Resolución 08825-2025

ANTECEDENTES PROCESALES.- De relevancia, se tienen los que de seguido se mencionan:

1.-) En fecha 17 de octubre de 2022, la parte actora presentó Proceso de Conocimiento, a efecto de que en sentencia, se disponga lo siguiente:“PRIMERA: Que se declare la conducta administrativa del cierre de mi cuenta bancaria por parte del Banco Popular y de Desarrollo Comunal como disconforme con el ordenamiento jurídico, así como todos los efectos derivados de ella. SEGUNDA: Que se restablezca la situación jurídica existente antes de esa conducta ilegal y se le ordene al Banco abrir de nuevo las cuentas a mi nombre que fueron cerradas.

Que se condene al Banco Popular al pago de las costas derivadas de la presente acción, así como al pago de la suma de 25 millones de colones por los daños y perjuicios causados, de orden moral, por haber dañado mi buen nombre, mi honor y mi decoro, al cerrar la cuenta basado en rumores periodísticos no confirmados ni comprobados.” (Imágenes 2 a 5 del expediente judicial).

2.-) A efecto de atender prevención realizada por la Juzgadora de Trámite, a través de la resolución de la trece horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós, mediante escrito fechado 15 de noviembre de 2022 y presentado en esa misma fecha ante este Despacho Judicial, la parte actora aclaró que la suma de 25 millones de colones pretendida como indemnización, lo era por concepto de daño moral subjetivo, al haber dañado el Banco accionado “su buen nombre, honor y decoro”, mediante cierre infundado de su cuenta de ahorro. (Imágenes 7 y 10 del expediente judicial).

3.-) Conferido el traslado de ley, la representación estatal del Banco demandado contestó negativamente la demanda y opuso las excepciones de falta de legitimación -tanto activa como pasiva- y falta de derecho. (Imágenes 18 a 31 del expediente judicial).

4.-) La Audiencia Preliminar se llevó a cabo en fecha 4 de marzo de 2023 y en ella, entre otras labores, se fijaron las pretensiones en los términos del escrito de demanda con la aclaración indicada en el punto 2.-) de este apartado de “Antecedentes Procesales”, respecto del daño moral subjetivo. (Imágenes 93 a 96 del expediente judicial. Respaldo electrónico de la referida audiencia).

5.-) Se dicta la presente Sentencia, previa deliberación de los integrantes de esta Cámara, dentro del plazo que permiten las labores propias de este Tribunal sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.

