Cargando la resolución…
Tribunal Contencioso Administrativo Sección I
Cargando texto de la resolución…
Los enlaces corresponden únicamente a citas expresas verificadas.
Documento judicial
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj
*CA*
EXPEDIENTE: 13-005574-1027-CA - 0
PROCESO: CONOCIMIENTO
ACTOR/A: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R L
DEMANDADO/A: ASOCIACION CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN QUESO TURRIALBA
Nº 32-2023-I
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las
diecisiete horas del diecinueve de abril de dos mil veintitrés.-
Proceso de conocimiento establecido por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES LECHE DOS PINOS R.L. (DOS PINOS), cédula jurídica 3004-045002, representada por Jorge Julio Pattoni Sáenz, portador de la cédula de identidad 1-0398-0416 en contra del ESTADO, representado por la Procuradora Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, carnet de colegiada 6188, el REGISTRO NACIONAL, representado por el Lic. Alberto Herrera Porras, carnet de colegiado 20084, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA (ASOPROA), cédula jurídica 3-002-269458 y la ASOCIACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO TURRIALBA, cédula jurídica 3-002678562, ambas representadas por su apoderado especial judicial, el Lic. Belisario Antonio Solano Solano, carnet de colegiado 2800. Participa como
COADYUVANTE ACTIVO la empresa SIGMA ALIMENTOS DE COSTA
RICA S.A, cédula jurídica 3-101-03749, representada por sus apoderados especiales judiciales el Lic. Roy de Jesús Herrera Muñoz y el Lic. Daniel Castro Esquivel carnet de colegiados 7082 y 31491 respectivamente. De igual manera, participan como apoderados especiales judiciales de la parte actora el Lic. Manuel Enrique Lizano Pacheco, el Lic. Simón Alfredo Valverde Gutiérrez y el Lic. Santiago Jiménez Sanabria, carnet de colegiados 8135, 16185 y 30641 respectivamente.
Las partes actoras recurrieron a esta sede en fecha 13 de agosto de
2013, procurando para que en sentencia se declare: “1. Que la Denominación de Origen “Queso Turrialba" no corresponde a un elemento geográfico, designación, expresión, imagen o signo de una región o localidad, útil para designar que el “Queso Tipo Turrialba" es originario de dicho territorio, toda vez que tal denominación se utiliza para describir un tipo de queso y no su lugar de producción.
Que la marca inscrita bajo el número de registro 144042, está protegida bajo el principio de primero en tiempo y primero en derecho, y por ende la denominación de origen fue concedida sin sustento legal.
Que se anule el voto número 692-2012, de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil doce, emitido por el Tribunal Registral Administrativo, y la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once, y en consecuencia se anule la inscripción de la Denominación de Origen "QUESO TURRIALBA (DISEÑO)" otorgada a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE
TURRIALBA, toda vez que la inscripción no se ajusta a derecho.
Que se reconozcan el derecho que tiene mi representada para explotar la marca "Queso Tipo Turrialba", marca de fábrica en clase 29 Internacional, en virtud del registro marcaría otorgado el 5 de febrero de 2004, inscrito bajo el número de registro 144042.
Que se condene a las demandadas al pago de las costas procesales y personales del presente proceso”. De forma adicional, plantearon pretensiones subsidiarias, solicitando: “Pretensión subsidiaria primera: En caso de no otorgarse la pretensión principal, como pretensión subsidiaria, solicitamos que en sentencia se declare:
Que se reconozcan los derechos de uso que tiene mi representada en virtud del registro marcario otorgado el 5 de febrero de 2004, sobre la marca de fábrica en clase 29 Internacional denominada "Queso tipo Turrialba", inscrita mediante el número de registro 144042, lo anterior de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de Enero del 2000", que entró en vigencia en mayo del año 2007 (Decreto Nº 33743-COMEX-J).
Que la admisión de la Denominación de Origen "QUESO TURRIALBA (DISEÑO)", a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA; no afecta los derechos de mi representada en virtud de estar inscrita la marca "Queso tipo Turrialba", número de registro 144042.
Que en virtud de lo anterior se ordene al Registro Público que regule la convivencia del registro marcario otorgado el 5 de febrero de 2004, sobre la marca de fábrica en clase 29 Internacional denominada "Queso tipo Turrialba", inscrita mediante el número de registro 144042 y la
Denominación de Origen "QUESO TURRIALBA (DISEÑO)", a favor de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE
TURRIALBA, todo lo anterior en cumplimiento del artículo 5 del Decreto No. 33743-COMEX-J.
Que se declare que no existe derecho alguno por parte de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA o el mismo Registro Público, para cancelar, impedir la renovación, limitar, y/o anular el registro marcario número 144042, sea la marca de fábrica en clase 29 Internacional denominada "Queso tipo Turrialba", del cual mi representada ostenta la titularidad.
Que se condene a las demandadas al pago de las costas procesales y personales del presente proceso”. De igual manera, antes de la audiencia preliminar, la parte realizó una adición como pretensión principal y subsidiaria, para que se declare: “1.- Que se declare en sentencia que mi representada tiene derecho a realizar las inscripciones de diseños, marcas, logotipos que considere necesarias, para efectos de actualizar el diseño de la marca "QUESO TIPO TURRIALBA'' inscrita el 5 de febrero de 2004 mediante el número de registro 144042.
Que se declare en sentencia que la inscripción de nuevos diseños de la marca "QUESO TIPO TURRIALBA", no afecta el derecho de prelación que tiene mi representada desde el año 2004, a través de la inscripción y registro de la marca Queso Tipo Turrialba (diseño).
Que en sentencia se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Registral Administrativo emitida el día 22 de enero de 2015, mediante la cual se declaró sin lugar la inscripción de la marca denominativa QUESO TURRIALBA DOS PINOS, presentada bajo expediente número 20142762”. (Véase imágenes 174-211, 546-547, 650 del expediente judicial digital, así como audio de la audiencia preliminar).
El Estado contesta negativamente la demanda en escrito de fecha 18 de diciembre de 2013, e interpuso la defensa de falta de derecho. (Imágenes 222-242 del expediente judicial digital).
El Registro Nacional contesta negativamente la demanda en escrito del 9 de enero de 2014, e interpone la defensa de falta de derecho. (Imágenes 243-255 del expediente judicial digital).
En escrito del 19 de marzo de 2014, ASOPROA contesta negativamente la demanda e interpone la excepción de litis consorcio pasivo necesario y las defensas de falta de legitimación activa y falta de derecho. (Imágenes 266287 del expediente judicial digital).
Por medio de resolución interlocutoria 2552-2014 de las 16:25 horas del 7 de octubre de 2014, se ordena integrar como litis consorte pasivo necesario a la Asociación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba. (Imágenes 426-432 del expediente judicial digital).
En escrito de fecha 21 de enero de 2015, la empresa Sigma Alimentos Costa Rica S.A,. se apersona como coadyuvante activo sin pretensiones propias. (Imágenes 466-484 del expediente judicial digital).
En fecha 05 de marzo de 2015, la Asociación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba contesta negativamente la demanda alegando las defensas de falta de derecho y falta de legitimación activa. (Imágenes 492-513 del expediente judicial digital).
La actora realizó su réplica en escrito de fecha 17 de marzo de 2015. (Imágenes 522-533 del expediente judicial digital).
La parte actora en escrito de fecha 10 de agosto de 2015, realiza ampliación de pretensiones. (Imágenes 542-547 y 561-566 del expediente judicial digital).
Las asociaciones demandadas contestan negativamente la ampliación de pretensiones en escrito de fecha 29 de setiembre de 2017, invocando la falta de derecho. (Imágenes 621-624 del expediente judicial digital).
El Estado contestó negativamente la ampliación de pretensiones en escrito de fecha 22 de febrero de 2018, invocando la falta de derecho. (Imágenes 659-669 del expediente judicial digital).
La audiencia preliminar se realizó en tres etapas, la primera en fecha 7 de diciembre de 2017, la segunda en fecha 4 de abril de 2018 y la tercera en fecha 20 de agosto de 2018, todas con la presencia de todas las partes, se fijaron las pretensiones, los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental, pericial y testimonial pericial ofrecida por las partes (Minutas a imágenes 648-651, 689-698 y 724-727 del expediente judicial digital, así como audio en SIGAO).
El juicio oral y público se realizó en fechas 15 y 23 de marzo de 2023, con presencia de todas las partes. En la etapa de saneamiento, se desistió de los testigos Alejandro Chacón Villalobos, Diego Camacho Serrano, Rosaura Camacho Sánchez, Daniel Ruega Araya y Wilson Picado Umaña. Se realizó la sustitución de testigo de Leonardo Granados Rojas por Rolando Alberto Pacheco Castro, y se recalificó el testigo Jonathan Lizano Ortiz como testigo-funcionario. Se realizaron los alegatos de apertura, se evacuó la prueba de tipo pericial y testimonial, rindiéndose las conclusiones de forma oral. (Audio y video en SIGAO).
Se dicta esta sentencia dentro del plazo de ley, sin contabilizar los días inhábiles de semana santa, así como el feriado del 10 de abril de 2023, por unanimidad y previa deliberación de los integrantes del Tribunal, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.
Redacta el Juez Mejías Rodríguez, con el voto afirmativo de las juzgadoras Bolaños Salazar y Gómez Chacón.
DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La parte actora ofreció en juicio como prueba para mejor resolver, un artículo de la revista “Perspectivas rurales. Nueva época” del año 10, N° 19 elaborado por Leonardo Granados Rojas y Carlos Álvarez López denominado: “Descripción del proceso metodológico para la caracterización de productos con denominación de origen. La experiencia del Queso Turrialba” (Imágenes 1326-1354). CRITERIO DEL TRIBUNAL: Hemos de recordar que la prueba para mejor resolver es resorte exclusivo del Tribunal y no es un mecanismo procesal adicional de ofrecimiento probatorio para suplir las deficiencias o ausencias probatorias de alguna de las partes. En el caso concreto, como se explicará infra, el ofrecimiento probatorio no realiza un cuestionamiento directo y concreto a alguno de los dos estudios periciales realizados en sede administrativa, sino que se refiere, de forma académica, a una propuesta metodológica para una inscripción de denominación de origen, tomando en referencia el registro preexistente objeto de debate. Así las cosas, la prueba ofrecida resulta en inconducente para el objeto de litigio que es atacar el motivo de los actos administrativos técnicos que se analizarán en el fondo de esta sentencia, por lo que la prueba ha de rechazarse.
PRECISIÓN DE ADMISIBILIDAD DE PRUEBA RESPECTO DE LA PRUEBA PERICIAL DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS: De previo al desarrollo de la presente sentencia, el Tribunal advierte, a razón de un control respecto de la prueba que fue admitida en la Audiencia Preliminar, en específico, respecto del informe pericial de la Licda. Loreana Molina González, ingeniera de alimentos y del cual, advierten las partes accionadas que vertió pronunciamiento, tanto en su escrito como en su deposición en juicio oral y público, de aspectos no admitidos en aquella etapa procesal. Así, considera esta Cámara de Juzgadores que llevan razón las partes accionadas, sobre todo el Estado al hacer expresamente referencia al respecto, puesto que, de los autos se desprende, que del cuestionario utilizado para realizar la pericia señalada, visible a imágenes 676 a 679 del expediente judicial digital, de las 16 preguntas, solamente fueron admitidas las primeras
No obstante, se reitera, del peritaje y deposición realizada por la señora Molina González, visibles a imágenes 773 a 804 del expediente judicial digital, así como de su deposición en juicio oral y público (véase audio y video en SIGAO) se denota que, efectivamente, la perito vertió opinión sobre temas fuera de lo admitido, por lo que el Tribunal suprimirá dichos aspectos de la valoración probatoria infra, y resaltando que la parte actora no ofreció tales alcances como prueba para mejor resolver o similar, por lo que quedan excluidos del pronunciamiento de esta sentencia.
Se tienen como hechos no probados para este proceso:
Que la Dos Pinos tiene registrado bajo el expediente 20030003104 la marca de Fábrica “Queso tipo Turrialba” desde el 5 de febrero de 2004 y hasta el 5 de febrero de 2024, reservándose el logo con colores verde, blanco y tonos de azul, y sin reservar o exclusividad sobre la frase “Queso tipo Turrialba”. (Imagen 310 del expediente judicial digital y expediente administrativo 2003-3104).
En fecha 2 de febrero de 2008, la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba (ASOPROA de ahora en adelante), solicita la inscripción de una denominación de origen “queso Turrialba”, originando el expediente 172108, aportando junto a la solicitud la normativa propuesta para regular la denominación y el pliego de condiciones. (Folios 1 a 61 del Tomo 1 del expediente administrativo 1721-08).
En fecha 29 de mayo de 2008, el Registro de Propiedad Industrial realiza varias prevenciones a la ASOPROA respecto de su solicitud de denominación de origen “queso Turrialba”. (Folios 62-63 del Tomo 1 del expediente administrativo 1721-08).
En escrito del 17 de junio de 2008, ASOPROA cumple con las prevenciones realizadas por el Registro de Propiedad Industrial el 29 de mayo de ese mismo año, siendo de interés que, aclara, que la solicitud incluye cuatro categorías de queso: Bajo la categoría de “queso artesanal” en modalidad de “queso fresco” y “queso maduro” y la categoría “queso industrial” en su modalidad de “queso fresco” y “queso maduro”, todos denominación de origen Turrialba, en cuanto a la situación especifica que se trata del distrito de Santa Cruz en su totalidad y el noroeste del distrito de Santa Teresita, aportando las coordenadas respectivas, y de igual forma, adjuntan el estudio técnico realizado por el Dr. Leonardo Granados Rojas y el Dr. Carlos Álvarez López. (Folios 71 a 313 del Tomo 1 del expediente administrativo 1721-08 y folios 314 a 332 del Tomo 2 del expediente administrativo 1721-08).
En la Gaceta 35 del 19 de febrero de 2009, se realiza la publicación del edicto de publicación de la solicitud de denominación de origen, otorgando plazo para oír oposiciones. (Folio 340 del Tomo 2 del expediente administrativo 172108).
En fecha 23 de abril de 2009, la actora plantea oposición al trámite de nominación de origen de ASOPROA, exponiendo los agravios de su oposición alegando falta de cumplimiento de la definición de denominación de origen por razones geográficas, ser un término genérico, la existencia de una marca anterior, posible confusión en los consumidores, falta de caracterización y diferenciación con los demás quesos frescos blancos, anomalías en el pliego de condiciones, e incumplimientos sanitarios respecto del reglamento técnico 34992-MEIC-MAG-S. (Folios 342-356 del Tomo 2 del expediente administrativo 1721-08).
En fecha 10 de julio de 2009, ASOPROA realiza la réplica a la oposición de Dos Pinos. (Folios 372-384 del Tomo 2 del expediente administrativo 1721-08).
En atención al trámite administrativo de denominación de origen, se nombró como centro educativo de educación superior para realizar la pericia y estudio técnico de la solicitud de denominación de origen “queso Turrialba” al Programa Regional de Desarrollo Rural de la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional contando como investigadores al Ph.D. en química de la agroindustria Carlos Hernández Aguirre, el M.Sc. en administración pública con especialidad en estadística y experiencia en sellos de calidad agropecuaria; la M.Sc. en zootecnia y sistemas de producción María Isabel Camacho, el M.Sc. en historia con experiencia en sellos de calidad agropecuaria Wilson Picado, el Lic. en geografía con experiencia en la zona de Santa Cruz, Rodolfo Corrales Picado y como equipo asistencial el Lic. Julián Rubí en planificación y promoción social, así como los historiadores Jeimmy Trejos Salazar y Rafael Ledezma Díaz. En dicho estudio, se validó el que fue presentado por ASOPROA realizado por el Dr. Leonardo Granados Rojas y el Dr. Carlos Álvarez López. Respecto de la oposición planteada, analiza los 5 agravios planteados por la Dos Pinos y afirma en lo que interesa: “… cada uno de los argumentos se rechaza por cuanto las características, condiciones y factures humanos y naturales fueron debidamente verificados en este proceso de indagación seguido para construir el criterio técnico de fondo. De manera que, aunque algunos argumentos son de recibo, no alcanzan para sustentar un rechazo a la inscripción de la denominación de origen. Al analizar la oposición presentada… queda claro que la presentación engañosa de un producto no puede guardar relación alguna con la cuestión de si es genérica o no. Por tanto, se descarta la oposición de la Dos Pinos” y cerrando con la recomendación final que apunta “Recomendación final… por todo lo anteriormente planteado desde la perspectiva técnica ha quedado demostrado que el queso Turrialba reúne las características requeridas y suficientes para su inscripción como denominación de origen”. (Folios 466623 del Tomo 2 del expediente administrativo 1721-08).
