Resolución 00270-2024

"XII.- Voto salvado de la jueza Martínez González: Con acentuado respeto hacia mis compañeros jueces, disiento de la decisión de mayoría de revocar la sentencia de primera instancia y declarar sin lugar en todos sus extremos la presente demanda, por lo que salvo mi voto como sigue. En este asunto en concreto, efectivamente el principal reclamo de la parte apelante se circunscribe a la valoración probatoria efectuada y al reconocimiento de las dos horas extra peticionadas por el actor como parte de su jornada ordinaria permanente, de ahí que a tono con el principio de redistribución de la carga de la prueba, era deber del patrono demostrar el horario y la jornada a la que estuvo estuvo sujeto el trabajador para determinar si ejerció o no funciones en tiempo extraordinario, de igual manera debía acreditar la cancelación de las horas extra, en caso de que se hubieren laborado, pues así lo disponen los artículos 477 y 478 incisos 6 y 7 del Código de Trabajo. La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en esa misma línea de pensamiento, en reiteradas oportunidades ha indicado, que si se vienen reclamando, como en este caso, jornadas extraordinarias permanentes, la carga probatoria sobre el particular recae sobre el empleador. En concreto, ese alto tribunal, en el Voto N° 525-2024 de las 11 horas 20 minutos del 07 de marzo de 2024, a ese respecto, indicó: “Mientras que, cuestiones invocadas por la persona trabajadora como excepcionales, tal es el caso del trabajo en jornada extraordinaria, es a ésta a quien le corresponde acreditar su dicho en ese sentido. Claro está que, tal y como se indicó en el fallo recurrido, esta regla se aplica únicamente cuando dicha jornada se invoca como excepcional dentro de la relación de trabajo, pero, no cuando ha sido impuesta como la normal jornada que debe laborarse. Así, si la parte actora invocó como ordinaria o normal una jornada legalmente extraordinaria, le correspondería a la parte demandada acreditar que la jornada era otra distinta.”. Expuesto lo anterior, cabe entonces verificar si en la especie, la parte accionada cumplió satisfactoriamente con la carga probatoria que sobre ella recaía y sobre la cual, versan precisamente los agravios que se esbozan en el libelo recursivo. En ese sentido, tenemos que hizo llegar al expediente dos documentos: a) una certificación notarial de la revisión de horas no laboradas por don David correspondiente a algunos domingos que van del 17 de diciembre de 2017 al 10 de julio de 2022 y b) una declaración jurada emitida por su representante que parte del 03 de diciembre de 2017 al 17 de julio de 2022 y que según se indica, refleja la información de las tarjetas de marca del Sistema de Tiempo, de dicho señor. Si bien es cierto, mediante resolución de las 14 horas 22 minutos del 09 de mayo de 2023, el Juzgado de instancia, le confirió audiencia, al accionante entre otras cosas, de esa documentación, quien debidamente notificado por medio del correo señalado al efecto, guardó silencio, también lo es que, la misma no resulta, válida, pertinente, idónea, suficiente y útil para sustentar la teoría del caso propuesta por la empleadora. Veamos los motivos. Para empezar, esta autoridad jurisdiccional no puede dejar de lado que la referida certificación notarial, fue emitida por la licenciada Rita Eugenia Guzmán Fernández, quien figura como abogada directora de la accionada, por lo que se vulneró con ella la prohibición expresa que existe para que la persona notaria puede ejercer esa función en aquéllos casos en los cuales tenga un interés directo, consagrada en los numerales 7 y 126 inciso d) del Código Notarial y contemplada también en el Acuerdo N° 2017-007-013, tomado en sesión ordinaria Nº 007-2017, del día 9 de marzo de 2017, por parte de la Dirección Nacional de Notariado, que literalmente expresa: “Determinar que el abogado director que presente como prueba documental, un acta elaborada por él en su calidad de notario, tiene un claro interés en las resultas del proceso, y por ende, compromete el principio de imparcialidad que rige su función como notario; por lo tanto, debe abstenerse de utilizar esa acta como prueba documental en el proceso judicial que dirige, siendo conteste con la línea de pensamiento expresada por este Consejo en Acuerdo 2015-016-009 del 18 de junio del 2015”.  Por ende, la misma carece de validez en este proceso. Por otro lado, si se partiera de la premisa de que el actor, no impugnó ese documento, ni lo desvirtuó, de todas formas es a todas luces inconducente. En primer término porque aún cuando resulta un hecho no controvertido que la relación laboral entre las partes, inició el 13 de marzo de 2016 y que concluyó el día 19 de julio de 2022, la certificación en cuestión, no cubre completamente ese período sino únicamente el que va del 17 de diciembre de 2017 al 10 de julio de 2022. En segundo lugar porque lo que consigna es un estudio de la cantidad de presuntas horas no laboradas en algunos de los días domingos de ese período, cuando se insiste, lo que debía de probar fehacientemente la parte demandada, era el horario y la jornada a la que estuvo sujeto el demandante, para determinar a su vez, si está excedió o no las 48 horas, según lo expuesto en el libelo de contestación. Por su parte, la