Resolución 01679-2012

Con

base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora

estableció demanda cuya cuantía se fijó como inestimable, a fin de que en

sentencia se declara: " a.) Que a partir del momento en que la entidad

demandada recibió, aceptó y acreditó los pagos realizados por la actora el día

15 de marzo del 2002 para poner la cuenta al día, la operación crediticia quedó

saneada. B.) que por haber recibido la totalidad de las cuotas pendientes de

pago, más la cuota que actualizaba el crédito, los demandados, estaban

obligados a ordenar la suspensión del proceso ejecutivo hipotecario.- c.) Que

en razón de haberse dado por satisfechos con los pagos recibidos el 15 de marzo

del 2002 así como con los pagos posteriores, los demandados estaban en la

obligación de tomar las provisiones necesarias para suspender el proceso

ejecutivo hipotecario. D.) Que por no haber ordenado la suspensión del

ejecutivo hipotecario, a pesar de que la cuenta había sido saneada y puesta al

día, los demandados fueron negligentes en el ejercicio de sus obligaciones

funcionariales. Que como consecuencia de esa negligencia administrativa y

personal, en sentencia se les condene a pagarle a la actora: a) La

indemnización integral del daño producido con la pérdida de su vivienda, cuyo

monto se establecerá en ejecución de sentencia, una vez realizada la pericia

correspondiente. b) Que el monto de la condena, debe cubrir el valor de un

inmueble igual al perdido, llevando a valor presente al momento del pago. c)

Que deberán reintegrarle íntegramente los gastos de arrendamiento y traslado de

vivienda, en los que ha incurrido y deba incurrir desde la pérdida de la

vivienda y hasta la adquisición de otra en iguales condiciones. d) Que deberán

indemnizarla por el daño moral causado con su negligencia e imprudencia, que

generó dolor y sufrimiento no sólo por la pérdida de su patrimonio sino también

por el gran esfuerzo económico realizado por muchos años para adquirir vivienda

propia y por las condiciones vergonzosas en las que se verificó la pérdida. e)

Que deberán cancelar intereses sobre todas las sumas a las que resulten

condenadas, desde el momento de la pérdida patrimonial y hasta su efectivo

pago.- f) Que deberán reintegrar las sumas que la entidad recibió el 15 de

marzo del 2002 por pago de cuotas, gastos administrativos y honorarios de

abogado, así como los montos correspondientes a las cuotas pagadas de los meses

de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre del 2002.- g) Que

deberán de cancelar intereses sobre las sumas indicadas en la petitoria

anterior.- h) Que deberán de reconocerle la pérdida de valor adquisitivo de la

moneda, desde el 18 de setiembre del 2002 y hasta la fecha del efectivo pago de

todas las sumas a las que resulten condenados. i) Que deberán pagar ambas

costas del proceso. j) Que deberán cancelar intereses sobre las costas del

proceso, desde su condenatoria hasta su efectivo pago."

2.-

La parte demandada contestó negativamente y opuso la defensa previa de litis consorcio

pasivo necesario, la que fue declarada sin lugar mediante resolución no.

285-2005 de las 16 horas del 4 de marzo de 2005. Además, formuló la excepción

de falta de derecho.

3.-

El codemandado Acuña Ulate no contestó la demanda dentro del plazo al

efecto, por lo que en auto de las 8 horas 1 minuto del 22 de abril de 2005, se

le declaró rebelde y por contestados afirmativamente los hechos de la demanda.

4.-

La Jueza Yetty Patricia Hernández Orias, en sentencia no. 1954-2010 de las 15

horas del 30 de junio de 2010, resolvió: "Se rechaza la excepción de

litis consorcio pasivo necesaria, se acoge la excepción de falta de derecho

opuesta por la Caja Costarricense del Seguro Social, consecuente se

declara improcedente la demanda ordinaria interpuesta por la señora Ana

Cristina Barboza Cascante contra la Caja Costarricense del Seguro Social.

Son ambas costas de este proceso a cargo de la actora."

5.

El apoderado especial judicial de la actora apeló y el Tribunal Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, integrado por la Jueza Sandra M. Quesada

Vargas, los Jueces Francisco Jiménez Villegas y Francisco J. Muñoz Chacón , en

sentencia no. 26-2011 de las 16 horas 15 minutos del 29 de marzo de 2011,

dispuso: “En lo que ha sido objeto del recurso, se confirma la sentencia

apelada.”

El

licenciado Hines Céspedes, en su expresado carácter, formula recurso de

casación, indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del

Tribunal de instancia.