Por medio de resolución del 14 de junio de 2011, se suspende el expediente 1721-08 mientras se resuelve la inscripción de la marca “Dos Pinos Queso Turrialba (Diseño)”. (Folios 624-625 del Tomo 2 del expediente administrativo 172108).
En fecha 22 de setiembre de 2011, por resolución de las 15:26:38 horas, el Registro de Propiedad Industrial rechaza la oposición de Dos Pinos y otorga la denominación de origen “queso Turrialba” a ASOPROA. (Folios 647-669 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
En fecha 15 de marzo de 2012, Dos Pinos plantea recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo en contra de la resolución del 22 de setiembre de 2011 del Registro de Propiedad Industrial y pide como prueba para mejor resolver, un nuevo peritaje, así como varias pruebas de tipo documental. (Folios 779-856 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
Por medio del voto 692-2012 de las 14:45 horas del 13 de agosto de 2012 el Tribunal Registral Administrativo, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 15:26:38 horas del Registro de Propiedad Industrial y confirma la denominación de origen “queso Turrialba” a favor de ASOPROA. En dicha resolución se rechazó la prueba pericial para mejor solicitada, y se efectuó el descarte de la prueba documental ofrecida. (Folios 857-880 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
Por medio del voto 869-2012, de las 11:05 horas del 10 de octubre de 2012, se realiza una aclaración y adición al voto 692-2012 de las 14:45 horas del 13 de agosto de 2012 del Tribunal Registral Administrativo, ajustando el considerando V punto 5) de la señalada resolución administrativa. (Folios 893-894 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
Por medio de la Gaceta 221 del 15 de noviembre de 2012, se publica la inscripción de la denominación de origen “queso Turrialba” a favor de ASOPROA, vigente desde el 6 de noviembre de 2012 bajo el registro 222520. (Folio 910 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
En fecha 27 de marzo de 2014, Dos Pinos solicita la inscripción de la marca “Queso Turrialba Dos Pinos (Diseño)” bajo la marca diseño especial en clase 29 internacional. (Folios 1-7 del expediente administrativo 2014-2762).
Por medio de resolución del 10 de abril de 2014, el Registro de Propiedad Industrial previene a Dos Pinos respecto de su inscripción de marca “queso Turrialba Dos Pinos”. (Folios 1011 del expediente administrativo 2014-2762).
En fecha 6 de junio de 2014, la actora contesta la prevención cursada por el Registro respecto de su trámite de inspección de marca, ya que roza con la denominación de origen registrada. (Folios 13-96 del expediente administrativo 2014-2762).
Por medio de la resolución del 16 de junio de 2014, el Registro de
Propiedad Industrial acredita como Consejo Regulador a la Asociación
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba. (Folio 935 del Tomo 3 del expediente administrativo 1721-08).
Por medio de resolución del 23 de junio de 2014, el Registro de Propiedad Industrial rechaza la solicitud 2014-2762. (Folios 97-107 del expediente administrativo 2014-2762).
Por medio de escrito de fecha 2 de julio de 2014, la accionante plantea recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución del Registro de Propiedad Industrial de fecha 23 de junio de 2014. (Folios 109-153 del expediente administrativo 2014-2762).
Por medio de resolución de las 11:01:47 horas del 10 de julio de 2014, se declara sin lugar el recurso de revocatoria planteado contra la resolución del 23 de junio de 2014 del Registro de Propiedad Industrial. (Folios 157-161 del expediente administrativo 2014-2762).
Por medio de voto 00982015 de las 13:35 horas del 22 de enero de 2015, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del 23 de junio de 2014 del Registro de Propiedad Industrial y se confirma el rechazo de la solicitud 2014-2762. (Folios 231-245 del expediente administrativo 20142762).
En fecha 9 de mayo de 2019, así como su declaración en juicio, la perito Loreana Molina González rindió su informe técnico como tecnóloga de alimentos. Para contestar la primera interrogante, realiza una transcripción del pliego de condiciones de la denominación de origen queso Turrialba respecto de los parámetros de la leche a utilizar, adicionando de que, en cuanto a la temperatura de la leche, ésta debería ser recibida a temperaturas de refrigeración para asegurar su conservación e inocuidad, a menos que se trate de leche recién ordeñada, debiéndose aplicar, de igual manera el reglamento técnico de leche cruda y leche higienizada RTCR 401:2006 para el cumplimiento en cuanto a pesticidas, antibióticos y otros contaminantes y el reglamento centroamericano de criterios microbiológicos RTCA 67.044.50:17, resolución 402-2018 para el cumplimiento de recuentos microbiológicos específicos para la leche. En cuanto a la segunda interrogante, señala que las características de la leche pueden ser suplidas con leches de otras partes del país, siempre y cuando se controlen la variabilidad significativa de factores como la raza, época del año, edad de la vaca, tipo de alimentación, etapa de lactancia y el ambiente, ello a través de una estandarización. En cuanto a la tercera interrogante, la perito desarrolla del pliego de condiciones los parámetros físico químicos y sensoriales del queso Turrialba. En cuanto al cuarto interrogante, comenta que las condiciones del queso pueden ser desarrolladas en otras partes del país estandarizando la leche, así como siguiendo el procedimiento de elaboración establecido. Señala que, en consulta de bibliografía, se realizó un estudio en el año 2015 (Fallas) que analizó diferentes tipos de queso Turrialba comerciales con el de la denominación de origen, encontrando diferencias sustanciales entre ellos, principalmente por el hecho de que, en la denominación de origen, se utilizó leche entera sin pasteurizar, mientras que las muestras comerciales fueron elaboradas con leche descremada y pasteurizada, aclarando que el pliego permite cualquiera de las dos opciones, concluyendo que, si se desea realizar un análisis comparativo, debería considerarse realizarlo dependiendo del tipo de leche utilizada, así como si el objetivo es crear un queso maduro o uno fresco, por lo que no es posible establecer un estándar, ya que entre cada uno de estas variables hay modificaciones en cuanto a olor, sabor, color y textura, determinando que hay 8 combinaciones posibles:
Elaborado con leche entera sin pasteurizar;
Elaborado con leche descremada sin pasteurizar;
Elaborado con leche entera pasteurizada;
Elaborado con leche descremada pasteurizada;
Elaborado con leche entera sin pasteurizar y madurado;
Elaborado con leche descremada sin pasteurizar y madurado;
Elaborado con leche entera pasteurizada y madurado; y
Elaborado con leche descremada pasteurizada y madurado. A estas categorías se les adiciona la variabilidad por el prensado a utilizar y la variedad que permite el pliego y a que no define el tiempo y una forma definida de prensado, afectando la humedad, dureza, sabor y olor ácido del queso. En cuanto a la quinta interrogante, donde se pide diferenciar el queso Turrialba con el de otros en el mercado y en específico el queso Dos Pinos, expone que realizó un análisis físico-químico de 5 muestras de queso de manera explorativa, incluyendo el de la empresa actora, el de la marca Del Prado, marca Belén del Norte y 2 muestras obtenidas en Santa Cruz de Turrialba, determinando que ninguno de la muestra cumple con la totalidad de los parámetros del pliego de condiciones, con dos marcas comerciales que incumplen todos los parámetros y siendo el de Dos Pinos el que más se le acerca al cumplimiento salvo los temas de salinidad y acidez. Comenta que la leche no es un factor de diferenciación, insistiendo en que la clave está en la estandarización de la leche. En cuanto a la sexta interrogante, afirma que, a su criterio, el pliego de condiciones no posee características únicas o especiales y pueden ser replicados en otras latitudes y otros países. En respuesta a la séptima interrogante, comenta que el queso Turrialba descrito en el pliego se parece a quesos frescos mexicanos como el Panela, el queso fresco y el queso blanco, cumpliendo con los parámetros físico – químicos, tratándose, a su juicio, de un criterio muy general que no permite diferenciar el producto de denominación de origen. En respuesta a la octava pregunta, señala que hay gran cantidad de quesos que pueden cumplir con el porcentaje de proteína, como los ya señalados Panela, el queso fresco y el queso blanco. En la contestación a la novena pregunta, aclara que las mediciones se hacen en Ph y no en “acidez” como tal, no siendo posible hacer una comparación en términos de acidez. No obstante, realizando con base en bibliografía una conversión entre ambas formas de medición, señala que hay varios quesos que cumplen con este parámetro, reiterando que se trata de un parámetro muy muy general que no permite identificar el queso denominación de origen de otros productos. Finalmente, respecto de la décima interrogante referida al porcentaje de sal en los quesos, expuso que hay varios quesos que cumplen con las condiciones del pliego de condiciones, insistiendo que se trata de parámetros muy generales, repitiendo la comparación con los quesos Panela, el queso fresco y el queso blanco mexicanos. En su declaración ante el Tribunal, detalló que es ingeniera en alimentos desde el 2014 por parte de la UCR, incorporándose hasta el 2018, primera vez como perita judicial, siendo el primer estudio judicial, aunque posee experiencias en las pruebas de laboratorio y en inocuidad de alimentos. Comenta que el objetivo del informe fue evaluar las preguntas que fueron planteadas por la parte actora, se realizó una revisión bibliográfica extensa sobre quesos similares a nivel nacional como a nivel internacional similar al objeto de estudio, se realizó un análisis exploratorio de muestras de queso del mercado nacional y de la zona de Santa Cruz de Turrialba para obtener muestras. Es un estudio pequeño o exploratorio para que sea insumo para el informe. En cuanto a metodología fue toma de muestras y análisis de laboratorio, se logró sin problemas o limitaciones realizar el trabajo pericial. A nivel de resultados, físico o químicos no se logró encontrar una característica propia de la zona. Se incluyeron varias recomendaciones de tipo microbiológico, ya que encontró detalles. Aclara que, solamente realizó análisis de muestras terminadas, no del proceso productivo, palatabilidad o la trazabilidad de éstos. En preguntas de la parte actora, explicó que las muestras fueron extraídas y almacenadas en refrigeración (cadena de frío) desde la extracción hasta el laboratorio. Explica que el análisis de muestra es principalmente para obtener datos de información como insumo para el informe, ya que, como tal, ese estudio no fue solicitado en el informe pericial. El laboratorio al momento de recibir las muestras no realizó observaciones de ningún tipo. El uso de la bibliografía para extraer el perfil característico de otros productos similares. El análisis de laboratorio fue para analizar la composición del queso Turrialba sometido a análisis, para ver humedad, proteína, grasa, acidez y cantidad de sal, tomando en consideración variables como el almacenamiento en el tiempo de la muestra. El laboratorio “LAMBDA” utilizado se seleccionó por estar acreditado por ECA y cuenta con norma ISO, para darle confianza a los resultados. El análisis físico químico de la leche se va a encontrar grasa, agua, proteína, minerales, enzimas, cargas microbiológicas y la ausencia de antibióticos o aditivos prohibidos. En cuanto a la pregunta dos, aclara que la variabilidad en la leche se refiere a que, como la leche es un producto de origen animal, esta puede afectarse por la raza del animal, la etapa de lactancia de la vaca, las condiciones climáticas, y para ello es que se realiza un proceso de estandarización en el producto, siendo variable el porcentaje de proteína, acidez y grasa entre un tipo de leche y otro. Aclara que no hizo análisis de la leche como tal, sino de los quesos. Explica que el proceso de estandarización lo que se hace es agregar crema, leche descremada o leche en polvo para estandarizar, con los mismos componentes de la leche, para obtener un valor uniforme que se ocupan para el producto final, ello sin importar el origen de la leche. Reitera que la variabilidad de la leche se elimina al estandarizar la leche y recordando que las razas de las vacas son básicamente las mismas en Turrialba al resto de país. De manera general el queso se clasificaría como un queso fresco (humedad cercana al 55%, sabor más a leche, acidez menor) aunque también se usa queso madurado, pese a que ambos son diferentes (menor humedad, más acidez, sabor más intenso), de hecho, la clasificación queso fresco-madurado es una de las clasificaciones más utilizadas, no obstante, no existe en academia, un perfil claramente diferenciado de “hasta cuándo” se considera fresco y a partir de cuándo madurado. Aclara que las pruebas organolépticas generales son olores, sabores, texturas. Explicó el proceso de elaboración del queso y los insumos utilizados. Comenta que el prensado infiere en la humedad y el molde impacta de igual forma en la humedad, textura, sabor y aroma. La acidez del queso la afecta el tiempo de almacenamiento, el porcentaje de acidez inicial del queso y el cultivo iniciador (quajo) que promueve el proceso de fermentación que origina esa acidez. El pliego de queso Turrialba no hace referencia a condiciones de inocuidad específicas para el producto, solo en la página 18-19 del informe pericial lo que se establece lo mismo que otras normas técnicas. En preguntas del coadyuvante activo, aclara que es el pliego de condiciones del queso Turrialba es el que es tan amplio que puede incluir otros productos sobre todo por el nivel de sal y acidez. En preguntas del Registro Nacional, detalló que el análisis de laboratorio se realizó ante la ausencia de insumos documentales nacionales en la materia. Las muestras fueron en un supermercado y un tramo requiriéndole al vendedor, queso Turrialba denominación de origen y de ahí salieron las muestras. Se utilizaron quesos por ejemplo de México, ya que las características de ese país según la academia consultada, podría calzar con el pliego de condiciones de queso Turrialba denominación de origen. Explica que, uno de los factores que hacen posible que se haga ese queso en cualquier otro lugar del país, es por el proceso de estandarización que me permite manipular la leche a que se ajuste al parámetro que se ocupa. El pliego incluye reglas respecto de la estandarización de leche. En preguntas de las asociaciones codemandadas, aclara que las muestras fueron en anaquel, sin etiquetas. Especificó que no realizó otro tipo de trabajo de campo, más allá de la visita del supermercado y el tramo, los cuales fueron de referencia cuando se visitó el lugar. En la revisión se contempló aspectos ambientales, pero no se considera por el tema de la estandarización de la leche. (Informe visible a imágenes 773 y 783 del expediente judicial digital, así como declaración en audio y video en SIGAO).
