Resolución 08484-2025

ASPECTOS PRELIMINARES. Como parte del iter procesal se tiene lo siguiente:

Mediante escrito de demanda presentado a estrados judiciales en fecha 13 de junio de 2023, la parte actora como pretensión solicitó: "1. Se realice una valoración de la sanción interpuesta por el Consejo de Personal del MSP y se declare desproporcionada, ante los atenuantes expuestos en la presente demanda.

Se declare su nulidad, y por consecuencia, se deje sin efecto el acto administrativo de despido según RESOLUCION 0027-2023 C.P del 10 de mayo del 2023, QUE ES DESPIDO SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL.

Se ordene la reinstalación inmediata de mi representado en el puesto de trabajo, bajo las mismas condiciones que se tenía hasta antes del momento del despido.

Se ordene el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la Reinstalación.

El pago de intereses e indexación de los montos dejados de percibir.

El pago de las cuotas obrero-patronales y el fondo de capitalización laboral, producto de los salarios no pagados mientras este en vigencia el acto de despido y se dé la reinstalación del puesto.

Se condene al Estado al pago de las costas procesales y personales. (Imágenes 41-42, expediente electrónico).

Otorgada la audiencia de ley, el Estado al apersonarse contesta negativamente y opone la excepción de falta de derecho (imágenes 70-75, expediente electrónico).

La audiencia preliminar se realizó el 8 de agosto de 2024, en ella se ajustaron las pretensiones y se aceptó al testigo Oscar Soto Jiménez. El expediente se remitió a juicio y por rol se envió a la Sección Segunda de este Tribunal.

El juicio oral y público se realizó el 4 de agosto de 2025. En la etapa de saneamiento las partes no ofrecieron prueba para mejor resolver ni manifestaron evidencia de nulidad alguna. La representación de la parte actora indicó que por imposibilidad no se pudo presentar al testigo ofrecido y aceptado en la audiencia preliminar por lo prescinde de dicha prueba. El Tribunal resuelve lo correspondiente y declara el proceso de Puro Derecho, otorgando inmediatamente a las partes el tiempo para que rinda sus conclusiones. De conformidad con el ordinal 111 del CPCA se declara el proceso complejo. Las partes quedaron notificadas de forma oral de todo lo actuado en dicha audiencia al tenor de lo ordenado en el artículo 88 del CPCA (escuchar audio y grabación del GIGAO).

Se emite este fallo previa deliberación, con el voto afirmativo de los jueces González Segura y Hernández Vargas.

Redacta el juez Rodolfo Marenco Ortiz.

II.-

Se aclara que, para efectos de cita de las pruebas, al ser aportado el expediente administrativo de forma electrónica, el mismo fue insertado dentro del Expediente Digital que lleva el Despacho, en consecuencia, las citas se harán conforme a las imágenes de éste y no los folios del expediente administrativo. De importancia para la resolución de este asunto se tienen como de esta naturaleza los siguientes:

Que el señor Jean Carlos Campos Araya entró a laborar en el Ministerio de Seguridad Pública en fecha 16 de marzo de 2020, en condición de interino, con un rige hasta el 28 de febrero de 2023 (imagen, 74 expediente digital).

En fecha 23 de noviembre de 2021, en la Delegación de Policía Hospital, como parte del control de rutina, se le practicó al señor Campos Araya, la prueba de toxicología y bioanálisis (imagen 84, expediente digital).

Que en fecha 5 de julio de 2022 se emite el Informe de Ensayo en el cual el resultado fue "Positivo" para metabolitos de cocaína. Que la parte actora mostró disconformidad con el resultado (imagen 88, expediente digital).

Por oficio número MSP-DM-DGAF-DSO-060-2022 del 24 de agosto de 2022, la Dra. Venny Crespo Cera, Coordinadora de Consultorios Médicos del Departamento de Salud Ocupacional del MSP, le notifica al señor Campos Araya, que el 16 de septiembre de 2022 a las 9:00 hrs. se realizará la apertura de la muestra "B" (imagen 90, expediente digital).

Que en fecha 16 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la apertura de la muestra B, en presencia de los doctores Alejandra Díaz Mora, Microbióloga, Jean Carlos Campos Araya, Lic. Arthur Jiménez LaTouche como abogado de la parte, y el Lic. Milton Grijalba Valverde, Asesor Legal de Policía (imagen 85, expediente digital).

Mediante reporte de fecha 16 de septiembre de 2022 la muestra "B" dio como resultado "Positivo para metabolitos de Cocaína" (imagen 89, expediente digital).

Mediante auto de las 8:99 hrs. del 19 de octubre de 2022 se da el Auto de Inicio del Procedimiento Disciplinario Número 253-IP-2022-DL en contra del servidor Jean Carlos Campos Araya (imágenes 98-104, expediente digital).

Por resolución número 787-IP-2022-DDL de las 10:00 hrs. del 20 de octubre de 2022, como medida cautelar, se ordena la suspensión provisional con goce de salario por tres meses al señor Jean Carlos Campos Araya. La disposición fue notificada al señor Campos Araya el 9 de noviembre de 2022 (imágenes 105-114, expediente digital).

Que el 14 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia oral y privada, la cual fue suspendida debido a que el representante legal del encausado solicitó prueba documental para que sea incorporada al expediente (imágenes 118-120, expediente digital).

