Resolución 00324-2012

Con base en la sentencia del

Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José de las 13 horas

del 31 de enero de 2001, el

Instituto ejecutante presenta la respectiva liquidación para que se condene al

ejecutado al pago de la suma de ¢1.575.396,00.

El

ejecutado no contestó dentro del plazo otorgado al efecto, por lo que se le

declaró rebelde y por contestados afirmativamente los hechos de la demanda.

La Jueza

Amy Miranda Alvarado

en sentencia n. º 1461-2010 de las 14 horas del 18 de mayo de 2010, resolvió: "De

conformidad con lo expuesto: Se declara de oficio la falta de legitimación ad

causam activa; y consecuentemente, se declara sin lugar en todos sus extremos

la presente ejecución. Sin especial condena en costas.”

El

Lic. Mario Alberto Vargas Arias, en su expresado carácter, formula recurso de

casación indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la

tesis del Juzgado.

En los procedimientos ante esta Sala se han observado las

prescripciones de ley.

Redacta

la Magistrada Escoto

Fernández

El Juzgado de Tránsito del Primer Circuito Judicial de San José,

mediante sentencia firme de las 13 horas del 31 de enero de 2001, declaró a F.

autor responsable de la colisión acaecida entre los vehículos placas [...] (el

cual conducía el día de los hechos) y 287672 (guiado por el señor L.). En tal

condición lo condenó al pago de ¢7.000,00 por infracción a los ordinales 131

inciso j) y 132 inciso ch) de la

Ley de Tránsito, de los daños y perjuicios ocasionados al

propietario del vehículo placas […] y ambas costas del proceso. El Instituto

Nacional de Seguros (INS, el Instituto en lo sucesivo) formuló ejecución de

sentencia. Adujo, para reparar los defectos del vehículo conducido por el señor

L., se utilizó la póliza del Instituto no. 0101AUT49753-61 de la asegurada A. Sociedad

Anónima. En consecuencia, aseguró, el INS tuvo que pagar ¢1.565.396,00 según el

desglose insertado en la certificación expedida por el Departamento de

Indemnizaciones de Automóviles del Instituto. De esa forma solicitó “Se

apruebe en todos sus extremos la partida líquida y exigible puesta al cobro,

condenando al accionado al pago de ambas costas…”. El señor F. no contestó,

de manera que fue declarado rebelde. El Juzgado rechazó la ejecución al

declarar de oficio la falta de legitimación “ad causam activa” del Instituto,

sin realizar condena en costas. La ejecutante formula recurso de casación, el

cual fue admitido por esta Sala en auto de las 10 horas 35 minutos del 14 de

setiembre de 2011.

Sobre la prueba ofrecida. De conformidad con el artículo 145 del Código Procesal

Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPCA), las partes se encuentran

facultadas para aportar elementos probatorios ante esta instancia siempre que

sean documentos, públicos o privados, que “jure no haber conocido con

anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida”. En

el caso concreto, el recurrente pretende la incorporación del acuerdo de

subrogación y finiquito suscritos entre el beneficiario de la póliza y el INS,

a efectos de suplir la omisión a su deber probatorio que le fue imputado en la sentencia impugnada (solicitud visible a folio

41). Empero, dicha gestión resulta improcedente, toda vez que excede los límites

impuestos en la norma citada previamente, ya que ambos son documentos que se

encontraban en poder del ejecutante desde antes de interponer este proceso, lo

que, desde la óptica del precepto 145 citado, torna inadmisibles los elementos

de convicción mencionados. Ahora bien, no debe confundirse la posibilidad

otorgada a las partes de ofrecer nuevas probanzas con la prueba para mejor

resolver prevista expresamente para el juez casacional en el artículo 148

ibídem. Como ha indicado esta Sala, la última se caracteriza por ser del

juzgador, no de las partes, al tratarse de una facultad que se le otorga con la

finalidad de aclarar alguna cuestión fáctica que considere relevante,

pertinente y que no se logre colegir del acervo probatorio ofrecido. Además, no

puede desconocerse que ya esta Cámara ha considerado que con esta “no se

trata de corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en

cuanto a la carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en

las técnicas de defensa, dado que en esta hipótesis se vería seriamente

lesionada la igualdad entre los litigantes y comprometería la imparcialidad del

juzgador. De ahí que al ordenarla, deba respetarse la garantía de defensa en

juicio de cada uno de los involucrados en el litigio. Así, por el contrario,

debe ser introducida con el único objeto de esclarecer puntos de incertidumbre

o de duda que puedan surgir luego de ponderar los elementos aportados por los

litigantes.” (voto no. 213-F-S1-2008 de las 8

horas 20 minutos del 25 de marzo de 2008). En virtud de lo anterior, el

ofrecimiento con base en este título que realiza el casacionista resulta

improcedente, por lo que, de conformidad con el artículo 145 del CPCA, la

prueba aportada se declara inadmisible.

