Resolución 00421-2013

1.

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte actora

estableció demanda, cuya cuantía se fijó en la suma de treinta millones de

colones, a fin de que en sentencia se declare: "1)- Que mis

representados, padres de la menor Cindy Cerdas Peña, son propietarios de la

Pulpería y Abastecedor Las Palmeras, sito en Barrio Curime de Liberia,

Guanacaste y que son clientes y consumidores regulares de la demandada, existiendo

consecuentemente no solo una relación contractual entre actor y demandados,

sino una relación productor- consumidor pues estos compran y a la vez consume

sus productos 2)- Que el día 17 de abril del año 2004, alrededor de las 17:30

horas en una visita del camión repartidor de la demandada al establecimiento

los actores, estos hicieron una compra de contado, según factura N° 35P55650005

por la que adquieren, entre otros productos, una caja de botellas de Coca Cola

en presentación de 6.5 onzas (192 ml), conocidas popularmente como"

pitufas" y que ese día, al igual que en días anteriores los empleados de

los camiones repartidores no cargaron los enfriadores, como debían de haberlo

hecho, sino que dejaron las mercadería en el local, alegando siempre que andaban

retrasados en la ruta por lo que actora Maribel Peña y madre de la menor

lesionada, comenzó a cargar el enfriador con las gaseosas, tarea a la que se

unió para ayudar su hija Cindy, ayuda que consistió en ir pasándole a su madre

las botellas para que esta a su vez las colocara en el enfriador .

Que en la

actividad dicha de ayudar a pasar a su madre las botellas, una botella de Coca

Cola, en presentación envase de vidrio de 6.5 onzas o 192 ml (pitufa)

explosionó a la altura de la cara de la niña, lanzando vidrios a gran presión

en la parte izquierda de su carita, causándole lesiones y cortaduras faciales

que ameritaron sutura de cinco puntos y de más de 3 centímetros de longitud que

le dejaran una marca indeleble en el rostro por el resto de su vida, además de

las consecuencias emocionales y trauma psicológico que le produce un evento

como el descrito. 4)- Que se obligue en sentencia a la sociedad demandada a

cambiar la presentación de todas las bebidas gaseosas en botellas de vidrio por

envases plásticos, de aluminio o cualquier otro material que, aun

explosionando, no causen daños tan graves como los envases de vidrio con

mecanismos de seguridad adecuados que le garantizaran total tranquilidad al

consumidor en cuanto al producto que adquiere. 5)- 6)-Que por existir una

relación contractual entre los actores y los demandados, se declare que por el

defecto del producto vendido por la demandada a mis representados y que fue la

causa directa de la lesión a su hija menor de edad, esta debe ser indemnizada por

la demandada... de los daños y perjuicios ocasionados por la lesión sufrida en

rostro, consecuencia del defecto del producto y la inexplicable explosión de la

betella de vidrio en el que se distribuye el producto de la demandada

"Coca Cola", por ser esta responsable DIRECTA de la falta de medidas

de seguridad adecuadas para el consumidor y de su omisión de prevenir al

consumidor, usuario y/o intermediario en la cadena, de los riesgos potenciales

del producto que vende. 7)- Que se condene a los demandados al pago de los

daños ocasionados que se estiman en la suma prudencial y tentativa de

QUINIENTOS MIL COLONES, y sin limitarse a esa suma, como consecuencia del pago

de consultas médicas, gastos de medicamento y otros que se liquidaran en

ejecución de sentencia y al pago de los perjuicios que estimo, y sin limitar a

esa suma, en SESENTA MILLONES DE COLONES como daño moral y físico que pueda

derivarse de la misma lesión, tratamientos, cirugías plásticas necesarias,

mismas que deberán ser determinadas por un perito y que se liquidarán en

ejecución de sentencia. Deberá cancelar a la menor todos los gastos en que se

incurra y sean necesarios para corregir la marca o cicatriz dejada por el

vidrio en su rostro mediante las operaciones o cirugías plásticas que se requieran.

8)- Que se condene a la demandada al pago de ambas costas, personales y

procesales de este juicio y al pago de intereses sobre las sumas a las que se

le condene a pagar en sentencia, y a partir de su firmeza, al tipo establecido

por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados en colones a 6 meses

plazo, o al tipo que se establezca para estos casos." PETICIÓN

SUBSIDIARIA: Subsidiariamente, y en cuanto a la responsabilidad de la

demandada, pido que en sentencia se declare: "1)- Que existe una

relación productor/consumidor, que genera responsabilidad objetiva de la

demandada al haber sido un producto defectuoso suyo el causante de la lesión a

la actora, y que este debe ser indemnizada por la demandada de los daños y

perjuicios ocasionados por la lesión sufrida en su rostro, consecuencia del

defecto del producto y la inexplicable explosión de la botella de vidrio en el

que se distribuye el producto de la demandada "Coca Cola", y por ser

esta responsable DIRECTA de la falta de medidas de seguridad adecuadas para el

consumidor y de su omisión de prevenir al consumidor, usuario y/o intermediario

en la cadena, de los riegos potenciales del producto que vende. 2) - Asimismo

pido que en sentencia se obligue a la demandada, en caso de no accederse a cambiar

las botellas de vidrio que refiere la petitoria principal, a rotular todos los

envases de vidrio como el que explosionó, con una leyenda "Manipúlese con

precaución" u otra similar, que advierta al consumidor de la posibilidad

de una explosión del producto y a divulgar dentro de la misma publicidad sus

productos la precaución que debe tenerse con su manipulación, conforme lo

establece el inciso d) del artículo 34 concordantes de la Ley 7472 de Promoción

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 3)- Al pago de los daños

ocasionados que se estiman en la suma prudencial y tentativa de QUINIENTOS MIL

COLONES, y sin limitarse a esa suma, como consecuencia del pago de consultas

médicas, gastos de medicamentos y otros que se liquidaran en ejecución de

sentencia y al pago de los perjuicios que estimo, y sin limitar a esa suma, en

SESENTA MILLONES DE COLONES como daño moral y físico que pueda derivarse de la

misma lesión, tratamientos, cirugías plásticas necesarias, mismas que deberán

ser determinadas por un perito y que se liquidarán en ejecución de sentencia.