ARGUMENTOS DE LAS PARTES. En síntesis y sin perjuicio de la literalidad de sus argumentaciones, las cuales han sido estudiadas en su totalidad por este Tribunal, cada una de las partes alegan lo que seguidamente se detalla. ACTORA: Manifiesta la demandante, que abrió una cuenta de ahorro en colones ([Valor 001]) en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el 15 de julio de 1988. Cuenta la anterior, añade, que se mantuvo vigente hasta el 7 de febrero del 2022. Agrega, que dicha cuenta fue cerrada unilateralmente por el Banco Popular mediante nota remitida por correo electrónico el 7 de febrero de 2022. Indica, que el motivo del cierre de su cuenta fue una supuesta vinculación de su esposo con un caso judicial denominado “Caso Turesky” y con el delito de corrupción, que se deriva de dos publicaciones periodísticas del medio digital denominado CRHoy y dos notas publicadas en el Semanario Universidad.  Explica, que la misma nota dispone que el cierre de su cuenta es el resultado de un proceso de análisis y fiscalización obligado para la entidad e invoca el fundamento en normas legales y reglamentarias, para lo que cita los Artículos 613 y 616 del Código de Comercio, cuatro resoluciones de la Sala Constitucional, que son las siguientes: 12091-2012, 11669-2012, 9030-2011 y 14231-2011 y que el Banco demandado no  transcribe ni de forma parcial, el Artículo 16 de la Ley 7786 y sus reformas, el Acuerdo SUGEF12-10 y el 11-06 y una Circular Externa de la SUGEF número SGF 2308-2017 del 21 de agosto de ese año. Continúa señalando, que la nota advertía que a partir del 7 de febrero del 2022 no se podrían utilizar las tarjetas de crédito ni de débito, el servicio de pagos automáticos de salarios ni saldos disponibles en líneas de crédito, todas con la institución. Agrega, que además se le informó que los créditos vigentes deberían ser cancelados en los términos indicados en el respectivo contrato. Sostiene, que la nota no está suscrita por ninguna persona responsable, sino por algo llamado “Comisión de Notificaciones Banco Popular”, sin nombre, apellidos ni cargo en la institución. Añade, que las advertencias y acciones contenidas en esa nota, fueron ejecutadas por el Banco Popular y desde esa fecha 7 de febrero del 2022, le fue cerrada en esa entidad “todas” sus cuentas, con lo cual, afirma, se afectó su giro profesional y personal y dañaron su prestigio y buen nombre. A nivel jurídico, argumenta que la actuación del Banco Popular no está ajustada a Derecho y aplica erróneamente las normas legales, circulares y sentencias que invoca en su respaldo. Que el Artículo 616 del Código de Comercio, dispone expresamente que las cuentas bancarias pueden ser cerradas por voluntad unilateral del Banco, mediante un aviso con tres días de anticipación y siempre que se haga mal uso de ellas. Sobre las sentencias constitucionales invocadas por el Banco accionado, indica que el primer Voto que cita en su apoyo el Banco accionado es el No. 6850-2005 de las 9:56 horas del 1 de junio del 2005, que es la fuente que interpretó el numeral 616 del Código de Comercio y que se ha mantenido incólume en todas las resoluciones posteriores. Sostiene, que en dicho fallo, la Sala Constitucional consideró que, a pesar de la literalidad de la norma, que parece autorizar el cierre unilateral de la cuenta por el Banco sin razón alguna, la misma sólo es válida constitucionalmente si se interpreta que ese cierre debe motivarse y fundamentarse en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas del contrato de cuenta corriente bancaria. Que adicionalmente estableció, que tal cierre únicamente puede darse cuando las circunstancias lo hagan razonable, debiendo cumplirse ese principio de razonabilidad con sus corolarios de necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. Aduce, que el fin buscado por el cierre debe ser razonable y también el medio del específico cierre de la cuenta, siendo que ambos, medios y fines, deben ser necesarios, idóneos y proporcionales. Continúa manifestando, que conforme al Voto dicho, las circunstancias que podrían motivar el cierre de la cuenta son el incumplimiento de las obligaciones contractuales o la utilización de la cuenta para realizar actividades ilícitas, siempre y cuando se cumplan con los parámetros de razonabilidad anteriormente señalados. Agrega, que ese fallo ha sido sostenido y reafirmado por las resoluciones de la Sala Constitucional números 393-2017 de las 9:15 horas del 13 de enero del 2017, 19269-2017 de las 9:30 horas del 1 de diciembre del 2017, 607-2018 de las 9:20 horas del 19 de enero del 2018, 4786-2018 de las 9:15 horas del 21 de marzo del 2018 y 13661-2018 de las 9:15 horas del 22 de agosto del 2018, sin cambios significativos en el fondo del tema y con la aclaración de que las específicas razones alegadas en cada caso por el Banco, serán de control de la jurisdicción ordinaria y no la constitucional. Afirma, que en su caso, el cierre de su cuenta por parte del Banco Popular no está debidamente fundamentado, no es razonable, necesario, idóneo, proporcional, no deriva de ningún incumplimiento contractual ni por efectuar actividades ilícitas con ellas. En cuanto a la cita que hace el Banco como parte del fundamento de su decisión de la Ley de Estupefacientes No. 7786, expone que la ley que pretende citar es la No. 8204, que es una reforma a la anterior, pero que para efectos legales se trata de la misma norma jurídica. Indica, que el numeral 16 al que se refiere la nota del Banco, no tiene relación alguna con su caso, porque se refiere a los principios necesarios que deben seguir los Bancos para conocer a sus clientes, para lo que se les faculta a obtener y resguardar información de ellos, para poder ser corroborada mediante los mecanismos necesarios y válidos. Que en este caso, no existió solicitud de información alguna a su persona ni aclaración de cualquier dato que se hubiera brindado, por lo que ese fundamento, afirma, es absolutamente inaplicable a su caso. En lo atinente al Acuerdo SUGEF 11-06, manifiesta que se refiere a una normativa para investigar a las