Resolución 00351-2012

Con base

en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora

estableció  demanda ordinaria cuya cuantía se fijó en la suma de sesenta

millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos treinta y siete de

colones con cincuenta y nueve céntimos, a fin de que en sentencia se declare: “1.- Que la

FUNDACIÓN  contrató sus servicios como abogada para la preparación y

suscripción del acuerdo de NOVACIÓN o transferencia  de contrato con la

cooperación del Gobierno  de los Estados Unidos de Norteamérica , a través

del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER (sic) de ese país, y  F. ,

incluyendo  la revisión, discusión, redacción, análisis de los alcances,

asesoría , revisión del CONTRATO  original o principal  y

consecuencias de ello .

Que el pago de sus servicios profesionales se debía

efectuar, por decisión  de la propia FUNDACIÓN por transacción o trabajo

efectuado  y conforme con las consecuencias económicas del acto o negocio

a tenor del Arancel de Honorarios de Abogados y Notarios Públicos.

Que el contenido y consecuencia económica inmediata de

la suscripción del acuerdo de NOVACIÓN o transferencia de CONTRATO a la

FUNDACIÓN es la suma de  TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES (sic) moneda de los

Estados Unidos  de América, suma que corresponde únicamente al primer año

de administración que para efectos del contrato es el año cuatro para

desarrollar el PROYECTO EPIDEMIOLOGICO (sic) [...].

4.-

Que siendo que el PROYECTO EPIDEMIOLOGICO (sic) [...] tiene una vida útil

de cuatro años más a partir del acuerdo de NOVACIóN siendo prorrogable a

tenor del contrato con diferente erogación económica anual en favor de la

FUNDACIÓN la demandada recibirá UN TOTAL DE NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA

Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES DOLARES (sic) moneda de los Estados

Unidos de América.

Que la FUNDACIÓN debe cancelarle

los honorarios respectivos como abogada por la revisión del CONTRATO  y el

acuerdo de NOVACIÓN calculados en un 50% de la tarifa general  sobre la

base de estimación del contrato y sus posibles prorrogas hasta el año ocho del

PROYECTO EPIDEMIOLOGICO (sic) [...] esto es, cinco años para la

demandada que como fue expuesto es la suma  de NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES dólares, moneda

de los Estados Unidos de América.

Que conforme con lo anterior

la FUNDACIÓN  le debe cancelar la suma de  SESENTA Y UN MIL

QUINIENTOS VEINTIUN DÓLARES VEINTISEIS CENTAVOS moneda de los Estados

Unidos de América, de honorarios como abogada por la revisión del CONTRATO y el

acuerdo de NOVACIóN.

Que la demandada debe

cancelarle intereses sobre la anterior suma adeudada calculados al 2% mensual a

tenor del artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. (sic)

20307-J y sus reformas, a partir del 13 de abril del (sic) 2004  y

hasta su efectivo pago, que al día de hoy ascienden a la suma de USD$ 40.937,76

(CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE DóLARES CON SETENTA Y SEIS

CENTAVOS, moneda de los Estados Unidos de América).8.- Que LA FUNDACIÓN

debe cancelarle los honorarios respectivos como abogada conforme con lo

pactado, que ascienden a la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES MONEDA DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según factura No. (sic)

0263 del 6 de julio del

(sic) 2004, por la preparación del

CONTRATO DE TRABAJO DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO EPIDEMIOLOGICO (sic)

[...].

Que la demandada debe cancelarle

intereses sobre la suma adeudada  según acápite anterior calculados al 2 %

mensual a tenor del artículo 11 del Decreto Ejecutivo N 20307-J y sus reformas

a partir del 6 de julio del (sic) 2004 y  hasta su efectivo pago

que al día de hoy ascienden a la suma de  USD$ 5125,61 (CINCO MIL

CIENTO VEINTICINCO DóLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS, moneda de los Estados

Unidos de América).

Que LA FUNDACIÓN  debe

cancelarle los honorarios respectivos como

abogada , calculados según convenio, que ascienden a la suma de CUATROCIENTOS

OCHENTA MIL COLONES, según factura No. (sic)

0262 del  6 de julio del

(sic) 2004 por la preparación del CONTRATO DE TRABAJO del

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO EPIDEMIOLOGICO [...].

Que la demandada debe cancelarle intereses sobre la suma

adeudada según acápite anterior  calculados al 2 %  mensual a tenor del artículo  11 del Decreto Ejecutivo No. (sic)

203307-J y sus reformas, a partir del 6 de julio del (sic) 2004 y hasta

su efectivo pago, que al día de hoy ascienden a la suma de ¢ 292892,05

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS COLONES CON CINCO

CéNTIMOS).