Deberá cancelar a la menor todos los gastos en que se incurra y sean necesarios

para corregir la marca o cicatriz dejada por el vidrio en su rostro mediante

las operaciones o cirugías plásticas que se requieran. Deberá cancelar a la

menor todos los gastos en que se incurra y sean necesarios para corregir la

marca o cicatriz dejada por el vidrio en su rostro mediante las operaciones o

cirugías plásticas que se requieran. 4)- Que se condene a la demandada al pago

de ambas costas,personales y procesales de este juicio y al pago de intereses

sobre las sumas a las que se le condene a pagar en sentencia , y a partir de su

firmeza, al tipo establecido por el Banco Nacional de Costa Rica para los

certificados en colones a 6 meses plazo, o al tipo que se establezca para estos

casos."

La parte demandada

opuso las defensas previas de falta de competencia, de capacidad o defectuosa

representación e indebida acumulación de pretensiones, que se resolvieron

interlocutoriamente; contestó la demanda conforme a su escrito de folios 51 al

62 oponiendo las excepciones falta de derecho, de causa y de legitimación tanto

activa como pasiva.

Coca Cola Femsa Costa

Rica S.A. contrademandó para que en sentencia se declare: "1.- Es

exclusiva responsabilidad de los padres de la menor Cindy Cerdas Peña,

cualquier daño o lesión que se le haya provocado en su cara o cualquier otra

parte del cuerpo, por no custodiar debidamente a la menor de edad y someterla a

activadades inapropiadas para una menor de edad.

Los padres de la menor no

pueden valerse de su propia imprudencia, negligencia y descuido, por la lesión

que dice haber sufrido su hija, siendo que la reconventora no tiene ninguna

responsabilidad por no haber participado de los hechos, no tratarse la menor o

sus padres de consumidores del producto, y elaborar de forma segura los envases

en que comercializa el producto.

La demanda planteada por los padres es

abiertamente desproporcionada y abusiva respecto del estado físico de la menor.

Los contrademandados incurrieron en abierto abuso del derecho al presentar

la demanda pretendiendo sumas exorbitantes y desproporcionadas, y al acudir a

los medios de comunicación como medio de presión.

Se les condenará al pago

de ambas costas." Petitoria subsidiaria.- "1.- Los padres son

culpables, por negligencia, culpa o impericia de cualquier lesión que se

provocará su hija menor de tres años

Si se atribuyera alguna

responsabilidad a nuestra representada, debe declararse en consecuencia la

culpa concurrente de los padres Daniel Cerdas Quesada y Maribel Peña Jarquin y

de la menor Cerdas Peña en cualquier accidente o lesión y que se relacione y

comprouebe con la manipulación de un producto de botella de nuestra

representada.

En consecuencia, se distribuirá la responsabilidad, daños y

perjuicios proporcionalmente entre los sujetos responsables, rebajando de la

condena que se imponga, la proporción que corresponda a los reconvenidos.

4.-

Esa responsabilidad y por ende la culpa concurrente, es atribuible a los padres

y la menor, por negligencia, imprudencia y descuido, en su modalidad de propia

falta de los padres y la menor.

En todo caso, nuestra representada no tiene

responsabilidad exclusiva frente a cualquier daño e indemnización reclamada.

Reiteramos la pretensiones 2, 3, 4 y 5 de la petitoria

principal.”

El apoderado especial

judicial de los reconvenidos contestó conforme a su líbelo de folios 136 al

138.

El juez Edgar Alvarado

Luna, en sentencia no. 112-08 de las 11 horas del 20 de setiembre de 2008,

resolvió: "De conformidad con lo expuesto, artículos citados y además

1, 5, 221, 287 y siguientes del Código Procesal Civil, se declara:

Sin lugar

las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y

falta de causa opuestas por la parte demandada;

Parcialmente con lugar la

demanda promovida por Cindy Cerdas Peña, representada por sus padres Daniel

Cerdas Quesada y Maribel Peña Jarquín, contra Coca Cola Fensa de Costa Rica

Sociedad Anónima;

Consecuentemente, se condena a la accionada en mención al

pago de los siguientes extremos: a) El gasto correspondiente a consultas

médicas, medicamentos y todos aquellos que sean consecuencia directa de la

lesión sufrida por la menor actora. El monto de tales gastos se determinará en

etapa de ejecución de sentencia. b) el costo -que representa someter a la menor

a una cirugía plástica para corregir o disminuir la cicatriz que presenta en su

rostro, monto que se fija en la suma de quinientos dólares de los Estados

Unidos de América, pagaderos en colones al tipo de cambio que rija al momento

del pago. Esto sin perjuicio de los demás gastos en que se incurra y que sean

estrictamente necesarios para corregir o disminuir la marca o cicatriz dejada

por el percance, todo lo cual se liquidará en etapa de ejecución de sentencia;

c) Por concepto de daño moral, se fija la suma de diez millones de colones. d)

Se condena también a la demandada al pago del daño físico consistente en la

cicatriz dejada el rostro de la menor, cuyo monto se determinará en etapa de

ejecución de sentencia. e) Sobre los montos concedidos, pagará intereses la

demandada conforme lo dispuesto en el artículo 1163 del Código Civil, intereses

que correrán desde la firmeza de la fijación en concreto de cada monto

concedido, a una taza igual a la que paga el Banco Nacional para los

certificados de depósito en colones a seis meses plazo.

En todo lo demás no

expresamente indicado, se declara sin lugar la demanda;

Se declara sin lugar

en todos sus extremos la reconvención formulada por Coca Cola Femsa de Costa

Rica S.A. contra Daniel Cerdas Quesada y Maribel Peña Jarquín en su doble

condición, personal y de padres en ejercicio de la patria potestad de la menor

Cindy Cerdas Peña.