personas que realizan las actividades descritas en el Artículo 15 de la Ley de Estupefacientes. Por lo que, agrega, se trata entonces de quienes realizan operaciones sistemáticas de canje de dinero o transferencias, remesas o similares, que nada tiene que ver con su caso. Señala, que respecto al acuerdo de SUGEF 12-10, el mismo está relacionado con la normativa para cumplir con la Ley de Estupefacientes, especialmente el numeral 7, en cuanto dispone la figura de “Conozca a su Cliente” y contiene las características de riesgo que pueden tener estos para el Banco y el procedimiento para calificarlos, así como la posibilidad de finalizar la relación comercial con ellos, cumpliendo lo dispuesto por la Sala Constitucional. Indica, que en su caso, el Banco nunca le solicitó información, no la clasificó conforme a ese procedimiento como un cliente de riesgo ni le señaló las eventuales actividades o conductas que le generarían ese tipo de resultado al Banco. De ahí que, ese fundamento tampoco es aplicable a su situación. Continúa manifestando, que en cuanto a la Circular Externa de la SUGEF SGF-2308- 2017, en el artículo 3 de la misma, se establece el análisis de riesgo de los clientes bancarios, su obligado conocimiento y la posibilidad de cerrarles las cuentas cuando no cumplan los requisitos aplicables, una vez requeridos para ello. Pero en su caso, añade, no existió requerimiento alguno, ni análisis de riesgo para el Banco ni conducta suya que pudiere motivar un eventual incumplimiento al contrato de cuenta corriente. Indica además, que el Banco Popular señala que se divulgaron cuatro noticias en dos medios de comunicación que contienen referencias a su esposo. Que las dos primeras se encuentran en el medio digital CRHoy y se refieren a una reunión con una persona que era investigado por narcotráfico, lo que desde luego no supone siquiera que él conociera tal situación, y otra que cita que esa persona buscó ayuda de varios diputados para acelerar la construcción de un hotel. Así, sostiene, nada de eso le resulta imputable a ella ni a su esposo y en modo alguno, los señala como un riesgo para el Banco. Agrega, que no existe causa alguna en su contra ni investigación en trámite contra ella y/o su marido, lo que tampoco afirma el Banco, quien se soporta exclusivamente en la información periodística señalada. Continúa manifestando, que el Banco Popular refiere que el Semanario Universidad, que es un medio impreso, publicó dos noticias sobre legislar en beneficio propio y que diputados discutían un proyecto de ley para condonar deudas con la CCSS. Indica, que ese medio señala con el nombre y apellido a su  esposo una de las personas que iba a votar ese proyecto y que para el periodista, tal proceder podría configurar un delito, asumiendo así un reportero, el rol de fiscal, juez y ejecutor. Añade, que nada describe que se le haya denunciado, acusado, imputado, investigado y menos condenado o que haya votado el supuesto proyecto de ley. Es decir, afirma, el Banco actuó sobre un rumor, una interpretación de un reportero, un chisme y una clara actuación de mala fe, afectándola a ella como esposa del entonces diputado. Expone, que el Banco Popular cita las normas del Código de Comercio y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, pero ni siquiera es capaz de fundamentar que en su caso concreto se hubiere generado una causal para el cierre de sus cuentas, que ello fuere razonable, idóneo, proporcional y necesario para proteger un fin específico: nada de eso se contempla ni fundamenta en la nota del demandado, que ni siquiera intenta ensayar una motivación de su “acto administrativo.” Manifiesta además, que el Banco cita el Artículo 16 de la Ley de Estupefacientes, la circular de SUGEF SGF2308-2017 y los Acuerdos SUGEF 11-06 y 1210, sin establecer una relación entre su texto y contenido y su caso específico, ni fundamentar el nexo entre ellos y su persona. Explica, que la nota refiere que este cierre de productos bancarios es la culminación de un proceso de análisis y fiscalización, cuya existencia no demuestra ni existe expediente alguno que lo respalde. Por lo que, afirma, es evidente que no se abrió ningún expediente en su contra, nunca se le otorgó audiencia para aclarar alguna duda, no se le imputaron cargos por incumplimientos al contrato de cuenta corriente bancaria ni por infracciones legales que justificaran el cierre de las cuentas, sino que simplemente se acudió al prurito de rumores periodísticos para actuar con total arbitrariedad en contra de sus derechos personales y patrimoniales. BANCO DEMANDADO: La representación del Banco accionado, manifiesta que el tema del bloqueo de cuentas bancarias, tanto corrientes como de ahorros, ha sido tratado en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional, siendo que la misma se ha referido con bastante claridad al derecho o prerrogativa que tienen las instituciones bancarias para poder bloquear e inclusive cerrar cuentas de ahorros o corrientes de clientes, esto bajo ciertos supuestos. Que en relación con esta posibilidad de realizar los bloqueos o cierres de cuentas, resulta particularmente interesante la sentencia número 01606 de las nueve horas veinticinco minutos del tres de febrero de dos mil diecisiete de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se establece que de una interpretación y aplicación conjunta de los artículos 616 del Código de Comercio y 76 párrafo primero de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, se desprende con claridad la potestad con la que cuentan las instituciones bancarias para bloquear o cerrar cuentas de sus clientes. Indica, que la referida resolución señala entre otras cosas en lo que nos interesa: “… IV.-SOBRE LA POTESTAD DE CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS Y LA NECESIDAD DE OBSERVAR EL DEBIDO PROCESO. La jurisprudencia de la Sala es abundante y reiterada en reconocer la potestad de las entidades bancarias de proceder al cierre de cuentas bancarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio y lo establecido en los contratos suscritos entre las partes…