Que se condene a la demandada al

pago de las costas personales y procesales de este proceso. SUBSIDIARIAMENTE, y

para el caso de que no se considere probado el convenio sobre honorarios en

cuanto a los contratos de trabajos, solicita se fijen y declaren los honorarios

profesionales respectivos, a tenor del Decreto Ejecutivo  No. 20307-J y

sus reformas de modo que las pretensiones 8 a 10 anteriores deben leerse de la siguiente

manera:

Que la FUNDACIóN debe cancelarle los honorarios respectivos como

abogada, que ascienden a la suma de  USD$ 2100,00 (DOS MIL CIEN

DóLARES, moneda de los Estados Unidos de América), por la asesoría y

preparación del CONTRATO DE TRABAJO del INVESTIGADOR PRINCIPAL del

PROYECTO  EPIDEMIOLOGICO (sic) [...], señor R. a tenor

del Decreto Ejecutivo No. (sic) 20307-J  y

sus reformas considerando la estimación  del contrato, esto es, un salario de USD $

7000,00 por mes por un plazo de cuatro años.

9.-

Que la demandada debe cancelarle intereses sobre la suma adeudada según acápite

anterior calculados al 2% mensual, a tenor del

artículo 11  del

Decreto Ejecutivo No. (sic) 20307-J y sus reformas a partir del 6 de

julio del (sic) 2004 y hasta su efectivo pago que al día de hoy

ascienden a la suma de USD$ 1281,40 ( UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DóLARES

CON CUARENTA CENTAVOS, moneda de los Estados Unidos de América).

Que

LA FUNDACIÓN debe cancelarme los honorarios respectivos como abogada, que

ascienden a la suma de ¢ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL COLONES), por la

preparación del CONTRATO DE TRABAJO DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

EPIDEMIOLOGICO (sic) [...], a tenor del Decreto Ejecutivo No. (sic) 20307-J y sus reformas, los cuales deben ser

fijados  por el despacho considerando la estimación del

contrato esto es, un salario de ¢ 800.000,00 mensuales por un plazo de cuatro

años que era el plazo del

proyecto.

Que la demandada debe cancelarle

intereses sobre la suma adeudada según acápite anterior calculados al 2%

mensual a tenor del artículo 11 del Decreto Ejecutivo

No. (sic) 20307-J y sus reformas a partir del 6 de julio del (sic)

2004 y hasta su efectivo pago, que al día de hoy ascienden a la suma de  ¢

146.446.03 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS COLONES

CON TRES CéNTIMOS).”

La

Fundación demandada contestó negativamente e interpuso las excepciones de falta de derecho, de

legitimación ad causam pasiva y activa, prescripción  y

de pago parcial y total; así como

la expresión genérica de “sine actione agit.”

La Jueza

Ericka Robleto Artola, en sentencia n.° 121-2008 de las 11 horas 30 minutos del

12 de junio de 2008, resolvió: “Con base en lo expuesto

anteriormente, y artículos 627, 692, 693 , 704, 706, 869 inciso 2, 1007,

1009  del Código Civil, Decreto N 32493-J, se

La abogada N., formuló

demanda ordinaria en contra de Fundación I. (en adelante I.); en la cual

indicó, fue contratada por esa fundación para preparar, estudiar y suscribir un

acuerdo de novación contractual (la novación) entre el gobierno de los Estados

Unidos de América a través de la Fundación Costarricense para la Docencia en

Ciencias de la Salud (en lo sucesivo F.), y la Fundación I. (en lo subsiguiente

I.), lo cual implicaba revisar el contrato original. Citó las

observaciones que formuló al texto de los contratos. Apuntó, para ello

debió garantizar a I.

su disponibilidad por más de dos meses. Explicó, la finalidad del contrato era el “Proyecto Epidemiológico [...]”,

(en lo que sigue el Proyecto) para la prevención del Virus del Papiloma Humano. Agregó, el 13

de abril de 2004 se firmó la novación, por un plazo de cuatro años, la cual

tenía un contenido económico para I. en el primer año de gestión, por la suma

de US$3.193.786,00, que al final del plazo ascendería a US$9.843.403,00. Manifestó

haber acordado con I.

que sus honorarios se pagarían por transacción, o trabajo efectivo realizado,

conforme al Arancel vigente. Afirmó que adicionalmente preparó el contrato del

investigador principal del Proyecto, quien percibiría un salario mensual de

US$7.000,00, por un plazo de cuatro años, por el que cobró la suma de

US$8.400,00 por honorarios, así como un contrato similar para el Administrador

del Proyecto, quien percibiría un salario de ¢800.000,00 mensuales, por el que

cobró ¢480.000,00. Expresó, I.