Son las costas personales y procesales de este proceso a

cargo de la parte demandada.”

Ambas partes apelaron

y el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, integrada por los jueces José

Rodolfo León Díaz, Juan Ramón Coronado Huertas, Laura María León Orozco, en

sentencia no. 358 de las 11 horas 30 minutos del 23 de diciembre de 2011,

dispuso: “Se rechaza la nulidad de la sentencia recurrida alegada por la

accionada reconventora. Se modifica dicho fallo en cuanto fijó el daño moral

que debe pagar la demandada en la cantidad de diez millones de colones, y en su

lugar se fija ese extremo en la suma de dieciocho millones de colones. En todo

lo demás que fue objeto agravios se confirma la sentencia apelada.”

La parte demandada

formula recurso de casación indicando expresamente las razones en que se apoya

para refutar la tesis del Tribunal de instancia.

8.

Para

efectuar la vista se señalaron las 8 horas 30 minutos del 14 de noviembre de

2012. Asistió el apoderado especial judicial de la parte demandada, doctor

Sergio Artavia Villalobos, quien hizo uso de la palabra.

9.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de

ley.

Redacta el magistrado Solís Zelaya

Cindy Cerdas Peña,

menor de edad, representada por sus padres en ejercicio de la patria potestad,

Daniel Cerdas Quesada y Maribel Peña Jarquín, incoó demanda ordinaria de

responsabilidad civil contra Coca Cola FEMSA de Costa Rica Sociedad Anónima.

Los padres de la menor alegaron, en lo medular, ser propietarios de la Pulpería

y Abastecedor Las Palmeras, en Barrio Curime de Liberia, Guanacaste. El 17 de

abril de 2004, alrededor de las 17 horas 30 minutos, hicieron una compra a un camión

repartidor de la demandada, en la que adquirieron, entre otros productos, una

caja de botellas de Coca Cola en presentación de 6.5 onzas, conocidas

popularmente como “pitufas”. Dado que los funcionarios de la demandada no

cargaron los enfriadores, dijeron, arguyendo retraso en la ruta, la señora Peña

comenzó a cargar el enfriador, tarea a la que se unió su hija Cindy, quien le

pasaba las botellas. En esa labor una explotó, causándole a la menor, narraron,

heridas y cortaduras faciales de más de tres centímetros de longitud, que

ameritaron sutura de cinco puntos. Solicitaron, en lo medular, se obligue a la

demandada a cubrir los daños ocasionados por consultas y gastos médicos,

valorados en ¢500.000,00; el daño moral y físico estimado en ¢60.000.000,00, más

ambas costas del proceso. La demandada se opuso e invocó la falta de: derecho,

de legitimación activa y pasiva y de causa. Al mismo tiempo, contrademandó a

los padres de Cindy, requiriendo, en lo de relevancia, se dispusiera que los

accionados no podían valerse de su imprudencia, negligencia y descuido; la

demanda es desproporcionada y abusiva; e incurrieron en abuso del derecho al

pedir sumas exorbitantes y desproporcionadas. De manera subsidiaria reclamó, se

declare la culpa concurrente, por lo que debe distribuirse proporcionalmente la

responsabilidad. Los actores reconvenidos se opusieron, sin invocar, en

concreto, ninguna excepción. El Juzgado, al resolver el fondo de la

controversia, rechazó las defensas invocadas, acogió parcialmente la demanda y

condenó a la accionada a cubrir los gastos por consultas médicas, medicamentos

y todos los que sean consecuencia directa de la lesión sufrida, suma que se

determinará en ejecución. También le impuso el costo de someter a la menor a

una cirugía plástica para corregir o disminuir la cicatriz, monto que fijó en

US$500,00, sin perjuicio de los demás gastos necesarios para corregirla o

disminuirla, lo que se liquidará en ejecución de sentencia. Finalmente concedió

¢10.000.000,00 por daño moral, así como el pago de daño físico consistente en

la cicatriz dejada en el rostro, e intereses sobre esas sumas. Denegó la

reconvención e impuso ambas costas a la parte demandada. Disconformes con lo

decidido, los litigantes formularon sendas apelaciones. El Tribunal modificó el

fallo únicamente en el extremo de daño moral, que fijó en ¢18.000.000,00. No

encontrándose satisfecha con lo decidido, la accionada acudió a la Sala

invocando motivos adjetivos y sustanciales, recurso que fue oportunamente

admitido para su estudio.

RECURSO DE CASACIÓN POR RAZONES PROCESALES

Formula un agravio.

Reclama incongruencia. En la demanda, explica, la petitoria y fundamentos de

derecho se basan en la existencia de una supuesta responsabilidad contractual

por mediar un contrato de compraventa con los padres de la menor, o bien, la

supuesta responsabilidad extracontractual objetiva por una aparente relación de

consumo. Ante ello, sostiene, la estrategia de defensa se fundó en acreditar la

inexistencia de responsabilidad contractual pues el vínculo existió con los

padres de la niña, y en demostrar que tampoco había relación de consumo pues al

momento del percance la menor estaba ayudando en la colocación del producto y

no consumiéndolo. El Juzgado, comenta, llegó a la conclusión de que ninguna de

las normas invocadas en las pretensiones son de recibo para el proceso. No

obstante, se le condenó, narra, aplicando el principio iura novit curia, con

base en un supuesto de responsabilidad objetiva por producto riesgoso, sin

fundamento en ninguna ley. Al mediar apelación el Tribunal señaló que la

condena debía basarse en responsabilidad subjetiva extracontractual, continúa,

de modo que “ha pasado” por todas las opciones legales y doctrinales de

responsabilidad civil, lo que le genera indefensión. Si bien el juzgador puede

aplicar la norma jurídica que se adecue al caso, arguye, ello no le permite

cambiar los hechos, fundamento jurídico, ni la pretensión, pues incurre en

incongruencia por extrapetita, conforme a los preceptos 99 y 155 del Código

Procesal Civil. El enfoque de los hechos, fundamento y pretensiones de la

demanda, considera, se basó en responsabilidad objetiva, por lo que se

cambiaron la causa petendi y los hechos de la demanda. Luego realiza una

transcripción de los hechos de la demanda y pretensiones para concluir que los

reclamos se fundaron en responsabilidad contractual y objetiva, en lo que basó

su defensa, pues nunca se debatió sobre responsabilidad subjetiva ni

extracontractual.