En fecha 31 de julio de 2019, así como su declaración en juicio, el perito René Cruz Sandoval rindió su informe técnico como zootecnista. Para contestar la primera interrogante, expone que existe una diferencia entre las leches producidas por las vacas jersey y Guernsey. Narra que en Costa Rica las razas que predominan son la Holstein y la Jersey, así como la Guernsey y Pardo Suizo, las cuales se cruzan con razas cebuínas como la Brahman. Comenta que la leche se deriva en componentes nutricionales que se miden en grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos y sólidos totales, los cuales varían según el promedio de leche que producen los vacunos por día. Aunque existen tales diferencias, hay una relativa uniformidad en la composición de la leche cuando se compara una vaca de la misma raza sometida a una dieta similar, pero varían según la raza, advirtiendo que, aún en animales de la misma raza, existen variaciones ambientales como la alimentación o dieta, temperatura, manejo del ordeño y manejo sanitario de éste, así como aspectos fisiológicos como la etapa de lactancia, número de partos, edad y salud de ubre, así como aspectos genéticos como la raza la selección genética y el entrecruzamiento. Destaca que es la grasa la que presenta mayor variabilidad, donde la alimentación puede variar dicho factor, dependiendo de la fibra en el alimento a razón de que, a mayor fibra, mayor nivel de grasa en la leche. Lo anterior implica que, el factor de la raza incide en los rendimientos productivos y la composición nutricional de la leche. En cuanto a la segunda interrogante, apunta a que hay cualidades únicas y exclusivas de la leche producida por las vacas Jersey y Guernsey, que se ven reflejados en los componentes de concentración de grasa, así como de carotenoides, convirtiendo menos el caroteno de los alimentos en vitamina A y por ende mayor concentración de materia grasa que las otras razas lecheras, con consecuencia en una pigmentación más amarilla y con más caroteno que las otras razas lecheras, como por ejemplo, la Holstein. Al interrogante tercero, afirma que no hay características especiales a nivel zootécnico en la producción de leche en el rango de altitud entre los 900 y 3400msnm. Explica que en Costa Rica los sistemas productivos lecheros están en el señalado rango de altura, con ciertas características a nivel de alimentación, grupos raciales, sistemas de confinamiento, usos de tecnologías, manejo del recurso forrajero, etc. similares, concluyendo que, a nivel zootécnico no hay diferencias relevantes en la composición nutricional de la leche producida en la zona de Turrialba al compararse con otras leches que se producen en la misma altitud en otras partes del país. En cuanto a la interrogante cuarta, reitera que, a nivel zootécnico no hay una diferencia entre una leche con otra. En cuanto a la interrogante quinta, afirma que, al estandarizar la leche, conforme al pliego de condiciones de la denominación de origen, se le quita relevancia a la raza de la vaca. En su exposición en juicio oral y público, señaló que es ingeniero agrónomo zootecnista egresado desde 1976, desde hace 2 años como perito judicial. Ha realizado pericias de este tipo cuando era perito valuador bancario, además de tener fincas con vacas propias. Explica que la tarea pericial giró en torno de una serie de preguntas, siendo seleccionado por ser zootecnista en el campo agropecuario y producción agropecuaria. El trabajo fue principalmente de investigación bibliográfica muy amplia, haciendo uso de la experiencia en el país, especialmente la adquirida como perito bancario en temas agropecuarios y sobre todo el sector lechero. Narra que, de las conclusiones más relevantes del peritaje, cita que la zona de Turrialba es un sector consolidado, principalmente pequeños productores, son pocas las fincas con más de 50 cabezas de ganado. Hay ganado druida y un buen sector que se dedica al queso. Se trata en cuanto a tecnología, de un sector inamovible, básicamente pastoreo y lecherías con uso de alimentos balanceados para producción de leche como materia prima para quesos y derivados lácteos. Trató de centrarse en el estudio de la denominación de origen, para centrar la investigación en esa zona, con observaciones de las demás zonas. En preguntas de la parte actora, detalló aclaró que las leches que se producen en todo el país, al haber patrones de regularidad en cuanto a las razas y los cruces, la estandarización de la leche, que es algo principalmente físico, lo que se busca es llegar a requerimientos específicos, niveles de grasa, proteína, se trata de una mezcla o extracción principalmente, no de descomposición de la leche, por lo que no implica algún problema que haya leche de diferentes vacas, aunque eso elimina las características propias de cada tipo de leche. Casi todas las leches se pueden estandarizar, siempre y cuando sean compatibles, la mayoría producida en el país se puede. Por ejemplo, se puede obtener leche del pliego de denominación de origen en cualquier lugar del país, siempre que se conserven factores como la alimentación (fibra y alimento balanceado) o temperatura (estrés calórico), por ejemplo, toda la parte norte de Santa Cruz de Turrialba podría ser comparado con la zona alta del Cerro de La Muerte, la zona del volcán Irazú, llano grande de Cartago, Monteverde, Tilarán en sus partes altas, cualquier zona de altura. Las razas de vaca Jersey y Guernsey son europeas, son importadas adaptadas al país. Lo anterior lleva a que, al ser Costa Rica un país tan pequeño, las variaciones climatológicas, de suelos hacen que sean similares, por lo que, cumpliendo todas las condiciones de un pliego se puede producir queso en igualdad de calidad, pero en general, todo el país produce quesos de buena calidad, aunque se pueden crear mezclas o cruces criollos, lo cual de igual manera es aceptable por el pliego de condiciones. Costa Rica tiene cultura quesera en todo el país. Lo que pasa es que Turrialba tiene una connotación de un tema principalmente histórico. En preguntas del coadyuvante, confirma que el contenido nutricional y características de leche no tienen diferencias. A ello se le suma que, al estandarizar la leche, le resta las características únicas en cuanto al porcentaje de grasa de la Jersey o Guernsey, en otras palabras, le resta las características propias de la leche producida directamente de la vaca, aclarando que la estandarización permite aprovechar para crear otro tipo de productos derivados, como por ejemplo natilla, yogurt, mantequilla, etc. De hecho el valor económico de la leche es el valor porcentual de la grasa, y sobre ella se comercia. En preguntas de las asociaciones codemandadas, expuso que no se visitó para el informe las fincas de Santa Cruz y Santa Teresita de Turrialba, pero explica que él conoce la zona de los alrededores y de Santa Teresita, en realidad no hizo un trabajo de campo para el peritaje. Explica que el cuadro 1, la calidad de leche se puede afectar por aspectos alimenticios, que afectan el porcentaje de grasa y cantidad de leche producida, así como aspectos ambientales, sobre todo por el tema del estrés calórico, ya que ello baja la productividad. Aclara que entre más cantidad de leche, implica o sacrifica un porcentaje de grasa, usualmente el alimento de pasto es el que promueve el porcentaje de grasa. El cuadro 1 es un promedio que toma todas las alturas, no es algo específico para Turrialba. Las características del cuadro 2 se seleccionaron por la experiencia de valoración en la zona, siendo las últimas visitas en el sitio como hace 2 años, aunque tuve que hacer un trabajo pericial recientemente en la zona, así como la literatura. (Informe visible a imágenes 925-931 del expediente judicial digital, así como declaración en audio y video en SIGAO).
En juicio oral y público se recibió la declaración de Jonnathan Lizano Ortiz, abogado con un técnico de propiedad intelectual y maestría de propiedad intelectual, labora para el registro de propiedad intelectual desde el Registro Nacional, actualmente subdirector de propiedad intelectual. Participó en las gestiones de tramitología de la denominación de origen. En preguntas del Registro Nacional, explica que la prueba pericial en el expediente administrativo fue la requerida según el reglamento, se utilizó la prueba ofrecida por el solicitante y se validó por un perito externo, en este caso de la UNA. En la oposición de Dos Pinos no se ofreció prueba pericial, fue eminentemente argumentativa. En preguntas del coadyuvante activo, afirmó que en el pliego de condiciones el queso tenía ciertas condiciones específicas y especiales organolépticas y químicas, que fueron validadas por el estudio técnico, mas no recuerda el detalle. En el caso de las razas de las vacas venían en el pliego de condiciones y validadas en el estudio técnico de la UNA, recordando que, en este caso, se valoraron otras cosas como climas, suelo, pastos de la zona, que influían en las características del queso. La constatación de los aspectos técnicos se dio, conforme el reglamento, a un órgano técnico multidisciplinario que, en este caso, fue la UNA, ya que el Registro no tiene herramientas propias para hacer esos estudios. (Véase declaración en audio y video en SIGAO).
Finalmente, se recibió la declaración de Rolando Alberto Pacheco Castro, administrador y quesero de la zona de Turrialba. Conoce la Asociación de Productores de Turrialba, fue presidente dos veces de esa asociación. Comenta que está vinculado en el sector desde hace 50 años, recuerda que en el año 2000 se aprobó la ley de propiedad intelectual, por lo que tuvo la iniciativa de registrar una cultura quesera que llevaba desde el siglo pasado. Se procuró con otra asociación (ASOPLUT) tratar de inscribir la denominación de origen, pero después de ellos, esta otra asociación, la demandada (ASOPROA), comenzamos a retomar la idea de registrar nuestro estilo de vida en el año 2008. Como chocaba con la anterior solicitud, desistió de la anterior. Usaron como referencia la metodología europea dado que el Costa Rica no había nada, otorgándose la denominación de origen en el año 2012, después del 2013, que comenzó a funcionar el consejo regulador, se apartó. “Registramos históricamente desde los 1800s, hasta los 1900s, la evolución de producción tanto de queso fresco como maduro, comenzó con 3: el artesano: maduro, el fresco y el bruto, casi no pensamos en industrializado, ya que el industrial y el artesano son diferentes. Para esa época Dos Pinos, por ahí del 20032004-2005 registró una marca “tipo turrialba”, nosotros buscamos la denominación de origen. No se consideró otros productos de mercado ya que lo que buscamos fue demostrar la originalidad del queso de nosotros, por lo que consideramos que no tenemos competencia directa a nuestro producto. El queso se puede “parecer” pero por la historia y el sabor, lo que representa, que es calidad, y por eso comenzamos a marcar territorio, definimos el tipo de vaca, la forma de ordeño, que sea pasto de altura, de ese lugar. Se trataba de que todos dicen que hay queso de tipo Turrialba, pero por las condiciones especiales de nosotros, idiosincrasia, entre otros, hace que sea diferenciable, pese a que todos son parecidos, sobre todo con los quesos frescos, pero bien manejados, es un producto único”. En contrainterrogatorio de la parte actora, especificó que no ha producido queso en otras zonas del país a la misma altura de Santa Cruz de Turrialba, pero conoce el producto de otras zonas. En contrainterrogatorio del coadyuvante activo, apuntó que él llegó por invitación a ASOPROA y llegó a ser presidente, siendo activo hasta el 2015, fue incluso miembro del consejo regulador, fue a partir de ese año que se separó, explicando que él ha trabajado con al Dos Pinos, produciendo quesos con valor agregado e incluso queso Turrialba, pero ahorita se encuentra en otras áreas, igual en queso. No ha solicitado formalmente separarse de ASOPROA pero se separó de facto. Aclara que la solicitud incluye la estandarización de leche. Detalló que él fue el representante que recibió la notificación de la demanda, lo que ha impactado en el avance de la denominación de origen, la demanda impacta en el atractivo de trabajar el producto, se trabaja “a media máquina”. (Véase declaración en audio y video en SIGAO).
HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos no probados:
Las carencias o defectos de los estudios técnicos presentado con la solicitud elaborado por el Dr. Leonardo Granados Rojas y el Dr. Carlos Álvarez López o el informe PRD-145-2011 de 30 de mayo de 2011 del Programa Regional de Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. (Los autos).
Que la denominación de origen registrada bajo el asiento 222520 se haya sustentado o fundamentado en hechos falsos. (Los autos).
El conocimiento en el mercado costarricense del “Queso Turrialba” ha sido gracias al esfuerzo e inversión realizado por Dos Pinos, y que la denominación de origen provoca un evidente perjuicio económico. (Los autos).
Que a razón de la denominación de origen registrada bajo el asiento 222520 haya afectación en la comercialización de alguno de los productos de la actora Dos Pinos, se genere confusión en el mercado o que se haya impedido la inscripción de alguna marca bajo la denominación “queso tipo Turrialba” de alguno de los partícipes de este proceso. (Los autos).
Que la ausencia de regulación por parte del Registro de Propiedad Industrial del Registro Nacional de la denominación de origen y otras marcas registradas, haya provocado afectaciones de cualquier tipo entre éstas. (Los autos).
OBJETO DEL PROCESO: Señala la parte demandante en su demanda, que es titular de la marca de fábrica clase 29 internacional denominada “queso tipo Turrialba” inscrita desde el 5 de febrero de 2004 bajo el registro 144042, reservando los colores verde, blanco y azul, siendo una marca mixta combinando el logo y la frase “Dos Pinos” únicamente, excluyendo la reserva sobre la frase dado que se trata de una frase genérica, de uso común para un queso blanco, tierno o fresco, suave y ligero. Expone que desde hace varios años existen en Costa Rica varios productos que cuentan con registro sanitario del Ministerio de Salud de este queso genérico bajo la categoría “Queso Turrialba”, identificado por dicho Ministerio como un queso fresco, teniendo su representada el registro A-1658-13 denominado “Queso Turrialba” desde 1988, comercializando el producto desde esas fechas.