SOBRE EL CASO CONCRETO: De los hechos anteriores no se desprende vulneración alguna de los derechos fundamentales del amparado pues -según informaron las autoridades recurridas- el bloqueo de sus cuentas obedeció a su incumplimiento de obligaciones contractuales y a la normativa bancaria, específicamente, con fundamento en el artículo 15 de la Ley 8204, en concordancia con el artículo 616 del Código de Comercio, que si bien es cierto se aplica a las cuentas corrientes, el mismo es extensible a las cuentas de ahorro como lo dispone el artículo 76 párrafo primero de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional…” Agrega, que esta línea jurisprudencial ha sido ampliamente sostenida por la Sala Constitucional, siendo que por ejemplo en las resoluciones 00607-2018 de las nueve horas veinte minutos del diecinueve de enero de dos mil dieciocho, y 01238-2018 de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil dieciocho se estableció: “… Acerca de la potestad de cierre de CUENTAS bancarias y la necesidad de observar el debido proceso. La jurisprudencia de la Sala es abundante y reiterada en reconocer la potestad de las entidades bancarias de proceder al cierre de CUENTAS bancarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio y, lo establecido en los contratos suscritos entre las partes, señalando en ese sentido, que el mérito de la decisión es un tema de legalidad no discutible ante esta jurisdicción. Sin embargo, sí se ha precisado que para proceder al cierre de CUENTAS, la institución bancaria debe remitir al cliente un aviso motivado. La necesidad de la fundamentación de este tipo de actos, no sólo implica el derecho del usuario de conocer las razones por las cuales se decreta el cierre de su cuenta bancaria, sino que, conlleva la posibilidad que esos actos sean impugnables por parte del afectado, de manera que al conocer los motivos pueda cuestionar la legitimidad de las razones de la decisión, así como, eventualmente, demostrar que su situación no está entre las que habilitan a una institución financiera para cerrar unilateralmente una cuenta corriente -ver, entre otras, sentencias números 2004-9313, 2010-7617, 2011-15121, 2013-14765 y 2016-3556…” (La mayúscula corresponde al original). En este mismo sentido, cita y transcribe parcialmente el voto No. 2019005132 de las 14:22 horas, del 22 de marzo del 2019 de dicha Sala Constitucional, en el que se indica que: “…de conformidad con criterios reiterados de este Tribunal, emitidos en asuntos similares al presente, la solicitud de apertura de una cuenta que realiza una persona física o jurídica ante una entidad bancaria, conlleva la potestad de ésta de contestar en forma negativa, lo anterior, claro está, siempre y cuando se invoque una causa legítima, sustentada en elementos objetivos y razonables, ello por cuanto, los bancos pueden evaluar el comportamiento, antecedentes, e historial de los sujetos de derecho con los que suscribe o pacta contratos (ver sentencias número 2005-8895 de las 17 horas 50 minutos del 5 de julio de 2005 reiterada en la N° 2016-007305 de las 9 horas 20 minutos del 27 de mayo del 2016, entre otras); además, esta Sala ha señalado que ante la posible comisión de un ilícito penal, sí existe una causa legítima para la negativa de abrir un servicio bancario (ver sentencia número 0915-2014 de las 10 horas 30 minutos de 24 de enero de 2014, citada en la sentencia número 2015001663 de las 9 horas 05 minutos del 6 de febrero del 2015). De esta manera, la negativa del Banco recurrido de autorizar la apertura de una cuenta de ahorros al amparado, es una decisión propia de la actividad normal del giro bancario, regulado por las disposiciones del derecho privado y del derecho mercantil, además supervisado por los mecanismos e instituciones creadas al efecto, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (ver sentencia número 2011-007332 de las 11 horas y 22 minutos del 3 de junio del 2011). Obsérvese además que, en el caso concreto, el Banco recurrido sí le explicó al tutelado las razones por las cuales no deseaban entablar una relación comercial con él…” Manifiesta, que en el caso concreto, la señora Edwards fue notificada el 07/02/2022 vía correo electrónico, sobre la disposición del Banco de finalizar la relación comercial, y se brindó información necesaria para el conocimiento de la clienta. Que de igual manera, en la misma notificación se le indicó que podía interponer recurso de revocatoria y/o apelación dentro de los siguientes 3 días hábiles contados a partir del recibo de esa nota; sin embargo, no se recibió ninguna comunicación al respecto. Que como parte de la fundamentación del cierre de cuentas y finalización de la relación comercial se citó jurisprudencia obtenida de resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, específicamente la número 6850-05, 5038-06, 1423111 y 5132-19, en donde se demuestra que la Sala ha votado en diversas ocasiones a favor de las entidades financieras cuando existe una utilización indebida en sus cuentas o se expone a las instituciones al riesgo reputacional. Que en cuanto a la mención al artículo 16 de la Ley 7786, se refiere a disposiciones sobre la identificación de clientes y mantenimiento de registros, con el fin de prevenir las operaciones de ocultación y la movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o financiar actividades u organizaciones terroristas. Que este artículo se menciona en la notificación, ya que la institución bancaria realizó un análisis de elementos de riesgo como resultado de la revisión diaria que se efectúa de noticias publicadas en medios de prensa, para determinar la existencia de clientes relacionados con delitos tipificados en la Ley 7786 y sus reformas. Añade, que el análisis realizado a la señora Edwards se efectuó considerando la perspectiva de gestión integral de riesgos establecida en el Acuerdo CONASSIF 12-21, referente al “Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por el artículo 14 de la Ley 7786”, cuyo resultado determinó que el caso en que presuntamente se relaciona el familiar de la señora Edwards, eventualmente podría exponer el Banco al riesgo reputacional y deterioro en la imagen corporativa, e inclusive provocar la inobservancia de la Ley 7786, sus reformas y reglamentación conexa. Que en síntesis, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en todo momento actuó tal y como lo demandan la Ley 7786, sus reformas y reglamentaciones conexas, así como las normativas internas de la Institución y por lo tanto, no hubo arbitrariedad con respecto al cierre de la cuenta, no se ha violentado el debido proceso o derecho de defensa de la clienta y el proceder es conforme a lo establecido en la Ley 7786, la Constitución Política en su ordinal 27 y artículo 21 del Manual de Cumplimiento Corporativo, todos relacionados con el tema de la confidencialidad. Expone, que la actora plantea en su demanda que presuntamente, bajo los supuestos de hecho que describe, se le ha causado un daño moral subjetivo, excluyendo el rubro de los perjuicios derivados de los supuestos hechos. Que no obstante lo anterior, la accionante no presenta prueba alguna, de ningún tipo, en contra del Banco, tendiente a comprobar estos presuntos daños, siendo que, por otra parte, resulta claro, en vista de todo lo antes expuesto en la contestación de demanda, que no existe nexo causal entre los hechos y el perjuicio que alega, por lo que resulta completamente improcedente el reconocimiento del mismo, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Añade, que si bien no les consta la afirmación de que el cierre de su única cuenta de ahorros con el Banco Popular presuntamente le afectó su giro profesional y su condición personal, así como que supuestamente le dañaron su prestigio y buen nombre,  no solamente no se aporta prueba alguna tendiente a demostrar estas presuntas afectaciones y daños, sino que además no se realiza explicación o argumentación alguna para fundamentar el ¿cómo una notificación privada, que le fue enviada directamente al correo de la señora Edwards, puede llegar a afectar sus actividades profesionales, personales, prestigio, y buen nombre?, puesto que la única persona que podía conocer el contenido del referido correo electrónico era la actora. Agrega, que en apoyo a su tesis, la Sala Primera en la sentencia 112-92, estableció, que: “… No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de confluir, básicamente las siguientes características para ser un “daño resarcible “: A) Debe ser cierto, real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales...”

HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente asunto, se tienen como debidamente acreditados los siguientes:

Que la demandante abrió una cuenta de ahorro en colones con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal el 15 de julio de 1988, a la cual se le asignó el número [Valor 001]. (Hecho no controvertido e imágenes 52 y 53 del expediente judicial);

Que mediante correo electrónico remitido a la aquí actora en fecha 07 de febrero del 2022, se le informó a la misma, que el Banco accionado había dispuesto finalizar la relación comercial con ella a partir de la fecha de dicho comunicado. (Hecho no controvertido e imágenes 49 a 50 del expediente judicial);

Que en el correo indicado en el hecho probado inmediato anterior, se le informó a la accionante que: “El motivo de la conclusión comercial obedece a su vínculo familiar con una persona supuesta (sic) relacionada con el denominado caso "Turesky y con el delito de corrupción, según noticias publicadas recientemente. En ese sentido, el medio informativo Crhoy emitió las siguientes noticias *Cruickshank admite reunión con fallecido que era investigado por narcotráfico*, (enlace https://www.crhov.com/nacionales/cruickshank-admite-reunion-con-fallecido-que-era-investigado/), así como la noticia titulada "Sospechoso de narcotráfico buscó ayuda de diputados para acelerar construcción de hotel" (enlace https://www.crhoy.com/nacionales/sospechoso-de-narcotrafico-busco-ayuda-de-dipu tados-para-acelerar-construccion-de-hotel/), relacionada con el denominado caso 'Turesky". Además de estos hechos, se emitieron noticias en el medio de noticias Semanario Universidad emitió las noticias tituladas: "Legislar en beneficio propio: un delito regulado desde 2004 con prisión de hasta 8 años para diputados transgresores* (enlace https://semanariouniversidad.com/pais/legislar-en-beneficio-propio-un-delitoregulado -desde-2004-con-prision-de hasta-8-anos-para-diputadostransgresores/) y *Diputados discuten proyecto que condonaria sus propias deudas con la Caja* (enlacehttns://semanariouniversidad.com/naieldinutados-discuten-proverto-cue-condonaria-sus-propi as- deudas-con-la caja/).” (Imágenes 49 a 50 del expediente judicial);

Que en el referido correo electrónico, como justificación de su actuar, el Banco accionado le indicó a la demandante lo siguiente: “Es importante indicar que el cierre de los productos que mantiene en el Banco Popular es la culminación de un proceso de análisis y fiscalización al que está obligada la entidad, que encuentra fundamento en normas legales y reglamentarias de Costa Rica, como las siguientes: a) Artículos 613 y 616 del Código de Comercio, Ley número 3284 de abril de 1964 y resoluciones de la Sala Constitucional (entre las que destacan 12091-12, 11669-12, 9030-11 y 14231-11), de conformidad con las cuales es posible el cierre de una cuenta, motivado y fundamentado *en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas de operación del contrato de cuenta corriente". b) Artículo 16 de la "Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo*, número 7786 y sus reformas, en concordancia con otras disposiciones como el "Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada", el Acuerdo SUGEF 11-06 y el Acuerdo SUGEF 12-10. c) La Circular Externa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), número SGF 2308-2017 del 21 de agosto del 2017, en donde se reiteró en lo que interesa que: 1- ... la decisión de cerrar cuentas o finalizar una relación comercial, así como la de iniciar éstas relaciones, es una decisión exclusiva de cada entidad financiera, a partir de las políticas y disposiciones que tengan establecidas al efecto.", y; 3- lo anterior, *... a partir de los análisis de riesgo y el obligado conocimiento que de conformidad con la ley y la normativa prudencial, debe tener de cada uno de sus clientes, así como para los casos de clientes que no puedan cumplir con los requisitos aplicables, una vez que hayan sidodebidamente requeridos al efecto por las entidades." (Imágenes 49 a 50 del expediente judicial);

Que a la actora se le indicó en el mencionado correo, que contra la decisión adoptada por el Banco accionado, podía “interponer recurso de revocatoria o apelación dentro de los próximos 3 días hábiles” siguientes. (Imágenes 49 a 50 del expediente judicial)

HECHOS NO PROBADOS. Por encontrarse ayunos de prueba los autos al respecto, se tiene por indemostrado:

Que la actuación del Banco accionado consistente en el cierre de la cuenta de ahorro en colones [Valor 001], de la cual era titular la aquí actora, le haya causado a la misma daños de tipo moral -objetivo y/o- subjetivo-, al afectar su buen nombre, honor y decoro.

DEL FUNDAMENTO DE LA DEMANDA Y SU VALORACIÓN POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL. Tal y como puede apreciarse, la discusión estriba en si lo actuado por el Banco accionado en cuanto a la restricción y luego inactivación de la cuenta de ahorros de la accionante, es o no, conforme con el ordenamiento jurídico. En esa línea, obsérvese que la patología sobre la que hace descansar su Teoría del Caso la accionante, es la falta de fundamentación de la decisión adoptada por el ente accionado, quien se defiende indicando en lo medular, que su decisión tiene como sustento artículos del Código de Comercio, la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, sentencias de la Sala Constitucional, así como Acuerdos y Circulares de la Superintendencia General de Entidades Financieras -SUGEF-. Siendo ello así, es decir, que el vicio aducido por quien demanda es muy concreto y definido, en las líneas siguientes se procederá al análisis de la conducta desplegada por el Banco en su ámbito mercantil, a efecto de determinar si la misma se encuentra debidamente fundamentada y en consecuencia, si resulta conforme o no con el ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, se impone una precisión antes de incursionar en la temática dicha. Y es que, para esta Cámara de Juzgadores, el acto formal emitido por el Banco y notificado vía correo electrónico a la actora no constituye técnicamente un acto administrativo, sino una decisión adoptada en el marco de una relación mercantil, aunque claro está, que al tratarse de una actividad supervisada la que desarrolla el ente bancario accionado, entra en juego diversa normativa de Derecho Público que otorga precisamente esas potestades de supervisión, entre otras, a la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entidad que ha emitido Circulares y adoptado Acuerdos, a los que el Banco demandado aduce haber acudido para justificar su proceder. Atendiendo precisamente a esas especiales circunstancias, la Sala Constitucional ha tenido la oportunidad de abordar la temática relativa al contrato de cuenta corriente, sosteniendo lo siguiente:

"IV.- Contrato de cuenta corriente como servicio económico de interés general. (…) La vida contemporánea ha hecho que el uso de las cuentas corrientes pase de ser una opción más de manejo de fondos a una verdadera necesidad por parte de personas físicas y privadas, que deben depositar sus ingresos en cuentas que les permitan efectuar los giros necesarios para cubrir sus diferentes gastos en forma segura y confiable. En la actualidad, carecer de una cuenta corriente puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales. Estas condiciones llevaron en el pasado a definir los servicios bancarios en general -y los contratos de cuenta corriente en particular- como servicios públicos virtuales o impropios. Esta es la definición histórica del contrato de cuenta corriente en Costa Rica. Así lo declaró el artículo 1° del Decreto-Ley de Nacionalización Bancaria, que lo consideró incluso una función pública otorgada al Estado -a través de sus instituciones bancarias- para que la ejerciera en forma exclusiva. Posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 del veinticinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y tres (artículos 59 y 60) elimina el carácter regalísitico de los servicios de cuenta corriente, permitiendo incluso que lo ofrezcan bancos comerciales privados, sin que para ello deban recibir una concesión, sino una autorización de funcionamiento una vez cumplidos determinados requisitos que aseguren la solvencia y confiabilidad suficiente para captar dineros del público. Ya el Código de Comercio lo había regulado dentro de los contratos mercantiles, por lo que aún si fuera prestado por la Administración a través de una de sus entidades bancarias, debería ser considerado un servicio empresarial. Es así como en la actualidad servicios de esta naturaleza son definidos como servicios comerciales de interés general, que pueden ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción especial basada en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Como corolario de lo dicho en este acápite, puede concluirse que la actividad bancaria de prestación de servicios de cuenta corriente, aun no siendo propiamente un servicio público, sí se trata de una actividad sometida a una amplia regulación, dada la importancia del sector bancario en la vida nacional, así como la relevancia de los servicios de cuenta corriente, cuya necesidad se ha ido incrementando y extendiendo entre diversos grupos de la sociedad para la satisfacción de los más diversos intereses.”  (Sentencia No. 10439-2007 de las 15:48 horas del 24 de julio de 2007. El subrayado y la negrita, son nuestros).

Conforme lo indicado por el Alto Tribunal Constitucional, el contrato de cuenta corriente es un servicio de interés general, que en tanto puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales, la negativa en la apertura o el cierre de la misma, no puede estar sujeta a la libre y absoluta voluntad del Banco y en ese tanto, la decisión que se adopte en uno u otro caso, aunque no sea un acto administrativo, por la trascendencia dicha debe encontrase debidamente fundamentada, tal y como lo indicó al manifestarse sobre la constitucionalidad del ordinal 616 del Código de Comercio, según veremos en las líneas siguientes. Señalado lo anterior, estimamos de relevancia traer a colación lo que establecen por su orden, los numerales 613 y 616 del Código Comercio, invocados por el ente bancario accionado como parte del fundamento de su proceder:

“Artículo 613.- La apertura de una cuenta corriente es facultativa de los Bancos, para lo cual podrán establecer las condiciones que estimen necesarias.”

Sobre esta primera norma, ninguna discusión hay en la especie, pues acá no estamos ante una negativa respecto de la apertura de una cuenta. Siendo ello así, no resulta necesario para el fondo del asunto, realizar un análisis del referido ordinal.

“Artículo 616.- La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. El cierre de una cuenta corriente termina con el contrato.  Es obligación del Banco cancelar la cuenta corriente a aquellas personas que a su juicio, hicieren mal uso de la misma.”

En cuanto este otro numeral, el propio Banco demandado tiene conocimiento -porque cita en el correo enviado a la actora sentencias de la Sala Constitucional sobre dicho artículo-, que el Alto Tribunal mediante resolución No. 6850 del 01 de junio de 2005, declaró que el mismo no es inconstitucional "siempre y cuando se interprete que el cierre de la cuenta corriente por parte de una entidad bancaria debe motivarse y fundamentarse en elementos objetivos derivados de las condiciones específicas de operación del contrato de cuenta corriente." Tal postura ha sido invariable como acertadamente lo indican ambas partes. No obstante lo anterior, dicha Sala fue más directa y precisa, al señalar:

“En el caso concreto, luego de llevar a cabo un estudio de los autos, esta Sala considera que ha existido una violación a los derechos de la amparada, pues el BAC San José procedió a ordenar el cierre de la cuenta corriente de esta, con fundamento en el hecho de que una de las personas que participan en la misma había sido condenado penalmente por robo agravado, argumentación que a consideración de este Tribunal resulta ilegítima, pues el recurrido no fundamenta su decisión en un mal uso de la cuenta o en un incumplimiento contractual por parte del cuentacorrentista, sino en un criterio que no es de recibo. En ese sentido, si el accionado estima que el hecho de que la persona antes citada participe en la cuenta de la empresa amparada implica un riesgo para la seguridad del Banco, lo cierto es que pudo adoptar otras medidas menos gravosas como por ejemplo pedir la sustitución de la persona autorizada para firmas, pues al ordenar el total de la se causa un perjuicio a la sociedad amparada, más aún si se toma en el giro comercial de sus actividades. Asimismo, estima esta Sala que el oficio por el que el BAC San José informa al recurrente sobre el cierre de su cuenta, no se ajusta a los parámetros señalados por este Tribunal en su jurisprudencia, pues el mismo no señala con claridad los fundamentos que tiene el banco accionado para adoptar su decisión, con el fin de que el interesado pueda conocerlos y plantear así lo que estime pertinente en aras de ejercer su derecho de defensa.” (Sentencia No. 10439-2007 de las 15:48 horas del 24 de julio de 2007. La negrita y el subrayado son nuestros).