III.

Esta Sala, en un antecedente de vieja data, aunque con la misma integración

actual, analizó la figura de la congruencia en relación con los supuestos en

los que se debate divergencia entre el tipo de responsabilidad endilgado en la

demanda y el concedido en sentencia. Así, la mayoría de la Sala, en el voto

575-F-03 de las 10 horas del 17 de setiembre de 2003 señaló: “II.-

Se fundamenta en la causal de incongruencia prevista en el artículo 594, inciso

3, del Código Procesal Civil. A juicio de la recurrente, existe desarmonía

entre lo pedido por la actora y lo resuelto en sentencia, porque el Tribunal

traspasó los límites de lo debatido, al introducir en su fallo,

sorpresivamente, la tesis de la responsabilidad objetiva, alterando los

términos fáctico-jurídicos en que fue planteado, desarrollado y discutido el

proceso, desde que se trabó la litis. La actora, expone, basó su demanda y

pretensiones en los artículos 1045, 1046 y 1163 del Código Civil, el primero de

ellos fue la base para el reclamo de los daños y perjuicios; sin embargo, las

sentencias de instancia determinan no estar en presencia de los postulados de

esa norma, por no existir daño, dolo, falta, negligencia o imprudencia de parte

de la empresa o de sus empleados, ni acreditar la demandante esos aspectos.

Agrega que siendo el artículo 1045 del Código Civil el fundamento de la

demanda, luego de contestarla y de precluir la etapa probatoria, el ad-quem,

adoptando una solución ad hoc e ilegal, se basa en un supuesto de

responsabilidad objetiva que nunca se alegó, ni está contemplado en forma

específica en alguna ley aplicable al caso. Por otra parte, acota, la

referencia que hace el fallo impugnado al artículo 41 de la Constitución

Política, que abre la posibilidad de accionar para el reclamo de daños, no

obliga a declarar con lugar todas las demandas interpuestas a esos fines.

Igualmente, tratándose del ordinal 46 ibídem, su aplicación resulta indebida,

en cuanto establece el derecho del consumidor a la protección de su salud,

seguridad e intereses económicos, y del artículo 2 de la Ley de Promoción de la

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (en lo futuro Ley 7472),

disposiciones con las cuales se le atribuye una responsabilidad objetiva. Con

ello, razona, el Tribunal incorporó conceptos no discutidos, sin darle posibilidad

para rebatir u ofrecer prueba, sobre todo, considerando que ante un supuesto de

ese tipo de responsabilidad, la carga de la prueba se invierte, a diferencia de

la subjetiva en que la tiene la parte actora, de modo que no tuvo oportunidad

ni obligación de asumir una defensa en los términos que exige la

responsabilidad objetiva, porque la demanda no se presentó dentro de ese

esquema ni se basó en la temática del consumidor, lo cual atenta contra los

principios del debido proceso, igualdad procesal, defensa, contradictorio,

preclusión y congruencia, y viola los artículos 11, 33, 39, 41 y 46 de la

Constitución Política; 1, 4, 98, inciso 2, 99, 123, 140, 143, 149, 155, 290 y

313 del Código Procesal Civil.

Ciertamente, en la demanda

entablada por la señora (…) se cita, como fundamento jurídico, el artículo 1045

del Código Civil, que contempla los presupuestos de la responsabilidad civil

extracontractual de naturaleza subjetiva. Sin embargo, como luego se ahondará,

no puede soslayarse que la pretensión material de resarcimiento de daños y

perjuicios, deviene en función de una base fáctica o causa petendi, que gira en

torno a la responsabilidad objetiva. De esta manera, el pronunciamiento del

Tribunal no puede catalogarse sorpresivo, tampoco, incongruente con las

pretensiones de la demanda y con el objeto del debate. En efecto, en punto al

tema de la incongruencia, la Sala ha puesto de relieve la importancia que

reviste el cuadro fáctico expuesto por la parte actora al demandar, habida

cuenta que “...la petitoria junto con los hechos relativos a la causa,

constituyen los límites dentro de los cuales debe dictarse la sentencia... Toda

demanda debe contener una exposición de hechos. No se trata de un mero relato o

simple narración. Los hechos, al igual que las pretensiones materiales, deben

expresarse en forma precisa y clara, de manera que sean susceptibles de

fundamentar la declaración del derecho o situación jurídica en la sentencia.

Los hechos en una demanda constituyen el fundamento fáctico de la pretensión

argüida... a las partes les asiste un poder absoluto en torno a la

determinación de lo pretendido en juicio y de su sustento fáctico, lo cual

constituye el radio de acción dentro del cual ha de moverse el juez al resolver

sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su

consideración. El juez debe resolver con fundamento, únicamente, en los hechos

alegados y probados que resulten pertinentes para su decisión” (sentencia No.

589 de las 14 horas 20 minutos del 1 de octubre de 1999).  En esta

tesitura, es claro que el enlace entre los hechos de la demanda y la petitoria

o pretensión material, demarca los límites de lo debatido, precisa los aspectos

sobre los cuales el demandado ejercerá su derecho de defensa, restringe el conocimiento

del juez (salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley, v.gr.

hechos nuevos) y delimita los contornos de su decisión final. A ello se orienta

el principio de congruencia, plasmado en los artículos 99, 153 y 155 del Código

Procesal Civil, cuyos serios resultados, derivados de su inobservancia,

conllevan a la nulidad del fallo, al abrigo de lo estipulado en el artículo

594, inciso 3, del mismo cuerpo de leyes.

