Resolución 00555-2012

Con base en los hechos que expuso y

disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento,

cuya pretebnsión fue ajustada en audiencia preliminar, a fin de que en

sentencia se declare: “1. …CON LUGAR la presente demanda.

Que se declare

la nulidad de la resolución No (sic) 523-2007, dictada a las 12:05 horas

del 13 de diciembre del 2007 por el Tribunal Fiscal Administrativo por resultar

lesiva a los intereses públicos, en cuanto declara la prescripción de los períodos

de enero del dos mil uno a diciembre de dos mil tres.

3.

Que se condene a las partes demandadas al pago de las costas personales y

procesales que se originen del presente litigio.

De

conformidad con el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo,

y por versar la presente litis sobre un asunto de pleno derecho, solicito se

falle sin necesidad de recepción de pruebas, prescindiendo de las fases de

conciliación y celebración de audiencias.

Las representantes de las demandadas

contestaron negativamente e interpusieron las excepciones caducidad,

prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho y la

expresión genérica de “sine actione agit”.

La licenciada Vega

Sánchez, en su expresado carácter, expresó su negativa por conciliar, por lo

que se prescindió de dicho trámite procesal.

Para

efectuar la audiencia preliminar se señalaron las 9 horas 25 minutos del 6 de

mayo de 2010, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes

de ambas partes. En esta se ajustó la pretensión.

5.-

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta,

integrado por los Jueces Otto González Vilchez, Jorge Leiva Poveda y el Roberto

Garita Navarro, en sentencia número 2124-2010 de las 10 horas 30 minutos del 3

de junio de 2010, resolvió: “Se declara sin lugar la excepción de caducidad

interpuesta por el Consejo Nacional de Producción. Se declara

sin lugar la excepción de prescripción. Se declaran sin lugar las

excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y

falta de derecho, incluidas en la mal denominada excepción genérica de sine

actione agit. Se declara con lugar el presente proceso de conocimiento de

lesividad interpuesto por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) contra

El (sic) Estado y el Consejo Nacional de

Producción (CNP), por lo que se ordena anular parcialmente la Resolución (sic)

número 523-2007 dictada por la Sala Primera del Tribunal Fiscal

Administrativo a las doce horas cinco minutos del trece de diciembre de dos mil

siete, al ser lesiva a los intereses públicos, únicamente respecto a declarar

la prescripción de la acción del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO para

determinar y cobrar el impuesto del 8% del precio de los licores nacionales al

CONSEJO NACIONAL DE LA  (sic) PRODUCCIÓN (FÁBRICA NACIONAL DE

LICORES, FANAL) de los períodos de enero del 2001 a noviembre del 2003,

ambos inclusive. En lo demás se mantiene incólume  dicha

resolución. El allanamiento realizado  por el

Estado a la demanda presentada por el IDA cumple los requisitos y formalidades

exigidas en el artículo 114 del

Código Procesal Contencioso Administrativo. Se condena al Consejo Nacional de

Producción al pago total de las costas procesales y personales de este proceso. Se exonera al Estado del pago de las costas personales y

procesales de este proceso.“

La licenciada Lobo Matamoros, en su expresado

carácter, formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya

para  refutar la tesis del Tribunal.

En los procedimientos ante esta Sala se

han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho, salvo el

considerando IX que redacta el magistrado Rivas Loáciga

Mediante

oficio n.° AF-196-2004 del 25 de noviembre de 2004, el Instituto de Desarrollo

Agrario (en lo sucesivo IDA) comunicó al Presidente Ejecutivo del Consejo

Nacional de Producción (en adelante CNP), el inicio de actuaciones de comprobación

del cumplimiento material de las obligaciones tributarias de dicho ente, para

los períodos 2001, 2002 y 2003, como sujeto pasivo del impuesto sobre los

licores; fecha en la que notificó a la Dirección de la Fábrica Nacional de

Licores (Fanal en lo sucesivo). El 20 de abril de 2005 notificó a la Fanal la

resolución n.° AF-046-2005 del 19 de abril de 2005, en que efectúo

requerimiento de pago previo por la suma de ¢1.487.363.984,01. En oficio n.° PE 287 2005 del