le canceló lo debido por servicios notariales, no obstante se negó a cancelarle

los servicios de abogacía. Solicita, como pretensión principal, en

sentencia se declare que:

I. la contrató para preparar el acuerdo de

novación, incluyendo su revisión, discusión, redacción y análisis, y el estudio

del contrato original,

Sus honorarios serían cancelados por tarea realizada,

conforme las consecuencias económicas del acto y según el Arancel de

Honorarios,

La cuantía de la novación durante el primer año fue de

US$3.193.786,00, alcanzando US$9.843.403,00 al final del contrato;

Sus

honorarios deben cancelarse conforme al 50% de la tarifa general según lo

indican los artículos 70 y 71 del Arancel publicado en la Gaceta no. 64 del 4 de

abril de 1991, vigente a esa fecha, sobre la base de estimación total del

contrato y sus prórrogas, que estima en S$61.521,23;

Deben cancelársele las

facturas no. 0263, por la suma de  US$8.400,00 y la no. 0262 por un monto

de ¢480.000,00, mas los intereses sobre dichas cantidades, calculados al 2%

mensual, conforme al precepto 11 del Arancel,

Debe condenarse a la demandada

al pago de ambas costas. Subsidiariamente solicitó, se ordene a I. pagar

US$2.100,00 por la elaboración del

contrato del investigador principal, y

¢240.000,00 por el del administrador del

Proyecto, mas intereses conforme al numeral 11 del Arancel. La parte demandada contestó en

forma negativa, e interpuso las excepciones de falta de derecho, de

legitimación “en su doble modalidad”, pago parcial y total, prescripción

y la expresión genérica “sine actione agit”. El

Juzgado acogió las de falta de derecho e interés, en cuanto a los contratos

laborales, rechazando las demás. Condenó a la demandada al pago de

US$61.000,23 mas intereses. El

Tribunal revocó. Acogió las excepciones de falta de

derecho y de legitimación ad causam pasiva. Declaró

sin lugar la demanda. Condenó a la actora al pago de

ambas costas.

La casacionista formula

tres reparos por el fondo. En el primero, denuncia

error de hecho en la apreciación de la prueba. Aduce, aunque aportó

copia al expediente del

contrato de novación que autenticó, el Tribunal no lo consideró como prueba. En criterio

de los juzgadores, no existe prueba alguna de que haya participado en la

preparación y discusión del contrato. Agrega, los jueces

desconocen el valor probatorio de ese convenio,

llegando a decir que no se demostró que hubiese autenticado algún documento

para la demandada. Expone, según el canon 116 del Código Procesal Civil, (en

adelante CPC), la firma del abogado autenticante implica la dirección del

asunto judicial al que el escrito se refiere, en igualdad de razón, continúa,

el sello y firma del profesional hacen presumir su autoría. Considera, aún si

la autenticación no es plena prueba de la asesoría profesional en su redacción,

al menos debería considerarse un indicio que con las demás pruebas aportadas,

lleve a concluir la participación de aquel profesional en la preparación y

revisión del contrato. Explica, en efecto varios documentos acreditan ese

hecho, como la nota suscrita por ella y recibida por la Presidenta de la

Fundación, en la cual retira su oferta de pago de honorarios en forma mensual,

asimismo, la carta en la cual, personalmente le solicitó audiencia ante la

Junta Directiva, a la Dra. L., representante del Poder Ejecutivo

ante dicha Junta. También, añade, su participación se desprende de la

confesional de la señora L. O., Presidenta de la Junta Directiva, así como de

los testimonios de los señores  A. y L. M.. Asevera, el Tribunal afirma

además, que no existe prueba que demuestre que los dos contratos de trabajo del investigador principal y

administrador del Proyecto, hayan sido de su redacción, no obstante, menciona,

existe prueba tanto documental como

testimonial de su participación en ese sentido, lo cual establece el error de

hecho en su apreciación. En consecuencia estima violados por falta de

aplicación, el Decreto Ejecutivo 20307-J en sus preceptos 1,2,3,8,11

61, 70 y 71, los cardinales 690, 692, 693 del Código Civil, en cuanto permiten

al acreedor compeler al deudor a la ejecución de lo debido, 1007, 1008 y 1022

del mismo cuerpo legal, relativos a los contratos consensuales, al consentimiento

y a su fuerza de ley. Por aplicación indebida, reclama el quebranto del ordinal 3° del

Arancel, en tanto el Tribunal consideró que no existió contrato de servicios

profesionales entre ella e I.. En el

segundo, acusa, error de derecho en la apreciación de la prueba.