declaración jurada emitida por la apoderada generalísima de parte patronal, señora Sol Tatiana Ramos Quesada con el detalle de horas laboradas por don David, tampoco incluye todo el período en el cual se extendió la relación laboral, pues a pesar de que la testigo Cinthya Guillén Araya, Jefe de Operaciones de la accionada, indicó que ella participó en su confección, explicó que ella tomó todas las tarjetas del tiempo en que el actor laboró con la accionada y procedió a tabular la información, ese documento de forma inexplicable dejó de lado el que se extiende del 13 de marzo de 2016 al 2 de diciembre de 2017. Sumado a ello, - al igual que el citado previamente - se limitó únicamente a consignar lo acontecido en uno de los días de la semana, esto es, los domingos; cuando lo cierto es que esa estrategia, - de centrar todo el esfuerzo probatorio únicamente en ese día-  carece de eficacia probatoria en un caso como el que nos ocupa, donde se reclaman horas extraordinarias permanentes, pues al amparo del Principio Protector que rige esta materia y conforme a la jurisprudencia pacífica de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la contabilización de las horas extras debe verificarse diariamente y no de forma semanal. Al respecto se ha indicado: “(…) como lo ha establecido esta Sala en reiterados fallos, el cómputo del tiempo extraordinario debe efectuarse de manera diaria y no semanal. Así, en el voto n.° 358 de las 14:30 horas, del 13 de junio de 2007, se dijo: “El tiempo extraordinario debe computarse diariamente y no en forma acumulativa, semanal, porque si bien es cierto la jornada está sujeta a un límite diario y a otro semanal, en aplicación de la regla de la norma más favorable -Principio Protector- que rige esta materia (artículo 15 del Código de Trabajo), la hora extra de trabajo se configura desde que se excede el límite diario, aunque no se alcance el semanal, ello es así porque dicha condición favorece más al trabajador, toda vez que sin que exceda de la jornada semanal, perfectamente se puede hacer acreedor al pago de tiempo extraordinario por el exceso diario de la jornada.” Voto N° 358 de las 14 horas 30 minutos del 13 de junio de 2007. En virtud de lo expuesto, aunque la declaración jurada en cuestión diga que algunos domingos el actor salía antes del horario establecido en el contrato y los testigos recabados lo hayan ratificado, no es posible considerar que la accionada cumplió satisfactoriamente con la carga probatoria que sobre ella recaía en cuanto a los hechos impeditivos alegados, pues se desconoce realmente cuál fue el horario y la jornada en el resto de los días de la semana laborados, a efecto de poder verificar si por día y por semana se excedió o no el límite de las 48 horas indicado. Máxime si se considera que, la testigo Cintya Castro Aragón, declaró que si bien algunos domingos el accionante salía antes, esto obedecía a que a veces, los días sábados iba al aeropuerto, terminaba tarde y llegaba a dormir a la fumigadora y que ya a las 4 de la mañana tenía que estar otra vez, en los lockers (archivo de audio a partir del minuto 5,10); lo que coincide con el estudio de las tarjetas supra mencionado, pues haciendo un muestreo, se logra apreciar que efectivamente sí hubo domingos en los cuales el actor ingresó antes de las 7 a.m. Así por ejemplo podemos ver, las siguientes horas de entrada en días domingos: 03 de junio de 2018 a las 4:00; 22 de julio de 2018 a las 3:59; 26 de agosto de 2018 a las 4:00; 20 de enero de 2019 a las 4:07; 12 de marzo de 2019 a las 4:55; 28 de julio de 2019 a las 4:38; 15 de setiembre de 2019 a las 4:02; 15 de diciembre de 2019 a las 4:00; 15 de marzo de 2020 a las 4:24; 31 de mayo de 2020 a las 4:13; 21 de marzo de 2021 a las 4:10; 16 de mayo de 2021 a las 3:56; 18 de julio de 2021 a las 4:26; 19 de setiembre de 2021 a las 4:41; el 21 de noviembre de 2021 a las 4:11; 16 de enero de 2022 a las 4:17 y el 20 de marzo de 2022 a las 4:08. Bajo ese panorama, es imposible determinar si por día y por semana se excedió la jornada máxima ordinaria, pues en definitiva la documentación y la prueba testimonial recabada, resulta manifiestamente insuficiente para ese objeto. En complemento de lo dicho, consta en autos que la representante de la sociedad demandada, en la declaración de parte que rindió en la audiencia complementaria que tuvo lugar en este asunto, indicó a viva voz que sí hubo días domingos que el actor trabajó hasta las 5 p.m. y explicó: "(...) Las contabilizamos y eran sesenta y no me acuerdo el dato 61 o 65, realmente de las que sí están contempladas entre las 3 y las 5 (...) esas horas son las que le deberíamos a don David, entre 3 y 5 ordinarias pues, (...) se le pagaron ordinarias, le deberíamos la diferencia (...) no se pagaron por error u omisión (...)" (Archivo de audio, a partir del minuto 35.). Esas manifestaciones, constituyen un reconocimiento expreso por parte de la accionada de que sí existen horas extraordinarias pendientes de cancelar al actor y prueban en contra de aquélla en los términos del canon 42.2. del Código Procesal Civil, aplicable a esta materia por remisión del numeral 428 del Código de Trabajo. En refuerzo de lo anterior, la testigo Cinthya Guillén Araya, quien como ya se dijo, es Jefe de Operaciones de la demandada y participó