Valor 016]

. [Nombre 045],

cédula [Valor 017] menor de dieciséis años.

[Nombre 046], cédula

[Valor 018], menor de catorce años, se le confeccionó el informe policial N°

115276-20. [Nombre 047], cédula 5-0463-0586, menor de catorce años, se le

confeccionó el informe policial N° 115276-20. [Nombre 048], cédula

[Valor 020], se le confeccionó el informe policial N° 115180-20.

[Nombre

049], cédula de identidad [Valor 021], se le confeccionó del informe policial

N° 115180-20. [Nombre 050], cédula [Valor 022]

, se le confeccionó el

informe policial N° 11518520, N°

114845-20 y N° 115008-20, estos en tres días diferentes. [Nombre 051],

cédula [Valor 023], se le confeccionó el informe policial N° 115145-20.

[Nombre 052], cédula 5-0389-0464, se le confeccionó el informe policial N°

115145-20. [Nombre 053], cédula [Valor 025]

, se le confeccionó el informe

policial N° 115145-20. [Nombre 054], cédula

[Valor 026], se le confeccionó

el

informe policial N° 115145-20, [Nombre 055], cédula de identidad

[Valor 027], se le confeccionó el informe policial N° 115209-20.

[Nombre

056], cédula [Valor 028] y

[Nombre 057], cédula de identidad 5-0349-0918,

se confeccionaron los

partes N° 115505-20 y N° 114942-20. Por otra parte, según la bitácora del 08

de octubre de 2020, llevada por la Licda. María Lidiette Salas Guevara,

Asesora Legal de la Delegación de la Fuerza Pública de Guanacaste, se

consignaron varios actos delictivos donde se demuestra que la manifestación

que estaban realizando el recurrente y las personas que menciona en su

escrito de interposición, NO ERA PACÍFICA. Asimismo, se consignaron los

siguientes hechos: 1) 07:38 horas se hace el hallazgo de una botella de vidrio.

al parecer una bomba molotov. 2) 09:35 horas se puso en conocimiento a la

Fiscal Priscilla Arce sobre el hallazgo de la bomba molotov. 3) 17:05 horas

se reporta el traslado de los policías Freddy Martínez Espinoza y Luis

Antonio López Rojas a la Clínica para la debida atención médica por varias

heridas causadas por los manifestantes. 4) 15:29 horas los manifestantes

estaban lanzando piedras a los oficiales de policía. 5) 15:41 horas se reporta

que el Subjefe de Liberia Yeison Padilla y el Comandante José Luis Álvarez,

se encontraban golpeados. 6) 15:56 horas el oficial Freddy Martínez sufrió

un trauma en su cabeza producto de un impacto con una piedra. 7) 16:27

horas GRUPO DE MANIFESTANTES LANZANDO PIEDRAS A LA

FISCALÍA DE CAÑAS. 8) 16:36 hora la Fiscalía de Cañas decide trasladar

a los detenidos porque la turba de manifestantes estaba lanzando piedras a la

Fiscalía de Cañas. Además, deciden trasladarse tanto los fiscales, como los

detenidos a la Fiscalía de Liberia, por prevención de los mismos detenidos y

los fiscales. Finalmente, se corrobora, que todas las personas que el

recurrente indica en este recurso, a saber [Nombre 001], [Nombre 002],

[Nombre 003], [Nombre 004], [Nombre 005], [Nombre 006], [Nombre 007],

y [Nombre 008], NO APARECEN COMO PERSONAS DETENIDAS.

Ahora bien, de los informes rendidos bajo juramento por las

autoridades accionadas no consta que el recurrente, ni las personas que

menciona este, en el libelo de interposición del recurso, hayan sido detenidas

por la Fuerza Pública el 08 de octubre de 2020, durante o después de las

manifestaciones en el sector de Cañas, Guanacaste, Ruta

1.