En los procedimientos

ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Rivas Loáiciga

En garantía de

un préstamo de dinero en efectivo, el  2 de mayo de 1995, Ana

Cristina Barboza Cascante otorgó a favor de la Caja Costarricense del Seguro

Social, en adelante CCSS, hipoteca de primer grado sobre la finca inscrita en

el Registro Público de la Propiedad Inmueble, provincia de San José, folio real

matrícula 388493-000, por ¢4.500.000,00. En dicha operación, se acordó que la

deudora reintegraría  la suma dada en préstamo en un plazo de 15 años,

mediante 180 cuotas mensuales y consecutivas de ¢92.622,00, por concepto de

capital e intereses, debiendo cancelar la primera el 18 de mayo de 1995. Se

dispuso además, que los pagos se efectuarían en las oficinas centrales de la

entidad  y que la no cancelación de una o más cuotas en tiempo daba

derecho para hacer exigible la totalidad de la obligación. A partir del 18 de

setiembre de 2001, la señora Barboza Cascante cesó en el pago de sus

obligaciones, haciéndose exigible la deuda de acuerdo a los términos del

contrato de préstamo. La CCSS, ante la mora, interpuso  el 14 de febrero

de 2002 proceso ejecutivo hipotecario para el cobro de un saldo de capital de

¢3.900.123,60, más intereses corrientes y moratorios al 12 de febrero de 2002

por ¢382.212.11, el 15 de marzo de 2002, la ejecutada canceló a la CCSS,

¢200.028,30, por concepto de honorarios de abogado y gastos administrativos,

así como las cuotas correspondientes a los meses de octubre, noviembre,

diciembre de 2001,  enero y febrero 2002. La demanda ejecutiva se notificó

a la señora Barboza Cascante el 26 de abril de 2002. Días después, el 9 de

mayo, el Juzgado Civil de Asuntos Sumarios del Segundo Circuito Judicial de San

José, remató el bien dado en garantía. En ese momento no habían sido canceladas

las cuotas correspondientes a meses de marzo y abril de 2002. La señora Barboza Cascante interpuso éste proceso

ordinario contra la CCSS, Juan Luis Delgado Monge y José Alberto Acuña Ulate.

Pretende, en lo fundamental, se declare en sentencia que: 1) al haber

cancelado, el 15 de marzo de 2002, la totalidad de la cuotas pendientes de

pago, más la que actualizaba el crédito, la operación bancaria quedó saneada;

en virtud de ello,  los demandados estaban obligados a ordenar la

suspensión del proceso ejecutivo hipotecario y; 3) al no haberlo hecho, fueron

negligentes en el ejercicio de sus funciones. En razón de lo anterior, solicita

también la condena de los accionados en daños y perjuicios, así como al pago de

ambas costas del proceso. La CCSS contestó en forma negativa y opuso las

excepciones de falta de derecho y litis consorcio pasivo necesario. El

demandado José Alberto Acuña no contestó, por lo que fue declarado rebelde.

Mediante resolución de las 14 horas 2 minutos del 28 de febrero de 2007, se

tuvo por desistida la demanda, en lo que respecta al señor Juan Luis Delgado

Monge, por haberlo así solicitado el apoderado judicial especial de la parte

actora. El Juzgado rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario,

acogió la defensa de falta de derecho opuesta por la CCSS y declaró sin lugar

la demanda en todos sus extremos. Condenó, además, a la parte perdidosa al pago

de ambas costas del proceso. El Tribunal confirmó lo resuelto por el A quo. El

apoderado especial judicial de la actora formula recurso de casación por el

fondo. Son siete los cargos.