Indica que, en fecha 26 de febrero de 2008, la Asociación de Productores
Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba solicitó bajo el expediente 20080001721 la inscripción de la denominación de origen “Queso Turrialba (Diseño)” para proteger y distinguir “queso”. En dicho trámite, una vez publicado el edicto respectivo, la accionante se apersonó al trámite de inscripción referida y planteó oposición. En esa misma diligencia, el Programa Regional de Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA, presentó el informe PRD-145-2011 de 30 de mayo de 2011 como criterio técnico de fondo, analizando la inscripción de la denominación de origen Queso Turrialba, el cual considera que no logra probar en ninguno de sus argumentos la existencia de características intrínsecas del producto que vincule exclusivamente con la zona de Santa Cruz de Turrialba, no se requiere ninguna cualidad en la leche (sino en el proceso de producción) para lograr obtener un queso tierno, fresco y con las cualidades públicamente conocidas que distinguen el queso “Turrialba” y no el queso producido en Turrialba, citando por ejemplo que las marcas Dos Pinos, Monteverde y El Prado son elaborados en San Carlos, Puntarenas y Cartago, siendo que la localidad en nada influye que el queso objeto de litigio; tampoco se incluyó un estudio de percepción a nivel nacional; no incluyó un estudio de toda la cadena de valor de otras localidades como Cartago, Puntarenas y San Carlos; el ganado jersey y Guernesey no es exclusivo de la zona y la calidad de su leche es genérica, al igual que su selección, alimentación y proceso de extracción, pudiendo asimilarse a las condiciones producidas en el resto del país, con ello, el estudio fue sesgado y con un claro direccionamiento a conceder una denominación de origen sin importar la realidad, con lo que la denominación de origen en discusión violenta el inciso c) del artículo 7 y 75 de la ley 7978 y el artículo 6 del Arreglo de Lisboa, así como las disposiciones del reglamento que regula la materia, sea el 33743-COMEX-J. En fecha 3 de octubre de 2011, el Registro de Propiedad Intelectual declara sin lugar la oposición formulada, planteando el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, el cual rechazó la impugnación por medio de voto 692-2012 del 13 de agosto de 2012, confirmando en consecuencia el registro de la denominación de origen en cuestionamiento en esta causa. Consecuentemente, en fecha 6 de noviembre de 2012, bajo el registro 222520, se realizó la inscripción de la denominación de origen “Queso Turrialba (diseño)”. Apunta que, conforme el artículo 5 del Decreto 33743-COMEX-J, el Registro Nacional debía reglamentar la coexistencia en el mercado de aquellas marcas que se hubieran otorgado con anterioridad y que hubieran consolidado derechos por el Principio de Prelación Marcaria (Art. 16 del Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio [ADPIC] en relación con los arts. 4.a) los artículos 64,65 y 66 de la ley 7978 y 41 de su reglamento), así como el Principio “Fair Use” del art. 17 del ADPIC empero el Registro ha sido omiso en perjuicio de sus intereses, pese a que la OMC ha emitido informes (cita uno en específico del 2005) que señala que la coexistencia de marcas es posible. En esa línea, considera que se encuentra a su favor el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, debiendo prevalecer su marca sobre la denominación de origen, ya que esta última tiene el efecto de prohibir el uso de la rase incluida en la marca de su representada, lo cual sería una violación al señalado principio. En otro orden de ideas, apunta que el conocimiento en el mercado costarricense del “Queso Turrialba” ha sido gracias al esfuerzo e inversión realizado por su presentada, por lo que la denominación de origen provoca un evidente perjuicio económico, ya que afecta la conexión mental del consumidor entre la marca y el producto en infracción al artículo 7 incisos a y b y 10.7 del Capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR, puesto que genera una confusión con la marca registrada. Apunta que la denominación de origen busca excluir a todo productor y empresa no localizado en la zona de la posibilidad de distinguir su queso con el nombre de “Turrialba” y podría eliminar la marca de su representada del mercado, siendo una expropiación indirecta de un derecho intangible (signo distintivo y registrado y registro sanitario) y tomando para ellos la inversión que se realizado para la consolidación del producto en el mercado, afectando de igual forma, la posibilidad de inscribir nuevas marcas como el “Queso Turrialba Dos Pinos (Diseño)”. Adicionalmente, señala que hubo una violación al debido proceso, puesto que el Tribunal Registral Administrativo negó el derecho de pedir un peritaje para probar las afirmaciones respecto de las inconsistencias apuntadas y la ausencia de elementos diferenciadores entre los quesos “Turrialba” producidos en otras zonas del país, siendo que no se les otorgó derecho de defensa para proponer un informe objetivo que contrarrestara los resultados del informe de la UNA. En la réplica, la parte señaló que su marca fue renovada hasta el 2024 y adiciona a sus agravios, que no hay existencia de un órgano de control al momento de inscribir la denominación de origen, la ausencia de reglamentación de la coexistencia en el mercado de marcas inscritas con anterioridad, con lo que reitera su postura inicial para rechazar las excepciones de falta de legitimación y falta de derecho. En su escrito de ampliación de pretensiones, explica que el 27 de marzo de 2014, presentó bajo el expediente 2014-002763 la inscripción de marca mixta “queso Turrialba Dos Pinos (Diseño)” bajo la clase 29, así como la marca denominativa bajo la clase 29 “queso Turrialba Dos Pinos” bajo el expediente 2014-002762. Señala que ambas solicitudes fueron afectadas por la denominación de origen objeto del proceso, siendo rechazadas, pese a haber realizado las impugnaciones de rigor. Considera que lo anterior es una prueba de la afectación que la denominación de origen ha provocado en perjuicio de sus intereses. En conclusiones, después de reiterar los argumentos de la demanda, se refirió a la prueba que se evacuó en juicio, destacando que, tal y como lo explicó el testigo Jonnathan del Registro Nacional señaló, existen tres insumos técnicos: El estudio realizado por la parte solicitante, el pliego de condiciones, y el estudio solicitado por el propio registro. No obstante, se violentó el debido proceso dado que su representada solicitó un peritaje en el recurso de alzada el cual no fue admitido. Insiste que existen problemas de orbe técnicos, ya que el queso de los solicitantes no cuenta con los insumos mínimos necesarios para obtener una denominación de origen, los peritajes demostraron que la composición físico química del queso, ganadería utilizada, pastos, mezclas, clima, proceso de elaboración y la leche no tiene nada de especial, son genéricas de un queso típico fresco, como se demuestra con las manifestaciones de la perito ingeniero de alimentos, haciendo énfasis en que ello es dado al procedimiento de estandarización de la leche y que se extrae de las muestras analizadas. En el caso del pliego de condiciones, se describen actividades genéricas de la producción de leche y del queso, lo que se puede reproducir en cualquier parte del país, lo que hace que no se cumpla el requisito de ser únicas. Aspecto que reitera el perito zootécnico quien replica en el mismo sentido cuando afirma que, en el rango de altura descrito en el pliego de condiciones (900 y 3400msnm) , es posible replicar las condiciones de producción en otras partes del país que como el Cerro de la Muerte, Volcán Irazú, Monteverde, partes altas de Tilarán, entre otros. Ataca la deposición del testigo de las asociaciones, dado que manifestó desconocer cómo es el queso y la producción de éste en otras latitudes. Además de que los estudios técnicos utilizados tienen problemas metodológicos, no hay un estudio respecto de la diferencia de la leche de otras zonas del país. Tampoco hay un análisis comparativo y diferencial del queso objeto de estudio con el de otros productos en el mercado que son “tipo” Turrialba y el estudio comparativo se realizó entre grupos de fabricantes, pero no entre ellos. Aprovecha que el testigo de las Asociaciones manifestó que tanto el pliego como los estudios técnicos no cumplen con la rigurosidad de estándares europeos, ya que se “tropicalizó”, no cumpliéndose con los estándares de ley del artículo 2 de la ley de marcas. En otro orden de ideas, hay una afectación a la marca de Dos Pinas que tiene más de dos décadas al coexistir con la denominación de origen otorgada por el Registro y que se demuestra con el rechazo de la actualización del nuevo logo de queso Turrialba Dos Pinos, infringiendo el artículo 75 de la Ley de Marcas. Lo anterior aclara que, cuando se inscribió la marca, no se reservó la exclusividad del nombre, no por aspectos voluntarios, sino normativos, justamente por el hecho de que el queso Turrialba es algo genérico o común como se ve en la resolución del Registro en el rechazo de la inscripción de la marca, ya que ambas son confundibles. Existe un incumplimiento y omisión del artículo 5 del reglamento de denominación de origen al no regular la coexistencia de marcas, ello en su perjuicio.
POSICIÓN DE LA COADYUVANCIA ACTIVA: En su apersonamiento, señala que su empresa ha comercializado bajo la marca “queso tipo Turrialba con probióticos” y “queso tipo Turrialba (Queso fresco, blando) bajo los registros sanitarios A-6636-10 y A-CR-14-05047, el primero de la marca “Del Prado” desde el 19 de noviembre de 2010 y el segundo para la marca “La Villita” desde el 3 de agosto de 2014, por lo que considera que la denominación de origen va en detrimento de ese derecho. Explica que, al momento de realizar la inscripción de las señaladas marcas, tampoco hizo reserva del nombre dado que se trata de una frase genérica, de uso común para referirse a un tipo de queso conocido en el país bajo ese nombre siendo un queso fresco, tierno, blanco, suave y ligero, existiendo múltiples registros de varias marcas que tienen inscrito un tipo de queso Turrialba, así como el estudio publicitario de Publimark de julio de 2014. Adhiriéndose a los agravios de la accionante, ataca la inscripción de la denominación de origen señalando que el estudio realizado es pobremente planteado, no existen elementos diferenciadores del queso dado que las cualidades del queso están en el proceso de producción únicamente, el cual se realiza en otros lados del país con el mismo resultado. El señalado criterio técnico posee fallas, puesto que muestra la variabilidad de las muestras analizadas del queso Turrialba, ya que las mismas no dan claridad de una identidad de queso, pudiendo presentarse en forma cuadrada, rectangular o cilíndrica, afectando la humedad del queso, perdiéndose la identidad “única” del queso. Además, el estudio omite en su análisis químico la identificación de la acidez como parámetro de medición o la fisicoquímica y bioquímica durante la maduración del queso ni el sistema microbiano que interviene y el proceso posee problemas fitosanitarios. No se comparan las muestras con otros quesos frescos similares procedentes de otras partes del país como Zarcero, Volcán Poás, Volcán Barva, La Alegría de Siquirres, Vásquez de Coronado, Goicoechea, Oreamuno y Alvarado, siendo ello fundamental para no tener una opinión sesgada del estudio ya que no se realizó un estudio profundo de análisis sensorial, ni se realiza un estudio con consumidores válido y útil. Por otra parte, el ganado utilizado es el mismo del resto del país, por lo que no hay condiciones especiales demostradas en la zona de Turrialba. Adhiriéndose en los demás agravios a la empresa accionante. En conclusiones, reitera su posición inicial afirmando que, previo a la inscripción de la denominación de origen, preexistían derechos adquiridos, entre ellos, las marcas que la coadyuvante tenía inscritas. Ataca los estudios técnicos utilizados en el procedimiento de inscripción de la marca de origen, dado que no se realizó un estudio detallado de ganado ni de las especificaciones geográficas, ni se comparó el producto con otros a nivel nacional o internacional, actos indispensables para la denominación de origen. Con lo que no hay elementos únicos y especiales. La perito tecnóloga de alimentos expuso incluso que el queso producido en Turrialba no cumple con el pliego de condiciones, siendo éste tan amplio y con posibilidad de estandarización, que hace que ni tan siquiera el procedimiento de producción sea especial para llegar a ese resultado. Se trata de un abuso administrativo en pro de la generación de un beneficio a favor de la solicitante basados en hechos falsos que afectan el motivo de las actuaciones impugnadas. Se refirió a la declaración del testigo de las asociaciones demandadas que demuestra cómo la actividad ha cambiado a lo largo de la historia, variando incluso los procedimientos, demostrando que no es algo único y especial, resaltando que, en todo caso, el testigo tiene un interés directo en lo que se resuelva al ser asociado de ambas demandadas.
POSICIÓN DEL REGISTRO NACIONAL: En su contestación, el
Registro Nacional rechaza la demanda. Rechaza que sea cierto que a Dos Pinos se le haya rechazado la inscripción de una marca en razón de la denominación de origen, sino todo lo contrario, la gestión de la denominación fue suspendida mientras se resolvía el trámite de la marca “Dos Pinos Queso Turrialba (Diseño)”, siendo esta rechazada por otros motivos a los invocados por la parte actora. Afirma que, del expediente administrativo de la denominación de origen existen estudios técnicos, así como la resolución de otorgamiento de la denominación y la resolución del Tribunal Registral Administrativo que descartaron todos los alegatos de oposición de la actora, y se justificó, en detalle, los motivos naturales y humanos para el otorgamiento de la denominación de origen “Queso Turrialba”, en cumplimiento de la normativa procedimental y de fondo aplicable de la denominación de origen. En conclusiones, advierte que las pretensiones de la parte actora, atacan una resolución del Tribunal Registral Administrativo, obviando referirse a la aclaración y adición que posteriormente el mismo Tribunal emite bajo el voto 869-2012, corrigiendo una parte del razonamiento de fondo utilizado y que no es conveniente para la teoría del caso de la parte actora al aplicar el artículo 72 de la Ley de Marcas. Descarta los cuestionamientos respecto de los estudios técnicos realizados en sede administrativa, dado que el estudio fue realizado con un equipo de trabajo multidisciplinario en áreas como la química, la agroindustria con conocimientos en el campo quesero, administración pública con énfasis en estadística, historia y geografía, siendo un abordaje íntegro e idóneo, siendo absolutamente innecesario contar con un criterio adicional. Insiste que la accionante renunció expresamente la exclusividad de la frase queso tipo Turrialba. Destaca que la tesis de los actores se limitan a atacar los factores naturales, prescindiendo de los otros componentes como lo son los factores históricos y humanos, que solamente pueden ser realizados por los artesanos de la zona, lo cual es avalado por el voto 883-F-S1-2011 de la Sala Primera. Apunta que en los tres tomos del expediente administrativo se siguió el debido proceso para culminar con el otorgamiento, ajustado a derecho, de la denominación de origen. En cuanto a las pruebas evacuadas en juicio, destaca que la tecnóloga de alimentos posee muy poca experiencia que se refleja en el hecho de que abordó elementos que no fueron solicitados en la pericia, sobrepasando los límites de lo ordenado, incluyendo comparativos con otros países como México, ya que, en su entender, no había investigación nacional, limitándose a ser un mero análisis “exploratorio” sin confiabilidad alguna, consistiendo en la compra de unas muestras de queso, sin identificar que se trataban de su denominación de origen y enviarla a un laboratorio, sin incluir estudios respecto de la leche, la altura o las vacas. Igual ocurre con el peritaje en zootecnia, ya que el perito no poseía experiencia en zootecnia, sino que era funcionario bancario, sino que éste se “apoya” en su hija. Tampoco visitó la zona, siendo solamente relevante la afirmación del perito de que en la zona los productores están consolidados. Respecto de la declaración de su funcionario, se acreditó que no es cierto que la actora solicitara un peritaje en su oposición, por lo que no existió la supuesta infracción al debido proceso. Finalmente, aclara que no es cierta la afirmación de la demandante de que el rechazo de su segunda marca fue por culpa de la denominación de origen, de hecho, de los autos se desprende que el trámite de ésta fue suspendida mientras se analizaba esta segunda solicitud de Dos Pinos, y el motivo real del rechazo fue porque la marca resultaba engañosa.
POSICIÓN DEL ESTADO: En su contestación, el Estado rechaza la acción e invoca falta de derecho y apunta que del expediente administrativo de la denominación de origen se desprenden las razones y motivos para la emisión de los actos administrativos cuestionados bastándose con su lectura para comprobar el ajuste al bloque de legalidad de los actos en impugnación. Apunta que la mayoría de hechos alegados por la parte, se tratan de manifestaciones o apreciaciones subjetivas que no logra probar. Se basa en los estudios técnicos del expediente administrativo para demostrar que el queso denominación de origen no es genérico y cumplen con las características necesarias para su otorgamiento conforme el artículo 11 del Reglamento de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Distintivos, siendo una investigación de ocho expertos de la UNA en diversos campos atinentes al tema consultado, sin que existan pruebas para restarle credibilidad, concluyendo éstos que el queso elaborado en Turrialba claramente posee propiedades singulares (dónde y cómo se elabora) que permite ser distinguido como denominación de origen, no siendo un “simple queso blanco fresco”, además lo separa del “tipo Turrialba” distribuido por diversas empresas en el mercado, entre ellas la actora, con lo que no hay infracción al art. 6 del Convenio de Lisboa o al CAFTA-DR. Subraya que la denominación de origen no limita o restringe la comercialización del producto de la actora que es “tipo”, con lo que no existe la invocada limitación o expropiación de su marca, negando que exista esa “conexión mental” entre el consumidor y la marca Dos Pinos, justamente porque la propia parte reconoce que su producto coexiste con otras marcas producidas por otras compañías de productos lácteos y no existe prueba de la supuesta “confusión” o “riesgo de confusión” para los consumidores y no es aportada prueba de un daño real y concreto a su marca, destaca que, al contrario, la denominación de origen lo que conlleva es certeza en cuál es el producto tipo y cuál es el original. En cuanto a la disposición contenida en el art. 5 del decreto 33743 no se trata de un imperativo, sino de una facultad potestativa del Registro. Rechaza la invocación de la parte actora del principio “primero en tiempo, primero en derecho”, prioridad, preferencia, prelación o exclusividad ya que la parte no reservó para sí una exclusividad sobre la frase o denominación, además de que no existe prueba de la invocada limitación o afectación a sus intereses, por lo que, se trata, en realidad, de productos diferentes y diferenciables. En la contestación a la ampliación de pretensiones, rechaza las afirmaciones de la parte demandante puesto que, de la lectura de lo resuelto en sede administrativa tanto por el Registro como por el Tribunal Registral, se extrae que el motivo del rechazo no fue la marca de origen que acá se discute, sino la falta de distintividad de las solicitudes planteadas por la actora, las cuales pueden producir engaño o confusión respecto del origen y procedencia de los productos, siendo proclive a afectar intereses de terceros, como los acá codemandados, invocando la falta de derecho respecto a las nuevas pretensiones. En conclusiones, reitera su posición de que en este caso no hay conductas emanadas por el Estado que se estén discutiendo, sino que son del Registro y el Estado integra por mandato de ley. Insiste que de los autos, se demuestra que existe suficiente sustento técnico y en lo resuelto por el Registro y el Tribunal Registral, que se ajustan al artículo 11 del reglamento de la denominación de origen. Apunta que la prueba obrante en autos no desvirtúa de forma alguna los estudios técnicos del expediente administrativo, tal y como lo expuso el testigo del Registro, reiterando que la actora no ofreció ni menciona o aporta prueba pericial, sino que ésta es ofrecida, como prueba para mejor resolver, cuando se planteó el recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, siendo que su no admisión no es susceptible de ser valorada como una violación al debido proceso y, de hecho, el Tribunal explica las razones y motivos para el rechazo de la prueba ofrecida, siendo que ésta no era conducente para el análisis de la petición que se estaba resolviendo y resaltando que aún, en esta sede, la parte no ofreció la prueba que pretendía. Señala que, en el fondo, se trata de meras aseveraciones o especulaciones carentes de sustento de la parte actora, que encuentra inconveniente la existencia de la denominación de origen. No existe prueba para desvirtuar los estudios técnicos y en específico, el estudio de la UNA que sí explican las razones que hacen único y especial el queso de denominación de origen Turrialba, cosa que no fue desvirtuado en autos. Insiste que no es lo mismo el queso “tipo” Turrialba, de lo que acá se discute que es la denominación de origen. El hecho de que exista una marca o marcas de la actora y de otras empresas previa en nada impide el otorgamiento de un producto de denominación de origen, no es posible confundir el queso “tipo”, que busca tener similares condiciones o características con el original y auténtico proveniente de la zona de Turrialba. La actora no tiene un derecho de exclusividad sobre la expresión queso tipo Turrialba, pudiendo coexistir éstas “tipo” con la denominación de origen que en nada las afecta, siendo la alegada lesión a los intereses de la accionante, meras suposiciones carentes de fundamento, haciendo énfasis de que la hipotética “confusión” de los consumidores, no encuentra respaldo o prueba sobre ello. La parte sigue comercializando, no existe ni ha existido una limitación con su queso “tipo” Turrialba, con una inexistente demostración de la supuesta afectación, siendo inaplicable el principio de primero en tiempo y primero en derecho. Los logos son diametralmente distintos, son claramente diferenciables a simple vista, sin violación al artículo 75 de la Ley de Marcas. No se logró demostrar los supuestos vicios de los actos administrativos atacados. Existen afirmaciones sin demostrar sobre el tema de la leche y las condiciones climáticas de Costa Rica, ninguno de los peritajes giró sobre ello, sobre todo por el hecho de que no se realizó trabajo de campo. En cuanto a la tecnóloga de alimentos, el peritaje se extralimitó en lo que fue admitida en la audiencia preliminar, se admitieron las preguntas de 1 a 10 y contestó más allá de eso y por ello, debe ser excluido y demuestra una parcialización, aunque igual se remarca que se trató de un estudio meramente exploratorio. La perito carece de expertis contada desde su incorporación al colegio profesional como el tipo de estudios similares que haya realizado, y no puede ser utilizado como insumo para atacar el amplio estudio técnico realizado en autos. Las muestras no son del queso objeto de análisis, es un mero sondeo exploratorio y la bibliografía usada fue de tipo internacional con redacción que no permite diferenciar la cita del aporte del perito, no centrándose en el objeto de litigio que, al contrario, sí es valorado en el estudio de la UNA que fundó el actuar del Registro, ya que el estudio pericial no es útil ni pertinente. En cuanto al zootecnista tampoco desacredita los estudios técnicos del expediente administrativo, no realizó trabajos de campo y no posee experiencia en la materia, sino que lo que hizo fue una mera revisión bibliográfica, con ayuda de su hija. Solicita la condenatoria en costas y los respectivos intereses sobre éstos, así como el rechazo de la prueba para mejor resolver.
POSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES ACCIONADAS: En las contestaciones de demanda, bajo la misma representación, aunque en escritos separados, se opusieron a la demanda, apuntando que la accionante lo que tiene a su favor es una marca de fábrica y comercio, específicamente, un diseño esencial de empaque para “queso tipo Turrialba” que nada tiene que ver con la inscripción de una denominación de origen, apuntando que la actora no hizo reservade la frase registrada. Rechazan que se considere el Queso Turrialba original como genérico, siendo que, lo que ha ocurrido históricamente, es un aprovechamiento de las empresas como la actora y coadyuvante de un nombre que ya estaba en el colectivo, para vender productos “tipo”, que no son asimilables al verdadero queso Turrialba tanto maduro como fresco producido en la zona de Santa Cruz y Santa Teresita de Turrialba que tiene características naturales geográficos, climáticos y humanos propios de esa región con un sabor, olor, calidad, tradición, costumbres y cultura local con orígenes a finales del siglo
Comenta que la accionante tuvo oportunidad de oponerse al trámite y ésta fue valorada y rechazada en el trámite administrativo descartando cada uno de los agravios planteados por la actora. Apunta que hay una falta de interés actual y falta de legitimación dado que la marca que posee la actora venció en el 2014. Rechaza las afirmaciones respecto a las violaciones al CAFTA-DR, al principio de primero en tiempo, primero en derecho, supuesta confusión en el consumidor, adhiriéndose a las manifestaciones del Estado. En la contestación a la ampliación de pretensiones, apunta que existe una falta de base para las afirmaciones de la demandante puesto que la denominación de origen no impide la inscripción de otras marcas y, consecuentemente, el perjuicio y daño alegado son inexistentes. Reitera que, la actora lo que posee es una marca de fábrica y comercio, específicamente un diseño especial de empaque para queso tipo Turrialba que es diferente a la denominación de origen, invocando la falta de derecho respecto a las nuevas pretensiones. En conclusiones, replica su postura de la contestación de la demanda. Descarta con la prueba documental las afirmaciones de la parte respecto de la supuesta violación al debido proceso y reitera la conformidad de lo actuado con el bloque de legalidad. Respecto de la prueba pericial de la tecnóloga de alimentos, quedó acreditado los problemas de la muestra del estudio realizado, no identifica el queso objeto de litigio, ni lo compara con otras opciones de mercado, no visitó el lugar de fabricación de los quesos ni analizó el procedimiento de fabricación y los problemas de redacción que no permiten diferenciar cuándo escribe propio y cuándo cita la perito. No logra demostrar que haya estudiado el pliego cartelario no siendo posible darle credibilidad. Lo mismo ocurre con el peritaje del zootecnista, el cual carece de un estudio de campo y su revisión bibliográfica resulta desactualizada. Solicita condenatoria en costas, así como los intereses sobre éstos.
SOBRE EL CONTROL JUDICIAL EN CRITERIOS TÉCNICOS: En otra oportunidad, esta Cámara ha abordado el tema respecto del control que posee el juez respecto de los criterios técnicos que, judicial o administrativamente, a través de peritos judiciales o particulares, internos o externos institucionales se hayan emitido, señalando en lo que interesa: “XI.- ASPECTOS RELEVANTES RESPECTO A CRITERIOS TÉCNICOS. BASE Y LIMITE DE LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA. FALACIA DE AUTORIDAD Y RAZONABILIDAD COMO PARÁMETROS DE LA DISCRECIONALIDAD TÉCNICA ADMINISTRATIVA: Como parte de la motivación de todo acto administrativo, la Ley General de Administración Pública indica, conforme el numeral 16, 160 y 216 la aplicabilidad de reglas de la ciencia y de la técnica, ellas de aplicación obligatoria cuando son en sentido unívoco, entendiendo que, cuando no sea de tal forma, los parámetros a aplicar deben ser los de la lógica, racionalidad y razonabilidad, encontrándonos así en el campo de lo que se conoce como discrecionalidad técnica, ello en tanto existan, técnicamente, más de una opción a utilizar por parte de la Administración en la creación, modificación, extinción, ejecución, suspensión o revocación de determinada conducta administrativa. Ahora bien, el mismo cuerpo normativo, conforme el artículo 15 y el ya citado numeral 16, le otorgan prerrogativas al juez de lo contencioso administrativo (49 Constitucional, 1, 2, 36, 42 y 122 del CPCA) para que controle tal discrecionalidad, con la finalidad de verificar que estamos dentro de los parámetros legalmente permitidos para declarar la conducta administrativa como ajustada a derecho. Con ello, a consideración de esta Cámara de Juzgadores es que se debe plantear un mecanismo objetivo para que el juez cumpla con tal tarea, sobre todo si se pone especial cuidado en la redacción que se desprende del párrafo segundo del ya citado 16 que afirma: “El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad”, lo cual se une a la máxima iudex peritus peritorum (el juez es perito de peritos), junto con el adagio iura novic curia (el juez conoce el derecho). Así, podemos crear un tipo de baremo con componentes básicos que permita al juzgador realizar la aplicación de la fiscalización administrativa, aún en escenarios de discrecionalidad técnica, a lo cual podemos pensar en ciertos mínimos y máximos aplicables a casos concretos para darle un contenido concreto al llamado Principio de Interdicción de la Arbitrariedad. Por una parte, encontramos un mínimo de verificación técnica (presupuesto para la aplicación del escenario jurídico), es decir, la existencia de, efectivamente, un mecanismo técnico de aplicación por parte de la Administración y no una simple ocurrencia, los cuales van a ser definidos por la rama de la ciencia de que se trate, y ello se verifica ante la identificación del método (elemento objetivo, 16 LGAP) y del técnico (elemento subjetivo, 302 LGAP) que participan de la conducta administrativa, ello con la finalidad de evitar una eventual falacia de autoridad. Por otra parte, es posible fiscalizar si, en el caso concreto, dicho método fue utilizado correctamente en la conducta administrativa (o si no se utilizó del todo) y si éste fue realizado por quien posee la pericia para ello. Ahora bien, aun superando estos análisis es posible entonces que encontremos más de una solución técnica, ya sea por la existencia de varios métodos, o por la posibilidad de que varios técnicos sean los que puedan hacer la tarea, y es justamente en este ámbito, en la que entra el componente discrecional de la Administración. Es claro que, si se hablan de métodos, las diferentes ramas de la ciencia nos dan desde los más generales, hasta los más específicos y detallados, ocurriendo lo mismo con los técnicos y profesionales, encontrando desde profesiones y oficios compatibles, hasta grados académicos y profesionales de especialización. Por ello, de verificar que la Administración, en parámetros de racionalidad y razonabilidad, así como de lógica, utilizó un método y un funcionario apto para el fin que se buscaba, aún pese a la existencia de otras alternativas y otro tipo de técnicos, entra en aplicación el principio de conservación del acto administrativo, no pudiendo el juez sustituir a la Administración. Hablamos de lógica, razonabilidad y racionalidad aplicaba de manera práctica, cuando se verifica que la acción administrativa no es, abiertamente incompatible para la tarea o fin que se requiere y que sirve de fundamento al actuar administrativo, culminando afirmando que dicho análisis es posible, particularmente, echando mano a prueba pericial de verificación, en tanto a través de este mecanismo probatorio se puede identificar las carencias, defectos, irregularidades y cualquier otro elemento que le permita al juzgador, de manera objetiva, llegar al convencimiento de la existencia de una conducta arbitraria o por el contrario, afirmar que se actuó bajo los parámetros de discrecionalidad técnica permitida” (sentencia 36-2021-I de las 16:20 horas del 23 de abril de 2021). Con esta base, procedamos a analizar el fondo del asunto.
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Con la finalidad de analizar el fondo del asunto, se agruparán los agravios planteados tanto en la demanda como en la coadyuvancia activa, de la siguiente forma: se abordará el agravio la presunta infracción al principio primero en tiempo, primero en derecho; se proseguirá con el análisis de las supuestas violaciones CAFTA-DR; sobre el “Queso Turrialba” y “Queso Tipo Turrialba” como una denominación genérica de queso; seguido por el análisis de la validez del trámite, estudios técnicos, valoración y cumplimiento de requisitos de la denominación de origen “Queso Turrialba” frente al convenio de Lisboa y regulaciones aplicables; posterior, se abordará la alegada afectación por la expresión del signo utilizado para proteger la denominación de origen y la omisión de regulación por parte del Registro Nacional de la coexistencia de la denominación de origen con otras marcas y su presunta afectación económica y finalmente, el análisis de los actos administrativos impugnados del expediente administrativo 2014-2762. XI.a. Sobre la presunta infracción al principio primero en tiempo, primero en derecho: Tanto la parte actora como la coadyuvante activa, alegan una presunta infracción al denominado principio prior in tempore, potior in iure o primero en tiempo, primero en derecho, ya que ambas poseen marcas inscritas con anterioridad al otorgamiento de la denominación de origen. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Tomando en consideración el objeto de este proceso, la Cámara de Juzgadores determina que el agravio resulta improcedente por los motivos que de inmediato procedemos a exponer. El principio prior in tempore, potior in iure no se trata de un principio autónomo o independiente, sino que debe complementarse con el adagio jurídico del cual éste se desprende y es el par conditio creditorum, la cual, como sabemos, corresponde a la locución latina para referirse a la igualdad o paridad en las condiciones entre derechos, principalmente ubicada para referirse al análisis entre titulares de un derecho de crédito. Así, a nivel doctrinario y normativo, se reconoce una heterogeneidad de calidades de derechos, encontrando dentro de ellos, los de crédito, los reales, los de la personalidad, entre otros. Ahora bien, cuando dos o más titulares poseen el mismo tipo de derecho, ninguno posee mejor derecho que el otro, salvo que, de la propia naturaleza del derecho, se extraiga algún tipo de excepción, como lo son los privilegios o las preferencias en materia crediticia, de lo contrario, se entienden que todos los titulares de derechos del mismo tipo se encuentran, justamente, en paridad de condiciones (par conditio). No obstante, cuando dos o más titulares entran en conflicto, el ordenamiento jurídico recurre a mecanismos autorregulatorios para resolver el litigio entre ellos, apareciendo para ello el principio prior in tempore, potior in iure, en el cual se permite otorgarle primacía, pese a la paridad de condiciones, a aquel titular de derecho que, temporalmente hablando, preceda a los demás, ordenando así a los derechohabientes y resolviendo el conflicto entre ellos. Teniendo claro lo anterior, encontramos que, contrario a lo afirmado por la parte actora y coadyuvante, la denominación de origen no se trata de una marca en igualdad de condiciones a las que poseen éstas inscritas en el Registro, ya que la denominación de origen posee no sólo una naturaleza disímil, sino que, además, un régimen jurídico propio, siendo, en consecuencia, inaplicable el principio señalado al no existir la paridad necesaria, o, lo que es lo mismo, las marcas que poseen la accionante y coadyuvante no tiene la calidad, en tanto título habilitante de una marca, a impedir que la denominación de origen, o cualquier otra en el sector de mercado de los quesos, sea tramitada, valorada y eventualmente otorgada. Para que el principio sea aplicable en este asunto, hubiese sido necesario que preexista una denominación de origen queso Turrialba que riña con la otorgada a las asociaciones codemandadas, lo cual no es el caso. De igual manera, aún en el hipotético caso, no aplicable al presente asunto se insiste, pero aún en una equiparación entre una marca y la denominación de origen, lo cierto es que ni la actora, ni la coadyuvante ni ningún tercero conforme los autos, ha acreditado la exclusividad de la expresión “queso Turrialba”, con lo que, ante tal escenario, resulta inaplicable e inconducente el agravio invocado, por lo que ha de rechazarse.
