Resolución 08674-2025

ANTECEDENTES PROCESALES:

Mediante libelo presentado el 23 de diciembre de 2020, el apoderado de la actora interpuso demanda de conocimiento contencioso administrativa, en la que, con los ajustes introducidos en la etapa de audiencia preliminar formuló las siguientes pretensiones: "Con base en el estudio del caso presentado, solicitamos:

Se le asigne a mi representada un traslado en propiedad para alguno de los códigos que se encuentran disponibles en los centros educativos mencionados en el hecho OCTAVO, entiéndase las escuelas Eloy Morúa Carrillo (Código 4395) y Escuela Rogelio Fernández Güell (Código 4386), o se justifique claramente los motivos por los que no se pueden asignar ninguno de los tres códigos referidos.

En caso de no poder asignar ninguno de esos códigos, se estudie y se trate de asignar cualquiera de los otros centros educativos indicados en la solicitud de traslado presentada por mi representada en los plazos oportunos planteados por el MEP.

Además, en caso de que se declare con lugar la presente demanda, solicito sea condenado el Estado, en la persona del Ministerio de Educación Pública al pago de las costas procesales y personales del presente proceso."  (Imágenes 2 a 12 y 311 del expediente judicial).

Mediante auto de las 13:30 horas del 6 de enero de 2021, el Despacho confirió audiencia a las partes para que se refirieran a una posible incompetencia por razón de la materia. Ambas partes contestaron negativamente, y por resolución número 61-2021 de las 09:20 horas del 18 de enero de 2021, se declaró la competencia de esta jurisdicción para seguir conociendo el asunto, y se confirió traslado de la demanda al Estado. (Imágenes 54 a 72 del expediente judicial)

El 22 de febrero de 2021 el Estado contestó negativamente la demanda, opuso la excepción de falta de derecho, solicitó que la acción fuera declarada sin lugar en todos sus extremos y que se condenara a la actora al pago de las costas. (Imágenes 81 a 101 del expediente judicial).

El 5 de mayo de 2021 se celebró audiencia preliminar, con la asistencia de ambas partes. No fue reclamada ninguna actividad procesal defectuosa, se ajustaron y fijaron las pretensiones en los términos transcritos supra, el Estado manifestó que no oponía defensas previas, se determinaron como controvertidos los hechos 3, 4, 7 y 8 de la demanda, fue admitida la prueba documental ofrecida, se declaró el asunto como de puro derecho, y las partes rindieron conclusiones orales. (Imágenes 310 a 313 del expediente judicial, así como la grabación de la audiencia incorporada a la carpeta electrónica)

Que mediante acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 26-2025, celebrada el 27 de marzo de 2025, ARTÍCULO XXXII, se aprobó el plan de descongestionamiento para reducir el rezago judicial en asuntos de puro derecho del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, diseñado por la Dirección de Planificación, y contenido en el informe N° 310-PLA-MNP-2025, de 14 de marzo de 2025. Siendo que el presente expediente cumple con característica de antigüedad, fue incluido dentro del citado plan de descongestionamiento, y turnado a esta Sección para su fallo el 08 de julio de 2025. (Constancia visible en la imagen 315 del expediente judicial)

Se dicta la presente sentencia previa deliberación y por unanimidad de los integrantes del Tribunal, sin que se observen vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes. Redacta el juez Irías Obando con el voto afirmativo de los cojueces Hidalgo Rueda y Baltodano Gómez.

HECHOS PROBADOS. En lo que resulta atinente por la forma en que se resuelve, la revisión de los alegatos y documentos aportados por las partes, permiten tener como acreditados los siguientes hechos:

Que la actora, Melissa Artavia Carmona, es funcionaria en propiedad del Ministerio de Educación Pública (MEP), nombrada a partir del 1 de febrero de 2020 en el puesto de Profesora de Enseñanza Especial, en la especialidad de Trastornos Emocionales y de Conducta, en la Escuela Pocora, ubicada en la Dirección Regional de Guápiles. (hecho no controvertido, imágenes 102 y 263 del expediente judicial)