El recurrente, aduce un único agravio por

violación directa de normas sustantivas.  Acusa,

en el auto de traslado de la demanda, no existe prevención alguna por parte del

juzgador relativa a algún documento o

requisito que a la presentación de la demanda hubiese sido necesario presentar

dentro del plazo perentorio. La sentencia cuestionada, comenta, tuvo como único

hecho no probado “La firma de finiquito de subrogación alguno a favor de la

entidad ejecutante”. Ese documento, considera, es susceptible de

subsanación de conformidad con las normas 164, 61 y 49 del Código Procesal

Contencioso Administrativo, así como el 61 inciso 3) del Reglamento Autónomo de

Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. Agrega, el INS en fiel apego al canon 20 de la Ley de Seguros, subroga

legalmente el cobro de los dineros pagados por la Institución al

asegurado. En su criterio, si faltaba documentación necesaria para demostrar la

firma de un finiquito, tanto al cursar la demanda como a la hora de pasar el

asunto a sentencia se les debió prevenir, para así demostrar la verdad real de

los hechos y tener seguridad jurídica del resultado correcto de la decisión

final.

En la primera parte de su agravio, el casacionista asevera,

el juzgado debió prevenir la presentación del finiquito tanto en el auto de

emplazamiento como a la hora de trasladar el asunto para dictar sentencia,

según lo establecido en los cardinales 49, 61, 164 del CPCA, así como el 61

inciso 3) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. No resulta admisible el argumento de la parte en cuanto al

deber del juzgador de prevenir en caso de considerar que exista una ausencia de

elementos de convicción. El juez no puede ni debe suplantar a la parte en sus

obligaciones básicas ni corregir sus omisiones, como lo es la relativa a la

carga probatoria de los hechos esenciales que conforman la causa petendi. Si

bien el CPCA establece la posibilidad de que el juez contencioso realice una

serie de actuaciones y pronunciamientos oficiosos, se trata, en la mayoría de

los casos, de facultades. Precisamente, esto hace que su ejercicio dependa de

un margen de discrecionalidad propio del juzgador, lo que implica que no está

compelido a hacer uso de ellas, y menos aún, para solventar una negligencia de

las partes. Por ello, no lleva razón el recurrente al pretender que la

juzgadora le previniera la presentación de tales probanzas. Según las razones anteriores, el reproche debe ser rechazado.

Asimismo, el recurrente fundamenta su argumentación en lo

dispuesto por el precepto 20 de la

Ley no. 11 del 2 de octubre de 1922, Ley de Seguros, que al

efecto dispone: “Los aseguradores que ha­yan pagado en todo o en parte la

pérdida o daños de la cosa asegurada, quedan subrogados en los derechos que los

asegurados pudieran tener contra terceros responsables del siniestro y el

asegurado responde personalmente de todo acto que perjudique los derechos de

los aseguradores contra esos terceros.” Esta norma prevé una subrogación, a

favor de las aseguradoras de los derechos que el asegurado pueda exigirle a

quien haya ocasionado el siniestro. Es decir, en virtud del contrato de seguro,

las entidades aseguradoras, en este caso el INS, asumen la titularidad de los

derechos y acciones que el afectado ostenta frente al tercero responsable. Valga

acotar que esta opera de pleno derecho, por lo que no depende de la firma de un

contrato de esta naturaleza sino que basta con que se demuestre la concurrencia

de los supuestos mencionados. Ahora bien, desde la perspectiva sustantiva, esto

implica que quien subroga, asume la posición de acreedor en la relación

jurídica cuya prestación es la indemnización de los daños generados por el

percance. Desde este plano, resulta incuestionable la potestad del INS de

ejercer una pretensión cobratoria para recuperar aquellos montos pagados en

virtud de un contrato de seguro, siempre que se den las condiciones prescritas

en la norma previamente citada. Empero, desde el punto de vista procesal, los

efectos de la norma se materializan y agotan al conferirle al asegurador la

legitimación activa para actuar en defensa de un derecho propio. Claro está,

para que la pretensión sea acogida, la entidad aseguradora se encuentra sujeta

a los mismos rigores que cualquier otra parte en cuanto la demostración de los

hechos constitutivos de su pretensión. Las anteriores aclaraciones resultan

pertinentes, en la medida en que la jueza de instancia consideró que “aún y

cuando se tuvo por comprobado que, F. fue condenado al pago de los daños y/o

perjuicios ocasionados –entre otros- al vehículo placas […], y que el I.N.S.