Que por resolución número 015-IP-2023-DDL del 12 de enero de 2023 el Departamento Disciplinario del MSP ordena prorrogar la medida cautelar de suspensión con goce de salario del investigado Campos Araya (imágenes 126-127, expediente digital).

En oficio número MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-SC-LTB-006-2023 del 26 de enero de 2023 la Dra. Alma Serrano Campos, Coordinadora del Laboratorio de Toxicología y Bioanálisis del MSP, informa sobre el procedimiento y proceso de toma de muestras de orina, el flujo de trabajo que se lleva para los exámenes toxicológicos (imágenes 138-139, expediente digital).

En fecha 24 de marzo de 2023 se realiza la continuación de la Audiencia Oral y Privada; al no existir prueba testimonial y el investigado abstenerse de declarar se da por concluida dicha etapa (imágenes 144-145, expediente digital).

Por escrito del 28 de marzo de 2023 el representante legal del señor Campos Araya realiza conclusiones del procedimiento administrativo, en el que solicita entre otras, para lo que interesa a este caso, se declarare la nulidad de la prueba B, por existir manipulación diferente por parte de la profesional a cargo de dicha toma, a lo que normalmente se hace; existiendo la posibilidad de que se contaminara y por consiguiente dicha prueba se encuentre comprometida (imágenes 147-150, expediente digital).

Por medio de resolución número 526-IP-2023-DDL de las 9:45 hrs. del 26 de abril de 2023 el Departamento Disciplinario, Órgano Director del Procedimiento recomienda, en lo conducente: "POR TANTO.

DESPEDIR SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL Y POR CAUSA JUSTIFICADA AL SERVIDOR: JEAN CARLOS CAMPOS ARAYA, cédula de identidad número 2-0810-0698 (...).

INHABILITAR al señor JEAN CARLOS CAMPOS ARAYA para reingresar a cualquier otro cuerpo policial durante un período de 10 años contados a partir de la firmeza de la sanción de despido (...)" (imágenes 153-164, expediente digital).

Por oficio número MSP-DM-CP-0294-2023 del 11 de mayo de 2023 se le comunica al Lic. José Jeiner Villalobos Steller, Director del Departamento de Asesoría Jurídica, el acuerdo del Consejo de Personal, tomado en la sesión ordinaria número 003-2023 del 10 de mayo de 2023, en el cual se adoptó la resolución número 0027-2023-C.P. dentro del expediente disciplinario número 253-IP-2022-DL disponiendo: "POR TANTO.

DESPEDIR SIN RESPONSABILIDAD PATRONAL Y POR CAUSA JUSTIFICADA AL SERVIDOR: JEAN CARLOS CAMPOS ARAYA, cédula de identidad número 2-0810-0698, por incurrir en la siguiente falta: "Resultar positivo en prueba toxicológica tomada en la Delegación Policial Hospital (DC03), el día 23 de noviembre de 2021. Al analizarse la muestra "A" del código 079875, esto de fecha 23 de noviembre de 2021 resultó positiva por metabolitos de cocaína. Asimismo, el día 16 de septiembre del 2022, al analizar la muestra "B" o contramuestra del mismo código 079875, resultó positiva por metabolitos de cocaína, muestras que fueron analizadas en el Laboratorio de Toxicología de este Ministerio".

INHABILITAR al señor JEAN CARLOS CAMPOS ARAYA para reingresar a cualquier otro cuerpo policial durante un período de 10 años contados a partir de la firmeza de la sanción de despido.

ADVERTIR al encausado Campos Araya, que, a partir de la notificación del presente acto, se encuentra en la obligación de devolver el uniforme completo, carné de policía y de portación de armas, demás equipo policial y los activos que le hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones; de no cumplir con dicha obligación dentro del término de 3 días, se instaurarán las acciones que en derecho correspondan.

ORDENAR al Jefe inmediato que se sirva establecer las coordinaciones del caso, a fin de que el encausado devuelva uniforme completo, carné de policía y de portación de armas, demás equipo policial y los activos que le hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones.

GIRAR las instrucciones pertinentes a quien corresponda, para que se elabore la carta de despido en los términos y alcances contenidos en el artículo 35 del Código Laboral, se haga entrega personal al servidor destituido y se documente el recibido.

DEJAR SIN EFECTO la medida cautelar de suspensión con goce de salario por tres meses, que se decretó en contra del encausado Campos Araya, una vez que se haya ejecutado el acto administrativo" (imágenes 166-181, expediente digital).

Que por oficio número MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-0469-2023 del 11 de mayo de 2023 se le comunica al señor Jean Carlos Campos Araya, por parte del funcionario Carlos Andrés Torres Salas, Director General Administrativo, el Despido por causa justificada y sin responsabilidad patronal. El oficio fue notificado el 14 de mayo de 2023, según acta de notificación policial (imágenes 182-185, expediente digital).

Que resolución número 2023-1536-DM de las 14:32 hrs. del 6 de julio de 2023 el Despacho del Ministro de Seguridad Pública, resolvió: "POR TANTO. I- Confirmar el despido por causa justificada impuesto al señor Jean Carlos Campos Araya, cédula de identidad número 2-0810-0698, de conformidad con lo descrito en el oficio MSP-DM-CP-0294-203 del Consejo de Personal. II- Ordenar a la Oficina de Notificaciones comunicar la presente resolución al lugar señalado y efecto las demás diligencias según corresponda. III- Se remite el expediente al Departamento Disciplinario Legal para su custodia. Todo de conformidad con los elementos de hecho y de derecho expuestos supra." (imagen 188, expediente digital).

HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para el presente asunto se tienen como hechos no probados los siguientes:

Que al señor Jean Carlos Campos Araya, se le haya violentado derechos constitucionales o legales sobre el debido proceso (los autos).

Que la sanción impuesta al señor Campos Araya sea desproporcionada a los hechos (los autos).

Que exista un nexo causal entre la conducta administrativa impugnada y los daños y perjuicios reclamados (los autos).

OBJETO DEL PROCESO. La parte actora presenta el proceso para que el Tribunal revise y determine la nulidad absoluta y manifiesta del procedimiento administrativo debido a existir una violación al debido proceso, por no tener acceso a la prueba al estar en el idioma inglés, lo cual lo deja en indefensión. Haberse omitido un paso en el procedimiento de toma de prueba toxicológica (utilizar la micropipeta). Así mismo revisar la proporcionalidad de la sanción impuesta con fundamento en el Principio Laboral In dubio Pro-Operario.

ALEGATOS DE LAS PARTES. Las partes tanto en su escrito de demanda como en sus conclusiones manifestaron: A) Argumentos del Actor: En lo fundamental y de forma resumida, sin perjuicio de la lectura integral que el Tribunal ha realizado del escrito de demanda, la parte actora manifestó lo seguidamente se transcribe: "Como primer punto y así consta en el expediente, durante la realización de la SEGUNDA MUESTRA, de manera inexplicable la jefe del departamento de toxicología del Ministerio de Seguridad Pública, trasvasa la muestra de orina y OMITE la utilización de la micropipeta, que es el instrumento idóneo y creado precisamente para estos efectos, ante esta situación el suscrito abogado dejó constancia de nuestra disconformidad por la falta de pericia de dicha profesional, esto por cuanto consideramos evidente la mala manipulación y la contaminación posible que sufrió dicha muestra. Sin embargo, el órgano director de procedimiento hizo caso omiso y alega que por el simple hecho de la que doctora Alma Serrano manifestó que esa acción no contaminaba la muestra, lo tiene por cierto y demerita tal acción, esto fue alegado al considerar que no se siguieron los procedimientos y protocolos debidamente establecidos para tales efectos, violentando de esta forma la integridad de dicha muestra y comprometiendo su resultado. Como segundo argumento y consideramos que su autoridad debe tener claro, es que dentro del auto de inicio se indica que la toma de la segunda muestra de orina se realiza bajo los parámetros que establece la “MANDATORY GUIDELINES FOR FEDERAL WOREDPLACE DRUG TESTING PROGRAM” pero para sorpresa de esta defensa, dicha guía NO fue incorporada dentro de los elementos probatorios, y esta representación en apego a los derechos del debido proceso que le asistían a don Jean Carlo, solicitó expresamente se incorporara dicha guía y a su vez se hiciera la traducción al IDIOMA ESPAÑOL, toda vez que incluso en el idioma inglés nos dejaba en indefensión. Extrañamente el órgano director ignora tal petición, alegando que era responsabilidad de mi defendido buscar dicho elemento de prueba y más extraño aun es que nos dice que debemos nosotros traer la guía traducida al idioma español si la queremos utilizar, esto riñe con principios básicos del proceso en Costa Rica, ya que nuestro idioma oficial es precisamente el español, y no haber hecho llegar la guía y no haber traducido dicho elemento de prueba, Máxime que es la misma administración la que la utilizó para la realización de las pruebas doping es una evidente violación al debido proceso. En especial cuando es a través de dicha guía que se podía demostrar el protocolo y la utilización de la micropipeta como parte del procedimiento para la toma del trasvase de la muestra de orina, y se limitó el derecho irrestricto de defensa que le asistía a mi defendido (...) Como segundo alegato la parte actora indicó: "Sobre la violación al principio de proporcionalidad. Resulta de suma importancia que su Autoridad tome en cuenta que se aplicó la máxima sanción en materia laboral, siendo el despido sin responsabilidad patronal, sanción que resulta sumamente desproporcionada, ya que el Consejo de Personal, en su momento, pudo realizar una valoración menos gravosa para mi representado. Sin embargo se le impone al sanción del DESPIDO existiendo otras formas que podrían adoptarse y cuya finalidad cumpliría el fin último de los procesos disciplinarios como lo es generar conciencia en la colectividad a la hora de establecer comportamientos y conductas propias de los miembros de la organización, pero evidentemente se podrían generar sanciones o recomendaciones distintas, por lo cual esta representación considera que existe una desproporción entre la acción y la falta, desproporciones que riñe con el principio protector propio de la materia laboral y que viene a garantizar se proteja al empleado ante decisiones como las aquí expuestas y cometidas por el consejo de personal del MSP".  