II.-

acusa “errónea fundamentación del fallo” , con infracción de los

artículos 155 del Código Procesal Civil (CPC),  24 y 62 de la Ley

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA) y 190 de la

Ley General de la Administración Pública (LGAP). El Juzgado, dice, en una

primera sentencia (no. 1861-2008, de las 15 horas 30 minutos del 19 de

diciembre de 2008), rechazó las excepciones opuestas, declaró con lugar la

demanda y condenó a la entidad demandada al pago de algunos de los extremos

peticionados. Ambas partes apelaron y el Tribunal (sentencia no. 0094-2009, de

las 16 horas 5 minutos del 30 de octubre de 2010), anotan, anuló el fallo del A

quo y le ordenó resolver todos los puntos reclamados por las partes. El

Juzgado, resolviendo de nuevo (no. 1954-2010 de las 15 horas del 30 de junio de

2010), reprocha, modificó el elenco de hechos probados y no probados de su

primera resolución y declaró improcedente la demanda. Ante ello, explica, su

representada volvió a apelar, indicándole al Tribunal que el Juzgado fue más

allá de lo que este le ordenó hacer, a saber, pronunciarse sobre los extremos

que omitió. El Ad quem sin embargo, combate, mantuvo el criterio de su

inferior, por cuanto estimó que éste podía, en ejercicio de sus facultades,

reexaminar la cuestión sometida a su conocimiento y resolver de manera distinta

a como lo hizo en un primer momento.   En su opinión, si bien la

declaratoria de nulidad de una sentencia la elimina del mundo jurídico, no

implica que los presupuestos fácticos y jurídicos que la originaron

desaparecen, en tanto los hechos y las pruebas siguen siendo las mismas que

motivaron la sentencia anulada. El quebranto del numeral 155 del CPC  y

del 24 de la LRJCA, manifiesta, ocurrió al pronunciarse el  Juzgado sobre

extremos no pedidos por las partes y el Tribunal confirmar lo resuelto por el A

quo. Los juzgadores de ambas instancias, recalca, omitieron el análisis de las

cuestiones de fondo propuestas, las citas doctrinales o legales de apoyo que

permitieran conocer el fundamento de su decisión y se extralimitaron al

resolver sobre puntos no cuestionados ni debatidos por las partes. Sintetiza en

siete puntos las alegaciones de la CCSS en su defensa, los cuales estima

limitaban el actuar tanto del Juzgado como del Tribunal. Estos, defiende,

tenían jurídicamente prohibido separarse de esos alegatos al resolver. De tal

manera, expresa, “Al quebrantar los límites impuestos por las normas

indicadas, incurrieron en violación directa de la ley por inaplicación de los

artículos arriba indicados”. El Juzgado, reitera, incumplió con el mandato

de su superior y reformuló los hechos probados y los no probados, con lo cual

realizó “(…) una novedosa pero disconforme valoración de la prueba y, por

supuesto, equívocas conclusiones. El Tribunal confirmó la infracción y

consecuentemente incurrió en el mismo vicio (…)”. Con ello, dice,

transgredieron los numerales 62 inciso b) y c) de la LRJCA y 190 de la LGAP.

Segundo:

imputa al fallo recurrido infracción indirecta de los numerales 330 del CPC, 62

incisos b) y c) de la LRJCA y 190 de la LGAP, por  errónea valoración de

la prueba. El Juzgado, arguye, tuvo la falta de apersonamiento de la actora al

proceso como un hecho no probado de importancia para la resolución del presente

asunto, al punto que sobre esta circunstancia giró su sentencia. El A quo,

asegura, rechazó las pretensiones de su representada, bajo el supuesto de culpa

de la víctima, al considerar que el daño sufrido no fue causado por la CCSS

sino por dos situaciones: a) que al momento del remate adeudaba dos cuotas y;

b) que no se apersonó a defenderse en el proceso ejecutivo. No obstante lo

anterior, señala, el Tribunal equívocamente consideró que la exclusión o

inclusión de ese hecho no probado en nada  modificaba el cuadro fáctico o

jurídico para las resultas del proceso. De haber el Ad quem apreciado la prueba

en conjunto, asegura, hubiese podido arribar a una serie de conclusiones que lo

habrían hecho considerar que tener por probado o no el apersonamiento de la

actora al proceso sí era relevante a la hora de resolver, pues el A quo lo

utilizó como causal de eximente de responsabilidad. El Tribunal, opina, debió

acoger la demanda en aplicación del canon 190 de la LGAP, norma base para

declarar la responsabilidad de la Administración. En la especie, anota, se

reclama una conducta administrativa y un funcionamiento anormal. La primera, al

no haberse girado las ordenes necesarias a las oficinas de la demandada

relacionadas con los proceso ejecutivos, para dar por concluido el proceso

cobratorio contra la accionante, una vez que se recibió el pago de las cuotas

atrasadas más los gastos que para esos efectos se exigen. El segundo, por la

falta del servicio derivada de la descoordinación  interna para acreditar

debidamente los pagos y ordenar el cese de la ejecución, con grave perjuicio

para la actora.

alega violación de las disposiciones 330 del

CPC, 20, 21 y 22 del Código Civil (CC), 190 de la LGAP y 62 de la LRJCA, por

errónea apreciación de la prueba. Critica a los juzgadores de instancia, al

haber considerado que el remate de la vivienda no le causó daños y perjuicios a

la demandante, por constituir el ejercicio legítimo de un derecho del acreedor

para hacerse pago de su acreencia. La almoneda, por el contrario, asevera,

constituyó un abuso de un derecho, porque al momento de celebrarse el remate,

la CCSS carecía de soporte fáctico, de causa para continuar con la ejecución y,

por ende, con el remate. Ello por cuanto al momento en que la accionada recibió

de la actora el pago de los gastos administrativos, honorarios de abogado y las

cuotas atrasadas, se restableció la normalidad del crédito y desapareció el

derecho de ejecución: “Al verificarse el cumplimiento de las condiciones

impuestas por la accionada para normalizar la situación crediticia, la CCSS

renunció –cuando menos temporalmente- al derecho de acción ejecutiva, por lo

que cualquier gestión judicial en contra de la demandantes, resultaba un abuso

del derecho (…)”. Dicha situación, amplía, no tiene cabida al amparo de las

disposiciones 28 y 129 de la Constitución Política (CP), 20, 21 y 22 del CC. El

Tribunal, comenta, “(…) incurrió en error de derecho por violación directa

de la ley por inaplicación, y en violación indirecta por indebida valoración de

la prueba”.  El quebranto por inaplicación de los preceptos del CC

citado, manifiesta, consistió en que el Ad quem no apreció, ni valoró que: 1)