desembolsó la cantidad que aquí se reclama por la reparación de los daños

provocados a aquél, lo cierto es que, dentro de este proceso no se acreditó la

existencia y/o firma de finiquito de subrogación alguno a favor de dicho

Instituto. Haciéndose la observación que, el numeral 20 de la Ley de Seguros lo que hace es

habilitar la subrogación de derechos por parte de los aseguradores –cuando

éstos hayan pagado total o parcialmente la pérdida o los daños de la cosa

asegurada -, nunca relevarlos de acreditar la condición con que se presentan a

juicio; sea, que aún y con la existencia de tal norma, la demanda debe acompañarse

del documento mediante el cual se le transmite al ente asegurador, la

titularidad del derecho.”  Al respecto, se reitera, en el caso

concreto opera una subrogación legal, ya que los derechos, acciones y

privilegios del acreedor se ceden sin necesidad de acuerdo, en forma total y de

pleno derecho a favor de quien disponga la ley. De conformidad con el canon 20

de la Ley de

Seguros, el INS queda facultado a cobrar las sumas canceladas por concepto de

pólizas de accidentes contra terceros responsables sin necesidad de aportar el

finiquito de subrogación que extraña la jueza. Ahora bien, en el sub examine, además de la ejecutoria, la otra

probanza que aportó la entidad aseguradora, fue la certificación INDE-2728-09,

emitida por el Licenciado J., director ejecutivo del Departamento de

Indemnizaciones de Automóviles del Instituto Nacional de Seguros, en donde se

afirma que por concepto de los daños ocasionados al vehículo asegurado: “se

giró la suma de ¢1.565.396,00 […] ES CONFORME: Se extiende la presente a

solicitud del Departamento de Cobros del Instituto Nacional de Seguros. Dada en

San José el día 17 de Marzo de 2009.”

(folio 13).  El primer punto que debe ser

destacado es que una certificación, como la que se analiza, no puede ser

considerada plena prueba, toda vez que se trata de un documento interno, en el

que se hace referencia a una cuenta por cobrar registrada por el presunto pago

de la póliza. Empero, tampoco resulta viable restarle total valor demostrativo.

Desde esta perspectiva, se trata de un documento con base en el cual se puede

presumir la existencia y cuantía del daño que se reclama. En todo caso, esta

sería relativa o iuris tantum, toda vez que la contraparte se encuentra en

posibilidad de oponerse a su contenido. En esa eventualidad, pesa sobre la

parte ejecutante la ineludible obligación de aportar prueba adicional mediante

la cual se acrediten los pagos realizados que justifiquen el monto detallado en

la certificación mencionada. En la especie, lo cierto es que el ejecutado no se

apersonó al proceso para oponerse al cobro pretendido por el INS. Esto hace

que, de acuerdo a lo expuesto en las líneas precedentes, la presunción iuris

tantum prevalece respecto del oficio INDE-2728-09, por lo que incurrió la

juzgadora en un yerro en la valoración de los elementos de convicción aportados

al proceso. Dadas las razones expuestas, se acogerá el agravio planteado.

Como consecuencia de lo anterior, al tener que anularse

la sentencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 150.2 del CPCA,

se deberá fallar el asunto por el fondo. Al efecto, el INS solicitó “que se

despache ejecución en contra del señor F., por la suma liquidada más el

cincuenta por ciento de ley. Se apruebe en todo sus extremos la partida líquida

y exigible puesta al cobro en este proceso, condenando al accionado al pago de

ambas costas de este proceso.” En este sentido, la ejecución se debe

declarar parcialmente con lugar, obligando al ejecutado F. a pagar la suma de

¢1.565.396,00 a favor del ejecutante, con base en la certificación

INDE-2728-09. En cuanto a la pretensión de que se conceda un rubro adicional

correspondiente al 50% de ley, esta debe ser rechazada, toda vez que no existe

ningún fundamento jurídico para conceder tal partida (habrá de notarse que no

se trata de un proceso monitorio de cobro

judicial fundado en título ejecutivo administrativo). Si bien esta es una

práctica propia de los anteriores procesos ejecutivos, la vía de la ejecución

de sentencia, al menos en un caso como el presente, tiene como finalidad y

límite cuantificar los daños otorgados en una resolución judicial firme. Ahora

bien, dado que se trata de la ejecución de una obligación de valor establecida

en la sentencia de tránsito (daños causados con ocasión del accidente de

tránsito), y de conformidad con el artículo 124 del CPCA, la suma concedida

deberá ser indexada con base en el Índice de Precios al Consumidor a partir de

esta sentencia y hasta su efectivo pago. En cuanto a las costas, de conformidad

con el precepto 193 del cuerpo normativo citado, se imponen al perdidoso.