B) Argumentos del Estado: La representación del Estado al momento de contestar la demanda se opuso a la misma, y de forma sucinta y sin desmérito de la lectura total de su escrito, en esencia manifestó lo que en lo conducente se transcribe:  "El procedimiento administrativo disciplinario se encuentra debidamente regulado en la Ley General de Policía y se aplicó tal y como corresponde en el caso del aquí actor, las resoluciones administrativas son actos administrativos emitidos conforme a las disposiciones de la Ley y contrario a lo alegado por el demandante, se encuentran debidamente fundados y motivados, y se explican con claridad las razones por las que se encontró mérito para sancionar con el despido. Siendo que el alegato de la parte actora es en cuanto a la Prueba B de toxicología (contraprueba) como se comprobara fue debidamente manejada, analizada y confirma la Prueba A, que dio positiva a cocaína. En el procedimiento administrativo tenemos que mediante documento N°253-IP- 2022 de las ocho horas del diecinueve de octubre del dos mil veintidós, del Ministerio de Seguridad Pública, Departamento Disciplinario Legal, Inspección Policial, se da inicio al procedimiento administrativo contra el señor Campos Araya, en la cual quedó demostrado que el actor obtuvo resultado positivo en el doping realizado, el cual se llevó a cabo bajo el procedimiento que se describe a continuación mismo que consta en el documento MSP-DMDVA- DGAF-DSO-SC-LT-132-2022. El 23 de noviembre de 2021, los funcionarios del Laboratorio de Toxicología y Bioanálisis del Ministerio de Seguridad Pública, se presentaron a la Delegación Policial Hospital (DC03), a recolectar las muestras de orina para realizar la prueba toxicológica. El día mencionado líneas atrás se procedió a realizar un muestreo de forma aleatoria al personal presente en esa unidad en ese momento, la cual se recolectó con supervisión directa, cada persona recolectó su muestra, la cual fue depositada en el recipiente A, luego se trasvasó una porción en el recipiente B, todo esto bajo constante supervisión de los funcionarios del laboratorio de toxicología, posteriormente se cerraron los recipientes de ambas muestras con los sellos de seguridad debidos, posteriormente con los funcionarios de toxicología como testigos todas las personas a las que se le realizó la prueba firmó e imprimió su huella digital sobre el sello de seguridad, una vez terminado el proceso de cierre y sellado se almacenaron en un dispositivo para mantener las muestras a temperatura de refrigeración. Es importante indicar que para cada persona sujeta a la prueba se completó el formulario MSP-LT-R-044 especificando los medicamentos que consumió 72 horas anteriores a la toma de la muestra, así como un documento de información para la aplicación de la prueba toxicológica así mismo cada persona sujeta a la prueba llenó una cadena de custodia donde hace entrega personalmente de la muestra de orina al funcionario de toxicología y donde quedó registrado la persona encargada de custodiar la muestra desde el momento de la entrega y hasta el momento de análisis y congelación de la misma. Todo ese procedimiento se realizó en total apego de lo estipulado en los artículos 5 y 7-17 del Decreto Ejecutivo N°39893-SP. El día 23 de noviembre del 2021 se realizó el análisis por drogas de las muestras recolectadas en la Delegación Policial Hospital, el análisis se realizó en el equipo automatizado y estuvo a cargo de la Doctora Alejandra Díaz Mora, al realizar el análisis de la muestra A correspondiente al actor se obtuvo un resultado positivo por metabolitos de cocaína por encima del punto de corte de 150 ng/ml, para corroborar el resultado se realiza el análisis una segunda vez y se obtiene un resultado positivo nuevamente (...) Consecuentemente, vemos que la sanción no es desproporcionada y como el propio actor lo expone en su demanda, la prueba toxicológica practicada “Resulta positivo en prueba toxicológica tomada en la Delegación Policial Hospital (DC03), el día 23 de noviembre del 2021. Al analizarse la muestra "A" del código 079875, esto en fecha 23 de noviembre del 2021, resultó positiva por metabolitos de cocaína. Asimismo, el día 16 de setiembre del 2022, al analizar la muestra "B" o contramuestra del mismo código 079875 resultó positiva por metabolitos de cocaína, muestras que fueron analizadas en el Laboratorio de Toxicología de este Ministerio, por lo que el actor incurrió en una falta grave objetiva que además, trajo como consecuencia la pérdida de confianza en él depositada, incurriendo también en una grave afectación a los principios de buena fe, lealtad, probidad que debía observar como funcionario público policial; lo que plenamente justificó el despido por justa causa y sin responsabilidad patronal. Así, lo consideró el Ministerio de Seguridad Pública, mediante el oficio MSP-DM-CP-0294-2023 del Consejo de Personal del MSP (...) El aquí actor incurrió en falta grave, generándose pérdida de confianza y de idoneidad, pues al ser este funcionario policial, debe de tener una sólida base moral a fin de ser garante de la protección ciudadana. Considera esta representación que la sanción interpuesta es la correspondiente, debido al procedimiento que se llevó a cabo y además acorde al puesto que el actor ocupaba (Policía). En suma, se evidencia que la administración realizó el procedimiento administrativo como correspondía, en total apego a lo establecido, siendo de conocimiento de las distintas instancias administrativas y las muestras toxicológicas fueron tomadas y analizadas en la forma debida, por lo que no daría lugar a la nulidad del procedimiento como lo pretende la parte actora".

SOBRE EL CASO CONCRETO.  De una lectura atenta del escrito inicial de demanda y sus conclusiones, se desprende que el actor fundamenta sus pretensiones de nulidad en dos ideas principales a saber: Primero, violación al debido proceso, con respecto a la cadena de custodia de la prueba, y, además, el habérsele negado el acceso a la prueba en el idioma español. Segundo, violación al principio de proporcionalidad de la sanción impuesta.