Recrimina violados los mandatos 318 incisos 1), 2), 3) y 7), 330 y 417 del

CPC, al dejar el Tribunal de apreciar la prueba en su conjunto. Asevera, se

quebranta el canon 336 de dicho cuerpo legal, toda vez que la testigo L. O.,

contestó evasivamente, negando hechos notorios, por lo que las preguntas debían

tenerse por contestadas afirmativamente. Asegura, se lesiona el ordinal 338 del

CPC, al apreciar erróneamente el Tribunal, la declaración de la señora L. O. ya

que por el contrario, de ella se demuestra su participación en el contrato de

novación. Considera, se infringen los cardinales 351, 372 y 373 del CPC, relativos  al

valor de los documentos como

principio de prueba por escrito, puesto que el Tribunal no permite la prueba

testimonial para demostrar el convenio que reclama. Finalmente, alega también

contravención de las disposiciones 368, 379, 388 párrafo 2° y 390 del CPC, en

cuanto la sentencia no consideró como prueba, documentos privados. En el tercero,

recrimina violación directa por aplicación indebida y falta de aplicación,

respectivamente del

artículo 3° y transitorio I del Arancel, Decreto Ejecutivo no. 32493-J del 9 de

marzo de 2005. Dice, el contrato de novación fue firmado el 13 de abril de

2004, por su parte, las facturas relativas a los contratos de trabajo, fueron

emitidas el 6 de julio de ese año. Consecuentemente, agrega,

el Decreto mencionado no estaba vigente a la fecha de la prestación de los

servicios. Al haberse aplicado ese Decreto, en su parecer, resulta

violado por falta de aplicación el transitorio I citado, según el cual, a los

documentos otorgados antes de la vigencia de ese Decreto, les resultaban

aplicables las disposiciones vigentes a la fecha del otorgamiento, a saber, el

Decreto 20307-J. Además, afirma, el Tribunal niega el derecho al pago de

honorarios, con el argumento de que nunca se advirtió sobre el monto a cobrar,

obligación que desde su punto de vista, no podía serle exigida en tanto no

deriva del Arancel aplicable a esa fecha. En adición a lo anterior, y de

acogerse su reclamo, subsidiariamente censura, la sentencia infringe el

artículo 222 del CPC, puesto que, al tener como acreditado que participó como

asesora legal en la discusión del contenido legal del contrato de novación, en

consecuencia, no puede considerarla vencida en sus pretensiones, sino reconocer

su derecho a honorarios profesionales. Desde ese punto

de vista, adiciona, existe una violación al precepto 222 del

CPC, por aplicación indebida del

canon 221 Ibídem.

En el primero de los

reparos la casacionista alegó error de hecho en la valoración de la prueba, en

tanto el Tribunal no tuvo por demostrado su aporte en la etapa de discusión del contrato de novación, ni la

autoría de los contratos laborales del

administrador y del investigador principal del proyecto. Para el

Tribunal, la actora no demostró que hubiese sido contratada por I. para preparar

el acuerdo de novación o transferencia de contrato entre F. e I.. No existe, expresan los juzgadores, ningún contrato por

servicios profesionales entre las partes, ni consta que la actora haya cumplido

con los requisitos dispuestos por el último párrafo del artículo 3 del Arancel,

el cual dispone que el profesional debe advertir al cliente desde el principio

sobre el monto y forma de pago. Agregan los jueces, los

testimonios de A. y L. M., no refieren las labores realizadas por la demandante

en cuanto al referido contrato. El testimonio de la

señora L. M., consideró el Tribunal, no arrojó elementos probatorios

suficientes para poder determinar si la actora trabajó en el contrato de

novación. Manifiestan los jueces, de la declaración se desprende: ”…que N. era la asesora legal de I. y que le

correspondió realizar trámites en relación con el proyecto, pero no sabe nada

de los honorarios de ella, ya que era la Dra. M. y la Dra.

N. las que manejaban todo eso de los contratos, aunque si sabe que la Licda. L.

F. asesoró a I. e

hizo recomendaciones”. Consideraron, la confesional de L. O., quien formó

parte de la Junta Directiva de I., tampoco es una prueba idónea y suficiente,

por cuanto aceptó que la actora fue asesora legal de esa fundación, que

participó en la discusión del contrato de novación, por el cual el manejo y

administración del llamado Proyecto [...] pasaba de F. a I., pero no aportó

detalles sobre lo que se discutía, ni indicó los aportes brindados por la

actora en esas discusiones. Así, para el Tribunal la Licda.