en la elaboración del estudio de las tarjetas aludido, dijo que don David en ocasiones se retiraba antes de la de hora indicada en contrato, pero, también reconoció que sí hubo días domingos en los cuales el mismo trabajó hasta las 5 p.m. Manifestó no precisar la cantidad de horas, pero sí señaló que le parecían que eran 46 horas. Incluso, a la pregunta de la abogada proponente, reconoció que por error u omisión esas horas no se le pagaron. (Archivo de audio, a partir del minuto 19). Por tanto, queda claro que la misma sociedad mercantil demandada, por medio de la declaración de parte que rindió su representante y también a través de la prueba testimonial que ella misma propuso reconoció que al actor, sí se le quedaron debiendo horas extraordinarias como consecuencia del vínculo laboral que los unió. En definitiva, la accionada no trajo prueba ni concluyente ni suficiente para destruir la presunción de veracidad que cobija al escrito de demanda, pues se reitera, todo el esfuerzo probatorio desplegado en autos, no solo se centró en una fracción de tiempo durante el cual, se extendió la relación laboral, sino también a un día de la semana en específico, lo que no permitió verificar su postura. Es más, a través de la prueba de declaración de parte y testifical recabada, terminó reconociendo que sí quedaron horas extraordinarias pendientes de pago a favor del accionante, pero como se apuntó líneas atrás, sin que la prueba aportada permita corroborar su dicho en lo tocante a la cantidad. De ahí que lo procedente, como se hizo en primera instancia era acceder al reconocimiento de las horas extraordinaras reclamadas. Sobre ese punto, la Sala Segunda de la Corte también ha manifestado:  "En caso de ausencia o insuficiencia de prueba, la regla del in dubio pro operario, como corolario del principio protector, autoriza a solucionar la cuestión por el tamiz del “onus probandi”. La regla consiste en aplicar el criterio favorable, “ en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No para suplir omisiones; pero si para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso” (Plá Rodríguez, citado por Mario Pasco Cosmópolis, “FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO”, 2° Edición, AELE, septiembre de 1997, página 62). En Derecho Procesal del Trabajo, el principio de derecho común, según el cual quien afirma algo está obligado a demostrarlo, o bien, si el demandante no prueba, el demandado será absuelto, es deliberadamente quebrantado o subvertido, pues el trabajador, que es normalmente el actor o demandante, es exonerado en lo sustancial de la obligación de probar su dicho; el onus probandi recae en lo básico sobre el empleador; la demanda goza de una presunción de veracidad; se le reputa cierta a priori, presunción juris tantum que debe ser destruida por el empleador. El peso de la carga probatoria se distribuye de manera diferente en el proceso laboral que en el civil; en este recae sobre el actor, en el laboral sobre el demandado." Voto N° 990 de las 10 horas 15 minutos del 14 de diciembre de 2007. Finalmente, es menester acotar que, de acuerdo con el artículo 589 del Código de Trabajo la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o reposiciones que procedan por iniciativa del órgano. Se prohíbe la reforma en perjuicio. Mientras que el 590 siguiente, bajo la misma filosofía indica que, los motivos del recurso, no podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del órgano de alzada para resolver. En consonancia con lo anterior, si en el párrafo denominado petitoria, punto 3 del escrito de apelación bajo estudio, la misma recurrente, solicitó en forma expresa que se revocara parcialmente la sentencia de primera instancia determinándose que la cantidad de horas extraordinarias que ella adeuda al accionante asciende a 67 horas efectivamente laboradas (imagen 353), proceder a revocar la sentencia impugnada y declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos según la postura de la mayoría de los miembros de esta Cámara, implicaría transgredir abiertamente los límites de la competencia funcional previstos en la normativa citada, en grave perjuicio de los derechos que le asisten a la persona trabajadora. La medida de la apelación son los agravios de modo tal que resolver más allá, supone un grosero quebrando a la congruencia recursiva. Couture explica sobre ese tema que: “(...)la reforma en perjuicio (reformatio in pejus) consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario... La prohibición de reforma en contra del recurrente no es sino la consecuencia de ciertas normas generales ya anticipadas./ Así, conducen hacia esa prohibición los principios del nemo judex sine actore, expresión clásica del proceso dispositivo vigente en nuestros países; del nec procedat judex ex officio, que prohíbe, en línea general, la iniciativa del juez fuera de los casos señalados en la ley; y el principio del agravio, que conduce a la conclusión ya expuesta de que el agravio es la medida de la apelación”. (Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, tercera edición, Ediciones Depalma, 1990, pp. 367-368). En suma, como el actor no hizo ningún reclamo expreso en cuanto a los tiempos de alimentación, carece de interés referirse a los reproches que se esgrimen en cuanto a ese tópico.[...]."