1.Violación al debido proceso. Indica el agraviado en su escrito inicial y así lo reiteró en sus conclusiones que, durante la realización de la SEGUNDA MUESTRA, de manera inexplicable la jefe del Departamento de Toxicología del Ministerio de Seguridad Pública trasvasa la muestra de orina y OMITE la utilización de la micropipeta, que es el instrumento idóneo y creado precisamente para estos efectos, lo cual considera una evidente mala manipulación y la contaminación posible que sufrió dicha muestra. Que tal situación la hizo ver en ese momento y dentro del procedimiento disciplinario, y agregado a ello, manifiesta que la guía con la cual se realizan dichas pruebas no fue incorporada como prueba dentro del procedimiento a pesar de haberlo solicitado expresamente, lo que violenta a su criterio el debido proceso, dejando en indefensión a su representado, por cuanto la carga de la prueba le corresponde a la Administración. Criterio del Tribunal. Para efectos de claridad, el tema se abordará en dos puntos específicos planteados por el actor: lo actuado por las autoridades al momento de realizar la segunda prueba con la muestra de control, y, la no incorporación en español como prueba dentro del procedimiento, la guía de Mandatory utilizada como referencia por los profesionales de microbiología. 1.1. De la apertura de la muestra. Como se ha acreditado y no existe controversia entre las partes, al señor Campos Araya en fecha 23 de noviembre de 2021 es seleccionado aleatoriamente para realizársele la prueba de dopaje conforme al artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 39893-SP, y su procedimiento al tenor de lo regulado en el ordinal 11 de la indicada norma, que regula: "Las muestras de orina se tomarán en frascos traslúcidos, con tapa o tapones para su cierre hermético. Un frasco será identificado con la letra "A" para análisis y el otro con la letra "B" contra muestra, ambos con el número de código correspondiente. Después de tomar la muestra de orina, los frascos se guardarán separadamente en una bolsa plástica debidamente sellada". Una vez recolectada la muestra y debidamente asegurada, se envía al laboratorio del Ministerio para el análisis correspondiente, y en los casos que la muestra "A" resulte positiva se comunica al Departamento de Salud Ocupacional para notificar al funcionario, quien si manifiesta su disconformidad, se realizará el análisis de la muestra "B" recogida en ese mismo día, en presencia del interesado. Hasta aquí, no existe controversia entre las partes. La disconformidad del aquí actor, se da cuando, para la fecha señalada de la apertura de la muestra "B", a su criterio, considera que, existió un error en el procedimiento de apertura y traslado de la muestra de orina del frasco original al tubo donde se realiza el examen, que pudo contaminar la muestra. Para resolver este asunto, se hace una revisión de lo actuado por las partes en ese momento, el cual fue registrado en el Acta de Apertura y Análisis de la Muestra B, que consta en autos, y que aparece rubricada por las personas que en ese momento estuvieron presente, entre ellos el actor y su representante legal. Dentro del procedimiento de apertura de la muestra "B" según consta en actas, se debe pasar la muestra recolectada, guardada y abierta en ese momento, del envase a un tubo plástico el cual debe posteriormente introducirse a la centrifugadora, para su análisis, todo ello por medio de una micropipeta. Según consta en dicha acta, la orina para su correcta conservación se congela, pero en este caso, al momento de hacer el traspaso, una parte de la muestra aún estaba en esa condición (congelada) por lo que se optó, por parte del profesional encargado, en no seguir utilizando la pipeta correspondiente, y verter su contenido directamente en el frasco que se utiliza para hacer el examen. Es exactamente este punto; no seguir utilizando la pipeta sino vaciar directamente la muestra en el tubo de ensayo, que cuestiona la representación legal del investigado. Conforme consta en el acta indicada, considera este Tribunal que no lleva razón el agraviado en sus argumentos, pues del mismo documento se desprende que ante la consulta que se realiza por parte del representante legal del investigado, de por qué no se sigue utilizando la pipeta y el posible riesgo de contaminación por tal acción, el profesional a cargo de la diligencia (microbióloga) le indica que no es necesario, ello por cuanto, se realiza el traspaso de la muestra, se insiste, del frasco original al tubo en que se va realizar la prueba, y agrega, que incluso, que el tubo o frasco receptor, se encuentra rotulado con un código (079875B) para verificar que es estéril, así quedó consignado en el acta. Véase, que en este caso no es que se utilizó otro frasco para traspasar la muestra, lo cual sí hubiera sembrado la duda de una posible contaminación, lo que simplemente ocurrió, es que ante el hecho de que la muestra de orina aún no se había descongelado totalmente, y por consiguiente no se podía recolectar, se suprimió ese un paso, sea el de no utilización de la pipeta para traspasar la muestra, sino que se vertió directamente al frasco previamente indicado y debidamente rotulado en el que se iba hacer la muestra. A criterio de este Tribunal no existiría ninguna mal praxis ni errónea manipulación de la muestra que conlleve a pensarse que podría existir algún tipo de contaminación, como lo alegó el investigado. Incluso, para lo que interesa al caso, la supuesta posible contaminación que podrá darse es en el supuesto que dicho frasco hubiera sido previamente manipulado con la sustancia específica de cocaína (se haya realizado otra prueba previa), lo cual no es posible, no solo por los estrictos controles que se llevan en dicho laboratorio, sino también como de la misma acta se desprende (se reitera) el frasco donde se transvasaría la muestra para su análisis estaba rotulado con el código 079875B, para así dar seguridad al procedimiento. Es decir, el argumento se cae por su propio peso, ya que como se reitera, del acta se desprende que todas las personas que participaron, vieron y fueron testigos presenciales que se pasó la muestra de orina, del frasco debidamente resguardado "B" al tubo plástico con código 079875B, por lo alegado por la parte son meras apreciaciones subjetivas. Esta postura es apoyada en lo indicado por experta, Dra. Alma Serrano Campos, quien el oficio número MSP-DM-DVA-DGAF-DSO-SC-LTB-006-2023 quien evacuando la consulta realizada por el Lic. Ronald Esquivel Vargas, Inspector Policial, del Departamento de Disciplinario Legal del MSP, indicó en lo conducente: "En el proceso de toma de orina se usan dos frascos de orina.