Por otra parte, tal y como se desprende del material probatorio, el

grupo de manifestantes, no solamente, bloqueó la Ruta 1, sino que utilizaron

la violencia como mecanismo abusivo para “ejercer” su derecho a la libertad

de expresión y de manifestación.

Si bien, cualquier ciudadano tiene derecho a expresarse con igual

protección estatal, sin entrar en categorías y mucho menos en

discriminaciones, lo cierto es, que, a lo largo de los años, este fenómeno

viene afectando “en forma continuada” el uso del espacio público y la

circulación de muchas personas. De allí, que se hace imperioso señalar, que

una protesta como la realizada en el sector de Cañas, Guanacaste, dista

mucho de ser una protesta que tiene como medio legítimo para expresarse, el

bloqueo de una autopista o calle o actos delictivos.

Cabe, indicar que las manifestaciones ejercidas con violencia, no solo

afectan el buen desarrollo democrático de un país, sino que puede dañar el

núcleo esencial de derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a

la libertad de tránsito.

De la prueba ofrecida por la cartera ministerial recurrida, se puede

observar en la bitácora llevada por la Licda. María Lidiette Salas Guevara,

Asesora Legal de la Delegación de la Fuerza Pública, el hallazgo de una

botella de vidrio, al parecer una bomba molotov, el traslado de los policías

Freddy Martínez Espinoza y Luis Antonio López Rojas a la Clínica de la

zona, para la debida atención médica por varias heridas causadas por los

manifestantes, además, se reportaron como golpeados el Subjefe de Liberia

Yeison Padilla y el Comandante José Luis Álvarez, asimismo, el oficial

Freddy Martínez sufrió un trauma en su cabeza producto de un impacto con

una piedra, asimismo, el grupo de manifestantes lanzó piedras contra el

edificio de la Fiscalía de Cañas.

Es decir, que contrario a los alegatos expuestos por el recurrente, no

se comprueba un uso abusivo del poder de policía de parte de los miembros

de la Fuerza Pública, contra las personas que indica el accionante fueron

“atacados brutalmente”. Todo lo contrario, se reportan bloqueos, uso de

violencia, destrucción de una patrulla de la Fuerza Pública, decomiso de una

bomba hechiza, alteración del orden público, lanzamiento de piedras en

contra de los efectivos policiales y daños a un edificio del Estado (Fiscalía

de Cañas).

Si bien, el derecho de manifestación puede efectivamente, implicar

alguna afectación del orden público, especialmente en consideración a que la

protesta social sea ejercida frecuentemente, por grupos y colectivos sociales,

también es importante señalar que los instrumentos internacionales en materia

de derechos humanos han señalado algunas pautas respecto a cómo deben

actuar las fuerzas policiales cuando deben hacer uso de la fuerza. Ello, debe

ser especialmente considerado, en los casos de intervención para restablecer

el orden público. Empero, si bien la facultad del uso de la fuerza por parte de

agentes del Estado no es ilimitada y está sometida a estrictos estándares de

proporcionalidad, sobre todo en consideración a que los derechos

comúnmente afectados son el derecho a la vida y a la integridad física

(jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos), en este sentido la

Corte IDH ha señalado que “está más allá de toda duda que el Estado tiene el

derecho y el deber de garantizar su propia seguridad” (Relatoría de IDH).

Finalmente, en este caso, considerado los hechos probados y la

prueba aportada a los autos, donde se logra determinar la peligrosidad de los

actos desplegados por los manifestantes y la conducta de contención

asumida por los miembros de la Fuerza Pública para evitar actos de violencia

y obstrucción de la vía pública, considera este Tribunal que no se

constituyen los elementos probatorios que demuestren una afectación a la

libertad e integridad física del recurrente y de las personas a las que hace

mención en su escrito de interposición.

Así las cosas, lo propio en este caso, es declarar sin lugar el recurso,

como en efecto se dispone.

DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se

previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así

como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de

carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido

por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un

plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de

esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea

retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre

Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena

en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en

el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo

aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 4312

celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.