si bien la decisión de la CCSS de continuar con el proceso ejecutivo se

amparaba en un contrato, al haberse recibido el dinero de las cuotas atrasadas,

los honorarios de abogado  y demás gastos, dejó de tener de soporte

fáctico y, por tanto, de cumplir con las exigencias interpretativas del numeral

20 del CC; 2) los pagos realizados en las cajas recaudadoras de la CCSS, previa

autorización de la Oficina de Cobro Judicial, implica que la actuaciones

posteriores de la demandada fueron de mala fe, pues carecía de derecho para

ello; 3) la recepción de dichos pagos generó en la actora un principio de

confianza legítima al considerar que a partir de ese momento, todo regresaba a

la normalidad, al producirse implícitamente un arreglo de pago; 4) la gestión

para suspender el proceso cobratorio era resorte de la CCSS, pues expresamente

reconoció que los pagos a su favor se realizaron antes del remate, así  al

no valorar el Ad quem, esa confesión espontánea a título de prueba, incurrió en

error de derecho; 5) se produjo un abuso del derecho por parte de la accionada,

el cual obvió el Tribunal, al continuar el proceso ejecutivo, como si la

demandante permaneciera  en mora por los meses que originaron la remisión

del cobro a estrados, pese a que aceptó haber recibido los pagos respectivos;

si se considera de forma hipotética que la actora hubiese estado en mora por

los meses de marzo y abril de 2002, el remate tampoco podía haberse realizado,

dado que los pagos de esos meses no originaron el proceso ejecutivo, sino los

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2001 y enero de 2002. Estos últimos,

expresa, fueron cancelados el 15 de marzo de 2002, pago que acepto la demandada

de manera clara, al emitir los recibos respectivos a título de arreglo de pago.

De tal manera, afirma, al mantener el cobro judicial, la CCSS se enriqueció

injustamente causando graves daños y perjuicios a su mandante. El canon 330 del

CPC, advierte, resulta quebrantado porque a pesar de que la demandada aceptó

que la accionante hizo pagos desde el 15 de marzo de 2002, dos meses antes del

remate, el Tribunal desconoció el valor de plena prueba que el numeral 338 del

CPC otorga a la confesión, con lo cual se produjo un abuso de derecho conforme

la norma 22 del CC. En su opinión, el alegato de que la actora debió

comunicarle a su acreedora los  pagos realizados resulta absurdo, pues en

el expediente consta que fueron hechos previa autorización de las dependencias

de la CCSS, dado que requería de un desbloqueo del sistema informático para

poder recibirlos, lo que implica que la entidad a lo interno conocía de la

situación.  Si el Tribunal hubiese apreciado la confesión de la entidad

accionada de manera correcta, habría concluido que el pago que esta recibió

sirvió para normalizar la situación de la demandante e impedir que se

continuara con el proceso ejecutivo. Al no hacerlo, indica, incurrió en error

de derecho y en quebranto, por inaplicación, del numeral 22 del CC. Los

testigos de la CCSS,  Asdrúbal Alpizar González y Jorge Oviedo Cortés,

así como los ofrecidos por la actora, asegura, fueron preteridos. La falta de

análisis de la prueba testimonial y documental, amplía, condujo a una

resolución contraria a derecho, al calificar la conducta de la accionada como

ejercicio legítimo de un derecho, cuando en realidad se trata de un abuso del

derecho, de actuación de mala fe, contraria al ordenamiento (cánones 20, 21 y

22 del CC). Añade trasgredidos los preceptos 41  de la CP, 190 de la LGAP

y 62 inciso b) y c) de la LRJCA).

el Tribunal, argumenta, eliminó

como hecho no probado, que luego de los pagos que realizó la demandante el 15

de marzo de 2002, ésta continuó cancelando las mensualidades hasta setiembre de

ese año, cuando fue desalojada de la vivienda, a consecuencia del remate

efectuado el 6 de mayo de 2002. Los documentos públicos donde constan

esos  pagos, al tenor de las disposiciones 369 y 370 de CC constituyen

plena prueba. De conformidad con los numerales 317 y 155 ibídem, dice ella,

comprobó los hechos que justificaban su pretensión, por lo que el Tribunal

tenía la obligación de incorporar entre los hechos probados esos desembolsos.