Un frasco de orina con capacidad de 120 ml marca Nipro Medical Corporatio. El frasco utilizado tiene una presentación en empaque individual, tipo bolsa plástica individual y sellado hasta el momento en que se realiza la toma de muestra de orina al funcionario policial. En dicho frasco el funcionario policial deposita la muestra de orina directamente, a la cual se le conoce como Muestra A (muestra de orina 079875A).

Un frasco de orina con capacidad de 60 ml marca Deltalab. El frasco utilizado tiene una presentación en empaque individual, tipo bolsa plástica individual y sellado hasta el momento en que se realiza la toma de muestra de orina al funcionario policial. En dicho frasco se trasvasa una porción de la muestra A en presencia del funcionario policial, explicándole la razón por la cual se trasvasa y se le conoce como muestra B (muestra de orina 079875B). Este frasco no se abrirá hasta el acto de análisis y apertura de la muestra B el cual fue presenciado por el funcionario policial. Cabe destacar que al terminar el proceso de recolecta de la muestra de orina se coloca una etiqueta adhesiva con la firma y huella digital del funcionario policial, ese proceso se realiza en presencia del funcionario con la finalidad de que visualice todo el procedimiento. En cuanto al flujo de trabajo, las muestras se encuentran en unos kits, los cuales consisten en una bolsa plástica contenido los dos frascos de orina (muestra A y B). El primer procedimiento es realizar el análisis por técnica de inmunoensayo de la muestra A, mientras se realiza este proceso todas las muestras se almacenan en temperaturas de refrigeración, aproximadamente entre 4 - 7 grados C, dicho almacenamiento tiene un período no mayor a 2 días. En el momento en que una muestra A salga positiva por drogas, se procede a almacenar el kit respectivo en temperaturas de congelación, aproximadamente -20 grados C (...) Se adjuntan fotografías". En conclusión, como se desprende del documento transcrito es claro para este Tribunal, que existe un protocolo estricto para realizar las pruebas toxicológicas, en el cual no solo se garantiza que no habrá contaminación alguna de la misma, sino la transparencia de la misma con el fin de resguardar los derechos de la persona a la que se le realiza. En razón de lo indicado el agravio no es de recibo. 1.2. De la no incorporación de la prueba (Guía Mandatory) dentro del procedimiento en idioma español.  Considera el actor que al no haberse incorporado al procedimiento dentro de las pruebas la Guía en español, conocida como "Mandatory Guidelines for Federal Word Place Drug Testing Program", lo deja en indefensión, y que, el órgano director del procedimiento al indicar que esa gestión es una carga de la parte interesada se violentó del debido proceso, de acceso a la prueba.  De los autos se desprende que en el acta de comparecencia oral del procedimiento disciplinario llevada a cabo el14/12/2022, el Lic. Jiménez LaTouche, realiza la solicitud de incorporar la Guía en español, solicitud que le fue denegada por el Órgano Director, mediante auto de las 10:30 hrs. del 11 de enero de 2023, indicando que: "Respecto al segundo punto de su escrito, referente a la traducción al idioma español de la guía Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program, se le informa que de conformidad con el artículo 317 de la Ley General de Administración Pública, corresponde a la parte la carga de la prueba, es decir, traer la traducción del documento y conforme al mismo, demostrar si el procedimiento de análisis efectuado no cumple con los estándares técnicos y/o científicos que se requieren".  Es importante para resolver este agravio partir de lo que regula la norma sobre la carga de la prueba en materia administrativa. Así, dispone los artículos 221 y 297 de LGAP: "Artículo 221.-En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la voluntad de éstas últimas. Artículo 297.-

La Administración ordenará y practicará todas la diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte.

El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las limitaciones que señale esta ley.

Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declararán inevacuables".  Un primer punto que se desprende de las anteriores normas es que las pruebas pueden ser aportadas al procedimiento administrativo, tanto por la parte interesada como por la propia Administración. Un segundo punto, es que el órgano director del procedimiento tiene un amplio margen de discrecionalidad , para admitir o rechazar prueba ofrecida por la parte u ordenar otra de oficio, bajo el concepto de prueba pertinente o necesaria, siempre que sea o no relevante o trascendente para dirimir el procedimiento. Un tercer punto es que aquella prueba que dependa exclusivamente de la parte y no sea presentada por esta en su momento procesal oportuno, se declara inevacuable, este último, en relación con lo regulado en el inciso 1) del ordinal 317de esta norma que dispone: "1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de: a) Ofrecer su prueba"; es decir, existe prueba que por su naturaleza debe ser ofrecida y aportada por la parte so pena de declararse inevacuable. En el sub exámine, lo reclamado expresamente por la parte actora es que la Guía que se utiliza para realizar los exámenes de toxicología, no fue incorporada como prueba al procedimiento administrativo por el órgano director, y cuando la revisó el documento se encontraba en inglés, por lo que al realizar la gestión para que se incorporara en español dentro del procedimiento, pero el Órgano Director se la denegó y le indicó que era prueba del interesado, siendo su carga. Considera que al no tener acceso a dicha Guía en español, se le causó indefensión.  A criterio de esta Cámara el argumento debe ser rechazado por lo siguiente:

El agraviado no explica y fundamenta cómo dicha decisión del Órgano Director del Procedimiento le causa afectación, porque incluso dicho representante legal en sus conclusiones indicó que es un procedimiento que conoce, pues ha llevado otros casos similares donde se realiza dicho procedimiento, por lo que no es posible una nulidad por la nulidad.

Los Lineamientos Obligatorios para los Programas Federales de Detección de Drogas en el Lugar de Trabajo (Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs), son solo lineamientos donde se establecen estándares para las pruebas de drogas en el ámbito laboral, asegurando la uniformidad, la calidad y la confidencialidad en los procesos de detección, buscando garantizar la integridad de las pruebas, proteger a los empleados y mantener un ambiente de trabajo seguro, pero no son, normativas que se han incorporado de acatamiento obligatorio en este caso al MSP, entiéndase que es un marco referencial de trabajo, que los laboratorios siguen, para establecer sus propios criterios de procedimientos y la capacitación del personal involucrado, garantizando de esta forma la confiabilidad de los resultados de las prueba. Asunto que en este caso, se reitera, no ha sido desvirtuado por la parte aquí actora (con prueba técnica fehaciente) en cuanto a que los resultados estuvieron viciados por algún aspecto que haya contaminado la muestra; y el hecho de que el Órgano Director haya denegado la petición de incorporar dicho documento en español, no violenta derecho constitucional alguno, a ejercer una debida defensa, al punto tal que se deba anular todo el procedimiento administrativo que aquí se impugna.

En esta lógica, véase que el órgano decisor al momento de dictar el acto final, no basó su decisión sobre tal prueba, sino en los resultados de los exámenes. En este orden de ideas, la teoría de defensa del investigado se basa sobre la probabilidad de una supuesta contaminación del frasco, lo cual no se encuentra probado, sino solo argumentación de la parte reclamante, como ya se indicó ut supra, no era posible que dicha muestra se contaminara por no utilizar la pipeta para su traslado sino que se vertiera directamente sobre el tubo que posteriormente se insertó en la centrifugadora. En razón de todo lo indicado estima este Tribunal que no existe vulneración al debido proceso, sino son solo apreciaciones subjetivas de la parte, sin fundamento técnico y legal alguno, imponiéndose el rechazo de sus agravios.