En la sentencia parcialmente transcrita, la Sala Constitucional no deja duda alguna en cuanto a que el cierre de una cuenta corriente, debe estar debidamente fundamentado y tener su génesis en el mal uso de la misma o bien, en un incumplimiento contractual por parte del cuentacorrentista. Y en la especie, ninguna de esas circunstancias es invocada por el Banco accionado como el motivo para proceder al cierre de la cuenta de quien demanda. De hecho, se ha tenido por demostrado, que la razón por la cual el Banco actuó en la forma que se acusa, fue por cuatro noticias que circularon en dos medios periodísticos respecto del esposo de la demandante, lo que claro está, resulta no menos que absurdo, arbitrario y evidentemente ilegal. Pues esas noticias, en primer lugar no tienen absolutamente nada que ver con ella, quien es -en su individualidad- una persona distinta a su esposo y en segundo lugar, aunque hubieren sido sobre ella, tal circunstancia no encuadraría en alguno de los supuestos dichos por la Sala Constitucional de mal uso de la cuenta o incumplimiento contractual. De ahí que no resulte de recibo el temor y riesgo que aduce el Banco en su contestación, ni el daño a su imagen, pues no existe ninguna conducta que la entidad accionada le impute a la actora, respecto del uso que la misma le había venido dando a su cuenta de ahorros. De hecho, resulta inverosímil el que a una persona se le cierre una cuenta porque otra distinta, sea familiar por consanguinidad o afinidad -en cualquier grado-, amigo o compañero, fue parte de una noticia, tenga problemas con la justicia e incluso haya sido condenado por cualquier delito. Eso es viable en una Dictadura, pero en un Estado Social y Democrático de Derecho como el costarricense, jamás. De hecho, la Sala Constitucional ha sido tajante en cuanto a ello, señalando -como se consignó en la transcripción precedente- que “si el accionado estima que el hecho de que la persona antes citada participe en la cuenta de la empresa amparada implica un riesgo para la seguridad del banco, lo cierto es que pudo adoptar otras medidas menos gravosas como por ejemplo pedir la sustitución de la persona autorizada para firmas, pues al ordenar cierre el total de la cuenta, se causa un perjuicio a la sociedad amparada.” Más claro, imposible. Aunado a lo anterior, salta a la vista que la decisión del Banco carece de una adecuada fundamentación, pues citar normas jurídicas, sentencias constitucionales, así como Acuerdos y Circulares de la SUGEF, lejos está de constituir una fundamentación, como acertadamente lo aduce la representación legal de la actora. En esa línea, el ente bancario no hizo siquiera el mínimo esfuerzo, para explicar cómo cada una de las normas, sentencias, Acuerdos y Circular que menciona, resultan aplicables al caso de la accionante y de qué manera entiende el Banco, todo ello lo autorizaba a proceder de la forma en que lo hizo. En esa línea, ha de recordarse que fundamentar o motivar, es en términos sencillos, explicar con claridad los razonamientos en los que descansa una decisión, para que la persona destinataria y afectada con la misma, pueda ejercer adecuadamente el derecho de defensa. De ahí que la Sala Constitucional ha señalado que ese derecho se transgrede, cuando: i) No se fundamenta del todo; ii) Resulta insuficiente; iii) Es ininteligible y/o iv) Es contradictoria. (Resolución No. 2003-07390 de las 15:28 horas del 22 de julio del 2003. En similar sentido, resoluciones números 2002-06080 de las 8:50 horas del 21 de junio del 2002 y 2004-13232 de las 18:24 horas del 23 de noviembre del 2004). Precisamente esta Cámara, aunque con otra integración, ha tenido oportunidad de manifestarse en cuanto al tema que nos ocupa, indicando en lo de interés que:

“(…) la institución demandada básicamente usa un halo de motivación genérica y machotera para evadir su obligación de establecer con claridad sus hallazgos, en lo que más bien pareciera una actuación antojadiza, tal y como acusa el actor, motivada por el pánico generado por eventos noticiosos sin correlación con hallazgos sospechosos en las cuentas bancarias del actor. Estas razones llevan a acoger la pretensión primera de la parte actora y en consecuencia anular la decisión del BPDC de cerrar las dos cuentas del actor (colones y dólares), comunicada en correo electrónico…” (Sentencia No. 2023004906 de las nueve horas con quince minutos del treinta de Octubre del dos mil veintitrés. La negrita es nuestra).