Que el 29 de mayo de 2020, la actora presentó una solicitud de traslado en propiedad por la vía de excepción, a través del sistema SALTAD, con el fin de ser reubicada en alguno de los 18 centros educativos allí especificados, todos pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Puriscal. Fundamentó su solicitud en la condición de salud de su hijo menor de edad, para lo cual aportó una certificación médica del Hospital Nacional de Niños que diagnostica al menor con "Trastorno déficit atencional con hiperactividad. Bronquiolitis. Asma alérgica". (hecho no controvertido, imágenes 42 a 46 del expediente judicial)

Que la indicada gestión fue tramitada dentro del sistema SALTAD, donde consta que fue analizada por la funcionaria María Lisbeth Jiménez Matamaros, determinándose que en el CTP de Puriscal debe excluirse en atención de lo dispuesto en el oficio circular VM-A-DRH-07-39-2020, y que en cada uno de los restantes centros educativos “No existen plazas vacantes para comprometer en propiedad…” Producto de ello, la solicitud quedó registrada como denegada. (Imágenes 248 a 251 del expediente judicial).

Que mediante comunicación del sistema SALTAD de fecha 20 de noviembre de 2020, la Dirección de Recursos Humanos del MEP le comunicó a la actora que: “Durante el período del 29 de mayo al 29 de junio del 2020, esta Dirección de Recursos Humanos, realizó vía electrónica la recepción de las solicitudes de Traslado en Propiedad por Excepción de acuerdo al artículo 101, inciso b del Estatuto de Servicio Civil, proceso publicado en la página web de este Ministerio. En dicho proceso, usted presentó la solicitud de Traslado en propiedad, centros educativos, circuitos y Direcciones Regionales de Educación de su interés, que fueron incluidas en la citada solicitud. Sin embargo, una vez analizada la solicitud, la documentación aportada y la disponibilidad de lecciones en los lugares de interés, se determinó que, de acuerdo con el análisis realizado de las opciones de su interés, indicadas en la Oferta entregada entre las fechas citadas, no será posible tramitar positivamente su solicitud para el curso lectivo 2021, para el cual fue planteada.” (Imagen 154 del expediente judicial)

Que el 24 de noviembre de 2020, la señora Artavia Carmona interpuso recurso de revocatoria en contra de la denegatoria comunicada. (Imágenes 26 a 29 del expediente judicial)

Que mediante correo electrónico suscrito por Víctor Rojas Arroyo, Analista de Cuadros de Personal, se comunica a la actora el rechazo del recurso de revocatoria, expresando lo siguiente: “Al respecto le informo que la figura de los traslados por excepción no obliga a la Administración a conceder ese movimiento de personal con la sola interposición de la solicitud del gestionante, en tanto que, por cuestiones técnicas, la Administración debe valorar si existen plazas vacantes que se ajusten a los parámetros establecidos para comprometerlas en propiedad. Atendiendo específicamente su consulta, en su solicitud de traslado, usted solicitó varias escuelas pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de Puriscal, y después de realizado el análisis de su solicitud se concluyó que no existían plazas vacantes que reunieran las condiciones para ser comprometidas en propiedad. Finalmente, se tomaron en cuenta las plazas reportadas como vacantes por los directores cuando se presentaron los cuadros de personal el pasado mes de abril. Cualquier otra plaza que quedase vacante luego de esa fecha, ya sea por pensión, defunción u otro movimiento del propietario no fue tomada en cuenta para el proceso de traslados por excepción”. (No controvertido, imagen 5 del expediente judicial)

Que en el oficio DRH-DARH-UPP-0018-2021 del 12 de enero de 2021, la Dirección de Recursos Humanos se elabora un detalle de las plazas existentes para la especialidad de Trastornos Emocionales y de Conducta en cada uno de los centros educativos donde la actora pidió ser trasladada, determinándose que en tres de ellos no existe plaza para dicha especialidad, y que en todos los restantes las plazas están ocupadas por servidor nombrado en propiedad. (Imágenes 102 y 103 del expediente judicial)

HECHOS NO PROBADOS. No fueron aportados elementos de prueba suficientes que permitan acreditar los siguientes hechos constitutivos del derecho invocado por las partes:

Que al momento de la solicitud y su resolución, existieran plazas vacantes en propiedad, en la especialidad de la actora, en alguno de los 18 centros educativos de la Dirección Regional de Puriscal indicados por ella.

Que la denegatoria del traslado careciera de fundamento.