6 mayo de 2005, el Presidente Ejecutivo del CNP, en su condición de

representante de la Fanal, se opuso a ese requerimiento. En acto n.°

DAF-372-2005 del 24 de octubre de ese mismo año, el IDA emitió traslado de

cargos y observaciones a la Fanal, por la suma de ¢1.487.393.984,01; lo cual

fue notificado a ese órgano el día 28 siguiente. El Presidente Ejecutivo del

CNP, presentó oposición al traslado mediante oficio PE 752 2005 del

5 de noviembre. En acto n.° 1-2006 del 6 de marzo de 2006, el IDA determinó

oficiosamente la obligación tributaria de la Fanal en el monto de

¢1.486.721.535,79. El CNP planteó recurso de apelación, que resolvió el

Tribunal Fiscal Administrativo (TFA), en resolución n.°

328-2006 del 25 de julio de 2006, en la que

anuló todo lo actuado a partir del

requerimiento de pago AF-046-2005. Estimó que ese

requerimiento, el traslado de cargos y observaciones así como

la resolución determinativa se dirigieron contra la Fanal, órgano del CNP. En oficio n.° DAF-559-2006 del 11 de diciembre 2006, el IDA realizó

requerimiento de pago al CNP por la suma de ¢1.892.834.639,93 por concepto del tributo a los

licores de los períodos 2001, 2002 y 2003. En acto n.°

DAF-057-2007 trasladó cargos y observaciones al CNP, lo que le fue notificado

el 17 del

mismo mes y año. Dicho ente se opuso mediante documento n.°

PE 81-2007 del

28 de febrero. En resolución 01-2007 del

24 de mayo de 2007, el IDA determinó la obligación en la suma de ¢1.891.940.851,87. Por oficios AL-0248-07 y AL-0249-07

ambos de junio de 2007, el CNP formuló recurso de revocatoria y apelación

subsidiaria. El IDA, en acto PE 971-2007, rechazó la

revocatoria y admitió ante el TFA la apelación. El último órgano, en

resolución n.° 523-2007 del

13 de diciembre del mismo año, declaró

prescrita la acción del

IDA para determinar el impuesto de los períodos comprendidos entre enero de 2001 a noviembre de 2003 y

anuló lo resuelto con relación al período de diciembre de 2003. En sesión

ordinaria n.° 016-2008 del

5 de mayo de 2008, artículo cuatro, la Junta Directiva del IDA declaró lesiva a

los intereses públicos la resolución n.° 523-2007 del TFA. En virtud de lo anterior, esa

entidad demanda en proceso de lesividad al Estado y al CNP para que en

sentencia se declare nulo ese acto del TFA, únicamente en cuanto declaró con

lugar la prescripción de los períodos comprendidos entre enero de 2001 a noviembre de 2003.

Asimismo, les condene al pago de ambas costas del proceso. El Estado se allanó. Por su parte, el CNP se opuso y formuló

las excepciones de caducidad, prescripción, y falta de: legitimación activa y

pasiva y derecho, así como la expresión genérica de sine

actione agit. El Tribunal rechazó las defensas de caducidad, prescripción y

falta de: interés actual, legitimación en su doble modalidad y derecho. Acogió

la demanda y anuló parcialmente la resolución n.°

523-2007 del TFA, solo en cuanto determinó

prescrita la acción del

IDA para determinar y cobrar el impuesto de los períodos comprendidos desde

enero de 2001 a

noviembre de 2003. Exoneró al Estado del pago de las ambas

costas, las que impuso en su totalidad al CNP. Inconforme, el CNP

establece recurso de casación, que fue admitido por esta Sala en auto de las

catorce horas del

17 de agosto de 2011.