L. F., si tuvo alguna participación en las discusiones, empero, enfatizó, no

determinó la existencia de prueba en cuanto a que hubiese sido contratada por I.

a ese fin, ni que haya redactado, preparado o autorizado el contrato, o que

alguna de sus observaciones incidiera en algún cambio sobre este. Agregan, no

se llegó a demostrar que la abogada autenticara algún documento relacionado con

ese acuerdo, ni se demostró, que hubiese convenido con la demandada, que sus honorarios

serían pagados conforme a las sumas que I. percibiría producto de esa

contratación, pues, estimaron, no hay prueba alguna sobre ese extremo de la

demanda. En todo caso, considera el Tribunal, la actora no solicitó honorarios

por las asesorías brindadas a I., sino por la preparación y suscripción del

contrato de novación, que en criterio de ese cuerpo colegiado, no fue preparado

por la señora L. F.. Observa este órgano decisor, en efecto, no obra prueba en

el expediente, que acredite, que I. hubiere contratado a la abogada L. F., con

el fin de redactar el contrato de novación, pues, como bien lo apunta el

Tribunal, no fue aportado ningún contrato por servicios profesionales entre I.

y la abogada demandante, en esa línea. Tampoco se desprende la existencia de

tal tipo de contratación, ni de las testimoniales, ni de la confesional de L. O..  Si bien es claro que la profesional prestó

servicios diversos de abogacía y notariado para I. en el período en que fue

discutido el proyecto de novación, y que la abogada demandante participó de ese

proceso, también es evidente, que el contrato principal ya estaba ejecutándose

cuando la abogada L. F. inició su relación con I.. La accionante no alcanzó a

demostrar a cabalidad, en qué consistieron sus labores con respecto al contrato

de novación del

cual reclama el pago de honorarios. Lo anterior se obtiene de las declaraciones

de los testigos, A. y L. M., y de la confesional de la señora L. O.. Por una parte, la confesante constestó reiteradamente no

conocer o no constarle las labores de la abogada L. F., adicionalmente, ninguno

de los testigos aportados determinó con certeza la naturaleza de los aportes

que la recurrente alega, brindó, ni lo referente al pago de honorarios. Si bien

recuerdan su participación en el proceso, desconocen el detalle de su relación

con I.. Así las cosas, no acreditó que hubiese

redactado el contrato de novación respecto del cual alega el pago de

honorarios, circunstancia que resultaba esencial para sustentar su agravio,

toda vez que la norma 61 del Arancel vigente a esa fecha (publicado en La

Gaceta no. 64 del 4 de abril de 1991), es la redacción y no su firma, el evento

que obliga al pago de honorarios conforme al 50% de la tarifa que refiere el

canon 70 de dicho decreto Ahora bien, contrario a lo indicado por los

juzgadores, la demandante si aportó a la especie en sobre cerrado, copia del

contrato de novación en el cual consigna su firma como autenticante, no

obstante, dicho documento no alcanza a demostrar por si solo su alegato, pues

si bien consta su autenticación, de ello no puede derivarse que además le haya

correspondido la redacción del documento. En ese

sentido, no es de recibo el argumento que expone la casacionista, según el

cual, conforme al canon 116 del CPC, su firma como autenticante implica la redacción del contrato de interés. Si bien el numeral

611 de cita establece una presunción de esa especie respecto de escritos judiciales,

es claro que la norma es inatinente, toda vez que está

referida a escritos planteados en sede judicial. Adicionalmente, el mencionado

numeral establece una clara salvedad a la presunción

dicha, al indicar que no aplicará para el caso en el cual “las circunstancias

revelen que la autenticación de la firma es ocasional”. Visto

que, la prueba aportada no arroja claridad sobre el detalle de la participación

de la accionante, que en la especie consta la participación en el proceso de

otro profesional en derecho (Lic. Fabio Arias) y que la demandante solo

autentica las firmas de los representantes de I., no así la de los funcionarios

norteamericanos, no puede concluirse de esa sola autenticación, que la

redacción del

documento de marras haya estado a su cargo. Tampoco se acredita la autoría de

los contratos laborales que la casacionista alega haber

realizado, toda vez que las facturas aportadas a ese efecto, no constituyen

elemento de prueba suficiente a fin de demostrar su elaboración. Nótese en ese sentido que no incluyen fecha ni sello de recibido de la

demandada, razón por la cual, lleva razón el Tribunal, en cuanto estimó no

haberse demostrado ese extremo, referente a la elaboración de varios contratos

laborales. Así las cosas, no obstante soportar el peso de la

carga probatoria, la actora no cumplió con su responsabilidad de traer al

proceso, prueba suficiente que acredite su reclamo, por lo que, ante tales

limitaciones de orden probatorio, no es dable para esta Sala acoger el agravio.