Al omitirlo, asegura,  pretirió prueba con un resultado adverso para la

parte demandante, al exonerar de responsabilidad a la CCSS, lo cual conlleva

la trasgresión de normas sustantivas (62 incisos b) y c) de la LRJCA). El

precepto 190 de la LGAP, colige, dispone que la Administración responde

por  todos los daños que ocasione su funcionamiento legítimo o ilegítimo,

normal o anormal. En la especie, asevera, la actora normalizó su situación

crediticia con la accionada a través de “una especie de arreglo de pago”,

de tal forma que cualquier conducta de la CCSS en perjuicio de su representada,

se constituye en ilegítima y anormal.

el Ad quem, aduce, trasgredió

el canon  574 del CPC por indebida interpretación. En el considerando VIII

de su sentencia, denuncia, rechazó el agravio ahí consignado, argumentando que

la actora se limitó en su apelación a señalar los hechos probados pero sin

expresar en qué forma la omisión produjo un resultado adverso. El Tribunal,

sostiene, erró en la lectura de la apelación que oportunamente planteó, la cual

transcribe en lo conducente. Considera que en dicho escrito se le explicó

detalladamente las razones por las cuales se consideró debía quebrarse el fallo

del A quo,  que de haberse considerado toda la prueba el resultado hubiese

sido distinto. El recurso de apelación, asegura, se tramita según dispone el

artículo 574 del CPC, no por el 595 ibidem, como parece entender el Tribunal,

al rechazar el cargo al considerar que el apelante no expresó con claridad y

precisión la forma en que la omisión de hechos produjo un vicio en la sentencia

que implicara su revocatoria. Por ello, estima se produjo “un error de

derecho con infracción directa del artículo 574 del Código Procesal Civil, que

fue objeto de una errónea lectura e interpretación”. Esta norma, reprocha,

no impone una forma particular de expresar agravios, como parece exigir el Ad

quem. En su apelación, asevera, su mandante argumentó en forma detallada y

precisa para solicitar la revocatoria de la sentencia con ocasión de “una

falta de valoración de los hechos probados  que la ad-quo no valoró ni

consideró”. Esta Sala, indica, en forma reiterada ha señalado que los

hechos resultan la medida de la pretensión, de manera que una vez probados, el

resultado es el acogimiento de la petitoria, en la misma medida de la prueba

recabada. El Tribunal, corrobora, modificó el “basamento” de la

sentencia del A quo, a través de una particular interpretación. Insiste en

cuanto a que al aceptar los pagos que realizó la actora, la CCSS normalizó su

situación crediticia con una “especie de arreglo de pago”, que

implícitamente representó su voluntad de renunciar a la ejecución, por lo que

debió ordenar la suspensión del proceso ejecutivo. Los pagos para cubrir las

cuotas de octubre, noviembre, diciembre 2011 y enero 2012, los gastos

administrativos y honorarios de abogado, realizados con posterioridad a la

presentación de la demanda, aclara, no eran imputables en el proceso sumario,

porque constituían la formalización de una “especie de arreglo de pago”

aceptado por la accionada. El remate, opina, no podía llevarse a cabo por la

totalidad del crédito, pues a la fecha cuando se efectuó el capital adeudado

era menor como consecuencia de las amortizaciones realizadas por la actora. La

garantía hipotecaria responde, salvo pacto expreso en contrario, advierte,

al  saldo deudor a título de capital. Lo contrario, anota, pondría al

deudor en una situación discriminatoria y  de desventaja. El Tribunal,

argumenta, desconoció que el remate realizado debió “descalificarse” por dos

razones: uno, la normalización del crédito, lo cual despojó a la entidad

demandada de su derecho de acción ejecutiva; dos, la base de la almoneda fue el

adeudo hasta enero de 2002, porque una vez canceladas las mensualidades del

crédito correspondientes a los meses de octubre 2011 a febrero 2012, debió la

CCSS solicitar un  nuevo remate con una nueva base de capital. De tal

manera, se infringieron los preceptos 317, 330 y 667 del CPC, 764, 766 y 773

del CC, al tener el Ad quem por correctas las acciones de la actora en el

proceso de ejecución. Los pagos tardíos efectuados por la demandante, los

cuales fueron en forma expresa aceptados por su acreedora, implicó una reforma

implícita a los contenidos en la obligación. La CCSS, considera, modificó su

voluntad inicial de ejecución una vez que aceptó normalizar en la vía

administrativa la situación crediticia de la accionante, reajustando así los

términos del contrato original. Los pagos, recuerda, los efectuó la actora a

quien representaba a la CCSS, según consta en los documentos emitidos por ella.