TEORÍA DEL CASO. SÍNTESIS DE LA DEMANDA. A continuación, se expresará una síntesis del contenido del libelo de demanda y de las conclusiones orales rendidas, dejando sentado que el Tribunal ha considerado con detalle todos los argumentos de las partes, y se referirá a ellos en los apartados correspondientes, de resultar procedente. Se exponen los siguientes hechos. La señora Artavia Carmona “posee” en propiedad 32 lecciones en la Escuela Pocora, circuito 04 de la Dirección Regional de Guápiles, donde se desempeña como Profesora de Enseñanza Especial. El 29 de mayo de 2020, presentó una solicitud de traslado en propiedad, señalando 18 centros educativos de su interés en la Región Educativa de Puriscal, donde el sistema indicaba que había plazas disponibles. Posteriormente, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP) le notificó mediante un correo electrónico masivo, con fecha del 20 de noviembre de 2020, que su solicitud para el curso lectivo 2021 había sido denegada. La razón aducida fue que, tras analizar la documentación y la disponibilidad de lecciones, no era posible tramitarla positivamente, sin ofrecer una fundamentación específica sobre los motivos del rechazo. Ante esta negativa, la actora presentó un recurso de revocatoria el 24 de noviembre de 2020, solicitando que se reconsiderara la decisión y se le asignara un traslado, mencionando incluso la Escuela Darío Flores Hernández y argumentando el derecho a la salud. En respuesta a su recurso, el 25 de noviembre de 2020, un Analista de Cuadros de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del MEP le comunicó por correo electrónico que la figura de traslados por excepción no obliga a la Administración a conceder el movimiento. Se le explicó que, tras el análisis, se concluyó que no existían plazas vacantes en la Dirección Regional de Puriscal que cumplieran con las condiciones para ser comprometidas en propiedad. Se aclaró, además, que para dicho proceso solo se consideraron las plazas reportadas como vacantes por los directores en abril, y no aquellas que quedaran libres después de esa fecha por razones como jubilación o defunción. Como justificación central de su solicitud de traslado, la demandante había presentado un dictamen médico del Hospital Nacional de Niños, con fecha del 17 de abril de 2020, referente a su hijo. Dicho dictamen indica que el menor padece "Trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Bronquitis. Asma alérgica". La actora, quien es madre soltera, argumenta que las condiciones climáticas de Pocora de Guácimo son perjudiciales para la salud de su hijo, motivo por el cual el niño vive en Puriscal al cuidado de su abuela, una adulta mayor con problemas de hipertensión. Esta situación obliga a la señora Artavia Carmona a desplazarse urgentemente los 130 kilómetros que separan ambas localidades cada vez que su hijo sufre una crisis de salud o tiene citas médicas recurrentes en el Hospital Nacional de Niños. Finalmente, la parte actora afirma haber realizado una investigación propia en cinco de los 18 centros educativos solicitados. Sostiene que en la Escuela Eloy Morúa Carvajal y en la Escuela Rogelio Fernández Güell existen al menos tres plazas con lecciones suficientes que actualmente están ocupadas por docentes en condición interina, a las cuales considera que pudo haber sido trasladada. Asevera tener conocimiento de otras plazas disponibles, como una en la Escuela de Palmichal, pero no pudo obtener la documentación de respaldo debido a la negativa de los directores de los centros educativos. En los apartados de fondo, la parte actora fundamenta su demanda en la necesidad de su traslado para poder brindar el derecho de protección y crianza a su hijo de cinco años, en su condición de madre soltera y jefa de familia. Invoca la protección especial que el Estado debe garantizarle según el artículo 51 de la Constitución Política, así como la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las Niñas, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Familia. Sostiene que la distancia de 130 kilómetros entre su lugar de trabajo y su residencia familiar deteriora la atención que puede brindarle a su hijo, quien padece TDAH y requiere de su presencia constante, afectando con ello el derecho a la salud de ambos y contraviniendo el artículo 49 de la Constitución. La demandante argumenta que la Dirección de Recursos Humanos no ha actuado conforme al interés superior del niño, un principio que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, obliga al Estado a promover las condiciones necesarias para que los menores gocen de la presencia de la autoridad parental, especialmente cuando requieren cuidados especiales. Adicionalmente, considera que la notificación de la denegatoria mediante un correo masivo es un acto administrativo deficiente que no cumple con las formalidades legales, pues carece de una justificación particularizada para cada centro educativo solicitado. Indica que se fundamenta en el artículo 101, inciso b, de la Ley de Carrera Docente, en los artículos 19, 20, 21, 22, 24 y 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en los citados artículos 49 y 51 de la Constitución Política y en el Código de Familia. Con base en lo anterior, la actora presenta tres pretensiones concretas. En primer lugar, solicita que se le asigne un traslado en propiedad a alguno de los códigos que se encuentran disponibles en las escuelas Eloy Morúa Carrillo (Código 4395) o Rogelio Fernández Güell (Código 4386), o que en su defecto se justifiquen de manera clara los motivos por los cuales no se le puede asignar ninguna de dichas plazas. En segundo lugar, y de forma subsidiaria, pide que, de no ser posible lo anterior, se estudie y se le asigne un puesto en cualquiera de los otros centros educativos que indicó en su solicitud de traslado original. Finalmente, solicita que, en caso de que la demanda sea declarada con lugar, se condene al Estado, en la persona del Ministerio de Educación Pública, al pago de las costas procesales y personales que se deriven del proceso.