Ante la imposibilidad de establecer no solo la autoría, sino el alcance y

profundidad del

servicio prestado del cual reclama el pago de

emolumentos, se impone el rechazo del

cargo.

En la segunda censura,

reclama error de derecho en la apreciación de la prueba, el cual fundamenta en

los mismos argumentos a los que se hizo referencia en el anterior considerando.

De lo reclamado, observa esta Sala, en el fallo impugnad, el Tribunal también

hace mención a la prueba testimonial y confesional, por lo que no cabe el reclamo

en cuanto a la violación de los preceptos 318 incisos 1), 2), 3) y 7), 330 y

417 del CPC. Si bien yerra al tener por no aportado el

contrato original, también se fundamenta para su fallo en otras probanzas que

sustentan su posición. En efecto, nota esta Cámara, la confesante L. O.

contestó en forma negativa la mayoría de las preguntas que como parte de su

interrogatorio le fueron realizadas. En varias ocasiones contestó no constarle,

o no conocer al respecto, respuestas que no implican el quebranto del canon 336

del CPC, toda vez que no negó hechos notorios, como que la demandante había

sido la abogada de I., durante parte del proceso de negociación, por lo que no

tiene cabida el alegato en cuanto a que las preguntas debieron tenerse por contestadas

afirmativamente. Tampoco se observa lesión alguna al ordinal 338 del CPC, pues

aprecia correctamente el Tribunal, de las declaraciones de la señora L. O., que

la demandante tuvo participación en la discusión del contrato de novación, empero,

que no aportó detalles sobre lo que se discutía, ni indicó los aportes

brindados por la actora en esas discusiones, lo cual efectivamente se deduce de

la confesional. A falta de otras probanzas que acreditaran que la actora en

efecto redactó el contrato de novación, no es de recibo la infracción alegada a

los cardinales 351, 372 y 373 del CPC, pues no resulta posible demostrar que

como profesional le correspondió la redacción del documento principal, mediante

una testimonial por demás insuficiente en cuanto al contenido, como la que ha

sido rendida con ese fin. Finalmente, debe también rechazarse el alegato de la

recurrente, en cuanto a la contravención que arguye de las disposiciones 368,

379, 388 párrafo 2° y 390 del CPC. Los documentos aportados, si bien demuestran

que la actora autenticó el contrato de novación bajo examen, no son suficientes

para tener por demostrada su  autoría o redacción

del texto de interés, elemento que resulta esencial, a la luz del precepto 61

del Arancel de Honorarios de Abogado, publicado en La Gaceta no. 64 del 4 de

abril de 1991, vigente a esa fecha, razón por la cual, procede el rechazo de la

censura.

En el tercero de los

reparos, recrimina, violación directa por aplicación indebida y falta de

aplicación, respectivamente del artículo 3° y transitorio I del Arancel de

Honorarios, Decreto Ejecutivo no. 32493-J del 9 de marzo de 2005, por cuanto,

dice, el contrato de novación fue firmado el 13 de abril de 2004, cuando el

Decreto mencionado no estaba vigente. Reclama asimismo, que el Tribunal niega

el derecho al pago de honorarios, bajo el argumento de que nunca se advirtió

sobre el monto a cobrar, obligación que no deriva del

Arancel aplicable a esa fecha. Subsidiariamente, censura, la sentencia infringe

el artículo 222 del

CPC, en forma que, al tener por acreditado que participó como asesora legal, debía reconocerse su

derecho a honorarios profesionales. Al respecto, considera esta Cámara, en

efecto, no resulta aplicable al caso específico, el Decreto no. 32493-J del 9 de

marzo de 2005,  toda vez que los hechos a los cuales hace referencia la

demanda, ocurrieron  en abril de 2004, cuando el Arancel en cuestión no se

encontraba aún vigente. A esa data, regía el Decreto 20307-J del 4 de abril de

1991, el cual, no contiene la obligación de advertir al cliente, sobre el monto

y forma en que le serán cobrados los honorarios por servicios de abogacía. Si

bien, hasta ese punto lleva razón la casacionista en

su análisis, el alegato como

se verá, resulta inútil. El Tribunal en efecto, hizo referencia a la

advertencia obligada del abogado, en cuanto al monto y forma de pago de los

honorarios, con fundamento en la norma de cita, únicamente como complemento de

una conclusión anterior, cuál es, que no probó que se le hubiera contratado a

ese fin, ni la autoría sobre el contrato de novación. Por ese motivo, a pesar

de que yerra al fundamentarse en una normativa que no se encontraba vigente, no

es esa la razón primordial por la cual considera inadmisible el cobro de

honorarios que imputa la abogada demandante, sino por el hecho de no haber

demostrado en juicio que hubiese sido contratada por I. para preparar el

acuerdo de novación o transferencia de contrato entre F. e I., ni la autoría o

redacción de dicho contrato. Conforme a lo anterior, el agravio podría haber sido eventualmente acogido, si del análisis de los juzgadores se