Motivo por violación de normas

procesales

II.-

En el único

vicio de índole procesal reclama infracción del

canon 119 del

Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA). Explica, según esa norma el Tribunal debe juzgar dentro del límite de las pretensiones de las

partes, y los extremos permitidos por el propio Código, lo que significa que

deberá pronunciarse sobre sus alegaciones. Lo anterior, dice, no se da con

relación a sus argumentos. El Tribunal, denuncia, estableció en dos líneas que

al declararse la nulidad del acto del TFA, era improcedente

referirse a los alegatos que sobre el cobro planteó. Continúa, el Tribunal

solamente señaló que esas argumentaciones no eran propias de este

tipo de proceso. Lo que discrepa, ya que la declaratoria de nulidad de la

resolución del TFA, significa la procedencia del cobro; de manera que

no tuvo entonces posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

En reiteradas

ocasiones esta Sala ha manifestado que la incongruencia se produce cuando hay

una evidente contradicción entre la parte dispositiva del fallo y las pretensiones y excepciones

opuestas por las partes. Según se ha señalado, este

yerro procesal “ocurre cuando el juzgador al proveer, decide sobre

cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido (ultra petita),

u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las

excepciones (…)” (sentencia 288-SI-F-2009 de las 10 horas 20 minutos del 20 de marzo de

2009). Con el Código Procesal Contencioso Administrativo, el examen entre lo

peticionado y lo concedido, requiere se confronten la parte dispositiva con las

pretensiones y excepciones esgrimidas, tanto en la demanda y en la

contestación, como

en la audiencia preliminar y el juicio. Asimismo, obliga

considerar los pronunciamientos oficiosos que el cuerpo legal mencionado impone

al juzgador. En este sentido, se ha expresado también que “ha de

confrontarse, en primer término, la parte resolutiva de la sentencia con las

pretensiones aducidas en la demanda y su contestación, y en las demás

oportunidades -audiencias indicadas- que la ley contempla, a fin de determinar

si en realidad existe entre estos dos extremos, evidente desajuste. En segundo

lugar, debe considerarse la potestad oficiosa del juzgador. El

inciso 1) del canon

119 del CPCA,

establece que resolverá sobre todas las pretensiones y todos los extremos

permitidos por el Código. Esto último, entiende la Sala, son aquellos

pronunciamientos que “…deberá hacer, según corresponda, entre otros,” cuando

declare procedente la pretensión, total o parcialmente, conforme lo establecido

en el precepto 122, así como los contenidos en los numerales siguientes, que

dejan en claro los amplios poderes sentenciadores del Tribunal, en protección

de los derechos o intereses del justiciable, restableciendo o reconociendo su

situación jurídica” (resolución n.° 258-F-S1-2010 de las 14 horas del 18 de

febrero de 2010, puede también consultarse la n.° 819-A-2008 de las 10 horas 5

minutos del 4 de diciembre de 2008). En particular, la norma

119 del CPCA –que denuncia vulnerada el recurrente- dispone, como se anota en la cita, que deberán

resolverse “todas las pretensiones y todos los extremos permitidos por el

Código”. Lo que no puede entenderse –según intenciona el casacionista- como

comprensivo de todas las argumentaciones, consideradas en forma autónoma. Es claro que éstas habrán de estar referidas a las pretensiones y

defensas que formulen los litigantes, y que son las que el precepto dictamina

resolver. Por ende, en cuanto el Tribunal decida sobre

las últimas, las razones que explicite para desestimarlas o aceptarlas son la

referencia o respuesta a los alegatos de hecho y de derecho que les sirven de

fundamento. En este caso, en lo que interesa al

cargo, la parte dispositiva versa: “Se declara sin lugar la excepción de

caducidad interpuesta por el Consejo Nacional de Producción. Se

declara sin lugar la excepción de prescripción. Se declaran sin lugar

las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés

actual y falta de derecho, incluidas en la mal denominada excepción genérica de

sine actione agit. Se declara con lugar el presente proceso de conocimiento de

lesividad (…) se ordena anular parcialmente la Resolución número

523-2007 dictada por la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo a las

doce horas cinco minutos del trece de diciembre del dos mil siete, al ser

lesiva a los intereses públicos, únicamente respecto a declarar la prescripción

de la acción del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO para determinar y cobrar el

impuesto del 8% del precio de los licores nacionales al CONSEJO NACIONAL DE LA

PRODUCCIÓN (FÁBRICA NACINAL DE LICORES, FANAL) de los períodos de enero 2001 a noviembre 2003, ambos

inclusive. En lo demás se mantiene incólume dicha resolución (…)” En su reclamo no identifica el recurrente que se