SÍNTESIS DE LA OPOSICIÓN. Con la misma aclaración realizada con relación al libelo de demanda, en cuanto a que se presenta un resumen y síntesis de lo expresado por la parte, pero que todos los argumentos serán analizados en cuanto correspondan, se apunta lo alegado por la representación del ente demandado. Con relación a los hechos, el Estado acepta que la señora Artavia Carmona labora para el Ministerio de Educación Pública (MEP), detallando que actualmente ocupa una plaza en propiedad en la Escuela de Pocora, Guápiles, desde el 1 de febrero de 2020. Sin embargo, subraya que, en el concurso docente de 2017, la propia actora seleccionó la zona de Guápiles como una de sus preferencias para obtener un nombramiento en propiedad. Admite también que, en junio de 2020, pocos meses después de su nombramiento, la actora solicitó un traslado por excepción a la Dirección Regional de Puriscal a través del sistema SALTAD, adjuntando un certificado médico, y que dicha solicitud fue denegada el 20 de noviembre de 2020. Rechaza rotundamente la afirmación de que existían plazas disponibles en 18 centros educativos de la región de Puriscal. Sostiene que no hay prueba que respalde dicha aseveración y que lo que consta es únicamente la lista de centros a los cuales la actora deseaba ser trasladada. Se enfatiza que, al utilizar el sistema SALTAD, la actora declaró bajo juramento que su solicitud quedaba sujeta a un análisis de procedencia por parte del MEP. Tras dicho estudio técnico, se determinó la imposibilidad material de conceder el traslado, ya que no existían plazas disponibles o las existentes ya estaban ocupadas por otros funcionarios, conclusión que se respalda en varios oficios de la Dirección de Recursos Humanos. En cuanto a la notificación de la denegatoria, rechaza que esta fuera indebida. Se explica que el sistema SALTAD es una herramienta web diseñada para agilizar los trámites y que la respuesta generada por el sistema es una notificación estándar para los casos no procedentes, la cual está respaldada por los análisis técnicos y materiales que constan en los oficios internos del Ministerio. También rechaza el argumento relativo a la situación médica del hijo de la actora como un hecho que obligue a la Administración a conceder el traslado. Si bien se reconoce la presentación del certificado médico, reitera que la concesión de un traslado por excepción no es automática y depende de una valoración técnica sobre la existencia de plazas vacantes que se ajusten a los parámetros, así como de la necesidad de no perjudicar la continuidad del servicio público. Insiste en que la demanda es una manifestación de disconformidad con el resultado y no una impugnación fundamentada. Finalmente, niega que existieran plazas disponibles en los centros indicados por la actora, argumentando que estos puestos ya están ocupados por otros funcionarios en propiedad o en condición interina, por lo que un traslado afectaría la estabilidad laboral de terceros y la continuidad del servicio educativo. En el apartado de fundamentación jurídica, inicia señalando que la actora, al participar en el concurso para obtener su plaza en propiedad, aceptó voluntariamente la Regional de Guápiles como una de sus zonas de preferencia, por lo que su posterior solicitud de traslado, apenas unos meses después de ser nombrada, denota una actuación de mala fe. El argumento central de la oposición es que la figura del traslado por excepción, regulada en el artículo 101 del Estatuto de Servicio Civil, no genera un derecho subjetivo para el funcionario, sino que otorga a la Administración una potestad discrecional para valorar la procedencia de la solicitud. Dicha valoración, se argumenta, no solo debe considerar la situación personal del solicitante, sino también, y de manera primordial, la existencia de plazas disponibles, la continuidad del servicio público educativo y la no afectación de derechos de terceros. Según la representación del demandado, la jurisprudencia tanto del Tribunal Contencioso Administrativo como de la Sala Constitucional ha sostenido consistentemente este criterio. La negativa a la solicitud de la actora, dice el Estado, se fundamentó en una imposibilidad técnica y material, ya que un análisis de los centros educativos solicitados en la Dirección Regional de Puriscal demostró que no existían plazas vacantes disponibles para ser comprometidas en propiedad, pues se encontraban ocupadas