desprendiese el rechazo de una solicitud procedente de honorarios, por el solo

hecho de no haberse advertido sobre los extremos señalados con la debida

anticipación, por cuanto tal obligación no se desprende del Arancel que se

encontraba vigente a esa fecha. No obstante, al no haber

llegado el Tribunal a esa conclusión, sino a una de falta de rigidez

probatoria, la casación resulta inútil. Así las cosas, el

agravio debe rechazarse.

La recurrente plantea como agravio subsidiario, la

infracción del precepto 222 del

CPC e indebida aplicación del

canon 221 de dicho cuerpo legal. Alega en ese sentido, que al tener por

acreditado el Tribunal que participó en el proceso de negociación contractual como asesora legal, en

consecuencia no cabe considerarla vencida en sus pretensiones por lo  que debía reconocerse su derecho a honorarios

profesionales y por ende es litigante de buena fe. No obstante, estima este

órgano decisor, la condenatoria en costas al vencido procede por el sólo hecho

de serlo, es decir, por perder el litigio, sin que ello signifique que no haya

habido buena fe de parte del litigante, ni que su motivo para litigar haya sido

insuficiente. Así, en criterio de la mayoría de los integrantes de esta Sala,

la exoneración es una facultad del

juzgador; que como

tal, si no hace uso de ella, no incurre en la violación señalada, puesto que el

Tribunal se limitó a actuar la norma, por lo que debe rechazarse el reproche.

En mérito de lo

expuesto, por mayoría, procederá declarar sin lugar el recurso de casación.

Acorde al cardinal 611 del Código Procesal Civil, son sus

costas a cargo de la promoverte.

La suscrita no

comparte lo dispuesto en los considerandos III y IV del fallo de mayoría.

Estima esta juzgadora, aunque en el expediente no obra prueba que acredite, que

hubiere contratado a la abogada L. F., con el fin de redactar y suscribir la

referida novación, empero, de las testimoniales y confesional de L. O., así

como del documento presentado con la demanda en sobre aparte, se desprende, que

en efecto, la actora estuvo presente en las discusiones y realizó trámites

relacionados con el proyecto. En ese sentido, de la prueba analizada en su

conjunto, se extrae, que la profesional prestó servicios diversos de abogacía y

notariado para I. en el período en que fue discutido el proyecto de novación,

por lo que resulta innegable, su participación en ese proceso. Lo anterior se

obtiene tanto de las declaraciones de los testigos, A. y L. M., como de la confesional de

la señora L. O.. Sobre este

punto específico, si bien la confesante constestó no conocer o no constarle las

labores específicas realizadas por la abogada L. F., si reconoció su

participación a lo largo de la discusión del

proyecto, así como su relación con I. en el período en el cual, el contrato de novación fue

negociado. Adicionalmente, todos los testigos recuerdan su intervención en el

proceso, y su relación profesional con I.. Lo anterior

reviste especial particularidad, al tomar en cuenta que en sobre cerrado, se

allegó al expediente el contrato original de novación, el cual consta

autenticado por la profesional demandante en la fecha de suscripción de aquel.

Agréguese a lo anterior, que si bien dicho convenio no fue objeto de análisis

por parte del Tribunal, si fue aportado y mantenido en

custodia por en el archivo del Juzgado, por lo que la actuación de la

profesional en esa línea es indubitable. Ahora bien, aunque en la especie se

demuestra la actuación de la abogada actora en el proceso de negociación y

firma del

convenio de estudio, no se acredita la autoría de los contratos laborales que

alega. Las facturas aportadas a ese efecto, no pueden tenerse como elemento de

prueba suficiente a fin de demostrar su elaboración, por cuanto no poseen fecha

ni sello de recibido de la demandada, razón por la cual, en cuanto a este punto

específico, comparto la posición esbozada en el voto de mayoría, en cuanto

estimó no haberse demostrado el extremo alegado, referente a la elaboración de

varios contratos laborales. De consiguiente, revisado el contrato de novación,

el cual consta autenticado por la actora, y analizado dicho documento en

conjunto con las declaraciones de los testigos, y confesional, la demandante

alcanza a demostrar la participación que alega, evidenciando con ello un error

de hecho en la valoración de la prueba, en tanto el Tribunal no tuvo por

demostrado su aporte en la etapa de discusión del convenio referido. Así las cosas, procede acoger el agravio.