haya omitido resolver alguna de las defensas que planteó, tampoco

pronunciamiento oficioso que se extrañe en esa decisión. De esta suerte, el cargo deberá desestimarse. A más de lo

anterior, conviene advertir que en lo medular, recrimina el CNP que el Tribunal

haya establecido que sus manifestaciones eran improcedentes, sin considerar que

al declarar nula la resolución del TFA, determinó

simultáneamente la procedencia del

cobro, impidiéndole así ejercer su derecho de defensa. Contrario a lo expuesto

por el casacionista, del fallo impugnado no puede

inferirse tal afirmación. Es más, sobre las alegaciones del CNP (y que en el

recurso se dice no le fueron contestadas), el Tribunal señaló: “4) Por

último, se le debe aclarar al CNP, que sus argumentos sobre varios temas

relacionados al cobro del impuesto del 8% a los licores a favor del IDA,

como son los siguientes: a. El Director Administrativo y Financiero del IDA

carece de competencia para formular el traslado de cargos y observaciones; b.

Violación al derecho de defensa; c. Las exportaciones de licores no se

encuentran sujetas al pago del impuesto a favor del IDA; d. Aspectos

relacionados con la naturaleza jurídica del impuesto a favor del IDA; e. La

base imponible para el cálculo del impuesto a favor del IDA debe considerarse únicamente

el costo de fábrica y el Impuesto Selectivo de Consumo, debiendo excluirse de

la base imponible para el cálculo de impuesto todos los demás rubros  que

componen la estructura tributaria de los productos elaborados por FANAL, no

son aspectos que sean objeto de este proceso, ya que lo pretendido en este

asunto es que se anule la resolución 523-2007 en el tema de prescripción,

no respecto a temas de fondo de la estructura del impuesto a cobrar” (el

subrayado no es del original). De lo anterior se colige que el Tribunal no

determinó si debía pagarse el tributo, sino que se circunscribió a determinar

si los períodos en cuestión estaban prescritos, y por lo tanto, si conforme al

CNPT el acto del TFA, en cuanto declaró la

prescripción, era válido. En ese tanto, debe tenerse

claro que lo dispuesto en esta vía es sobre el pronunciamiento del TFA en lo

relativo al cargo sobre la prescripción que se exponía en el recurso de

apelación del

CNP. No contiene la sentencia impugnada aseveraciones sobre los restantes

agravios que en la sede administrativa planteó ese

ente y que el TFA no resolvió al declarar la prescripción, tampoco sobre

aquellos puntos que consideró aquel órgano para decidir y declarar la nulidad del período diciembre 2003 (lo cual, demás está decir, no

era objeto del

presente proceso de lesividad).

Motivos por violación de normas

sustantivas

En un primer

vicio por el fondo, en los puntos 1 y 2, acusa errónea interpretación de los

artículos 53 y 54 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT).

Apunta, el Tribunal declaró nula la resolución del TFA

al estimar que ese órgano no analizó la existencia de actos que en su parecer

interrumpieron la prescripción de los años 2004, 2005 y 2006. No obstante,

expresa, no valoró el Tribunal que por resolución n.°

328-2006, el TFA había declarado nulas las actuaciones del IDA en el primer procedimiento de cobro

que había realizado el IDA, quien no impugnó esa decisión. De este modo, dice, esos actos se tienen por no realizados.

Estableció el Tribunal, prosigue, que se trató de un

mismo procedimiento. No obstante, afirma, de las pruebas se desprende que hubo

dos procedimientos de cobro, el primero, por la suma de ¢1.486.721.535,79; el segundo, por el monto de ¢1.892.834.639,93. Así, concluye, se trata de dos actos administrativos distintos, y

al iniciar el “otro procedimiento de cobro, se encontraba prescrito”.