XI.b. De las supuestas violaciones CAFTA-DR: La parte actora invoca una presunta infracción al artículo 7 incisos a y b del Capítulo de Propiedad Intelectual del CAFTA-DR, por cuanto crea confusión con las marcas ya inscritas y podría eliminar éstas, produciéndose una expropiación indirecta en infracción al artículo 10.7 del CAFTA-DR. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Al igual que ocurre con el agravio anterior, la parte actora parte de una paridad o equiparación entre la denominación de origen, cuyo comienzo lo encontramos en el Convenio Lisboa para la Protección Denominaciones Origen y Registro Internacional (ley 7634) y la marca o distintivo mercantil que posee la accionante originada en la ley 7978, lo cual, como se señaló supra, se trata de dos institutos diferentes. Se reitera, la denominación de origen no se trata de una simple marca o distintivo mercantil, sino que es una “denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos” (artículo 2 del Convenio citado), mientras que la marca es “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase” (artículo 2 de la ley 7978). Ahora bien, lo que sí es necesario traer a colación, es que la denominación de origen puede ir acompañada de signos y marcas, tal y como lo reconocen los artículos 15.2 y 15.3 del CAFTA-DR (ley 8622), los cuales señalan: “15.2: Marcas Cada Parte dispondrá que las marcas incluirán las marcas colectivas, de certificación, y sonoras, y podrán incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas. Una indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico…” (resaltado es nuestro); “15.3: Indicaciones Geográficas. Definición:
Para los efectos de este artículo, las indicaciones geográficas son aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”. Consecuentemente, es dable afirmar que, si bien una denominación de origen puede tener una marca o un signo distintivo, no por ello convierte a ésta en uno de estos instrumentos de propiedad intelectual. Apunta el Tribunal que no entiende la invocación que hace la parte al artículo 7 incisos a y b del Capítulo de Propiedad Intelectual, ya que éste (identificado como 15.7) se refiere a obligaciones pertinentes específicamente a los derechos conexos que no guardan relación alguna con el objeto en litigio, por lo que entendemos, por la lógica del alegato, que se refiere al artículo 15.3, sub inciso 7 y acápites a) y b) que señalan: “…15.3.7. Cada Parte se asegurará que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente: (a) La indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y (b) La indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte”. Al respecto y tal como se expuso anteriormente, no existe otra denominación de origen preexistente a la de las asociaciones codemandadas, ni tampoco existe marca con exclusividad de alguna de las partes que riña con la denominación de origen, por lo que no resultaría aplicable ninguno de los presupuestos fácticos invocados en la señalada normativa. En todo caso, de los autos no se desprende prueba alguna, de la existencia de la invocada “confusión” del mercado que alega la parte, siendo más que una conjetura carente de respaldo probatorio. Por otra parte, respecto del alegato de la supuesta expropiación indirecta y anulación de la inversión realizada por la actora respecto a su marca, así como la supresión de ésta en violación del artículo 10.7 del CAFTA-DR ha de rechazarse por dos motivos fundamentales: el primero, es que la denominación de origen no posee la capacidad de suprimir, automáticamente, cualquier otra marca preexistente que pueda reñir con ésta, con lo que no existe asidero jurídico para considerar la normativa de la denominación de origen como una expropiación indirecta; y el segundo, el riesgo hipotético de que hace referencia a la parte de una futura afectación a las marcas inscritas no ha sido materializada en conducta administrativa que sea de conocimiento en este proceso, pese a estar la denominación de origen otorgada desde el 6 de noviembre de 2012 (hecho probado 14), con lo que se trata de una conjetura carente de respaldo probatorio, por lo que ha de rechazarse los agravios invocados respectos a infracciones al CAFTA-DR.
XI.c. Sobre el “Queso Turrialba” y “Queso Tipo Turrialba” como una denominación genérica de queso: En alegación coincidente entre la parte actora y la coadyuvante activa, sustentan que la denominación o referencia a un queso como “Turrialba” o “Tipo Turrialba” se ha convertido en una simple forma para referirse a un queso fresco, que se puede producir en cualquier parte del país, con cualquier tipo de leche y para ello recurren a la prueba documental y pericial obrante en autos. CRITERIO DEL TRIBUNAL: De previo a entrar en detalle al agravio como tal, es necesario determinar un marco de referencia teórico sobre qué ha de entenderse como genérico, dado que las partes refieren a ello en sus alegatos como si se tratase de un término o descripción jurídicamente clara y definida, sobre la cual contrastar el cuadro fáctico en discusión para que, de forma fácil y evidente, se determine que el objeto en litigio no es algo particular o específico, sino algo genérico. Al respecto, recurriendo a la doctrina, la dicotomía de genérico y específico lo encontramos en el régimen obligacional como una derivación de la atribución de la determinabilidad prestacional, que es un requisito o exigencia que todo objeto obligacional debe cumplir para que sea jurídicamente válido, independientemente de que la prestación sea un bien o un servicio. Así, para ABELIUK MANASEVICH “Según el primero “obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado”. Como se advierte, no es que en las obligaciones de género exista absoluta indeterminación, porque ello se traduciría en la ausencia de objeto, y nulidad absoluta de la obligación. Y así, no podría deberse un animal, un árbol, etc. El género debe estar determinado, y además la cantidad del mismo que se debe, y así si se dijera que se debe trigo sin señalar la cuantía, podría pretenderse cumplir la obligación entregando un grano del mismo. Por ello no es enteramente correcto el precepto al hablar de “un individuo”, pues pueden ser varios, con tal que se determine o sea determinable la cantidad. Ahora bien, en la obligación genérica la determinación puede irse haciendo cada vez mayor hasta llegarse muy cerca de la máxima, que es la específica; para algunas legislaciones y autores modernos constituyen una verdadera obligación intermedia, que participa de los caracteres de la de género, pero también de la específica. Por ejemplo, si el deudor se compromete a entregar 100 litros de vino tinto, esto es una obligación genérica corriente, pero si se ha obligado a entregar los mismos 100 litros de tal marca y tipo, y correspondiente a la cosecha de tal año, el deudor debe entregar éstas y no otras… La obligación de género es normalmente fungible; puede darse una u otra especie, mientras quede comprendida en el género debido… En la obligación de especie, sólo puede cumplirse entregando el cuerpo cierto debido. En la de género no hay cosas determinadamente debidas. Por ello, para cumplirla debe procederse a la especificación, o sea, a la elección entre los individuos del género de aquellos que deben entregarse al acreedor” (Abeliuk Manasevich, René. Las Obligaciones. Tomo
Recurso electrónico.
Editorial Dislexia Virtual. Pág. 223); en la misma línea ACEDO PENCO señala “La obligación genérica. Es aquella que se determina por el género o clase a que pertenece la cosa o servicio que conforman la prestación. El objeto de las genéricas son las denominadas cosas fungibles, que en la práctica, es habitual que se determinen por su peso, número o medida. El deudor cumple entregando un objeto, o una cantidad de ellos, siempre que pertenezcan al género previsto… La doctrina ha distinguido diversas clases entre las obligaciones genéricas, destacando como más comunes, entre las numerosas posibilidades de clasificación, las siguientes: a) de género – relativamente– ilimitado, donde se presta una cantidad de una cosa homogénea, o de producción generalizada; b) de género limitado, cabe una especificación anticipada, en ellas que se parte de un género concreto en su cantidad, o se han delimitado otras circunstancias como su procedencia, ubicación o ciertos caracteres, que restringen las posibilidades de elección;
c) de especie ilimitada, esto es, prestación de cosa individual y concreta, de entre un número indefinido que existen o que pueden existir; y d) de especie limitada, o sea, una cantidad o una porción de algo, o de un grupo de cosas, concreto y perfectamente delimitado” (Acedo Penco, Ángel. Teoría General de las Obligaciones. 2da edición. Editorial Dykinson. Madrid. 2011. Págs. 57-58). Ahora bien, como puede observarse, si bien a nivel teórico encontramos que existe relevancia de definir si determinado objeto es genérico o específico, lo cierto es que, cuando se analiza un caso concreto – como el de marras – lo dicho hasta el momento requiere de más precisión, ya que, por ejemplo, ocupamos un criterio para determinar cuándo estamos ante un objeto genérico limitado y uno de especie ilimitada. Para ello, es que debemos recurrir a aspectos técnicos que nos dan otras profesiones, diferentes a las del derecho, y que ya han analizado dicha situación. En concreto, la Merceología nos brinda, justamente, estos criterios de clasificación puesto que es una “ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición o función de todas las cosas muebles susceptibles o no de comercio y conforme a ella, su designación y codificación (clasificación), encargándose también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones y de los métodos para reconocerlas. Algunos consideran que es la disciplina que estudia las características de las mercancías, ya sea por su origen animal, vegetal o mineral, o por función, de acuerdo al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías” (Monge Valverde, Reinaldo. Merceología: Estudio de las mercancías objeto de comercio internacional. Recurso electrónico. Imprenta Nacional. San José. 2017. Pág. 13). Por ello, a nivel nacional se ha reconocido la funcionalidad de dos instrumentos clasificatorios, por un lado, el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), en su tercera o cuarta versión y por otro de forma complementaria, el CAE-CR (Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica) realizado por el INEC en el año 2014.
El CIIU resulta relevante puesto que permite organizar desde lo más general, hasta algo específico, organizando en Secciones, Divisiones, Grupos hasta llegar a las clases y subclases, utilizando lo que se denomina método descendiente el cual “sigue un principio jerárquico: la clasificación de una unidad en el nivel más detallado de la clasificación ha de ser coherente con su clasificación en los niveles más agregados. Para cumplir esa condición, el proceso se inicia con la determinación de la categoría pertinente al nivel más agregado y prosigue a través de los niveles progresivamente menos agregados en la forma siguiente: Paso 1: Determínese la sección a la que corresponde una proporción mayor del valor añadido. Paso 2: Dentro de esa sección, determínese la división a la que corresponde una proporción mayor del valor añadido dentro de la sección. Paso 3: Dentro de esa división, determínese el grupo al que corresponde la proporción mayor del valor añadido de la división… Paso 4: Dentro de ese grupo, determínese la clase a la que corresponde una proporción mayor del valor añadido dentro de la clase…” (CIIU-4. Pág. 23). Para el caso en que nos interesa, encontramos conforme a este instrumento, que nos encontramos en la Sección C “Industrias Manufactureras”, División 10 “Elaboración de productos alimenticios”, Grupo 105 “Elaboración de productos lácteos”, clase 1050 “elaboración de queso y cuajada” (CIIU-4. Págs. 47 y 92), clasificación que es reproducida en el CAE-CR con la misma denominación (Págs. 140-141). Ahora bien, como se nota, no existen subclases en ambos instrumentos, por lo que debemos recurrir a otros instrumentos técnicos aún más específicos, encontrándonos con el “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.70:14 Productos Lácteos. Quesos. Especificaciones” (decreto 39678COMEX-MEIC-MAG-S) el cual nos da una definición de qué se entiende por “queso” al decir: “producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante: (a) coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche desnatada/ descremada, leche parcialmente desnatada/descremada, nata ( crema), nata ( crema) de suero o leche de mantequilla/manteca, o de cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación, respetando el principio de que la elaboración del queso resulta en una concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína) y que por consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que el de la mezcla de los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el queso; y/o (b) técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche y/o de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas características físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado (a)” (4.1 de la norma técnica). Adicional a ello, nos brinda dos criterios de clasificación: a) por el tiempo de elaboración hasta su consumo, que lo componen los tipos: queso madurado, queso no madurado (incluido el fresco), queso fundido (procesado) y queso fundido (procesado) para untar; y b) Por su consistencia, que a su vez se desagrega en dos factores o términos utilizando como parámetro de medida el porcentaje de HSMG (contenido de humedad sin materia grasa): término 1: Queso extraduro, duro, firme/semiduro, blando, y el término 2: maduro, maduro por mohos, no madurado / fresco y en salmuera (apartado 5 de la norma técnica). Adicionalmente, permite la clasificación de estos quesos según la cantidad de grasa que posean, permitiendo catalogarlos en: extragraso, graso, semigraso, semidesnatado (semidescremado) y desnatado (descremado) (apartado 9.2 de la norma técnica). De igual manera, a esta norma se complementa con las normas internacionales de alimentos (Codex Alimentarius) de la FAO específicamente la “Norma General para el Queso” CXS 283-1978 de la cual se extrae la misma clasificación que se ha expuesto, así como la “Norma General para Quesos INTECTN 02 (2006-0306)” emitida por el INTECO (Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica). Finalmente, debemos considerar que, para el caso de quesos no madurados, incluidos los frescos, existe una norma específica que es el “Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.72:17. Productos Lácteos. Quesos no madurados, incluido el queso fresco. Especificaciones” (decreto 41398COMEX-MEIC-S-MAG) el cual no crea clasificaciones particulares, sino que establece estándares para este tipo de queso. Así las cosas, con esta extensa referencia a normativa técnica, valora esta Cámara de Jueces que, para que un queso sea considerado genérico, en los términos de la doctrina citada como genérico ilimitado o genérico limitado, el queso objeto de análisis debería ser susceptible de ser considerado como homólogo de alguna de las clasificaciones que hemos expuesto en las ya señaladas normas técnicas, de lo contrario, no sería posible realizar tal afirmación, sino que nos encontraríamos con un bien específico, ya sea en su desagregación específico ilimitado o específico limitado. Aclaramos, los parámetros expuestos lo único que nos indicarán es para valorar si el agravio de las partes es o no válido en términos de si el “queso Turrialba” o el “queso tipo Turrialba” se trata o no, de un bien genérico, mas no tiene por finalidad determinar si, además, se trata de un bien específico ilimitado o limitado. Dado este marco de referencia, el Tribunal concluye que el agravio debe ser rechazado por los siguientes motivos. Siguiendo el razonamiento detallado hasta el momento, para que el “queso Turrialba” o el “queso tipo Turrialba” sea considerado como algo “genérico” sería necesario que se demuestre que existe una homologación entre alguna de las clasificaciones citadas y el uso de las expresiones bajo análisis, y para ello hay que evitar una posible confusión, recordando que, todo tipo de bien específico, es susceptible de ser categorizado en calificaciones genéricas, de la forma en como el CIIU, el CAECR o las normas técnicas citadas han definido y no por ello convierte al bien clasificado, en uno genérico. Así, de la valoración del acervo probatorio que rola en autos, se llega a concluir de que no estamos en presencia del supuesto fáctico necesario para valorar como genérico al “queso Turrialba” o al “queso tipo Turrialba”. Las partes han insistido de que ambas expresiones se refieren a un queso fresco con ciertas características, mas éstas no llegan a uniformarse para ser equiparables, a manera de sinonimia, con alguna de las clasificaciones que se han expuesto, es decir, tenemos claro que las expresiones señaladas pueden llegar a referirse a un queso categorizado como fresco (clasificación del bien específico), mas ello no es posible a la inversa, puesto que no todo queso fresco es posible de ser denominado Turrialba o tipo Turrialba, o como equiparable a cualquier otra de las categorías expuestas. No existe en autos prueba técnica suficiente para sustentar esta afirmación, de hecho, al referirnos a la prueba pericial de la tecnóloga de alimentos así como el zootecnista, lo único que nos revelan es, justamente, que las denominaciones harto mencionadas son utilizadas para una forma particular de queso fresco, que tiene ciertas características mas no llegan a fundamentar o demostrar la necesaria sinonimia entre éste y una clasificación de queso fresco u otra de las expuestas o a convertirse en una clasificación independiente. Esta ausencia probatoria repercute en que no es posible valorar a los productos lácteos que llevan por expresión queso “Turrialba o tipo Turrialba” como un género de queso propio, o al menos, como un sinónimo de las clasificaciones oficial y técnicamente reconocidas. Así, la prueba documental obrante en autos tanto aportada por la parte actora como por la coadyuvante, donde pretenden demostrar que, con la existencia de una pluralidad de productos que utilizan las ya citadas expresiones (registros sanitarios, fotografías de productos y estudios de mercado) se ha creado un género de queso, no resulta suficiente para demostrar que se cumplen con los parámetros técnico-legales para ser considerado como cierto y válido. Acotamos específicamente, que las pruebas 2 y 5 de la coadyuvancia, no tienen vinculación con lo que acá se discute, sino que refieren a una evaluación para una marca, una estrategia de comunicación de marca y el manual de identidad de marca, todas del Prado que nada aportan a lo que acá se discute, ni el patrocinio letrado justificó la utilidad y pertinencia de esta prueba en las etapas procesales de juicio y conclusiones. No omitimos acotar que, lo dicho hasta el momento, no refiere directamente a la denominación de origen como tal, sino al uso de las expresiones señaladas y que pretendían ser utilizadas para atacar ésta, empero, al ser rechazado este agravio, procedamos a analizar en particular el trámite y resolución de la denominación de origen queso Turrialba.