IV.-

En numerosos pronunciamientos de esta Sala, se ha insistido en el propósito de

exigirle al juez resolver según lo debatido, no pudiendo desbordar los límites

impuestos en la demanda, para lo cual debe remitirse no solo a lo peticionado

sino a sus fundamentos fácticos o causa de pedir. Así, por ejemplo, en la

sentencia No. 14 de las 11 horas 35 minutos del 25 de marzo de 1994, expuso

sobre el particular: “El principio de la congruencia, cuya violación recrimina

el recurrente, reviste importancia capital dentro de un juicio.  A través

de dicho instituto procesal, el legislador busca asegurar o garantizar el

orden, la certeza, el equilibrio, en fin, el derecho de defensa de cada una de

las partes,  en la contienda judicial.  En aras de ese objetivo

fundamental, y tratándose de diferencias surgidas en el ámbito del interés

privado, para establecer y preservar a lo largo  del proceso el aludido

equilibrio, la ley preceptúa que es a las partes a quienes corresponde,

exclusivamente, fijar los hechos concernientes a la causa, alrededor de la cual

estructuran la petitoria...  El interés palmario ahí reflejado de que se

definan claramente los hechos relativos a la causa, propende a apercibir

debidamente a la contraparte sobre los extremos con arreglo a los cuales deberá

ejercer su defensa; a la vez, a propiciar el orden indispensable dentro del

cual ha de transcurrir el debate judicial, pues de otra forma se entronizaría

la anarquía en éste...  Según se infiere de lo expuesto, el conocimiento

judicial ha de estar ceñido a un poder absoluto reconocido a las partes en

orden a la determinación del cuadro fáctico.  Sea, en su fallo, el juez no

podrá trasponer los linderos definidos por lo pedido, alegado y probado por

aquéllas... Como se ve,  a la luz de nuestro derecho procesal positivo,

consonante con los principios doctrinales antes comentados, a las partes les

asiste un poder absoluto dimanante de la exposición de los hechos, el cual

marca el radio de acción dentro del cual ha de moverse el Juez al resolver

sobre la procedencia o improcedencia de los extremos petitorios sometidos a su

consideración.  El fallo que desdeñare ese poder incurrirá

irremisiblemente en el vicio de incongruencia al cual alude el artículo 99 del

Código Procesal Civil”.

V.-

De lo expuesto, es claro que en la labor de cotejo, a la que está imbuida la

Sala de Casación al resolver un agravio sobre incongruencia, necesariamente,

debe atender los hechos de la demanda, pues justifican y explican la naturaleza

y alcances de lo pedido. En el caso concreto, la actora solicita se declare a

la sociedad demandada, responsable civil por los daños y perjuicios causados.

En la petitoria no establece calificación alguna, ni alude al tipo de

responsabilidad (subjetiva u objetiva) que le endilga a la demandada. Aunque

citó el artículo 1045 del Código Civil como fundamento jurídico, lo cierto es

que con ocasión del hecho número 9, canalizó su pretensión indemnizatoria

dentro de las previsiones de la responsabilidad objetiva, cuando enfatizó: “La

responsabilidad de la Empresa (…) se deriva de la explotación del negocio de

restaurante, que es una actividad generadora de riesgos, y el resultado lesivo

materializado en un daño físico y moral recibido por mi representada cuando

resbaló en el piso del Restaurante (…) en el Centro Comercial de Guadalupe,

ponen de manifiesto la necesidad de que la persona perjudicada pueda tener

tutelado su derecho para recibir la reparación o indemnización”.

Inobjetablemente, la demanda presupone la referencia a las reglas de la

responsabilidad objetiva, presentes en la Ley 7472, aplicada por el Tribunal

para resolver, sin que ello implique, en consecuencia, trascender el terreno de

lo debatido, pues como se ha dispuesto: “La incongruencia ha de buscarse

confrontando la parte resolutiva de la sentencia con las pretensiones de las

partes, para determinar si existe o no el desacoplamiento ostensible

constitutivo del vicio. En este menester, desde luego, hay que tener en cuenta

también los hechos aducidos como sustento de la petición, porque ésta se

entiende sólo en función de la causa que en ellos se expresa; no así el

fundamento legal, porque es al Juez y no a las partes a quien corresponde decir

el derecho (Jura novit curia)” (sentencia de esta Sala No. 125 de las 14 horas

40 minutos del 27 de noviembre de 1996). Por lo demás, la parte demandada, tuvo

oportunidad de pronunciarse sobre esa temática y lo hizo al contestar la

demanda, propiamente, al responder (…), oponiéndose mediante argumentos

orientados a demeritar la responsabilidad objetiva que la actora le incrimina.

También lo reiteró en su escrito de conclusiones (…) al señalar: (,…)  y,

al indicar, (…), que (…); además, procuró pruebas para rebatir esa imputación.

En fin, ejerció a plenitud su derecho de defensa y no puede afirmar que se vio

sorprendida con un pronunciamiento novedoso y una solución ilegal, tomada ad

hoc, por el Tribunal, fuera del contexto de lo pretendido en la demanda y lo

debatido en el proceso. Hasta en la sentencia de primera instancia se analiza

el régimen de responsabilidad civil objetiva, aducido por la parte actora desde

el inicio, al establecer, (…): “...en el caso de la responsabilidad objetiva,

que es la que indica la actora en que incurrió la demandada, debe existir ese

nexo (causal), ya o con relación a la conducta del sujeto, sino con relación a

la actividad riesgosa puesta en marcha por el agente, y reiterando no se ha

demostrado que la actividad alimenticia que desarrolla la accionada implique

algún riesgo por el contrario se ha demostrado su cuidado y atención al

servicio que presta”.  Por consiguiente, no se desacató el deber de

congruencia ni se conculcaron los principios del debido proceso, defensa,

igualdad procesal, contradictorio y preclusión, tampoco se materializaron las

infracciones de las normas constitucionales y legales, como se reporta en el

recurso por razones procesales que, por todo lo dicho, debe rechazarse.”