Dicha prueba, expresa, fue indebidamente valorada, lo cual conllevó la

desaplicación de la  norma 766 del CC y, por ende, la denegatoria a la

accionante de su derecho a una indemnización conforme dispone el artículo 190

de la LGAP.

se muestra inconforme con la sentencia impugnada al

resolver el Tribunal, que para la fecha del remate la actora tenía dos cuotas

atrasadas. En la apelación, manifiesta, se alegó que esa supuesta falta de pago

de las cuotas de marzo y abril de 2002, no podían dar lugar al remate, porque

la falta de pago que dio origen al proceso ejecutivo, lo fue el atraso en

las mensualidades de octubre de 2011 a enero 2012, inclusive. Su representada,

arguye, reclamó ante el Ad quem, que el remate solo podía verificarse si se

mantenía la base fáctica que le dio origen, no por el atraso en los pagos

de marzo y abril de 2002, mensualidades ausentes en la liquidación original,

sin embargo, los argumentos ofrecidos no fueron aceptados. Trascribe el

criterio de los juzgadores de segunda instancia para fundamentar el rechazo. El

razonamiento jurisdiccional, asegura, no se ajusta al orden ni a la lógica

jurídica y conlleva un “error de derecho en la apreciación de la prueba”

y, consecuencia de ello, “violación directa”, por inaplicación, del

numeral 644 del CC, yerro que de no haberse dado hubiese producido un resultado

distinto. La normalización del crédito, reitera, modificó el modo de cumplir la

obligación y, por ello, la CCSS no podía continuar con el proceso ejecutivo.

Esto por cuanto al desbloquear la demandada el sistema para recibir los pagos

efectuados el 15 de marzo de 2002, expresó su voluntad conciliadora,

normalizando la relación crediticia, lo cual impedía  continuar con la

ejecución. Invoca de nuevo el quebranto de los preceptos 28 y 129 de la CP, 20,

21 del CC, así como del 1009 y 1022 del CC, todos por inaplicación, consecuencia

de la indebida valoración de los hechos y de la prueba. Los pagos efectuados

por la actora y la aceptación que de ellos hizo la demandada, afirma,  dio

lugar a un convenio entre las partes que no requería más formalidades para su

perfeccionamiento. De ahí, que estima trasgredidos las disposiciones 1009 y

1022 del CC. En su sentir: “Si los pagos perfeccionaron el acuerdo y los

acuerdos son ley entre las partes, la entidad demandada incurrió en un abuso

del derecho que se castiga con la obligada indemnización en aplicación del

artículo 190 de la LEGAP por la responsabilidad incurrida por su conducta

ilegítima y funcionamiento anormal, acogiéndose la demanda en estricto apego al

artículo 62 incisos b) y c) del LRJCA, aplicable a la época”. A manera de

resumen, alude de nuevo a los argumentos dados en este cargo y en los

anteriores.  Añade a la lista de normas vulneradas, las disposiciones 773

y 777 del CC, “(…) por errónea valoración de la prueba con infracción por

errónea interpretación”. Debe entenderse, juzga, atendiendo a lo dispuesto

en el primero, que la aceptación de los pagos significó que la acreedora

accedió  continuar con los plazos originalmente estipulados, lo cual

otorgó al deudor el derecho a acogerse a ellos  y, consecuentemente, no

podía ser compelido al pago  en vía judicial.

el Ad quem,

expone, cometió error de derecho al confirmar la sentencia del A quo, en

relación con la falta de nexo causal para la reclamación de responsabilidad.

Los juzgadores de ambas instancias, recrimina, concluyeron que la actora fue la

causante de la ejecución de la que fue objeto, al haber caído  en mora,

dando derecho así a la CCSS a acudir a la vía ejecutiva a reclamar la totalidad

de la deuda, por lo que su reclamación de responsabilidad carece de nexo causal.

El Tribunal, reprocha, indicó que los argumentos de la accionante eran

reiterativos, pese a que precisamente el “quid” del conflicto es la

falta de valoración del elemento fáctico en relación con el ordenamiento

jurídico que lo sostiene. En esas manifestaciones que critica el Ad quem,

aclara,  se  centra la ilegitimidad de la conducta de la demandada y

la “equivocidad” de las sentencias de ambas instancias. Lo resuelto por

el Tribunal, dice, no es jurídicamente razonable. Conforme al artículo 1009 del

CC en relación con el 1022 ibídem, sostiene: “(…) el acuerdo al que llegó la

actora con la entidad demandada de: cancelar las cuotas atrasadas, los gastos

administrativo y los honorarios de abogado, constituyó una renuncia implícita

de la CCSS de continuar con el proceso ejecutivo y una confirmación de su

voluntad de mantener el sistema de pagos parciales o por cuotas hasta su

vencimiento total. Esa fue la voluntad libremente expresada por la aquí

demandada con el arreglo de pago implícito en su decisión de desbloquear el

sistema para recibir los pagos”. Esa conducta de la accionada, asegura, le

restó legitimación ad causam y ad procesum para continuar con el proceso de

ejecución. Aceptar lo contrario, anota, sería reconocer y legitimar un “engaño”

en el comportamiento administrativo, conducta sancionada por el artículo 22 del

CC. Hay, agrega, una aparente ausencia de análisis de la prueba con incorrecta

aplicación del derecho. Al confirmar el Tribunal la sentencia del A quo, anota,

quedo al descubierto que no valoró, entre otros, el documento ofrecido como

prueba 7 y los testigos recibidos, especialmente la declaración de los señores

Asdrubal Alpizar y Jorge Oviedo Cortés. La prueba documental identificada con

los números del 1 al 8, defiende, demostró que a la demandante se le aceptaron

los pagos de la totalidad de las cuotas adeudadas al interponerse la demanda

ejecutiva, así como los gastos administrativos y los honorarios de abogado,

circunstancia que obligaba al jefe de la sección de control de morosidad de la

entidad demandada a ordenar el levantamiento del cobro en sede judicial. Al no

apreciarlo así el Tribunal, explica, incurrió en errónea valoración de dicha

prueba. Otra equívoca  apreciación, declara, consistió en la total

inadvertencia al Instructivo Arreglos de Pago por Morosidad en Créditos

Hipotecarios de la CCSS,  que obra en autos. Según este instructivo,

asegura, corresponde a la CCSS  cumplir con las exigencias de dicha

normativa respecto de los arreglos de pago que se verifiquen, entre estas

suspender las acciones de cobro que se hayan emprendido en la vía judicial. De

nuevo acusa errónea apreciación de los testimonios de los señores Oviedo Cortés

y Alpizar González. Ellos, dice,  explicaron que el sistema de cobros

computarizado solamente permite recibir pagos por arreglos, cuando el jefe de

la sección respectiva ordena el desbloqueo, una vez cumplidas las condiciones

impuestas por la entidad para ello. Recuerda también, que el Tribunal quebrantó

el precepto 330 del CPC, que ordena apreciar la prueba en forma global, así

como los numerales 369 y 370 ibídem, al desconocer que los recibos que emitió

la CCSS como comprobantes de pago, son documentos públicos y como tales hacen

plena prueba. Por el fondo, vuelve a reiterar el quebranto de los preceptos 190

de la LGAP y 62 incisos b) y c) de la  LRJCA.

El recurso,

según se verá, en su mayor parte resulta informal. Así se desprende de la

lectura de los cargos. En el primero, si bien no lo dice de manera

expresa el recurrente, hay que entender que aunque alude a una errónea

fundamentación del fallo, lo alegado es una incongruencia. El Tribunal, indica,

al confirmar la sentencia del Juzgado, se extralimitó al resolver sobre

extremos no pedidos por las partes y puntos no cuestionados ni debatidos.

Sin embargo, no concreta a cuáles extremos no pedidos o puntos no cuestionados

o debatidos se refiere. Se circunscribe a puntualizar los argumentos de defensa

de la CCSS, los cuales considera delimitaban el actuar de Ad quem. Alude luego

a una errónea valoración de la prueba, pero no indica a cuál se refiere ni cuál

norma sobre el valor probatorio se infringe. Además, tampoco explica de qué

forma resulta quebrantado el artículo 190 de la LGAP. La exposición del

reproche resulta poco clara e imprecisa, contraria a las exigencias técnicas de

la casación.  En el segundo, se alude a una errónea valoración de

la prueba y a su falta de apreciación en conjunto. Sin embargo, no indica a

cuáles elementos probatorios se refiere, ni tampoco cita las normas sobre su valor.

Acusa de nuevo en el tercer reproche, errores de índole demostrativo, en

concreto de la “confesión expontánea” de la entidad accionada y de los

testigos de la CCSS Asdrúbal Alpizar González, Jorge Oviedo Cortés y “(…) de

los ofrecidos por la parte actora”. Respecto de la primera, interesa decir,

que si bien la entidad demandada aceptó al contestar la demanda que la actora

hizo el referido pago el 15 de marzo de 2002, no por ello tuvo por normalizada

la operación crediticia. Así lo hizo ver al referirse al hecho ocho: “No es

cierto porque no consta ningún documento de solicitud de arreglo de pago por

parte de la deudora. Tampoco es cierto que haya continuado realizando los pagos

puntuales. De un estado de cuenta que consta en el expediente administrativo,

consta que la actora se encontraba en mora al momento del día  del remate,

como ya se indicó en la contestación al hecho anterior”. No incurrió

entonces el Ad quem en error al apreciarla. Por otro lado, vale decir, que

cuando la censura está referida a la apreciación errónea de testimonios, tal

demostración no se satisface con afirmaciones generales y abstractas en

relación con las declaraciones. Para la procedencia de los reproches

resulta  imprescindible que el recurrente cite los pasajes de estas que el

juzgador no apreció, o aquellos que interpretó equivocadamente, expresando las

razones en que funda el presunto desacierto. Lo anterior se extraña en la

exposición del cargo, lo cual conlleva su informalidad. Alega el recurrente en

el cuarto motivo, que el Tribunal no tuvo como hecho probado los pagos

que realizó la demandada después del 15 de marzo de 2002, lo cual conlleva la

preterición de los documentos públicos donde constan estos desembolsos. Si bien

la actora depositó la cuota de la mensualidad de marzo el 21 de mayo de 2002 y

las de abril, mayo, junio y julio, el 31 de julio de 2002, es lo cierto que tal

circunstancia carece de influencia en la decisión de la litis, toda vez, que se

trata de abonos realizados luego de efectuado el remate, cuando ya resultaban

inocuos a los efectos el proceso ejecutivo. Se trataría, en todo caso, de un

error de derecho intranscendente y, por tanto, incapaz de quebrar el fallo. En

el quinto cargo, achaca el casacionista al fallo impugnado indebida

interpretación del numeral 574 del CPC. Al respecto, cabe recordar que la

interpretación errónea como motivo de casación está referida a normas

sustantivas, no a instrumentales o procesales, carácter que ostenta el precepto

invocado, por lo que no resulta de recibo el reparo. Luego, como si se tratara

de un recurso de apelación, combate la sentencia del Tribunal manifestando sus

inconformidades respecto de lo decidido, sin arribar a cargos concretos que se

puedan enmarcar en alguna de las causales del recurso y permitan su estudio por

parte de esta Sala. Aduce errónea apreciación de la prueba, pero su exposición

resulta confusa e imprecisa. Carece de claridad respecto de las pruebas

supuestamente mal apreciadas y en qué consiste su errónea valoración. A lo

anterior se suma la cita de disposiciones legales, sin una debida explicación

sobre su eventual trasgresión. En el sexto, de nuevo incurre en

imprecisión y falta de claridad en sus alegados. Acusa errores de derecho en la

valoración de la prueba, pero no especifica a cuáles se refiere. Solo alude a

la existencia de acuerdos implícitos y voluntades conciliadoras  presuntas

derivados de conductas de la entidad demandada, de los cuales no existe prueba

directa alguna. Tal y como lo estableció la CCSS en la contestación de la demanda,

no existe prueba de que las partes hayan formalizado un arreglo de pago. Se

trata de meras suposiciones que ni siquiera podrían constituir prueba

indiciaria. Al no haberse dado un convenio o un arreglo de pago que

comprometiera a la CCSS, no habría violación directa tampoco, como acusa el

casacionista, de los numerales 1009 y 1022 del Código Civil, únicos preceptos

respecto de los cuales de alguna manera cumple con indicar en qué consiste la

infracción. Por último, en el sétimo cargo, insiste el recurrente en la

existencia de acuerdos implícitos, renuncias y voluntades tácitas que dice

derivan de la conducta mostrada por el CCSS ante los pagos efectuados por la

actora el 15 de marzo de 2002. Se refiere de nuevo a la “ausencia de

análisis de la prueba”. Indica  como preteridos el documento ofrecido

como prueba siete y la testimonial. No obstante, falta con la indicación de

los  fragmentos de estas que el juzgador no apreció, o aquellos que

interpretó equivocadamente, expresando las razones en que funda el presunto

desacierto. Por otro lado, el “Instructivo Arreglos de Pago por Morocidad en

Créditos Hipotecarios”, en su artículo 11, texto que el casacionista estima

infringido, con claridad indica que: “Las acciones de cobro por la vía

judicial que se estén realizando a un prestatario, podrán

suspenderse siempre y cuando exista un arreglo de pago debidamente formalizado

y se cancele en forma simultánea los gastos administrativo y honorarios de

abogado” (la negrita y el subrayado son suplidos). Como se observa, se

trata de una potestad de la Administración, que en todo caso, requiere

necesariamente de “un arreglo de pago debidamente formalizado”, convenio

que en la especie no existe.

En mérito de

las razones expuestas, deberá desestimarse el recurso formulado, con sus costas

a cargo de quien lo formuló (artículo 611 del Código Procesal Civil).