XI.d. Sobre la validez del trámite, estudios técnicos, valoración y cumplimiento de requisitos de la denominación de origen “Queso Turrialba” frente al convenio de Lisboa y regulaciones aplicables: Para abordar este aspecto, hemos de separarlo en dos agravios, uno dado por la parte actora de que, en la tramitación del procedimiento se le violó el derecho de defensa y debido proceso y el otro, siendo el de mayor peso en la discusión de esta litis, respecto de la validez de los estudios técnicos utilizados como fundamento en las decisiones administrativas impugnadas que originaron el otorgamiento de la denominación de origen a favor de las codemandadas. XI.d.1. Sobre la supuesta infracción al debido proceso: Invoca la parte actora que se vio afectada en el ejercicio de su derecho de defensa y debido proceso puesto que no se admitió en sede gubernativa, dentro del procedimiento de otorgamiento de la denominación de origen, una prueba contratécnica pericial que demostrara las inconsistencias de los estudios obrantes en autos. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Revisado los autos, específicamente el expediente administrativo 1721-08, así como la declaración del testigo Lizano Ortiz, encontramos que, antes de la emisión del acto final, representado por la resolución de las 15:26:38 horas del 22 de setiembre de 2011 (hecho probado 10), la parte accionante se apersonó en defensa de sus intereses al trámite de la denominación de origen, después de realizada la publicación del edicto para tales fines (hechos probados 5 y 6), no obstante, para ese momento, no presentó ni ofreció contraprueba técnica pericial pese a que ya se contaba con el estudio ofrecido por la asociación peticionaria y realizado por los profesionales Dr. Leonardo Granados Rojas y el Dr. Carlos Álvarez López (hecho probado 4). Ahora bien, después de ese momento, se realizó el estudio por parte de la UNA para validar el señalado estudio técnico y valorar las oposiciones planteadas (hecho probado 8), y una vez emitido este informe, la parte no atacó o cuestionó tal actuación ni ofreció contraprueba, previo a la emisión del señalado acto final. Así, no es sino hasta en el recurso de apelación contra el acto final (hecho probado 11) que viene a requerir como prueba para mejor resolver un peritaje y ofrece prueba de descargo, la cual fue valorada y rechazada por el Tribunal Registral Administrativo en el voto 6922012, siendo éste el acto definitivo (hecho probado 12). Con ello, queda claro que, procedimentalmente hablando, la actora no sólo tuvo la posibilidad de participar en las diligencias administrativas del trámite de la denominación de origen, sino que, además, ejerció su derecho a través de la oposición y tuvo acceso a los mecanismos de impugnación regulados y habilitados en la materia, siendo así oída y obteniendo pronunciamiento a cada una de sus manifestaciones, sin que se desprenda comportamiento irregular que infrinja los principios de debido proceso y derecho de defensa. Nótese que, una cosa es la habilitación legal para participar del procedimiento, y otra completamente diferente es cómo, efectivamente, se realiza dicha participación. En este caso, la parte actora intentó suplir el ayuno probatorio de su oposición hasta devenido el acto final, con la interposición del recurso de apelación, pese a que tenía la posibilidad de hacerlo desde un principio. Así, no resulta en una infracción procedimental que el ad quem que conoce del recurso y emite el acto definitivo admita o rechace una prueba para mejor resolver, ya que ésta tiene la naturaleza de ser una herramienta para el resolutor, no para la parte, no sirve para suplir defectos o carencias probatorias, sino que queda al arbitro de quien conoce el asunto, el determinar si resulta de prueba útil, necesaria, conducente para la resolución del asunto, y su rechazo no constituye, per sé, una infracción a principios de orbe procesal. En todo caso, en el presente asunto en el señalado acto definitivo, el Tribunal Registral analiza la prueba ofrecida, tanto documental como pericial y explica o justifica los motivos por los cuales la rechaza, con lo que, de manera efectiva, la actora tuvo pronunciamiento de su pedimento, el cual fue adverso a sus intereses, mas ello no es causal para valorar que ello sea, por ese simple hecho, una afectación a los derechos de la parte. Correspondía así a la parte actora, apuntar y detallar con precisión en qué consistieron los vicios en el señalado razonamiento del Tribunal Registral, mas del libelo de la demanda, no se desprenden agravios en ese sentido, resultando en ese caso, en una simple manifestación de disconformidad de la parte con lo resuelto en sede administrativa, mas no llega a acreditar el vicio invocado y por ello, el agravio ha de rechazarse. XI.d.2. Sobre la tramitación del procedimiento de otorgamiento de denominación de origen: Antes de proseguir, considera oportuno esta Cámara, apuntar una serie de aspectos generales con el trámite del otorgamiento de una denominación de origen y que se utilizarán infra. Al respecto, el Convenio de Lisboa remite a que sean los Estados miembros los que regulen la forma de tutela de las denominaciones de origen, no obstante, el CAFTA-DR sí hace referencia a un mínimo regulatorio en sus artículos 15.3 subincisos 2 al
En lo que interesa, señala que el trámite se hace a través de una solicitud, la cual debe tener el mínimo de formalismo y con requisitos de acceso al público, debiendo existir una publicidad del trámite, en aras de oír oposiciones y que el procedimiento sea estandarizado, no casuístico y de conocimiento del público en todas sus fases. Estos parámetros son cumplidos por el decreto 33743 “Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978 del 6 de enero del 2000”. Resultando de relevancia en esta regulación, que el artículo 6° exige que, junto con la solicitud de denominación de origen, se acompañe un pliego de condiciones, el cual debe ser acompañado de un estudio técnico que lo respalde (artículo 6°), así como un compendio normativo de uso y administración en caso de que la denominación se otorgue (artículo 7°). Además de contemplar el esquema procedimental que refería el CAFTA-DR, se adiciona la necesidad de otorgar réplica a las oposiciones y que se haga un estudio propio técnico validante del ofrecido por el solicitante o por los opositores, recurriendo a “centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos, profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio”, con una inhabilitación subjetiva de quienes realizaron el estudio técnico de la solicitud, los cuales no pueden participar en el estudio técnico de validación, pudiendo ser incluso un trabajo multidisciplinario (artículo 11). Evacuado este estudio técnico validante, se procede a la resolución de fondo (artículo 12), la cual puede ser impugnada y procedimiento a otorgar la inscripción (artículo 13), con lo anterior en mente, prosigamos con los agravios bajo análisis. XI.d.3. Sobre la validez de los estudios técnicos y del acto final y definitivo. Análisis del motivo para el otorgamiento de la resolución de origen: Arguyen tanto la parte actora como la parte coadyuvante, que existen severas falencias en los estudios técnicos que utiliza tanto el acto final como el definitivo para otorgar la denominación de origen dentro del expediente administrativo 1721-08, afirmando que se trata de un estudio parcializado, incompleto puesto que no compara la denominación de origen con otros productos del mercado, que se basa en hechos falsos, que se infringen los aspectos de prioridad, exclusividad y territorialidad propios de las denominaciones de origen y que con ello, de forma consecuente, tales vicios son trasladados tanto al acto final como el definitivo, produciendo con ello su nulidad. Recurren para sustentar su posición en las pruebas periciales evacuadas en juicio. Al respecto, tanto el Estado como el Registro Nacional avocan a lo robusto de los estudios técnicos realizados en sede administrativa, mientras que, además de lo anterior, las asociaciones codemandadas adicionan a los aspectos que expuso el declarante Pacheco Castro el cual otorga contexto histórico respecto del objeto en litigio. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Para efectos de resolver ese asunto, traemos a colación lo expuesto en el considerando X de esta sentencia, puesto que, para cuestionar la validez de un estudio técnico, es dable realizarlo en dos ejes: o atacar el aspecto subjetivo del estudio, es decir, atacar quien realiza al estudio, o cuestionar el aspecto objetivo del estudio, sea el método utilizado, su aplicación y conclusiones. Visto desde el primer aspecto, ni la parte actora, ni la coadyuvante, realizan un cuestionamiento de los profesionales que realizaron el estudio técnico aportado junto con la solicitud de denominación de origen realizado por los Drs. Leonardo Granados Rojas y Carlos Álvarez López (hecho probado 4), ni tampoco cuestiona a los profesionales del estudio técnico validador de la UNA compuesto por el Ph.D. en química de la agroindustria Carlos Hernández Aguirre, el M.Sc. en administración pública con especialidad en estadística y experiencia en sellos de calidad agropecuaria; la M.Sc. en zootecnia y sistemas de producción María Isabel Camacho, el M.Sc. en historia con experiencia en sellos de calidad agropecuaria Wilson Picado, el Lic. en geografía con experiencia en la zona de Santa Cruz Rodolfo Corrales Picado y como equipo asistencial el Lic. Julián Rubí en planificación y promoción social, así como los historiadores
Jeimmy Trejos Salazar y Rafael Ledezma Díaz (hecho probado 8), siendo este último equipo de trabajo, por su descripción, un equipo multidisciplinario. Este elemento resulta de peso, dado que ni la perito tecnóloga de alimentos ni el perito zootécnico poseen la experiencia ni el rango académico que permita valorar sus opiniones en paridad con el equipo multidisciplinario, encontrándose, de forma natural, con una limitación propia de la profesión que dada uno de los auxiliares de justicia poseen. Tal situación tiene un impacto en la valoración probatoria pericial de forma directa, puesto que revela que dichas pericias son por tal circunstancia, limitadas y permiten valorar una fracción o sección de todo el estudio técnico realizado y validado en sede administrativa. Y ello no resulta, de forma directa, de una responsabilidad del auxiliar judicial, sino que tal limitación se origina en la forma en cómo la prueba pericial fue ofrecida y admitida en las etapas previas a juicio, específicamente, en la audiencia preliminar y etapas sucesivas donde, de forma interlocutoria, se definió el objeto de la pericia. En otras palabras, ni la parte actora, ni la parte coadyuvante activa solicitaron que se fiscalizara, pericialmente en sede judicial, los estudios técnicos (tanto en su aspecto subjetivo como objetivo) tanto el base aportado por el solicitante de la denominación, como el validante realizado por la UNA, sino que, lo que se optó, fue por realizar una serie de preguntas dirigidas a aspectos muy puntuales de pronunciamiento de los auxiliares judiciales. Así las cosas, esta Cámara de Jueces no identifica vicio alguno respecto de la composición subjetiva de ambos estudios periciales que constan en el expediente administrativo de la gestión de petición de la denominación de origen. Ahora bien, desde la perspectiva objetiva, encontramos que, si bien ambas partes activas del proceso buscaron cuestionar la metodología utilizada en el trámite administrativo, apuntando que existen omisiones, como la comparativa con otros productos, siendo por tanto un estudio parcializado, lo cierto es que existe una carencia de prueba técnica que de respaldo al agravio invocado. Más allá de la opinión de las partes de que debieron realizarse otras actividades, como la señalada comparación con productos existentes, métodos de fabricación e insumos de otras latitudes del país, lo cierto es que no se identifica sustento ni legal ni técnico que justifique la necesidad de hacer tales actividades. Se insiste, cuando se alega una omisión es porque existe un deber imperativo de cumplimiento, y tal deber debe provenir o de una norma de orden público o de la aplicación de reglas de la ciencia y de la técnica (art. 16 de LGAP), lo cual no ha sido demostrado en autos. Consecuencia de ello, es que la parte, fuera de su argumento, no logra demostrar o explicar cómo las supuestas actividades omitidas hubiesen impactado en los estudios técnicos y, sobre todo, que puedan modificar las conclusiones a las que arriba el estudio técnico. Con ello, estos agravios no superan la condición de conjetura de la parte y han de rechazarse. Ahora bien, centrándose en aspectos referentes a las conclusiones, en los cuales las partes afirman que existe algún tipo de falsedad en lo expuesto y detallado en los estudios técnicos y que no se cumple con los principios de prioridad, territorialidad y exclusividad, lo cierto es que posee el mismo problema, sea, la carencia probatoria en una valoración global del trámite de otorgamiento de la denominación de origen y las limitaciones de la prueba pericial evacuada en juicio. Respecto al agravio de prioridad, nos remitimos a lo ya expuesto en el acápite XI.a. de este considerando. Respecto al alegato de territorialidad, hemos de apuntar que, el hecho de que se produzca queso en otras zonas del país, no implica que sea falso que en el distrito de Santa Cruz en su totalidad y el noroeste del distrito de Santa Teresita se produzca el queso que se proclama como Turrialba. Al contrario, de la prueba obrante en autos, no sólo en los estudios técnicos del expediente administrativo de la denominación de origen, sino de ambos informes periciales rendidos en juicio, queda acreditado que, en dicho territorio, se produce queso que denomina “Turrialba”. De manera puntual, tanto en el informe de la UNA como en el aportado por la asociación codemandada en el trámite administrativo, demostraron con prueba idónea de tipo histórico cómo, desde el siglo XIX, se ha desarrollado la actividad quesera en Turrialba y que es coherente con el rango de altura sobre el nivel del mar y con la delimitación geográfica referida, no siendo traído a los autos prueba en contrario que acreditase algún tipo de falsedad. De hecho, ninguna de las promotoras de la acción, cuestionó el abordaje histórico – cultural de los estudios técnicos, ni tampoco ofrecieron prueba de descargo en ese sentido. Por último, encontramos el aspecto de la exclusividad, la cual es la que más cuestionan las partes, ya que invocan que tanto el proceso productivo, como los insumos de leche y ganado utilizado, no generan ninguna particularidad en el producto, tal y como lo afirman ciertas declaraciones juradas aportadas como prueba documental, así como los peritajes judiciales. Hemos de recordar que, conforme al convenio de Lisboa, la denominación de origen compone de aspectos tanto naturales como humanos. En esa línea de razonamiento, llevan razón los demandados, de que la actora y coadyuvante se limitaron a referirse a aspectos parciales o específicos relacionados con la fabricación del queso Turrialba, como lo son el tipo de leche, el proceso de estandarización de ésta y el tipo de ganado utilizado, los cuales se replican en otras partes del país. No obstante, se reitera, ninguna de las promotoras de la acción desacreditó el componente exclusivo dado por el factor humano de componentes históricos ni acreditó la falsedad en esta afirmación dada por el estudio técnico base y validado por el de la UNA. Aclaramos, ha de hacerse ver a las partes que, parte del procedimiento administrativo que realiza el Registro Nacional no es realizar un estudio “nuevo”, sino que consiste en validar, ratificar, rectificar o desmentir el estudio técnico presentado con la solicitud y aquellos acompañados con las oposiciones, las cuales, en este caso, se limitaron a ser argumentativas por parte de la acá actora y rechazados por el equipo técnico multidisciplinario de la UNA (hecho probado 8), el cual, como se dijo supra, no fue cuestionado en su composición subjetiva. El hecho de que, en la actualidad, múltiples actores económicos tengan la capacidad de producir queso con determinadas características bajo marcas y registros sanitarios como “tipo Turrialba” no inhibe o impide que, a través de la investigación amplia realizada, se determinase que el origen de tal denominación proviene de la zona que fue objeto del otorgamiento de la denominación de origen. La Cámara de Juzgadores entiende que, efectivamente, no estamos en presencia del uso de expresiones como queso Turrialba o tipo Turrialba como sinónimo de queso fresco u otra categoría genérica, sino de un perfil gastronómico y organoléptico que permite, de hecho, diferenciarlo en el mercado y de ahí la razón de que se procure su uso en la comercialización de determinados productos lácteos. Tal y como lo afirman las asociaciones codemandadas, la distinción de un queso como Turrialba, invoca un perfil diferente y específico, el cual tiene por objetivo promover el consumo en determinado sector del mercado, que encuentra placentero ese perfil del producto lácteo. Nuevamente, el que la técnica y los materiales se utilicen en otras latitudes para similar ese perfil ideal e hipotético que se denomina “Turrialba”, no implica que el origen, razón o motivo de empezar a comercializar productos de queso no provenga de la zona la cual, de hecho, le da nombre y que fue abarcada en la denominación de origen objeto de este proceso. En este asunto tanto la actora y como la coadyuvante no han logrado demostrar que el origen de la expresión que utilizan en su provecho a través de las marcas que poseen registradas, no provengan de la zona protegida en la denominación de origen “Queso