Lo hasta aquí señalado, resulta congruente con lo que ha manifestado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la motivación de las sentencias y que resulta aplicable a todo acto -administrativo o no, que deba fundamentarse-, en tanto hace referencia a la falta de motivación, cuando se invoca jurisprudencia sin abordar lo acaecido en el caso concreto:

“Reiteradamente ha indicado esta Cámara que la motivación de un fallo consiste en plasmar o poner en manifiesto las razones o fundamentos, fácticos y jurídicos, por los que se adopta la decisión. Su ausencia se reconoce en dos hipótesis; la primera, por inexistencia, esto es, precisamente cuando el órgano juzgador omite consignar los cimientos de su decisión. La segunda, cuando el despliegue argumentativo del órgano decisor resulta confuso o exhibe contradicciones de tal envergadura, que se erigen como obstáculo para determinar de forma diáfana los motivos que le sirven de base. En esta línea pueden consultarse, entre otras, las sentencias 184-F-S1-2009, 475-F-S1-2013 y 995-F-S1-2019, 2344-F-S1-2009. En el presente asunto, el Tribunal en el fallo impugnado se limitó a transcribir segmentos de dos resoluciones emitidas por esta Sala y precisar que conforme a la línea deslindada en el último “en casos como el de estudio, no existe responsabilidad del Estado Juzgador”, sin detenerse en un examen del caso concreto, al porqué considera que en este asunto no existió absolutoria por certeza de inocencia.” (Sentencia No. 000039-F-S1-2025 de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del dieciséis de enero de dos mil veinticinco. La negrita es suplida).

Aplicando la citada sentencia a lo sucedido en el asunto bajo estudio, en efecto, como se adelantó, el Banco accionado se limitó a citar y en algunos casos a transcribir parcialmente, normas, sentencias de la Sala Constitucional, Acuerdos y Circulares de la SUGEF, sin abordar cómo todo ello, le autorizaba a proceder en la forma que lo hizo. Es decir, en ningún momento, analizó las particularidades del caso concreto y por tal razón, como también se indicó supra, incurrió en una falta de motivación de su decisión. Siendo ello así, esto es que en efecto no se motivó o fundamentó la actuación del Banco accionado, salta a la vista que el cierre de la cuenta de ahorro de la cual era titular la demandante, se realizó en clara disconformidad con el ordenamiento jurídico. Finalmente, tal y como puede apreciarse del elenco de pretensiones, quien acciona viene peticionando una indemnización por concepto de daño moral subjetivo por la afectación de su buen nombre, honor y decoro. A efecto de resolver sobre ello, hemos de recordar que el daño moral, entendido como una afectación a la esfera de interés extrapatrimonial de la persona, con o sin repercusiones en su ámbito económico -según se verá-, puede ser de tipo subjetivo u objetivo. El primero de ellos, conocido también como de afección, es aquel que “se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.).” Por su parte, el segundo de los tipos de daño moral señalados, “lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg. el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. (…) En suma el daño moral consiste en dolor o sufrimiento físico, psíquico, de afección o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan conculcados.” (De esa forma ha sido abordado desde vieja data por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992). Aunado a lo anterior, como también lo ha indicado la referida Sala Casacional, “sobre el daño moral subjetivo, se recuerda que si bien la valoración del daño moral subjetivo es in re ipsa, ello no significa que la parte interesada esté exenta de aportar elementos al menos indiciarios que evidencien la existencia del daño, su intensidad y el nexo causal con la conducta cuestionada, lo cual aquí se incumple…“ (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992). Señalado lo anterior, en la especie se evidencia que la parte actora aunque parece referirse al daño moral objetivo, por lo que indica en su pretensión, en un escrito posterior manifestó -ver punto 2.-) de Antecedentes Procesales- que era daño moral subjetivo lo pretendido. No obstante, se observa que se limitó a peticionar el mismo, sin mayor detalle, explicación o abordaje, siendo su carga procesal hacerlo. De ahí que se haya tenido como único hecho no acreditado, que “la actuación del Banco accionado consistente en el cierre de la cuenta de ahorro en colones [Valor 001], de la cual era titular la aquí actora, le haya causado a la misma daños de tipo moral -objetivo y/o- subjetivo-, al afectar su buen nombre, honor y decoro.”  Y en razón de ello, lo así pedido debe rechazarse. Conforme a lo hasta aquí señalado, la demanda ha de ser acogida parcialmente, declarando la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de la conducta impugnada y en consecuencia, absolutamente nula la misma, ordenando la habilitación de la cuenta de ahorros que le fue ilegítimamente cerrada a la actora y rechazando la indemnización por “daño moral subjetivo”, pretendida por la demandante.

DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS: Tal y como fue indicado en el punto 2.-) de los Antecedentes Procesales, al contestar la demanda, la representación del Banco accionado opuso las excepciones de falta de legitimación en su doble vertiente -activa y pasiva-, así como la de falta de derecho. En lo que a la excepción de falta de legitimación se refiere, baste señalar que siendo la señora Edwards Van Browne la destinataria de la conducta desplegada por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, es una obviedad que la misma se encuentra plenamente legitimada para accionar y el Banco dicho, para ser accionado. De ahí que sin más, proceda su rechazo. (Artículo 10.1.a y 12.1, ambos del CPCA). En cuanto a la excepción de falta de derecho, siendo que el ordenamiento jurídico ampara en parte lo argumentado y pedido por quien demanda, la misma debe ser acogida de manera parcial, como en efecto se dispone.

SOBRE LAS COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena sólo es viable: a) cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 ibídem). En la especie, no aprecia esta Cámara que estemos en presencia de alguna de las excepciones previstas en la citada normativa para quebrar el postulado de costas al vencido. De ahí que lo procedente sea, condenar al Banco demandado al pago de ambas costas del presente Proceso. Quantum de las mismas que se determinará en la Fase de Ejecución de Sentencia, a instancia de la aquí actora.