Discrepa esta Sala con

el casacionista por las siguientes razones. En primer término, dispuso el

Tribunal “a) Existencia de actos interruptores de la prescripción en el

primer procedimiento administrativo de cobro del impuesto (…) En

este asunto es claro que existió un primer procedimiento administrativo

instaurado por el IDA para el cobro de los períodos fiscales del 2001, 2002

y 2003 (…) b) Los períodos cobrados del 2001, 2002 y 2003, no se

encontraban prescritos al momento de iniciar el nuevo procedimiento

administrativo de cobro de la obligación tributaria (…)”. De lo que se

desprende que, contrario a lo dicho por el recurrente,

el Tribunal reconoció la existencia de dos procedimientos de cobro. Más allá de

lo anterior, en lo medular, arguye el CNP que los actos del primer procedimiento no podían tenerse como interruptores de la

prescripción pues fueron anulados por el TFA. Más que un error en la

apreciación de las probanzas, la recriminación constituye un reclamo por el

efecto que el Tribunal atribuyó a los actos dictados en el primer procedimiento

de cobro; esto es, a una desobediencia directa de los cánones 53 y 54 del CNPT;

y en esos términos se conoce.

Sobre el particular,

en la sentencia cuestionada se señala: “Los actos o causales de interrupción

de la prescripción tienen como finalidad primordial poner en conocimiento del

deudor o sujeto pasivo de la obligación tributaria, la gestión tributaria o el

procedimiento cobratorio tributario del acreedor o sujeto activo (…)

3)

Las causales de interrupción de la prescripción se dividen en dos elementos que

son los siguientes: a) El elemento sustancia, se refiere a que las causas de

interrupción deben ser conocidas por el deudor, para que cese el estado de

incertidumbre creado por la falta de ejercicio del derecho por parte del

acreedor. Es decir, el aspecto sustancial hace referencia a que el deudor tenga

conocimiento del

acto interruptor de la prescripción que va dirigido a cobrar la obligación. Ese

conocimiento del cobro de la deuda se manifiesta objetivamente si el deudor por

si (sic) mismo indica con actos claros que es conocedor del cobro de la

obligación; b) El elemento formal, hace referencia a los requisitos procesales

o de forma que deben cumplir los actos o causales de interrupción (…)

considera ese Tribunal (…) si el elemento formal (…) se anula o

no es eficaz, pero aún sí se logra constituir el elemento sustancial que es el

real conocimiento de la gestión cobratoria por parte del deudor, los efectos

interruptores de la prescripción se mantiene por razones sustanciales y no

formales. Lo importante para que una causa de interrupción de la prescripción

surta efecto, es que logre poner en conocimiento del deudor del cobro que le

hace su acreedor, pese a la carencia o nulidad de sus elementos formales”.

Y más adelante, refiriéndose al primer procedimiento, expuso “este Requerimiento de Pago le fue notificado a la

Fábrica Nacional de Licores (…) un error meramente formal de parte del IDA de dirigir el

cobro a la Fábrica Nacional de Licores. Sin embargo, todo lo actuado hasta ese

punto llega constituir un acto de interrupción de la prescripción debido a que (…)

el Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y en su condición de

representante de la Fábrica Nacional de Licores como órgano adscrito a dicho

Consejo, presentó oposición al requerimiento de pago”.

Coincide esta Sala con

el criterio expuesto en el fallo impugnado. En reiteradas ocasiones se ha

manifestado que aún cuando se declare la nulidad de los actos, la interrupción

de la prescripción se conserva. Así, se ha expresado: “la prescripción busca

eliminar el estado de incerteza, producido por el transcurso del tiempo, sin

ejercitarse las acciones o derechos correspondientes.  Esa duda o angustia

no existe en el sub-júdice, pues, aunque se haya anulado el proceso, la

sociedad actora tiene plena certeza de que la Administración Tributaria está

ejerciendo la acción cobratoria; por lo tanto, no pierde el efecto interruptor

de la prescripción” (sentencia n.° 385-F-2006 de las 9 horas 40 minutos del

28 de junio de 2006). En este asunto, se tuvo por acreditado que mediante

oficio n.° AF-196-2004 del 25 de noviembre de 2004, el

IDA comunicó al Presidente Ejecutivo del CNP el inicio de actuaciones de

comprobación de cumplimiento material de las obligaciones tributarias para los

períodos 2001, 2002 y 2003, como sujeto pasivo del impuesto sobre los licores;

lo que notificó a la Dirección de la Fanal en ese mismo día. Ese

documento –añade esta Sala- fue además recibido en la Presidencia Ejecutiva del

IDA el 29 de noviembre del mismo año (folio 7 del expediente

administrativo). En resolución n.° AF-046-2005 del 19

de abril de 2005, el IDA informó a la Fanal el requerimiento previo de pago por

la suma de ¢1.487.363.984,01, lo que se notificó a dicho órgano el 20 de ese

mes y año. En oficio n.° PE 287 de 6 de mayo siguiente, el CNP, en su condición

de representante de la Fanal, se opuso a ese requerimiento. Mediante oficio n.° DAF-372-2005 de 24 de octubre de 2005, el IDA emitió el

traslado de cargos y observaciones a la Fanal. El CNP se opuso en memorial n.° PE 752 de 5 de noviembre 2005. El 6 de marzo de 2006, el

citado Instituto dictó la resolución determinativa no. 1-2006, fijó de oficio

la obligación tributaria de la  Fanal en ¢1.486.721.535,79, lo cual apeló

el CNP. En resolución n.° 328-2006 de las 13 horas del 25 de julio de 2006, el TFA anuló todo lo actuado

desde el requerimiento previo de pago (oficio AF-046-2005), pues estimó que a

la Fanal no se le debió tener como

sujeto pasivo de la obligación tributaria, ya que es un órgano adscrito al CNP.

El 11 de diciembre de 2006, en memorial n.°

DAF-559-2006, el IDA realizó requerimiento previo de pago al CNP, en su

condición de Administrador de la Fanal, para que cancelara ¢1.892.834.639,93. Así las cosas, el TFA anuló todo lo actuado en el primer

procedimiento de cobro. Sin embargo –tal y como se dispuso supra- esa

declaratoria de invalidez de los actos y actuaciones no implica por sí que se

haya eliminado también el efecto de interrupción sobre la prescripción de su

derecho a exigir el tributo de dichos períodos, pues ello depende del

conocimiento que haya tenido el sujeto pasivo –el CNP- de las acciones

tendientes al cobro. Como se observa

en el elenco de hechos probados, el oficio en que se informó sobre el inicio de

las actuaciones de comprobación se dirigió al Presidente Ejecutivo del CNP.

Si bien fue recibido en la Fanal, es lo cierto que ésta es un órgano del CNP, y

conforme al canon 68 de la Ley General de la Administración Pública, al poseer

esa naturaleza (órgano de ese ente) se tiene por presentada ante el órgano al

que le correspondía ejercer la defensa de los intereses de esa entidad.

Asimismo, consta a folio 7 del expediente administrativo que

dicho oficio fue además recibido en la Presidencia Ejecutiva del CNP el 29 de

noviembre de 2004. De esta manera, aún cuando el IDA cometió la imprecisión de

dirigir y notificar formalmente a la Fanal el requerimiento previo de pago

(resolución AF-046-2005, folios 72

a 77 del administrativo), también es claro que el CNP,

quien es –como se dijo- el sujeto de derecho y por tanto, el obligado

tributario, tuvo plena certeza de que IDA había iniciado, primero las

actuaciones de comprobación, ya que el oficio AF-196-2004 se remitió y entregó

a su Presidencia Ejecutiva; segundo, que efectuó el traslado de cargos, pues el

oficio n.° DAF-372-2005 se notificó a la Fanal, dependencia de ese ente.

Conforme al precepto 53 incisos a) y e) del

CNPT tienen el efecto de interrumpir el curso de la prescripción las

notificaciones del

inicio de actuaciones de comprobación y de todos los actos administrativos

tendentes a ejecutar el cobro de la deuda. Tanto el oficio AF-196-2004 como el traslado de cargos

DAF-372-2005, interrumpieron en su momento el plazo prescriptivo, y ese efecto

se mantiene pese a que fueron declarados nulos en la sede administrativa, ya

que con ambos el CNP tuvo conocimiento de que el IDA ejercía el derecho al

cobro del

tributo que alegaba le corresponde. En otros palabras, partiendo del hecho

jurídico de la nulidad absoluta del procedimiento (cuya veracidad y legalidad

no pueden ser discutidas en este proceso), es lo cierto que hubo un hecho

efectivo, real e indiscutible, cual es que el CNP tuvo pleno conocimiento de la

determinación y el cobro tributario efectuados, no solo por el correcto alcance

del artículo 68 de la LGAP, sino además, por la circunstancia misma de que el

propio CNP se opuso a la determinación y recurrió la resolución final. Es por

esto que, con independencia de la nulidad de ese primer procedimiento, hubo

conocimiento, y por ende, interrupción de la prescripción de conformidad con

los artículos 53 y 54 del CNPT. De esta suerte, tales normas

no fueron violentadas por el Tribunal y por consiguiente, se denegará el

motivo.

Como segundo

cargo sustantivo, arguye infracción del

precepto 193 del

CPCA. Expone, el Tribunal no consideró que la resolución que

declara nula fue emitida por el TFA, y por ende, el Estado. Así, narra le condenó en costas, al tiempo que exoneró de pagarlas

al Estado, lo cual resulta arbitrario y contrario a derecho. Por otro lado, añade, tuvo suficiente motivo para litigar, pues la

pretensión claramente le afecta. De esta manera, finaliza, se violenta

la norma citada.

La mayoría de esta

Sala ha señalado que para los jueces contenciosos, las costas son un extremo de

obligada imposición al vencido, por orden del

precepto 193 del

CPCA. Dicho mandato versa: en “las sentencias y los autos con carácter de

sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas

personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio” (el

subrayado no es del

original). Continúa el canon de cita, “No obstante lo anterior, la parte

vencida podrá ser exonerada del pago de las

costas, cuando: / a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia

verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya

ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones

debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo

bastante para litigar” (el subrayado no es del original). De esta forma, la

condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho de ser tal; es decir, por perder el litigio, sin que ello

signifique que se considera al litigante temerario o de mala fe. La exoneración

es una facultad de los juzgadores; para aplicarla han

de examinar la conducta del

vencido, y así determinar si se enmarca dentro de las hipótesis contempladas en

el numeral trascrito, pues de lo contrario deberán condenar al pago de las

costas. De esta forma, cuando no se hace uso de esa

facultad, no puede infringirse la norma. A la inversa, cuando se actúa, sí es

posible conculcarla por mal uso o uno indebido. En el

sub júdice, el casacionista alega en primer término, que la imposición de

costas a su cargo, y la exoneración del Estado

resultan arbitrarias. En cuanto, argumenta la improcedencia de su condenatoria

(primero por no ser el ente emisor del acto y, segundo, por cuanto,

dice, actuó de buena fe), el agravio deberá rechazarse. El CNP resultó vencido

en el presente proceso, y en ese tanto, el Tribunal le

obliga a cancelar las costas generadas tal y como

ordena al canon 193 del

CPCA. A mayor abundamiento, es claro que el CNP no es quien emitió la

resolución contra la que se incoó este proceso, sin

embargo, en ella se declaraba que a ese ente no podía exigírsele el pago del tributo en virtud de

estar prescrito. Por esa razón, conforme el mandato 12.3 del

CPCA debió ser demandado; en esa condición se opuso, resultó vencido, y por

ende, se le impuso el deber de sufragar las costas. En lo relativo al reclamo

por la exoneración del Estado, debe agregarse que, el

precepto 197.1 establece una excepción a la regla de condena al vencido. Así,

reza: “Salvo acuerdo de las partes en contrario, no habrá condenatoria en

costas, en caso de que se produzca desestimiento, allanamiento o satisfacción

extraprocesal de la pretensión, antes de la audiencia preliminar o en el

transcurso de esta”. En este asunto, el Tribunal

determinó que el Estado no debía cancelar las costas, pues ante el allanamiento

resultaba improcedente por el mandato de comentario. De esta suerte, no se

trató del ejercicio de la facultad de exención que prevé el artículo 193, como

alega el recurrente, quien tampoco aporta elementos para combatir que se haya

actuado la disposición 197. En consecuencia, el quebranto

aducido no es de recibo y se desestimará.

En mérito de las

razones expuestas, se rechazará el recurso de casación planteado por el CNP, a

quien se le impondrán las costas generadas con su ejercicio de conformidad con

el canon 150.3 del CPCA.