Turrialba”, sea en las localidades de Santa Cruz y parte de Santa Teresita del Cantón de Turrialba, o que provengan de otro lado, sino simplemente de que dicha actividad, puede ser reproducida en otros lugares. En más detalle, es necesario referirnos entonces al pliego de condiciones que es cuestionado por su “generalidad” por la parte y que la perito técnica de alimentos hizo referencia en su dictamen. Al respecto, lo primero que tenemos que tomar en consideración, es que la denominación de origen no fue tramitada para proteger un tipo de queso, sino que fue tramitada para proteger cuatro: queso Turrialba artesanal fresco, queso Turrialba artesanal maduro, queso Turrialba industrial fresco y queso Turrialba industrial maduro (hecho probado 4), con lo que el pliego de condiciones abarca estos cuatro márgenes. Y es justamente por ello que el Tribunal le resta valor a las afirmaciones realizadas por la perito Molina González, cuando señala que el pliego es muy general o abierto, lo cual es comprensible, como se señaló, al contemplar cuatro formas de producir el queso de denominación de origen. Por otra parte, se afirma nuevamente que las afirmaciones de la perito, al igual que del zootecnista de que los insumos como la leche y el procedimiento puede ser replicado en otras partes del país, o incluso en otros países, no demerita, en una valoración global, la existencia de una denominación de origen por factores ambientales y humanos, ni tampoco acredita falsedad alguna respecto a que, en Turrialba, se produce el queso objeto de litigio. Empero, acá sí es necesario acotar un aspecto medular respecto del trabajo de campo realizado por la perito, la cual consistió en un análisis de laboratorio de varias muestras de queso que, según su declaración (hecho probado 23) fue en un “chinamo” y en un supermercado de Turrialba, presentando dos problemas fundamentales: el primero, en cuanto a la locación, ya que no se trataba simplemente de ir al cantón de Turrialba, sino que se ocupaba, al menos, las dos zonas contenidas en la declaración, sean Santa Cruz y Santa Teresa, siendo obtenida sólo la de Santa Cruz y, segundo, que la muestra comparativa hubiese sido, efectivamente, un queso certificado como de denominación de origen, que es el que acá se está discutiendo. De lo dicho por la auxiliar judicial, no se llegan a cumplir ninguno de los dos parámetros citados, por lo que las valoraciones que realiza no pueden ser consideradas por el Tribunal, ya que se trata de una comparación de quesos, que no incluye el acá discutido. Algo similar ocurre con el peritaje del auxiliar judicial Cruz Sandoval, el cual no visitó la zona ni realizó trabajo de campo de ningún tipo, limitando su investigación a una labor bibliográfica y circunscrita al análisis del ganado y la capacidad productiva de éste desde el punto de vista zootécnico, concluyendo que las condiciones ambientales y de los animales pueden ser replicados en otras partes del país (hecho probado 24). Como se logra observar, en ambos casos lo único que se realiza es abordar son aspectos parciales de la producción de queso, sin llegar a demeritar el valor probatorio del amplio y detallado de los informes técnicos emitidos dentro del expediente administrativo. Así las cosas, lo único que llega a acreditarse con esta prueba, es que la fabricación de queso puede llegar a ser replicada en otras partes del país, lo que no le resta credibilidad entonces el hecho de que sea en Turrialba, tanto en Santa Cruz como en Santa Teresa, que se produce queso, con características históricas, humanas y ambientales que, en su conjunto, producen un producto único que permita acreditar una denominación de origen. No es posible así, atomizar el análisis, como lo pretenden la parte actora y coadyuvante, para que, al demostrar que parte de los elementos puede ser replicado, se pierda esa condición de exclusividad que otorga la denominación de origen. Ahora bien, y tomando en consideración un aspecto fundamental del propio instituto de la denominación de origen, la tutela al producto no se otorga por el simple hecho de producirlo en la zona y cumplir con el pliego de condiciones, sino que, tal actividad y producto, han de ser fiscalizados por el Consejo Regulador, el cual tiene por función “la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una indicación geográfica o denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N º7978, este Reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso” (art. 2 inciso c) del decreto 33743). Nótese que, en este caso, no se ha cuestionado ninguna actuación concreta de dicho Consejo, ni tampoco alguna autorización otorgada en concreto ni la regularidad de un producto comercializado bajo tal autorización. Consecuentemente, no se logra acreditar la falsedad invocada por la actora y coadyuvante, ni tampoco alguna irregularidad en la valoración de los componentes de territorialidad, prioridad y exclusividad, procediendo al rechazo del agravio. Derivado de lo anterior, y al no existir argumentos autónomos que cuestionen la valides y eficacia de los actos administrativos habidos dentro del expediente administrativo 1721-08, se confirma el ajuste a derecho de tales actuaciones, en el entendido de que la actuación administrativa, se ajusta a la normativa aplicable tanto nacional como internacional.
XI.e. Sobre la alegada afectación por la expresión del signo utilizado para proteger la denominación de origen y la omisión de regulación por parte del Registro Nacional de la coexistencia de la denominación de origen con otras marcas y su presunta afectación económica: La parte actora y la coadyuvante activa, señalan que la marca y logotipo utilizado para la denominación de origen les afecta sus marcas inscritas y no debería impedir que se siga utilizando o renovando las marcas de queso tipo Turrialba que tienen inscrita. Frente a ello, todos los accionados apuntan a que no existe tal afectación puesto que sus contrapartes han estado explotando sin problema sus marcas, además de la carencia de prueba del alegado perjuicio. CRITERIO DEL TRIBUNAL: Una vez más ambas partes parten de un hipotético impedimento o afectación a las marcas inscritas bajo la denominación “queso tipo Turrialba”, sin embargo, de los autos no se desprende que, producto de la inscripción de la denominación de origen, alguna de las marcas inscritas antes, durante o después de la denominación de origen se hayan visto afectadas. De hecho, las partes citan en los hechos de su demanda otras marcas como Bene, Quesera el Divino Niño, Monteverde, Sabemas, Del Prado, Lite House, Tiqueso, Granja Loma Bonita, Productos Belén del Norte BSR, Los Antojitos, Productos Lácteos Campoorico, Los Cruceños, entre otros, que tienen inscritos queso “tipo Turrialba” o incluso “queso Turrialba” con alguna variación en los registros sanitarios del Ministerio de Salud, sin que se acredite que exista el invocado conflicto o confusión entre éstos, o entre tales y la denominación de origen. Ahora bien, tal y como lo señala el Estado, la alegación de una omisión administrativa parte de la existencia de una conducta imperativa, no facultativa, identificable en una norma de orden público y que la Administración accionada haya inejecutado. En el presente caso, la norma la encontramos en el artículo 5°, párrafo quinto del decreto 33743 el cual señala: “…No obstante, podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado, si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca, mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes, de manera que no se genere confusión respecto al origen del producto. A estos efectos, el Registro podrá dictar en el marco de sus competencias las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos” (resaltado es nuestro). Como puede observarse, de la norma se extrae una competencia facultativa, no una imperativa, del Registro accionado. Por otra parte, no se logra identificar de los autos, que ni la actora ni la coadyuvante, hayan gestionado o solicitado al Registro demandado, el ejercicio de esta competencia, o al menos, no existe prueba de ello en autos. Finalmente, no se logra identificar un daño cierto, cuantificable y actual hacia la marca de la accionante o de la coadyuvante que sea indemnizable, no existiendo prueba en autos en tales términos. Consecuentemente, el agravio ha de rechazarse en su totalidad.
XI.f. Análisis de los actos administrativos impugnados del expediente administrativo 2014-2762: Finalmente, la parte actora cuestiona, en específico, la resolución del Tribunal Registral Administrativo emitida dentro del expediente 2014-2762 el día 22 de enero de 2015, en la cual se pretendía inscribir la marca “queso Turrialba Dos Pinos (Diseño)” siendo afectada por la denominación de origen. Al respecto los demandados y en específico el Registro Nacional detallan que no es cierto que la denominación de origen haya afectado este trámite, sino que, incluso la tramitación de la denominación se suspendió mientras se conocía esta diligencia y además que fue rechazado por motivos diversos al invocado por la parte. CRITERIO DEL TRIBUNAL: De la revisión de los autos, encontramos que lo afirmado por las accionantes lleva razón en parte, puesto que, efectivamente, durante la tramitación del expediente de la denominación de origen se suspendió la diligencia mientras se resolvía una inscripción de marca de la Dos Pinos, mas no fue la del año 2014 (hecho probado 9), no obstante, de la revisión del acto cuestionado, la Cámara determina que, el rechazo realizado se enmarca perfectamente en lo que dispone la nota aclaratoria 9 del artículo 15.3.7.b del CAFTA-DR que señala: “…las Partes entienden que cada Parte ya ha establecido los fundamentos para denegar la protección de una marca en su ley, incluyendo que (a) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (b) la marca podría ser confusamente similar a una indicación geográfica preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación de la Parte” (resaltado es nuestro). En el caso en marras, el pretender inscribir una marca como “queso Turrialba”, no como tipo que es lo que se ha realizado en otras ocasiones, justifica la aplicación del señalado precepto, por lo que el acto cuestionado se ajusta tanto en motivo como en motivación, a la aplicación del marco normativo aplicable, resultando una conducta ajustada a derecho. Al no existir más agravios en contra de esta actuación administrativa, resta solamente confirmar la validez y legalidad de lo resuelto.
SOBRE LAS PRETENSIONES EN CONCRETO: Corolario de lo expuesto, las pretensiones principales han de rechazarse por cuanto: a) Respecto del pedimento primero, el “queso Turrialba” no se trata de un tipo de queso genérico, y se encuentran motivos para sustentar la denominación de origen que se discute en el proceso; b) En cuanto a la pretensión segunda, no resulta aplicable el principio de primero en tiempo, primero en derecho en favor de la accionante; c) En cuanto a la tercera pretensión, se rechaza por cuanto no se ha acreditado la nulidad ni de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiséis minutos, treinta y ocho segundos del veintidós de setiembre de dos mil once, ni del voto número 692-2012, de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del trece de agosto de dos mil doce, emitido por el Tribunal Registral Administrativo; d) Respecto de la pretensión cuarta y subsidiaria primera y segunda, éstas se rechazan puesto que no se acreditó en autos que exista afectación alguna a la marca “queso tipo Turrialba” que posee la accionante bajo el número de registro 144042; e) En cuanto a la pretensión subsidiaria tercera, no se ha acreditado que exista la omisión administrativa en cuanto al Registro Nacional, sobre el ejercicio de la competencia señalada en el artículo 5 del decreto 33743-COMEX-J, acreditándose que se trata de una competencia discrecional el cual el Tribunal no puede ordenar su ejercicio, sobre todo por el hecho de que las partes solicitantes no lograron demostrar la necesidad para ello; f) En cuanto a la pretensión subsidiaria cuarta, ésta resulta improcedente, por cuanto no se refiere a una acción en concreto realizada por las asociaciones codemandadas o el Registro Nacional, sino que busca, de manera hipotética, que el Tribunal se pronuncie sobre una afectación hipotética que no ha existido a lo largo del proceso, planteándose de forma genérica e indeterminada, lo que provoca que sea una pretensión improcedente por la forma en cómo se ha redactado, y que no refiere a una conducta formal o material realizada por los demandados, aclarando, además, de que, por sí mismas, las asociaciones accionadas no tienen la capacidad para cancelar, impedir la renovación, limitar o anular un registro marcario, existiendo por ello una clara falta de legitimación pasiva; g) En cuanto a las pretensiones adicionales agregadas en la audiencia preliminar que la parte identifica como “principales y subsidiarias”, ha de remarcarse de primera mano, que la técnica procesal utilizada es abiertamente improcedente por la naturaleza propia de la forma procesal, una pretensión no puede ser, simultáneamente, tanto principal como subsidiaria. La subsidiariedad, invoca la remisión excluyente de la principal o de la subsidiaria de anterior prioridad, es decir, el juez solamente se pronuncia respecto de las pretensiones subsidiarias cuando las principales han sido rechazadas, y siguiendo el orden que la propia parte invoca al formular la pretensión. Corrigiendo este defecto, basado en un principio pro actione, entendemos que se tratan todas de forma principal, así, el pedimento adicional marcada como “1” ha de rechazarse, por cuanto el derecho invocado de inscribir una marca no ha sido demostrado en autos que haya sido afectado de forma alguna, y, se insiste, la posibilidad efectiva de que sea inscrito o no una marca, va a depender del trámite administrativo que se realice y si éste cumple de forma concreta con los parámetros de legalidad que se analicen en ese momento, no siendo posible para esta Cámara sustituir a la Administración y otorgar de manera genérica un derecho a la accionante de inscribir diseños, marcas, logotipos u otros, siendo con ello una pretensión genérica y abstracta que ha de rechazarse por tal motivo, sin perjuicio de lo que expuesto en el
XI.f. de esta sentencia. En cuanto a la pretensión adicional “2”, se encuentra formulada de la misma manera que la pretensión principal original segunda, siendo rechazada al no existir el derecho de prelación que invoca la parte.
Finalmente, en cuanto a la pretensión adicional “3”, ésta ha de rechazarse por cuanto no existen elementos que acrediten la invalidez o ineficacia de lo resuelto en la resolución del Tribunal Registral Administrativo emitida el día 22 de enero de 2015 dentro del expediente 2014-2762. Por ende, la demanda ha de declararse sin lugar en todos sus extremos.
SOBRE LAS DEFENSAS INVOCADAS POR LOS DEMANDADOS:
Respecto de la defensa de falta de legitimación activa invocada por las asociaciones demandadas, esta ha de rechazarse, puesto que la actora formó parte, en calidad de opositora, del procedimiento administrativo 20081721 respecto del trámite de la denominación de origen, además de ser la promotora del expediente 2014-2762, En cuanto a la falta de derecho invocada por todos los demandados, esta se acoge por los motivos expuestos en los considerandos anteriores.
SOBRE LAS COSTAS: El del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 del mismo Código. La dispensa de esta condena solo es viable en los siguientes supuestos: a) Cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) Cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) Cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos . En la especie, siendo que no se encuentran motivos para exonerar de costas, ambas corren a cargo de la parte actora y a favor de todos los demandados. De igual manera y por así haber sido solicitado expresamente, se otorgan los intereses sobre ambas costas y a favor de los demandados Estado y las asociaciones ASOPROA y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba, los cuales correrán a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije en la etapa de ejecución de sentencia y hasta su efectivo pago. Por otra parte, se recuerda a las partes que
Decisión final del tribunal
Se rechaza la defensa de falta de legitimación activa invocada por las asociaciones accionadas, se acoge la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda interpuesta por la COOPERATIVA DE PRODUCTORES LECHE DOS PINOS R.L. (DOS
PINOS), y la coadyuvancia activa de la empresa SIGMA ALIMENTOS DE COSTA RICA SA, en contra del ESTADO, el REGISTRO NACIONAL, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA (ASOPROA), y la ASOCIACIÓN CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO TURRIALBA. Son ambas costas a cargo de la parte actora. De igual manera y por así haber sido solicitado expresamente, se otorgan los intereses sobre ambas costas y a favor de los demandados Estado y las asociaciones ASOPROA y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Turrialba, los cuales correrán a partir del día siguiente de la firmeza de la resolución que las fije en la etapa de ejecución de sentencia y hasta su efectivo pago. Notifíquese.-
CARLOS JOSÉ MEJÍAS RODRÍGUEZ
CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR LAURA GÓMEZ CHACÓN
*ORQYIFFVEOE??*
ORQYIFFVEOE61
CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ -
JUEZ/A DECISOR/A
*?KLZZJJSN?E??* *HD?ZGHNTF*
WKLZZJJSN2E61 HD8ZGHNTF9861
LAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A CLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - DECISOR/A JUEZ/A DECISOR/A
EXP: 13-005574-1027-CA
Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax:
2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr