Resolución 01230-2011

De

conformidad con lo dispuesto en los artículos 591 y 596 del Código Procesal

Civil, el recurso resulta admisible únicamente en cuanto a los cargos de fondo

denominados con las letras a) y d). Los demás, así como el

agravio procesal, se deben rechazar de plano por las razones que se dirán.

En materia de

impugnaciones rige el principio dispositivo. Es por iniciativa del interesado y

a través de su ruego específico, que el juez que dictó una resolución o su

superior, según sea el tipo de recurso de que se trate, debe analizarla, a los

efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a derecho. Para llevar a

cabo esa función contralora, es menester la exposición de motivos concretos de

agravio, los cuales delimitarán el examen de lo resuelto, no pudiendo el

juzgador abarcar aspectos diversos de los reclamados ni decidir en perjuicio

del único recurrente. El recurso de casación participa de estas

características, y, además, impone el riguroso cumplimiento de ciertos

requisitos de admisibilidad. Se restringe al estudio de los cargos sometidos a

la Sala, la cual, por disposición del artículo 608 del Código Procesal Civil,

solo podrá conocer de los puntos objeto del recurso, no pudiendo verificar un

examen oficioso de lo decidido por los jueces de instancia. Requiere, entonces,

que el casacionista formule, de manera diáfana y manifiesta, las objeciones que

tiene contra la resolución impugnada. De otro modo, es imposible establecer si

se han cometido defectos formales, capaces de calificar como causales de índole

procesal, o bien, quebrantos normativos, propios de la casación por razones de

fondo. Desde esta orientación, el legislador ha dispuesto, en los artículos 596

y 597 ibídem, el deber del recurrente de explicar, clara y precisamente, en qué

radican los yerros cometidos por el Ad quem, debiendo el recurso, en orden a

esas exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal entendimiento, para

evitar que la Sala tenga que verse obligada a interpretarlo, a fin de

desentrañar todo aquello que el casacionista debió decir de modo explícito y

comprensible. Por lo expuesto, la falta de precisión y claridad conducen a su

rechazo de plano. Relacionado con lo anterior y en lo que al caso interesa,

esta Sala ha indicado que, al amparo de los cánones mencionados del Código de

rito civil, la violación de ley puede acontecer, de manera indirecta, por

errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba. En ambos

supuestos, debe precisarse la prueba mal valorada y las normas sustantivas que

se habrían infringido con ese proceder. En el último de los yerros, además,

deben invocarse las disposiciones atinentes al valor del elemento probatorio

cuya ponderación desacertada se reclama. En segundo lugar, la infracción de ley

puede ser directa ya sea por errónea interpretación, aplicación indebida o

falta de aplicación. Esto no resulta necesario que la norma de manera expresa

lo indique, pues es labor del intérprete colegir tal aspecto. Salvo para el

primer supuesto –errónea interpretación- siempre existirán dos normas

conculcadas. De esta forma, si se alegare violación de ley por aplicación indebida,

existirá otra norma quebrantada por falta de aplicación y viceversa.

Como único

agravio de índole procesal, acusa el recurrente, conforme al canon 594 inciso

del Código Procesal Civil, el vicio de incongruencia. Según expone, el

Juzgado omitió  analizar y resolver las excepciones de prescripción

negativa y positiva opuestas  antes del dictado de la sentencia. En su

criterio, no se hizo referencia de esas defensas en la parte resolutiva ni de

forma expresa  en los considerandos. El Tribunal, apunta, admitió ese

yerro, pero no entró a resolver sobre ese aspecto como medida mínima para

corregir la omisión, en la parte resolutiva como correspondía. A su parecer,

se  eximió al A quo de ese examen ante el olvido del albacea de Belisa

Agüero Sánchez, utilizando, asegura, un criterio simplista y errado al

manifestar “que no es importante haber omitido resolver porque la sentencia

no afectó a la sucesión ”.  Prosigue, debe entenderse que si la

sucesión de Belisa Agüero Sánchez no invocó la prescripción, sus representados

podían hacerlo y “beneficiarse de su alegación, como si la parte la hubiera

opuesto. De lo contrario, no tendría sentido que se autorice a un tercero para

oponer la prescripción, si no se le reconocer beneficio alguno con esa alegación.

” Con mayor razón, argumenta, de aplicarse cuando ha sido adrede para

perjudicar al

En tal sentido, recrimina vulnerados los artículos 99,

153 y 155 del Código Procesal Civil. Por otra parte, censura de nuevo

incongruencia porque se omitió resolver sobre el fraude procesal, cometido por

la actora desde que se inició el proceso de titulación de vivienda campesina.

Explica, los codemandados Madrigal Morales y Annette Morales en diversas etapas

del proceso hicieron ver ese hecho, amén de que, no fue analizado por los

juzgadores de primera y segunda instancia. En todo caso, dice, se debió

estudiar de oficio. Detalla, no puede considerarse propietaria legítima a quién

obtuvo un bien mediante un fraude, en detrimento de quienes de forma legítima

habían comprado en escritura pública.

La

incongruencia como causal de casación, consiste en la falta  de relación

entre lo pedido en la demanda y contrademanda y sus respectivas contestaciones,

con la parte dispositiva del fallo, según los términos previstos en el inciso

3°) del numeral 594 del Código Procesal Civil. En la especie, del desarrollo

del cargo, es posible concluir que la inconformidad radica en lo dispuesto por

el Tribunal en relación a la excepción de prescripción, razón por lo cual, no

entró a su análisis, omitiendo pronunciarse, así como al fraude procesal

aludido, lo que pone en evidencia que en el fondo, la inconformidad radica en

que no comparte las razones  del Ad quem, lo que comporta un vicio ajeno a

la incongruencia y como tal, debió ajustar su protesta en los términos

indicados en el considerando segundo  de esta resolución.

Respecto

a los motivos de fondo, en el que designa como b), acusa violación

directa de ley por falta de aplicación de los artículos 853, 863, 865 y 868 del

Código Civil. Según puntualiza, los demandados han poseído el inmueble por más

de 10 años. Ese tiempo, añade, se obtiene de la posesión directa más la

transmitida, operando, indica, la prescripción positiva. Señala, sus

representados adquirieron la posesión original de Belisa Agüero Sánchez,

mediante venta  por medio de escritura pública el 14 de enero de 1991. En

ese documento, afirma, se indicó que doña Belisa  había poseído de forma

quieta, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años y la traspasaba a

los compradores. Esa circunstancia, acota, se corrobora con el testimonio de

José Alberto Vargas Agüero, al referirse  a la posesión de la vendedora

desde 1984. Expone, ese tiempo viene a sumarse al de sus representados desde el

momento de la compra hasta que fue notificada de la demanda la sucesión de

Belisa Agüero Sánchez. A su parecer, de sobra transcurrió el plazo para que

opere la prescripción y en ese sentido, menciona, debió aplicarse el artículo

863 del Código Civil. En ese mismo hilo conductor, advierte violentado el

cardinal 853 ibídem, pues, según detalla, al existir título traslativo de

dominio, buena fe y posesión por más de 10 años, tenía que declararse la

prescripción positiva a favor de don Manuel y doña Brenda. Por otra parte,

alude a que también operó la prescripción negativa al transcurrir el tiempo de

ley que impide a la actora discutir la legitimidad del derecho de los

demandados. En consecuencia, recrimina infringidos los cánones 865 y 868 de

cita. Hace hincapié en que, el señor y la señora Morales adquirieron en enero

de 1991 -hecho probado N° 12- y la sucesión fue notificada  hasta el 28 de

febrero de 2005. En el que destaca como c), recrimina violación directa

de ley por falta de aplicación de las disposiciones 328 y 332 del Código Civil.

Manifiesta, al contestar la demanda se indicó que en la propiedad en disputa

existen dos casas que fueron construidas por don Manuel y doña Brenda. Agrega

haber solicitado el nombramiento de un perito, a efecto de hacer una valoración

de ellas. Acentúa, el Juzgado tuvo por probado que cuando doña Solani compró el

terreno no habían edificaciones, acreditándose también, que desde 1991, son don

Manuel y doña Brenda quienes han poseído la heredad, en la cual, asevera, hay

dos viviendas, lo cual, se corrobora con el informe pericial. Destaca, quienes

invirtieron en esas obras fueron los codemandados y por ello, anota, es

ilegítimo que se ordene su derribo. Continúa, tampoco el Tribunal se pronunció

sobre las mejoras o casas verificadas en el dictamen del perito. Califica de un

formalismo extremo el que espere la mención del concepto literal “de mejoras

”, siendo suficiente que se haya probado la construcción de moradas en el

lote. Lo contrario, añade, conduciría a un enriquecimiento sin causa a favor de

la actora. A su juicio, el Superior violentó los numerales 328 y 332 del Código

Civil por falta de aplicación, dado que, sus representados, dice,  tienen

derecho, al menos, a que se les cancele el valor de las mejoras útiles sobre

las edificaciones.

VI.-

Los  cargos que antecenden carecen de las técnicas debidas. En ambos

se atribuye violación a la ley sustantiva por falta de aplicación. Sin embargo,

pareciera orientarse sobre dos hipótesis por el fondo; 1) violación directa de

ley y, 2) error de derecho en la apreciación de la prueba. Es evidente, en el

primer supuesto, a tono con lo expuesto en el considerando segundo,

necesariamente cuando se acusa una infracción de esta naturaleza, se está en la

ineludible obligacion de señalar la o las disposiciones que aplicó

indebidamente el Ad quem y la forma en que ello aconteció. Cuestión sobre la

cual es omiso el casacionista. Obsérvese como solo se censura falta de

aplicación de los numerales 328, 332 853, 863, 865 y 868 del Código Civil. En

la segunda suposición, tampoco los reparos serían atendibles, ante la omisión

en su planteamiento de la o las  normas atinentes a su valor

probatorio  y la forma en que, las sustantivas fueron irrespetadas de

manera mediata en el fallo recurrido. Esas desatenciones dicen de su

informalidad y obliga sin más, a su rechazo de plano.

La actora mediante

escrito de 10 de agosto de 2011 y acorde con el artículo 601 del Código

Procesal Civil, comparece ante esta Sala en virtud del emplazamiento concedido

por el Tribunal. Solicita se fije hora y fecha para celebración de vista oral.

Sin embargo, ese trámite debe ser denegado por improcente, toda vez que solo

está previsto para la parte que recurre ante casación, conforme al canon 602

ibídem.