Violación al Principio de Proporcionalidad.  Argumenta de forma escueta, la representación legal del actor, que conforme al criterio protector en materia laboral el Consejo de Personal debió optar por una sanción menos graves, siendo que existen dudas sobre la recolección de la segunda muestra. Criterio del Tribunal. El agravio no resulta atendible por las siguientes consideraciones. Sobre este tema la Sala Constitucional ha sostenido en forma copiosa en cuanto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la parte actora estima cercenados, explicando que toda medida administrativa debe pasar el denominado “test de razonabilidad”. Así por ejemplo, en el voto número 3564-2015 de las 09:20 horas del 13 de marzo del 2015 indicó nuestro máximo Tribunal Constitucional: “(…) Como la ha señalado esta Sala, para que una medida se estime razonable debe satisfacer los siguientes elementos: a) la legitimidad, en el sentido de que la medida no violente de manera evidente algún mandato legal jerárquicamente superior; b) la adecuabilidad , en tanto la medida sirva efectivamente para alcanzar el fin pretendido; c) la necesidad implica que entre varias medidas adecuadas, se debe escoger la menos lesiva; y d) la denominada “proporcionalidad en sentido estricto”, que obliga a que desde ninguna circunstancia se vea afectado el contenido esencial de un derecho constitucional en un proceso de ponderación normativa (…)”.  En el presente caso, este Tribunal no aprecia que se le haya impuesto al investigado una sanción desproporcionada o irrazonable, sino todo lo contrario, pues conforme a lo que tuvo debidamente por demostrado el órgano disciplinario, el señor  Campos Araya manifestó conductas típicas contrarias a la exigencias que su puesto exige. Al realizarse las pruebas toxicológicas de control, éstas (ambas) resultaron positivas para la sustancia prohibida metabolitos de cocaína. En este orden de ideas, a criterio de esta Cámara, el señor Campos Araya, con su conducta ha violentado una serie de normativas atinentes a su función, siendo lo más grave que esto ocurrió mientras estaba en su jornada laboral, es decir, se presentó a laboral, teniendo droga en su cuerpo, incurriendo en esa forma en una falta grave al tenor de lo dispuesto en el régimen disciplinario del cuerpo policial, el cual a partir de su Capitulo VIII, en lo que interesa al caso, se regula de la siguiente manera: "Del régimen disciplinario. Artículo 81°-Normativa aplicable. El régimen disciplinario aplicable a los miembros de los cuerpos de policía se ajustará a los principios de actuación policial previstos en la presente Ley. Artículo 82°-Tipos de faltas y sanciones aplicables. Las faltas contra el régimen disciplinario podrán ser leves y graves. Las primeras se sancionarán con el apercibimiento oral o escrito y las segundas, con la suspensión, sin goce de salario, de uno a treinta días o el despido sin responsabilidad patronal. Artículo 83°-Criterios para definir falta. Las faltas se determinarán de acuerdo con: a) El grado de dolo o culpa en la conducta constitutiva de la infracción (...). Artículo 84°-Procedimiento para las amonestaciones. Las amonestaciones orales o escritas por faltas leves, las emitirá el jerarca inmediato del amonestado, sin más trámite que concederle audiencia. La escrita contendrá el relato sucinto del hecho que motiva la infracción y los fundamentos que justifican la sanción disciplinaria. Artículo 85°-Faltas graves. Para los efectos de este régimen, se considerarán faltas graves: (...) l) La embriaguez habitual o el uso de drogas no autorizadas durante el servicio" (subrayado no es del original). Así en el artículo 82 de la norma citada, determina que las faltas graves pueden ser sancionadas con suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad, utilizando un criterio objetivo para definirlas, que para el sub exámine se aplicara el grado de dolo o culpa de la conducta desplegada. Aunado a ello, existe una tipificación expresa para este tipo de conductas catalogada como grave, sea, la utilización de drogas no autorizadas durante el servicio, y como ya se indicó, el señor Campos Araya, fue seleccionado de forma aleatoria, al momento de estar en su turno laboral, conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo Número 39893-SP, que reza: "Para la realización de la prueba, en caso de los funcionarios policiales activos, se seleccionará de forma aleatoria a los candidatos que serán sometidos a la misma. Dicha elección será efectuada por el profesional en salud encargado del proceso". Una vez tomada la prueba y realizado los examen de toxicología en el laboratorio competente, resultó positivo a metabolito de cocaína, configurándose en una falta grave la cual conlleva la sanción de suspensión hasta el despido justificado. El actor alega que el despido es la última ratio, y en su caso, debió aplicarse un in dubio pro operario, ante la duda de la muestra. Tal criterio no es compartido por esta Cámara. Primero, por cuanto ya ha quedado claro líneas atrás que no existió algún quebranto al debido proceso, ni a la cadena de custodia. Segundo, se está frente al hecho que el señor Campos Araya al momento de realizarse la prueba de control, estaba en servicio y en su cuerpo se encontró una droga no autorizada como es el metabolito de cocaína, la cual según la OMS provocan efectos sobre el sistema nervioso central afectando negativamente su actividad laboral; y en este caso, se agrava aún más, porque estamos en presencia de un miembro de la fuerza policial, que debe cumplir un fin público como es la seguridad ciudadana, y tiene en sus manos la protección de las personas y sus bienes, así como el control de la delincuencia, y en ese estado no es posible cumplir tal responsabilidad. Tercero, estamos frente al uso de una droga no autorizada e ilícita, cuyo uso afecta y ponen también en peligro a sus compañeros de trabajo tanto en forma física como moral, afectando también la imagen del cuerpo policial que representa. En este entendido, considera este Tribunal que la sanción impuesta no es desproporcionada, ni existe mérito alguno para aplicar el in dubio pro operario, al tenor de lo dispuesto en artículo 92 de la Ley General de Policía que dispone: "El despido justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones: a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según lo dispuesto en la presente Ley"; y como quedó debidamente acreditado dentro del procedimiento, se insiste, el investigado incurrió en una falta grave, que ocasiono la pérdida de confianza y por consiguiente el despido sin responsabilidad patronal, y ante los hechos en que se fundamentó, la inhabilitación para reingresar a algún cuerpo policial en 10 años, cumpliéndose de esta forma el filtro constitucional de que la falta y la sanción impuesta, sea legítima al no violentarse ningún mandato legal, es adecuable para alcanzar el fin pretendido, como es el que los miembros de los cuerpos policiales actúen dentro de los parámetros que exige la ética, probidad, responsabilidad, buenas costumbres tanto en sus funciones como en su vida privada, según el Reglamento de Ética, no violentándose ningún derecho constitucional en el procedimiento y aplicación de la sanción. Estando la conducta administrativa impugnada, en ese tanto, ajustada a derecho.

SOBRE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES. En la audiencia preliminar quedaron fijadas las pretensiones, así como la excepción de falta de derecho. Debido a la forma en que se ha resuelto el presente caso, se debe acoger la excepción de falta de derecho interpuesta por el Estado y en consecuencia se impone el rechazo de las pretensiones esgrimidas por la parte actora.

SOBRE LAS COSTAS. Conforme a lo regulado en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estima este Tribunal que conforme a lo indicado no existen motivos para eximir y en consecuencia se impone las costas a cargo del vencido más sus respectivos intereses.