por otros servidores. Se indica además que, en algunos de los colegios solicitados, ni siquiera se imparte la especialidad de la actora. Por lo tanto, la Administración actuó de manera razonable y justificada al no poder ubicarla. El demandado defiende el procedimiento realizado a través del sistema SALTAD, describiéndolo como una herramienta ágil y eficiente, y sostiene que la actora, al utilizarlo, aceptó expresamente someter su gestión a un análisis de procedencia. Se argumenta que la respuesta del sistema, aunque concisa, es el resultado del estudio técnico interno y no carece de fundamento. En este sentido, se considera que la demanda no se origina en una actuación ilegal o arbitraria del Ministerio, sino en una simple disconformidad de la actora con un resultado que no favoreció sus intereses personales. Finalmente, invoca jurisprudencia que establece que la autoridad judicial no puede sustituir a la Administración en el ejercicio de sus potestades discrecionales, como lo es la autorización de un traslado. Colige que ordenar el traslado, como pretende la actora, implicaría invadir competencias que son propias de la administración pública. Por todo lo anterior, el Estado interpone la excepción de falta de derecho, solicitando que se declare la demanda sin lugar en todos sus extremos y se condene a la parte actora al pago de ambas costas.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La pretensión sustancial de la actora consiste en que se le ordene al Ministerio de Educación Pública concederle un traslado en propiedad por excepción, fundamentando su solicitud en la necesidad de atender la condición de salud de su hijo menor de edad y en el interés superior del niño. Por su parte, el Estado demandado se opone, argumentando que el traslado por excepción no constituye un derecho subjetivo del funcionario, sino una potestad discrecional de la Administración, y que la denegatoria se basó en una imposibilidad material y técnica debidamente comprobada, al no existir plazas vacantes disponibles en los centros educativos solicitados, prevaleciendo así el interés público y la continuidad del servicio educativo. Resulta necesario señalar que el traslado por excepción se encuentra regulado en los artículos 99 y 101 del Estatuto de Servicio Civil. La primera de esas normas indica que "Los traslados, ascensos, descensos y permutas de los servidores docentes que impartan lecciones en cualquier nivel de la enseñanza, podrán acordarse a solicitud de los interesados o por disposición del Ministerio de Educación Pública, de conformidad con lo que establece este Capítulo. Al personal que cumple funciones técnico docentes y administrativo-docentes, le serán aplicables las disposiciones del Título Primero de este Estatuto y su Reglamento, en cuanto a ascensos, descensos, traslados o permutas". Por su parte, el numeral 101 señala que "Los movimientos de personal por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio de Educación Pública, previo el visto bueno de la Dirección General de Servicio Civil, sin que ello requiera el trámite establecido para la selección y nombramientos estipulados en el capítulo anterior, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando fuere ineludible el reajuste, para una reorganización más eficaz y económica. Se deberá tramitar dichos movimientos con prioridad, cuando se justifiquen situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Si no hubiese quienes aceptaren el traslado voluntariamente, se aplicará el sistema de calificación, que rige para la selección y nombramiento; entonces serán trasladados los servidores de menor puntuación; b) Cuando se comprobare que existen causa de fuerza mayor, tales como enfermedad grave de los servidores o de sus partes en primer grado, de consanguinidad, que los incapacite para residir en el lugar, donde trabajen, especialmente cuando la dolencia fuere originada por circunstancias del medio ambiente en donde se trabaja; y c) Cuando con el movimiento pueda resolverse una situación conflictiva de relaciones internas o públicas. En todos los casos, el Ministerio de Educación deberá procurar que, con tales movimientos, se beneficie el servidor público, y salvo lo previsto en el artículo 62 de esta ley, no se cause grave y evidente perjuicio al servidor. En este mismo sentido deberá juzgar la Dirección General de Servicio Civil. Para ello, podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren pertinentes". Aunado a lo anterior, el artículo 59 del Reglamento a la Ley de Carrera Docente indica que "(...) Los movimientos del personal propiamente docente, por traslado, ascenso o descenso al grado inmediato, podrá hacerlos el Ministerio, previo el visto bueno de la Dirección General, omitiendo el trámite de selección que establecen el capítulo V, título II del estatuto y el presente Reglamento, en los siguientes casos de excepción: a) Cuando el movimiento se realice por "reajuste", será indispensable que el servidor haya laborado en propiedad en el cargo y lugar objeto de reajuste durante un período no menor de un año. Excepcionalmente podrán realizarse dichos reajustes después de cumplido el período de prueba, cuando se demuestren situaciones de caso fortuito o por disminución imprevisible de matrícula en los centros educativos, en cuyo caso, podrán ser aprobados antes del año; b) Cuando se comprobare que existe enfermedad grave del servidor docente o de sus parientes en primer grado de consanguinidad, que los incapacite para continuar residiendo en el lugar donde prestan sus servicios, u otras causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, a juicio del Director de Personal (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 25133 del 22 de abril de 1996) c) El Director de Personal podrá exigir la presentación de certificaciones médicas como justificantes para la aplicación del inciso b) del artículo 101 del estatuto citado, las cuales deberán ser extendidas por médicos de la caja Costarricense de Seguro Social, en su condición de tales  (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 25133 del 22 de abril de 1996). d) Cuando el movimiento se realice para resolver situaciones conflictivas internas o públicas, la instrucción respectiva deberá ser levantada por la Asesoría Legal del Ministerio y recomendada con su visto bueno la gestión respectiva. Excepcionalmente y previo el visto bueno del departamento docente, el Ministerio podrá realizar estos movimientos sin sujeción al trámite del concurso ni limitación de tiempo de servicio, cuando los mismos se realicen, para preescolar o primaria, dentro de la misma zona escolar; y en los demás niveles de enseñanza, si los movimientos se efectúan entre instituciones de una misma localidad. En estos casos podrá ser dispensada la presentación de documentos justificantes.  En todos los casos de excepción, salvo cuando se trate de resolver situación conflictivas o se proceda de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del inciso a) del mismo artículo 101, se requiere que los interesados otorguen su consentimiento expreso. El Ministerio deberá procurar que tales movimientos beneficien, fundamentalmente, al servicio público.  En este mismo sentido deberá juzgar el Servicio Civil; para ello podrán exigirse las certificaciones o documentos que se estimaren necesarios, así como desestimar aquellos que a su juicio resulten insuficientes.(...)". A partir de tal regulación, queda claro que el traslado por excepción constituye una figura jurídica especial dentro del régimen de carrera docente que permite el movimiento de personal educativo sin sujeción a los procedimientos ordinarios de selección y nombramiento establecidos en el Estatuto de Servicio Civil. La esencia de esta figura radica en su carácter excepcional y restrictivo, ya que opera únicamente cuando se presentan circunstancias específicas y taxativamente enumeradas por la normativa. Estas causales comprenden tres categorías principales: primero, cuando resulte ineludible un reajuste para lograr una reorganización más eficaz y económica del servicio, especialmente en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito; segundo, cuando existan causas de fuerza mayor como enfermedad grave del servidor o de sus parientes en primer grado de consanguinidad que les impida continuar residiendo en el lugar donde laboran; y tercero, cuando el movimiento pueda resolver situaciones conflictivas de relaciones internas o públicas. Dado que ha formado parte de lo argumentado por las partes, debe precisarse que el traslado por excepción no configura un derecho subjetivo perfecto que pueda ser exigido en sede administrativa o judicial de manera automática. No obstante, cuando se acredita fehacientemente la existencia de alguna de las causales legalmente establecidas, especialmente aquellas relacionadas con enfermedad grave o fuerza mayor, surge para la Administración un deber cualificado de análisis y consideración de la solicitud. Este deber implica que no puede desestimarse la petición de manera arbitraria o sin la debida fundamentación, configurándose así una expectativa legítima del funcionario a que su situación sea valorada conforme a los criterios legales establecidos. En ese sentido, la inexistencia de plazas disponibles, que es el criterio que fue utilizado por el demandado para denegar la solicitud respectiva, constituye un elemento técnico que imposibilita materialmente el acogimiento de la solicitud planteada, siempre y cuando ello sea una circunstancia objetiva y verificable. En síntesis, el traslado por excepción configura una institución de naturaleza excepcional que requiere el cumplimiento estricto de las causales legalmente establecidas, sumadas a la posibilidad material de poder ser otorgada, y que, sin generar derechos subjetivos perfectos, establece un marco normativo que limita la discrecionalidad administrativa y protege tanto el interés público como los derechos del funcionario docente. En el caso concreto que nos ocupa, debe precisarse de antemano que no fue planteada ninguna clase de pretensión anulatoria ni de declaratoria de disconformidad jurídica de alguna conducta administrativa, dado que lo peticionado se limita a que ordene el traslado de la actora a alguno de los centros educativos para los que aplicó su solicitud. Ante ello, carecen de relevancia los vicios de nulidad de la decisión administrativa adoptada que fueron referenciados en la demanda (defectuosa notificación y falta de fundamentación), en vista que, al quedar excluido del objeto del proceso, el Tribunal no puede determinar la legalidad o no de la conducta administrativa precedente, sin incurrir en alguno de los vicios de congruencia (extra petita o ulta petita). De igual manera, tampoco son atendibles las argumentaciones de la defensa del Estado respecto a que la actora aplicó para la zona de Guácimo y que la solicitud de traslado fue presentada tan solo cuatro meses después de su nombramiento, dado que ninguna de tales circunstancias fueron parte del motivo del acto denegatorio. Lo que resulta atinente y relevante para dilucidar el objeto del proceso fijado por las partes, es que la actora cumplimentó en el sistema electrónico correspondiente, solicitud de traslado fundada en la condición de salud de su hijo menor de edad, y que el MEP, luego del estudio correspondiente, la rechazó porque en ninguno de los centros educativos para los que se pidió el traslado existían “… plazas vacantes para comprometer en propiedad.” Así, en ningún momento el Estado patrono cuestionó en sede administrativa el derecho de la actora para optar por el traslado pedido, ni el tiempo transcurrido desde su nombramiento, ni tampoco la veracidad de la causal invocada. La denegatoria se basó exclusivamente en la imposibilidad material de concretar el traslado, dado que, en los centros educativos sugeridos por la gestionante, o bien no existían del todo plazas en la especialidad de la señora Artavia, o bien, las existentes estaban ocupadas por funcionarios con nombramiento en propiedad. Ante este panorama, las pretensiones deducidas, es decir, que se le asigne un traslado en propiedad en alguno de los centros educativos que indica, no pueden ser acogidas por este Tribunal. En primer lugar, como ya fue dicho, la autorización de traslados por excepción constituye una situación excepcional, esto es, que procede únicamente en los supuestos que establece el artículo 101 del Estatuto de Servicio Civil, y se trata de una decisión que contiene un cierto grado de  de discrecionalidad administrativa, de modo que en su ponderación deberá el jerarca valorar no solo la situación de quien lo gestiona sino también las posibilidades técnicas y materiales para concretarlo, así como que su eventual otorgamiento no afecte negativamente la prestación del servicio o el interés público. La jurisprudencia nacional en materia de empleo público –tanto de la jurisdicción laboral como de esta sede contencioso administrativa– ha sido reiterada en el sentido de que no es posible para la autoridad judicial sustituir a las administraciones en una materia que es propiamente de su competencia legal; máxime que en este terreno se está con frecuencia ante el ejercicio de potestades discrecionales que no son propias de los tribunales de justicia. En este sentido, se tienen las sentencias No. 2010-00187, de las 10 horas 15 minutos del 5 de febrero del 2010, dictada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la número 124-2016 de las 16 horas y cinco minutos del 18 de noviembre de 2016 dictada por la Sección Quinta de este Tribunal, así como las números 255-2011-VI de las 8 horas 30 minutos del 29 de noviembre del 2011 y 134-2013 de las 13 horas cincuenta minutos del 7 de noviembre de 2013, dictadas por la Sección Sexta de este Tribunal Contencioso Administrativo. Así, al margen de que la accionante cumpla o no con las condiciones requeridas para solicitarlo, lo pedido es improcedente porque la autorización de un traslado por excepción es una decisión con un alto margen de discrecionalidad y no es posible, en esta vía jurisdiccional, sustituir a Administración en ese acto. Por otra parte, menos aún puede el Tribunal sustituir una decisión discrecional de la Administración, cuando ha existido un pronunciamiento negativo por parte de la autoridad competente (porque determinó que era técnica y materialmente imposible autorizar el traslado) que, además, no ha sido impugnado por la parte actora.  Como señalamos, la procedencia de la gestión dependerá no solo de que se encuentre en uno de los supuestos de hecho que establece el numeral 101 ya citado, sino también de que, una vez efectuada la valoración correspondiente conforme a los criterios ya citados, la Administración estime que está en posibilidades de otorgarlo. Lo cierto es que en este caso ya la Administración efectuó la ponderación requerida y dispuso rechazar el referido traslado. Así consta en el estudio técnico que quedó registrado como fundamento de la decisión en el sistema SALTAD (hecho probado número 3), así como en la comunicación electrónica cursada dentro del mismo sistema el 20 de noviembre de 2020, en el que la Administración explica a la accionante que su petición no es atendible porque no existen plazas vacantes para comprometerlas en propiedad en los sitios en que se pretende el traslado (hecho probado número 4).  Insistimos que la actora no impugnó en esta sede tales conductas, lo que impide que el Tribunal pueda realizar un examen de legalidad de aquellas. Así, estamos frente a actos válidos que no han sido cuestionados.  Por demás, se trata de circunstancias que permanecen, según se desprende de los oficios DRH-DARH-UPP-0018-2021, del 13 de enero de 2021, DRH-DGTS-UASCD-0053-2021, del 12 de enero de 2021 y DRH-ASIG-UST-3588-2013, del 10 de abril de 2013 (imágenes 101 a 104 del expediente judicial), los cuales refutan la afirmación de la actora (carente de prueba) de que en dos centros educativos hay plazas disponibles. Reiteramos que la solicitud de traslado por excepción, aun demostrándose la causal invocada (lo que en el caso no se analiza), no genera, per se, un derecho o efecto jurídico automático favorable a la peticionante, ya que resulta insoslayable la valoración de la Administración de su pertinencia. Lo anterior toda vez que, junto al interés del educador se debe tomar en cuenta, también, la continuidad y eficiencia del servicio público que se brinda (educación) y las posibilidades reales de acceder a lo solicitado, esto es, la disponibilidad de plazas. Así, luego de efectuada la valoración respectiva, el MEP se encuentra en la posibilidad de denegar el traslado pedido ante la no existencia de vacantes disponibles y susceptibles de ser comprometidas en propiedad, como ha ocurrido en este caso. En definitiva, colige esta Cámara que no es posible, en esta vía jurisdiccional, ordenar el traslado por excepción que se pretende, lo que conlleva al rechazo de la demanda en todos sus extremos.

EXCEPCIONES. A tenor con lo dispuesto en los considerandos precedentes, y en vista que el ordenamiento jurídico no respalda las pretensiones deducidas, debe acogerse la excepción de falta de derecho opuesta por el Estado.

COSTAS: De conformidad con el numeral 193 del CPCA, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal que la accionante contaba con suficiente motivo para litigar en tanto, a su juicio, cumplía con las condiciones requeridas para optar por el traslado por excepción, y no puede exigírsele que cuente con la información veraz y actualizada con relación a la disponibilidad de plazas en otros centros educativos, por lo que se decide fallar este asunto sin especial condenatoria en costas.