En la segunda censura,

reclama error de derecho en la apreciación de la prueba. De lo reclamado, en

opinión de esta juzgadora,  el Tribunal dejó de

apreciar la prueba en su conjunto. Los señores jueces hacen referencia en el

fallo impugnado, tanto a la prueba documental aportada, como a la testimonial y

confesional recibida, como elementos de los cuales, en su opinión, deriva la no

participación de la abogada L. F. en la fase de negociación del convenio de

examen. No obstante, de las probanzas se extrae, que la demandante fue en

efecto la abogada de I. durante

ese periodo. De lo anterior resulta una clara lesión al ordinal 338 del CPC, al

establecer en forma incorrecta el Tribunal, que de las declaraciones de la

señora L. O., no es dable establecer la participación profesional de la actora

durante la fase de negociación y firma del contrato de novación de interés. En

esa dirección, el Tribunal adujo, que la confesante no aportó detalles sobre lo

que se discutía, ni indicó los aportes que al efecto

brindó la actora en esas discusiones. Por el contrario, se observa de dicha

confesional, que en efecto le constaba la participación de la abogada L. F., a

lo largo del proceso

de discusión y aprobación del

mencionado contrato. Consta además en la especie, el convenio original

debidamente autenticado por la accionante, el cual acredita su participación como abogada directora de la

demandada, por lo que debe acogerse el reclamo en cuanto a la infracción

alegada a los cardinales 351, 372 y 373 del

CPC. Finalmente, debe acogerse también el alegato de la casacionista, atinente

a la contravención que arguye de las disposiciones 368, 379, 388 párrafo 2° y

390 del CPC, por cuanto, el Tribunal negó su valor probatorio, conforme se alega,

a documentos privados aportados por la parte, sin que de la especie derive, que

los documentos constantes en autos, carezcan de firmas u otros requisitos que

impidan reconocerles como originales o copias auténticas de aquellos. Se trata,

por el contrario, del

original autenticado por la actora, el cual no fue objeto de análisis por parte

del Tribunal, de donde debe acogerse la censura.

En criterio de esta

juzgadora, conforme a los considerandos I y II, de este voto salvado, es válido

derivar de la prueba aportada la participación de la señora L. F., en la fase

de negociación del convenio de examen, quien actuó como abogada de I. durante

ese periodo. Según lo establece la propia prueba confesional, la intervención

de la referida profesional en derecho a lo largo del proceso de discusión y aprobación del mencionado contrato,

es indubitable. Consta además en la especie, el documento original del contrato

de novación, el cual fue autenticado por la actora, lo que acredita, que en efecto,

actuó como abogada directora de la accionada, razón por la cual, no es de

recibo la tesis que esboza la fundación demandada, en cuanto a la imposibilidad

de derivar tal actuación de la profesional en los hechos objeto del presente

proceso. No obstante lo anterior, a efecto de establecer el monto a cancelar

por concepto de honorarios, debe tenerse en cuenta que en el numeral 61 del

Arancel vigente a esa fecha, publicado en la Gaceta no. 64 del 4 de abril de

1991, se establece el pago de honorarios conforme al 50% de la tabla del

precepto 70 por elaboración de contratos privados, al profesional que redacte

el contrato en cuestión. En la especie, si bien se ha demostrado que la actora

participó del proceso

de negociación y firma del contrato, empero,

no existe prueba que acredite que le correspondió también la redacción del referido acuerdo. Si

bien la norma 61 refiere el pago de honorarios por la redacción de contratos

privados, no existe en dicho Arancel numeral alguno que establezca el pago de

emolumentos por la asesoría en la firma o negociación de contratos, salvo los

que establecen el pago por horas profesionales, los cuales la propia actora

consideró inaplicables al caso concreto. Por consiguiente, en aplicación de los

preceptos 11 y 12 del Código Civil, y por considerarlo adecuado y conforme a

las tareas realizadas como profesional, procede conceder a la demandante, en

pago de sus emolumentos, la suma prudencial de $ 10.000,00; acorde a la labor

desplegada por dicha profesional.

En mérito de lo expuesto,

procederá acoger el recurso. Se anulará  la

sentencia del Tribunal. Se revocará parcialmente la sentencia del Juzgado, únicamente en cuanto al monto concedido en

concepto de honorarios. Fallando por el fondo, por

considerarlo justo y equitativo conforme a las tareas realizadas, se varía el

monto y en su lugar se fijan los honorarios de la actora en la suma prudencial

de $ 10.000,00. Son las costas a cargo de la parte

demandada.