Así las cosas, el precedente citado permite determinar que el cotejo de

congruencia, abarca los hechos y las pretensiones. Ahora, en cuanto al derecho

aplicable a la controversia, no debe perderse de vista que rige el principio de

que el juez conoce el derecho. En esta última línea, también conviene citar el

precedente de esta misma cámara, ya referido en la sentencia atacada, y que

corresponde al voto no. 301-F-2007 de las 11 horas 15 minutos del 26 de abril,

emitido con ocasión de un proceso civil, en el que, por unanimidad se dispuso:

“VI.- Sobre el principio iura novit curia. Dicho esto cabe

aclarar que una vez determinados los hechos y formuladas las pretensiones, es

al juzgador a quien corresponde emprender las sendas de la aplicación del

Derecho, sin que para esa labor sea limitante la invocación a normas jurídicas

que realicen las partes. Desde este plano, el principio de congruencia se

complementa con el denominado postulado “iura novit curia”, (el juez conoce el

Derecho), el cual implica que es a él a quien corresponde determinar cuáles son

las normas aplicables al caso concreto, observando los límites impuestos por la

congruencia, a saber: la causa petendi, que corresponde a los hechos narrados

por los litigantes (que constituyen la base de su petitoria), y a partir de

esta, sus pretensiones y excepciones. Por ende, el Juzgador, sin variar los

hechos ni los pedimentos o excepciones, debe emplear su conocimiento en derecho

para corregir los errores, modificar o subsanar las omisiones en la

fundamentación jurídica invocada por los litigantes, de manera que esa eventual

deficiencia no constituya una limitante para la resolver el objeto fundamental

del proceso. La correcta comprensión de lo anteriormente indicado permite

concluir, por un lado, que la armonía que el Ordenamiento dispone entre el

marco de las pretensiones y la decisión jurisdiccional, no supone una

correlación literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las

partes y la redacción de las sentencias. En realidad, implica que el juzgador

debe pronunciarse categóricamente sobre aquellos pedimentos que sean objeto del

proceso, de suerte que no quede fuera cuestión alguna relacionada con la

petitoria. De otra parte, la congruencia procesal no requiere una subordinación

o sujeción plena a los alegatos y fundamento de derecho de las partes. Basta

que exista una correspondencia entre el cuadro fáctico debatido, la pretensión

material y los pronunciamientos de la sentencia. Desde este plano, el juzgador,

que conoce el Derecho, cuenta con suficientes facultades para desarrollar su

tesis y calificar el cuadro fáctico presente en la litis, a la luz de los

pedimentos que en el fondo han sido planteados, y de conformidad con el

Ordenamiento Jurídico. Estas facultades son propias del aludido principio de

iura novit curia y le permiten materializar en la praxis real, la satisfacción

de la tutela judicial efectiva mediante pronunciamientos que a partir de los

hechos demostrados, permitan la solución de conflictos sociales, a través de la

aplicación sustancial de las normas jurídicas que regulan esa divergencia. El

cumplimiento del cometido esencial que le ha sido confiado al juzgador (tutela

judicial efectiva y justicia pronta y cumplida),  le permite y obliga

solucionar las causas judiciales, utilizando para ello la totalidad del Derecho

(que debe conocer), sin que esta tarea esté condicionada o sujeta  a los

fundamentos que presenten las partes, pues bien puede hacer uso de otros no

invocados, cuando considere que resulten atinentes al caso, conforme a la

calificación jurídica que haya dado a los hechos acreditados y siempre que ello

no implique desconocer lo pedido por exceso, defecto u omisión. Así visto, las

exigencias derivadas del principio de congruencia no son incompatibles con la

regla iura novit curia, siendo que los Tribunales pueden basar sus fallos en

mandatos jurídicos distintos de los aducidos por las partes, siempre que sean

atinentes a los hechos y no rebalsen los bordes infranqueables de las

pretensiones materiales (que no formales).  Más simple, el juez tiene a su

mano la totalidad del Ordenamiento Jurídico para resolver el conflicto debatido

y, salvo lo exceptuado en cuanto a las pretensiones y los hechos constitutivos

de la demanda, según se expuso, podrá aplicar la normativa que considere

pertinente al caso concreto, sin estar atado a las omisiones ni errores en los

cuales pudieran incurrir las partes al invocar los textos legales en su

defensa. Por lo mismo, una modificación del fundamento jurídico, en tanto no

determine un cambio de la pretensión misma, no puede en el proceso civil ser

implicativo de incongruencia.  En ese sentido se ha pronunciado esta Sala,

entre otras, en los fallos no. 35 de las 14 horas 40 minutos del 29 de marzo de

1996 y no. 82-F-2005 de las 14 horas 15 minutos del 22 de febrero del 2005.

VII.-

Sobre el caso concreto. Ahora bien, en la especie, es menester ingresar al

examen de los hechos alegados por los accionantes y el marco de sus pedimentos,

a fin de establecer si el pronunciamiento combatido, en lo que respecta a la

condena del daño moral, en efecto es incongruente por ultra petita, o si por el

contrario, la calificación jurídica dada por el Ad quem se encuentra dentro de

los parámetros debidos de su competencia jurisdiccional. (…)”. Ambos

precedentes suponen, entonces, que para concluir el quebranto a la congruencia,

deben examinarse los hechos y las pretensiones de las partes, así como el

derecho invocado, pero tratándose de este último, corresponde al juez

determinar la normativa que sustenta o deniega los reclamos de los litigantes.

En el sub-lite, los padres de la menor narran que son propietarios de un

establecimiento comercial, por lo que son clientes y consumidores de la

demandada (hecho 1), que el 17 de abril de 2004, adquirieron una caja de

botellas de Coca Cola en presentación de 6.5 onzas conocida como “pitufas”

(hecho 2), que la madre de la menor comenzó a cargar el enfriador con las

gaseosas, tarea a la que se unió su hija Cindy, de tres años y medio de edad,

pasándole a su madre las botellas y esta, a su vez, las colocaba en el

enfriador (hecho 3), y en esa actividad, una de esas botellas le explosionó en

la cara, causándole lesiones. Luego refieren el peligro al que están expuestos

los consumidores,  al existir un riesgo creado no advertido por la

demandada. Señalan que hay antecedentes similares de responsabilidad civil

objetiva y se debe indemnizar al consumidor afectado en su salud o integridad

física por un producto, pues debe garantizarse total seguridad (hechos 7 y 8).

En sus pedimentos, en forma literal se indicó: “ 3)- Que en la actividad

dicha de ayudar a pasar a su madre las botellas, una botella (…) explosionó a

la altura de la cara de la niña, lanzando vidrios a gran presión en la parte

izquierda de su carita, causándole lesiones y cortaduras faciales que

ameritaron sutura de cinco puntos y de más de 3 centímetros de longitud que le

dejaran una marca indeleble en el rostro por el resto de su vida, además de las

consecuencias emocionales y trauma psicológico que le produce un evento como el

descrito. (…) 6)- Que por existir una relación contractual entre los actores y

los demandados, se declare que por el defecto del producto vendido por la

demandada, a mis representados y que fue la causa directa de la lesión a su

hija menor de edad, esta debe ser indemnizada (…) de los daños y perjuicios

ocasionados por la lesión sufrida en el rostro, consecuencia del defecto del

producto y la inexplicable explosión de la botella de vidrio (…) 7)- Que se

condene a los demandados al pago de los daños ocasionados que se estiman en la

suma prudencial y tentativa de  (…) y al pago de los perjuicios que estimo

(…)”. En forma subsidiaria solicitaron se dispusiera que existía una

relación productor – consumidor que genera responsabilidad objetiva de la

demandada, al haber sido un producto defectuoso suyo el causante de la lesión,

con base en lo cual también requirieron los mismos extremos indemnizatorios.

Así las cosas, en sus pedimentos, incluyeron, como calificación de la

indemnización que reclamaban, la responsabilidad contractual en primer término

y en defecto de lo anterior, encontrarse en una relación de consumo. Como

sustento jurídico de sus pretensiones invocaron los artículos 41 de la

Constitución Política, 1022 “siguientes y concordantes del Código Civil”,

normas del Código Procesal Civil y el numeral “1ero siguientes y

concordantes de la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor”.  El Juzgado, al resolver la controversia, dispuso que

no se estaba en presencia de una relación contractual, puesto que la menor era

ajena al negocio entre sus padres y la demandada. Señaló que lo acontecido

tampoco se enmarcaba en una relación de consumo. Fijó, con base en la norma

constitucional citada, una especie de responsabilidad objetiva de raigambre

constitucional, por riesgo creado, interpretando un precedente de este órgano

del que en su criterio se extraía la ampliación de los supuestos de

responsabilidad objetiva a casos no previstos en la legislación. Con base en

ello concedió las indemnizaciones reclamadas por la parte actora. Mediando

apelación, el Tribunal coincidió en descartar la responsabilidad contractual y

la existencia de una relación de consumo que diera lugar a un supuesto de

responsabilidad objetiva. Pero estimó que sí debía concluirse la

responsabilidad patrimonial de la demandada, bajo el régimen de responsabilidad

civil subjetiva extracontractual prevista en los artículos 41 de la

Constitución Política y 1045 del Código Civil. Al respecto añadió: “Se trata

de un tipo de responsabilidad civil no invocada en la acción, pero en razón del

principio de iura novit curia es posible aplicarla al caso concreto, sin

incurrir con ello en el vicio de incongruencia en el fallo, porque al proceder

de esa manera no se está variando la causa de pedir. (…). Es contrario a ese

deber de prudencia y diligencia, y por ende una acción culposa, poner en el

mercado un producto defectuoso, como ocurrió en la especie con la demandada (…)

Es un producto defectuoso porque no ofreció la seguridad que cabía

legítimamente esperar de él, teniendo en cuenta circunstancias tales como que

estaba destinado a que cualquier persona, y no solo consumidores, podía entrar

en contacto con él, incluyendo niños, jóvenes, adultos, ancianos (…)”. El

fallo incorpora luego un análisis en torno a la carga de la prueba de la culpa,

y del defecto en el producto, aspectos que no son combatidos en el recurso, por

lo que no se ahondará en ellos. Este recuento permite determinar que, en

efecto, como refiere el recurrente, los juzgadores de las instancias

precedentes no se decantaron por afirmar, en concreto, ninguno de los regímenes

de responsabilidad invocados por la parte actora. No obstante, conforme a los

precedentes citados y la configuración de los hechos de la demanda, tal

aspecto, a juicio de la Sala, corresponde a un resorte del juzgador, quien sin

quebrantar los hechos alegados ni las pretensiones, habrá de señalar la

correcta naturaleza jurídica de la figura que afirma la responsabilidad

reclamada, pero no altera, ni supone un cambio que genere indefensión en los

pedimentos indemnizatorios previstos. Con todo, aunque es claro que la demanda

se perfila en esos dos sentidos, también contiene la imputación de que el

producto que ocasionó el percance era defectuoso, constatación que a la postre,

lleva al Tribunal a afirmar la responsabilidad de la demandada, bajo el régimen

jurídico puntual de la responsabilidad extracontractual.   A ello

cabe añadir que la demandada tuvo oportunidad de defenderse, pues en su

contestación no sólo indicó, al referirse al hecho octavo, que el producto per

se no es peligroso, y la prueba técnica que procuró en tal sentido se orientaba

a descartar la posibilidad de explosión de una botella, mediante el análisis

físico de la presión que soportaba. Todo esto evidencia que los hechos

invocados en la demanda, fueron los que determinaron la procedencia del reclamo

indemnizatorio también contenido en ella, y la única modificación radica en la

normativa que da lugar a la indemnización peticionada, aspecto, que según se

dijo, desde la óptica de la aplicación del principio de que el juez conoce el

derecho, no supone el vicio procesal endilgado. Así las cosas, por las razones

señaladas, el reparo debe denegarse.

RECURSO DE CASACIÓN POR RAZONES DE

FONDO

IV.

Plantea un reparo. La sentencia omite el análisis del hecho de la

víctima, critica, a pesar de que estaba demostrado que la menor, de tan sólo 3

años y medio, estaba manipulando productos de vidrio. Que tuviera contacto con

ese tipo de material, acusa, junto con la conducta permisiva de sus padres, son

sucesos reprochables. Esto permite concluir que la manipulación no se llevó a

cabo de la manera adecuada, estima, ni con los requerimientos de seguridad

necesarios, y que existió negligencia de los progenitores, por lo que el manejo

de una menor sin la pericia necesaria pudo generar la supuesta explosión. El

Tribunal señala que no puede haber culpa concurrente pues la botella explotó

por defecto de fabricación y no por manipulación de la víctima, y que no tiene

consecuencias que una menor de esa edad esté manipulando las botellas para

colocarlas en un enfriador, tesis que, recrimina, es insostenible. La culpa

concurrente de la víctima, aduce, tiene fundamento en los artículos 702 y 405

del Código Civil y no analizar que en este caso no se tomaron las previsiones

necesarias, implica atribuirle responsabilidad únicamente al empresario por un

hecho en el que no participó, o por ser un producto riesgoso. El daño se

produjo, asegura, por la negligencia de los padres de poner a la menor a

manipular envases de vidrio.

V.

En torno a la culpa concurrente, el Tribunal consideró, coincidiendo con el

Juzgado, que la botella explotó por ser un producto defectuoso en sí mismo y

añadió: “(…) Cindy no resultó lesionada por el hecho de ser ella una menor

de edad que el día del suceso se encontraba manipulando la botella de vidrio

(…). Resultó lesionada porque ese producto que tenía en sus manos explotó pero esto

último por una circunstancia totalmente ajena a ella y a sus progenitores:

porque se trataba de un producto evidentemente defectuoso. Eso quiere decir que

ese producto, en esas condiciones, igual hubiera explotado, ya fuera que lo

hubiera tomado en sus manos la menor Cindy, o su madre que estaba con ella en

ese instante, o cualquier otra persona que en ese momento entrara en contacto

con él, llámese un menor de edad, un adolescente, un adulto o un anciano. El

accidente no ocurrió, por ende, por algún hecho de la víctima, ni por ninguna

culpa de los tres reconvenidos (…) Ocurrió por culpa exclusiva de la demandada

reconventora (…)”. Coincide la Sala con el Tribunal, con base en el

análisis probatorio que se realiza sobre el punto, en otro acápite de la sentencia,

pues la prueba examinada da cuenta de que no hubo manejo inadecuado o contrario

a las medidas de seguridad del producto por parte de la menor o sus padres,

pues no sólo la recurrente omite mencionar medios probatorios que den cuenta de

ello, sino que en el expediente obran en sentido contrario. Así el propio

Tribunal le refirió: “Pero no es cierto que conste en el expediente, como

afirmó el perito, que la niña llevó la botella de un lugar a otro; ni que al

hacerlo jugara en parte con ella; ni que en consecuencia la manipulación de la

botella en esa forma indujera una agitación adicional que incrementó la presión

interna que presentaba la botella en cuestión. La demandada no puede pretender

que por la vía del peritaje se introduzcan esos hechos al proceso, y que en

consecuencia se tengan por ciertos en su beneficio. La pericia es para dar luz

sobre aspectos técnicos ajenos al Derecho (…) pero no para afirmar hechos que

deben probarse por el interesado por otra vía. Del expediente consta que la

menor Cindy no llevó la botella de un lugar a otro, es decir, que tuviera que

desplazarse de un lugar a otro para entregársela a su madre. La testigo Laura

Rosa Viales Castrillo ofrecida por la parte actora y quien presenció el suceso

pues se encontraba en la pulpería como cliente cuando el mismo ocurrió, dijo

que la niña Cindy estaba pasando las cocas pequeñas a la mamá y que entonces

cuando la niña agarró la botella del cuello esta explotó en su mano. Agregó que

la menor estaba cerca de su madre, que no precisa la distancia pero que estaba

cerca pues nada más sacaba las coca colas pequeñas de la caja y se las pasaba a

su mamá, quien las limpiaba y las metía en la cámara de refrigeración. También

dijo que la mamá estaba con la puerta de la cámara abierta, y que la menor

estaba a la “parcita” pasándole las cocas. En igual sentido declaró el también

testigo de la parte actora, Mario Montero Borge, quien estaba en el lugar en el

momento del suceso porque llegó a la pulpería a vender repostería. Indicó que

la explosión de la botella ocurrió cuando la menor Cindy estaba pasándole

botellas de Coca Cola a su madre para que las colocara en la cámara de

refrigeración al respecto dijo que en esa tarea ellas estaban “cerquita” y que

la niña estaba a la par de las cajas de Coca Cola, la mamá estaba entre la niña

y la cámara y que la niña le pasaba las coca colas y la mamá las metía a la

cámara. Como se puede apreciar, esos dos testimonios descartan en absoluto que

la menor llevase las botellas de un lugar a otro cuando ocurrió el accidente, y

que por lo tanto agitase su contenido, aumentando con ello su presión interna.

Por otro lado, no existe en el expediente ninguna prueba que contradiga lo así

declarado por los dos mencionados testigos, ni que establezca que cuando

ocurrió la explosión de la botella la menor Cindy estaba jugando con ella.”.

Todo esto evidencia entonces, que no existe ningún elemento para afirmar la

culpa concurrente de los padres de la menor, pues los testimonios dan cuenta de

que el producto explotó en las manos de Cindy, quien colaboraba en sacarlo de

la caja y dárselo a su madre, y que no había espacio físico entre ellas que

permitiera un manipuleo o juego de la infante que produjera la explosión, sino

que era el defecto mismo del producto el que ocasionó que al tocársele,

explotara. Luego, tampoco se constata el reparo señalado por el recurrente. En

síntesis, debe rechazarse el recurso de casación, imponiendo sus costas a la

demandada, según ordena el artículo 611 del Código Procesal Civil.